2009 sentencias de la corte interamericana de derechos humanos

2009
Sentencias de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
2009
Sentencias de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos
ESTUDIO INTRODUCTORIO
Raúl Plascencia Villanueva
México, 2010
Primera edición: diciembre, 2010
ISBN: 978-607-7888-67-3 (CNDH)
ISBN: 978-607-95528-0-0 (CMDPDH)
D. R. © Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
Periférico Sur 3469,
esquina Luis Cabrera,
Col. San Jerónimo Lídice,
C. P. 10200, México, D. F.
D. R. © Comisión Mexicana de Defensa
y Promoción de los Derechos Humanos, A. C.
Tehuantepec núm. 142,
Col. Roma Sur,
C. P. 06760, México, D. F.
Portada:
Flavio López Alcocer
Impreso en México
Contenido
Presentación
Raúl Plascencia Villanueva
9
Presentación
Juan Carlos Gutiérrez Contreras
11
Estudio introductorio
Raúl Plascencia Villanueva
13
Introducción a la Sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos sobre el Caso González y otras
(“Campo Algodonero”) vs. México 41
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México
Sentencia de 16 de noviembre de 2009
(Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas) 49
Introducción a la Sentencia del Caso
Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos 259
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos
Sentencia de 23 de noviembre de 2009
(Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) 267
[7]
PRESENTACIÓN
La función esencial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
es la protección, la observancia, la promoción, el estudio y la divulgación
de los derechos humanos en nuestro país. Para la realización de esa función, la Comisión Nacional lleva a cabo diversas tareas, entre las que destacan las dirigidas a impulsar el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados internacionales ratificados por México en materia de
derechos humanos.
México es parte de los principales tratados internacionales en la materia, y en el ámbito regional forma parte del Sistema Interamericano de
Promoción y Protección de los Derechos Humanos, cuyos órganos son la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así pues, el Estado mexicano, al ser parte de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de las diferentes
convenciones interamericanas en la materia, tiene la obligación de respetar los derechos reconocidos en esos tratados, garantizar su pleno ejercicio
a todas las personas que habitan en su territorio y adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos esos derechos.
En 1998 México reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, ampliando así los medios de protección de los derechos humanos de las personas que viven en el país. Este tribunal aplica e interpreta la Convención Americana y otros tratados interamericanos, por lo que
conoce de los casos en que los Estados han violado los derechos humanos
reconocidos en esos instrumentos. Las sentencias de la Corte son obligatorias para los Estados.
[9]
10
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En ejercicio de las atribuciones de la Comisión Nacional, y con el fin de
contribuir a la divulgación e impulsar el cumplimiento de las sentencias
emitidas por la Corte Interamericana respecto de casos de México, tenemos la satisfacción de presentar esta publicación, que es fruto de la colaboración entre la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C., y este Organismo Nacional.
En esta publicación se reproducen las sentencias de los casos de México
dictadas por la Corte Interamericana en el año 2009: González y otras
(“Campo Algodonero”) y Radilla Pacheco. Cada sentencia se encuentra
precedida por una introducción preparada por la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C., en la que se explican los puntos destacados de cada resolución.
Los derechos humanos son un compromiso de todos; por esa razón, el
trabajo conjunto entre las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional, plasmado en esta publicación, contribuye a construir un
México mejor, en el que no sólo conozcamos nuestros derechos y cumplamos nuestros deberes, sino que exijamos a las autoridades el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas mediante los tratados internacionales.
Dr. Raúl Plascencia Villanueva,
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
PRESENTACIÓN
El sistema interamericano de protección de los derechos humanos, establecido hace medio siglo, se ha consolidado en años recientes como un
medio efectivo para acceder a la justicia y adecuar las normatividades internas a los más altos estándares internacionales en beneficio de millones
de personas. Fundada en 1969, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido a la fecha 213 sentencias sobre casos relativos a una amplia gama de violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. Del
total de las sentencias, tres corresponden a casos ocurridos en México. La
primera de ellas corresponde al caso Castañeda Gutman, por violaciones
a los derechos políticos, de fecha 6 de agosto de 2008. En diciembre de
2009 se emitieron dos más: las de los casos González y otras (“Campo Algodonero”) y Rosendo Radilla Pacheco. Esta publicación se avoca a las
dos últimas, procurando servir como una invitación a su lectura y a su mejor comprensión.
La Sentencia sobre el Caso “Campo Algodonero”, relativo a las muer­
tes violentas de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera
Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, es fundamental para entender las dimensiones del feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en
todo el país. La Sentencia ilumina las situaciones estructurales y norma­
tivas que siguen siendo un foco rojo nacional, dada la persistencia de la
violencia contra las mujeres, que se ha agudizado y generalizado en años
recientes.
Por su parte, la Sentencia sobre el caso de desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco en 1974 durante la llamada “guerra sucia”,
[11]
12
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apunta a los múltiples pendientes de México en materia de reparación integral del daño a las víctimas y a sus familias, la justicia transicional y el
derecho a la verdad histórica, así como a la necesidad de adecuar la legislación relativa al delito de desaparición forzada de personas y la aplicación
extensiva de la jurisdicción militar a casos de violaciones graves a los derechos humanos de civiles por parte de elementos castrenses, ambas prácticas persistentes en el México de hoy.
No nos queda más que reiterar a las y los lectores que las sentencias que
contiene esta publicación forman parte de un sistema internacional de
justicia y contribuyen a la defensa de los derechos humanos en la región y
en el mundo. Asimismo, agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su disposición para difundir estas importantes resoluciones y permitir así abrir un foro para el debate teórico y jurídico sobre
los efectos de las mismas y la reflexión sobre los grandes retos y pendientes
nacionales en estos temas.
Juan Carlos Gutiérrez Contreras,
Director General de la Comisión Mexicana de Defensa
y Promoción de los Derechos Humanos, A. C.
estudio introductorio
Raúl Plascencia Villanueva*
La búsqueda de la verdad y el logro de la justicia, son la
mejor garantía para evitar la repetición de actos que
nunca debieron ocurrir.
Sumario: Introducción I. Los homicidios y desapariciones de
mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua. II. Caso de las
desapariciones forzadas durante la década de los años setentas
y principios de los ochentas del siglo XX. III. El deber de proteger y garantizar los derechos humanos en el Estado mexicano. IV. Condena internacional del Estado mexicano. V. Reflexiones finales.
Introducción
En las últimas dos décadas, la protección de los derechos humanos ha cobrado gran importancia, al grado de estar presente en la mayoría de las
agendas públicas y privadas, en los ámbitos nacional e internacional; de
hecho, la eficaz protección de los derechos de los individuos se erige hoy
en un parámetro de gobernabilidad en el ámbito regional.
De ahí que países como el nuestro tengan el compromiso de respetar y
garantizar los derechos humanos, que sin embargo no siempre se refleja
en la práctica; ejemplo de ello lo constituyen dos casos paradigmáticos de
violaciones a los derechos humanos: el primero de ellos es el relativo a las
* Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México.
[13]
14
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desapariciones forzadas que se dieron en la década de los años setentas y
principios de los ochentas del siglo XX; el segundo es el caso de los homicidios y desapariciones de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua.
Los casos antes aludidos fueron en su momento objeto de innumerables pronunciamientos por el organismo protector de los derechos humanos del país (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), y que hoy
son motivo de una condena internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; de ahí su importancia en el contexto nacional, y por lo que en las siguientes páginas nos daremos a la tarea de presentar
un breve panorama de ellos, así como algunas consideraciones respecto
de los argumentos que dicho organismo internacional expresó en las sentencias condenatorias al Estado mexicano, al acreditar su responsabilidad
internacional al incumplir con la eficaz protección de los derechos de sus
habitantes.
I. Los homicidios y desapariciones de mujeres
en el municipio de Juárez, Chihuahua
Resulta importante señalar que el caso de los homicidios y desapariciones
de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, constituye un fenómeno complejo que data de 1993, año a partir del cual fue posible advertir un
incremento en el número de homicidios y desapariciones, así como en el
grado de violencia con la que se practicaban, lo cual permite advertir la
existencia de un patrón de conducta sistemático de violación a los derechos humanos, que motivó diversas investigaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,1 que actuó con el afán de esclarecer la verdad de los hechos, así como de proponer la implementación o
1
Ante los lamentables acontecimientos que fueron oportunamente investigados por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, se emitieron los siguientes pronunciamientos: 1) la Recomendación 44/98, del 15 de mayo de 1998; 2) el Informe Preliminar del 7 de abril de 2003; 3) el
Informe Especial del 25 de noviembre de 2003; 4) el Informe de Seguimiento del 24 de noviembre
de 2004; 5) el Informe de Evaluación Integral del 23 de agosto de 2005; 6) el Segundo informe de
Evaluación del 29 de enero de 2008, y 7) el Tercer Informe de Evaluación del 17 de julio de 2009.
Es preciso señalar que dichos documentos se encuentran disponibles en la página de internet de la
propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es www.cndh.org.mx.
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modificación de prácticas que redundaran en una mayor y mejor protección de los derechos humanos de los habitantes de dicha localidad.
De los pronunciamientos de la Comisión Nacional se deriva que el panorama de los feminicidios2 en el municipio de Juárez, Chihuahua, se presenta lamentable, si se toma en consideración que durante los últimos casi
17 años la incidencia criminal continúa; la violencia, el maltrato y la discriminación contra la mujer se acrecientan, y la ausencia de cambios culturales respecto a los criterios de género e igualdad no ha sido superada.
Agrava esta situación la falta continuada de colaboración por parte de
los tres ámbitos de gobierno para el cumplimiento de sus responsabilidades, lo cual fue advertido por ese Organismo Nacional desde el 15 de
mayo de 1998, a través de la Recomendación número 44, en la que se detalla la problemática existente en el municipio de Juárez, así como el hecho
de que las autoridades estatales incurrieron en una omisión culposa al observar el crecimiento de este fenómeno social y no atenderlo, controlarlo o
erradicarlo, ya que no sólo no lo previeron ni previnieron sino que tam­
poco extremaron sus cuidados para reprimirlo, y como lo señaló en su
oportunidad la Comisión Nacional, que de no tomarse de inmediato las
medidas necesarias para erradicarlo se rebasarían las cifras de los años anteriores.
Los diversos pronunciamientos hechos por la Comisión Nacional en
este tema buscaron esclarecer el contexto social, jurídico, económico y
político que priva en aquella región, a fin de conocer las posibles causas
que detonan los estallidos de violencia hacia el sector femenino que habita
esa parte de México; en ellos, además, se especificaron las distintas acciones, obstáculos, logros, conclusiones y propuestas observadas a lo largo de
más de 15 años por parte del Estado y la sociedad civil, en torno a la procuración de justicia, programas de atención a víctimas, fortalecimiento del
tejido social, impulso de políticas públicas e innovaciones legislativas en
materia penal con perspectiva de género, programas de protección y erradicación de la violencia contra la mujer, con perspectiva de género en el
estado de Chihuahua.
2
Dicho término fue acuñado con la intención de distinguir aquellos homicidios de mujeres que se
presentan sin un móvil particular, y aquellos que revisten determinadas características de violencia física o sexual en contra de las mujeres.
16
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Las propuestas formuladas por ese Organismo Nacional a los tres ámbitos de gobierno responsables de garantizar el orden y la paz públicas en
el municipio de Juárez, Chihuahua, buscan lograr que, de manera conjunta y coordinada, se realicen las acciones necesarias para prevenir y lograr
erradicar los homicidios y desapariciones de mujeres en aquella localidad;
sin embargo, tales objetivos aún parecen muy distantes.
La nota característica de la acción de los órganos del poder público, en
estos casos, fue la falta de colaboración institucional entre las dependencias federales, 3 estatales y municipales, que aun hoy no han logrado consolidar la coordinación y cooperación, estándares internacionales en términos de seguridad humana y de acceso efectivo a la justicia, ni apoyar a las
autoridades locales para la mejor protección de los derechos de las víctimas; mucho menos han logrado, con sus acciones, la eliminación de las
causas de vulnerabilidad que generan la violencia referida, tal y como se
consignó en los citados instrumentos jurídicos; pero, sobre todo, los tres
órdenes de gobierno no han podido prevenir ni erradicar la violencia e impunidad contra las mujeres en el citado municipio.
De las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional fue posible
advertir la escasa colaboración de las autoridades involucradas al abstenerse de rendir los informes solicitados, lo que sin duda dificultó el trabajo
de investigación e hizo virtualmente imposible el conocer con certeza el
3
La Procuraduría General de la República, que actuó por medio de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihua­
hua, la cual desapareció para dar paso a la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País (Fevim), misma que se
transformó en la actual Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata
de Personas (Fevimtra), que en nada han ayudado a resolver el problema de fondo de dicho fenómeno; de igual forma la Secretaría Técnica del Consejo Asesor de Aplicación del Fondo de Auxilio
Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio en el Municipio de Juárez, Chihuahua,
cuya titularidad la ejerce la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, cuyos resultados no han podido
ser evaluados por la falta de información.
La Secretaría de Gobernación, que actúa por medio de Subcomisión para Prevenir y Erradi­
car la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, así como el entonces órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres en Ciudad Juárez (actualmente Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres), cuyas acciones no hay sido capaces de revertir el fenómeno de violencia que se presenta en la localidad.
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número de homicidios acaecidos en dicha localidad. De hecho, sólo se reconocen 329 casos de homicidios de mujeres durante el periodo de 1993 al
2003, por lo que este Organismo Nacional se ha dado a la tarea de integrar
una base de datos, que contemple todos los homicidios de mujeres ocurridos en esa localidad, tal y como se detalla en la tabla de la página siguiente.
Lo anterior nos da una idea de la complejidad del fenómeno y de la disparidad de cifras que se producen a lo largo del tiempo y que se refleja en la
tramitación y resolución de los casos, circunstancia que ha quedado referida en los diversos informes realizados por ese Organismo Nacional;4 de
igual forma, es preciso referir que existe igual disparidad en el número
de personas desaparecidas, lo cual está plenamente detallado en los citados
informes.
No obstante existir el reconocimiento expreso por parte de las autoridades sobre las diversas irregularidades en que incurrieron los servidores
públicos en la investigación y procesamiento de homicidios de mujeres
cometidos entre los años de 1993 y 2004 en Ciudad Juárez, esto es, la demora en iniciar las investigaciones, la lentitud de las mismas o inactividad
en los expedientes, negligencia e irregularidades en la recolección y realización de pruebas y en la identificación de víctimas, la pérdida de información, extravío de piezas de los cuerpos bajo custodia del Ministerio Público, y la falta de contemplación de las agresiones a mujeres como parte de
un fenómeno global de violencia de género, y a pesar de esto, escasos fueron los servidores públicos sancionados por dichas acciones u omisiones.
A. Los casos del campo algodonero
Pese a la insistencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
los homicidios de mujeres en esa parte del país no han podido ser erradicados e incluso los casos van en aumento, lo cual ha sido observado por la
comunidad internacional que condena los hechos y exige al Gobierno
4
Ver más al respecto en Raúl Plascencia Villanueva, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez (1993-2009), México, CNDH, 2009,
507 pp.
481 HOMICIDIOS
536
39
909
* Homicidios de mujeres ocurridos en el municipio de Juárez, Chihuahua, durante el periodo de 1993 al mes de julio de 2010.
** Fuente: El Diario de Juárez.
** Fuente: “Consulta notas periodísticas CNDH”.
71
265
236
265***
2010
Totales
447
28
25
163
8
17
163**
2008
19
20
27
2009
10
30
8
19
36
20
3
2007
19
32
20
29
2006
1
36
28
34
31
37
43
18
21
32
32
36
37
39
39
36
36
32
19
19
18
19
19
21
CIFRAS PGJ
Incidencia de homicidios
proporcionados por la PGJ
de Chihuahua, a través
de la revista Día Siete
(por año de registro)
20
Total
por año
33
10
2003
1
2
4
1
1
39 casos nuevos
(reportados por la
PGJ a través de la
revista Día Siete)
2005
13
2002
4
Nuevos casos
CNDH
2004-julio 2010
2004
38
2001
7
1
18
25
1999
7
2
2
3
28
14
26
2000
27
16
1997
1998
1
10
1995
1996
32
3
17
2
15
1993
1994
Año
71 casos nuevos
(reportados por la PGJ
en su oficio 320/05,
del 7 de junio de 2005)
Rec.
44/98
Informe Especial
(casos reportados
por la PGJ durante
la investigación)
BASE DE DATOS CNDH*
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329 HOMICIDIOS
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19
mexicano adoptar las acciones necesarias para acabar con dicho fenómeno que lacera gravemente a la comunidad internacional.
Cabe señalar que especial indignación causó la muerte de Esmeralda
Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette Gonzá­
lez, 5 mujeres jóvenes de 20, 17 y 15 años, respectivamente, todas humildes,
una estudiante, las otras dos trabajadoras, cuyos cuerpos fueron encontrados días o semanas después de su desaparición con signos de violencia
sexual en un campo algodonero; sus familiares denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los hechos, lo cual motivo
la emisión del Informe de Fondo Número 28/07, 6 en el que se advierte, al
igual que lo hizo en su oportunidad la Comisión Nacional, que en los
asuntos relacionados con las agraviadas, el Estado mexicano incumplió su
obligación de garantizarles el derecho a la vida, al no implementar medidas para prevenir sus asesinatos, así como también falló en su deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar los actos
de violencia que sufrieron, y que, además, incumplió su obligación de investigar efectiva y adecuadamente su desaparición y posterior muerte, y
que no obstante haber transcurrido casi nueve años de que ocurrieron tales sucesos, no ha avanzado en el esclarecimiento de los mismos ni ha fincado las responsabilidades correspondientes.
De igual forma, en el Informe aludido se establece que el Estado mexicano no ha adoptado las medidas razonables, conforme a las circunstancias que rodeaban a los casos señalados, para encontrar a las víctimas con
vida, ya que no actuó con prontitud dentro de las primeras horas y días,
luego de las denuncias de desaparición, permitiendo que trascurrieran horas valiosas. Además, durante el periodo entre las denuncias y el hallazgo
de los cuerpos de las víctimas, el Estado se limitó a realizar formalidades y
a tomar declaraciones que, aunque importantes, perdieron valor una vez
que éstas no repercutieron en acciones de búsqueda específicas.
5
Dichos casos se encuentran comprendidos dentro de los reportados en el Informe Especial que
emitió esta Comisión Nacional el 25 de noviembre de 2003, el cual se encuentra disponible en la
página de internet www.cndh.org.mx.
6
Aprobado el 9 de marzo de 2007, en términos del artículo 50 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, el cual contiene diversas Recomendaciones que le fueron notificadas a nuestro país el 4 de abril de 2007.
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También se dejó en claro que, entre los días de su desaparición y el hallazgo de los cuerpos de las víctimas, sus madres y familiares acudieron a
las autoridades en busca de respuestas, pero se encontraron con juicios de
valor respecto del comportamiento de las agraviadas y con ninguna acción concreta destinada a encontrarlas con vida, salvo la recepción de sus
declaraciones. A pesar de que se tenía pleno conocimiento del riesgo que
corrían éstas de ser objeto de violencia, no se adoptaron medidas efectivas
de prevención encaminadas a reducir los factores de riesgo.
Todo esto demuestra que no se actuó con la debida diligencia requerida
para prevenir adecuadamente las agresiones y muerte sufridas por las víctimas Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y
Clau­dia Ivette González, y tampoco, como razonablemente era de esperarse, de acuerdo con las circunstancias del caso para poner fin a la privación ilegal de su libertad; este incumplimiento del deber de garantía es
particularmente serio porque, con su omisión, el Estado situó a las mujeres en una situación especial de vulnerabilidad.
El Estado mexicano, al no haber cumplido en sus términos con el in­
forme que dirigió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
dio paso a la Corte Interamericana, donde se radicó el 4 de noviembre de
2007; misma que determinó condenar al Estado mexicano por el incumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sentencia que se analiza en las páginas de
esta publicación.
II. Caso de las desapariciones forzadas durante
la década de los años setentas y principios
de los ochentas del siglo XX
La desaparición forzada de personas es una de las prácticas que vulneran
gravemente los derechos humanos, y uno de los casos de mayor relevancia
respecto de esta práctica es el documentado en el año 2001 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el cual fue posible demostrar
que durante la denominada “Guerra sucia” durante la década de los años
setentas y principios de los ochentas, aproximadamente 275 personas
fueron víctimas de los elementos de la denominada “Brigada Especial” o
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21
“Brigada Blanca”, la cual estuvo conformada por servidores públicos del
Estado.
Las acciones desplegadas por el personal de la Comisión Nacional permitieron observar que el fenómeno de las desapariciones involucró a varias
organizaciones que fueron perseguidas por elementos del gobierno, que
con posterioridad a estos hechos se incorporaron o formaron otras organizaciones a partir de un origen común, lo que imposibilitó conocer con
precisión el grupo al que pertenecían al momento de ocurrir los hechos;
además de que a los miembros de los grupos, por razones de seguridad,
únicamente se les conocía por pseudónimo o “alias”, lo que dificultó, aún
más, establecer la identidad de los mismos, obligando en no pocos casos a
corregir las líneas de investigación primarias.
De igual forma, los enfrentamientos efectuados en algunos casos no fue­
ron debidamente registrados ni verificados por las autoridades, y no obstante que en diversos casos los testigos manifestaron que los agraviados
habían fallecido en enfrentamientos, no hubo ninguna constancia sobre
las personas participantes, el número de muertos, heridos o sobrevivientes. Los informes oficiales al respecto no contenían datos certeros de lo su­
cedido, ni mucho menos permitían identificar y conocer el destino de los
muertos, toda vez que para no dejar pistas que identificaran a sus compañeros, generalmente, a decir de testigos, los cadáveres eran enterrados o
incinerados, por lo que resultó imposible su localización y, en su caso, su
identificación.
Asimismo, la investigación realizada por la Comisión Nacional implicó
que formulara múltiples requerimientos de información a autoridades de
diversos ámbitos de gobierno sobre las personas desaparecidas, a las cuales no siempre correspondió la respuesta debida y adecuada; por ello, y no
obstante que en términos de ley pudo haberse considerado que ante la falta de informe o bien respuesta puntual se hubiesen declarado ciertos los
hechos,7 ese Organismo Nacional trató de orientar el mejor de los esfuerzos por allegarse de evidencias que permitieran arribar a la verdad histórica y corroborar los hechos que se desprendieron de las quejas interpuestas
en materia de desaparición forzada de personas.
7
De conformidad como lo dispone el artículo 38 de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
22
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Lo anterior se confronta con el hecho de que la desaparición forzada se
caracteriza regularmente porque los autores procuran no dejar evidencia
de su actuar, y en especial sobre las privaciones y retenciones ilegales de
los agraviados, con lo que buscan garantizar la impunidad y evitar el actuar de la justicia.
Circunstancia que se agrava con el hecho de que durante la década de
los años setentas y principios de los ochentas del siglo XX, las instancias
de gobierno que constitucionalmente tenían la encomienda de procurar
justicia y resguardar los derechos de los ciudadanos mostraron su incapacidad y negativa para prevenir, investigar y sancionar los hechos, así como
brindar el auxilio necesario a las personas que se interesaban en indagar
el paradero de las víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
La práctica de las desapariciones forzadas, además de haber ocasionado
la violación directa de innumerables disposiciones de los órdenes jurídicos nacional e internacional, desencadenaron atentados a múltiples derechos reconocidos por el Estado mexicano, y que desde entonces tenía el
deber de respetar y garantizar. Esto implicó el abandono de los valores que
emanan de la dignidad humana y de los principios que dan sustento a las
condiciones mínimas para el desarrollo de la persona en sociedad. La presencia de la mencionada práctica supone el desconocimiento o desprecio
del deber del Estado, el que en su momento debió adoptar las medidas
necesarias para hacer efectivos tales derechos y evitar que fueran conculcados.
La desaparición forzada de personas también implicó una serie de acciones orientadas a la anulación de la personalidad de la víctima, lo cual se
inicia con la detención arbitraria del individuo y en el ínterin se conculcan
una serie de derechos, a lo que sigue la retención y práctica de interrogatorios, regularmente por medio de tortura física y moral, así como tratos
crueles y denigrantes, todo ello al margen de cualquier normativa y con
evidente violación de los más elementales derechos de las personas, y, por
supuesto, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a
interponer los recursos adecuados en su defensa.
El Estado tiene el deber de garantizar su propia seguridad, y no es tema
de discusión que toda sociedad padece violaciones a su orden jurídico. No
obstante, por graves que sean las acciones y por culpables que puedan re-
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
23
sultar los responsables de determinados delitos, no es dable admitir que el
poder se ejerza sin límite alguno, o que el Estado se valga de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos sin sujeción al régimen de derecho.
Por tanto ninguna actividad estatal puede fundarse sobre el desprecio a la
dignidad humana, la cual se reconoce como presupuesto del ejercicio de
los demás derechos, entre ellos el derecho a la libertad, a la inviolabilidad
del domicilio y la intimidad, al desenvolvimiento de la personalidad, a la
integridad física y psíquica, los cuales se conculcan en el curso de las desapariciones forzadas.
Adicionalmente, la práctica de las desapariciones forzadas por sí sola
crea un clima incompatible con la garantía debida a los derechos humanos
que el Estado tiene a su cargo, en cuanto relaja las normas mínimas de con­
ducta que deben de regir los cuerpos de seguridad y los coloca en un plano
que asegura la impunidad en la violación de esos derechos.
En este orden de ideas, es evidente que la libertad es uno de los atributos esenciales de la persona por el solo hecho de serlo, y que por ello tiene
un pleno reconocimiento por nuestra Constitución y por los instrumentos
internacionales de los que nuestro país es parte.
Por ello, dentro del régimen de derecho establecido por la Constitución, las personas no sólo gozan de la libertad natural erigida en el derecho
sustantivo oponible al poder público, sino que cuentan con los instrumentos que le aseguran que ese derecho no le pueda ser arrebatado ni restringido sino en las situaciones y mediante las exigencias previstas en los mandamientos constitucionales.
El 27 de noviembre de 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Hu­
manos concluyó una investigación sobre los 532 casos de personas relacionadas en igual número de quejas, sobre el tema de las desapariciones
forzadas ocurridas en México, durante la década de los años setentas y
principios de los ochentas del siglo XX, de entre los cuales 181 corresponden a la zona urbana y 351 a la zona rural.
Por lo que respecta al número de personas que fueron objeto de desaparición forzada en la década de los setenas y principios de los ochentas, la Co­
misión Nacional obtuvo testimonios y pudo allegarse diversas evidencias
que permitieron acreditar que 275 personas fueron víctimas de los elementos de las denominadas “Brigada Especial” o “Brigada Blanca”, las
cuales estuvieron conformadas por servidores públicos de la hoy extinta
24
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Dirección Federal de Seguridad y apoyados por miembros de otras dependencias, tanto federales como estatales.
La constante en las quejas objeto de la investigación pone de manifiesto
que los agraviados fueron detenidos en diversas circunstancias, tiempos y
lugares, por distintas autoridades; de ello dan cuenta múltiples evidencias,
principalmente los 13,047 documentos que se localizaron en los archivos
de la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad y los 544 testimonios
que la Comisión Nacional recabó en el curso de las investigaciones hasta
integrar las 175,055 fojas que forman los 532 expedientes. Sin embargo,
en la mayoría de los casos se careció de información que acreditara la existencia de orden escrita de autoridad competente debidamente fundada y
motivada para llevarlas a cabo, e incluso que la detención hubiera tenido
como propósito poner a la persona a disposición de la autoridad judicial
para que se le siguiera juicio acorde con las formalidades esenciales del
procedimiento.
De igual manera, la detención ilegal utilizada para la práctica de la desaparición forzada fue sólo el principio de la serie de violaciones a los derechos humanos ocurridas en los casos materia de investigación, ya que, una
vez detenidos, los agraviados por lo general fueron retenidos, en ocasiones
por lapsos prolongados, y, finalmente, desaparecidos, circunstancia que
adquiere solidez y consistencia al vincularse entre sí las evidencias.
Como se ha señalado, las evidencias que se recopilaron durante la investigación permitieron confirmar que en 275 casos, los agraviados fueron
víctimas de detención, interrogatorios y eventual desaparición forzada
por parte de servidores públicos del Estado mexicano; en 97 casos sólo se
desprendieron indicios que por sí mismos resultaron insuficientes, jurídicamente hablando, para acreditar la existencia de desaparición forzada u
otra violación a los derechos humanos, sin que por ello se pudiera descartar esa posibilidad; y en 160 casos la desaparición forzada no se logró acreditar, pero tampoco se descartó que la institución del Ministerio Público
considerara dichos casos como hipótesis de investigación, ya que no se excluyó la posibilidad de que los agraviados hayan sido objeto de detención
arbitraria, tal y como aconteció en los 275 casos acreditados de desaparición forzada, en los que se logró conocer el modus operandi ilegal de las fuer­
zas de seguridad de aquella época para la desarticulación de los grupos que
habían tomado las armas y que incurrieron también en conductas ilícitas.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
25
Bajo las anteriores circunstancias, el 27 de noviembre de 2001 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un Informe Especial, y dirigió al entonces presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
la Recomendación número 26/2001, en la que, a través de cuatro puntos
fundamentales, se le solicitó, sustancialmente, que cumpliera con la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los
responsables a través de la institución del Ministerio Público, como una medida de reparación del derecho a la verdad que tienen las víctimas, así como
a indemnizar a las agraviadas o, en su caso, a los familiares de éstas.
La citada Recomendación se aceptó en sus términos en la misma fecha, y
como prueba parcial de su cumplimiento, el titular del Ejecutivo Federal
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual
“dispuso diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políti­cos del
pasado”, y para alcanzar los objetivos que en el propio documento se describen, giró instrucciones precisas a los titulares de la Procuraduría General
de la República, de la Secretaría de Gobernación y de la Secre­taría de la Defensa Nacional, a fin de que realizaran las acciones conducentes.
A partir de aquel momento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dado seguimiento puntual al cumplimiento de la citada Recomendación, misma que hasta el momento se encuentra calificada como
aceptada con pruebas de cumplimiento parcial, en términos de lo dispuesto por el artículo 138, fracción III, de su Reglamento Interno.
Es oportuno precisar que los resultados del seguimiento que ese Organismo Nacional está dando a la Recomendación 26/2001 se encuentran
incluidos en el Informe de Evaluación que emitió la Comisión Nacional el
25 de agosto de 2009, y en el que además se describieron de manera puntual las acciones adicionales que esta Institución ha realizado después de
que emitió dicha Recomendación, que comprenden sustancialmente las
acciones de colaboración con la Representación Social de la Federación,
reuniones de trabajo que se han sostenido periódicamente con los familiares de los agraviados, así como el apoyo médico y de asesoría jurídica que
en su momento se les brindó a los mismos.8
8
Dicho Informe se encuentra disponible en la página web de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos que es www.cndh.org.mx
26
cndh/cmdpdh
A. Caso del agraviado Rosendo Radilla Pacheco
Dentro de los 532 casos que investigó la Comisión Nacional y que se incluyen en su Informe Especial, así como en la Recomendación 26/2001,
se encuentra el del agraviado Rosendo Radilla Pacheco, que se radicó con
el número de expediente CNDH/PDS/95/GRO/S00228.000, al que le co­
rrespondió la cédula 229-R, dentro de la cual la Comisión Nacional describió las acciones que puntualmente realizó en la investigación de los suce­
sos que propiciaron su desaparición, mismas que le permitieron acreditar
que en ésta participaron elementos del Ejército Mexicano adscritos al estado de Guerrero, el 28 de septiembre de 1974.
La responsabilidad que se le atribuyó a dichos elementos consistió sustancialmente en el ejercicio indebido del cargo, al detener arbitrariamente
al señor Rosendo Radilla Pacheco, a quien en vez de ponerlo a disposición
de la autoridad correspondiente de manera inmediata, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, lo ingresaron a instalaciones militares, siendo ésta la
última noticia que se tiene registrada sobre su paradero, por lo que además
de la retención ilegal se le atribuyó a los citados elementos la desapari­
ción del agraviado.
La afirmación anterior quedó sustentada con el análisis realizado a los
archivos que se encontraron en el CISEN y el Archivo General de la Nación, donde no se localizó documento alguno que demuestre que el agravia­
do hubiera sido puesto a disposición de la autoridad encargada de investigar los delitos y, posteriormente, a disposición de un juez, a efecto de que
se le instruyera juicio en su contra; tampoco se localizó evidencia alguna
que permitiera acreditar que después de la detención a que fue sometido
hubiese recobrado su libertad y, en cambio, quedó plenamente establecido
que dicha dependencia incurrió en las acciones y omisiones antes descritas, violando con ello las disposiciones contenidas en los artículos 16 y 22
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
También se dejó en claro que la actuación de los elementos del Ejército
Mexicano, a quienes se les acreditó responsabilidad por haber vulnerado
los derechos humanos del señor Rosendo Radilla Pacheco, al quebrantar
el Estado de Derecho en la forma precisada, conculcaron, además, el derecho del agraviado a gozar de las prerrogativas que como ser humano le co-
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
27
rresponden, en particular el derecho a la seguridad jurídica, así como a
gozar de una vida digna en estado de plena libertad, máxime que de las
constancias que se allegaron a la investigación no se desprendió que existiera causa legal ni determinación judicial que autorizara la limitación de
esos derechos.
Por lo anterior, se concluyó que al agraviado le fueron conculcados el
derecho a la seguridad jurídica, así como el derecho a la libertad personal y de adecuada defensa, previstos en los artículos 1o., 11, 14, 16, 20 y
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual
se traduce en una transgresión a su derecho a la libertad, a la seguridad e
integridad de su persona, de igualdad ante la ley, de justicia, de circulación y residencia, de protección contra la detención arbitraria, así como
el derecho a un proceso regular, protegidos en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Bajo ese tenor, y con las evidencias que se remitieron en su oportunidad
a la Procuraduría General de la República a través de la extinta Fiscalía Es­
pecial para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales, Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales o Políticos
del Pasado, realizó las investigaciones, las cuales le permitieron ejercitar
la acción penal en contra de uno de los probables responsables que osten­
tó personalidad militar (Francisco Quiroz Hermosillo), sin alcanzar el éxito
de­seado, por haberse extinguido la acción penal debido al fallecimiento de
éste, y por así haberlo declarado el Fuero de Guerra, ante quien los tribunales federales (Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guerrero)
declinaron finalmente su competencia.
El incumplimiento de la Recomendación antes mencionada propició
que los familiares del señor Radilla Pacheco sometieran el asunto ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ésta, a su vez, ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien como era de esperar finalmente se pronunció en contra del Estado mexicano el 15 de diciembre de 2009, al no haber desacreditado la imputación que se formuló
en su contra.
28
cndh/cmdpdh
III. El deber de proteger y garantizar los
derechos humanos en el Estado mexicano
Uno de los deberes más importantes que tiene el Estado mexicano para con
sus habitantes es el de proteger y garantizar los derechos humanos, el cual se
encuentra reconocido en los tratados internacionales suscritos en la ma­
teria, que regulan la responsabilidad del Estado para hacer efectivos tales
derechos, por ser éste quien tiene la obligación y el deber de respetarlos, protegerlos y garantizarlos, adoptando desde luego medidas para que no ocurran o no queden impunes las violaciones a los derechos humanos que se generen por acción u omisión por parte de sus funcionarios e instituciones, e
incluso por particulares, al no haber actuado con la debida diligencia para
prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos.
Los citados instrumentos internacionales se aplican bajo criterios de
garantía colectiva y su internacionalidad produce un acuerdo de vigilancia
común para garantizar la protección de los derechos humanos de todos los
individuos en el mundo. Los Estados ratifican estos tratados en actos de
plena soberanía y autonomía, y tienen el deber jurídico de cumplir las disposiciones y decisiones derivadas de su aplicación bajo el principio de buena fe; en ese sentido, debido a características históricas, sociales, econó­
micas, políticas, culturales y geográficas de cada continente, se han creado
sistemas de protección de derechos humanos regionales; así, observamos
que los Estados americanos, en ejercicio de su soberanía y en el marco de
la Organización de los Estados Americanos (OEA), constituyeron el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con motivo de la aprobación
de la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre en
1948. A partir de ese momento, se han aprobado a nivel regional distintos
instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Huma­
nos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, en los que
se establecen los lineamientos para acceder a la justicia interamericana,
esto es, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,9
o en su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.10
9
10
Dicho organismo internacional fue creado en 1959, con sede en Washington, D. C.
Establecida en 1979, con sede en San José, Costa Rica.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
29
En estos instrumentos internacionales se preserva el derecho que tienen los individuos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de su
persona y el derecho de acceso a la justicia, y en el caso de nuestro país, éstos han sido ratificados e incorporados al sistema jurídico interno, como
Ley Suprema de toda la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En ellos se describe un catálogo de derechos de carácter imprescriptible e
irrenunciable, y se señala la obligación de los tres órdenes de gobierno
de garantizar su libre y pleno ejercicio, así como los mecanismos para que se
pueda exigir su cumplimiento.
En el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las
facultades que posee para la defensa de los derechos humanos se encuentran concentradas en recibir, analizar, investigar y procesar denuncias o
peticiones sobre casos individuales en los que se alegan violaciones a los
derechos humanos, además de someter a la jurisdicción de la Corte Internacional de Derechos Humanos aquellos casos que investigó y resolvió
que se violaron los derechos humanos y que no se logró una solución adecuada con el Estado responsable.
En este sentido, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos le corresponde aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, con la finalidad de determinar, en aquellos casos que le presenta la Comisión Interamericana, si un Estado es responsable internacionalmente por violar alguno de los derechos establecidos en dicha Convención,
y por tanto durante la sustanciación del procedimiento juzga al Estado
como figura que integra a sus tres poderes, esto es: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en todos sus niveles de organización administrativa (federal, estatal o municipal).
IV. Condena internacional del Estado mexicano
Resulta importante señalar que las sentencias emitidas por la Corte interamericana de Derechos Humanos determinaron la responsabilidad del
Estado mexicano al no haber garantizado de forma eficaz los derechos humanos de las personas sometidas a su competencia.
30
cndh/cmdpdh
En esta tesitura, es relevante apuntar que es potestad de la Corte Interamericana el cumplimiento de las sentencias dictadas por ésta y al mismo
tiempo una obligación internacional de todos los Estados que han ratificado la Convención Americana y han aceptado la jurisdicción obligatoria de
dicho Tribunal.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, órgano autónomo
de gobierno que forma parte del Sistema No Jurisdiccional, no posee atribuciones legales para exigir el cumplimiento de la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por la naturaleza de
su autonomía; sin embargo, esto no quiere decir que permanezca pasiva
ante la inacción de las autoridades por los casos que se siguen registrando,
pues su trabajo se encuentra enfocado a dar seguimiento a los puntos de
propuesta que se dirigieron en su momento a las autoridades involucradas
y obligadas a garantizar el orden y la paz públicas en nuestro territorio.
Como corolario es importante señalar que el Estado de Derecho no está
referido únicamente al sometimiento al orden jurídico nacional, sino que
necesariamente incluye al derecho internacional; en este sentido y para
que ello sea una realidad, es necesario el sometimiento del Estado al derecho internacional y, por lo tanto, al cumplimiento de las sentencias internacionales, dentro de las cuales se encuentran las sentencias dictadas por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales son definitivas
e inapelables.
En conclusión, la ejecución de las sentencias emanadas de la Corte Interamericana se fundamenta en el ejercicio de los derechos humanos y en
las potestades y competencias propias de dicha jurisdicción, reconocidas
por los Estados en la Convención Americana, por lo que el acatamiento de
sus sentencias por parte de los Estados forma parte de las reglas básicas
del derecho internacional en todo Estado de Derecho y son un requisito
esencial para la garantía efectiva de la protección de la persona humana.
Por tanto, las sentencias dictadas por la Corte Interamericana son definitivas e inapelables (artículo 67 de la Convención Americana). Y por ello,
una vez dictadas, estas sentencias devienen firmes, por lo que adquieren el
carácter de cosa juzgada material y formal, lo cual a su vez les da el carácter de sentencias ejecutorias a los fines de su obligatorio cumplimiento y
ejecución por el Estado condenado (artículo 68 de la Convención Americana).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
31
En consecuencia, la cosa juzgada de las sentencias de la Corte Interamericana surte sus primeros efectos inmediatos y directos frente las partes del proceso; ellas son: el Estado demandado y condenado, las víctimas
y la Comisión Interamericana, por lo cual cada una de estas partes del proceso ante la Corte Interamericana, y en particular el Estado y las víctimas,
son los destinatarios directos de los efectos jurídicos de las sentencias.
En este orden de ideas es que los efectos generales de las sentencias de
la Corte Interamericana también surten efectos indirectos para todos los
Estados parte en la Convención Americana, y evidentemente para las otras
víctimas que no hayan sido partes del proceso. En efecto, las sentencias de
la Corte Interamericana establecen interpretaciones auténticas de la Convención Americana (y de otros tratados de derechos humanos), las cuales
se integran a la Convención misma, ya que en lo sucesivo ésta debe ser leída conforme a la interpretación establecida en dichas decisiones.
Es importante señalar que las sentencias de fondo y de reparaciones de
la Corte Interamericana tienen como destinatarios a las víctimas y a sus
familiares.
Así, este tipo de medidas está referido, según el caso, a que se investigue
y sancione a los responsables de la violación a los derechos de la víctima; al
pago de una indemnización compensatoria a la víctima y a sus familiares;
a dejar sin efecto una sentencia dictada en contra de la víctima; a brindarle
un tratamiento médico, psicológico o de otra índole; a ponerla en libertad
y reponerla en el cargo que ocupaba; al perdón público a las víctimas, y a
otras de similar naturaleza.
Por otra parte, los mandatos con efectos reparadores típicos que adopta
la Corte Interamericana son, entre otros, las modificaciones de leyes internas, la revisión de planes de seguridad, los cursos de formación para
cuerpos de seguridad y otros funcionarios públicos, así como la adopción
de estándares internacionales en determinado sector y otros de naturaleza similar.
En este sentido, es pertinente señalar que la ejecución de sentencias de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe cumplir con los siguientes requisitos: 1) que la sentencia recaiga sobre el fondo, y 2) que sea
firme, ello es, no sujeta a impugnación, apelación o revisión. Además de
ello debe respetar los siguientes límites: a) subjetivos: en principio, sólo
abarca a las partes del proceso: accionantes (víctimas, representantes y la
32
cndh/cmdpdh
CIDH), y, demandado (Estado), no obstante, como vimos, es extensible
de manera indirecta a aquellos que se encuentren bajo situaciones equivalentes; y b) objetivos, que vienen dados por el contenido mismo de los fallos. Así, por ejemplo, la declaratoria de un acto del Estado como contrario
a la Convención despliega una eficacia general.
De esta forma, las sentencias de la Corte Interamericana, como sentencias emanadas de un tribunal internacional o transnacional, son de obligatorio cumplimiento por los Estados parte y se deben ejecutar directamente por y en el Estado concernido, evidentemente sin que haga falta
para ello ningún procedimiento de pase en el derecho interno o exequatur.
En este sentido, la Convención Americana es muy clara, ya que incluso establece expresamente que la parte del fallo que disponga indemnización
compensatoria se podrá ejecutar en el país respectivo por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.
Asimismo, tal y como se señala en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo 133 de la Constitución Mexicana,
los tratados internacionales se ubican jerárquicamente debajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en
la medida en que el Estado mexicano los acepta al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados; lo anterior significa que en atención al principio fundamental de
derecho internacional consuetudinario “pacta sunt servanda”, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden
ser desconocidas invocando normas de derecho interno, y cuyo incum­
plimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.
Algunos de los fundamentos jurídicos para la supervisión del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana los lleva a cabo la misma con posterioridad, con base en los siguientes fundamentos jurídicos:
Su jurisdicción como órgano de protección internacional de los derechos
humanos bajo la Convención Americana (Art. 33, CADH); su competencia obligatoria de pleno derecho y sin convención especial sobre todos
los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención (Art.
62.1 CADH); su competencia para conocer de cualquier caso relativo a la
interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención (Art.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
33
62.3, CADH); su facultad y obligación de someter a la consideración de la
Asamblea General de la OEA un informe sobre su labor en el año anterior,
y de manera especial y con las recomendaciones pertinentes, sobre los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos (Art. 65,
CADH); el carácter definitivo e inapelable de sus fallos (Art. 67, CADH)
y la obligación de los Estados parte en la Convención de cumplir sus decisiones en todo caso en que sean partes, y en el derecho de las víctimas a
ejecutar la parte del fallo que disponga indemnización compensatoria a su
favor, en el respectivo país, por el procedimiento interno vigente para la
ejecución de sentencias contra el Estado (Art. 68.1, CADH).
A. Sentencia del caso Campo Algodonero
En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que
el Estado vulneró a las agraviadas Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, en sus derechos a la
vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en los artículos
4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1, así como también
incumplió su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contem­
plada en el artículo 2 de la misma, así como con las obligaciones contempla­
das en los artículos 7.b y 7.c de la Convención de Belém do Pará.11
En el caso de los familiares de las tres agraviadas, la Corte Interamericana resolvió que éstos fueron sometidos a tratos degradantes, debido al
sufrimiento y a la angustia al que el Estado los sometió, ya que las autoridades responsables de la investigación reconocieron haber incurrido en
irregularidades y deficiencias en la búsqueda del paradero de las víctimas
una vez que se les reportó su desaparición, y al localizar sus cadáveres no
solamente retrasaron su entrega, sino que también se abstuvieron de realizar las diligencias necesarias para determinar la identidad de sus restos;
asimismo, no precisaron las circunstancias y causas de las muertes y les
negaron la información sobre el desarrollo de sus investigaciones, transgrediendo con ello las disposiciones contenidas en los artículos 5.1 y 5.2,
en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana.12
11
Párrafo 286 de la sentencia de la Corte.
Párrafos 423 y 424 de la sentencia de la Corte.
12
34
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De igual forma es preciso señalar que el Estado no demostró ante la
Corte13 haber adoptado normas o implementado las medidas necesarias,
con­for­me al artículo 2 de la Convención Americana y al artículo 7.c de
la Conven­ción de Belém do Pará, que permitieran a las autoridades ofrecer
una investigación con la debida diligencia;14 esto es, que no hubo una respuesta inmediata y eficaz ante las denuncias de desaparición, así como para
prevenir adecuadamente la violencia contra la mujer, y tampoco demostró
haber adoptado normas, o incluso haber tomado medidas para que los funcionarios responsables de recibir las denuncias tuvieran la capacidad y la
sensibilidad para entender la gravedad del fenómeno de la violencia contra
la mujer y la voluntad para actuar de inmediato. Lo anterior le permitió con­
cluir a ese Tribunal que las investigaciones respecto de los “crímenes del
campo algodonero” se relacionan con un contexto de irregularidades en la
determinación de responsables por crímenes similares reconociendo ante
ello el pronunciamiento que emitió la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos en 2003 (en su Informe Especial), cuando
[…] se refirió a la “obtención indiscriminada de confesiones” por parte de
agentes del Ministerio Público y elementos policiales a su cargo, a partir
de 89 casos que se sometieron al conocimiento de la autoridad jurisdiccional… la CNDH observó que: las personas involucradas en la comisión de
los delitos confesaron de manera “espontánea” su participación ante el agen­
te del Ministerio Público del estado, no obstante que con posterioridad
manifestaron ante el órgano jurisdiccional que habían sido sometidos a tor­
turas, maltratos o amenazas para que firmaran declaraciones con las que
no se encontraban de acuerdo, y que les habían sido arrancadas con vio­
lencia.
[…]
[…] es claro que en el caso de torturas inferidas a personas detenidas, generalmente los responsables suelen recurrir a prácticas orientadas a tratar
de no dejar huella alguna en el cuerpo de la víctima, y en su caso a justificar
13
Párrafos 282 al 285 de la sentencia de la Corte.
Párrafo 388 de la sentencia de la Corte.
14
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
35
su actuación mediante la simulación de certificados médicos, los cuales,
por regla general, sin cumplir ningún parámetro metodológico, se concretan a señalar que la persona examinada se encontraba “sin lesiones”.15
En el caso de los servidores públicos que han participado en dichas investigaciones, el Estado señaló que, después de analizar los expedientes
de 255 homicidios de mujeres en el municipio de Juárez, “se consignaron
20 acciones ante tribunales penales contra funcionarios públicos y se iniciaron 62 procedimientos administrativos ante el Órgano de Control Interno gubernamental (Secretaría de la Contraloría del estado de Chihua­
hua)”, donde 15 funcionarios fueron inhabilitados, cinco destituidos, tres
suspendidos y dos amonestados; sin embargo, la Corte advirtió que de las
pruebas que se le aportaron no se desprende ningún antecedente relacionado con los “funcionarios que hayan sido investigados por las irregularidades cometidas en la investigación de lo ocurrido con las jóvenes Herrera, González y Ramos”.16
Bajo las anteriores circunstancias, el 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia del caso
Campo Algodonero, en la que condenó al Estado mexicano a realizar determinadas acciones, por haber violado los derechos humanos de las
agraviadas: Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, así como por violar los derechos humanos
de sus familiares.
La sentencia de referencia se encuentra integrada por 10 secciones, en
las que describe el proceso jurídico que se llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero, sobre todo, con independencia al caso
de las tres agraviadas mencionadas, a la situación de violencia contra las
mujeres que se vive en el municipio de Juárez, Chihuahua, influida por una
cultura de discriminación contra ellas, lo que se refleja en el incremento
de homicidios que se registró a partir de 1993.
En dicha resolución, la Corte Interamericana recalcó la ausencia de una
política general, que de haberse iniciado, por lo menos desde 1998, cuando la CNDH advirtió del patrón de violencia contra la mujer en Ciudad
15
Párrafo 343 de la sentencia de la Corte.
Punto 4.2.2.5 de la Sección VII de la sentencia de la Corte.
16
36
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Juárez, el Estado no hubiera incurrido en el incumplimiento de su obligación de prevención.17
La sentencia de la Corte se conforma de 26 puntos resolutivos que se
describen en su sección X, dentro de los cuales se encuentran 10 puntos
declarativos y 15 puntos de cumplimiento obligatorio.
Por su parte, la sentencia es profusa en lo relativo a la indemnización a
las víctimas y a sus familiares, en la cual se toma en cuenta tanto el daño
material como el emergente, el lucro cesante o la pérdida de ingresos, el
daño moral, las costas y los gastos.
Es cierto que la violencia contra la mujer no resulta ser un tema privativo de México, es un fenómeno universal que evidencia la falta de concientización y sensibilidad por parte de la sociedad civil respecto del conocimiento de los valores universales y de los derechos humanos en general, y
demuestra concretamente, en el caso de los derechos de las mujeres, un retraso cultural grave y con un costo social muy alto, que dificulta el ejercicio pleno de sus derechos a la libertad, a la igualdad y a la equidad de género, y a la no discriminación, entre otros, que obstaculizan su desempeño
familiar, social y laboral en distintos ámbitos públicos y privados, y si
nuestras autoridades no suman su mejor esfuerzo para enfrentar y superar
dicho fenómeno, los índices de violencia contra las mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, continuarán su escala ascendente.
B. Sentencia del caso del agraviado Rosendo Radilla Pacheco
En la sentencia que emitió la Corte Interamericana declaró, sustancialmente, que el Estado mexicano es responsable de violar los derechos a la
libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco, y de vulnerar los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la
protección judicial de las señoras Tita y Andrea, y del señor Rosendo, todos de apellidos Radilla Martínez, además de incumplir con el deber de
adoptar disposiciones de derecho interno respecto de la tipificación del
delito de desaparición forzada de personas.
17
Párrafo 282 de la sentencia de la Corte.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
37
Para el cumplimiento de la sentencia que emitió, la Corte Interamericana dispuso diversas medidas que obligan al Estado mexicano a: 1) inves­
tigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables; 2) cumplir con las medidas de satisfacción y garantías de no repetición
que se le precisaron; 3) determinar el paradero de Rosendo Radilla Pacheco; 4) realizar reformas constitucionales y legislativas en materia de jurisdicción militar; 5) tipificar adecuadamente el delito de desaparición forza­
da de personas propiamente en el artículo 215-A del Código Penal Federal
conforme a los instrumentos internacionales; 6) capacitar a operadores de
justicia y educación en derechos humanos; 7) publicar las partes pertinentes de la sentencia; 8) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; 9) restablecer la memoria y semblanza de la
vida del señor Rosendo Radilla Pacheco; 10) brindar atención psicológica
a sus beneficiarios, y 11) cubrir las indemnizaciones, compensaciones, cos­
tas y gastos que se describieron en la citada resolución.
Con relación a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos que se emitió en contra del Estado mexicano sobre el caso del
agraviado Rosendo Radilla Pacheco: 1) el Estado deberá conducir eficazmente, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación y, en su caso, los procesos penales que tramiten en relación con la
detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y
aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea; 2) el
Estado deberá continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Rosendo Radilla Pacheco o, en su caso, de sus restos mortales; 3) el Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para concordar el artículo 57 del Código de Justicia
Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4) el Estado deberá adoptar, en
un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; 5) el Estado deberá implementar, en un plazo
razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, programas o cur­
sos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos con relación a los lí-
38
cndh/cmdpdh
mites de la jurisdicción penal militar, así como un programa de formación
sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de
desaparición forzada de personas; 6) el Estado deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en otro diario de amplia circulación nacio­
nal, por una sola vez, los párrafos 1 a 7, 52 a 66 y 114 a 358 de la presente
sentencia, sin las notas a pie de página, y la parte resolutiva de la misma, y
publicar íntegramente este fallo en el sitio web oficial de la Procuraduría
General de la República, en un plazo de seis y dos meses, respectivamente,
a partir de la notificación de este fallo; 7) el Estado deberá realizar un acto
público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos
del presente caso y en desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla
Pacheco; 8) el Estado deberá realizar una semblanza de la vida del señor
Rosendo Radilla Pacheco; 9) el Estado deberá brindar atención psicológica y/o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a
través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a las víctimas
declaras en el presente fallo que así lo soliciten; 10) el Estado deberá pagar
las cantidades fijadas en los párrafos 365, 370, 375 y 385 de la sentencia,
por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reinte­
gro de costas y gastos, según corresponda, dentro del plazo de un año, con­
tado a partir de la notificación del presente fallo, y 11) la Corte supervisará
el cumplimiento íntegro de esta sentencia, en ejercicio de sus atribuciones
y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención America­
na, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado
cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Estado deberá, dentro
del plazo de un año contado a partir de la notificación de la sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con
la misma.
V. Reflexiones finales
Después de este breve recorrido, resulta difícil contemplar una posibilidad distinta a la condena internacional de que fue objeto el Estado mexicano, ya que sólo era cuestión de tiempo para que alguno de los casos documentados por los organismos públicos de protección y defensa de los
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
39
derechos humanos se hiciera del conocimiento de un tribunal internacional como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los servidores públicos del Estado o bien por un particular con
la anuencia o tolerancia de éstos, y recayera una condena por la indebida
protecciones de los derechos de los habitantes del país, tal y como aconteció en los casos reseñados.
De la propia sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se puede advertir que tuvo en cuenta los pronunciamientos hechos por
la Comisión Nacional, lo cual no hace otra cosa sino exaltar el valor y la
importancia de las investigaciones que realizan los organismos públicos
de protección y defensa de los derechos humanos, que tienen como fin último proponer a las diversas autoridades del Estado mexicano la modifi­
cación o implementación de nuevas prácticas, con el objetivo de que se garanticen de mejor manera los derechos humanos.
Las sentencias en comento confirman que la voluntad de garantizar los
derechos humanos no son una cuestión discursiva y que no atender o no
cumplir las Recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos se abre la puerta a una condena internacional, que en muchas ocasiones acarrea un desprestigio de las instituciones del Estado mexicano, que
al no ser capaces de garantizar eficazmente los derechos de sus habitantes
deben ser compelidas por fuerzas supranacionales en tal sentido.
Los dos casos aquí descritos han dejado una profunda huella en la socie­
dad mexicana, la cual no sólo se siente agraviada por la privación de la vida
de las personas, sino peor aún que dicha privación se perpetre con la anuen­
cia o la tolerancia de quienes se encuentran obligados a velar por el respeto
a los derechos de los individuos.
En el caso especifico de Juárez, durante los últimos 15 años, diversas de­
pendencias públicas del Estado mexicano han negado que los hechos que
ocurren tengan características que permitan identificar un patrón de conducta sistemático de violación a los derechos humanos, calificando el caso
de los homicidios y desapariciones de mujeres como hechos aislados, responsabilizando a particulares, o incluso a la delincuencia organizada del
surgimiento de dicho fenómeno con la finalidad de justificar su inactividad para frenar la ola de violencia que desde 1993 se registra en aquella localidad. Esta actitud ha motivado la condena internacional por la falta de
acciones capaces de prevenir la comisión de dichos ilícitos, así como la fal-
40
cndh/cmdpdh
ta de investigación y sanción a los responsables de la violencia contra las
mujeres.
Lo mismo sucede con el caso de Rosendo Radilla, cuya desaparición en
la década de los setentas también estaba inscrita en un patrón de conducta
sistemático, que conculcó severamente los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y de sus familias, que continúan reviviendo
el sufrimiento al no saber el paradero de sus familias, de ahí la importancia de insistir en la necesidad de garantizar eficazmente el derecho a la verdad de los familiares de la víctima; conocer lo que le sucedido a ésta consti­
tuye una medida de reparación y, por tanto, una expectativa que el Estado
debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo.
Por último es indispensable advertir la existencia de nuevas amenazas
frente a nosotros a causa de la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia
organizada y la trata de personas. El papel que desempeñaron los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, en la investigación de los casos que forman parte de este estudio, debe guiar nuestra conducta hacia adelante, en donde la participación de la sociedad civil
es una pieza clave para el buen éxito de dichas tareas. Por ello celebro el interés de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos por sumarse al esfuerzo editorial de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos en dar a conocer estas sentencias, que han resultado ejemplares.
Introducción a la Sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre el Caso González y otras
(“Campo Algodonero”) vs. México
Introducción a la Sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre el Caso González y otras
(“Campo Algodonero”) vs. México1
El 10 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
hizo pública la sentencia emitida el 16 de noviembre anterior, respecto del caso
González y otras (“Campo Algodonero”), a través de la cual declaró responsable
al Estado mexicano por la violación a los derechos consagrados en los artículos 4
(derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 8 (garantías judiciales),
19 (derechos del niño), y 25 (protección judicial) de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, así como por el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el artículo 7 de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en perjuicio de las
jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice
Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero
en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001.
La Sentencia del Caso “Campo Algodonero” es muy significativa en el contex­
to de la exigencia de justicia y esclarecimiento de la verdad respecto de las muertes violentas de mujeres, ocurridas de manera sistemática tanto en Ciudad Juárez
como las que siguen ocurriendo en otras regiones del país. Por esta razón, resulta relevante que un tribunal internacional en materia de derechos humanos se
haya manifestado sobre un asunto que, en sus propias palabras, y atendiendo al
espíritu de la Convención de Belém do Pará, “refleja una preocupación uniforme
en todo el hemisferio sobre la gravedad del problema de la violencia contra la
mujer, su relación con la discriminación históricamente sufrida y la necesidad
de adoptar estrategias integrales para prevenirla, sancionarla y erradicarla” (cf.
párrafo 61 de la Sentencia).
1
Introducción a cargo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C.
[43]
44
cndh/cmdpdh
La Sentencia del Caso “Campo Algodonero” refleja la situación de la justicia
mexicana en relación con la violencia contra las mujeres y el feminicidio en torno a tres temas que vale la pena destacar:
1)La existencia de un patrón sistemático, histórico y aún vigente de violencia
feminicida;
2)La persistencia de la discriminación y la impunidad con relación a la persecución y sanción de estos delitos, y
3)La urgencia de consolidar una política de Estado en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
1. La violencia feminicida en México
Laura Berenice Ramos Monárrez tenía 17 años de edad y era estudiante del
quinto semestre de la preparatoria. La última noticia que se tuvo de ella fue una
llamada que hizo a una amiga el sábado 22 de septiembre de 2001 para avisar
que estaba lista para ir a una fiesta. La denuncia instaurada señalaba que desapareció el martes 25 de septiembre de 2001, sin que se ofrezcan más detalles.
Claudia Ivette González, por su parte, tenía 20 años de edad y trabajaba en
una empresa maquiladora. Según una amiga cercana, “casi siempre salía con el
tiempo limitado, ya que le ayudaba a su hermana con el cuidado de su menor
hija, motivo por el cual llegaba a veces tarde” al trabajo. El 10 de octubre de 2001
llegó dos minutos tarde a la maquila, por lo que le fue impedida la entrada. Ese
mismo día desapareció.
Esmeralda Herrera Monreal tenía 15 años de edad y contaba con “grado de
instrucción tercero de secundaria”. Desapareció el lunes 29 de octubre de 2001,
luego de salir de la casa en la que trabajaba como empleada doméstica.
Estos casos forman parte de los miles que se han manifestado en Ciudad Juárez y en todo el país desde hace casi dos décadas. El fenómeno complejo de violencia contra las mujeres comenzó a dispararse a partir de 1993. Este fenómeno
se caracteriza por:
a)Atentar contra la vida y/o la integridad física y mental de mujeres jóvenes
de 15 a 25 años de edad, de escasos recursos, estudiantes o migrantes;
b)Incluir signos de violencia sexual en 30% de los casos, y
c) Estar dirigido contra niñas y mujeres por el solo hecho de ser mujeres, es
decir, estar marcado por la discriminación sistemática contra las mujeres.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
45
A este conjunto de rasgos que caracterizan el homicidio de mujeres por razones
de género se le conoce como feminicidio (cf. párrafos 121-145 de la Sentencia).
En años recientes las cifras han reflejado que la violencia feminicida no sólo
se ha incrementado en el caso específico de Chihuahua, sino que además se ha
reproducido en otras entidades federativas, incluyendo los patrones de respuesta por parte de las autoridades en los que se culpabiliza a las víctimas, se justifica
la violencia contra ellas y se permite la impunidad. Ejemplo de esto son las cifras
de homicidios dolosos contra mujeres documentadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que, con base en información proporcionada
por las Procuradurías de Justicia, determinó que tan sólo de enero de 2007 a diciembre de 2008 se cometieron 1,221 asesinatos violentos contra mujeres en 12
entidades federativas, mientras que en el semestre de enero a junio de 2009 se
documentaron 430 casos en 15 estados.
2. Impunidad y discriminación
A pesar de los compromisos que establece la Convención de Belem do Pará, ratificada por el Gobierno mexicano, en relación con las obligaciones de los Estados
de “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer” (artículo 7, inciso b), el acceso real a la justicia sigue estando marcado por serias limitaciones en los mecanismos de protección y atención; la discriminación estructural, y la deficiente preparación técnica, legal y
humana del personal de los sistemas de procuración e impartición de justicia.
Además de estos factores, la violencia feminicida se ve agravada por la impunidad general, que responde a la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, las cuales, además de minimizar la problemática, justifican la violencia
contra las mujeres trasladando la responsabilidad a las propias víctimas y a sus
familiares, mediante cuestionamientos sobre la actividad, los horarios, la forma
de vestir o las relaciones de la víctima. A la luz de estas irregularidades y deficiencias, la Comisión Interamericana puntualizó que en México se verificaba un
“alarmante patrón de respuesta [a los feminicidios] y concepciones estereotipadas de las mujeres desaparecidas” por parte de las autoridades. A la misoginia
homicida siguió la misoginia investigadora. El Relator Especial sobre la Independencia Judicial de la ONU, citado en el párrafo 153 de la Sentencia, informó
que “al principio es indudable que estos hechos no conmovieron mucho a los agen­
tes de la policía y a los procuradores, quienes llegaron incluso a reprochar a las
mujeres su presunta falta de moralidad”. La Relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU agregó, por su parte, que “la conducta arrogante de algunos
46
cndh/cmdpdh
funcionarios públicos y su manifiesta indiferencia ante […] estos delitos permiten concluir que muchos de ellos fueron deliberadamente pasados por alto por la
mera razón de que las víctimas eran ‘sólo’ muchachas corrientes y, por lo tanto,
no eran consideradas una gran pérdida”.
La Corte coincidió en que, en el presente caso, se presentaron, entre otras, las
siguientes irregularidades:
1)La falta de precisión de las circunstancias del hallazgo de los cadáveres;
2)La poca rigurosidad en la inspección y salvaguarda de la escena del crimen
practicada por las autoridades;
3)el Indebido manejo de algunas de las evidencias recolectadas;
4)los métodos utilizados no fueron acordes para preservar la cadena de custodia;
5)Contradicciones e insuficiencias de las autopsias, y
6)Irregularidades e insuficiencias en la identificación de los cuerpos, así
como en la entrega irregular de los mismos (párrafos 306 y 333).
Debido a lo anterior, el Estado mexicano no demostró ante la Corte Interamericana haber adoptado las medidas razonables, conforme a las circunstancias
que rodeaban los casos, para encontrar a las víctimas con vida. El párrafo 284 de
la Sentencia resume:
[…] el Estado no actuó con la debida diligencia requerida para prevenir adecuadamente las muertes y agresiones sufridas por las víctimas y que no actuó como
razonablemente era de esperarse de acuerdo a las circunstancias del caso para poner fin a su privación de libertad. Este incumplimiento del deber de garantía es
particularmente serio debido al contexto conocido por el Estado —el cual ponía
a las mujeres en una situación especial de vulnerabilidad— y a las obligaciones
reforzadas impuestas en casos de violencia contra la mujer por el artículo 7.b de la
Convención Belém do Pará.
3. Hacia un cambio estructural para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres
La Sentencia del Caso “Campo Algodonero” constituye, en sí misma, una forma
de reparación para las víctimas, toda vez que hace un reconocimiento de la violencia de género y refleja los obstáculos y los vacíos en el acceso a la justicia a los
que se enfrentan las mujeres y sus familias. Sin embargo, la sentencia va más allá
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
47
de la reparación a las víctimas directas, y resulta ser una herramienta fundamental para generar cambios estructurales que garanticen la no repetición de este
tipo de actos. Por esta razón, reconocer las dificultades de los diferentes tipos de
violencia, incluyendo la violencia feminicida, permitiría hacer planteamientos
ajustados a las características propias de cada una.
La Corte puntualizó claramente que la ausencia de una política general que
se hubiera iniciado por lo menos en 1998 —cuando la CNDH advirtió del patrón de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez—, es una falta del Estado en
el cumplimiento general de su obligación de prevención (párrafo 282). En efecto, el incumplimiento de las disposiciones contenidas en las Convenciones
Americana y de Belém do Pará, así como en las recomendaciones de diversos organismos internacionales y nacionales de protección de los derechos humanos,
derivaron en la institucionalización de un patrón de impunidad y discriminación que, a partir de la Sentencia del Caso “Campo Algodonero”, tendrá que
erradicarse.
En su sentencia, la Corte Interamericana señala en su párrafo 258 que, como
lo establece la Convención de Belém do Pará (artículo 7), los Estados deben adop­
tar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia
contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico
de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias.
Los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que
es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia.
Todo esto debe tomar en cuenta que, en casos de violencia contra la mujer, los
Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención de Belém
do Pará.
***
Los precedentes que sienta el Caso “Campo Algodonero” tendrán que reflejarse
en las políticas públicas y el marco normativo, a fin de evitar que estas violaciones sistemáticas y altamente lesivas a la dignidad de la mujer se repitan en nuestro país. Estos cambios estructurales urgentes dependerán no sólo del grado de
cumplimiento que el Estado mexicano haga de los resolutivos de la sentencia,
sino también de que dicho cumplimiento se haga a partir del reconocimiento
real de la existencia de la violencia contra las mujeres y el feminicidio, como problemáticas persistentes, de las cuales el Estado mexicano, en su conjunto, debe
hacerse cargo.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso González y otras
(“Campo Algodonero”) vs. México
SENTENCIA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2009
(EXCEPCIÓN PRELIMINAR, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS)
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso González y otras
(“Campo Algodonero”) vs. México
SENTENCIA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2009
(EXCEPCIÓN PRELIMINAR, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS)
En el caso González y otras (“Campo Algodonero”),
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:1
Cecilia Medina Quiroga, Presidenta;
Diego García-Sayán, Vicepresidente;
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Margarette May Macaulay, Jueza;
Rhadys Abreu Blondet, Jueza, y
Rosa María Álvarez González, Jueza ad hoc;
El 15 de diciembre de 2007 el entonces Presidente de la Corte, Juez Sergio García Ramírez, de nacionalidad mexicana, cedió la Presidencia a la Jueza Cecilia Medina Quiroga e informó al Tribunal de su inhibitoria para conocer del presente caso. El Juez García Ramírez expuso las razones
que sustentaron su inhibición, las cuales fueron aceptadas por el Tribunal. El 21 de diciembre de
2007 se comunicó esta decisión al Estado y se le informó que podría designar un juez ad hoc para
que participara en la consideración del presente caso. El 29 de febrero de 2008, luego de dos prórrogas, el Estado designó a la señora Verónica Martínez Solares como jueza ad hoc. El 18 de septiembre de 2008 los representantes de las presuntas víctimas objetaron dicha designación señalando que la señora Martínez Solares “no re[unía] uno de los requisitos que establece el artículo 52
de la [Convención Americana] para ser juez de la Corte Interamericana”. El 30 de octubre de 2008
la Corte emitió una Resolución en la que señaló que la señora Martínez Solares “no cumpl[ía] con
los requisitos para participar como Jueza ad hoc en el presente caso”. En dicha Resolución la Corte
otorgó un plazo al Estado para que designara un nuevo juez ad hoc. El 3 de diciembre de 2008 el
Estado designó en tal calidad a la señora Rosa María Álvarez González. De otra parte, por razones
de fuerza mayor, el Juez Leonardo A. Franco no participó en la deliberación y firma de la presente
Sentencia.
1
[51]
52
cndh/cmdpdh
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 37.6, 56 y 58 del Reglamento de la Corte2 (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.
I. Introducción de la causa y objeto de la controversia
1. El 4 de noviembre de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó, de
conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra los
Estados Unidos Mexicanos (en adelante “el Estado” o “México”), a partir de la cual
se inició el presente caso. La petición inicial fue presentada ante la Comisión el 6
de marzo de 2002. El 24 de febrero de 2005 la Comisión aprobó los Informes
No. 16/05, 17/05 y 18/05, mediante los cuales declaró admisibles las respectivas
peticiones. El 30 de enero de 2007 la Comisión notificó a las partes su decisión
de acumular los tres casos. Posteriormente, el 9 de marzo de 2007 aprobó el Informe de fondo No. 28/07, en los términos del artículo 50 de la Convención, el
cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue
notificado al Estado el 4 de abril de 2007. Tras considerar que México no había
adoptado sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso a
la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados a los señores
Florentín Meléndez, Comisionado, Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y
como asesores legales a Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta,
2
Conforme a lo dispuesto en el artículo 72.2 del Reglamento de la Corte Interamericana vigente, cu­
yas últimas reformas entraron en vigor a partir del 24 de marzo de 2009, “[l]os casos en curso se
continuarán tramitando conforme a este Reglamento, con la excepción de aquellos casos en que
se haya convocado a audiencia al momento de entrada en vigor del presente Reglamento, los cua­
les seguirán tramitándose conforme a las disposiciones del Reglamento anterior”. De ese modo, el
Reglamento de la Corte mencionado en la presente Sentencia corresponde al instrumento aprobado por el Tribunal en su XLIX Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 16 al 25 de noviembre de
2000, y reformado parcialmente por la Corte en su LXI Período Ordinario de Sesiones, celebrado
del 20 de noviembre al 4 de diciembre de 2003.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
53
y Juan Pablo Albán, Marisol Blanchard, Rosa Celorio y Fiorella Melzi, especialistas de la Secretaría Ejecutiva.
2. La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del
Estado por “la desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez (en adelante “las jóvenes González, Herrera y Ramos”), cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001. Se
responsabiliza al Estado por “la falta de medidas de protección a las víctimas, dos
de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese
al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que
había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de
las autoridades frente a la desaparición […]; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos […], así como la denegación de justicia y la falta de
reparación adecuada”.
3. La Comisión solicitó a la Corte que declare al Estado responsable por la
violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5
(Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 19 (Derechos del
Niño) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2
(Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma, y el incumplimiento de las obligaciones que derivan del artículo 7 de la Convención para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “Convención Belém do Pará”). La demanda fue notificada al Estado el 21 de diciembre de 2007 y a los representantes el 2 de enero de 2008.
4. El 23 de febrero de 2008 las organizaciones Asociación Nacional de Abogados Democráticos A. C., Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad
Humana y Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C., representantes
de las presuntas víctimas3 (en adelante “los representantes”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y
argumentos”). Además de los alegatos presentados por la Comisión, los representantes solicitaron ampliar el número de víctimas a once mujeres y que la Corte se pronuncie sobre la supuesta detención arbitraria, tortura y violaciones al
debido proceso de tres personas más. Adicionalmente a los artículos invocados
por la Comisión, los representantes solicitaron a la Corte que declare que el Es3
El 14 de diciembre de 2007 las mencionadas organizaciones comunicaron al Tribunal, de conformidad con el artículo 23.2 del Reglamento de la Corte, la designación de la señora Sonia Torres
Hernández como interviniente común (expediente de fondo, tomo V, folio 1936).
54
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tado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos
7 (Derecho a la Libertad Personal) y 11 (Derecho a la Dignidad y a la Honra) de
la Convención, todos ellos en relación con las obligaciones generales que se derivan de los artículos 1.1 y 2 de la misma, así como el artículo 7 de la Convención
Belém do Pará, en conexión con los artículos 8 y 9 del mismo instrumento. Además, solicitaron la violación del derecho consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, en perjuicio de las tres presuntas víctimas identificadas por
la Comisión.
5. El 26 de mayo de 2008 el Estado presentó su escrito de contestación de la
demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “con­
testación de la demanda”). Dicho escrito cuestionó la competencia de la Cor­te
para conocer sobre las presuntas violaciones a la Convención Belém do Pará. Adi­
cionalmente, objetó la ampliación de las víctimas propuesta por los representantes, y reconoció parcialmente su responsabilidad internacional. El Estado designó al señor Juan Manuel Gómez-Robledo Verduzco como Agente y a Patricia
González Rodríguez, Joel Antonio Hernández García, María Carmen Oñate
Muñoz, Alejandro Negrín Muñoz y Armando Vivanco Castellanos como Agentes Alternos.
6. El 16 de julio de 2008 la Presidenta de la Corte (en adelante “la Presidenta”), luego de la revisión de la contestación de la demanda, informó al Estado
que los alegatos referidos a la Convención Belém do Pará constituían una excepción preliminar. En razón de ello, de conformidad con el artículo 37.4 del Reglamento, otorgó a la Comisión y a los representantes un plazo de 30 días para presentar alegatos escritos. Dichos alegatos fueron presentados el 20 de agosto de
2008 y el 6 de septiembre de 2008, respectivamente.
II. Procedimiento ante la corte
7. El 21 de agosto de 2008 los representantes manifestaron su intención de pronunciarse sobre “información relevante” contenida en los anexos a la contestación
de la demanda y de informar sobre el acontecimiento de “hechos supervinientes”.
El 26 de agosto de 2008 la Presidenta negó la solicitud de los representantes de
pronunciarse en esa etapa procesal sobre los anexos a la contestación a la demanda, puesto que no argumentaron los motivos por los que debería aplicarse el artículo 39 del Reglamento. En todo caso, la Presidenta informó a los representantes
que podrían hacer las alegaciones que estimaran pertinentes en el procedimiento
oral o en sus alegatos finales escritos.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
55
8. El 6 de septiembre de 2008 los representantes presentaron un escrito en el
que, inter alia, realizaron “algunas consideraciones respecto a lo señalado por el Es­
tado mexicano en su contestación a la demanda”. El 9 de septiembre de 2008 la
Presidenta consideró que dicha sección del escrito no sería tomada en cuenta,
puesto que su presentación no estaba prevista en el Reglamento y no fue requerida. En todo caso la Presidenta informó a los representantes que podrían presentar las alegaciones que estimaran pertinentes en el procedimiento oral o en
sus alegatos finales escritos.
9. El 19 de enero de 2009 la Corte negó mediante Resolución la solicitud de
ampliación de presuntas víctimas y determinó que las presuntas víctimas del pre­
sente caso serían Esmeralda Herrera Monreal y sus familiares: Irma Monreal Jai­
me (madre), Benigno Herrera Monreal (hermano), Adrián Herrera Monreal (her­
mano), Juan Antonio Herrera Monreal (hermano), Cecilia Herrera Monreal
(hermana), Zulema Montijo Monreal (hermana), Erick Montijo Monreal (hermano), Juana Ballín Castro (cuñada); Claudia Ivette González y sus familiares:
Irma Josefina González Rodríguez (madre), Mayela Banda González (hermana), Gema Iris González (hermana), Karla Arizbeth Hernández Banda (sobrina),
Jacqueline Hernández (sobrina), Carlos Hernández Llamas (cuñado); y Laura
Berenice Ramos Monárrez y sus familiares: Benita Monárrez Salgado (madre),
Claudia Ivonne Ramos Monárrez (hermana), Daniel Ramos Monárrez (hermano), Ramón Antonio Aragón Monárrez (hermano), Claudia Dayana Bermúdez
Ramos (sobrina), Itzel Arely Bermúdez Ramos (sobrina), Paola Alexandra Bermúdez Ramos (sobrina), Atziri Geraldine Bermúdez Ramos (sobrina).4 Además, en dicha resolución se analizó la negativa del Estado de remitir determinada prueba solicitada por el Tribunal. La Corte resolvió que los hechos que sean
demostrables únicamente a través de prueba que el Estado se niegue a remitir, el
Tribunal los podrá tener por establecidos. 5
10. Mediante Resolución de 18 de marzo de 20096 la Presidenta ordenó la recepción, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), de
algunos de los testimonios y peritajes ofrecidos oportunamente por las partes.
Adicionalmente, se convocó a las partes a una audiencia privada para escuchar
el testimonio, ofrecido por el Estado, de Patricia González Rodríguez, siempre y
cuando ésta renunciara a su condición de Agente Alterna. Igualmente, se convocó
4
Cfr. González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Resolución de la Corte de 19 de enero de
2009, punto resolutivo segundo.
5
Cfr. González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, supra nota 4, punto resolutivo cuarto.
6
Cfr. González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Resolución de la Presidenta de la Corte de
18 de marzo de 2009.
56
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a audiencia pública para escuchar las declaraciones propuestas, según el caso, por
la Comisión, el Estado y los representantes, así como los alegatos finales orales
sobre la excepción preliminar y los eventuales fondo, reparaciones y costas. Finalmente, la Presidenta fijó plazo hasta el 1 de junio de 2009 para que las partes
presentaran sus respectivos escritos de alegatos finales.
11. Mediante Resolución de 3 de abril de 2009 la Corte resolvió aceptar la con­
firmación de la señora Patricia González Rodríguez como Agente Alterna del
Estado y, por ende, el desistimiento estatal del ofrecimiento de su declaración a
título informativo en una audiencia privada7 (supra párr. 10).
12. La audiencia pública fue llevada a cabo el 28 y 29 de abril de 2009, durante el XXXIX Período Extraordinario de Sesiones celebrado en la ciudad de Santiago, República de Chile.8
7
Cfr. González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Resolución de la Corte de 3 de abril de 2009,
punto resolutivo primero.
8
A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Florentín Meléndez, Comisionado; Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta; Juan Pablo Albán Alencastro, asesor; Rosa Celorio, asesora, y Fiorella Melzi, asesora; b) por las presuntas víctimas: Alfredo Limas
Hernández, representante; Andrea de la Barreda Montpellier, representante; Andrea Medina Rosas, representante; Ariel E. Dulitzky, asesor; David Peña Rodríguez, representante; Emilio Ginés
Santidrián, asesor; Héctor Faúndez Ledesma, asesor; Héctor Pérez Rivera, asesor; Ivonne I. Mendoza Salazar, representante; María del Carmen Herrera García, asesora; María Edith López Hernández, asesora; Karla Micheel Salas Ramírez, representante, y Sonia Josefina Torres Hernández,
interviniente común, y c) por el Estado: Alejandro Negrín Muñoz, Agente, Director General de
Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería mexicana; Mario Leal Campos, asesor, Embajador de México en Chile; Patricia González Rodríguez, Agente Alterna, Procuradora General de
Justicia del estado de Chihuahua; Mario Alberto Prado Rodríguez, asesor, Coordinador de Asesores del Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán, asesor, Director General Adjunto de Investigación
y Atención a Casos de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Víctor Manuel Uribe
Aviña, asesor, Consultor Jurídico Adjunto de la Cancillería; Arturo Licón Baeza, asesor, Subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito del estado de Chihuahua; Pablo
Navarrete Gutiérrez, asesor, Coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres; Carlos Garduño Salinas, asesor, Director de Derechos Humanos de la Procuraduría General
de la República; Fernando Tiscareño Luján, asesor, Asesor del Secretario General de Gobierno del
estado de Chihuahua; Rodolfo Leyva Martínez, asesor, funcionario de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito del estado de Chihuahua; José Ignacio Martín
del Campo Covarrubias, asesor, Director del Área de Litigio Internacional en materia de Derechos Humanos de la Cancillería; Ximena Mariscal de Alba, asesora, Subdirectora del Área de Litigio Internacional en materia de Derechos Humanos de la Cancillería; David Ricardo Uribe González, asesor, Jefe de Departamento del Área de Litigio Internacional en materia de Derechos
Humanos de la Cancillería; Luis Manuel Jardón Piña, asesor, Jefe de Departamento de Litigios de
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
57
13. El 12 de junio de 2009 la Comisión y el Estado remitieron sus escritos de
alegatos finales. El 16 de junio de 2009 los representantes remitieron su escrito
respectivo.
14. El Tribunal recibió escritos en calidad de amicus curiae de las siguientes
personas, instituciones y organizaciones: International Reproductive and Sexual
Health Law Program de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto
(IRSHL Programme) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL);9
TRIAL-Track Impunity Always y la Organización Mundial contra la Tortura;10
un grupo de becarios del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (en adelante “la UNAM”);11 un Grupo de
Derechos Humanos de la División de Posgrado de la UNAM;12 Women’s Link
Worldwide;13 Red de Mujeres de Ciudad Juárez A.C.;14 Programa de Justicia
Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes;15 Programa de Derechos Humanos y la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de México;16 Human Rights Watch;17 Horvitz & Levy LLP;18 Comi-
9
10
11
12
13
14
15
17
18
16
la Consultoría Jurídica de la Cancillería, y Carlos Giménez Zamudio, asesor, Encargado del Área
de Política Interna, Prensa y Derechos Humanos de la Embajada de México en Chile.
Dicho escrito fue presentado por Simona Cusack, Rebecca J. Cook, Viviana Krsticevic y Vanessa
Coria el 4 de diciembre de 2008.
Dicho escrito fue presentado por Eric Sottas y Philip Grant el 16 de abril de 2009. El 28 de abril de
2008 el Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación del Consejo General de la Abogacía General se adhirieron a este escrito.
Dicho escrito fue presentado por Miguel Ángel Antemate Mendoza, Selene Cruz Alcalá, Rafael
Caballero Hernández, Carlos Alejandro Martiarena Leonar y Alma Elena Rueda Rodríguez el 23
de abril de 2009.
Dicho escrito fue presentado por Raymundo Gil Rendón y varios de sus alumnos el 24 de abril de
2007.
Dicho escrito fue presentado por Viviana Waisman y Paloma Soria Montañez el 27 de abril de
2008.
Dicho escrito fue también preparado por: Cáritas Diocesana de Ciudad Juárez, Pastoral Obrera,
Programa Compañeros, Ciudadanos por una mejor Administración Pública, Casa Amiga Centro
de Crisis, y a titulo personal por Clara Eugenia Rojas Blanco, Elizabeth Loera y Diana Itzel Gonzáles. El mismo fue presentado por Imelda Marrufo Nava el 15 de mayo de 2009.
Dicho escrito fue presentado por César A. Rodríguez Garavito el 1 de junio de 2009.
Dicho escrito fue presentado por José Antonio Ibáñez Aguirre el 10 de julio de 2009.
Dicho escrito fue presentado por Clive Baldwin el 8 de junio de 2009.
Dicho escrito fue respaldado por: Amnesty International, Thomas Antkowiak, Tamar Birckhead,
Mary Boyce, Break the Circle, Arturo Carrillo, Center for Constitutional Rights, Center for Gender
& Refugee Studies, Center for Justice & Accountability, Centro de Derechos Humanos Universidad Diego Portales, Columbia Law School Human Rights Clinic, Cornell Law School International
Human Rights Clinic, Bridget J. Crawford, The Domestic Violence and Civil Protection Order Cli­
nic of The University of Cincinnati, Margaret Drew, Martin Geer, Human Rights and Genocide
58
cndh/cmdpdh
sión Internacional de Juristas;19 Amnistía Internacional;20 Centro de Derechos
Humanos y la Escuela de Derecho de la Universidad de Essex, el Centro Internacional para la Justicia Transicional y Redress.21
15. El 22 de septiembre de 2009 los representantes presentaron un escrito en
el que informaron al Tribunal sobre “hechos supervinientes”, relativos al nombramiento del señor Arturo Chávez Chávez para encabezar la Procuraduría General de la República.
16. La Secretaría, siguiendo instrucciones de la Presidenta, concedió plazo a
la Comisión y al Estado para que presentaran sus observaciones al escrito de los
representantes indicado en el párrafo anterior. El 15 de octubre de 2009 la Comisión señaló que no tenía observaciones que formular. El 16 de octubre de 2009
el Estado expresó que “los hechos expuestos por los representantes […] de ningu­
na manera guardan relación alguna con la litis del asunto ni aportan elemento al­
guno que [la] Corte pueda tomar en consideración para mejor resolver”. Agregó
que los hechos narrados por los representantes no poseían “un mínimo vínculo
fenomenológico con los hechos del proceso y, por el contrario, pretenden introdu­
cir a la litis hechos distintos a los que conforman su marco fáctico”. Finalmente,
hizo notar que los representantes no referían la forma en que la designación del
Clinic, Benjamín N. Cardozo School of Law, Human Rights Advocates, Deena Hurwitz, Immigration Clinic at The University of Maryland School of Law, The Immigration Justice Clinic, IMPACT
Personal Safety, The International Human Rights Clinic at Willamette University College of Law,
International Mental Disability Law Reform Project of New York Law School, The International
Women’s Human Rights Clinic at Georgetown Law, Latinojustice PRLDEF, Legal Services Clinic
at Western New England College School of Law, Leitner Center for International Law and Justice at
Fordham Law School, Bert B. Lockwood, Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic,
Yale Law School, Beth Lyon, Thomas M. McDonnell, The National Association of Women Lawyers,
Los Angeles Chapter of The National Lawyers Guild, The National Organization for Women, Noah
Novogrodsky, Jamie O´Connell, Sarah Paoletti, Jo M. Pasqualucci, Naomi Roht-Arriaza, Darren
Rosenblum, Susan Deller Ross, Seton Hall University School of Law Center for Social Justice, Gwy­
nne Skinner, Kathleen Staudt, Jeffrey Stempel, Maureen A. Sweeney, Jonathan Todres, The Urban
Morgan Institute for Human Rights, U.S. Human Rights Network, Penny M. Venetis, Deborah Weis­
sman, Richard J. Wilson, The Women’s Law Project, Women Lawyers Association of Los Angeles,
and World Organization for Human Rights USA. El mismo fue presentado por David S. Ettinger y
Mary-Christine Sungaila el 17 de julio de 2009.
19
Dicho escrito fue presentado por Leah Hoctor el 17 de julio de 2009.
20
Dicho escrito fue presentado por Widney Brown el 13 de julio de 2009.
21
Dicho escrito fue presentado el 21 de septiembre de 2009 por Clara Sandoval y estudiantes del
Centro de Derechos Humanos y la Facultad de Derecho de la Universidad de Essex, Carla Ferstman y Marta Valiñas de Redress, Javier Ciurlizza y Catalina Díaz del Centro Internacional para la
Justicia Transicional (ICTJ), Ruth Rubio Marín del Instituto Universitario Europeo, y a título
personal por Mariclaire Acosta, Ximena Andión Ibañez y Gail Aguilar Castañón.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
59
actual Procurador General de la República incidía o se encuentra relacionada
con algún hecho materia del presente asunto.
17. Al respecto, el Tribunal reitera que si bien los hechos supervinientes pueden ser planteados por las partes en cualquier estado del proceso, antes de la sentencia, “esto no quiere decir que cualquier situación o acontecimiento constituya un hecho superviniente para los efectos del proceso. Un hecho de esa índole
tiene que estar ligado fenomenológicamente a los hechos del proceso, por lo que
no basta que determinada situación o hecho tenga relación con el objeto del caso
para que este Tribunal pueda pronunciarse al respecto”. 22
18. De otra parte, la Corte resalta que en el presente caso su función es determinar, en ejercicio de su competencia contenciosa como tribunal internacional
de derechos humanos, la responsabilidad del Estado por las violaciones alegadas, y no la responsabilidad personal del señor Chávez Chávez u otros funcionarios públicos. Esa tarea es exclusiva del Estado, sin perjuicio de que este Tribunal pueda verificar si aquél ha cumplido o no con las obligaciones que al respecto
se derivan de la Convención Americana.
19. En razón de lo anterior, el Tribunal no admite el escrito de los representantes señalado en el párrafo 15 supra y se limitará a analizar los alegatos de las
partes relativos a la supuesta responsabilidad internacional del Estado.
III. Reconocimiento parcial de responsabilidad internacional
20. El Estado realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional en los siguientes términos:
El Estado reconoce que en la primera etapa de las investigaciones, entre el 2001 y
el 2003, se presentaron irregularidades. […]
[En] la segunda etapa de las investigaciones de estos tres casos, a partir del año
2004, […] se subsanaron plenamente las irregularidades, se reintegraron los expedientes y se reiniciaron las investigaciones con un sustento científico, incluso
con componentes de apoyo internacional.
[…]
El Estado reconoce que, derivado de las irregularidades antes referidas, se afectó la integridad psíquica y dignidad de los familiares de Claudia Ivette González,
Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez. No obstante, se
22
Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 67.
60
cndh/cmdpdh
exponen con amplitud los apoyos con recursos económicos, asistencia médica y
psicológica y asesoría jurídica que se ha venido prestando a los familiares de cada
una de las tres víctimas, constituyendo una reparación al daño causado.
Sin embargo, el Estado estima que en estos tres casos no puede alegarse en mo­
do alguno la configuración de violación al derecho a la vida, a la integridad personal, a la dignidad y a la libertad personal de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia
Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez. Por un lado, en ninguno de
los tres homicidios participaron agentes del Estado. Por otro lado, se presenta
amplia información que demuestra el pleno cumplimiento de la obligación de
medio del Estado a este respecto incluso, con los resultados contundentes de las
investigaciones y casos resueltos entre 1993 y esta fecha.
En el mismo sentido, el Estado ha emprendido acciones plenamente demostradas para proteger y promover los derechos de los niños, por lo que no se puede
declarar violación al artículo 19 de la Convención Americana en perjuicio de las
víctimas. En suma, el Estado no puede ser declarado responsable directa ni indirectamente de haber violado el derecho a la vida, integridad personal y libertad
personal en el caso sub judice.
21. En tal sentido, el Estado solicitó a la Corte que:
valore el reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención
Americana [sobre] Derechos Humanos, y 5 de la misma Convención respecto de
los familiares de Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal.
Declare la inexistencia de violaciones por parte del Estado mexicano a los artículos 4.1, 5.1, 7, 11 y 19 de la Convención Americana [sobre] Derechos Humanos
por lo que se refiere a Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y
Laura Berenice Ramos Monárrez.
Declare que el Estado ha cumplido con las obligaciones de prevención, investigación y reparación, contenidas en los artículos 4.1 y 5.1 en relación con el artícul­o
1.1 de la Convención Americana [sobre] de Derechos Humanos.
En el evento de que fuese declarado algún tipo de reparación, [solicitó] que
esta se fije atendiendo a los límites y consideraciones hechos valer por el Estado
[…], así como que se reconozcan los esfuerzos realizados por el Estado mexicano
para reparar a los familiares de las víctimas, incluso desde antes de que dicho proceso iniciara, y los múltiples acercamientos con los mismos para acordar una reparación adicional.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
61
22. La Comisión valoró el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por México, pues consideró que éste era “un paso positivo hacia
el cumplimiento con sus obligaciones internacionales”. No obstante, sin desestimar el valor y la trascendencia de dicho reconocimiento, la Comisión notó que el
mismo “deriva de una interpretación de los hechos diversa a la planteada en la demanda y en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas”. Agregó que “varios
de los argumentos expuestos por el Estado en el propio escrito de contestación a
la demanda controvierten los hechos supuestamente reconocidos”. Asimismo,
observó que por los términos del reconocimiento en cuestión “las implicaciones
jurídicas en relación con los hechos no han sido totalmente asumidas por el Estado, y tampoco la pertinencia de las reparaciones solicitadas por las partes”. En
consecuencia, la Comisión consideró que era “indispensable que el Tribunal resuelva en sentencia las cuestiones que permanecen en contención”.
23. Los representantes solicitaron “que se tome en consideración el reconocimiento de responsabilidad hecho por el Estado […] en su justa dimensión” y que
la Corte “se pronuncie sobre las violaciones a los derechos humanos de las víctimas ocurridas desde el día de su desaparición hasta la fecha”.
24. De conformidad con los artículos 53.2 y 55 del Reglamento, y en ejercicio
de sus poderes de tutela judicial internacional de los derechos humanos, la Corte puede determinar si un reconocimiento de responsabilidad internacional
efectuado por un Estado demandado ofrece base suficiente, en los términos de
la Convención, para continuar el conocimiento del fondo y determinar las eventuales reparaciones y costas.23
25. En ese sentido, la Corte observa que la frase “la procedencia del allanamiento”, así como el texto íntegro del artículo 55 del Reglamento, indican que
estos actos no son, por sí mismos, vinculantes para el Tribunal. Dado que los
procesos ante esta Corte se refieren a la tutela de los derechos humanos, cues23
El artículo 53.2 del Reglamento dispone que:
Si el demandado comunicare a la Corte su allanamiento a las pretensiones de la parte demandante y a las de los representantes de las presuntas víctimas, sus familiares o representantes, la
Corte, oído el parecer de las partes en el caso, resolverá sobre la procedencia del allanamiento y
sus efectos jurídicos. En este supuesto, la Corte procederá a determinar, cuando fuere el caso,
las reparaciones y costas correspondientes.
Por su parte, el artículo 55 del Reglamento establece que:
La Corte, teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger los derechos
humanos, podrá decidir que prosiga el examen del caso, aun en presencia de los supuestos señalados en los artículos precedentes.
62
cndh/cmdpdh
tión de orden público internacional que trasciende la voluntad de las partes, la
Corte debe velar porque tales actos resulten aceptables para los fines que busca
cumplir el sistema interamericano. En esta tarea el Tribunal no se limita únicamente a verificar las condiciones formales de los mencionados actos, sino que
los debe confrontar con la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las
exigencias e interés de la justicia, las circunstancias particulares del caso concreto y la actitud y posición de las partes.24
26. En el presente caso, la Corte considera que el reconocimiento parcial de
responsabilidad efectuado por el Estado constituye una contribución positiva al
desarrollo de este proceso, al buen despacho de la jurisdicción interamericana
sobre derechos humanos, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana y a la conducta a la que están obligados los Estados en esta ma­
teria,25 en virtud de los compromisos que asumen como partes en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.26
27. En lo que se refiere a los hechos, la Corte observa que el Estado admitió,
en términos generales, los hechos de contexto relativos a la violencia contra las
mujeres en Ciudad Juárez, particularmente los homicidios que se han registrado
desde el inicio de los años 90, así como los hechos referentes a lo que el Esta­
do denomina “primera etapa” de las investigaciones de los crímenes perpetrados
en contra de las tres víctimas, que abarca el período 2001 a 2003. Además, México aceptó los hechos relativos a la afectación de la integridad psíquica y dignidad
de los familiares de las tres víctimas.
28. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal nota que si bien el Estado aceptó
en términos generales dichos hechos, en su argumentación posterior relativa al
fondo del asunto controvirtió hechos específicos de contexto o de la “primera
etapa” de las investigaciones. Por ello, la Corte determinará en los siguientes capítulos todo el marco fáctico de este caso y hará las especificaciones correspondientes cuando un hecho se toma como establecido, con base en la aceptación
del Estado, o como probado, de acuerdo a la evidencia aportada por las partes.
24
Cfr. Caso Kimel vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie
C No. 177, párr. 24, y Caso Ticona Estrada vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27
de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 21.
25
Cfr. Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia. Fondo. Sentencia de 26 de enero de 2000. Serie C No. 64, párr.
42; Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No.171. párr 24, y Caso Kimel vs. Argentina, supra nota 24, párr. 25.
26
Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, párr. 84; Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, supra nota 25,
párr. 24, y Caso Kimel vs. Argentina, supra nota 24, párr. 25.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
63
29. En lo que se refiere a las pretensiones de derecho, el Tribunal declara que
ha cesado la controversia sobre la violación de los artículos 5.1, 8.1, 25.1 de la
Convención Americana, en perjuicio de los familiares de las víctimas identificados supra párr 9, por las violaciones aceptadas por el Estado en la “primera etapa”
de las investigaciones. De otra parte, declara que subsiste la controversia en torno a las alegadas violaciones de los artículos 4, 5, 7, 11 y 19 de la Convención Ame­
ricana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y el artículo 7 de la Convención Belém do Pará. También subsiste la controversia en torno a la alegada
violación del artículo 5 de la Convención Americana por hechos distintos a los
reconocidos por el Estado, respecto a los familiares de las víctimas, así como la
controversia relativa a la alegada violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, respecto a la “segunda
etapa” de las investigaciones.
30. Finalmente, en cuanto a las pretensiones de reparaciones, el Estado aceptó que tiene el deber de reparar las violaciones por él aceptadas e indicó una serie
de medidas reparatorias que ha realizado o que ofrece realizar, lo cual será valorado en el capítulo IX de esta Sentencia, conforme a los argumentos y prueba
presentados por las partes.
IV. Excepción preliminar
(Incompetencia ratione materiae de la Corte)
31. El Estado alegó la incompetencia de la Corte para “determinar violaciones” a
la Convención Belém do Pará. Ello fue rechazado por la Comisión y los representantes, quienes alegaron la competencia de la Corte respecto al artículo 7 de
dicha Convención. Los representantes alegaron que, además, la Corte tiene com­
petencia para “conocer de violaciones” al artículo 9 y “aplicar el artículo 8” de dicha Convención.
32. Para resolver controversias sobre la interpretación de normas, la Corte ha
invocado27 la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En lo pertinente, esta Convención señala:
Artículo 31. Regla general de interpretación. 1. Un tratado deberá interpretarse
de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos
del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
27
Cfr. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C
No. 54, párr. 38, y Caso Blake vs. Guatemala. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas.
Sentencia de 1 de octubre de 1999. Serie C No. 57, párr. 21.
64
cndh/cmdpdh
[…]
Artículo 32. Medios de interpretación complementarios. Se podrán acudir a
medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando
la interpretación dada de conformidad con el artículo 31:
a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o
b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.
33. La Convención de Viena contiene una regla que debe interpretarse como
un todo. El sentido corriente de los términos, la buena fe, el objeto y fin del tratado y los demás criterios confluyen de manera unida para desentrañar el significado de una determinada norma. Por otra parte, la Corte recalca que el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos se compone tanto de un conjunto de
reglas (las convenciones, pactos, tratados y demás documentos internacionales),
como de una serie de valores que dichas reglas pretenden desarrollar. La interpre­
tación de las normas se debe desarrollar entonces también a partir de un modelo
basado en valores que el Sistema Interamericano pretende resguardar, desde el
“mejor ángulo” para la protección de la persona. En este sentido, el Tribunal, al
enfrentar un caso como el presente, debe determinar cuál es la interpretación
que se adecua de mejor manera al conjunto de las reglas y valores que componen
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Concretamente, en este
caso, el Tribunal debe establecer los valores y objetivos perseguidos por la Convención Belém do Pará y realizar una interpretación que los desarrolle en la mayor medida. Ello exige la utilización en conjunto de los elementos de la norma de
interpretación del artículo 31 citado (supra párr. 32).
34. Teniendo en cuenta lo anterior, en primer lugar el Tribunal analizará su
competencia respecto al artículo 7 de la Convención Belém do Pará, para luego
dirimir lo pertinente en torno a los artículos 8 y 9 del mismo tratado.
1. Competencia contenciosa del Tribunal respecto al artículo
7 de la Convención Belém do Pará
1.1. La regla general de competencia expresa y el criterio literal
de interpretación
35. El Estado alegó que la Corte sólo puede interpretar y aplicar la Convención
Americana y los instrumentos que expresamente le otorguen competencia. Además, señaló que la Corte, “ejerciendo su facultad consultiva” puede “conocer e
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
65
interpretar tratados distintos” a la Convención Americana, pero “la facultad de
sancionar otros tratados no es extensiva cuando la misma ejerce su jurisdicción
contenciosa”, toda vez que “el principio fundamental que rige la competencia jurisdiccional de la misma es la voluntad [o aceptación expresa] del Estado de someterse a ella”. Agregó que el principio de seguridad jurídica “garantiza no sólo
la estabilidad del sistema interamericano” sino “la certeza en las obligaciones
que derivan para el Estado por someterse a los órganos internacionales de protección a los derechos humanos”.
36. El Tribunal considera que el Estado tiene razón respecto a que la Convención Americana establece en su artículo 62 una regla de competencia expresa,
según la cual la competencia de la Corte debe ser establecida por “declaración
especial” o por “convención especial”.
37. México alega que cada tratado interamericano requiere una declaración
específica de otorgamiento de competencia a la Corte. Al respecto, el Tribunal
resalta que en el caso Las Palmeras vs. Colombia ratificó la posibilidad de ejercer
su competencia contenciosa respecto a otros instrumentos interamericanos distintos a la Convención Americana, en el contexto de instrumentos que establezcan un sistema de peticiones objeto de supervisión internacional en el ámbito
regional.28 En este sentido, la declaración especial para aceptar la competencia
contenciosa de la Corte según la Convención Americana, teniendo en cuenta el
artículo 62 de la misma, permite que el Tribunal conozca tanto de violaciones a
la Convención como de otros instrumentos interamericanos que le otorguen com­
petencia.
38. Corresponde entonces analizar cómo se establece la competencia para el
trámite de peticiones en la Convención Belém do Pará. Los artículos pertinentes de dicho instrumento señalan lo siguiente:
capítulo iv. mecanismos interamericanos de protección
Artículo 10. Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre
de violencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados Partes deberán incluir información sobre las medidas adoptadas
para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación
de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer.
28
Cfr. Caso Las Palmeras vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de febrero de 2000.
Serie C No. 67, párr. 34.
66
cndh/cmdpdh
Artículo 11. Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención.
Artículo 12. Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente
Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de acuerdo con
las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración
de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (subrayados fuera del texto).
39. El Estado señaló que el citado artículo 12 “menciona expresa y exclusivamente a la Comisión Interamericana como el órgano encargado de la protección
de la Convención, mediante el procedimiento de peticiones individuales”, lo
cual “no deja lugar a dudas” y lleva a la conclusión de que la Corte “es incompetente” para conocer de violaciones a dicho instrumento. Explicó que “[s]i la intención de los Estados […] hubiera sido la de otorgarle competencia a [la] Corte,
no sólo se habría señalado [expresamente], sino que a la par de la Convención
Americana, el Estatuto y del Reglamento de la Comisión, necesariamente se hubieran incluido también el Estatuto y el Reglamento de la Corte”.
40. El Tribunal considera errados los alegatos del Estado. La Convención Bélem do Pará establece que la Comisión considerará las peticiones respecto de su
artículo 7 “de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la
presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana […] y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión”. Esta formulación
no se excluye ninguna disposición de la Convención Americana, por lo que habrá que concluir que la Comisión actuará en las peticiones sobre el artículo 7 de
la Convención Bélem do Pará “de conformidad con lo dispuesto en los artículos
44 al 51 de [la Convención Americana]”, como lo dispone el artículo 41 de la mis­
ma Convención. El artículo 51 de la Convención y el artículo 44 del Reglamento
de la Comisión se refieren expresamente al sometimiento de casos ante la Corte
cuando ocurre incumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo al
que se refiere el artículo 50 de la Convención Americana. Asimismo, el artículo
19.b del Estatuto de la Comisión establece que entre las atribuciones de la Comisión está la de “comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos previstos en la Convención”.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
67
41. En suma, parece claro que el tenor literal del artículo 12 de la Convención
Belém do Pará concede competencia a la Corte, al no exceptuar de su aplicación
ninguna de las normas y requisitos de procedimiento para las comunicaciones
individuales.
42. Ahora bien, aunque el texto parezca literalmente claro, es necesario analizarlo aplicando todos los elementos que componen la regla de interpretación del
artículo 31 de la Convención de Viena (supra párr. 32). También lo ha dicho este
Tribunal al señalar que el “sentido corriente” de los términos no puede ser una
regla por sí misma sino que debe involucrarse dentro del contexto y, en especial,
dentro del objeto y fin del tratado, de manera tal que la interpretación no conduzca de manera alguna a debilitar el sistema de protección consagrado en la
Convención.29
1.2. Interpretación sistemática
43. La Corte resalta que, según el argumento sistemático, las normas deben ser
interpretadas como parte de un todo cuyo significado y alcance deben fijarse en
función del sistema jurídico al cual pertenecen.
44. El Estado alegó que “acept[ó] la jurisdicción” de la Corte “exclusivamente
para casos que versen sobre la interpretación o aplicación de la Convención
Americana y no así sobre tratado o instrumento internacional distinto”. De otra
parte, México argumentó que es posible la no judicialización del sistema de peticiones incluido en la Convención Belém do Pará, teniendo en cuenta instrumentos internacionales de derechos humanos que “no establecen mecanismos ipso
jure para el sometimiento de peticiones a tribunales internacionales”, que incluso han establecido “Protocolos” que incluyen “comités ad hoc para analizar peticiones individuales”. Destacó que “no debe olvidarse que estos no son órganos
jurisdiccionales sino que mantienen estructuras, procedimientos y facultades
similares a las de la Comisión Interamericana”.
45. En el sistema interamericano existen tratados que no establecen como
mecanismo de protección ninguna referencia al trámite de peticiones individua29
Cfr. “Otros tratados” objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 1, párrs. 43
a 48; Restricciones a la Pena de Muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-3/83 de 8 de septiembre de 1983. Serie A No. 3, párrs. 47 a 50; Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párrs. 20 a 24, y, entre otros, Caso
Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie
C No. 1, párr. 30.
68
cndh/cmdpdh
les, tratados que permiten trámite de peticiones, pero la restringen para ciertos
derechos y tratados que permiten trámite de peticiones en términos generales.
46. En el primer supuesto se encuentra la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad (en adelante la “CIETFDPD”), cuyo artículo VI establece que un
Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad “será el foro para examinar el progreso registrado”
en la aplicación de la Convención. En este tratado no se hace mención al trámite
de peticiones individuales que denuncien la violación de dicha Convención.
47. Un segundo supuesto se encuentra en tratados que otorgan competencia
para el trámite de peticiones pero las restringen ratione materiae a ciertos derechos. Así, por ejemplo, el artículo 19.6 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, permite la presentación de denuncias sólo respecto al derecho a la educación y los derechos sindicales.
48. En el tercer supuesto se encuentran la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante la “CIPST”), la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante “CIDFP”) y la
Convención Belém do Pará. Estos tratados contienen normas de jurisdicción diferentes a las de la Convención Americana, tal como se explica a continuación.
49. El Estado alegó la “inaplicabilidad” de los criterios utilizados por la Corte
respecto a la “aplicación” de la CIPST y la CIDFP, teniendo en cuenta que éstas
“contienen cláusulas distintas” al artículo 12 de la Convención Belém do Pará,
mientras que éste restringe la posibilidad únicamente a la Comisión Interamericana, razón por la cual se aplica el criterio interpretativo conforme al cual “la
mención expresa de una circunstancia excluye a las demás” y “la expresión especial impide toda interpretación extensiva”.
50. El Tribunal constata que la CIDFP, en su artículo XIII, señala que las peticiones estarán sujetas a las normas de procedimiento de la Comisión y de la
Corte, razón por la cual se ha declarado su violación en algunos casos. 30
51. De otro lado, el artículo 8 de la CIPST autoriza el acceso “a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por [el] Estado” al que se
atribuye la violación de dicho tratado. Dicha Convención no menciona a la Corte
Interamericana en ninguno de sus artículos. Sin embargo, la Corte ha declarado
30
Cfr. Caso Gómez Palomino vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de
2005. Serie C No. 136, párr. 110; Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia, supra nota 24, párr. 85, y
Caso Anzualdo Castro vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22
de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 61.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
69
la violación de dichos tratados en diversos casos utilizando un medio de interpretación complementario (los trabajos preparatorios) ante la posible ambigüedad de la disposición. 31
52. La Corte considera que, a diferencia de lo que señala México, la Convención Bélem do Pará hace mención aun más explícita que la CIPST a la jurisdicción de la Corte, puesto que alude expresamente a las disposiciones que permiten a la Comisión enviar dichos casos a la Corte.
53. De otra parte, el Estado alegó que si bien la Convención Belém do Pará señala que la Comisión deberá conocer de las peticiones de conformidad con las
normas y procedimientos establecidos en la Convención Americana, “ello sólo
puede significar que deberá acogerse a lo establecido en la Sección 4 del Capítulo VII de la Convención Americana”, pues “es ahí donde se establecen las reglas
que norman el procedimiento de una petición individual”. México alegó que el
hecho de que la Comisión pueda someter un caso a la Corte “no debe confundirse” con el procedimiento de peticiones individuales. Por el contrario, señaló el
Estado, “el artículo 12 de la Convención de Belém do Pará es aquel en el que la
Comisión ejerce sus funciones cuasijurisdiccionales”, y que “el hecho de que el
trámite de una petición ante la Comisión Interamericana pudiera derivar en un
caso ante la Corte […] no implica que el procedimiento ante la Comisión dependa del proceso ante la Corte”, lo cual “es evidente en tanto que la conclusión de
una petición no siempre es una sentencia de la Corte”.
54. A partir de una interpretación sistemática, nada en el artículo 12 apunta
hacia la posibilidad de que la Comisión Interamericana aplique el artículo 51 de
la Convención Americana de manera fragmentada. Es cierto que la Comisión
Interamericana puede decidir no enviar un caso a la Corte, pero ninguna norma
de la Convención Americana ni el artículo 12 de la Convención Belém do Pará
prohíben que un caso sea transmitido al Tribunal, si la Comisión así lo decide.
El artículo 51 es claro en este punto.
55. La Corte reitera su jurisprudencia en torno a la “integridad institucional
del sistema de protección consagrado en la Convención Americana”. Ello significa, por un lado, que el sometimiento de un caso contencioso ante la Corte respecto a un Estado Parte que haya reconocido la competencia contenciosa del
Tribunal requiere del desarrollo previo del procedimiento ante la Comisión. 32
31
Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19
de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párrs. 247 y 248.
32
Asunto de Viviana Gallardo y otras. Serie A No.G 101/81, párrs. 12.b), 16, 20, 21 y 22, y Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7
de febrero de 2006. Serie C No. 144, párr. 174.
70
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De otra parte, la competencia asignada a la Comisión por el inciso f del artículo
41 convencional abarca los diversos actos que culminan en la presentación de
una demanda ante la Corte para recabar de ésta una resolución jurisdiccional.
Este artículo se refiere a un ámbito en el que se actualizan las atribuciones tanto
de la Comisión como de la Corte, en sus respectivos momentos. Cabe recordar
que la Corte es el único órgano judicial en estas materias. 33
56. Lo anterior no quiere decir que un Estado Parte que no haya reconocido
la jurisdicción contenciosa de la Corte según la Convención Americana y haya
ratificado, por ejemplo, la Convención Belém do Pará, pueda ser objeto de la jurisdicción contenciosa de este Tribunal. En ese caso, la aplicación del artículo 51
se hace imposible, puesto que para que ese componente del artículo 51 opere, se
requiere haber cumplido con lo dispuesto por el artículo 62 de la Convención
Americana.
57. Asimismo, el Tribunal reitera que haber conferido competencia a la Corte
según la Convención Americana es garantizar que en los eventos en los que se
establezca un sistema de peticiones, de ser pertinente, se garantice el control judicial de la Corte en la materia. Distinto sería en aquellos instrumentos en los
que no se establece un sistema de peticiones como mecanismo de protección, tal
como ocurre con la CIETFDPD.
58. En conclusión, una interpretación sistemática de las normas relevantes
para resolver esta controversia permite respaldar aún más la competencia contenciosa de la Corte respecto al artículo 7 de la Convención Belém do Pará.
1.3. Interpretación teleológica y principio del efecto útil
59. En una interpretación teleológica se analiza el propósito de las normas involucradas, para lo cual es pertinente analizar el objeto y fin del tratado mismo y,
de ser pertinente, analizar los propósitos del sistema regional de protección. En
este sentido, tanto la interpretación sistemática como la teleológica están directamente relacionadas.
60. El Estado indicó que si bien “el objeto y fin de la Convención de Belém do
Pará es la eliminación total de la violencia contra la mujer”, “no puede confundirse ese fin último […] con la judicialización del sistema de derechos y obligaciones que rige al instrumento”.
61. El fin del sistema de peticiones consagrado en el artículo 12 de la Convención Belém do Pará es el de fortalecer el derecho de petición individual inter­
nacional a partir de ciertas precisiones sobre los alcances del enfoque de género.
33
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, supra nota 29, párr. 45.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
71
La adopción de esta Convención refleja una preocupación uniforme en todo el
hemisferio sobre la gravedad del problema de la violencia contra la mujer, su relación con la discriminación históricamente sufrida y la necesidad de adoptar es­
trategias integrales para prevenirla, sancionarla y erradicarla. 34 En consecuencia,
la existencia de un sistema de peticiones individuales dentro de una convención
de tal tipo, tiene como objetivo alcanzar la mayor protección judicial posible,
respecto a aquellos Estados que han admitido el control judicial por parte de la
Corte.
62. En este punto es fundamental tener presente la especificidad de los tratados de derechos humanos y los efectos que ello tiene sobre su interpretación y
aplicación. Por una parte, el objeto y fin es la protección de los derechos humanos de los individuos; por la otra, significa la creación de un orden legal en el cual
los Estados asumen obligaciones no en relación con otros Estados, sino hacia los
individuos bajo su jurisdicción. 35 Además, estos tratados se aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva. 36
63. En el presente caso el Estado señaló que la interpretación teleológica deriva de que, mientras el artículo 12 es omiso en señalar a la Corte, “el artículo 11 sí
le otorga competencia exclusiva para emitir opiniones consultivas”, lo cual indica que “la intención de las partes en el tratado era precisamente delimitar las facultades de la Corte a su función consultiva”. Por su parte, la Comisión y los representantes señalaron que la Corte no puede dejar de asumir competencia para
conocer de violaciones a la Convención Belém do Pará, pues ello desconocería el
“principio del efecto útil”. Sobre esto último, el Estado señaló que “el efecto útil
se encuentra ya garantizado en la Convención y la aplicación del mismo no implica que la Corte ejerza su jurisdicción sobre la misma”; toda vez que ello sería
“desconocer y descalificar” las funciones que desempeñan la Comisión Interamericana de Mujeres y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el
marco de los mecanismos de protección establecidos por la Convención Belém
do Pará.
64. La alegación que el Estado hace en el sentido de que la Corte no tendría
competencia contenciosa porque el artículo 11 de la Convención Bélem do Pará
sólo se refiere a la jurisdicción consultiva de la Corte, no apoya esta posición,
sino que, por el contrario, la contradice. En efecto, la competencia consultiva no
34
Preámbulo de la Convención Belém do Pará.
Cfr. “Otros tratados” objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre
Derechos Humanos), supra nota 29, párr. 29.
36
Cfr. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999.
Serie C No. 55, párr. 41, y Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, supra nota 27, párr. 42.
35
72
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está incluida en los artículos 44 a 51 de la Convención Americana, por lo cual era
necesario establecerla expresamente en otra disposición.
65. Con respecto al efecto útil, la Corte reitera lo señalado en su primer fallo
contencioso, en el sentido de que una finalidad inherente a todo tratado es la de
alcanzar este efecto. 37 Ello es aplicable a las normas de la Convención Americana relacionadas con la facultad de la Comisión de someter casos a la Corte. Y es
ésta una de las normas a la que remite la Convención Belém do Pará.
1.4. Criterio complementario de interpretación: los trabajos
preparatorios de la Convención Belém do Pará
66. El Estado manifestó que “los representantes de los Estados discutieron ampliamente la forma en la que se podrían reclamar violaciones […], concluyendo
que la Comisión sería el único órgano competente para conocer de estas quejas,
manifestando su “inconformidad de otorgar facultades jurisprudenciales a la
Corte Interamericana para revisar posibles violaciones” de dicha Convención.
Además, según el Estado, el artículo incluido en el anteproyecto de dicha Convención que facultaba a esta Corte para conocer violaciones a la misma, “no fue
incluido en el proyecto final de la [C]onvención”. Asimismo, indicó que “la facultad de aceptar la competencia obligatoria de un tribunal es un acto soberano
de cada Estado que no encuentra más límites que la voluntad misma del Estado”.
Concluyó que “es evidente que fue la intención de los Estados signatarios delimitar la competencia exclusiva de la Comisión para conocer sobre peticiones individuales referentes a presuntas violaciones a [dicha] Convención”.
67. La Comisión refutó los argumentos del Estado relativos a los travaux préparatoires de la Convención Belém do Pará y consideró que “en ningún momento los Estados discutieron […] la posibilidad de excluir la competencia material
de la Corte […] para conocer sobre el incumplimiento de las obligaciones emanadas de [dicha] Convención”. Los representantes no ofrecieron alegatos en este
punto.
68. La Corte observa que la Convención de Viena exige acudir a los trabajos
preparatorios solo en forma subsidiaria. En el presente caso, no sería necesario
hacerlo teniendo en cuenta lo analizado hasta el momento. Sin perjuicio de ello,
el Tribunal estudiará los trabajos preparatorios para responder a los alegatos
presentados por el Estado.
69. El “Texto aprobado por mayoría” en la “Reunión Intergubernamental de
Expertos” convocada en octubre de 1993 para revisar el proyecto de Conven37
Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, supra nota 29, párr. 30.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
73
ción Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, señalaba lo siguiente:
Artículo 15. Todo Estado Parte puede, en cualquier momento y de acuerdo con
las normas y los procedimientos estipulados en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y
sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la presente Convención. 38
70. El 26 de octubre de 1993 la delegación de México presentó una propuesta
relacionada con las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y la Comisión Interamericana de Mujeres (en adelante “CIM”). 39 En
particular, la propuesta de México se dirigía a que se creara un Comité sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer que auxiliara a la CIM en el examen
de informes nacionales y que revisara denuncias o quejas relativas a la Convención, presentando “un dictamen sobre [dichas denuncias] a la [CIM], con vistas
a la presentación del o los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos”.40 Por su parte, la delegación de Brasil informó que “reserva[ba] su
posición” frente a dicho artículo 15 del anteproyecto.41
71. De otra parte, uno de los documentos analizados en la VI Asamblea Extraordinaria de Delegadas que durante 1994 analizó el anteproyecto de Convención, incluye los comentarios de algunos Gobiernos a dicho documento.42 Trini38
Cfr. Comisión Interamericana de Mujeres, VI Asamblea Extraordinaria de Delegadas, Texto Preliminar Inicial y la Última Versión de Proyecto de Texto para la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer (Punto 1 del temario), OEA/Ser.L/II.3.6
CIM/doc.9/94, 13 de abril de 1994, p. 16.
39
Cfr. Comisión Interamericana de Mujeres, Informe Preliminar de la Segunda Sesión de la Reunión
Intergubernamental de Expertos para Considerar el Anteproyecto de Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, OEA/Ser.L/II.7.5 CIM/Recovi/
doc.36/93 corr. 2, 14 de abril de 1994. Ver en particular, Anexo I, Grupo de Trabajo II, Propuestas
de reforma presentadas por la delegación de México a los artículos 13 al 16 del capitulo IV del proyecto
de Convención, WG-II/doc. 5/93 26 octubre 1993, pp. 12 y 13.
40
Cfr. Comisión Interamericana de Mujeres, Anexo I, Grupo de Trabajo II, Propuestas de reforma
presentadas por la delegación de México a los artículos 13 al 16 del capitulo IV del proyecto de Convención, supra nota 39, p. 13.
41
Cfr. Comisión Interamericana de Mujeres, VI Asamblea Extraordinaria de Delegadas, supra nota
38, p. 16.
42
Cfr. Comisión Interamericana de Mujeres, VI Asamblea Extraordinaria de Delegadas, Comentarios Recibidos de los Gobiernos al Proyecto de Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
74
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dad y Tobago apoyó la propuesta de México, mientras que Antigua y Barbuda,
Bahamas, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay,
Santa Lucía, Uruguay y Venezuela señalaron su acuerdo con el anteproyecto.
Chile presentó observaciones que no se relacionaban con los mecanismos de
protección. St. Kitts y Nevis se “reserv[ó] el derecho de tomar una decisión sobre
los Artículos 13 a 15 del Proyecto de Convención, y sobre las modificaciones
propuestas al mismo”. Barbados y Dominica manifestaron que se entendía que
el trámite de peticiones individuales estaba regulado por la Convención Americana. Por su parte, Perú consideraba pertinente un “proyecto de procedimiento
que debiera seguirse ante la CIDH” o “el establecimiento de una relatoría ad-hoc
para el caso específico de las denuncias”.
72. El 19 de abril de 1994 se reunieron las delegadas de la CIM a discutir el
proyecto de Convención y procedieron a una votación nominal de los diversos
artículos. Participaron 22 países miembros de la OEA. Respecto al artículo 15
del Proyecto, la votación tuvo como resultado: “16 votos a favor, uno en contra y
cuatro abstenciones”.43 En un “acta resumida” de dicha votación, se indicó que el
artículo “no fue aprobado” porque se “requer[ían] 18 votos a favor para aprobar
una moción”. La Corte observa que no es correcto sostener que no hubo una mayoría a favor de la aprobación de dicho artículo, sino sólo que no se obtuvo la
cantidad de votos suficientes.
73. Los trabajos preparatorios, por ende, en tanto se relacionan con un método subsidiario de interpretación, son completamente insuficientes como fundamento sólido para desechar la interpretación realizada del artículo 12 de la Convención Bélem do Pará. Por tal motivo, la Corte acudió a todos los elementos
primarios de interpretación de la Convención de Viena.
1.5. Efectos del precedente establecido en la sentencia
del caso Penal Miguel Castro Castro
74. El Estado señaló que en el caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú la Corte
“no analizó su competencia para conocer de la Convención de Belém do Pará”,
Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Punto 1 del temario), OEA/Ser.L/II.3.6 CIM/doc.4/94, 4
de abril de 1994.
43
Cfr. Comisión Interamericana de Mujeres, VI Asamblea Extraordinaria de Delegadas, Acta Resumida de la Segunda Sesión Plenaria, OEA/Ser.L/II.3.6 CIM/doc.24/94, rev.1, 6 de junio de 1994.
Los países que votaron a favor fueron: Ecuador, Bolivia, Trinidad y Tobago, Barbados, República
Dominicana, Guatemala, Argentina, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Dominica, Venezuela, Chile, St. Kittes y Nevis, Perú, Uruguay. El único país que votó en contra fue Brasil. Se abstuvieron de
votar los siguientes países: México, Estados Unidos, Canadá y Jamaica.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
75
razón por la cual “no existe evidencia de los motivos por los que ejerció su competencia”. Además, alegó que el hecho de que en dicho caso “no [se] haya objetado la competencia de es[t]a Corte y que ésta tampoco la analizara, no debe ser
obstáculo para que la Corte atienda la objeción del Estado” en este caso y “declare su incompetencia”.
75. En el caso del Penal Miguel Castro Castro el Tribunal declaró violada la
Convención Belém do Pará, lo que es equivalente a declarar su competencia sobre ella. Asimismo, la Corte resalta que no sólo en dicho caso ha establecido su
competencia en la materia. En efecto, en los casos Ríos y otros vs. Venezuela y Perozo y otros vs. Venezuela, si bien la Corte declaró que “no correspond[ía] analizar
los hechos de [dichos casos] bajo las […] disposiciones de la Convención de Belém do Pará”44 porque no se demostró que las agresiones fueron “especialmente
dirigid[as] contra las mujeres” ni que “éstas se hayan debido a su condición [de
mujer]”,45 esta conclusión de no violación fue posible a partir del análisis de dicha Convención. En ello se proyectó entonces la competencia del Tribunal sobre la misma.
76. En consecuencia, si bien es cierto que en el caso del Penal Miguel Castro
Castro vs. Perú no se realizó un análisis exhaustivo de la competencia del Tribunal para conocer de violaciones al artículo 7 de la Convención Belém do Pará,
que en su momento se consideró innecesario ante la falta de controversia de las
partes, en el presente caso, en el que México ha cuestionado dicha competencia,
la Corte ha expuesto los motivos que le llevan a reafirmar su jurisprudencia en la
materia.
***
77. Todo lo anterior permite concluir que la conjunción entre las interpretaciones sistemática y teleológica, la aplicación del principio del efecto útil, sumadas
a la suficiencia del criterio literal en el presente caso, permiten ratificar la competencia contenciosa de la Corte respecto a conocer de violaciones del artículo 7
de la Convención Belém do Pará.
44
Caso Ríos y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 279 y Caso Perozo y otros vs. Venezuela, supra nota 22,
párr. 296.
45
Caso Ríos y otros vs. Venezuela, supra nota 44, párr. 280 y Caso Perozo vs. Venezuela, supra nota 22,
párrs. 295 y 296.
76
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2. Incompetencia del Tribunal respecto a los artículos 8 y 9
de la Convención Belém do Pará
78. La Comisión Interamericana no alegó la competencia contenciosa de la Corte respecto a los artículos 8 y 9 de la Convención Belém do Pará. Por su parte, los
representantes aludieron a dicha competencia, teniendo en cuenta la “relación
directa” del artículo 9 con el artículo 7 de dicha Convención, en razón de una
“interpretación pro personae” del artículo 12 y del principio del efecto útil. Agregaron que la Corte debe “asumir en conjunto ambos artículos para conocer de
las violaciones alegadas”.
79. La Corte considera que los criterios sistemáticos y teleológicos son insuficientes para superponerse a lo que indica claramente el tenor literal del artículo
12 de la Convención Belém do Pará, donde se señala que el sistema de peticiones
se concentrará exclusivamente en la posible violación del artículo 7 de dicha
Convención. Al respecto, la Corte resalta que a partir del principio de interpretación más favorable no se puede derivar un enunciado normativo inexistente,
en este caso, la integración de los artículos 8 y 9 al tenor literal del artículo 12.
Ello no obsta a que los diversos artículos de la Convención Belém do Pará sean
utilizados para la interpretación de la misma y de otros instrumentos interamericanos pertinentes.
***
80. Por todo lo expuesto el Tribunal decide aceptar parcialmente la excepción
preliminar interpuesta por el Estado y, por ende, declarar que: a) tiene competencia contenciosa en razón de la materia para conocer de alegadas violaciones
al artículo 7 de la Convención Belém do Pará, y b) no tiene competencia contenciosa en razón de la materia para conocer de supuestas violaciones a los artículos
8 y 9 de dicho instrumento internacional.
V. Competencia
81. La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de
la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que México es Estado
Parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981 y reconoció la
competencia contenciosa del Tribunal el 16 de diciembre de 1998. Asimismo, el
Estado ratificó la Convención Belém do Pará el 12 de noviembre de 1998.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
77
VI. Prueba
82. Con base en lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, así como
en su jurisprudencia respecto de la prueba y su apreciación,46 la Corte examinará y valorará los elementos probatorios documentales remitidos por las partes en
diversas oportunidades procesales, así como las declaraciones rendidas mediante affidávit y en audiencia pública. Para ello, el Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco legal correspondiente.47
1. Prueba testimonial y pericial
83. Fueron recibidas las declaraciones escritas de los siguientes testigos y peritos:
a) Luis Alberto Bosio. Testigo propuesto por la Comisión. Declaró, inter alia,
sobre “los reconocimientos médico forenses y dictámenes médico óseos
en antropología forense que practicó en relación con varios de los restos
encontrados en el denominado ‘Campo Algodonero’ entre el 6 y 7 de noviembre de 2001; las conclusiones a las que arribó, y la compatibilidad de
los exámenes realizados con anterioridad, respecto de los mismos restos,
con los estándares internacionales aplicables en la materia”.
b)Mercedes Doretti. Testigo propuesta por la Comisión. Declaró, inter alia,
sobre “las investigaciones desarrolladas por el EAAF [Equipo Argentino
de Antropología Forense] en relación con los homicidios de mujeres y niñas cometidos en el Estado de Chihuahua, México; el proceso de identificación de las víctimas de tales crímenes; la conducta y niveles de colaboración de las autoridades frente a tales investigaciones, y las conclusiones a
las que ha arribado el EEAF a partir de sus investigaciones”.
c) Carlos Castresana Fernández. “[M]iembro del equipo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) que fiscalizó en el
46
Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 50; Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y
Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, párr. 22, y Caso Escher y otros vs. Brasil. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 199, párr.
55.
47
Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala, supra nota 46, párr. 76;
Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 26, y Caso Escher y otros vs. Brasil, supra nota 46,
párr. 55.
78
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2003 las investigaciones adelantadas en el ámbito interno en relación con
los homicidios de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, incluidos los casos de
Campo Algodonero”. Perito propuesto por la Comisión. Declaró, inter
alia, sobre “la debida diligencia en los procesos de investigación de crímenes de esta naturaleza; y la conducción de las investigaciones en los Casos
del Campo Algodonero a la luz de los estándares internacionales aplicables a
la materia”.
d)Servando Pineda Jaimes. “Director de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez”. Perito propuesto por la Comisión. Declaró, inter alia, sobre “las causas y consecuencias del fenómeno de
las desapariciones y homicidios de mujeres y niñas en el Estado de Chihua­
hua; y los patrones socioculturales que condicionan las actuaciones judiciales y de la policía respecto de este tipo de casos”.
e) Clyde Snow. “Antropólogo forense”. Perito propuesto por la Comisión. Declaró, inter alia, sobre “los estándares internacionales aplicables a la identificación de los restos de víctimas de crímenes violentos; la preservación
correcta de evidencia esencial en este tipo de casos; [y] el proceso de identificación genética de restos humanos”.
f) Oscar Máynez Grijalva. Testigo propuesto por los representantes. Declaró,
inter alia, sobre “el proceso de levantamiento de los cuerpos, el manejo institucional del caso durante el tiempo en que él se desempeñó como servidor público, las [supuestas] presiones de las autoridades para dar una respuesta pronta; las [alegadas] anomalías e irregularidades que le constan;
el motivo de su renuncia; [y] las [presuntas] presiones por parte de las autoridades”.
g)Ana Lorena Delgadillo Pérez. Testigo propuesta por los representantes. Declaró, inter alia, sobre “el desempeño institucional de las autoridades (federales y locales) involucradas en la investigación y juzgamiento del caso;
la forma de atención y trato a los familiares de las víctimas por parte de las
diversas instancias de gobierno que intervinieron en el caso; las [alegadas]
dificultades de las familias [para lograr] acceso a la justicia; la colaboración de las diversas autoridades entre s[í]; [y] la necesidad de mecanismos
nacionales eficientes para la búsqueda de mujeres desaparecidas”.
h)Abraham Hinojos. Testigo propuesto por los representantes. Declaró, inter
alia, sobre “elementos [supuestamente] valiosos sobre todos [los] elementos que integran la impunidad en el caso: víctimas y fabricación de culpables”.
i) Rosa Isela Pérez Torres. Testigo propuesta por los representantes. Declaró,
inter alia, sobre “[su documentación de] la violencia contra las mujeres en
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
79
Ciudad Juárez y las [supuestas] actuaciones irregulares de las autoridades
locales y federales” y “la [presunta] influencia del gobierno del Estado en
el manejo de la información en los medios de comunicación sobre la violencia contra las mujeres, en especial sobre los homicidios de mujeres registrados desde 1993”.
j) Elizabeth Lira Kornfeld. “[E]xperta en psicología social”. Perita propuesta
por los representantes. Declaró, inter alia, sobre “los criterios y mecanismos para reparar el daño a las víctimas de violencia contra las mujeres, especialmente a las familias de mujeres víctimas de homicidio” y sobre “lineamientos para mitigar las secuelas de la tortura psicológica en las
familias víctimas desde criterios de salud mental comunitaria y derechos
humanos”.
k)Jorge de la Peña Martínez. “[P]siquiatra”. Perito propuesto por los representantes. Declaró, inter alia, sobre el “[alegado] daño psicológico ocasionado
a la[s s]eñoras Josefina González y Benita Monárrez y sus familias con motivo de la [presunta] desaparición y homicidio [de] sus hijas, ligado con la
[supuesta] violencia institucional de que fueron parte”.
l) Fernando Coronado Franco. “[E]xperto en derecho penal mexicano y
derecho internacional de los derechos humanos”. Perito propuesto por
los representantes. Declaró, inter alia, sobre el papel y la actuación del
[M]inisterio [P]úblico y el [P]oder [J]udicial en el caso de ‘campo algodonero’; los [supuestos] principales obstáculos para el acceso a la justicia y el desarrollo de un derecho penal democrático a raíz de las reformas constitucionales; la [supuesta] repercusión de dichas reformas en
las legislaturas de los estados, entre ellos, el estado de Chihuahua; las
repercusiones de no contar con un sistema acusatorio y la [alegada] ausencia de controles para la actuación del [M]inisterio [P]úblico en el
caso de Campo Algodonero; los poderes fácticos que [supuestamente]
imposibilitaron un resultado para la resolución de las investigaciones
llevadas a cabo en el caso del Campo Algodonero; la [presunta] ausencia de mecanismos eficaces en la protección y promoción de los derechos humanos en el Estado [m]exicano[,] y la [alegada] repercusión de
esto tanto en las víctimas como en los probables responsables”.
m) Elena Azaola Garrido. “[E]xperta en psicología, perspectiva de género, derechos de la niñez y procesos de victimización”. Perita propuesta por los
representantes. Declaró, inter alia, sobre “el [supuesto] proceso de victimización de los familiares de las víctimas de homicidio y desaparición relacionados con el caso de Campo Algodonero, la [alegada] repercusión en
sus vidas y los [presuntos] daños causados” y sobre “el [alegado] daño psi-
80
cndh/cmdpdh
cológico ocasionado a la [s]eñora Irma Monreal Jaime y su familia con motivo de la [presunta] desaparición y homicidio de Esmeralda Herrera
Monreal, ligado con la [supuesta] violencia institucional de que fue parte”.
n)Marcela Patricia María Huaita Alegre. “[E]xperta sobre violencia de género
y el derecho de las mujeres de acceso a la justicia”. Perita propuesta por los
representantes. Declaró, inter alia, sobre “el [alegado] problema de las familias relacionadas con el caso de ‘campo algodonero’ para acceder a la
justicia, la [supuesta] conducta discriminatoria de las autoridades para resolver casos de violencia contra las mujeres, la [presunta] ausencia de políticas de género en la procuración y administración de justicia, la [supuesta] ausencia de presupuestos con perspectiva de género; [y] la [alegada]
ausencia de estrategias estatales y nacionales para investigar casos paradigmáticos de violencia contra las mujeres que pueden estar vinculadas
con trata o explotación sexual”.
o)Marcela Lagarde y de los Ríos. “[E]xperta en derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y políticas públicas”. Perita propuesta por los representantes. Declaró, inter alia, sobre “la [alegada] ausencia de política de
género en Ciudad Juárez y Chihuahua, así como en el resto del [E]stado
mexicano; las [supuestas] dificultades de las mujeres para acceder a los servicios que presta el [E]stado, las políticas [supuestamente] discriminatorias por el hecho de ser mujer; la [presunta] falta de prevención de la violencia de género; el papel del poder legislativo en la creación de políticas de
género; el papel del poder legislativo como órgano supervisor en la actuación de las instituciones; [y] la especificación de los diferentes tipos y modos de violencia que han enfrentado las mujeres en Ciudad Juárez, en concreto las [presuntas] víctimas de desaparición, homicidio y sus familiares”.
p)Clara Jusidman Rapoport. “Experta en políticas públicas y género”. Perita
propuesta por los representantes. Declaró, inter alia, sobre “la evaluación
[…] que llevó a cabo en Ciudad Juárez y Chihuahua, señalando los principales obstáculos que [presuntamente] enfrenta la administración pública
de Ciudad Juárez como resultado de la [supuesta] ausencia de políticas públicas con perspectiva de género; las [alegadas] repercusiones de la [presunta] ausencia de políticas públicas con perspectiva de género a nivel nacional; los principales desaciertos en materia de género por parte de las
autoridades estatales y nacionales; [y] el contexto social, político y económico de violencia contra las mujeres que vive Ciudad Juárez”.
q)Julia Monárrez Fragoso. “[E]xperta en violencia en razón de género […]
que ha estudiado durante años el contexto de violencia de género en Ciudad Juárez”. Perita propuesta por los representantes. Declaró, inter alia, so-
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
81
bre “los [supuestos] feminicidios en Ciudad Juárez y en especial, sobre el
[alegado] patrón sistémico de violencia sexual feminicida; la [presunta]
impericia de las autoridades para investigar casos que presentan el mismo
patrón de violencia; la [alegada] falta de acceso a la información o de información sistematizada y clara que impide investigaciones basadas en datos
oficiales; el manejo […] del [E]stado para informar a la sociedad sobre el
número de homicidios de mujeres [y] número de mujeres desaparecidas;
la [presunta] minimización de las autoridades ante el contexto de violencia contra las mujeres; el papel de las instancias gubernamentales y no gubernamentales en la atención de los familiares de las mujeres desaparecidas o no identificadas; el papel de la sociedad juarense ante el contexto de
violencia contra las mujeres; los actores políticos y sociales que [supuestamente] permitieron el contexto de violencia contra las mujeres; [y] la reacción de los empresarios, medios de comunicación, iglesia y otros sectores
de la sociedad ante los [alegados] feminicidios”.
r) Mara Galindo López. Testigo propuesta por el Estado. Declaró, inter alia,
sobre “[l]as funciones del órgano [de Atención a Víctimas de la Subprocuraduría de Zona Norte de la Procuraduría General de Justicia del estado de
Chihuahua]; [l]os [alegados] apoyos materiales que se ha proporcionado a
los familiares de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal; y [l]a [supuesta] atención no material
que se ha proporcionado a los familiares de Claudia Ivette González, Laura
Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal”.
s) Flor Rocío Murguía González. Testigo propuesta por el Estado. Declaró, inter alia, sobre “[l]a integración ministerial de las averiguaciones por la
muerte de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y
Esmeralda Herrera Monreal; y [l]as directrices de investigación de la Fiscalía [Especializada de Investigación de Homicidios de Mujeres en Juárez,] a su cargo”.
t) Eberth Castañón Torres. Testigo propuesto por el Estado. Declaró, inter alia,
sobre “[l]os análisis periciales realizados en torno a las investigaciones de
las muertes de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y
Esmeralda Herrera Monreal”; y los “[alegados a]vances y resultados en materia de genética forense en el estado de Chihuahua, especialmente en Ciudad Juárez, derivado de la implementación del nuevo sistema de justicia penal y de las reformas en materia forense”.
u)Luisa Fernanda Camberos Revilla. Testigo propuesta por el Estado. Declaró,
inter alia, sobre “[l]a política integral del gobierno del estado de Chihua­
hua implementada para prevenir, investigar, sancionar y eliminar la violen­
82
cndh/cmdpdh
cia en contra de la mujer; [l]os resultados de los programas para prevenir,
investigar, sancionar y eliminar la violencia en contra de la mujer implementados por el gobierno del estado de Chihuahua, y [l]os [alegados] apoyos materiales y no materiales que otorga el Instituto [Chihuahuense de la
Mujer] a los familiares de mujeres víctimas de delitos, especialmente aque­
llos otorgados a los familiares de Claudia Ivette González, Laura Berenice
Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal”.
v) María Sofía Castro Romero. Testigo propuesta por el Estado. Declaró, inter
alia, sobre “[l]a creación y funcionamiento de la Comisión para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez [, y l]os resultados de la intervención de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez en los programas de prevención y
atención a la violencia contra las mujeres en Chihuahua, especialmente en
Ciudad Juárez”.
84. En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte escuchó las
declaraciones de las siguientes personas:
a) Josefina González Rodríguez. Madre de Claudia Ivette González y presunta
víctima. Testigo propuesta por la Comisión. Declaró, inter alia, sobre “las
diversas gestiones realizadas por la familia de [Claudia Ivette] en el período inmediato posterior a su [alegada] desaparición; la respuesta y actitud
de las autoridades frente a tales gestiones; la conducción de las investigaciones en el ámbito interno tras el hallazgo de los restos de su hija; los [supuestos] obstáculos enfrentados por la familia de [Claudia Ivette] en la
búsqueda de justicia para el caso; [y] las [alegadas] consecuencias en su
vida personal y para la familia de las [presuntas] violaciones a los derechos
humanos sufridas por su hija”.
b)Irma Monreal Jaime. Madre de Esmeralda Herrera Monreal y presunta víctima. Testigo propuesta por la Comisión. Declaró, inter alia, sobre “su [supuesta] historia de victimización a raíz de la [alegada] desaparición de su
hija, las gestiones realizadas, las [presuntas] violaciones de que fue objeto
por parte de las autoridades mexicanas, su respuesta, actitud y los [alegados] daños ocasionados; el [supuesto] tortuoso y confuso proceso de identificación de [su hija Esmeralda]; la conducción de las investigaciones; los
[alegados] obstáculos y la denegación de justicia; la conducción del fondo
creado por la Procuraduría estatal y la [Procuraduría General de la República]; las repercusiones en su vida y la de su familia con motivo del [presunto] proceso de victimización; el manejo de los otros apoyos dados por
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
83
el gobierno; la [alegada] falta de acceso a la información; la [supuesta] ausencia de asesoría y apoyo jurídico para impulsar las investigaciones; la
[alegada] negligencia de las autoridades; el proceso que tuvo que vivir para
lograr acceder al Sistema Interamericano; [y] la [presunta] presión de las
autoridades”.
c) Benita Monárrez Salgado. Madre de Laura Berenice Ramos Monárrez y pre­
sunta víctima. Testigo propuesta por la Comisión. Declaró, inter alia, sobre “su [supuesta] historia de victimización a raíz de la [alegada] desaparición de su hija, las gestiones realizadas, las [presuntas] violaciones de que
fue objeto por parte de las autoridades mexicanas, su respuesta, actitud y
los daños ocasionados; el [supuesto] tortuoso y confuso proceso de identificación de [su hija Laura]; la conducción de las investigaciones; los [alegados] obstáculos y la denegación de justicia; la conducción del fondo creado
por la Procuraduría estatal y la [Procuraduría General de la República]; las
[supuestas] repercusiones en su vida y la de su familia con motivo del [presunto] proceso de victimización; el manejo de los otros apoyos dados por
el gobierno; la [alegada] falta de acceso a la información; la [supuesta] ausencia de asesoría y apoyo jurídico para impulsar las investigaciones; la
[alegada] negligencia de las autoridades; el proceso que tuvo que vivir para
lograr acceder al Sistema Interamericano; [y] la [presunta] presión de las
autoridades”.
d)Rhonda Copelon, Profesora de derecho, especialista, inter alia, en derechos
humanos, derecho penal internacional, género y violencia contra las mujeres. Perita propuesta por la Comisión. Declaró, inter alia, sobre “el problema
de la violencia contra las mujeres en general; su relación con la discriminación históricamente sufrida; la necesidad de fortalecimiento institucional y
adopción de estrategias integrales para prevenirla, sancionarla y erradicarla; y el acceso a la justicia por parte de las víctimas de violencia de género”.
Luego de su declaración oral, la perita remitió al Tribunal una versión por
escrito de su experticia.
e) Rodrigo Caballero Rodríguez. Testigo propuesto por el Estado. Declaró, inter alia, sobre “[l]as diligencias realizadas en la integración ministerial de
las averiguaciones por la muerte de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, durante la segunda
etapa de las investigaciones; [l]os resultados obtenidos en dicha[s] indagaciones; y [l]as diligencias en proceso y pendientes de desahogar”.
f) Silvia Sepúlveda Ramírez. Testigo propuesta por el Estado. Declaró, inter
alia, sobre “[l]os análisis periciales realizados en torno a las investigaciones de las muertes de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Mo-
84
cndh/cmdpdh
nárrez y Esmeralda Herrera Monreal; y [los a]vances y resultados en materia de genética forense en el estado de Chihuahua, especialmente en Ciudad
Juárez, derivados de la implementación del nuevo sistema de justicia penal
y de las reformas en materia forense”.
g)Rosa Isela Jurado Contreras. “Magistrada de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua”. Perita propuesta por el Estado. De­
claró, inter alia, sobre “[l]as reformas legislativas y el funcionamiento del
nuevo sistema de justicia penal en el estado de Chihuahua, así como sus re­
sultados y proyecciones”.
2. Valoración de la prueba
85. En este caso, como en otros,48 el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados oportunamente por las partes que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda, así como los
documentos solicitados como prueba para mejor resolver y aquéllos que se refieren a hechos supervinientes.
86. Respecto de los testimonios y peritajes, la Corte los estima pertinentes en
cuanto se ajusten al objeto definido por la Presidencia en la Resolución que ordenó recibirlos (supra párr. 10), los cuales serán valorados en el capítulo que corresponda. En cuanto a las declaraciones de las víctimas, por tener un interés en
el presente caso sus declaraciones no serán valoradas aisladamente sino dentro
del conjunto de las pruebas del proceso.49
87. El Estado cuestionó las declaraciones periciales de los señores Castresana
y Snow, así como las declaraciones testimoniales de los señores Bosio e Hinojos
y de la señora Delgadillo Pérez, afirmando que los mismos se refirieron a personas ajenas a esta litis. Al respecto, el Tribunal reitera que conforme a la Resolución de 19 de enero de 2009 (supra párr. 9), la situación de personas ajenas a este
caso podrá ser utilizada como prueba relevante al momento de evaluar el alegado contexto de violencia contra la mujer, las supuestas falencias en las investi­
gaciones llevadas en el fuero interno y otros aspectos denunciados en perjuicio
de las tres presuntas víctimas identificadas en la demanda. 50
48
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, supra nota 29, párr. 140; Caso Ríos y otros vs. Venezuela,
supra nota 44, párr. 81, y Caso Perozo y otros vs. Venezuela, supra nota 22, párr. 94.
49
Cfr. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33,
párr. 43; Caso Valle Jaramillo y otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre
de 2008. Serie C No. 192, párr. 54, y Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, supra nota 47, párr. 45.
50
Cfr. González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, supra nota 4, considerando cuadragésimo
sexto.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
85
88. El Estado impugnó la declaración del perito Castresana Fernández, alegando que el perito no participó en las acciones del Estado llevadas a cabo desde
el 2003. Al respecto, el Tribunal valorará en el fondo del asunto si lo dicho por el
perito encuentra sustento probatorio.
89. El Estado cuestionó al perito Pineda Jaimes por parcialidad y falta de conocimiento en el área de su peritaje. También señaló que no proporcionó información metodológicamente organizada que aporte elementos especializados e
imparciales y que las conclusiones referentes a las medidas y parámetros de reparación del daño y los derechos de los defensores de derechos humanos se encuentran fuera del objeto de su peritaje. Al respecto, el Tribunal considera que el
Estado no ha presentado fundamentos de la alegada parcialidad que indiquen
que se presenta una de las causales de impedimento previstas en el artículo 19
del Estatuto. En cuanto a las conclusiones del perito que estarían fuera del objeto de su declaración, la Corte las encuentra útiles para el presente caso, por lo
que las admite, de conformidad con el artículo 45.1 del Reglamento.
90. El Estado indicó que el señor Snow estableció observaciones genéricas en
su peritaje que no deben ser tomadas en cuenta. Al respecto, la Corte analizará
las supuestas observaciones genéricas del perito en el fondo del asunto y coteja­
rá si las mismas encuentran respaldo en el resto del acervo probatorio.
91. Sobre la perita Copelon, el Estado señaló que el escrito presentado por
ésta (supra párr. 84.d) excede lo permitido expresamente por la Presidenta en la
audiencia pública, y que la experta hace alusión a situaciones presuntamente
ocurridas en Ciudad Juárez “sin contar con la autoridad pericial para hacerlo”,
por lo que solicitó que se desestimaran ciertas secciones del peritaje. Al respecto, el Tribunal no tendrá en cuenta los dichos de la perita que excedan el objeto
definido por la Presidenta en la audiencia pública. En cuanto a la “autoridad pericial”, el Tribunal valorará en el fondo del asunto si lo aseverado por la experta
tiene relación con el resto del acervo probatorio.
92. El Estado cuestionó el peritaje de la señora Lira Kornfeld por falta de metodología, parcialidad y desconocimiento del caso. Fundamentó lo anterior en
el hecho de que la perita basó sus dichos en informes psicológicos realizados por
otras personas y en testimonios presentados en nueve casos análogos, así como
por el hecho de que la perita hizo ciertas acusaciones en contra del Estado en
materia de administración de justicia. El Tribunal no considera que referirse a
testimonios de otras víctimas o informes de otros profesionales implique una
falta de metodología de la experta, más aún si dichas declaraciones e informes
tienen que ver con la problemática tratada en el presente caso. De otro lado, el
Tribunal recuerda que, a diferencia de los testigos, los peritos pueden proporcionar opiniones técnicas o personales en cuanto se relacionen con su especial saber o experiencia. Además, los peritos se pueden referir tanto a puntos específi-
86
cndh/cmdpdh
cos de la litis como a cualquier otro punto relevante del litigio, siempre y cuando
se circunscriban al objeto para el cual fueron convocados. 51
93. En cuanto a la declaración pericial del señor de la Peña Martínez, el Estado sostuvo que “si bien podrían ser valiosas las observaciones del perito, estas
no pueden ser tomadas en cuenta por el Tribunal, ya que de conformidad con la
metodología utilizada por el declarante, se desprende que éste nunca tuvo acercamiento directo con las víctimas ni evaluó las acciones del Estado en materia de
reparación del daño psicológico, hecho que a todas luces denota la subjetividad
de sus manifestaciones”. La Corte coincide con el Estado en que la entrevista directa con las presuntas víctimas hubiese podido proporcionar más datos al experto para la realización de su peritaje. Sin embargo, la falta de entrevista directa no
es motivo suficiente para desechar la experticia, sino que es una cuestión que incide en el peso probatorio de la misma. Consiguientemente, el Tribunal la admite
y la valorará junto con el resto de la prueba obrante en el expediente.
94. Sobre la declaración del señor Coronado Franco, el Estado reprochó que
el peritaje se basara en la demanda de la Comisión, el escrito de los representantes y las causales penales No. 426/01, 48/01 y 74/04, sin tomar en cuenta la información que proporcionó el Estado, ni explicar la relación de esas causas penales
con el caso. La Corte considera que el hecho de que el perito se haya abstenido de
tomar en cuenta la información proporcionada por el Estado no es motivo para
desechar el peritaje. Lo que corresponde en dicha situación es que el Tribunal
tome en consideración lo expuesto por el perito, lo coteje con los alegatos y la
prueba remitida por el Estado y obtenga de ello las conclusiones que de la lógica
y la sana crítica se deriven, lo cual se hará en el fondo del asunto.
95. En cuanto a la declaración de la señora Azaola Garrido, el Estado indicó
que de la hoja de vida de la perita “se desprende su desconocimiento e inexperiencia respecto a la disciplina de psicoanálisis, al síndrome de estrés postraumático y a la evaluación de daños a la salud física y mental de las personas”. El
Estado no solicitó que se deseche este peritaje, así que la Corte lo valorará junto
el resto de pruebas obrante en el expediente, teniendo en cuenta las observaciones estatales y la hoja de vida de la experta.
96. Sobre la experticia de la señora Huaita Alegre, el Estado manifestó que
“no se basa en los conocimientos especializados […] sino en determinaciones de
la C[omisión]”; no demuestra la supuesta conducta discriminatoria de las autoridades en la administración de justicia con posterioridad al año 2003, y que la
perito solicita a la Corte que “declare la responsabilidad del Estado por no haber
actuado con la debida diligencia, siendo que no está dentro del objeto de su peri51
Cfr. González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, supra nota 6, considerando septuagésimo
quinto.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
87
taje juzgar las actuaciones del Estado”. El Tribunal, de ser necesario, valorará en
el fondo del asunto las fuentes en las que la perita basa sus conclusiones y el lapso
temporal al que su peritaje se refiere.
97. En lo que se refiere a la señora Lagarde y de los Ríos, el Estado expuso una
serie de cuestionamientos a los datos proporcionados por la perita, que solicitó
sean considerados a la hora de fijar el peso probatorio de la experticia. El Tribunal en el fondo del asunto analizará el peritaje junto con las demás pruebas del
expediente y tomando en cuenta las observaciones del Estado.
98. Sobre el peritaje de la señora Jusidman Rapoport, el Estado indicó que
contiene datos desactualizados, por lo que solicitó sea desechado. La Corte considera que aún cuando el peritaje contuviera datos desactualizados, eso no es
motivo suficiente para desecharlo, sino para valorarlo en el ámbito temporal al
que se refiere y tomando en cuanta la prueba actualizada que las partes hayan
aportado. De otro lado, la Corte observa que la perita amplió motu propio el objeto de su experticia, lo cual no fue objetado por las partes. Teniendo en cuenta
lo anterior y considerando que la ampliación resulta útil para el presente caso, el
Tribunal la acepta, conforme al artículo 45.1 del Reglamento.
99. En cuanto a la experta Monárrez Fragoso, el Estado objetó que el peritaje
se basara en una investigación realizada con un fin distinto al peritaje, que la perita se refiere a casos fuera de la litis, que los datos estadísticos presentados por la
perita no están actualizados, así como también cierta terminología utilizada por
la perita que, según el Estado, no existe en la legislación nacional. El Tribunal
considera que el fin inicial de la investigación realizada por la perita no incide en
el valor probatorio de su experticia; que los casos a los que se refiere la perita son
relevantes para valorar el contexto en el que se enmarca el presente caso; que la
experticia será tomada en cuenta en el lapso temporal al que se refiera, y que las
cuestiones terminológicas y de peso probatorio serán analizadas en el fondo del
asunto.
100. Sobre el testimonio de la señora Castro Romero, los representantes contradijeron varias de sus afirmaciones, lo cual, de ser pertinente, será valorado
por la Corte en el fondo del asunto.
101. En lo referente al testimonio del señor Bosio, el Estado manifestó que el
testigo realizó un análisis de algunos de los peritajes médico forenses de los cuer­
pos encontrados en Campo Algodonero en 2001 y que “la realización de dichos
peritajes son hechos que no le constan directamente al testigo ya que su intervención en el caso fue a partir de 2005”; que la Comisión debió proponer su declaración en calidad de peritaje y no de testimonio; y que el testigo realizó conclusiones
que “no le constan ni le son propias”. Al respecto, el Tribunal reitera que un testigo
puede referirse a los hechos y circunstancias que le consten en relación con el ob-
88
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jeto de su declaración y debe evitar dar opiniones personales, 52 por lo que cualquier mera opinión del testigo Bosio no será tomada en cuenta por la Corte.
102. Sobre el testimonio de la señora Doretti, el Estado lo objetó porque “presenta información confidencial que podría afectar la investigación de los homicidios” de las presuntas víctimas. Al respecto, el Tribunal confirma lo expuesto
en la Resolución de la Presidenta de 18 de marzo de 2009 (supra párr. 10), en el
sentido de que,
a efectos del procedimiento internacional ante este Tribunal, el conflicto de derechos entre el deber de confidencialidad y el interés público internacional por
esclarecer los hechos relacionados con los alcances de la atribución de responsabilidad al Estado, se resuelve en ofrecer la mayor protección posible de los testigos que comparecen ante la Corte, en orden a que sus declaraciones puedan ser
efectuadas con la mayor libertad. En este sentido, la defensa del Estado no puede
descansar en objetar totalmente una declaración que, en algunos de sus componentes, difícilmente pueda ser reemplazada con otros medios probatorios. 53
103. Sobre el testimonio del señor Maynez Grijalva, el Estado cuestionó su
veracidad y afirmó que en varios apartados el testigo ofreció opiniones personales sin sustento probatorio. La Corte no tomará en cuenta las meras opiniones
del testigo y cotejará con el resto del acervo probatorio cada una de sus afirmaciones que sean relevantes para el presente caso.
104. El Estado solicitó que se desestime el testimonio de la señora Delgadillo
Pérez, en virtud de que la declarante excedió el objeto del testimonio y expuso
opiniones personales. El Tribunal manifiesta que las meras opiniones de la testigo no serán tomadas en cuenta. En cuanto a las afirmaciones de la testigo que
caen fuera del objeto de su declaración, la Corte las apreciará si son útiles para la
resolución del presente caso.
105. Sobre el testimonio del señor Hinojos, el Estado expuso que éste es “el
representante legal de Edgar Álvarez Cruz, quien ha sido sentenciado por su responsabilidad en el homicidio de una mujer en Ciudad Juárez [y s]u testimonio
carece de valor en tanto que podría estar tratando de favorecer a su defendido”.
Al respecto, el Tribunal reitera que para los testigos rige el deber consagrado en
el artículo 48.1 del Reglamento de decir “la verdad, toda la verdad y nada más
que la verdad” respecto a los hechos y circunstancias que le consten. Para verifi52
Cfr. González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, supra nota 6, considerando cuatrigésimo
séptimo.
53
Cfr. González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, supra nota 6, considerando trigésimo sexto.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
89
car si el señor Hinojos se ajustó a la verdad, la Corte valorará su declaración, en
el fondo del asunto, junto con el resto del acervo probatorio.
106. En cuanto a la declaración de la señora Pérez Torres, el Estado solicitó
sea desestimada, inter alia, porque no fue rendida ante fedatario público como lo
requirió la Presidenta. La Corte confirma que no consta en el expediente que los
representantes hayan enviado la declaración ante fedatario público de la mencionada testigo, por lo que decide desestimarla por no ajustarse a lo ordenado
por la Presidenta (supra párr. 10).
107. Sobre las declaraciones de los testigos Murguía González, Castañón Torres, Galindo López y Camberos Revilla los representantes cuestionaron la información por ellos proporcionada y objetaron su credibilidad, lo cual será verificado por el Tribunal en el fondo del asunto, conforme a la sana crítica y teniendo
en cuenta el resto del acervo probatorio.
108. El Tribunal observa que varios documentos citados por las partes en sus
respectivos escritos no fueron aportados a la Corte, entre estos se encuentran algunos correspondientes a instituciones públicas del Estado, que pudieron ser
ubicados a través del Internet. Del mismo modo las partes hicieron las partes incluyeron enlaces electrónicos directos a páginas de Internet. En el presente caso,
la Corte observa que los documentos aportados de esta manera son pertinentes
y las partes tuvieron la posibilidad de controvertirlos, pero no lo hicieron. Por
ello, dichos documentos se aceptan e incorporan al expediente, ya que no se afec­
tó la seguridad jurídica ni el equilibrio procesal de las partes.
VII. Sobre la violencia y discriminación
contra la mujer en este caso
artículos 4 (derecho a la vida), 54 5 (derecho a la integridad
personal), 55 7 (derecho a la libertad personal), 56 8 (garantías
54
El artículo 4.1 de la Convención estipula:
Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y,
en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
55
El artículo 5 de la Convención establece:
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas graves o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de liberad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. […]
56
El artículo 7 de la Convención dispone:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
90
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judi­ciales)57 19 (derechos del niño)58 y 25 (protección judicial)59
en relación con los articulos 1.1 (obligacion de respetar
los derechos)60 y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho
interno)61 de la Convención Americana y con el artículo 7
de la Convención Belém do Pará62
57
58
59
60
61
62
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas
de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas
conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
[…]
El artículo 8.1 de la Convención establece que:
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter. […]
El artículo 19 de la Convención establece:
Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por
parte de su familia, de la sociedad y del Estado
El artículo 25.1 de la Convención señala que:
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando
tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
El artículo 1.1 de la Convención establece:
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
El artículo 2 de la Convención dispone:
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
tales derechos y libertades.
El artículo 7 de la Convención Belém do Pará estipula:
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en
adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
[…]
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la
mujer;
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
91
109. La Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado incumplió su
obligación de garantizar el derecho a la vida de las víctimas “mediante la adopción de medidas para prevenir sus asesinatos[,] incurriendo de este modo en
una violación del artículo 4 de la Convención Americana, en conexión con los
artículos 1.1 y 2 del mismo tratado”. Asimismo, solicitó que “declare que el Estado falló en su deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y
sancionar los actos de violencia sufridos por [las víctimas] en contravención del
artículo 7 de la Convención de Belém do Pará”. Por último, sostuvo que el Estado incumplió su obligación de investigar efectiva y adecuadamente las desapariciones y posterior muerte de las jóvenes González, Herrera y Ramos, en violación
de los artículos 8, 25 y 1.1 de la Convención Americana. Según la Comisión, “[n]
o obstante el transcurso de seis años, el Estado no ha avanzado en el esclarecimiento de los sucesos o de la responsabilidad correspondiente”.
110. Los representantes coincidieron con la Comisión y además alegaron que
“la omisión del [E]stado para preservar los derechos humanos de las v[í]ctimas
aplica en cuanto al derecho a la vida, pero también al derecho a la integridad personal y a la libertad personal, en relación directa con el derecho al debido proceso”. Señalaron que “la omisión de acción y reacción de las autoridades ante las
denuncias de desaparición, no solo favoreció que las mataran sino también que
las mantuvieran privadas de libertad y que las torturaran; lo anterior a pesar de
la conocida situación de riesgo en la que se encontraban las mujeres”.
111. El Estado, aunque reconoció “lo grave que son estos homicidios”, negó
“violación alguna” de su parte a los derechos a la vida, integridad y libertad personales. Según el Estado, ni la Comisión ni los representantes “han probado responsabilidad de agentes del Estado en los homicidios”. Además, alegó que en la
segunda etapa de las investigaciones de estos tres casos, a partir del año 2004,
“se subsanaron plenamente las irregularidades, se reintegraron los expedientes
y se reiniciaron las investigaciones con un sustento científico, incluso con componentes de apoyo internacional”. Según el Estado, “no existe impunidad. Las
investigaciones de los casos continúan abiertas y se siguen desahogando diligencias para dar con los responsables”.
112. La controversia planteada exige que la Corte analice el contexto que rodeó a los hechos del caso y las condiciones en las cuales dichos hechos pueden
ser atribuidos al Estado y comprometer, en consecuencia, su responsabilidad inc. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de
otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
[…]
92
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ternacional derivada de la presunta violación de los artículos 4, 5 y 7 de la Conven­
ción Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y con el artículo
7 de la Convención Belém do Pará. Asimismo, a pesar del allanamiento efectuado por el Estado, subsiste la necesidad de precisar la entidad y gravedad de las
violaciones ocurridas respecto a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado y el artículo 7 de la Convención
Belém do Pará. Para ello, el Tribunal pasará a realizar las consideraciones de hecho y de derecho pertinentes, analizando las obligaciones de respeto, garantía y
no discriminación del Estado.
1. Antecedentes contextuales
1.1. Ciudad Juárez
113. Ciudad Juárez está ubicada en el norte del estado de Chihuahua, exactamen­
te en la frontera con El Paso, Texas. Su población es de más de 1’200,000 habitantes.63 Se caracteriza por ser una ciudad industrial —en donde se ha desarrollado particularmente la industria maquiladora— y de tránsito de migrantes,
mexicanos y extranjeros.64 El Estado, así como diversos informes nacionales e
internacionales, hacen mención a una serie de factores que convergen en Ciudad
Juárez, como las desigualdades sociales65 y la proximidad de la frontera inter­
63
Cfr. Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez elaborada por el Instituto Municipal de
Investigación y Planeación, 2002 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo
XXV, anexo 2, folios 8488 a 8490, 8493, 8495 y 8510)
64
Cfr. Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez 2002, supra nota 63, folio 8492; CIDH,
Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, México: El Derecho a No Ser Objeto de Violencia y Discriminación, OEA/Ser.L/V//II.117, Doc. 44, 7 de marzo de 2003 (expediente de anexos a
la demanda, tomo VII, anexo 1, folio 1742); Naciones Unidas, Informe de México producido por el
CEDAW bajo el Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención y respuesta del Gobierno
de México, CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO, 27 de enero de 2005 (expediente de anexos a la
demanda, tomo VII, anexo 3b, folio 1921); Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk, Integración de los Derechos Humanos de la Mujer y la Perspectiva de Género: La Violencia contra la Mujer, Misión a México,
E/CN.4/2006/61/Add.4, 13 de enero de 2006 (expediente de anexos a la demanda, tomo VII,
anexo 3c, folio 2011), y Amnistía Internacional, México: Muertes intolerables, Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, AMR 41/027/2003 (expediente de
anexos a la demanda, tomo VII, anexo 6, folio 2267).
65
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1921; Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, supra nota 64, folio 2011; Amnistía Internacional,
Muertes intolerables, supra nota 64, folio 2268, y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos A.C., Compendio de recomendaciones sobre el feminicidio en Ciudad
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
93
nacional,66 que han contribuido al desarrollo de diversas formas de delincuencia
organizada, como el narcotráfico,67 la trata de personas,68 el tráfico de armas69 y
el lavado de dinero,70 incrementando así los niveles de inseguridad y violencia.71
1.2. Fenómeno de homicidios de mujeres y cifras
114. La Comisión y los representantes alegaron que desde 1993 existe un aumento significativo en el número de desapariciones y homicidios de mujeres y
niñas en Ciudad Juárez. Según la Comisión, “Ciudad Juárez se ha convertido en
el foco de atención de la comunidad nacional como internacional debido a la situación particularmente crítica de la violencia contra las mujeres imperante desde 1993 y la deficiente respuesta del Estado ante estos crímenes”.
115. El Estado, reconoció “la problemática que enfrenta por la situación de
violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez[,] particularmente, los homicidios que se han registrado desde principios de los 90s del siglo pasado”.
116. Diversos mecanismos nacionales e internacionales de vigilancia de los
derechos humanos han seguido la situación en Ciudad Juárez y han llamado la
atención de la comunidad internacional. En 1998 la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (en adelante la “CNDH”) examinó 24 casos de ho-
66
67
68
69
70
71
Juárez, Chihuahua, 2007 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo XX,
anexo 11.1, folio 6564).
Cfr. CNDH, Informe Especial sobre los Casos de Homicidios y Desapariciones de Mujeres en el
Municipio de Juárez, Chihuahua, 2003 (expediente de anexos a la demanda, tomo VII, anexo 5,
folio 2168); Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, supra nota 64, folio
2011, y Amnistía Internacional, Muertes intolerables, supra nota 64, folio 2267.
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1742; Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folios 1921 y 1922; CNDH, Informe Especial, supra nota 66, folio 2168, y Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
en Ciudad Juárez, Primer Informe de Gestión, noviembre 2003-abril 2004 (expediente de anexos
a la contestación de la demanda, tomo XXV, anexo 7, folio 8666).
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1922 e Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, supra nota 64, folio 2011.
Cfr. Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Primer
Informe de Gestión, supra nota 67, folio 8666 e Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 195.
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1922 e Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, supra nota 64, folio 2011.
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1742; Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folios 1921 a 1922; CNDH, Informe Especial, supra nota 66, folio 2168, y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Compendio de recomendaciones, supra nota 65, folio 6564.
94
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micidios de mujeres y concluyó que durante las investigaciones se habían violado los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.72 A partir de esa fecha,
se han pronunciado al respecto, inter alia, la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas (en adelante la
“Relatora sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU”) en 1999,73 el Relator
Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones
Unidas (en adelante el “Relator sobre independencia judicial de la ONU”) en el
2002,74 la Comisión Interamericana y su Relatora Especial sobre los Derechos
de la Mujer (en adelante la “Relatora de la CIDH”) en el 2003,75 la Comisión de
Expertos Internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito en el 2003,76 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer de las Naciones Unidas (en adelante “el CEDAW”) en el 200577 y la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas (en
adelante la “Relatora sobre la violencia contra la mujer de la ONU”) en el 2005.78
Cabe notar que el Parlamento Europeo emitió una Resolución al respecto en el
2007.79 Además, se cuenta con informes realizados por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos internacionales y nacionales como Amnistía Internacional, 80 el Observatorio Ciudadano para Monitorear la Impartición de Justicia en los casos de Feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua81 (en
72
Cfr. CNDH, Recomendación 44/1998 emitida el 15 de mayo de 1998 (expediente de anexos a la
demanda, tomo VII, anexo 4, folios 2113 a 2164).
73
Cfr. Naciones Unidas, Informe de la misión de la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, E/CN.4/2000/3, Add.3, 25 de noviembre de 1999 (expediente de
anexos a la demanda, tomo VII, anexo 3d, folios 2025 a 2058).
74
Cfr. Naciones Unidas, Informe de la Misión del Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, E/CN.4/2002/72/Add.1, 24 de enero de 2002 (expediente de anexos a la demanda, tomo VII, anexo 3e, folios 2060 a 2111).
75
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folios 1732 a 1779.
76
Cfr. Naciones Unidas, Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Organización de
las Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sobre la Misión
en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, noviembre de 2003 (expediente de anexos a la demanda,
tomo VII, anexo 3a, folios 1861 a 1913).
77
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1921.
78
Cfr. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, supra nota 64, folios 2011 a
2021.
79
Cfr. Parlamento Europeo, Resolución sobre los asesinatos de mujeres (feminicidios) en México y
en América Central y el papel de la Unión Europea en la lucha contra este fenómeno, emitida el 11
de octubre de 2007, 2007/2025/(INI) (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo XIII, anexo 3.1, folios 4718 a 4727).
80
Cfr. Amnistía Internacional, Muertes intolerables, supra nota 64, folios 2256 a 2305.
81
Cfr. Observatorio Ciudadano para Monitorear la Impartición de Justicia en los casos de Feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua, Informe Final. Evaluación y Monitoreo sobre el trabajo de la Fis-
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
95
adelante el “Observatorio Ciudadano”) y la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos A.C.82
117. El Informe de la Relatora de la CIDH resalta que aunque Ciudad Juárez
se ha caracterizado por un pronunciado aumento de los crímenes contra mujeres y hombres83 (supra párr. 108), el aumento en lo referente a las mujeres “es anó­
malo en varios aspectos”, ya que: i) en 1993 se incrementaron notablemente los
asesinatos de mujeres, 84 ii) los coeficientes de homicidios de mujeres se duplicaron en relación con los de los hombres, 85 y iii) el índice de homicidios correspondiente a mujeres en Ciudad Juárez es desproporcionadamente mayor que el de
ciudades fronterizas en circunstancias análogas86. Por su parte, el Estado pro-
82
83
84
85
86
calía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio
de Juárez, Chihuahua de la Procuraduría General de la República, noviembre de 2006 (expediente
de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo XX, anexo 11.2, folios 6629 a 6759).
Cfr. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Compendio de
recomendaciones, supra nota 65, folios 6561 a 6626 y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Feminicidio en Chihuahua. Asignaturas Pendientes, 2007 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo XX, anexo 11.3, folios 6761 a 6864).
Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aunque el fenómeno de violencia en Ciudad Juárez afecta tanto a hombres como a mujeres, “es importante mencionar que en el caso de los hombres se sabe que las causas de los asesinatos están relacionadas con
el narcotráfico, ajustes de cuentas, riñas callejeras, entre otras” y “[e]n el caso de los asesinatos de
mujeres […] no existen causas aparentes” (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, Compendio de recomendaciones, supra nota 65, folio 6565). En similar sentido, la Comisión para Ciudad Juárez señaló que a pesar de que el cuadro de violencia en Ciudad
Juárez afecta a hombres, mujeres y niñas, “subyace un patrón de violencia de género que se advierte no obstante la necesidad de contar con más estudios y estadísticas locales sobre el tema” (Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Primer Informe
de Gestión, supra nota 67, folio 8668).
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folios 1744 y 1761.
El Informe de la Relatora de la CIDH explica que según una exposición realizada el 17 de marzo de
2000 por Cheryl Howard, Georgina Martínez y Zulma y Méndez titulada “Women, Violence and
Politics”, un análisis basado en los certificados de defunción y otros datos llevaron a la conclusión
de que en el período 1990-1993 fuero asesinados 249 hombres, mientras que entre 1994 y 1997 lo
fueron 942 hombres, lo que implica un incremento del 300%. Según el mismo estudio, entre 1990
y 1993 fueron asesinadas 20 mujeres y entre 1994 y 1997 lo fueron 143, lo que implica un incremento del 600% (Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64,
folio 1761).
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folios 1743 y 1761;
Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, supra nota 64, folio 2007, y Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión, Violencia feminicida en 10 entidades de la República Mexicana, publica-
96
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porcionó prueba referente a que Ciudad Juárez ocupaba en el 2006 el cuarto lugar en homicidios de mujeres entre ciudades mexicanas.87
118. De la información aportada por las partes, la Corte observa que no existen datos claros sobre la cifra exacta de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez
a partir del año 1993.88 Diversos informes indican cifras que oscilan entre 260 y
370 mujeres entre 1993 y 2003.89 Por su parte, el Estado remitió prueba según la
do en abril del 2006 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo XXI, anexo
11.4, folio 6930).
87
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en
Ciudad Juárez, Chihuahua, Informe Final, emitido en enero de 2006 (expediente de anexos a la
contestación de la demanda, tomo XL, anexo 59, folio 14607). Cabe notar que las cifras referentes
a homicidios con víctimas femeninas por cada cien mil habitantes mencionadas por la Comisión y
por la Fiscalía Especial en sus respectivos informes difieren. La cifra proporcionada por la Comisión es de 7.9 (el informe no indica qué período se utilizó para calcularlo) y por la Fiscalía Especial
de 2.4, para el período 1991 a 2004 (Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1761 y Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los
Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Informe Final, folio 14607).
88
Informes aportados como prueba al Tribunal, así como la prueba remitida por parte del Estado, demuestran que no existe consenso sobre las estadísticas de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Al respecto, el CEDAW señaló: “[n]o existen registros claros, convincentes sobre la cantidad
de mujeres asesinadas y desaparecidas. No hay coincidencia en las cifras que presentan las diferentes instancias del Gobierno y las que citan las ONGs” (Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1934). Asimismo, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
existe “disparidad y contradicción de datos, números e información proporcionados por las autoridades federales y estatales competentes a esta Comisión Nacional, así como a diversos organismos
internacionales y no gubernamentales defensores de los derechos humanos respecto de las mujeres
víctimas de homicidios o desapariciones en el municipio de Juárez, Chihuahua, lo cual de por sí denota una negligencia en el desempeño de la procuración de justicia” (CNDH, Informe Especial, supra nota 66, folio 2247). Por su parte, la Fiscalía Especial destacó que “[u]no de los aspectos más difíciles de determinar y que mayor polémica ha generado en torno a lo sucedido en el Municipio de
Juárez […], es el relativo al número de casos de muertes y desapariciones ahí acaecidas, con características o patrones conductuales similares durante los últimos trece años. La especulación a que se
ha llegado en este rubro ha sido enorme, manejándose sin ningún rigor cifras o hechos que no corresponden con lo sucedido en la realidad”. Según la Fiscalía Especial, “con cifras y pruebas se demuestra, que en los últimos años se ha generado una percepción diferente a la realidad, creándose
un círculo vicioso, de hechos, impunidad y especulación que ha afectado principalmente a la sociedad juarense” (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de
Mujeres en Ciudad Juárez, Informe Final, supra nota 87, folios 14540 y 14607). La Comisión para
Ciudad Juárez señaló que “[n]o hay certeza en cuanto al número de homicidios y desapariciones
en Ciudad Juárez; no hay una cifra que represente credibilidad para grupos familiares e instituciones del gobierno” (Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad
Juárez, Primer Informe de Gestión, supra nota 67, folio 8677).
89
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1743; Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1921; CNDH, Informe Especial, su-
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
97
cual hasta el año 2001 se habían registrado 264 homicidios de mujeres y hasta el
2003, 328.90 Según la misma prueba, para el año 2005 los homicidios de mujeres
ascendían a 379.91 Al respecto, el Observatorio Ciudadano señaló que “difícilmente se podría considerar como confiable esta cifra, debido a la ya documentada inconsistencia en la conformación de expedientes, investigaciones y proceso
de auditoría emprendido por la PGR, contrastado además con la información
que aportaron el Colegio de la Frontera Norte y la Comisionada para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría de Gobernación, que
hablan de 442 mujeres asesinadas”.92
119. En cuanto a las desapariciones de mujeres, según informes del 2003 del
CEDAW y Amnistía Internacional, las ONGs nacionales mencionan alrededor
de 400,93 entre los años 1993 y 2003, mientras que según el Informe de la Relatora de la CIDH, para el año 2002 no se había encontrado el paradero de 257 mujeres declaradas como desaparecidas entre 1993 y 2002.94 Por otra parte, la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez (en adelante la “Fiscalía Especial”) estableció que
en el período entre 1993 y 2005 hubo 4.456 reportes de mujeres desaparecidas y
el 31 de diciembre de 2005 había 34 mujeres pendientes de localizar.95
120. El Observatorio Ciudadano cuestionó esta cifra y señaló que hay “firmes
indicios de que […] restos humanos corresponden a más de las 34 mujeres que
supone la [Fiscalía Especial], en virtud de que lo que suponía eran osamentas de
una sola persona, han resultado ser de más de 60”. Agregó que la información
que da sustento a la investigación de la Fiscalía Especial “es por completo inaccesible a la observación ciudadana, por lo que es virtualmente imposible cotejar
90
91
92
93
94
95
pra nota 66, folios 2166 y 2167, y Amnistía Internacional, Muertes intolerables, supra nota 64, folios
2256 y 2262.
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en
Ciudad Juárez, Informe Final, supra nota 87, folio 14646.
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en
Ciudad Juárez, Informe Final, supra nota 87, folio 14691 y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Feminicidio en Chihuahua, supra nota 82, folios 6761 a 6864.
Informe Final del Observatorio Ciudadano, supra nota 81, folio 6647.
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1928 y Amnistía Internacional, Muertes intolerables, supra nota 64, folio 2253.
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1746; Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1928, y Amnistía Internacional,
Muertes intolerables, supra nota 64, folio 2274.
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en
Ciudad Juárez, Informe Final, supra nota 87, folios 14543, 14661, 14584 y 14587, y CNDH, Segundo Informe de Evaluación Integral, supra nota 72, folio 4667.
98
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las fuentes y la consistencia en los datos que la propia [Fiscalía Especial] mane­
ja”.96 En sentido similar se pronunció la CNDH en el 2003, aunque no en relación
a las cifras proporcionadas por la Fiscalía Especial, y señaló que observó “la falta
de diligencia con la que se han emprendido las acciones, por parte de la [Procuraduría General de Justicia del Estado], de los casos de mujeres reportadas como
desaparecidas” y que las autoridades proporcionaron diferentes informes a la
CNDH de los proporcionados a organismos internacionales. A su vez, la CNDH
indicó que al ser requerida oficialmente información y el estado actual de las investigaciones, “se recibió como respuesta que no estaban en posibilidad de saber
cuál había sido el destino de 2.415 casos, toda vez que ‘los expedientes no los tenían físicamente’”.97
121. La Corte toma nota de que no existen conclusiones convincentes sobre
las cifras en cuanto a homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez,
pero observa que de cualquier forma son alarmantes. Más allá de los números,
que aún cuando son muy significativos no son suficientes para entender la gravedad del problema de violencia que viven algunas mujeres en Ciudad Juárez, los
alegatos de las partes, así como la prueba aportada por éstas, apuntan a un fenómeno complejo, aceptado por el Estado (supra párr. 115), de violencia contra las
mujeres desde el año 1993, que ha sido caracterizado por factores particulares
que esta Corte considera importante resaltar.
1.3. Víctimas
122. En primer lugar, la Comisión y los representantes alegaron que las víctimas
eran mujeres jóvenes de 15 a 25 años de edad, estudiantes o trabajadoras de maquilas o de tiendas u otras empresas locales, y que algunas vivían en Ciudad Juárez
desde hacía relativamente poco tiempo. El Estado no se pronunció al respecto.
123. Los alegatos de los demandantes encontraron sustento en diversos informes de entidades nacionales e internacionales que establecen que las víctimas
de los homicidios parecen ser predominantemente mujeres jóvenes,98 incluyendo
96
Informe Final del Observatorio Ciudadano, supra nota 81, folios 6650 y 6659.
CNDH, Informe Especial, supra nota 66, folio 2238.
98
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1744; Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folios 1924 y 1926; Informe de la Relatora
Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, supra nota 73, folio 2052;
Amnistía Internacional, Muertes intolerables, supra nota 64, folios 2256 y 2271, y Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Informe Final, supra nota 87, folio 14605.
97
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
99
niñas,99 trabajadoras —sobretodo de maquilas—,100 de escasos recursos,101 estudiantes102 o migrantes.103
1.4. Modalidad
124. En segundo lugar, la Comisión y los representantes alegaron que un nú­
mero considerable de los homicidios presentaron signos de violencia sexual. Según un informe de la Fiscalía Especial, algunos de los homicidios y las desapariciones desde 1993 “han presentado características y/o patrones conductuales
similares”.104
125. Diversos informes establecen los siguientes factores en común en varios
de los homicidios: las mujeres son secuestradas y mantenidas en cautiverio,105
99
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1764; Amnistía Internacional, Muertes intolerables, supra nota 64, folios 2256 y 2271, y declaración rendida ante
fedatario público por la perita Jusidman Rapoport el 21 de abril de 2009 (expediente de fondo,
tomo XIII, folio 3806).
100
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1744; Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folios 1924 y 1926; Informe de la Relatora
Especial sobre la violencia contra la mujer, supra nota 64, folio 2012, y Amnistía Internacional,
Muertes intolerables, supra nota 64, folios 2257 y 2271.
101
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folios 1924 y 1926; Informe de la
Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, supra nota 64, folio 2012; Amnistía Internacional, Muertes intolerables, supra nota 64, folio 2257; Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Informe Final, supra nota 87, folio
14605; declaración rendida ante fedatario público por la perita Monárrez Fragoso el 20 de noviembre de 2008 (expediente de fondo, tomo XIII, folio 3911), y Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Tercer Informe de Gestión, mayo 2005-septiembre 2006, citando el Segundo Informe de Gestión, titulado “El feminicidio: formas de ejercer
la violencia contra las mujeres” (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXVII, anexo 12, folio 9016).
102
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1744; Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folios 1924 y 1926; Informe de la Relatora
Especial sobre la violencia contra la mujer, supra nota 64, folio 2012, y Amnistía Internacional,
Muertes intolerables, supra nota 64, folios 2257 y 2271.
103
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1744 e Informe de la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, supra nota
73, folio 2053.
104
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en
Ciudad Juárez, Informe Final, supra nota 87, folio 14525.
105
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folios 1924 y 1927 y Amnistía Internacional, Muertes intolerables, supra nota 64, folio 2271.
100
cndh/cmdpdh
sus familiares denuncian su desaparición106 y luego de días o meses sus cadáveres son encontrados en terrenos baldíos107 con signos de violencia, incluyendo
violación u otros tipos de abusos sexuales, tortura y mutilaciones.108
126. En cuanto a las características sexuales de los homicidios, el Estado alegó que según cifras del año 2004, alrededor del 26% de los homicidios obedecía
a actos de índole sexual violento
127. Por su parte, aunque la Fiscalía Especial concluyó que la mayoría de los
homicidios de mujeres en Ciudad Juárez fueron independientes unos de otros y
que, por tanto, eran cometidos en circunstancias de tiempo, modo y ocasión dis­
tintos,109 hasta el año 2005 esta institución “logró determinar que el número de
casos en los que se present[ó] el patrón conductual que ha[bía] identificado el fenómeno denominado ‘Muertas de Juárez’, e[ra] de alrededor [d]el 30% de los
379 homicidios identificados”, o sea alrededor de 113 mujeres. Asimismo, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez (en adelante la “Comisión para Ciudad Juárez”) señaló que, aunque seguían
guardando discrepancias en cuanto a cifras absolutas, distintos informes coincidieron en que una tercera parte del total de los homicidios de mujeres eran aquéllos clasificados como sexuales y/o seriales, estos últimos “son aqu[é]llos donde
se repite un patrón en el que por lo general la víctima no conoce a su victimario y
es privada de su libertad y sometida a vejaciones y sufrimientos múltiples, hasta
la muerte”.110 Los informes del CEDAW y de Amnistía Internacional también
106
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra 64, folio 1744.
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1744; Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1927, e Informe Final del Observatorio Ciudadano, supra nota 81, folio 6640.
108
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1744; Informe de la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, supra nota
73, folio 2052; Amnistía Internacional, Muertes intolerables, supra nota 64, folio 2271; CNDH, Recomendación 44/1998, supra nota 72, folio 2154, e Informe de México producido por el CEDAW,
supra nota 64, folio 1927.
109
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en
Ciudad Juárez, Informe Final, supra nota 87, folio 14608. Al respecto, cabe notar que la Comisión
para Ciudad Juárez señaló que, “[s]i bien es cierto que ha sido difícil demostrar que los homicidios
de mujeres en Ciudad Juárez están relacionados con asesinos seriales, faltó de parte de la [Fiscalía
Especial] un análisis sobre el fenómeno criminal que constituyeron los casos paradigmáticos,
aquéllos en los que sí puede haber evidencias de lo que la [Fiscalía Especial] llama ‘homicidios de
mujeres con características y/o patrones conductuales similares’”. En similar sentido, criticó que
la Fiscalía Especial “sigue sin enfocar su análisis desde la perspectiva de género; no obstante las recomendaciones internacionales que se han hecho” (Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Tercer informe de gestión, supra nota 101, folio 9073).
110
Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Tercer informe de gestión, supra nota 101, folios 8996 y 8997.
107
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
101
coincidieron en que alrededor de un tercio de los homicidios tenían un componente de violencia sexual o características similares.111
1.5. Violencia basada en género
128. Según los representantes, el tema de género es el común denominador de la
violencia en Ciudad Juárez, la cual “sucede como culminación de una situación
caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos”.
Alegaron que “niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de
ser mujeres y sólo en algunos casos son asesinadas como culminación de dicha
violencia pública y privada”.
129. El Estado señaló que los homicidios “tienen causas diversas, con diferentes autores, en circunstancias muy distintas y con patrones criminales diferencia­
dos, pero se encuentran influenciados por una cultura de discriminación contra
la mujer”. Según el Estado, uno de los factores estructurales que ha motivado situaciones de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez es la modificación de
los roles familiares que generó la vida laboral de las mujeres. El Estado explicó
que desde 1965 empezó en Ciudad Juárez el desarrollo de la industria maquiladora, el cual se intensificó en 1993 con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Señaló que, al dar preferencia a la contratación de mujeres, las maquiladoras causaron cambios en la vida laboral de éstas, lo cual impactó también
su vida familiar porque “los roles tradicionales empezaron a modificarse, al ser
ahora la mujer la proveedora del hogar”. Esto, según el Estado, llevó a conflictos
al interior de las familias porque la mujer empezó a tener la imagen de ser más
competitiva e independiente económicamente.112 Además, el Estado citó el Informe del CEDAW para señalar que “[e]ste cambio social en los papeles de las
111
Según el informe del CEDAW, publicado en el año 2005, el Instituto Chihuahuense de la Mujer
refirió 90 casos, la Fiscalía Especial y el Delegado de la Procuraduría General de la República en
Ciudad Juárez mencionó 93 casos y las ONGs contabilizaban 98 (Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1924).
112
Estos alegatos coinciden con las conclusiones del Primer informe de gestión de la Comisión para
Ciudad Juárez, el cual señala que en la década de los setenta y los ochenta, la industria maquiladora
se caracterizó por la oferta casi exclusivamente a mujeres en un contexto de desempleo masculino,
lo cual “produjo un choque cultural al interior de las familias” y que “los hombres se quedaron sin
trabajo y las que sostenían el hogar eran las mujeres” (Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Primer Informe de Gestión, supra nota 67, folio 8663.
Ver también, Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1922; declaración
rendida ante fedatario público por el perito Pineda Jaimes el 15 de abril de 2009, expediente de
fondo, tomo VIII, folio 2825, y declaración de la perita Jusidman Rapoport, supra nota 99, folio
3778).
102
cndh/cmdpdh
mujeres no ha sido acompañado de un cambio en las actitudes y las mentalidades tradicionales —el cariz patriarcal— manteniéndose una visión estereotipada de los papeles sociales de hombres y mujeres”.
130. Otros factores mencionados por el Estado como generadores de violencia y marginación son la falta de servicios públicos básicos en las zonas marginadas; el narcotráfico, tráfico de armas, criminalidad, lavado de dinero y trata de
personas que se dan en Ciudad Juárez por ser una ciudad fronteriza; el consumo
de drogas; el alto índice de deserción escolar, y la existencia de “numerosos agresores sexuales” y “efectivos militares […] provenientes de conflictos armados”
en la cercana ciudad de El Paso.
131. Según prueba remitida por el Estado, en los homicidios de mujeres ocurridos entre 1993 y 2005, el 31.4% fue por violencia social (que incluye venganza, riña, imprudencia, pandillerismo, robo), 28% fue por violencia doméstica,
20.6% fue por móvil sexual y 20.1% es indeterminado.113 Cabe notar que entre
cifras del mismo Estado hay inconsistencias. Por ejemplo, en su respuesta al informe del CEDAW del 2003, el Estado señaló que 66% de los homicidios son el
resultado de la violencia intrafamiliar o doméstica y común, el 8% tienen un móvil desconocido y el 26% restante obedece a actos de índole sexual violento.114
132. La Corte toma nota de que a pesar de la negación del Estado en cuanto a
la existencia de algún tipo de patrón en los motivos de los homicidios de mujeres
en Ciudad Juárez, éste señaló ante el CEDAW que “están influenciados por una
cultura de discriminación contra la mujer basada en una concepción errónea de
su inferioridad.115” También cabe destacar lo señalado por México en su Informe
de Respuesta al CEDAW, en relación a las acciones concretas realizadas para me­jo­
rar la situación de subordinación de la mujer en México y en Ciudad Juárez:
debe reconocerse que una cultura fuertemente arraigada en estereotipos, cuya
piedra angular es el supuesto de la inferioridad de las mujeres, no se cambia de la
noche a la mañana. El cambio de patrones culturales es una tarea difícil para cualquier gobierno. Más aún cuando los problemas emergentes de la sociedad moder113
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en
Ciudad Juárez, Informe Final, supra nota 87, folio 14549.
114
El Estado explicó en su Respuesta al Informe del CEDAW que el contexto de violencia contra la
mujer en el que están inmersos muchos de los homicidios y las concepciones fuertemente arraigadas en la opinión pública sobre las posibles causas de éstos, “dificulta[n] sobre manera realizar una
clasificación en base a sus móviles”, pero que es posible realizar la clasificación referida “a la luz con
que se cuenta sobre autores del homicidio, qué testigos existen, y bajo qu[é] circunstancias se dio”
(Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1957).
115
Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1957.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
103
na: alcoholismo, drogadicción, tráfico de drogas, pandillerismo, turismo sexual,
etc., contribuyen a agudizar la discriminación que sufren varios sectores de las
sociedades, en particular aquellos que ya se encontraban en una situación de desventaja, como es el caso de las mujeres, los y las niñas, los y las indígenas.116
133. Distintos informes coinciden en que aunque los motivos y los perpetradores de los homicidios en Ciudad Juárez son diversos, muchos casos tratan de
violencia de género que ocurre en un contexto de discriminación sistemática
contra la mujer.117 Según Amnistía Internacional, las características compartidas por muchos de los casos demuestran que el género de la víctima parece haber sido un factor significativo del crimen, influyendo tanto en el motivo y el
contexto del crimen como en la forma de la violencia a la que fue sometida”.118 El
Informe de la Relatoría de la CIDH señala que la violencia contra las mujeres en
Ciudad Juárez “tiene sus raíces en conceptos referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres”.119 A su vez, el CEDAW resalta que la violencia de género,
incluyendo los asesinatos, secuestros, desapariciones y las situaciones de violencia
doméstica e intrafamiliar “no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos
de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades” y que estas situaciones de violencia están fundadas “en una cultura de violencia y discriminación basada en el
género”.120
134. Por su parte, la Relatora sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU
explica que la violencia contra la mujer en México sólo puede entenderse en el
contexto de “una desigualdad de género arraigada en la sociedad”. La Relatora se
refirió a “fuerzas de cambio que ponen en entredicho las bases mismas del machis­
mo”, entre las que incluyó la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo,
lo cual proporciona independencia económica y ofrece nuevas oportunidades
de formarse.
Estos factores, aunque a la larga permitan a las mujeres superar la discriminación estructural, pueden exacerbar la violencia y el sufrimiento a corto plazo. La
116
Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1960.
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1735; Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1922; Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, supra nota 64, folios 2001 a 2002, y Amnistía Internacional,
Muertes intolerables, supra nota 64, folios 2259 y 2269.
118
Amnistía Internacional, Muertes intolerables, supra nota 64, folio 2269.
119
CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1766 (citando
carta del Secretario de Gobierno de Chihuahua a la Relatora Especial de 11 de febrero de 2002).
120
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folios 1937 y 1949.
117
104
cndh/cmdpdh
incapacidad de los hombres para desempeñar su papel tradicionalmente machista de proveedores de sustento conduce al abandono familiar, la inestabilidad en
las relaciones o al alcoholismo, lo que a su vez hace más probable que se recurra
a la violencia. Incluso los casos de violación y asesinato pueden interpretarse
como intentos desesperados por aferrarse a normas discriminatorias que se ven
superadas por las cambiantes condiciones socioeconómicas y el avance de los
derechos humanos.121
135. Por otro lado, la Comisión para Ciudad Juárez destacó que el énfasis de
la Fiscalía Especial en la violencia intrafamiliar y en la grave descomposición social como razones para los crímenes sexuales, no rescata “los elementos de discriminación por género de la violencia que específicamente afecta a las mujeres”,
lo cual, “amalgama la violencia de género como parte de la violencia social, sin
ahondar en la forma como afecta específicamente a las mujeres”.122
136. Por su parte, el Informe de la Comisión resaltó las características sexuales de los homicidios y señaló que “[s]i bien no se conoce con suficiente certeza la
magnitud de estos aspectos del problema, las pruebas recogidas en determinados
casos indican vínculos con la prostitución o el tráfico con fines de explotación
sexual” y que “[e]n ambos casos pueden darse situaciones de coacción y abuso de
mujeres que trabajan en el comercio sexual o se ven forzadas a participar en él”.123
1.6. Sobre el alegado feminicidio
137. La Comisión no calificó los hechos acaecidos en Ciudad Juárez como feminicidio.
138. Los representantes expresaron que “[l]os homicidios y desapariciones de
niñas y mujeres en Ciudad Juárez, son la máxima expresión de la violencia misógina”, razón por la que alegaron que esta violencia se ha conceptualizado como
feminicidio. Según explicaron, éste consiste en “una forma extrema de violencia
contra las mujeres; el asesinato de niñas y mujeres por el solo hecho de serlo en
una sociedad que las subordina”, lo cual implica “una mezcla de factores que incluyen los culturales, los económicos y los políticos”. Por esta razón, argumentaron que “para determinar si un homicidio de mujer es un feminicidio se requiere
121
Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, supra nota 64, folios 2001 y
2002.
122
Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Primer Informe de Gestión, supra nota 67, folio 9074.
123
CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folios 1748 y 1750 (citando carta del Secretario de Gobierno de Chihuahua a la Relatora Especial de 11 de febrero de
2002).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
105
conocer quién lo comete, cómo lo hace y en qué contexto”. Indicaron que aun
cuando no siempre se tiene toda la información disponible en los crímenes de
este tipo, existen indicadores tales como las mutilaciones de ciertas partes del
cuerpo, como la ausencia de pechos o genitales.
139. Por su parte, el Estado en la audiencia pública utilizó el término feminicidio al hacer referencia al “fenómeno […] que prevalece en Juárez”. No obstante, el Estado, en sus observaciones a peritajes presentados por los representantes,
objetó el hecho de que pretendieran “incluir el término feminicidio como un
tipo penal, cuando éste no existe ni en la legislación nacional, ni en los instrumentos vinculantes del sistema interamericano de derechos humanos”.
140. En México, la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, vigente desde 2007, define en su artículo 21 la violencia feminicida
como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de
la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad
social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.124 A su vez, algunas instancias gubernamentales han proporcionado definiciones para el término feminicidio en sus informes.125
141. Los peritos Monárrez Fragoso,126 Pineda Jaimes,127 Lagarde y de los Rios128
y Jusidman Rapoport129 calificaron lo ocurrido en Ciudad Juárez como feminicidio.
142. Adicionalmente, el informe de la Comisión Especial para Conocer y Dar
Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana de la Cámara de Diputados (en adelante la “Comisión de la
Cámara de Diputados”) y los de la Comisión para Ciudad Juárez, se refieren al
“feminicidio” que supuestamente ocurre en Ciudad Juárez.130 Asimismo, lo ha124
Artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007 (expediente de anexos a la contestación
de la demanda, tomo XLIII, anexo 109, folio 16126).
125
Cfr. Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Primer
Informe de Gestión, supra nota 67, folio 8661 y Comisión de la Cámara de Diputados, Violencia
Feminicida en 10 entidades de la República Mexicana, supra nota 86, folio 6885.
126
Cfr. declaración de la perita Monárrez Fragoso, supra nota 101, folio 3906.
127
Cfr. declaración del perito Pineda Jaimes, supra nota 112, folio 2813.
128
Cfr. declaración rendida ante fedatario público por la perita Lagarde y de los Ríos el 20 de abril de
2009 (expediente de fondo, tomo XI, folio 3386).
129
Cfr. declaración de la perita Jusidman Rapoport, supra nota 99, folio 3806.
130
Cfr. Comisión de la Cámara de Diputados, Violencia Feminicida en 10 entidades de la República
Mexicana, supra nota 86, folio 6889 y Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en Ciudad Juárez, Primer Informe de Gestión, supra nota 67, folio 8662.
106
cndh/cmdpdh
cen el Observatorio Ciudadano,131 las ONGs Centro para el Desarrollo Integral
de la Mujer y AC / Red Ciudadana de NO violencia y Dignidad Humana,132 la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.,133
así como también diferentes amici curiai allegados a la Corte.134
143. En el presente caso, la Corte, a la luz de lo indicado en los párrafos anteriores, utilizará la expresión “homicidio de mujer por razones de género”, también conocido como feminicidio.
144. Para efectos de este caso, la Corte considera que, teniendo en cuenta la
prueba y argumentación sobre prueba obrante en el expediente, no es necesario
ni posible pronunciarse de manera definitiva sobre cuáles homicidios de mujeres en Ciudad Juárez constituyen homicidios de mujeres por razones de género,
más allá de los homicidios de las tres víctimas del presente caso. Por esta razón,
se referirá a los casos de Ciudad Juárez como homicidios de mujeres, aunque entienda que algunos o muchos de éstos puedan haber sido cometidos por razones
de género y que la mayoría han ocurrido dentro de un contexto de violencia contra la mujer.
145. En cuanto a las muertes producidas en el presente caso, la Corte analizará en secciones posteriores, conforme a la prueba aportada por las partes, si
constituyen homicidios de mujeres por razones de género.
1.7. Investigación de los homicidios de mujeres
146. Según la Comisión y los representantes, otro factor que caracteriza estos
homicidios de mujeres es su falta de esclarecimiento y las irregularidades en las
investigaciones respectivas, lo que, según ellos, ha generado un clima de impunidad. Al respecto, la Corte toma nota del reconocimiento del Estado en cuanto
a “la comisión de diversas irregularidades en la investigación y procesamiento
131
Cfr. Informe Final del Observatorio Ciudadano, supra nota 81, folio 6714.
Cfr. Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y AC / Red Ciudadana de No violencia y Dignidad Humana. Las Víctimas de Feminicidio en Ciudad Juárez. Informe del Estado de la Procuración de
Justicia y el Acceso a las Garantías Judiciales sobre feminicidios y mujeres desaparecidas en Juárez, 1993
– 2007. Reporte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mayo 2007 (expediente
de anexos a la demanda, tomo IV, apéndice 5 Vol. III, folios 544 y 555).
133
Cfr. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Compendio de
recomendaciones, supra nota 65, folio 6654.
134
Cfr. escrito presentado por el Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad
de los Andes, Colombia (expediente de fondo, tomo XV, folio 4416); escrito presentado por la Organización Mundial contra la Tortura y TRIAL – Track Impunity (expediente de fondo, tomo VI,
folio 2197), y escrito presentado por la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez (expediente de fondo, tomo XV, folio 4290).
132
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
107
de homicidios de mujeres cometidos entre los años de 1993 y 2004 en Ciudad
Juárez”. El Estado, además, lamentó “los errores cometidos hasta antes del año
2004 por servidores públicos que participaron durante algunas de estas investigaciones”.
1.7.1 Irregularidades en las investigaciones y en los procesos
147. Aunque el Estado reconoció la comisión de irregularidades en la investigación y procesamiento de los homicidios de mujeres entre los años 1993 y 2003
(supra párr. 20), no especificó cuáles fueron las irregularidades que encontró en
las investigaciones y en los procesos realizados durante esos años. Sin embargo,
la Corte toma nota de lo señalado al respecto por el Informe de la Relatora de la
CIDH:
El Estado mexicano, por su parte, admite que se cometieron errores durante los
primeros cinco años en que se vio confrontado con esos asesinatos. Reconoce,
por ejemplo, que no fue infrecuente que la Policía le dijera a un familiar que tratara de informar la desaparición de una niña que volviera a las 48 horas, siendo evidente que había cosas que investigar. Tanto los representantes del Estado como
de entidades no estatales señalaron que las autoridades de Ciudad Juárez solían
desechar las denuncias iniciales, manifestando que la víctima habría salido con
un novio y no tardaría en volver al hogar. La PGJE mencionó también falta de capacidad técnica y científica y de capacitación, en esa época, por parte de los miembros de la Policía Judicial. Autoridades del Estado de Chihuahua señalaron que
las fallas eran tales que en 25 casos, que databan de los primeros años de los asesinatos, los “expedientes” eran poco más que bolsas que contenían una serie de huesos, lo que prácticamente no servía de base para avanzar en la investigación.135
148. La Corte observa que aún cuando los detalles esgrimidos por las autoridades del Estado a la Relatora de la CIDH y señalados supra fueron circunscritos
a las investigaciones y procesos llevados a cabo hasta 1998, el mismo Estado reconoció ante la Corte que hubo irregularidades hasta antes del año 2004 (supra
párr. 20), aunque no las detallara.
149. Diversos informes publicados entre 1999 y el 2005 coinciden en que las investigaciones y los procesos de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez han es-
135
CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1750 (citando
carta del Secretario de Gobierno de Chihuahua a la Relatora Especial de 11 de febrero de 2002).
108
cndh/cmdpdh
tado plagados de irregularidades y deficiencias136 y que dichos crímenes han permanecido impunes.137 Según la Fiscalía Especial, “debe hacerse hincapié en que la
impunidad de los casos no resueltos se produjo, principalmente, entre los años
1993 al 2003, por causa de las graves omisiones en que incurrió el personal que laboró en la Procuraduría General de Justicia del Estado [de Chihuahua]”. Agregó
que durante ese período “los gobiernos estatales no impulsaron políticas públicas
encaminadas a dotar a la Procuraduría de [dicho e]stado de la infraestructura, procesos de trabajo y personal especializado que le permitieran realizar las investigaciones de homicidios de mujeres en rangos de confiabilidad razonablemente
aceptables”.138
150. Conforme a la prueba aportada, las irregularidades en las investigaciones y
en los procesos incluyen la demora en la iniciación de las investigaciones,139 la lentitud de las mismas o inactividad en los expedientes,140 negligencia e irregularidades en la recolección y realización de pruebas y en la identificación de víctimas,141
136
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1767; CNDH,
Recomendación 44/1998, supra nota 72, folios 2118 a 2129 y 2138; Informe de México producido
por el CEDAW, supra nota 64, folio 1924, e Informe de la Comisión de Expertos Internacionales
de las Naciones Unidas, supra nota 76, folio 1898.
137
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1749; Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de las Naciones Unidas, supra nota 76, folio 1869;
CNDH, Informe Especial, supra nota 66, folio 2167, y declaración rendida ante fedatario público
por el perito Castresana Fernández el 21 de abril de 2009 (expediente de fondo, tomo VIII, folio
2904).
138
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Informe Final, supra nota 87, folio 14573.
139
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1746, Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1924, y Amnistía Internacional,
Muertes intolerables, supra nota 64, folio 2274.
140
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1767; CNDH,
Recomendación 44/1998, supra nota 72, folio 2140; Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Informe Final, supra nota 87, folios
14579 y 14610; Conferencia de prensa que ofrecieron el Subprocurador de Derechos Humanos,
Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad y la Fiscal Especial para la Atención de los Delitos
Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres en el auditorio de juristas, de Reforma
211, México, D.F., 16 de febrero de 2006, anexo 4 del Informe Final del Observatorio Ciudadano,
supra nota 81, folio 6714.
141
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1750;
CNDH, Recomendación 44/1998, supra nota 72, folio 2140; Informe de la Comisión de Expertos
Internacionales de las Naciones Unidas, supra nota 76, folio 1929, Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Informe Final, supra nota 87, folio 14579, y declaración rendida ante fedatario público por la testigo Doretti el 17 de
abril de 2009 (expediente de fondo, tomo VI, folio 2326 y 2327).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
109
pérdida de información,142 extravío de piezas de los cuerpos bajo custodia del Ministerio Público,143 y la falta de contemplación de las agresiones a mujeres como
parte de un fenómeno global de violencia de género.144 Según el Relator sobre la
independencia judicial de la ONU, luego de una visita a Ciudad Juárez en el 2001,
“[l]e sorprendió la absoluta ineficacia, incompetencia, indiferencia, insensibilidad
y negligencia de la policía que había llevado hasta entonces las indagaciones”.145
Por su parte, la Fiscalía Especial señaló en su informe del 2006 que de 139 averiguaciones previas analizadas, en más del 85% se detectaron responsabilidades
atribuibles a servidores públicos, graves deficiencias y omisiones que “entorpecieron la resolución de los homicidios ahí relacionados, provocando impunidad”.146
1.7.2. Actitudes discriminatorias de las autoridades
151. La Comisión y los representantes alegaron que las actitudes de las autoridades estatales frente a los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez eran notoriamente discriminatorias y dilatorias, situación que la Comisión describió como
un “alarmante patrón de respuesta y concepciones estereotipadas de las mujeres
desaparecidas”. En particular, el patrón “se manifestaba en la percepción de los
funcionarios estatales que la búsqueda y protección de mujeres reportadas como
desaparecidas no era importante” e implicaba que en un principio las autoridades se negaban a investigar.
152. Al respecto, el Estado señaló que la cultura de discriminación de la mujer “contribuyó a que tales homicidios no fueran percibidos en sus inicios como
un problema de magnitud importante para el cual se requerían acciones inmediatas y contundentes por parte de las autoridades competentes”.147 El Tribunal
observa que aunque el Estado no señaló este reconocimiento en el trámite ante
142
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1750; Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de las Naciones Unidas, supra nota 76, folios 1898
y 1899; declaración de la testigo Doretti, supra nota 141, folio 2332.
143
Cfr. declaración de la testigo Doretti, supra nota 141, folios 2371 y 2372.
144
Cfr. Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de las Naciones Unidas, supra nota 76,
folio 1897; CNDH, Recomendación 44/1998, supra nota 72, folio 2154; CNDH, Informe Especial, supra nota 66, folio 2227, y Amnistía Internacional, Muertes intolerables, supra nota 64, folio
2279.
145
Informe del Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, supra nota 74,
folio 2100.
146
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Informe Final, supra nota 87, folios 14575 y 14609.
147
Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1957.
110
cndh/cmdpdh
la Corte, sí remitió el documento en el que consta tal reconocimiento,148 siendo
parte del acervo probatorio que será analizado conforme a las reglas de la sana
crítica.
153. Diversas fuentes afirman que la respuesta de funcionarios estatales frente a los crímenes fue influenciada por un contexto de discriminación basada en
género.149 Según el Relator Especial sobre la independencia judicial de la ONU,
“al principio es indudable que estos hechos no conmovieron mucho a los agentes
de la policía y a los procuradores, quienes llegaron incluso a reprochar a las mujeres su presunta falta de moralidad”.150 La Relatora sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU señaló que:
[l]a conducta arrogante de algunos funcionarios públicos y su manifiesta indiferencia ante […] estos delitos permiten concluir que muchos de ellos fueron deliberadamente pasados por alto por la mera razón de que las víctimas eran ‘sólo’
muchachas corrientes y, por lo tanto, no eran consideradas una gran pérdida.
Cabe temer que, como consecuencia de los retrasos y las irregularidades, se hayan perdido tiempo y datos muy valiosos.151
154. Distintas pruebas allegadas al Tribunal, señalaron, inter alia, que funcionarios del estado de Chihuahua y del Municipio de Juárez minimizaban el problema y llegaron a culpar a las propias víctimas de su suerte, fuera por su forma
de vestir, por el lugar en que trabajaban, por su conducta, por andar solas o por
falta de cuidado de los padres.152 En este sentido, destacaron las afirmaciones de
la CNDH en su Recomendación 44/1998, con respecto a que las declaraciones
148
Cfr. Respuesta del gobierno de México al informe producido por el CEDAW bajo el artículo 8 del
Protocolo Facultativo de la Convención, 27 de enero de 2005 (anexos a la contestación de la demanda, tomo XXV, anexo 6, folios 8612 a 8653).
149
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folios 1734 y 1742;
Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1928; Amnistía Internacional,
Muertes intolerables, supra nota 64, folios 2259 y 2269; declaración del perito Pineda Jaimes, supra
nota 112, folio 2832, y declaración de la perita Jusidman, supra nota 99, folio 3808.
150
Informe del Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, supra nota 74,
folio 2100.
151
Informe de la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, supra
nota 73, folio 2053.
152
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1765; Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1928; Informe de la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, supra nota 73, folio 2052; CNDH,
Recomendación 44/1998, supra nota 72, folio 2139, y declaración de la perita Monárrez Fragoso,
supra nota 101, folios 3938 y 3940.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
111
de funcionarios y autoridades de la Procuraduría estatal documentadas por esa
institución denotaban “ausencia de interés y vocación por atender y remediar
una problemática social grave, así como una forma de discriminación” y que
constituían una “forma de menosprecio sexista”.153
1.7.3. Falta de esclarecimiento
155. La Comisión hizo énfasis en que la respuesta de las autoridades ante los crímenes contra mujeres había sido “notablemente deficiente” y alegó que la gran
mayoría de los asesinatos seguían impunes al momento de la visita de la Relatora
de la CIDH a Ciudad Juárez en el 2002. Además, señaló que aunque el Estado
tenía conocimiento de la gravedad de la situación, “existía una gran brecha entre
la incidencia del problema de violencia contra las mujeres y la calidad de la respuesta estatal ofrecida a este fenómeno, lo cual propendió a la repetición de los
hechos”.
156. Los representantes alegaron que en el año en que ocurrieron los hechos
del presente caso, “es decir, a 8 años de que se tuvo noticia del incremento de la
violencia contra las mujeres”, la situación de impunidad no había tenido mejora
alguna, destacando que ese año presentó el más alto porcentaje de homicidios
de mujeres.
157. El Estado reiteró “su convicción de que en [el presente caso] y en general,
en relación a los homicidios de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez, no se configura una situación de impunidad, ya que se ha investigado, perseguido, capturado, enjuiciado y sancionado a un número significativo de responsables”. También
indicó que entre enero de 1993 y mayo de 2008 se habían registrado 432 casos de
homicidios de mujeres, de los cuales “45.25% fueron resueltos por una instancia
jurisdiccional y el 33.02% en etapa de investigación”.
158. La Corte observa que diversos informes coinciden en que la falta de esclarecimiento de los crímenes es una característica de los homicidios de mujeres
en Ciudad Juárez que reviste especial importancia. El Informe de la Relatoría de
la CIDH del 2003 señaló que la gran mayoría de los casos siguen impunes.154
Asimismo, según el CEDAW “una cultura de impunidad se ha enraizado que
permitió y foment[ó] terribles violaciones de los derechos humanos”, y según la
Oficina de Drogas y Delitos de la ONU señaló que los diferentes factores complejos del fenómeno criminal en Ciudad Juárez “han puesto a prueba un sistema
de por sí insuficiente, que ha sido manifiestamente desbordado por un desafío
153
CNDH, Recomendación 44/1998, supra nota 72, folio 2155.
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1734.
154
112
cndh/cmdpdh
criminal para el que no estaba preparado, dando lugar a un colapso institucional
que ha determinado la impunidad generalizada de los responsables de los
crímenes”.155
159. La Corte toma nota de que distintos informes apuntan a diferentes cifras
sobre el estado de los casos de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.156 Según
cifras oficiales aportadas por el Estado, no controvertidas por las otras partes, de
379 casos de homicidios de mujeres que ocurrieron en Ciudad Juárez entre 1993
y 2005, 145 contaban en el año 2005 con sentencias condenatorias o sancio­
nes,157 lo que representa alrededor de un 38.5%. Por otro lado, el Estado proporcionó al Tribunal una lista de 203 sentencias definitivas con respecto a los ho­
micidios de mujeres hasta septiembre de 2008, de las cuales 192 son sentencias
condenatorias.158 Al respecto, la Corte observa que el Estado no informó los números globales de homicidios hasta el año 2009 y no otorgó prueba en relación a
sus alegatos de hecho relativos a que, en el año 2008, 41.33% de los homicidios
de mujeres habían sido resueltos por un órgano jurisdiccional y 3.92% por el Tribunal para Menores.
160. En cuanto a las sentencias, específicamente aquéllas impuestas a los responsables de homicidios dolosos, la Fiscalía Especial observó en su informe del
año 2006 que éstas se enmarcaron en un promedio no mayor a los 15 años de
prisión, a pesar que en la mayoría de los casos se cometieron con agravantes y
que esto:
pudo haber obedecido a una política judicial que en su momento deberá ser revisada por el propio Poder Judicial del Estado, o bien al hecho de que el Ministerio
Público del fuero común no efectuó todas las acciones que permitieran a los jueces allegarse de elementos para sancionar de una manera más severa a los responsables.159
155
Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de Naciones Unidas, supra nota 76, folio
1869.
156
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1734; Informe de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la mujer, supra nota 64, folio 2012, y CNDH,
Recomendación 44/1998, supra nota 72, folio 2232.
157
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en
Ciudad Juárez, Informe Final, supra nota 87, folios 14617 a 14651.
158
Cfr. fichas de 203 casos de homicidios de mujeres cometidos en Ciudad Juárez, en los que se han
dictado sentencia definitiva, septiembre 2003 (expediente de anexos a los alegatos finales escritos
del estado, tomo XLIX, anexo 6, folios 17347 a 17400).
159
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Informe Final, supra nota 87, folio 14612.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
113
161. Un aspecto relacionado recogido por los informes es que el número de
sentencias y la pena impuesta son más bajos cuando se trata de los homicidios
de mujeres con características sexuales. Sobre este punto, según cifras aportadas
por el Estado ante la Comisión Interamericana, de 229 casos de homicidios de mujeres entre 1993 y 2003,160 159 fueron casos con móviles diferentes al sexual y de
éstos, 129 habían “concluido”, mientras que de 70 casos de homicidios de mujeres con móvil sexual, sólo habían “concluido” 24.161 Es importante señalar que el
Estado no especificó qué entiende por “concluidos”162 y que sobre el mismo punto en su respuesta al informe del CEDAW estableció que de los 92 delitos sexuales ocurridos hasta el 2004 sólo en 4 casos se había dictado sentencia.163
162. La Comisión para Ciudad Juárez, por su parte, destacó que “[l]o que más
sorprende de estas historias [de homicidios de mujeres] es la impunidad aún vigente en muchos de los casos clasificados como sexuales y/o seriales”.164 Según
el CEDAW, las autoridades mexicanas expresaron que había avances en el proceso de investigación, identificación y enjuiciamiento de los culpables por crímenes con móviles como violencia intrafamiliar o delincuencia común y que la
160
Cabe notar que existen inconsistencias entre las cifras globales, ya que según el Informe Final de
la Fiscalía Especial, hasta el 2003 habían ocurrido 328 casos de homicidios de mujeres en Ciudad
Juárez (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres
en Ciudad Juárez, Informe Final, supra nota 87, folio 14646).
161
Cfr. Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua, Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres, Ciudad Juárez, 2003. Anexos al cuarto informe mensual del Estado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 17 de febrero de 2003 (expediente de
anexos a la contestación de la demanda, tomo XLII, anexo 75, folio 15446).
162
De manera general, en cuanto a los llamados casos “concluidos” por el Estado, el CEDAW señaló
en su informe de 2005 que le preocupaba que se consideraran e informaran como concluidos o resueltos los casos al ser presentados ante los Tribunales, “aunque los inculpados no sean detenidos
ni sancionados” (Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1953). Asimismo, y también de manera general, la CNDH en su informe del 2005 indicó que “obtuvo información suficiente para desvirtuar las afirmaciones de la PGJE, en el sentido de dar por resueltos casos, sin que existan bases jurídicas para sustentar dichas afirmaciones” (CNDH, Informe Especial,
supra nota 66, folio 2234).
163
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1964. Al respecto, cabe notar lo señalado por el CEDAW en su informe: “El Gobierno asegura que de los 90 casos que consideran como de violencia sexual s[ó]lo en 4 se ha dictado sentencia, mientras que la casi totalidad
de las fuentes de la sociedad civil plantean que esos 4 casos tampoco están resueltos y que tal vez
algunos de los acusados no sean culpables. S[ó]lo un prisionero ha sido juzgado y sancionado, después de 8 años, encontrándose aún en fase de apelación” (Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 8592).
164
Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Tercer Informe de Gestión, supra nota 101, folio 8997 (citando el Segundo Informe de Gestión, titulado “El
feminicidio: formas de ejercer la violencia contra las mujeres).
114
cndh/cmdpdh
mayoría de los sentenciados han sido condenados a penas que rebasan los 20
años de prisión, mientras que en los actos de carácter sexual violento “hay personas que llevan 7 años presas, otras 5 y aunque la Ley establece que hay que dictar
sentencia en el término de 2 años, ocurre que los expedientes están incompletos
y las pruebas no resultan convincentes para los jueces”.165 Por su parte, la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU ha señalado que el porcentaje de encarcelamiento para los crímenes sexuales es menor que para el resto de los crímenes contra las mujeres, representando específicamente un 33.3%
y 46.7%, respectivamente.166
163. Finalmente, la Corte observa que algunos informes señalan que la impunidad está relacionada con la discriminación contra la mujer. Así, por ejemplo, el
Informe de la Relatora de la CIDH concluyó que “[c]uando los perpetradores no
son responsabilizados –como en general ha ocurrido en Ciudad Juárez— la impunidad confirma que esa violencia y discriminación es aceptable, lo cual fomenta su perpetuación”.167 En similar sentido, la Relatora sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU expresó que: “los sucesos de Ciudad Juárez son el típico
ejemplo de delito sexista favorecido por la impunidad”.168
1.8. Conclusiones de la Corte
164. De todo lo expuesto anteriormente, la Corte concluye que desde 1993 existe
en Ciudad Juárez un aumento de homicidios de mujeres, habiendo por lo menos
264 víctimas hasta el año 2001 y 379 hasta el 2005. Sin embargo, más allá de las
cifras, sobre las cuales la Corte observa no existe firmeza, es preocupante el hecho de que algunos de estos crímenes parecen presentar altos grados de violencia,
incluyendo sexual, y que en general han sido influenciados, tal como lo acepta el
Estado, por una cultura de discriminación contra la mujer, la cual, según diversas
fuentes probatorias, ha incidido tanto en los motivos como en la mo­dalidad de los
crímenes, así como en la respuesta de las autoridades frente a éstos. En este sentido, cabe destacar las respuestas ineficientes y las actitudes indiferentes documentadas en cuanto a la investigación de dichos crímenes, que parecen haber permitido que se haya perpetuado la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. La
Corte constata que hasta el año 2005 la mayoría de los crímenes seguían sin ser
esclarecidos, siendo los homicidios que presentan características de violencia
sexual los que presentan mayores niveles de impunidad.
165
Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1931.
Cfr. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, supra nota 64, folio 2012.
167
CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1766.
168
Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, supra nota 64, folio 2053.
166
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
115
2. Hechos del caso
2.1. Desapariciones de las víctimas
165. Laura Berenice Ramos Monárrez tenía 17 años de edad y era estudiante del
quinto semestre de la preparatoria. La última noticia que se conocía de ella era
una llamada que hizo a una amiga el sábado 22 de septiembre de 2001 para avisar que estaba lista para ir a una fiesta.169 La denuncia instaurada señalaba que
desapareció el martes 25 de septiembre de 2001, sin que se ofrezcan más detalles.170
166. Claudia Ivette González tenía 20 años de edad y trabajaba en una empresa maquiladora. Según una amiga cercana, “casi siempre salía con el tiempo limitado ya que le ayudaba a su hermana con el cuidado de su menor hija, motivo
por el cual llegaba a veces tarde”171 al trabajo. El 10 de octubre de 2001 llegó dos
minutos tarde a la maquila, por lo que le fue impedida la entrada.172 Ese mismo
día desapareció.173
169
Cfr. comparecencia de Claudia Ivonne Ramos Monárrez ante un subagente del Ministerio Público
adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de Desaparición y Homicidio de Mujeres efectuada el 1 de octubre de 2001 (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 17, folio
2621) y comparecencia de Rocío Itxel Núñez Acevedo ante un subagente del Ministerio Público
adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de Desaparición y Homicidio de Mujeres efectuada el 5 de octubre de 2001 (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 19, folio
2625).
170
Cfr. Registro de Personas Desaparecidas No. 225/2001 diligenciado el 25 de septiembre de 2001
respecto a Laura Berenice Ramos Monárrez (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII,
anexo 11, folio 2609), y comparecencia de Benita Monárrez Salgado ante un subagente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial en la Investigación de Homicidios de Mujeres y Desaparición de Personas efectuada el 25 de septiembre de 2001 (expediente de anexos a la demanda,
tomo VIII, anexos 12 y 14, folio 2611).
171
Información reseñada en el parte informativo emitido por dos agentes de la Policía Ministerial
adscritos a la Fiscalía Mixta para la Atención de Homicidios de Mujeres de Chihuahua el 28 de sep­
tiembre de 2007 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXV, anexo 50,
legajo II, tomo IV, folio 12974).
172
Cfr. declaración efectuada el 24 de octubre de 2001 por Juan Antonio Martínez Jacobo ante la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres y Personas Desaparecidas (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 23, folio 2637) y Registro de Personas Desaparecidas No. 234/2001 diligenciado el 12 de octubre de 2001 respecto a Claudia Ivette González
(expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 8, folio 2603).
173
Cfr. Registro de Personas Desaparecidas No. 234/2001, supra nota 172; comparecencia de Mayela
Banda González ante un subagente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial en la Investigación de Homicidios de Mujeres y Personas Desaparecidas efectuada el 12 de octubre de
2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXII, anexo 50 legajo II,
116
cndh/cmdpdh
167. Esmeralda Herrera Monreal tenía 15 años de edad y contaba con “grado
de instrucción tercero de secundaria”.174 Desapareció el lunes 29 de octubre del
2001, luego de salir de la casa en la que trabajaba como empleada doméstica.175
168. Según los representantes, las jóvenes Ramos, González y Herrera eran
de “origen humilde”.
2.2. Las primeras 72 horas
169. Los alegatos de la Comisión y de los representantes en este punto presentan
inconsistencias, ya que se refieren en unas instancias a que las autoridades manifestaron a los familiares que debían esperar 72 horas respecto a una o dos víctimas
y en otras instancias señalan que fue respecto de las tres víctimas. Asimismo, algunos alegatos se refieren a que no se levantaba la denuncia antes de transcurridas las 72 horas y otros a que no se iniciaban investigaciones hasta después de 72
horas.
170. El Estado controvirtió lo anterior e indicó que “este señalamiento [no]
está probado y es incorrecto”, toda vez que se “levantó el reporte de desaparición
de las jóvenes en el momento en que sus familiares acudieron a denunciarlo”.
Además, señaló de manera general y sin mencionar fechas específicas que “las
autoridades […] ordenaron la búsqueda y localización inmediata de las mujeres
desaparecidas”, “tomando en cuenta la información proporcionada por los familiares”.
171. La Corte constata que la joven Ramos desapareció el 22 de septiembre
de 2001 y, según lo alegado por la Comisión y los representantes el 25 de septiembre la madre interpuso la denuncia ante las autoridades, lo cual no fue controvertido por el Estado. Ese día se levantó el informe de desaparición.
172. La joven González desapareció el 10 de octubre de 2001. Los representantes alegaron que el 11 de octubre sus familiares y amigos cercanos fueron a
interponer la denuncia.176 La Comisión y el Estado señalaron que el 12 de octutomo I, folio 11102), y declaración rendida por la señora González en la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana el 28 de abril de 2009.
174
Comparecencia de Irma Monreal Jaime ante un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial en la Investigación de Homicidios de Mujeres y Personas Desaparecidas el 30 de octubre de 2001 (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 29, folio 2653).
175
Cfr. declaración efectuada el 30 de octubre de 2001 por Irma Monreal Jaime, supra nota 174; Registro de Personas Desaparecidas No. 241/2001 diligenciado el 30 de octubre de 2001 respecto a
Esmeralda Herrera Monreal (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 13, folio
2613), y declaración rendida por la señora Monreal en la audiencia pública celebrada ante la Corte
Interamericana del 28 de abril de 2009.
176
Cfr. comparecencia de Mayela Banda Gonzáles, supra nota 173, folio 2605.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
117
bre se reportó la desaparición. La fecha del registro de persona desaparecida es
del 12 de octubre de 2001.177
173. La joven Herrera desapareció el 29 de octubre de 2001. Al día siguiente se
hizo la denuncia178 y el reporte de desaparición tiene fecha de ese mismo día.179
174. Salvo el caso de la madre de la joven González, no consta en el expediente prueba con relación a que los familiares hubieran acudido a las autoridades
antes de la fecha que se señala como el día que se presentó la denuncia. Ni la Comisión ni los representantes controvirtieron la validez de los registros de desaparición aportados por el Estado. Por todo esto la Corte concluye que el reporte de desaparición fue emitido el mismo día en que fue puesta la denuncia en los
casos de las jóvenes Herrera y Ramos, mientras que en el caso de la joven González la Corte no cuenta con suficiente prueba para determinar si los familiares
acudieron a las autoridades por primera vez el 11 o el 12 de octubre, pero en todo
caso no transcurrieron 72 horas desde el momento en que acudieron a las autoridades hasta que se emitió el reporte de desaparición.
175. En cuanto a la alegada espera de 72 horas para iniciar las investigaciones, el
Tribunal constata que en los tres casos, el mismo día en el que se hizo el “Registro
de Personas Desaparecidas”,180 el Programa de Atención a Víctimas de los Delitos
dirigió un oficio al Jefe de la Policía Judicial.181 Dichos oficios tenían por objeto
informar que se puso en conocimiento de esa oficina la desaparición de las tres
víctimas, razón por la cual se solicitaba al personal de dicha dependencia la práctica de “investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos”.182
177
Cfr. Registro de Personas Desaparecidas No. 234/2001, supra nota 172.
Cfr. testimonio efectuado el 5 de abril de 2006 por Irma Monreal Jaime ante la Fiscalía Mixta para
la Investigación de Homicidios de Mujeres (expediente de anexos a la contestación de la demanda,
tomo XXVIII, anexo 38, folio 9555), y comparecencia de Irma Monreal Jaime, supra nota 174.
179
Cfr. Registro de Personas Desaparecidas No. 241/2001, supra nota 175.
180
Registro de Personas Desaparecidas No. 225/2001, supra nota 170, folio 2609; Registro de Personas Desaparecidas No. 234/2001, supra nota 172, y Registro de Persona Desaparecida No.
241/2001, supra nota 175.
181
Cfr. oficio No. 549/2001 emitido el 25 de septiembre de 2001 por la Coordinadora del Programa
de Atención a Víctimas de los Delitos y Personas Desaparecidas en relación con la desaparición de
Laura Berenice Ramos Monárrez (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo
XXVIII, anexos 20 y 90, folio 9420); oficio No. 589/2001 emitido el 12 de octubre de 2001 por la
Coordinadora del Programa de Atención a Víctimas de los Delitos en relación con la desaparición
de Claudia Ivette González (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 10, folio 2607),
y oficio No. 634/01 emitido el 30 de octubre de 2001 por el Programa de Atención a Víctimas de
los Delitos en relación con la desaparición de Esmeralda Herrera Monreal (expediente de anexos a
la contestación de la demanda, tomo XXVIII, anexos 32 y 88, folio 9575).
182
Oficios No. 549/2001, 589/01 y 634/01, supra nota 181.
178
118
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176. Durante la audiencia pública ante la Corte, las madres de las tres víctimas manifestaron que en el primer contacto con las autoridades se les manifestó
que debían transcurrir 72 horas para dar como desaparecidas a sus hijas,183 lo
cual fue reiterado en otras declaraciones.184
177. Según los representantes, la prueba de la demora en el inicio de las investigaciones se encuentra en las “Fichas 103-F” del informe especial de la CNDH
de 2003. Sin embargo, dichas fichas no hacen alusión a que las autoridades hayan hecho una afirmación en tal sentido.185
178. Las declaraciones periciales confirman que las madres informaron a su
psiquiatra o psicóloga respectiva, sobre una supuesta negativa del Estado a iniciar una posible averiguación antes de las 72 horas.186 Adicionalmente, la testigo
Delgadillo Pérez, refiriéndose a todas las desapariciones del campo algodonero,
indicó que las investigaciones en “[v]arios de los expedientes no se iniciaron en
el momento en que las familias lo denunciaron, sino una vez que transcurrieron
72 horas”, señalando específicamente el caso de la joven Herrera y concluyendo
que “[s]e perdieron las primeras horas que eran fundamentales para la búsque­
da”.187 En el mismo sentido la perita Jusidman Rapoport indicó que, a la fecha,
“para las autoridades es necesario que transcurran 72 horas para iniciar la búsqueda de mujeres reportadas como desaparecidas”.188 Esto también fue indicado
en el informe del EAAF para el caso de la joven Herrera.189 La Corte nota que
aunque estas declaraciones proporcionan indicios sobre una supuesta demora
183
Cfr. declaraciones rendidas por las señoras Monárrez, González y Monreal en la audiencia pública
celebrada ante la Corte Interamericana el 28 de abril de 2009.
184
Cfr. comparecencia voluntaria de Irma Monreal Jaime ante un Agente del Ministerio Público de la
Federación Comisionado a la Agencia Mixta de Investigaciones de Homicidios de Mujeres efectuada el 20 de octubre de 2003 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXX,
anexo 50, legajo I, tomo I, folio 10578); documento presentado por Josefina González y la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana ante la CIDH el 3 de septiembre de 2006 (expediente de anexos a la demanda, tomo II, apéndice 5, vol. I, folio 131), y documento presentado por Irma
Monreal Jaime y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos ante la CIDH el 29 de julio de
2005 (expediente de anexos a la demanda, tomo IV, apéndice 5 vol. III, folio 734).
185
Cfr. CNDH, Informe Especial, supra nota 66, folios 2192 a 2220.
186
Cfr. declaración rendida ante fedatario público por el perito de la Peña Martínez el 21 de abril de
2009 (expediente de fondo, tomo XI, fondo 3350), y declaración rendida ante fedatario público
por la perita Azaola Garrido el 20 de abril de 2009 (expediente de fondo, tomo XI, fondo 3369).
187
Declaración rendida ante fedatario público por la testigo Delgadillo Pérez el 21 de abril de 2009
(expediente de fondo, tomo XI, folios 3481 y 3482).
188
Declaración de la perita Jusidman Rapoport, supra nota 99, folio 3824.
189
Cfr. EAAF, dictamen en antropología y genética forense, Esmeralda Herrera Monreal, 12 de junio
de 2006 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXX, anexo 50, legajo I,
tomo I, folio 10326).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
119
de 72 horas para iniciar la búsqueda de personas desaparecidas, los peritos no
indicaron la fuente de sus conclusiones a partir de las cuales sea posible valorar
su afirmación. Además, las declaraciones de los peritos no brindan fechas específicas, por lo cual la Corte no puede concluir si, según ellos, la espera de 72 horas existía en el año 2001.
179. Para resolver la cuestión, la Corte tiene en consideración que en este aspecto la carga de la prueba corresponde al Estado, ya que éste es el que sostiene
que sus autoridades procedieron con las investigaciones, lo cual es susceptible
de prueba. Distinta es la situación de la Comisión y los representantes, quienes
alegan un hecho negativo, es decir, la ausencia de investigación en las primeras
72 horas. Además, se toma en cuenta que los medios de prueba están a disposición
del Estado, por lo que su defensa no puede descansar sobre la imposibilidad de los
demandantes de allegar pruebas que no pueden obtenerse sin su cooperación.190
180. Al respecto, la Corte observa que la prueba remitida por el Estado indica
que en las primeras 72 horas únicamente se registraron las desapariciones y los
testimonios de quienes las interpusieron, se emitió un oficio del Programa de
Atención a Víctimas de los Delitos y se recibieron testimonios de apenas tres
personas, una en cada caso, aparte de las declaraciones adoptadas al momento
de la presentación de denuncia.191 Es decir, más allá de diligencias rutinarias y for­
males, el Estado no presentó alegatos ni prueba sobre acciones tomadas en el período referido para movilizar al aparato investigador en la búsqueda real y efectiva de las víctimas.
181. Además, la Corte resalta que el Estado no presentó copia de la totalidad
del expediente penal en estos casos, tal como le fue solicitado (supra párr. 9). Por
tal motivo, el Tribunal cuenta con un margen de discreción para dar por establecidos cierto tipo de hechos según la ponderación que pueda efectuarse con el
resto del acervo probatorio. Por esto la Corte concluye que, aunque no se puede
190
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, supra nota 29, párr. 135; Caso Kawas Fernández vs.
Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 95,
y Caso Escher y otros vs. Brasil, supra nota 46, párr. 127.
191
En el caso de la joven Ramos está la declaración de su padre, Daniel Ramos Canales, de 28 de septiembre de 2001 (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 15, folio 2615). En el caso
de la joven González, una amiga de nombre Juana González Flores acudió voluntariamente a rendir declaración el 12 de octubre de 2001 ante un Subagente del Ministerio Público adscrito a la
Fiscalía Especial para la Investigación de Desaparición y Homicidio de Mujeres, el mismo día que
se interpuso la denuncia (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXII,
anexo 50, legajo II, tomo I, folios 11104 y 11105). En el caso de la joven Herrera, consta la declaración de Eduardo Chávez, quien acudió voluntariamente el 2 de noviembre de 2001 (expediente de
anexos a la contestación de la demanda, tomo XXX, anexo 50, legajo I, tomo I, folios 10315 y 10316).
120
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dar por probado que efectivamente las autoridades le dijeron a las madres de las
víctimas que tenían que esperar 72 horas luego de su desaparición para que empezaran las investigaciones, el Estado no ha demostrado qué gestiones concretas
realizó y cómo buscó efectivamente a las víctimas durante el período mencionado.
2.3. Alegada falta de búsqueda de las víctimas antes del hallazgo de sus restos
182. La Comisión alegó que “[l]a actuación de las autoridades estatales frente a
[las] denuncias de desaparición se limitó a la realización de gestiones formales y
administrativas, sin medidas concretas, tendientes a encontrar a la brevedad a
las víctimas, con vida”.
183. Los representantes señalaron que las tres madres “tuvieron que iniciar
sus propias acciones de búsqueda” ante la “falta de acciones eficientes por parte
de las autoridades”, como pegar volantes en las calles, acudir a medios de comunicación y hacer rastreos.
184. El Estado controvirtió lo anterior y señaló que las autoridades “ordenaron la búsqueda y localización inmediata de las mujeres desaparecidas”, “tomando en cuenta la información proporcionada por los familiares”. Asimismo, alegó
que realizó diversas acciones para dar con el paradero de las víctimas.
185. Tal como fue señalado, el día en el que se levantaron los registros de desaparición de las víctimas fue solicitado a la Policía Judicial que se adelantaran
investigaciones. Sin embargo, no fue aportada alguna respuesta a tal solicitud y
el Estado no brindó detalles sobre el seguimiento que se dio a la misma.
186. Por otra parte, aún cuando conste evidencia de que las autoridades elaboraron un cartel con información respecto a la desaparición de cada una de las
víctimas,192 dichos carteles no indican la fecha en la que fueron emitidos y el Estado no precisó en qué momento y cómo los hizo circular. Según la madre de la
joven Herrera, fue ella “quien se encargó de difundirlo y pegarlo en varios puntos de la Ciudad”.193 La madre de la joven González señaló que luego de interpo192
Cfr. carteles titulados “ayúdanos a encontrar a esta persona”, emitidos por el Grupo Especial de
Atención a la Familia Unidad Juárez de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (expediente de anexos a la demanda, tomo IX, anexos 30, 31 y 32, folios 2655, 2657 y 2659).
193
Documento presentado por Irma Monreal Jaime y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos ante la CIDH el 29 de julio de 2005 (expediente de anexos a la demanda, tomo IV, apéndice 5,
vol. III, folio 756); comparecencia voluntaria de Irma Monreal Jaime de 20 de octubre de 2003
(expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXX, anexo 50, legajo I, tomo I, folios 10578); tarjeta informativa del 15 de octubre de 2003 (expediente de anexos a la contestación
de la demanda, tomo XXX, anexo 50, legajo I, tomo I, folios 10571 y 10572); testimonio de Irma
Monreal Jaime ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Mixta para la Atención de Ho-
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
121
ner la denuncia de desaparición, comenzaron “con rastreos y a poner fotos de
ella como volantes, […] y preguntando, buscando en la Cruz Roja, en los hos­
pitales”,194 y la madre la joven Ramos dijo que ella buscó a su hija en todos los lugares “habidos y por haber”.195 Esto coincide con lo declarado por la testigo Delgadillo Pérez, quien señaló que “[s]on las familias las que ante la desesperación y
falta de apoyo institucional, se mueven por la ciudad tratando de encontrar a sus
hijas”.196
187. En relación con la joven Ramos, las autoridades recibieron, además de
la declaración rendida cuando se denunció su desaparición,197 declaraciones de
dos familiares198 y tres amigas de su escuela.199 De estos testimonios la Corte observa que se desprenden ciertos posibles indicios que pudieron haber ayudado
en la búsqueda de la joven Ramos, como por ejemplo, información sobre un mumicidios de Mujeres efectuado el 5 de abril de 2006 (expediente de anexos a la contestación a la
demanda, tomo XXX, anexo 50, legajo I, tomo I, folios 10286 y 10287), y testimonio de Benigno
Herrrera Monreal ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Mixta para la Atención de
Homicidios de Mujeres efectuado el 5 de abril de 2006 (expediente de anexos a la contestación a la
demanda, tomo XXX, anexo 50, legajo I, tomo I, folio 10294).
194
Declaración rendida por la señora González, supra nota 183. En el mismo sentido declaró la hermana de la joven González mencionando acciones tomadas por la familia (Cfr. comparecencia de
Mayela Banda González, supra nota 173).
195
Declaración rendida por la señora Monárrez, supra nota 183; comparecencia de Ivonne Ramos
Monárrez, supra nota 169, folio 2620; comparecencia voluntaria de Benita Monárrez Salgado ante
un agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo efectuada el 20 de octubre de 2003 (expediente de anexos
a la contestación de la demanda, tomo XXXVII, anexo 50, legajo III, tomo II, folio 13593), y comparecencia de Ivonne Ramos Monárrez ante un agente del Ministerio Público de la Federación
adscrita a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo efectuada
el 20 de octubre de 2003 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXVII,
anexo 50, legajo III, tomo II, folio 13600).
196
Declaración de la testigo Delgadillo Pérez, supra nota 187, folio 3523.
197
Cfr. comparecencia de Benita Monárrez Salgado, supra nota 170, folio 2611.
198
Cfr. comparecencia de Daniel Ramos Canales ante un Subagente del Ministerio Público adscrito a
la Fiscalía Especial en la Investigación de Homicidios de Mujeres y Desaparición de Personas efectuada el 28 de septiembre de 2001 (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 15, folio
2615), y comparecencia de Claudia Ivonne Ramos Monárrez, supra nota 169, folios 2619 a 2621.
199
Cfr. comparecencia de Ana Catalina Solís Gaytán ante un subagente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de Desaparición y Homicidio de Mujeres efectuada el 1 de octubre de 2001 (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 16, folio 2617);
comparecencia de Diana América Corral Hernández ante un subagente del Ministerio Público
adscrito a la Fiscalía Especial en la Investigación de Homicidios de Mujeres y Desaparición de Personas efectuada el 1 de octubre de 2001 (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 18,
folio 2623), y comparecencia de Rocío Itxel Núñez Acevedo, supra nota 169 (folios 2625 a 2626).
122
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chacho con quien ella hablaba frecuentemente por teléfono,200 lugares que fre­
cuentaba,201 sus planes para la noche de su desaparición, 202 sobre un muchacho
que trabajaba con ella y otras personas que pudiesen tener información,203 así como
de un hombre, con quien, según lo declarado, la joven Ramos no quería salir.204
188. Asimismo, la madre de la joven Ramos declaró en el año 2003 sobre varias llamadas que recibió en los días posteriores a la desaparición de su hija, y
que en una de ellas “logr[ó] escuchar que [su] hija Laura discutía con una persona” y que por esta razón se trasladó “a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que rastrearan la llamada” y le dijeron que no la podían rastrear.205
Adicionalmente, según la señora Monárrez, no se llevaron a cabo diligencias de
averiguación en la escuela donde estudiaba su hija, otras entrevistas a sus amigas
y conocidos, o en algunos sitios que frecuentaba, con el propósito de encontrarla.206 Asimismo, no se realizaron gestiones en relación con las llamadas telefónicas que la joven Ramos había efectuado y recibido en su celular.207
189. En relación con la joven González, además de la declaración rendida cuan­
do se denunció la desaparición,208 se tomaron las declaraciones de cinco amigos,209
200
Cfr. comparecencia de Ana Catalina Solís Gaytán, supra nota 199.
Cfr. comparecencia de Rocío Itxel Núñez Acevedo, supra nota 169, folio 2626.
202
Cfr. comparecencia de Rocío Itxel Núñez Acevedo, supra nota 169, folio 2626.
203
Cfr. comparecencia de Claudia Ivonne Ramos Monárrez, supra nota 169, folios 2620 y 2621 y comparecencia de Rocío Itxel Núñez Acevedo, supra nota 169, folio 2626.
204
Cfr. comparecencia de Diana América Corral Hernández, supra nota 199.
205
Cfr. tarjeta informativa del 15 de octubre de 2003 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXVII, anexo 50, legajo III, tomo II, folio 13580).
206
Cfr. documento presentado por Benita Monárrez Salgado y la Red Ciudadana de No Violencia y
Dignidad Humana ante la CIDH, supra nota 184, folio 294.
207
Cfr. comparecencia de Rocío Itxel Núñez Acevedo, supra nota 169, folios 2625 y 2626.
208
Cfr. comparecencia de Mayela Banda González, supra nota 173.
209
Cfr. comparecencia de Juana González Flores, supra nota 191; comparecencia de Ana Isabel Suárez
Valenciana ante un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de Desaparición de Personas y Homicidio de Mujeres efectuada el 16 de octubre de 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXII, anexo 50, legajo II, tomo I, folios 11106 a 11108); comparecencia de Aide Navarrete García ante un agente del Ministerio
Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de Desaparición de Personas y Homicidio de Mujeres efectuada el 16 de octubre de 2001 (expediente de anexos a la contestación de la
demanda, tomo XXXII, anexo 50, legajo II, tomo I, folios 11109 a 11111); comparecencia de Armando Velazco Fernández ante un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial
para la Investigación de Desaparición de Personas y Homicidio de Mujeres efectuada el 19 de octubre de 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXII, anexo 50, legajo II, tomo I, folios 11112 y 11113), y comparecencia de Verónica Hernández Estrada ante un
agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de Desaparición
201
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
123
un compañero de trabajo en la maquiladora,210 su ex pareja sentimental 211 y dos
jefes de seguridad de la empresa.212 De estos testimonios se desprenden ciertos
posibles indicios que pudieran haber ayudado en la búsqueda de la joven González, como por ejemplo, información sobre un muchacho con quien ella salía, 213
sobre una pareja que al parecer la observaba mucho cada vez que pasaba 214 y un
muchacho de la maquila que la molestaba.215
190. Por otra parte, la Comisión alegó que se había comunicado a las autoridades que dos semanas antes de su desaparición la joven González había sido
hostigada por dos policías. Si bien es cierto que la prueba presentada por la Comisión corresponde a una nota de prensa emitida en 2005 —donde la madre de
la joven González no precisa el momento en que informó de dichos hechos a las
autoridades— y que las demás declaraciones al respecto fueron efectuadas en
2007 y 2009,216 el Estado no controvirtió ni los hechos ni la fecha en la que se
de Personas y Homicidio de Mujeres efectuada el 19 de octubre de 2001 (expediente de anexos a la
contestación de la demanda, tomo XXXII, anexo 50, legajo II, tomo I, folios 11114 a 11115).
210
Cfr. comparecencia de Efrén Pérez Maese ante un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres y Personas Desaparecidas efectuada el 24 de octubre de 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXII,
anexo 50, legajo II, tomo I, folio 11116).
211
Cfr. comparecencia de Víctor Hugo Hernández Bonilla ante un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres y Personas Desaparecidas efectuada el 25 de octubre de 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda,
tomo XXXII, anexo 50, legajo II, tomo I, folios 11119 a 11120).
212
Cfr. comparecencia de Juan Antonio Martínez Jacobo ante un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres y Personas Desaparecidas efectuada el 24 de octubre de 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda,
tomo XXXII, anexo 50, legajo II, tomo I, folios 11117 a 11118) y comparecencia de Jesús Moisés
Cuellar Juárez ante un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres y Personas Desaparecidas efectuada el 25 de octubre de 2001
(expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXII, anexo 50, legajo II, tomo I,
folio 11121).
213
Cfr. comparecencia de Mayela Banda González, supra nota 173; comparecencia de Juana González
Flores, supra nota 191; comparecencia de Ana Isabel Suárez Valenciana, supra nota 209, folios
11106 y 11107; comparecencia de Aide Navarrete García, supra nota 209, folio 11110, y comparecencia de Armando Velazco Fernández, supra nota 209, folio 11113.
214
Cfr. comparecencia de Juana González Flores, supra nota 191, folio 11105.
215
Cfr. comparecencia de Ana Isabel Suárez Valenciana, supra nota 209, folio 11107.
216
Cfr. nota de prensa titulada “Impunes crímenes de las ocho mujeres”, publicada en el diario “Norte” el
6 de noviembre de 2005 (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 7, folio 2329); parte informativo, supra nota 171; testimonio rendido por Irma Josefina González ante un agente del
Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Mixta para la Investigación de Homicidios de Mujeres en
Ciudad Juárez efectuado el 12 de febrero de 2009 (expediente de anexos a los alegatos finales es-
124
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alega fueron informadas las autoridades. Además, no presentó la totalidad del
expediente penal. Por esta razón, el Tribunal da por establecido que se comunicó dicha información a las autoridades antes del 6 de noviembre de 2001, es decir, antes del hallazgo de su cuerpo.217 No se desprende del expediente que los
investigadores hayan adelantado línea de investigación en torno a dicha información, con el propósito de encontrar a la joven González con vida.
191. Una declarante señaló que un muchacho le dijo a ella y a la hermana de la
joven González que “él se había dado cuenta, no dijo cómo, que Claudia Ivette
estaba desaparecid[a]”.218 Tampoco consta que el Estado haya señalado alguna
investigación respecto a este indicio.
192. Según la Comisión, entre el reporte de la desaparición de la joven González y el hallazgo de sus restos el único contacto de las autoridades con la familia de ésta fueron dos llamadas efectuadas por la Fiscalía Especial, en las que se
indagó si tenían novedades. El Estado no controvirtió lo anterior ni presentó
prueba en contrario.
193. En el caso de la joven Herrera, según el Estado, la madre informó ante un
agente de la policía que su hija conocía a un joven que trabajaba en una imprenta
y que “le insistía en que fuera a comer con él” y que dicho joven no había ido a
trabajar el día en que desapareció la víctima. Las autoridades posteriormente recibieron la declaración de este joven, quien reconoció haber saludado a la joven
Herrera, pero negó haberla invitado a comer.219 No consta en el expediente que
el Estado haya adelantado alguna otra gestión encaminada a encontrar con vida
a la joven Herrera.
194. A pesar de que el Estado alegó haber empezado la búsqueda de las víctimas de inmediato, según lo que consta en el expediente, lo único que se hizo antes del hallazgo de los restos fue elaborar los registros de desaparición, los carteles de búsqueda, la toma de declaraciones y el envío del oficio a la Policía Judicial.
No consta en el expediente que las autoridades hayan hecho circular los carteles
de búsqueda ni que efectuaran una indagación más profunda sobre hechos ra­
critos del Estado, tomo XLVIII, anexo 4, folios 17193 y 17194), y testimonio rendido por Ana Isabel Suárez Valenciana ante un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para la Atención
de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez efectuado el 25 de febrero de 2009 (expediente de
anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo XLVIII, anexo 4, folio 17197).
217
En similar sentido ver ECHR. Case of Pukhigova v. Russia, Judgment of 2 July 2009, paras. 75 and 84.
218
Testimonio rendido por Ana Isabel Suárez Valenciana, supra nota 209.
219
Cfr. comparecencia de Eduardo Chávez Marín ante un agente del Ministerio Público adscrito a la
Fiscalía Especial en la Investigación de Homicidios de Mujeres y de Desaparición de Personas
efectuada el 2 de noviembre de 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo
XXX, anexo 50, legajo I, tomo I, folios 10315 a 10316).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
125
zonablemente relevantes que se derivaban de las más de 20 declaraciones to­
madas.220
195. Además, la Corte considera que es posible enmarcar estos hechos dentro
de un contexto general documentado en el expediente. En efecto, en enero de
2006 la Relatora de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer indicó que
“[a]l parecer, la policía municipal de Ciudad Juárez no emprende acciones de
búsqueda ni adopta ninguna otra medida preventiva por sistema en el momento
de recibir una denuncia de desaparición de una mujer. Inexplicablemente, la policía suele esperar a que se confirme la comisión de un delito”.221
2.4. Alegados estereotipos proyectados por los funcionarios
hacia los familiares de las víctimas
196. La Comisión alegó que “cuando se denunció cada desaparición, los familiares recibieron comentarios por parte de agentes estatales sobre la conducta de
sus hijas que consideran influenciaron la inacción estatal posterior”.
197. Los representantes señalaron que “las autoridades minimizaban los hechos o desacreditaban” las denuncias de los familiares de las víctimas “bajo el
pretexto de que eran muchachitas que ‘andaban con el novio’ o ‘andaban de voladas’”.
198. La madre de la joven Herrera declaró que, al interponer la denuncia, las
autoridades le dijeron que su hija “no está desaparecida, anda con el novio o anda
con los amigos de vaga”, 222 “que si le pasaba eso era porque ella se lo buscaba,
porque una niña buena, una mujer buena, está en su casa”.223
199. La madre de la joven González indicó que cuando acudieron a presentar
el reporte de desaparición, un funcionario habría dicho a una amiga de su hija
que “seguro se había ido con el novio, porque las muchachas eran muy ‘voladas’
220
No obstante, la Corte observa que existe una declaración de un agente policial señalando diversas
declaraciones tomadas, incluyendo algunas tomadas en la maquila donde trabajaba la joven González y la escuela donde estudiaba la joven Ramos (Cfr. testimonio de José Miramontes Caro efectuado el 14 de abril de 2009 ante un Agente del Ministerio Público, expediente de anexos a los alegatos finales escritos del estado, tomo XLVIII, anexo 4, folios 17221 y 17222).
221
Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, supra nota 64, folio 2018.
222
Cfr. declaración rendida por la señora Monreal, supra nota 183. Ver también la manifestación de
Irma Monreal Jaime en la petición presentada ante la Comisión Interamericana el 6 de marzo de
2002 (expediente de anexos a la demanda tomo XXVII, anexo 42, folio 9802). En el mismo sentido, el hermano de la víctima declaró que las autoridades decían no poder hacer nada “porque seguramente se había ido con el novio” (Cfr. declaración de la perito Azaola Garrido, supra nota 186, folio 3369).
223
Cfr. declaración de la señora Monreal Jaime, supra nota 183.
126
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y se les aventaban a los hombres”.224 La madre también señaló que cuando fueron a poner la denuncia le dijeron que “a lo mejor se fue con el novio, que a lo mejor al rato regresaba”.225
200. Por su parte, la madre de la joven Ramos indicó que los agentes policiales le dijeron que ella tenía que buscar a su hija porque “todas las niñas que se
pierden, todas […] se van con el novio o quieren vivir su vida solas”. 226 Agregó
que en una ocasión solicitó a los agentes policiales para que la acompañaran a un
salón de baile a buscar a su hija y que ellos le habrían dicho “no señora, es muy
tarde, nosotros ya tenemos que ir a descansar y usted espere el momento en que
le toque para buscar a Laura”, y palmeando su espalda habrían manifestado:
“vaya usted para que se relaje, tómese unas heladas a nuestra salud, porque nosotros no podemos acompañarla”.227
201. El Estado no controvirtió estas declaraciones de las madres de las víctimas.
202. De otra parte, el testimonio de la señora Delgadillo Pérez, respecto al
desempeño de las autoridades en el presente caso, indica que “[s]e determina[ba]
la responsabilidad o no de la víctima, de acuerdo al rol social que a juicio del investigador tenía en la sociedad. Esto quiere decir que si la mujer asesinada le
gustaba divertirse, salir a bailar, tenía amigos y una vida social, es considerada
en parte, como responsable por lo que sucedió”.228 Según la testigo “[e]n ese entonces la autoridad estigmatizaba a las víctimas de desaparición por el hecho de
ser mujeres”, siendo el pretexto que “andaban con el novio” o “andaban de locas”,
“[s]e llegó también a culpar a las madres por permitir que sus hijas anduvieran
solas o que salieran por la noche”.229
203. La Corte resalta que el testimonio de la señora Delgadillo Pérez, así
como las declaraciones de las madres y familiares de las víctimas, concuerdan
con el contexto descrito por diversas instancias nacionales e internacionales, en
el cual funcionarios y autoridades “minimizaban el problema” y denotaban “ausencia de interés y vocación por atender y remediar una problemática social grave” (supra párr. 154).
224
Cfr. comunicación presentada por Josefina González ante la Comisión Interamericana en septiembre de 2006 (escrito de anexos a la demanda, tomo II, apéndice 5 volumen I, folio 141).
225
Cfr. declaración de la señora González, supra nota183.
226
Cfr. declaración de la señora Monárrez, supra nota 183.
227
Cfr. declaración de la señora Monárrez, supra nota 183 y tarjeta informativa emitida por el Comandante de la Agencia Federal de Investigación informando de la entrevista sostenida con la señora
Benita Monárrez Salgado el 15 de octubre de 2003 (expediente de anexos a la contestación de la
demanda, tomo XXXVII, anexo 50, legajo III tomo II, folio 13579).
228
Cfr. declaración de la testigo Delgadillo Pérez, supra nota 187, folio 3481.
229
Cfr. declaración de la testigo Delgadillo Pérez, supra nota 187, folios 3494 y 3495.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
127
204. Los representantes relacionan los comentarios efectuados por los funcionarios que atendieron los casos con una política que, al momento de los hechos, distinguiría entre “desapariciones de alto riesgo” y otras que no lo eran.
205. Amnistía Internacional señaló que “en el año 2001 la PGJECH había
puesto en práctica el criterio de ‘desapariciones de alto riesgo’, basado únicamente en el comportamiento de la víctima. Si la mujer desaparecida era una persona con una rutina estable, ésta podría ser candidata para este tipo de búsqueda. Este criterio resultó altamente discriminatorio y poco funcional ya que para
el año 2003, solo existía un caso de desaparición considerado como de alto
riesgo”.230
206. En similar sentido la CNDH en el 2003 indicó que “[l]a Procuraduría
del estado adoptó hace tres años el criterio de desapariciones de ‘alto riesgo’, basado en que la joven antes de desaparecer tenía una rutina estable o [no] había
manifestado su voluntad de abandonar a su familia”.231 Asimismo, el CEDAW
en el 2003 criticó la clasificación entre las consideradas de “alto riesgo” y las que
no lo son.232
207. De otra parte, la Corte constata que el formato en el que los familiares
denunciaban la desaparición requería información sobre las “preferencias sexuales” de las víctimas.233
208. El Tribunal considera que en el presente caso, los comentarios efectuados por funcionarios en el sentido de que las víctimas se habrían ido con su novio o que tendrían una vida reprochable y la utilización de preguntas en torno a
la preferencia sexual de las víctimas constituyen estereotipos. De otra parte,
tanto las actitudes como las declaraciones de los funcionarios demuestran que
existía, por lo menos, indiferencia hacia los familiares de las víctimas y sus denuncias.
230
Según un informe de Amnistía Internacional, para marzo de 2003, del total de 69 desapariciones
vigentes sólo un caso en Ciudad Juárez era considerado para las autoridades como de “alto riesgo”.
Se trataba de una joven de 18 años desaparecida desde el 10 de mayo de 2002 (Cfr. Amnistía Internacional, Muertes Intolerables, supra nota 64, folio 2274). Cabe notar que según la CNDH, de un
oficio de 18 de junio de 2003 se desprendía “que los casos de [cinco personas] se tiene considerados como de ‘alto riesgo’” (CNDH, Informe especial, supra nota 66, folio 2204).
231
CNDH, Informe especial, supra nota 66, folio 2174.
232
Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1950.
233
Registro de Persona Desaparecida No. 225/2001, supra nota 170, folio 2609; Registro de Persona
Desaparecida No. 234/2001, supra nota 172, folio 2603, y Registro de Persona Desaparecida No.
241/2001, supra nota 175, folio 2613.
128
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2.5. Hallazgo de los cuerpos
209. El 6 de noviembre de 2001 se encontraron los cuerpos de tres mujeres en un
campo algodonero.234 Estas tres mujeres fueron posteriormente identificadas co­
mo las jóvenes Ramos, González y Herrera. El 7 de noviembre de 2001, en un lugar cercano dentro del mismo campo algodonero, fueron encontrados los cuerpos de otras cinco mujeres,235 quienes no son consideradas presuntas víctimas en
el presente caso, por los motivos expuestos en la Resolución del Tribunal de 19
de enero de 2009.236
210. La Comisión y los representantes manifestaron que los cuerpos de las jóvenes Herrera, González y Ramos fueron objeto de un particular ensañamiento
por parte de los perpetradores de los homicidios. Los representantes añadieron
234
Cfr. actas de levantamiento de cadáver de los cuerpos no identificados No. 188/2001, 189/2001 y
190/2001 emitidas por el Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Chihuahua el 6 de noviembre de 2001 (expediente de anexos a la demanda,
tomo IX, anexo 35, 36 y 37, folios 2672 a 2675, 2677 a 2679 y 2681 a 2683).
235
Cfr. fe prejudicial de evidencia emitida por un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía
Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres en el Expediente de Averiguación Previa
27913/01/1501 el 8 de noviembre de 2001 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo XIV, anexo 3, folios 4778 a 4783).
236
En dicha Resolución la Corte señaló, inter alia:
40.Que […] la Comisión emitió los informes de admisibilidad sólo respecto de […] tres víctimas y sus familiares. […]
41. Que con posterioridad a la adopción de los informes de admisibilidad, en la etapa de
fondo, los representantes hicieron solicitudes a la Comisión para que ésta se pronunciara sobre
posibles violaciones a los derechos de las otras presuntas víctimas halladas en el campo algodonero. En particular, solicitaron a la Comisión que tramitara motu proprio dichos casos y los
acumulara a los casos que ya se encontraban en desarrollo, o que, supletoriamente, se considerara a la ANAD como peticionaria por las nuevas presuntas víctimas.
[…]
44. Que […] la Comisión no se pronunció en ningún momento sobre las solicitudes de los
peticionarios […]. La Corte observa que los representantes únicamente conocieron la posición
de la Comisión tres años después, cuando la Corte requirió a ésta información sobre el punto.
[…]
46. Que teniendo en cuenta que respecto de las nuevas presuntas víctimas alegadas por los
representantes no se cumplieron con todas las etapas procesales necesarias que permitieran
a la Comisión integrarlas a su Informe de fondo, la Corte debe rechazar la solicitud de incluir a
María de los Ángeles Acosta Ramírez, Guadalupe Luna de la Rosa, Mayra Juliana Reyes Solís,
Verónica Martínez Hernández, Bárbara Aracely Martínez Ramos, María Rocina Galicia Meraz, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz y a la mujer que permanece como femenina no identificada 195/01, así como a los señores Víctor Javier García Ramírez, Gustavo González Meza y
Edgar Álvarez Cruz como presuntas víctimas en el presente caso. […]
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
129
que “[l]a forma en que fueron encontrados los cuerpos [de las tres víctimas] sugiere que fueron violadas y abusadas con extrema crueldad”.
211. El Estado alegó que el certificado de autopsia concluyó que “los fenómenos cadavéricos iniciales ya no eran apreciables en [los] cuerpo[s] por el transcurso del tiempo y por la acción ambiental sobre [los] mismo[s] (contractura
muscular post-mortem y livideces cadavéricas), lo que implicaba que el grado de
descomposición era tan elevado que inhibía científicamente un análisis pormenorizado y, por lo tanto, el establecimiento de la causa de muerte”. México enfatizó que el “estado de descomposición de los cuerpos (cuestión de orden natural
[que] no [le es] atribuible”) impidió “determinar la causa de la muerte”. Asimismo, señaló que la “primera acción de la Procuraduría General de Justicia fue determinar la naturaleza de las muertes, tomando en consideración las condiciones en que fueron encontrados los cuerpos”.
212. De la prueba aportada se desprende que el 6 de noviembre de 2001, día
en que fueron encontrados los cadáveres de las tres presuntas víctimas, se dictó
acta de levantamiento de los cuerpos237 y fe ministerial de lugar y de cadáveres,238
y además se les practicó las correspondientes autopsias, cuyos certificados se expidieron el 9 de noviembre de ese mismo año.239 De estos documentos consta la
siguiente información:
a) respecto de Esmeralda Herrera Monreal, vestía blusa desgarrada 240 en el lado
superior derecho y brassier, ambas prendas levantadas por encima de la región
pectoral, así como calcetines blancos desgarrados. El estado de conservación del
cuerpo era incompleto, encontrándose en una posición decúbito dorsal, con
su extremidad cefálica en dirección al oriente, sus extremidades inferiores en
dirección opuesta y flexionadas, mientras que sus extremidades superiores se
encontraban unidas entre sí en la región lumbar, con un cordón negro el cual
237
Cfr. actas de levantamiento de cadáver, supra nota 234, folios 2672 a 2683.
Cfr. fe ministerial de lugar y de cadáveres emitida por un agente del Ministerio Público de Chihuahua y dos testigos de asistencia el 6 de noviembre de 2001 (expediente de anexos a la demanda,
tomo IX, anexo 33, folios 2661 a 2667).
239
Cfr. certificados de autopsia de los cuerpos no identificados 188/2001, 189/2001 y 190/2001 emitidos por un Médico Legista de la Oficina Técnica de Servicios Periciales de la Procuraduría de
Chihuahua, el 9 de noviembre de 2001 (expediente de anexos a la demanda, tomo IX, anexos 40,
41 y 42, folios 2696, 2697, 2699, 2700, 2702 y 2703).
240
La fe ministerial de lugar y de cadáveres señala lo siguiente: “blusa a rayas de colores blanco, rosa y
rojo la cual se encuentra desgarrada de su parte superior derecha” (Cfr. fe ministerial de lugar y de
cadáveres, supra nota 238, folio 2662). Por su parte, el certificado de autopsia se refiere a “blusa
roja con blanco y anarajanda desgarrada que le falta parte del lado derecho” (Cfr. certificado de autopsia del cuerpo no identificado 188/2001, supra nota 239, folio 2696).
238
130
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daba dos vueltas en cada muñeca, con dos nudos en la muñeca derecha y tres
en la mano izquierda. El cordón rodeaba el cuerpo en su totalidad por la región
abdominal. Al retirarse el cordón se apreciaron marcas equimóticas alrededor
de las muñecas. La piel presentaba coloración de violácea a negruzca. El cráneo y el cuello se presentaron descarnados, así como la región clavicular derecha, hombro derecho, tercio superior de brazo derecho y la región pectoral derecha. El cráneo presentaba algunos cabellos adheridos. Ausencia de región
mamaria derecha. Ausencia parcial de partes del pezón de la región mamaria
izquierda. Ambas manos presentaban desprendimiento de la piel a este nivel
en forma de guante. El cadáver presentaba fauna cadavérica. Bajo el cráneo,
sobre el piso de tierra, se encontró una mancha rojiza. Se estableció causa de la
muerte indeterminada y el tiempo de la muerte de 8 a 12 días;
b) en cuanto a Claudia Ivette González, vestía blusa blanca de tirantes y brassier
de color claro. Su estado de conservación era incompleto. Se encontraba en
una posición decúbito lateral derecho, con la extremidad cefálica apuntando
hacia el oriente, de las extremidades superiores la derecha por debajo del tórax
y la izquierda semi flexionada y separada del cuerpo. La extremidad inferior
derecha extendida y hacia el lado opuesto de la extremidad cefálica y la izquierda flexionada a la altura del pliegue de la rodilla. Presencia de vegetación
propia del lugar. Cráneo descarnado con escasa presencia de cuero cabelludo.
Ausencia de tejido en cuello y tórax. Se establece causa de la muerte indeterminada y el tiempo de la muerte de 4 a 5 semanas, y
c) en relación con el cuerpo de Laura Berenice Ramos Monárrez, vestía blusa
blanca de tirantes de cuello en V y brassier color negro colocados ambos por
encima de la región mamaria y se observaba en el pezón derecho herida plana
de 5 mm que cercenó la punta del mismo. El estado de conservación del cuerpo era incompleto. Se encontraba en posición decúbito dorsal con la extremidad cefálica apuntando hacia el sur, las extremidades inferiores en dirección
contraria y las superiores extendidas por encima de la extremidad cefálica.
Presentaba acartonamiento en la piel. El cráneo descarnado en su parte posterior. Cabello escaso con cortes irregulares. Se encontraba cubierto de vegetación propia del lugar. Se establece causa de la muerte indeterminada y el tiempo de la muerte de 4 a 6 semanas. 241
241
Se hace notar que en el acta de levantamiento del cadáver se establece tiempo de muerte de 3 a 4 semanas (Cfr. acta de levantamiento de cadáver del cuerpo no identificado No. 190/2001, supra nota
234, folio 2681). Por su parte, en el certificado de autopsia se determina un tiempo de muerte de 4
a 6 semanas. (Cfr. certificado de autopsia del cuerpo no identificado 190/2001, supra nota 239, folio 2703).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
131
213. El 2 de febrero de 2002 los peritos de campo que realizaron el levantamiento de los cadáveres en noviembre de 2001 emitieron un dictamen criminalístico242 en el que indicaron, inter alia, que “es posible establecer que la[s]
agresi[ones] fueron perpetradas en el lugar del levantamiento”. Agregaron que
pese a que no fue posible mediante autopsia de ley determinar que hubo violación sexual, “debido a las condiciones de semi desnudez en las que se […] encon­
tra[ron], es posible establecer con alto grado de probabilidad que se trata de […]
crímen[es] de índole sexual”.
214. Específicamente, respecto de la joven Herrera, concluyeron que “[p]or el
grado de dificultad que se apreciaba en el amarre que presentaba […] de la cintura a sus extremidades superiores, [era] posible establecer que […] llegó maniatada al lugar de los hechos”; que en relación a la ausencia de tejido blando desde el
tórax hasta la extremidad cefálica era “posible establecer que […] presentaba alguna lesión en dichas regiones, que le causar[on] la muerte”, y que era “factible
suponer que la causa del deceso fuera por estrangulamiento”.
215. En cuanto a la joven Ramos, los peritos concluyeron que en base a los hematomas que se apreciaron en diferentes tejidos óseos era “posible establecer
que […] fue severamente golpeada antes de su deceso”.
216. En relación con dictamenes criminalísticos realizados por peritos de
campo, el 9 de julio de 2003 el Director de Medicina Forense hizo de conocimiento del Juzgado Séptimo Penal que “un perito en criminalística de campo no
se encuentra capacitado para determinar cuestiones estrictamente médicas,
como lo es determinar la causa de la muerte de cada uno de los cadáveres que se
mencionan en las diferentes fojas del expediente […], así como tampoco es posible que […] determine la data estimada del fallecimiento de cada uno, esto corresponde al área de medicina legal”.243
217. En la resolución de la Sala Cuarta del Tribunal de Chihuahua emitida el
14 de julio de 2005 se estableció, en referencia al dictamen criminalístico (supra
párr. 213), que los “peritos hablan de probabilidad y éstas no son más que suposiciones, conjeturas, las que por su carácter de índole subjetivo […] no son, en este
242
Cfr. dictamen de criminalística emitido por peritos oficiales de la Procuraduría General del estado
de Chihuahua en las áreas de criminalística de campo, fotografía forense y excavación forense el 2
de febrero de 2002 (expediente de anexos a la demanda, tomo IX, anexo 62, folios 2914 a 2920).
243
Cfr. manifestación efectuada por el Director de la Dirección de Servicios Periciales y Medicina Forense de la Procuraduría General de Justicia y consignada en un acuerdo firmado por el Juez Séptimo Penal del Distrito Judicial Morelos el 9 de julio de 2003 (expediente de anexos a la demanda,
tomo IX, anexo 74, folios 2982 a 2983).
132
cndh/cmdpdh
caso, medios adecuados para llegar a la verdad histórica y legal de los verdaderos
acontecimientos”.244
218. El 18 de noviembre de 2005 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizó una segunda autopsia de los restos de la joven Herrera. 245
Dicho equipo estableció que la autopsia realizada el 6 de noviembre de 2001 (supra párr. 212) no tuvo en cuenta los principios generales en los que debe basarse
una correcta necropsia médico legal, por lo que “[a]l carecer de estas normas no
se arriba a los objetivos de una autopsia médico legal […]. Inclusive en algún
punto de su redacción lleva a […] confusión [y c]arece de la profundidad necesaria para realizar un diagnóstico diferido al no ser completa la necropsia y carecer de estudios complementarios”. El EAAF concluyó que “[d]e la lectura de [la]
autopsia no se pueden sacar conclusiones válidas, dad[a] la pobre descripción de
los exámenes interno y externo, los cuales, hubiesen permitido establecer una
hipótesis fundada de la causa de la muerte”. Respecto de la joven Ramos, la familia sólo contaba con una clavícula, ya que habían incinerado los demás restos,
por lo que la entregaron al EAAF para que confirmaran su identidad.246 Los restos de la joven González no fueron incluidos en los casos a reexaminar por el
EAAF ante la negativa de los familiares.247
219. A pesar de las deficiencias en las primeras etapas de las investigaciones,
especialmente en el procedimiento para la realización de las autopsias —a las
que el Tribunal se referirá en detalle más adelante— es posible concluir que Esmeralda Herrera Monreal, al estar maniatada en la espalda, desnuda en la parte
inferior del cuerpo, con la camiseta y brassier por encima de la zona pectoral, sin
región mamaria derecha y con daños en partes del pezón izquierdo (supra párr.
212), sufrió un ensañamiento tal que le debió causar severos sufrimientos físicos
y psíquicos en forma previa a su muerte.
220. En cuanto a Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, no es posible para este Tribunal, por las señaladas deficiencias en las primeras etapas de las investigaciones, diferenciar científicamente cuáles signos fueron causados por agresión y cuáles por el paso del tiempo. Por ello, la Corte debe
244
Cfr. sentencia de 14 de julio de 2005 emitida por la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua (expediente de anexos a la demanda, tomo X, anexo 83, folios 3422
a 3500).
245
Cfr. reautopsia de Esmeralda Herrera Monreal efectuada por Luis Alberto Bosio el 18 de noviembre de 2005 (expediente de fondo, tomo VII, folio 2481).
246
Cfr. comparecencia de Benita Monárrez Salgado ante un agente del Ministerio Público de Chihuahua el 24 de julio de 2006 (expediente de fondo, tomo VII, folio 2718).
247
Cfr. dictamen en antropología y genética forense, emitido por el Equipo Argentino de Antropología Forense respecto a Esmeralda Herrera Monreal el 12 de junio de 2006 (expediente de anexos a
la contestación de la demanda, tomo XXX, anexo 50, legajo I, tomo I, folio 10341).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
133
tener en consideración los diversos factores que se dieron respecto a la desaparición de las víctimas. En concreto, que el trato sufrido durante el tiempo que permanecieron secuestradas antes de su muerte con toda probabilidad les causó, al
menos, un sufrimiento psicológico agudo, y que muy posiblemente los hechos
acaecidos antes de su muerte, al igual que en el caso de la Esmeralda Herrera
Monreal, tuvieron un móvil sexual, pues las jóvenes fueron encontradas semi
desnudas en la parte inferior del cuerpo y Laura Berenice Ramos Monárrez con
la blusa y el brassier levantadas por encima de los senos (supra párr. 212). Lo anterior se une al hecho de que en Ciudad Juárez, al momento de la desaparición de
las víctimas, existían numerosos casos análogos al presente en los que las mujeres presentaban signos de “violencia sexual” (supra párrs. 116 y 117).
221. Las tres víctimas estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte.
Por las deficiencias en los certificados de autopsia, el Tribunal no puede determinar con certeza cuanto tiempo duró su secuestro.
3. La violencia contra la mujer en el presente caso
222. La Comisión y los representantes se refirieron a lo vivido por las jóvenes
González, Ramos y Herrera como “violencia contra la mujer”. Los representantes alegaron que “los asesinatos del presente caso coinciden en su infinita crueldad, y son crímenes de odio contra estas niñas y mujeres juarenses, crímenes
misóginos acunados en una enorme tolerancia —e impulso social y estatal— a
la violencia genérica contra las mujeres”.
223. El Estado reconoció “[l]a situación de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez […] como un problema que debe combatirse en forma integral”.
224. Antes de analizar la posible responsabilidad internacional del Estado en
este caso, la Corte considera pertinente establecer si la violencia que sufrieron
las tres víctimas constituye violencia contra la mujer según la Convención Americana y la Convención Belém do Pará.
225. En el caso Penal Castro Castro vs. Perú, la Corte se refirió a algunos alcances del artículo 5 de la Convención Americana en cuanto a los aspectos específicos
de violencia contra la mujer, considerando como referencia de interpretación las
disposiciones pertinentes de la Convención Belém do Pará y la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ya que
estos instrumentos complementan el corpus juris internacional en materia de
protección de la integridad personal de las mujeres, del cual forma parte la Convención Americana. 248
248
Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de
noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 276.
134
cndh/cmdpdh
226. La Convención Belém do Pará define la violencia contra la mujer como
“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como
en el privado”.249
227. Esta Corte ha establecido “que no toda violación de un derecho humano
cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de
las disposiciones de la Convención de Belém do Pará”.250
228. En el presente caso, la Corte toma nota, en primer lugar, del reconocimiento del Estado con respecto a la situación de violencia contra la mujer en Ciu­
dad Juárez (supra párr. 222), así como su señalamiento con respecto a que los
homicidios de mujeres en Ciudad Juárez “se encuentran influenciados por una
cultura de discriminación contra la mujer” (supra párr. 129).
229. En segundo lugar, el Tribunal observa lo establecido supra (párr. 133) en
cuanto a que los informes de la Relatoría de la CIDH, del CEDAW y de Amnistía Internacional, entre otros, señalan que muchos de los homicidios de mujeres
en Ciudad Juárez son manifestaciones de violencia basada en género.
230. En tercer lugar, las tres víctimas de este caso eran mujeres jóvenes, de escasos recursos, trabajadoras o estudiantes, como muchas de las víctimas de los
homicidios en Ciudad Juárez (supra párr. 123). Las mismas fueron hechas desaparecer y sus cuerpos aparecieron en un campo algodonero. Se ha tenido como
probado que sufrieron graves agresiones físicas y muy probablemente violencia
sexual de algún tipo antes de su muerte.
231. Todo esto lleva a la Corte a concluir que las jóvenes González, Ramos y
Herrera fueron víctimas de violencia contra la mujer según la Convención Americana y la Convención Belém do Pará. Por los mismos motivos, el Tribunal considera que los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están
enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciu­
dad Juárez. Corresponde ahora analizar si la violencia perpetrada contra las víctimas, que terminó con sus vidas, es atribuible al Estado.
4. Deber de respeto, garantía y no discriminación de los derechos consagrados
en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana y acceso
a la justicia conforme a los artículos 8 y 25 de la misma
232. La Comisión Interamericana no alegó la violación de los artículos 5 y 7 de
la Convención en perjuicio de las víctimas. Teniendo esto en cuenta, la Corte
249
250
Artículo 1 de la Convención Belém do Pará.
Caso Perozo y otros vs. Venezuela, supra nota 22, párr. 295.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
135
reitera que las presuntas víctimas y sus representantes pueden invocar la violación de otros derechos distintos a los ya comprendidos en la demanda, en tanto
son ellos titulares de todos los derechos consagrados en la Convención, mientras ello se atenga a los hechos ya contenidos en la demanda, 251 la que constituye
el marco fáctico del proceso.252 Por otra parte, el momento para que las presuntas víctimas o sus representantes ejerzan plenamente aquel derecho de locus
standi in judicio es el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.253
233. En el presente caso, los alegatos de los representantes relativos a la supuesta violación de los artículos 5 y 7 de la Convención fueron sometidos al Tribunal en su escrito de solicitudes y argumentos y se basan en hechos contemplados en la demanda de la Comisión. Por ello, la Corte los analizará.
234. El Tribunal ha establecido que, de acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención, los Estados están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella. La responsabilidad internacional del Estado se funda en
actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de
su jerarquía, que violen la Convención Americana.254
235. En cuanto al deber de respeto, la Corte ha sostenido que la primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la
de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en la Convención. Así, en
la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal.255
236. Sobre la obligación de garantía la Corte ha establecido que puede ser cum­
plida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado
deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. 256 Esta obliga251
Cfr. Caso “Cinco Pensionistas” vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de
2003. Serie C No. 98, párr. 155; Caso Kawas Fernández vs. Honduras, supra nota 190, párr. 127, y
Caso Escher y otros vs. Brasil, supra nota 46, párr. 191.
252
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15
de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 59; Caso Escher y otros vs. Brasil, supra nota 46, párr.
63, y Caso Garibaldi vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. 59.
253
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, supra nota 252, párr. 56; Caso Perozo y otros vs.
Venezuela, supra nota 22, párr. 33, y Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, supra nota 47, párr. 135.
254
Cfr. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr 79 y Caso Kawas Fernández vs.
Honduras, supra nota 190, párrs. 72 y 73.
255
Cfr. La expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21.
256
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, supra nota 252, párrs. 111 y 113; Caso Perozo
vs. Venezuela, supra nota 22, párr. 298, y Caso Anzualdo Castro vs. Perú, supra nota 30, párr. 62
136
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ción implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental
y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio
del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. 257 Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las violacio­
nes de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción
a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y
de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.258 Lo decisivo es dilucidar “si
una determinada violación […] ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del
poder público o si éste ha actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente”. 259
237. Corresponde entonces al Tribunal verificar si México cumplió con sus
obligaciones de respetar y garantizar los derechos a la vida, la integridad personal y a la libertad personal de las jóvenes González, Ramos y Herrera.
4.1. Deber de respeto
238. La Comisión alegó que “en el presente caso […] todavía no se sabe si los ase­
sinos son particulares o agentes estatales, dado que los tres casos siguen en la im­
punidad”.
239. Según los representantes, “de acuerdo con lo que se desprende de los testimonios, en los casos de Laura Berenice y Claudia Ivette las madres habían señalado algún tipo de relación entre agentes del Estado y la desaparición de sus
hijas”. En particular, señalaron que la señora Monárrez testificó en el 2003 que
al momento de los hechos su hija tenía relación con un policía judicial, pero que el
Estado no lo llamó a declarar hasta el 2007.
240. De otra parte, los representantes señalaron que “[s]i bien no tenemos
elementos de prueba directos, a lo largo del presente escrito hemos manifestado
algunas circunstancias que el Estado no ha logrado aclarar” y que mantienen el
257
Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4,
párr. 166; Caso Kawas Fernández vs. Honduras, supra nota 190, párr. 137, y Caso Anzualdo Castro
vs. Perú, supra nota 30, párr. 62
258
Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, supra nota 257, párr. 174 y Caso Anzualdo Castro vs. Perú,
supra nota 30, párr. 62
259
Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo, supra nota 257, párr. 173; Caso Godínez Cruz vs.
Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 182, y Caso Gangaram
Panday vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No.
16, párr. 62.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
137
caso en la impunidad. Según los representantes, dicha impunidad “lleva a plantear dos hipótesis en cuanto a los autores materiales de la desaparición, tortura y
asesinato de Esmeralda, Laura y Claudia: a) Los autores eran agentes de la autoridad o b) Eran particulares organizados protegidos desde el Estado”.
241. El Estado negó que hubiera responsabilidad de agentes del Estado en los
homicidios de las víctimas.
242. Tanto la Comisión como los representantes hacen alusión a la posible
participación de agentes estatales sin proporcionar prueba al respecto, más allá
de la declaración de la señora Monárrez.260 El hecho de que la impunidad en el
presente caso impida conocer si los perpetradores son agentes estatales o par­
ticulares actuando con su apoyo y tolerancia, no puede llevar a este Tribunal a
presumir que sí lo fueron y condenar automáticamente al Estado por el incumplimiento del deber del respeto. Por tanto, no se puede atribuir al Estado responsabilidad internacional por violaciones a los derechos sustantivos consagrados
en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana.
4.2. Deber de garantía
243. La Corte reitera que no basta que los Estados se abstengan de violar los dere­
chos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en
función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya
sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre.261
244. Los derechos a la vida y a la integridad personal revisten un carácter
esencial en la Convención. De conformidad con el artículo 27.2 del referido tratado, esos derechos forman parte del núcleo inderogable, pues no pueden ser
suspendidos en casos de guerra, peligro público u otras amenazas.
245. Asimismo, el Tribunal ha establecido que el derecho a la vida juega un
papel fundamental en la Convención Americana, por ser el presupuesto esencial
para el ejercicio de los demás derechos. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir
260
Cfr. testimonio rendido ante fedatario público por la señora Monárrez Salgado el 23 de julio de
2006 (expediente de anexos a la contestación a la demanda, tomo XXXVI, anexo 50 legajo 2 tomo
I, folio 13082).
261
Cfr. Caso Baldeón García vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 81; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 154; y Caso de la Masacre de
Pueblo Bello vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C
No. 140, párr. 111.
138
cndh/cmdpdh
que sus agentes atenten contra él. La observancia del artículo 4, relacionado con
el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger
y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), 262 conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción.263
246. Respecto de la obligación de garantizar el derecho reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana, ésta implica el deber del Estado de prevenir
e investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Al respecto, el Tribunal ha señalado que
a la luz de la obligación general de garantizar a toda persona bajo su jurisdicción
los derechos humanos consagrados en la Convención, establecida en el artículo
1.1 de la misma, en conjunto con el derecho a la integridad personal conforme al
artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de dicho tratado, existe la obligación estatal de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que
permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia
o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura.264
247. En lo que se refiere al artículo 7.1 de la Convención, esta Corte ha sostenido que éste consagra en términos generales el derecho a la libertad y seguridad
y que los demás numerales del artículo 7 reconocen diversas garantías que deben darse a la hora de privar a alguien de su libertad. De ahí se explica que la forma en que la legislación interna afecta al derecho a la libertad es característicamente negativa, cuando permite que se prive o restrinja la libertad. Siendo, por
ello, la libertad siempre la regla y la limitación o restricción siempre la excepción.265 Consecuentemente, el Estado debe prevenir que la libertad de los individuos se vea menoscabada por la actuación de agentes estatales y terceros particulares, así como investigar y sancionar los actos violatorios de este derecho.
262
Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, supra nota 31, párr.
144; Caso del Penal Castro Castro vs. Perú, supra nota 248, párr. 237, y Caso Vargas Areco vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155, párr.
75.
263
Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, supra nota 261, párr. 120; Caso del Penal Castro
Castro vs. Perú, supra nota 248, párr. 237, y Caso Vargas Areco vs. Paraguay, supra nota 262, párr. 75.
264
Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, supra nota 248, párr. 345; Caso Vargas Areco vs. Paraguay, supra nota 262, párr. 79 y Caso Bueno Alves vs. Argentina, párr. 89.
265
Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 53.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
139
248. Corresponde ahora al Tribunal analizar si el Estado previno adecuadamente la desaparición, vejámenes y muerte sufridas por las tres víctimas y si investigó las mismas con debida diligencia. En otras palabras, si cumplió con el deber de garantía de los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana, conforme
al artículo 1.1 de la misma y al artículo 7 de la Convención Belém do Pará, que com­
plementa el corpus juris internacional en materia de prevención y sanción de la
violencia contra la mujer, 266 y si permitió un acceso a la justicia a los familiares
de las tres víctimas, conforme lo estipulan los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma.
4.2.1. Deber de prevención de los derechos a la libertad personal,
integridad personal y vida de las víctimas
249. La Comisión alegó que el Estado “no adoptó medidas razonables para proteger la vida y prevenir los asesinatos” de las víctimas “aunque tenía conocimiento del riesgo inminente que corrían de ser asesinadas por haber sido reportadas
como desaparecidas a la fecha de los hechos”. En similar sentido, señaló que la
información aportada por el Estado durante el trámite ante ella “no indica que
se implementaron normas y prácticas orientadas a garantizar una orden de búsqueda inmediata ante las denuncias de desaparición, o que existieran disposiciones sancionadoras ante una deficiente respuesta de funcionarios estatales
frente a las mismas”.
250. Los representantes señalaron que “las autoridades mexicanas al momento de que ocurrieron las desapariciones de las víctimas tenían conocimiento de
que existía un riesgo real e inmediato para la vida de estas”, “[d]ebido a que, los
casos aquí expuestos forman parte del patrón de violencia contra mujeres y niñas, y el Estado no tomó las medidas necesarias con la debida diligencia para evitarlo”.
251. El Estado alegó que “ha cumplido con sus obligaciones de prevención,
investigación y sanción en cada uno de los casos”.
252. La Corte ha establecido que el deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promue­
van la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales
violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un
hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las
cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o
266
Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, supra nota 248, párr. 276.
140
cndh/cmdpdh
comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de
que un derecho haya sido violado.267
253. La Convención Belém do Pará define la violencia contra la mujer (supra
párr. 226) y en su artículo 7.b obliga a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.
254. Desde 1992 el CEDAW estableció que “los Estados también pueden ser
responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida
para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de
violencia e indemnizar a las víctimas”.268 En 1993 la Declaración sobre la elimina­
ción de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a los Estados a “[p]roceder con la debida diligencia a fin de prevenir, inves­
tigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra
la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares” 269 y lo
mismo hizo la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer
de Beijing.270 En el 2006 la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer de la
ONU señaló que “[t]omando como base la práctica y la opinio juris […] se puede
concluir que hay una norma del derecho internacional consuetudinario que obli­
ga a los Estados a prevenir y responder con la debida diligencia a los actos de violencia contra la mujer”.271
255. En el caso Maria Da Penha vs. Brasil (2000), presentado por una víctima
de violencia doméstica, la Comisión Interamericana aplicó por primera vez la
Convención Belém do Pará y decidió que el Estado había menoscabado su obligación de ejercer la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica, al no condenar y sancionar al victimario durante quince años
pese a las reclamaciones oportunamente efectuadas.272 La Comisión concluyó
que dado que la violación forma parte de un “patrón general de negligencia y fal267
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo, supra nota 257, párr. 166; Caso Perozo y otros vs.
Venezuela, supra nota 22, párr. 149, y Caso Anzualdo Castro vs. Perú, supra nota 30, párr. 63.
268
Cfr. CEDAW, Recomendación general 19: La Violencia contra la Mujer, 11° período de sesiones,
1992, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 84 (1994), párr. 9.
269
Cfr. Naciones Unidas, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución
de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993. A/RES/48/104, 23 de febrero de
1994, artículo 4.c.
270
Naciones Unidas, Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 al 15 de
septiembre de 1995, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing aprobada en la 16° sesión plenaria celebrada el 15 de septiembre de 1995. A/CONF.177/20/Rev.1, página 54, párr. 124 b.
271
Informe de la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer, supra nota 64.
272
CIDH, Caso 12.051, Informe No. 54/01, Maria Da Penha Maia Fernandes vs. Brasil, Informe
Anual, 2000, OEA/Ser.L/V.II.111 Doc.20 rev. (2000).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
141
ta de efectividad del Estado”, no sólo se violaba la obligación de procesar y condenar, sino también la de prevenir estas prácticas degradantes.273
256. De otra parte, la Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer de
la ONU ha proporcionado directrices sobre qué medidas deben tomar los Estados para cumplir con sus obligaciones internacionales de debida diligencia en
cuanto a prevención, a saber: ratificación de los instrumentos internacionales de
derechos humanos; garantías constitucionales sobre la igualdad de la mujer;
existencia de leyes nacionales y sanciones administrativas que proporcionen reparación adecuada a las mujeres víctimas de la violencia; políticas o planes de
acción que se ocupen de la cuestión de la violencia contra la mujer; sensibilización del sistema de justicia penal y la policía en cuanto a cuestiones de género,
accesibilidad y disponibilidad de servicios de apoyo; existencia de medidas para
aumentar la sensibilización y modificar las políticas discriminatorias en la esfe­
ra de la educación y en los medios de información, y reunión de datos y elaboración de estadísticas sobre la violencia contra la mujer.274
257. Asimismo, según un Informe del Secretario General de la ONU:
Es una buena práctica hacer que el entorno físico sea seguro para las mujeres, y se
han utilizado comunitarias auditorías de seguridad para detectar los lugares peligrosos, examinar los temores de las mujeres y solicitar a las mujeres sus recomendaciones para mejorar su seguridad. La prevención de la violencia contra la mujer
debe ser un elemento explícito en la planificación urbana y rural y en el diseño de
los edificios y residencias. Forma parte de la labor de prevención el mejoramiento
de la seguridad del transporte público y los caminos que emplean las mujeres, por
273
CIDH, Maria Da Penha Maia Fernandes vs. Brasil, supra nota 272, párr. 56. En el mismo sentido
se han pronunciado el CEDAW. Así, en el caso A.T. vs. Hungría (2005), determinó que el Estado no
había cumplido las obligaciones establecidas en la Convención para prevenir la violencia contra la
víctima y protegerla. En particular, señaló que “preocupa especialmente que no se haya promulgado legislación específica que combata la violencia doméstica y el acoso sexual, y la inexistencia de
órdenes judiciales de amparo o de abandono del hogar, o de albergues para la protección inmediata de las mujeres víctimas de violencia doméstica” (Cfr. CEDAW, Comunicación No. 2/2003, Sra.
A. T. vs. Hungría, 32° período de sesiones, 26 de enero de 2005 párr. 9.3). En similar sentido, en el
caso Yildirim vs. Austria, en el cual la víctima fue asesinada por su esposo, el CEDAW encontró que
el Estado había faltado a su deber de debida diligencia por no haberlo detenido (Cfr. CEDAW, Comunicación No. 6/2005, Fatma Yildirim vs. Austria, 39° período de sesiones, 23 de julio a 10 de
agosto de 2007, párr. 12.1.4 y 12.1.5).
274
Naciones Unidas, La violencia contra la mujer en la familia: Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de conformidad con la resolución 1995/85 de la Comisión de Derechos Humanos, UN Doc. E/CN.4/1999/68, 10 de marzo de 1999, párr. 25.
142
cndh/cmdpdh
ejemplo hacia las escuelas e instituciones educacionales, los pozos, los campos y
las fábricas. 275
258. De todo lo anterior, se desprende que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra
las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y
prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrate­
gia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo
y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben
adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una
obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará. La Corte pasará
ahora a analizar las medidas adoptadas por el Estado hasta la fecha de los hechos
del presente caso para cumplir con su deber de prevención.
259. El Estado alegó que “a partir del contexto de violencia en Ciudad Juárez
reconocido por las autoridades gubernamentales, se tomaron y se siguen adop­
tan­do, todas las medidas que se consideraron necesarias para evitar que los
hechos de violencia contra las mujeres se repitieran”. Asimismo, señaló que ha
quedado demos­trado “el fortalecimiento de la capacidad y de la infraestructura
institucional orientadas a que las investigaciones en los casos de violencia con­
tra las mujeres sean efectivas y representen un seguimiento judicial consistente”,
así como “los amplios programas orientados a erradicar patrones socioculturales
discriminatorios en contra de la mujer, como políticas integrales de prevención,
programas de atención a víctimas del delito, participación ciudadana, y capacitación de funcionarios públicos”.
260. La Comisión señaló que existía una “ausencia de medidas estatales efectivas ante la desaparición y posterior muerte de las víctimas” y que “para la época
en que ocurrieron los hechos, el Estado no había adoptado las políticas ni las medidas necesarias para garantizar la efectiva prevención, investigación, y sanción
de hechos violentos contra las mujeres”.
275
Naciones Unidas, Asamblea General, Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la
mujer. Informe del Secretario General, Sexagésimo primer período de sesiones, A/61/122/Add.1,
6 de julio de 2006, párr. 352.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
143
261. Los representantes alegaron de manera general que “ninguna de las pocas acciones adoptadas por las autoridades desde 1993 hasta 2001 y los recursos
económicos destinados pueden considerarse como medidas efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas”.
262. De la prueba allegada al Tribunal se desprende, en primer lugar, que Mé­x i­
co creó la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres en Ciu­
dad Juárez de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua (en adelante la “FEIHM”)
en 1998, 276 como respuesta a la Recomendación No. 44/98 de la CNDH.277 Según el Estado, dicha Fiscalía fue creada como “una primera respuesta al fenómeno de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez”.
263. Al respecto, el Informe de la Relatoría de la CIDH de 2003 señaló que
según lo que informaron autoridades del estado de Chihuahua durante la visita
de la Relatora en el 2002, dicha Fiscalía “ha[bía] puesto en marcha las medidas
necesarias para reaccionar pronta y adecuadamente” frente a los homicidios, estaba formada por agentes “con capacitación especializada”, que la misma había
sido “dotada de capacidad técnica para responder más eficazmente a esos delitos”, que se habían instalado diversos sistemas de información y que cada uno de
los homicidios “se había asignado a determinado grupo de agentes encargados
de la investigación en todas sus etapas, para evitar el posible costo que implica la
pérdida de información y garantizar la integridad de la investigación”. 278
264. En cuanto a los logros de la FEIHM, destaca la respuesta del Estado al
Informe del CEDAW en el 2005, en la cual indicó que “su instalación generó un
proceso de investigación que ha llevado a obtener resultados favorables y ha permi­
tido la identificación, enjuiciamiento y sanción de los responsables en el 45.72%
de los casos”.279 Al respecto, la Corte observa lo establecido previamente (supra
párr. 159), en cuanto a que en el año 2005 alrededor de un 38% de los casos de
homicidios de mujeres en Ciudad Juárez contaban con sentencias condenatorias
276
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1922; CNDH, Informe Especial, supra nota 66, folio 2168, y Amnistía Internacional, Muertes intolerables, supra nota 64, folio 2265.
277
Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1963. Según la CNDH, la creación de dicha Fiscalía obedeció a que “las investigaciones de todos los homicidios que se suscitaban en Ciudad Juárez, Chihuahua, de 1993 a 1996, estaban a cargo del grupo de homicidios de la
Policía Judicial de la misma entidad federativa” y según Amnistía Internacional, “fue un reclamo
de las organizaciones locales desde 1996 dada la incapacidad de la [Procuraduría General de Justicia del Estado] de responder a la situación” (Cfr. CNDH, Informe Especial, supra nota 66, folio
2168 y Amnistía Internacional, Muertes intolerables, supra nota 64, folio 2278).
278
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, México, supra nota 64, folio 1752.
279
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1963.
144
cndh/cmdpdh
o sanciones. En segundo lugar, la Corte observa que en la misma respuesta del
Estado al Informe del CEDAW se precisa que la cifra de 45.72% de sentencias se
refiere a los delitos no sexuales, mientas que de los 92 delitos sexuales documentados, sólo 4 habían recibido sentencia 280 (supra párr. 161).
265. De otra parte, la FEIHM tuvo varios fiscales especiales,281 la mayoría
con una permanencia de unos cuantos meses, y la información con la que contaba era insuficiente para realizar un análisis integral sobre los homicidios y desapariciones ocurridos en Ciudad Juárez, así como del impacto de la FEIHM en
dicha situación.282
266. Finalmente, según el Informe de la Relatoría de la CIDH del año 2003,
“[l]a información disponible refleja que los esfuerzos desplegados para mejorar
la reacción frente a esos crímenes a través de la Fiscalía Especial han alcanzado
algunos logros” y que “[c]iertamente, la situación no es tan grave como en los pri­
meros años, en que en algunos casos el único ‘expediente’ de un asesinato consistía en una bolsa de huesos”.283
267. También consta en el expediente ante la Corte que el 27 de junio de 1998
fue publicada en el Periódico Oficial de estado de Chihuahua la “Ley Sobre el
Sistema Estatal de Seguridad Pública”,284 pero el Estado no proporcionó argumentos ni prueba sobre cómo esta medida contribuyó a prevenir, según lo alegado, que “los hechos de violencia contra las mujeres se repitieran”.
268. La Corte toma nota de que, según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del estado de Chihuahua reformada en 1998 y vigente en el 2001, es función de
la Procuraduría General de Justicia del estado “[d]ictar las medidas adecuadas
para combatir y erradicar la violencia contra la mujer y los niños, desarrollando
para tal efecto mecanismos institucionales”, 285 así como “[o]torgar la protección
que la ley prevé a los derechos de las víctimas”.286
280
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en
Ciudad Juárez, Informe Final, supra nota 87, folios 14617 a 14651.
281
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1937 y CNDH, Informe Especial, supra nota 66, folio 2235.
282
Cfr. CNDH, Informe Especial, supra nota 66, folio 2235 y Amnistía Internacional, Muertes intolerables, supra nota 64, folio 2278.
283
CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1752.
284
Cfr. Ley Sobre el Sistema Estatal de Seguridad Publica emitida por el H. Congreso del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 51 del 27 de junio de 1998 y reformada en el 2002,
2004 y 2005 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLII, anexo 72, folios
15326 a 15364).
285
Cfr. artículo 35, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, publi­
cada en el Periódico Oficial No. 79 del 1 de octubre de 1986, última reforma POE 2005.01.19/No. 6.
286
Cfr. artículo 35, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, supra nota 285.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
145
269. Asimismo, la Corte constata que a nivel federal se creó el Instituto Nacional de Mujeres (en adelante el “INMUJERES”), a través de una ley publicada
el 12 de enero de 2001 en el Diario Oficial.287 Dicha ley estableció que el objeto
general del INMUJERES es “promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación
equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país”. 288 Sin embargo, las actividades y programas del INMUJERES señalados en el expediente son
posteriores al 2001, año de los homicidios de las víctimas, por lo que no es aplicable al presente caso.
270. México también hizo referencia a la creación en 1998 de un programa
piloto denominado “Programa de Atención a Víctimas del Delito” y que en el
2000, como parte de dicho Programa, “se creó una base de datos para facilitar la
búsqueda y localización de personas desaparecidas”. Sin embargo, la Corte observa que no cuenta con información pertinente en el expediente para valorar
dichas iniciativas.
271. Además, el Estado remitió como prueba un informe de la Procuraduría
General de Justicia del estado de Chihuahua presentado ante la Comisión Interamericana en marzo del 2002, el cual señaló una serie de acciones adoptadas
por parte del gobierno estatal. México no remitió prueba adicional sobre las diversas medidas señaladas en dicho documento. Asimismo, el Estado no profundizó sobre estas acciones en sus alegatos289 ni brindó información específica
como la fecha y lugares en las que fueron implementadas, así como los resultados
de las mismas. Esto impide que la Corte pueda valorarlas.
272. El Tribunal toma nota de que los informes de la Relatoría de la CIDH y
de Amnistía Internacional, ambos del año 2003, hacían alusión a una serie de
medidas tomadas por el Estado que incluían la ampliación de alumbrado público, pavimentación de caminos, incremento de seguridad en las zonas de alto
riesgo, mejorar la selección de los conductores de autobuses que transportan trabajadores a toda hora, programas de control más estricto del consumo de alco287
Cfr. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLIII, anexo 86, folios 16010 a 16019).
288
Artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, supra nota 287, folio 16010.
289
El Estado mencionó el Programa de Cero Tolerancia y el Operativo Crucero en sus alegatos pero
no explicó los logros ni resultados de estos programas (Cfr. escrito de contestación de la demanda,
expediente de fondo, tomo III, folio 1031). La Corte observa que en el documento de la Procuraduría descrito supra párr. 270, el Estado mencionó que los delitos disminuyeron como producto de
estos programas, pero no brindó mayor explicación ni proporcionó prueba adicional al respecto.
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, México, supra nota 64.
146
cndh/cmdpdh
hol y la instalación de dos líneas telefónicas de urgencia.290 Sin embargo, dichos
informes no proporcionan las fechas cuando se llevaron a cabo estas medidas,
por lo cual le es imposible al Tribunal valorarlas como medidas de prevención
adoptadas por México antes del 2001.
273. La Corte observa que informes nacionales e internacionales coinciden
en que la prevención de los casos de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, así
como la respuesta frente a ellos, ha sido ineficaz e insuficiente.291 Según el Informe del CEDAW del 2005, no fue sino hasta el 2003 y sobre todo como seguimien­
to al Informe de la Relatoría de la CIDH “que se empez[ó] a encarar de frente la
necesidad de un programa global [e] integrado, con distintas y complementarias
áreas de intervención”. El CEDAW concluyó que “[c]onsiderando que en el presente hay una mayor voluntad política, sobretodo en las estructuras federales
[…], no puede dejar de decirse que […] desde 1993 en lo que respe[c]ta a la prevención, la investigación y la sanción […], las políticas adoptadas y las medidas
tomadas han sido ineficaces y han permitido un clima de impunidad”.292
274. Desde 1998 el Estado fue advertido públicamente de la problemática exis­
tente en Ciudad Juárez, por medio de la Recomendación No. 44 de la CNDH.
En dicha Recomendación, la CNDH señaló que obtuvo argumentos:
que permiten señalar que las autoridades estatales han incurrido en una omisión
culposa al observar el crecimiento de este fenómeno social, y no atenderlo, controlarlo o erradicarlo, ya que no sólo no lo previeron ni previnieron sino que tampoco extremaron sus cuidados; y tomando coma referencia los casos de mujeres
asesinadas durante 1998, es una tendencia que de no tomarse de inmediato las
medidas necesarias para prevenirlo y reprimirlo, al parecer, lamentablemente
rebasar[án] las cifras de los años anteriores. 293
275. En 1999 la Relatora sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU visitó
Ciudad Juárez, se reunió con autoridades estatales y en su informe observó que
“el Gobierno, al descuidar deliberadamente la protección de las vidas de los ciudadanos por razón de su sexo, había provocado una sensación de inseguridad en
290
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, México, supra nota 64, folio 1820
y Amnistía Internacional, Muertes Intolerables, supra nota 64, folio 2285.
291
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, México, supra nota 64, folio 1749;
Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1924, y CNDH, Recomendación 44/1998, supra nota 72, folio 2155.
292
Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folios 1938 y 1924.
293
CNDH, Recomendación 44/1998, supra nota 72, folio 2155.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
147
muchas de las mujeres de Ciudad Juárez. Al mismo tiempo, había logrado que
los autores de esos delitos quedaran impunes”.294
276. La CNDH, en el 2003, determinó que “a más de cinco años de haberse
emitido [la Recomendación No. 44], el fenómeno social no fue controlado y, en
cambio, el índice de criminalidad en contra de las mujeres que radican o transitan
en el municipio de Juárez, Chihuahua, continuó su escala ascendente”. Con respecto a recomendaciones específicas hechas por la CNDH relativas a convenios
de colaboración con otras Procuradurías y cuerpos policiales, al establecimien­
to de programas de seguridad pública y a capacitaciones a los cuerpos policiales,
la CNDH concluyó que “[l]as constancias que fueron remitidas […] permitieron observar la insuficiencia de las acciones adoptadas”.295
277. Según los hechos del presente caso, las víctimas González, Ramos y Herrera eran mujeres jóvenes de 20, 17 y 15 años respectivamente, todas humildes,
una estudiante, las otras dos trabajadoras. Salieron de su casa un día y sus cuerpos fueron encontrados días o semanas más tarde en un campo algodonero con
signos de violencia sexual y demás maltratos. En los días entre sus desapariciones y el hallazgo de sus cuerpos, sus madres y familiares acudieron a las autoridades en busca de respuestas, pero se encontraron con juicios de valor respecto
al comportamiento de las víctimas y con ninguna acción concreta destinada a
encontrarlas con vida aparte de la recepción de declaraciones.
278. La Corte ha dado por probado y el Estado ha reconocido que en el año
2001 Ciudad Juárez vivía una fuerte ola de violencia contra las mujeres. Los hechos del caso revelan paralelos significativos con el contexto probado.
279. A pesar de que el Estado tenía pleno conocimiento del riesgo que corrían
las mujeres de ser objeto de violencia, no demostró haber adoptado medidas
efectivas de prevención antes de noviembre de 2001 que redujeran los factores
de riesgo para las mujeres. Aunque el deber de prevención sea uno de medio y
no de resultado (supra párr. 251), el Estado no ha demostrado que la creación de
la FEIHM y algunas adiciones a su marco legislativo, por más que fueran necesarias y demuestren un compromiso estatal, fueran suficientes y efectivas para
prevenir las graves manifestaciones de la violencia contra la mujer que se vivía
en Ciudad Juárez en la época del presente caso.
280. Ahora bien, conforme a jurisprudencia de la Corte es claro que un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, las obligaciones
convencionales de garantía a cargo de los Estados no implican una responsabili294
Informe de la Relatora de ejecuciones extrajudiciales, supra nota 73, folio 2053.
CNDH, Informe Especial, supra nota 66, folios 2224 y 2226.
295
148
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dad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues
sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares
en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una
situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos deter­
minado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir,
aunque un acto u omisión de un particular tenga como consecuencia jurídica la
violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias
particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía.296
281. En el presente caso, existen dos momentos claves en los que el deber de
prevención debe ser analizado. El primero es antes de la desaparición de las víctimas y el segundo antes de la localización de sus cuerpos sin vida.
282. Sobre el primer momento —antes de la desaparición de las víctimas— la
Corte considera que la falta de prevención de la desaparición no conlleva per se
la responsabilidad internacional del Estado porque, a pesar de que éste tenía conocimiento de una situación de riesgo para las mujeres en Ciudad Juárez, no ha
sido establecido que tenía conocimiento de un riesgo real e inmediato para las víc­
timas de este caso. Aunque el contexto en este caso y sus obligaciones internacionales le imponen al Estado una responsabilidad reforzada con respecto a la
protección de mujeres en Ciudad Juárez, quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad, especialmente las mujeres jóvenes y humildes, no le imponen una responsabilidad ilimitada frente a cualquier hecho ilícito en contra
de ellas. Finalmente, la Corte no puede sino hacer presente que la ausencia de
una política general que se hubiera iniciado por lo menos en 1998 —cuando la
CNDH advirtió del patrón de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez—, es
una falta del Estado en el cumplimiento general de su obligación de prevención.
283. En cuanto al segundo momento —antes del hallazgo de los cuerpos— el
Estado, dado el contexto del caso, tuvo conocimiento de que existía un riesgo
real e inmediato de que las víctimas fueran agredidas sexualmente, sometidas a
vejámenes y asesinadas. La Corte considera que ante tal contexto surge un deber
de debida diligencia estricta frente a denuncias de desaparición de mujeres, respecto a su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días. Esta obligación de medio, al ser más estricta, exige la realización exhaustiva de actividades
296
Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, supra nota 261, párr. 123; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs Paraguay, supra nota 261, párr. 155, y Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, supra nota 49, párr. 78. Ver también ECHR, Case of Kiliç v. Turkey, Judgment of 28 March
2000, paras. 62 and 63 y ECHR, Case of Osman v. the United Kingdom, Judgment of 28 October
1998, paras. 115 and 116.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
149
de búsqueda. En particular, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de
las autoridades policiales, fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y
necesarias dirigidas a la determinación del paradero de las víctimas o el lugar
donde puedan encontrarse privadas de libertad. Deben existir procedimientos
adecuados para las denuncias y que éstas conlleven una investigación efectiva
desde las primeras horas. Las autoridades deben presumir que la persona desaparecida está privada de libertad y sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha corrido.
284. México no demostró haber adoptado las medidas razonables, conforme
a las circunstancias que rodeaban a los casos, para encontrar a las víctimas con
vida. El Estado no actuó con prontitud dentro de las primeras horas y días luego
de las denuncias de desaparición, dejando perder horas valiosas. En el período
entre las denuncias y el hallazgo de los cuerpos de las víctimas, el Estado se limitó a realizar formalidades y a tomar declaraciones que, aunque importantes, perdieron su valor una vez éstas no repercutieron en acciones de búsqueda específicas. Además, las actitudes y declaraciones de los funcionarios hacia los familiares
de las víctimas que daban a entender que las denuncias de desaparición no debían ser tratadas con urgencia e inmediatez llevan al Tribunal razonablemente a
concluir que hubo demoras injustificadas luego de las presentaciones de las denuncias de desaparición. Todo esto demuestra que el Estado no actuó con la debi­
da diligencia requerida para prevenir adecuadamente las muertes y agresiones
sufridas por las víctimas y que no actuó como razonablemente era de esperarse
de acuerdo a las circunstancias del caso para poner fin a su privación de libertad.
Este incumplimiento del deber de garantía es particularmente serio debido al
contexto conocido por el Estado —el cual ponía a las mujeres en una situación
especial de vulnerabilidad— y a las obligaciones reforzadas impuestas en casos
de violencia contra la mujer por el artículo 7.b de la Convención Belém do Pará.
285. Además, la Corte considera que el Estado no demostró haber adoptado
normas o implementado las medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la Con­
vención Americana y al artículo 7.c de la Convención Belém do Pará, que permitieran a las autoridades ofrecer una respuesta inmediata y eficaz ante las denuncias
de desaparición y prevenir adecuadamente la violencia contra la mujer. Tampoco demostró haber adoptado normas o tomado medidas para que los funcionarios responsables de recibir las denuncias tuvieran la capacidad y la sensibilidad
para entender la gravedad del fenómeno de la violencia contra la mujer y la voluntad para actuar de inmediato.
286. En razón de todo lo expuesto, el Tribunal considera que el Estado violó
los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en los
artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con la obli-
150
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gación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y la obligación de
adoptar disposiciones de derecho interno contemplada en el artículo 2 de la misma, así como con las obligaciones contempladas en el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice
Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal.
4.2.2. Deber de investigar efectivamente los hechos, conforme a los
artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, derivado de la obligación de garantía
de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal
287. De la obligación general de garantía de los derechos a la vida, integridad per­
sonal y libertad personal deriva la obligación de investigar los casos de violaciones de esos derechos; es decir, del artículo 1.1 de la Convención en conjunto con
el derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado.297 Asimismo, México debe observar lo dispuesto en el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, que obliga a actuar con la debida diligencia 298 y a adoptar la
normativa necesaria para investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
288. En su sentencia de fondo emitida en el caso Velásquez Rodríguez vs. Hon­
duras, la Corte estableció que, conforme al deber de garantía:
[e]l Estado está […] obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado
actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea
posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a
su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos
de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención. 299
289. El deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que
debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una
simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. 300 La obligación
297
Cfr. Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, supra nota 261, párr. 142; Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008.
Serie C No. 186, párr. 115, y Caso Perozo y otros vs. Venezuela, supra nota 22, párr. 298.
298
Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, supra nota 248, párr. 344.
299
Cfr. Caso Kawas Fernández vs. Honduras, supra nota 190, párr. 76.
300
Cfr. Caso Anzualdo Castro vs. Perú, supra nota 30, párr. 123 y Caso Garibaldi vs. Brasil, supra nota
252, párr. 113.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
151
del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impu­
nidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos
humanos. 301
290. A la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria,
imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual
castigo de todos los autores de los hechos, especialmente cuando están o puedan
estar involucrados agentes estatales. 302
291. De otra parte, la Corte ha advertido que esta obligación se mantiene
“cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación,
aún los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la
responsabilidad internacional del Estado”. 303
292. En tal sentido, en el marco de la obligación de proteger el derecho a la
vida, la Corte Europea de Derechos Humanos ha desarrollado la teoría de la “obli­
gación procesal” de efectuar una investigación oficial efectiva en casos de violaciones a aquél derecho. 304 La Corte Interamericana también ha aplicado esta
teoría en diversos casos. 305
293. La Corte considera que el deber de investigar efectivamente, siguiendo
los estándares establecidos por el Tribunal (supra párrs. 287 a 291) tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o
afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia
contra las mujeres. En similar sentido, la Corte Europea ha dicho que cuando un
ataque es motivado por razones de raza, es particularmente importante que la
investigación sea realizada con vigor e imparcialidad, teniendo en cuenta la ne301
Cfr. Caso Anzualdo Castro vs. Perú, supra nota 30, párr. 179 y Caso Garibaldi vs. Brasil, supra nota
252, párr. 141.
302
Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, supra nota 261, párr. 143; Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, supra nota 297, párr. 144, y Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, supra nota 49,
párr. 101.
303
Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, supra nota 261, párr. 145, y Caso Kawas Fernández vs. Honduras, supra nota 190, párr. 78.
304
Cfr. ECHR, Ergi v. Turkey, judgment of 28.07.1998, Reports of Judgments, n. 81, paras. 85-86, y ECHR,
Akkoç v. Turkey, judgment of 10 October 2000, paras. 77 to 99; Kiliç v. Turkey, judgment of 28 March
2000, paras. 78 to 83.
305
Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 112; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia,
supra nota 49, párr. 97, y Caso Garibaldi vs. Brasil, supra nota 252, párr. 23.
152
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cesidad de reiterar continuamente la condena de racismo por parte de la sociedad
y para mantener la confianza de las minorías en la habilidad de las autoridades
de protegerlas de la amenaza de violencia racial. 306 El criterio anterior es totalmente aplicable al analizarse los alcances del deber de debida diligencia en la investigación de casos de violencia por razón de género.
294. Para determinar si la obligación procesal de proteger los derechos a la
vida, integridad personal y libertad personal por la vía de una investigación seria
de lo ocurrido se ha cumplido a cabalidad en este caso, es preciso examinar las di­
versas acciones tomadas por el Estado con posterioridad al hallazgo de los cuerpos sin vida, así como los procedimientos a nivel interno destinados a dilucidar
los hechos ocurridos y a identificar a los responsables de las violaciones cometidas en perjucio de las víctimas.
295. El Tribunal analizará la controversia entre las partes sobre alegadas irregularidades relacionadas con 1) la custodia de la escena del crimen, recolección
y manejo de evidencias, elaboración de las autopsias y en la identificación y entrega de los restos de las víctimas; 2) actuación seguida contra presuntos responsables y alegada fabricación de culpables; 3) demora injustificada e inexistencia
de avances sustanciales en las investigaciones; 4) fragmentación de las investigaciones; 5) falta de sanción a los funcionarios públicos involucrados con irregularidades, y 6) negación de acceso al expediente y demoras o negación de copias
del mismo.
4.2.2.1. Alegadas irregularidades en la custodia de la escena del crimen,
recolección y manejo de evidencias, elaboración de las autopsias
y en la identificación y entrega de los restos de las víctimas
296. Tal como ha sido señalado (supra párr. 20), el Estado alude a dos etapas de
las investigaciones, la primera entre 2001 y 2003 y la segunda entre 2004 y 2009.
El Estado reconoció su responsabilidad por algunas irregularidades en la primera etapa, pero alegó que en la segunda etapa se corrigieron estas deficiencias y se
impulsó el “Programa de Identidad Humana” con la participación del EAAF.
297. La Corte observa que el 1 de mayo de 2005 la Procuraduría de Chihuahua contrató al EAAF con el fin de asesorar en la “identificación de restos de
mujeres no identificadas en las ciudades de Juárez y Chihuahua”, así como también “la revisión de casos en los que los familiares de las víctimas expresan dudas
306
Cfr. ECHR, Case of Angelova and Iliev v, Bulgaria, Judgment 26 July 2007, Application No.
55523/00, para.98.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
153
sobre la identidad de los restos que han recibido”. 307 Teniendo en cuenta las conclusiones elaboradas por el EAAF respecto al presente caso, la prueba obrante
en el expediente y el reconocimiento de responsabilidad del Estado, el Tribunal
se referirá a las irregularidades que se presentaron en: a) el hallazgo de los cuerpos, la custodia de la escena del crimen, y en la recolección y manejo de evidencias; b) la práctica de autopsias, y c) la práctica de pruebas de ADN, identificación y entrega de los restos.
a) Irregularidades en la elaboración del informe de hallazgo
de los cuerpos, preservación de la escena del crimen y en la recolección
y manejo de evidencias
298. La Comisión alegó que “el acta de levantamiento de los cadáveres no señala los métodos utilizados para recolectar y preservar la evidencia” y que las autoridades “asociaron algunos elementos de evidencia […] con determinados cadáveres […] en razón de su cercanía con los cuerpos siendo que todo esto se
encontró en un espacio amplio”. Los representantes alegaron que las autoridades no rastrearon debidamente el lugar. Agregaron que del conjunto “de objetos
y evidencias observados en el lugar, no hubo mayores resultados que la tipificación sanguínea de algunos, sin que posteriormente se confrontaran con otros
elementos y con los cuerpos”. Asimismo, la Comisión y los representantes sostuvieron que no se hizo “constancia o identificación del lugar donde quedaron resguardadas las evidencias”, ni de los funcionarios a cargo de las mismas. Los representantes agregaron que “[n]o hay un orden ni una secuencia para marcar las
evidencias encontradas”, lo cual resultó “en contradicciones e inconsistencias en
los resultados de los dictámenes periciales”.
299. Entre las irregularidades reconocidas por el Estado durante la primera
etapa de las investigaciones se encuentran “[l]a inapropiada preservación del lugar del hallazgo”, la no adopción de “medidas necesarias” para que la escena del
crimen “no fuera contaminada”, “el procesamiento no exhaustivo de las evidencias recabadas” y la no realización de “diligencias periciales sobre los indicios
probatorios”.
300. Este Tribunal ha establecido que la eficiente determinación de la verdad
en el marco de la obligación de investigar una muerte, debe mostrarse desde las
307
Cfr. contrato de prestación de servicios profesionales celebrado por la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Chihuahua con el Equipo Argentino de Antropología Forense el 1 de mayo
de 2005 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLV, anexo 136, folios
16581 a 16586).
154
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primeras diligencias con toda acuciosidad. 308 En este sentido, la Corte ha especificado los principios rectores que es preciso observar en una investigación cuan­
do se está frente a una muerte violenta. Las autoridades estatales que conducen
una investigación de este tipo deben intentar como mínimo, inter alia: i) identificar a la víctima; ii) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con
la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los
responsables; iii) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; iv) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y v) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio
y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apro­
piados. 309
301. Además, los estándares internacionales señalan que, en relación con la
escena del crimen, los investigadores deben, como mínimo, fotografiar dicha escena, cualquier otra evidencia física y el cuerpo como se encontró y después de
moverlo; todas las muestras de sangre, cabello, fibras, hilos u otras pistas deben
ser recogidas y conservadas; examinar el área en busca de huellas de zapatos o
cualquier otra que tenga naturaleza de evidencia, y hacer un informe detallan­
do cualquier observación de la escena, las acciones de los investigadores y la disposición de toda la evidencia coleccionada. 310 El Protocolo de Minnesota establece, entre otras obligaciones, que al investigar una escena del crimen se debe
cerrar la zona contigua al cadáver, y prohibir, salvo para el investigador y su equipo, el ingreso a la misma. 311
302. En el presente caso, el 6 de noviembre de 2001 se hizo el levantamiento
de los cadáveres de las tres víctimas. La información en el expediente ante la
Corte indica que una llamada de un “trabajador de la construcción que cruzaba
308
Cfr. Caso Servellón García y otros vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de
septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 120; Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, supra
nota 248, párr. 383, y Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 121.
309
Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, supra nota 305, párr. 127; Caso Escué Zapata vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 106, y
Caso Kawas Fernández vs. Honduras, supra nota 190, párr. 102.
310
Cfr. Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, Doc. E/ST/CSDHA/.12 (1991).
311
Cfr. Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, supra
nota 310.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
155
el terreno a pie para recortar distancia”312 alertó sobre la existencia de los cuerpos. Sin embargo, esa información, ni ninguna otra relacionada con las circunstancias del hallazgo, fue hecha constar en el informe judicial respectivo. Tan
solo consta que el agente del Ministerio Público inició la investigación a raíz de
una llamada telefónica del radio operador de la Policía Judicial del Estado. 313
303. En la fe ministerial de 6 de noviembre fueron reseñadas un total de 26
evidencias e indicios. 314 Sin embargo, estas no son, a excepción de una, las evidencias que figuran en las tres actas de levantamiento de cadáver, 315 cada una de
las cuales señala evidencias distintas sin que se observe la ubicación de las mismas, la relación entre ellas y su relación con la fe ministerial. Otras evidencias fue­
ron encontradas el 7 de noviembre de 2001, al hacer el levantamiento de los otros
cinco cadáveres (supra párr. 209). Sin embargo, el listado de las evidencias recogidas el 7 de noviembre es igual al elaborado el 6 de noviembre. 316 Además, en
las actas de levantamiento de los otros cinco cadáveres también constan otras
evidencias distintas a las anteriores, 317 sin que se demuestre en el expediente la
ubicación de las mismas, la relación entre ellas y con la fe ministerial.
304. Con posterioridad a la recolección de evidencias efectuadas el 6 y 7 de
noviembre, los familiares de las víctimas hicieron dos rastreos entre el 24 y 25
de febrero del 2002 para recabar prueba adicional en el lugar del hallazgo de los
cuerpos. Encontraron un número significativo de evidencias. El inventario de
las evidencias recolectadas incluye prendas de vestir, nueve piezas de calzado y
once objetos diversos entre los que se encontraba una placa de vehículo fronterizo y un permiso municipal provisional. También se incluían cabellos, restos hemáticos, vestimenta de las posibles víctimas, trozos de plástico, envases diversos, muestras de tierra, restos óseos, entre otros. No se señala quiénes eran los
funcionarios responsables de estas muestras, a dónde fueron enviadas y en qué
312
Cfr. declaración testimonial rendida ante fedatario público por el señor Máynez Grijalva el 21 de
abril de 2009 (expediente de fondo, tomo XIII, folio 3845).
313
Cfr. aviso emitido por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001 (expediente de
anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo XIV, anexo 3, folio 4742) y resolución emitida
por la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua el 14 de julio
de 2005 (expediente de anexos a la demanda, tomo IX, anexo 83, folio 3431).
314
Cfr. fe ministerial de lugar y de cadáveres, supra nota 238, folio 2667.
315
Cfr. actas de levantamiento de cadáver, supra nota 234.
316
Cfr. lista de evidencias elaborada por el Jefe de la Oficina Técnica de Servicios Periciales y Medicina Legal el 13 de noviembre de 2001 (expediente de anexos a la demanda, tomo IX, anexo 44, folios 2708, 2720 y 2721) y fe ministerial de lugar y de cadáveres, supra nota 238, folio 2667.
317
Cfr. actas de levantamiento de cadáver, supra nota 234, folios 2710, 2712, 2714, 2716 y 2718.
156
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condiciones fueron conservadas. 318 Algunas de estas evidencias permanecieron
más de seis años sin ser analizadas. En efecto, el 22 de noviembre de 2007, en el
marco de la organización de cajas con evidencia respecto a casos tramitados en
Ciudad Juárez, fue encontrada una caja con muestras de cabello y huesos de las
víctimas, sin indicación alguna respecto a por qué dicha evidencia se encontraba
en ese lugar y sin indicación sobre procedimientos establecidos para proteger dichas evidencias, es decir, sin debida cadena de custodia. 319
305. Sobre este punto, el Manual de Naciones Unidas indica que la debida diligencia en una investigación médico-legal de una muerte exige el mantenimiento de la cadena de custodia de todo elemento de prueba forense. 320 Ello consiste
en llevar un registro escrito preciso, complementado, según corresponda, por
fotografías y demás elementos gráficos, para documentar la historia del elemento de prueba a medida que pasa por las manos de diversos investigadores encargados del caso. La cadena de custodia puede extenderse más allá del juicio y la
condena del autor, dado que las pruebas antiguas, debidamente preservadas, podrían servir para el sobreseimiento de una persona condenada erróneamente. La
excepción la constituyen los restos de víctimas positivamente identificadas que
pueden ser devueltos a sus familias para su debida sepultura, con la reserva de que
no pueden ser cremados y que pueden ser exhumados para nuevas autopsias. 321
306. El Tribunal concluye que en el presente caso se presentaron irregularidades relacionadas con: i) la falta de precisión de las circunstancias del hallazgo
de los cadáveres; ii) la poca rigurosidad en la inspección y salvaguarda de la esce318
En estos rastreos de los familiares encontraron la credencial de elector y la credencial de trabajo de
la joven González (Cfr. fe ministerial de lugar y objetos emitida el 24 de febrero de 2002 por la
agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios
de Mujeres, expediente de anexos a la demanda, tomo IX, anexo 63, folios 2923 y 2924); fe prejudicial de lugar y objetos emitida el 25 de febrero de 2002 por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres, expediente de anexos a
la demanda, tomo IX, anexo 64, folios 2927 y 2928), y declaración rendida por la señora Monárrez
Salgado ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Contraloría de Asuntos Internos Zona
Norte el 23 de julio de 2006 (expediente de anexos a la demanda tomo IX, anexo 84, folios 3504 a
3507).
319
Cfr. testimonio rendido por una perito en Química adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de Ciudad Juárez ante el agente del Ministerio Público adscrito a la
Fiscalía Mixta para la Investigación de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez el 15 de marzo de
2008 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXVIII, anexo 50, folios
14072 a 14074).
320
Cfr. Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, supra
nota 310.
321
Cfr. declaración rendida ante fedatario público por el perito Snow el 17 de abril de 2009 (expediente de fondo, tomo XIV, folio 4225).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
157
na del crimen practicada por las autoridades; iii) el indebido manejo de algunas
de las evidencias recolectadas, y iv) los métodos utilizados no fueron acordes
para preservar la cadena de custodia.
307. Además, la Corte observa que este caso no es el único en el que se han
denunciado negligencias en la recolección de evidencias (supra párr. 150). En
efecto, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez indicó que entre 1993 y 2005 frecuentemente “los dictámenes periciales, fundamentalmente los de criminalística de
campo, no correspond[ían] en su contenido a las constancias ministeriales practicadas en el lugar de los hechos por el agente del Ministerio Público respecti­
vo”. 322 Además, se cometían muchos errores en la preservación de la escena del
crimen, 323 destrucción de evidencias324 e irregularidades en la preservación y
análisis de evidencia. 325
b) Irregularidades en la realización de autopsias
308. Los representantes alegaron que las conclusiones respecto de la causa de
muerte de las víctimas, no son claras y no ofrecen certeza. Igualmente, destacaron que las autoridades no ordenaron los exámenes correspondientes y que tomaron muestras de órganos para realizar exámenes, pero se desconocen los resultados de los mismos y la ubicación de la muestra.
309. El Estado reconoció “[e]l impropio proceso de identificación de los cuerpos y de determinación de la causa de muerte”.
310. La Corte resalta que las autopsias tienen como objetivo recolectar, como
mínimo, información para identificar a la persona muerta, la hora, fecha, causa y
forma de la muerte. Estas deben respetar ciertas formalidades básicas, como indicar la fecha y hora de inicio y finalización, así como el lugar donde se realiza y
el nombre del funcionario que la ejecuta. Asimismo, se debe, inter alia, fotografiar adecuadamente el cuerpo; tomar radiografías del cadáver, de su bolsa o envoltorio y después de desvestirlo, documentar toda lesión. Se debe documentar
la ausencia, soltura o daño de los dientes, así como cualquier trabajo dental, y
examinar cuidadosamente las áreas genital y para-genital en búsqueda de seña322
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el
Municipio de Juárez, Informe Final, supra nota 87, folio 14580 y declaración de la testigo Doretti,
supra nota 141, folio 2326.
323
Cfr. Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de las Naciones Unidas, supra nota 76,
folio 1900 y Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1929.
324
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1929.
325
Cfr. declaración de la testigo Doretti, supra nota 141, folio 2326.
158
cndh/cmdpdh
les de abuso sexual. En casos de sospecha de violencia o abuso sexual, se debe
preservar líquido oral, vaginal y rectal, y vello externo y público de la víctima. 326
Asimismo, el Manual de Naciones Unidas indica que en los protocolos de autopsia se debe anotar la posición del cuerpo y sus condiciones, incluyendo si está tibio o frío, ligero o rígido; proteger las manos del cadáver; registrar la temperatura del ambiente y recoger cualquier insecto. 327
311. En el presente caso, un perito del EAAF que analizó la autopsia de la joven Herrera señaló que ésta no era completa, que se omitieron tanto las anotaciones respecto a lesiones en el sistema óseo y falta de piel, como la realización
de estudios para determinar otros indicios. No se describieron el período de la
putrefacción, la macroscopía de los órganos internos, ni se realizó el tiempo craneano, es decir no hay apertura del mismo. 328 Las autopsias no anexaron fotografías ni radiografías que se han debido tomar, ni hicieron referencia a ellas. 329
Similares conclusiones se pueden establecer respecto a las demás autopsias a
partir de la prueba disponible ante la Corte. 330 Tampoco documentaron la realización de exámenes específicos en búsqueda de evidencias de abuso sexual, lo
cual resulta particularmente grave debido al contexto probado en el presente
caso y a las características que presentaban los cuerpos al momento de su hallazgo (supra párr. 212).
312. La Corte constata que estas negligencias no son aisladas sino que forman parte de un contexto en Ciudad Juárez, según el cual “[e]n gran parte de los
expedientes analizados no se apreció que se haya solicitado, ni que corra agregado en actuaciones, dictamen pericial alguno para la búsqueda de fibras en las ropas de las víctimas, a efecto de una posterior confronta[ción]; lo anterior, incluso, en los restos humanos u osamentas de víctimas no identificados”. 331 Según
un informe de Amnistía Internacional de 2003 las autopsias no se llevaban a
cabo “conforme a los estándares necesarios para contribuir al esclarecimiento
de los crímenes”, 332 ni tampoco se exponen los medios utilizados para llevar a
326
Cfr. Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, supra
nota 310.
327
Cfr. Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, supra
nota 310.
328
Cfr. declaración rendida por el perito Bosio rendida ante fedarario público el 15 de abril de 2009
(expediente de fondo, tomo VI, folio 2279).
329
Cfr. declaración del perito Bosio, supra nota 328, folio 2378.
330
Cfr. certificados de autopsia, supra nota 239.
331
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el
Municipio de Juárez, Informe Final, supra nota 87, folio 14580.
332
Amnistía Internacional, Muertes intolerables, supra nota 64, folio 2301.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
159
conclusiones, como por ejemplo, la estatura, tipo de muerte o la posible hora o
fecha de muerte. 333 Asimismo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez hace referencia a
que “se detectó que en algunos casos[,] dichos dictámenes establecen fechas en
las que está plenamente acreditado que las víctimas todavía se hallaban con
vida”. 334 Además, la testigo Doretti afirmo que muchos expedientes de homicidio “no contenían información sobre la ubicación final de los restos después de
su paso por el [Servicio Médico Forense], incluyendo tanto aquellos que fueron
entregados a sus familiares, como los que fueron inhumados como restos no [i]
dentificados en panteones municipales o depositados” en dicho servicio. 335
c) Alegadas irregularidades en la identificación y entrega de los cuerpos
313. La Comisión y los representantes aludieron a contradicciones e inconsistencias en los resultados de identificación de los restos. El Estado “reconoc[ió] la
falta de una determinación científica e irrefutable de la identidad de las tres víctimas en un primer momento”. La Corte analizará a continuación irregularidades en a) la asignación de los nombres a los cuerpos encontrados, b) la entrega
incompleta de los cuerpos sin que existiese una identificación positiva, y c) las
controversias relativas a los análisis de ADN.
c.1) Inicial asignación arbitraria de nombres a los cuerpos
314. La Comisión y los representantes alegaron que la asignación inicial de los
nombres en los cuerpos fue arbitraria. Los representantes, además, indicaron
que al momento en que se “dictó auto de formal prisión en contra de dos inculpados, cada uno de los cuerpos tenía nombre y apellido, a pesar de que […] no
hubieran aparecido nuevas evidencias o pruebas científicas que llevaran a esa
conclusión”.
315. Sobre la relevancia de una identificación de las víctimas según las reglas
de debida diligencia, el perito Castresana Fernández señaló lo siguiente:
333
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el
Municipio de Juárez, Informe Final, supra nota 87, folio 14580 y declaración del perito Bosio, supra nota 328, folios 2281, 2284 y 2286.
334
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el
Municipio de Juárez, Informe Final, supra nota 87, folio 14580.
335
Cfr. declaración de la testigo Doretti, supra nota 141, folio 2331.
160
cndh/cmdpdh
Iniciada la investigación, cuando es necesaria la identificación de la víctima, los
procedimientos adecuados —técnico forenses—, cobran relevancia como quiera
que de acuerdo a las condiciones de hallazgo de los cadáveres o restos humanos,
no es posible muchas veces realizar identificación en forma visual —directa o por
fotografía—, o por las prendas de vestir y efectos que llevaba la víctima. En estos
casos, la identificación por medios científicos como los sistemas antropométrico,
dactilar, geométrico de Matheios, biométricos, ADN, antropología forense,
odontología forense, etc[.], requieren de laboratorios especializados con la acreditación y el reconocimiento internacional que garanticen la fiabilidad de los procedimientos y la idoneidad de los profesionales que realicen las pruebas. 336
316. Respecto a la asignación arbitraria de nombres, el testigo Máynez Grijalva declaró que “la identidad de los cuerpos dada por el Procurador se desprendió
de la confesión de los detenidos”.337 Asimismo, el EAAF señaló que se solicitó que
“cuatro de las ocho osamentas recuperadas[, incluyendo las tres víctimas, fueran] comparadas […] sólo con una desaparecida”. 338 El EAAF agregó que “[l]os
oficios en los que se realiza esta solicitud y el expediente consultado no especifican la razón por la que ciertos cuerpos se comparan específicamente […] sólo con
ciertas mujeres desaparecidas a uno y dos días del hallazgo”. 339
317. El Estado no controvirtió las precisiones de hecho efectuadas por dichos
testimonios y documentos, razón por la cuál el Tribunal da por probadas estas
irregularidades relacionadas con la asignación arbitraria de identidades.
c.2) Entrega de los cuerpos sin que existiese una identificación positiva
318. Los estándares internacionales exigen que la entrega de restos ocurra cuando la víctima esté claramente identificada, es decir, una vez que se haya conseguido una identificación positiva. El Protocolo de Minnesota establece que “el
cuerpo debe ser identificado por testigos confiables y otros métodos objetivos”. 340
319. En el presente caso, a pesar de haberse ordenado la realización de diversos dictámenes periciales, 341 incluyendo unos basados en la superposición crá336
declaración del perito Castresana Fernández, supra nota 137, folio 2883.
declaración del testigo Máynez Grijalva, supra nota 312, folio 3846.
338
Cfr. E.A.A.F, Dictamen en antropología y genética forense, supra nota 189, folio 10330.
339
Cfr. E.A.A.F, Dictamen en antropología y genética forense, supra nota 189, folio 10331.
340
Cfr. Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, supra
nota 310.
341
Cfr. oficio No. 0504/00 emitido por la agente del Ministerio Público titular de la Fiscalía Especial
para la Investigación de Homicidios de Mujeres el 10 de noviembre de 2001 (expediente de anexos
a la demanda, tomo IX, anexo 39, folio 2687).
337
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
161
neo-rostro y la realización de pruebas de ADN, 342 al momento de la entrega de
los cuerpos el Estado sólo contaba con las opiniones que algunos familiares emitieron respecto a algunos datos físicos generales y al reconocimiento de vestimenta. 343
320. En efecto, en el caso de la joven González, el 15 de noviembre de 2001
su hermana señaló que la había reconocido por una muestra de cabello, una uña,
una bata y una blusa, así como por un relleno dental. 344 El cuerpo fue entregado
a los familiares ese mismo día. 345 En el caso de la joven Herrera, el 16 de noviembre de 2001 fue reconocida por su hermano y por su padre a través de “la ropa
que encontraron” en el lugar del hallazgo de los cadáveres. 346 Ese mismo día les
fue entregado el cuerpo a los familiares. 347 Sobre este caso el EAAF consideró
que al entregarse los restos a los familiares “no se contaba aun con suficientes
elementos para establecer una identificación positiva”. 348 En el caso de la joven
Ramos, el 22 de marzo de 2002 su madre señaló que reconoció el cuerpo de su
hija por un brassier y unos “huar[a]ches” (sandalias) que le mostraron. Asimismo, indicó que le preguntaron si su hija tenía una fractura en el brazo, a lo que
respondió afirmativamente. 349 Esta identificación fue ratificada por el tío de la
342
Cfr. oficio No. 0507/01 emitido por la agente del Ministerio Público titular de la Fiscalía Especial
para la Investigación de Homicidios de Mujeres el 8 de noviembre de 2001 (expediente de anexos
a la demanda, tomo IX, anexo 39, folio 2688); oficio 504/01 emitido por la agente del Ministerio
Público titular la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres el 8 de noviembre de 2001 (expediente de anexos a la demanda, tomo IX, anexo 39, folio 2689); oficio No. 513/01
emitido por la agente del Ministerio Público titular de la Fiscalía Especial para la Investigación de
Homicidios de Mujeres el 9 de noviembre de 2001 (expediente de anexos a la demanda, tomo IX,
anexo 39, folio 2690), y oficio No. 514/01 emitido por la agente del Ministerio Público titular de la
Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres el 9 de noviembre de 2001 (expediente de anexos a la demanda, tomo IX, anexo 39, folio 2691).
343
Cfr. E.A.A.F., Dictamen en antropología y genética forense, supra nota 189, folio 10331.
344
Cfr. comparecencia de Mayela Banda González, supra nota 173, folios 2796 y 2797.
345
Cfr. oficio No. 530/01 emitido por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especial
para la Investigación de Homicidios de Mujeres el 15 de noviembre de 2001 (expediente de anexos
a la demanda, tomo IX, anexo 51 y 53, folio 2799).
346
Cfr. declaración testimonial de identificación de cadáver efectuada por Adrián Herrera Monreal el
16 de noviembre de 2001 (expediente de anexos a la demanda, tomo IX, anexo 54, folio 2882) y
declaración testimonial de identificación de cadáver efectuada por Antonio Herrera Rodríguez
(expediente de anexos a la demanda, tomo IX, anexo 55, folio 2884).
347
Cfr. oficio No. 534/01 emitido por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especial
para la Investigación de Homicidios de Mujeres el 16 de noviembre de 2001 (expediente de anexos
a la demanda, tomo IX, anexos 56 y 57, folio 2886).
348
Cfr. declaración de la perita Doretti, supra nota 141, folio 2347.
349
Cfr. declaración testimonial de identificación de cadáver efectuada por Benita Monárrez Salgado
el 22 de marzo de 2002 (expediente de anexos a la demanda, tomo IX, anexo 67, folio 2934).
162
cndh/cmdpdh
víctima al reconocer los rasgos que le fueron descritos y la fractura en el brazo. 350
Ese mismo día les fue entregado el cuerpo. 351
321. Después de haber entregado los cuerpos a los familiares, la Oficina de
Servicios Periciales de Chihuahua emitió dictámenes en materia de craneometría y odontología y determinó “coincidencia en relación oseo-facial” y “características en dientes” al comparar fotografías de las víctimas, su cráneo y su dentadura. 352
322. En relación con la utilización de esta metodología de superposición cráneo-rostro, la prueba pericial obrante en el expediente indica que debe estar
complementada con otros dictámenes para llegar a una identificación positiva.
El perito Snow precisó que “ningún antropólogo forense responsable utiliza esta
técnica como medio de identificación positiva”. 353 Por ejemplo, en el caso de la jo­
ven Herrera, la testigo Doretti precisó que “el análisis de superposición cráneofoto debería haber sido reforzado por un análisis genético completo previo a la
entrega de los restos”. Al respecto, la testigo precisó que esta entrega de los restos generó que un dictamen genético realizado casi un año después, ofreciera resultados inconclusos debido a la poca información genética recuperada. 354
323. Además, el EAAF indicó que en octubre de 2003 se solicitaron nuevos
análisis genéticos para los otros casos de campo algodonero. Sin embargo, los
restos de las víctimas del presente caso no se analizaron “posiblemente porque
ya habían sido entregados a sus familias y las muestras tomadas en septiembre
del 2002 se agotaron en los análisis del 2002”. 355
350
Cfr. declaración testimonial de identificación de cadáver efectuada por Pablo Monárrez Salgado el
22 de marzo de 2002 (expediente de anexos a la demanda, tomo IX, anexo 68, folio 2937).
351
Cfr. oficio No. 248/02 MP autorización de entrega del cadáver de Laura Berenice Ramos Monárrez emitido por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres el 22 de marzo de 2002 (expediente de anexos a la demanda, tomo
IX, anexo 69 y 70, folio 2939).
352
Cfr. dictamen en identificación forense emitido por la Oficina de Servicios Periciales en relación
con la joven González el 21 de noviembre de 2001 (expediente de anexos a la demanda, tomo IX,
anexo 58, folios 2888 a 2893); dictamen en identificación forense emitido por la Oficina de Servicios Periciales en relación con la joven Herrera el 21 de noviembre de 2001 (expediente de anexos
a la demanda, tomo IX, anexo 59, folios 2895 a 2900), y dictamen en identificación forense emitido
por la Oficina de Servicios Periciales en relación con la joven Ramos el 8 de enero de 2002 (expediente de anexos a la demanda, tomo IX, anexo 72, folios 2955 a 2962).
353
Cfr. declaración del perito Snow, supra nota 321, folio 4224 y declaración de la perita Doretti, supra
nota 141, folio 2345.
354
Cfr. declaración de la perita Doretti, supra nota 141, folio 2347.
355
Cfr. E.A.A.F., dictamen en antropología y genética forense, supra nota 189, folio 10341.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
163
324. La Corte concluye que el reconocimiento efectuado por parte de familiares no era suficiente para una identificación positiva, así como tampoco lo
eran las pruebas cráneo-rostro. Además, la Corte constata que la entrega de
cuerpos fue realizada antes de que existiera certeza sobre la identidad de los mismos, lo cual generó mayores dificultades en el proceso posterior de identificación a través de muestras de ADN.
325. Con todo, el Tribunal observa que la identificación final de la joven Ramos se logró entre el 18 de octubre de 2005 y el 16 de marzo de 2006, luego de
que el EAAF efectúa un segundo examen de ADN a una clavícula que su familia
conservaba. 356 El 15 de marzo de 2006 la madre de la joven Herrera compareció
ante el Ministerio Público a fin de expresar su deseo de no continuar con el cotejo de ADN, manifestando su conformidad con la identificación efectuada previamente. 357 Los familiares de la joven González indicaron su conformidad con
la identificación inicial (supra párr. 218).
c.3). Controversias relativas a los análisis de ADN
326. La Comisión y los representantes alegaron que los resultados de las muestras de ADN “fueron entregados dos años después” y que “no se pud[ieron] obtener perfiles genéticos completos”.
327. El Estado argumentó que “la tardanza en los resultados de […] ADN […]
no obedecía a negligencia por parte de la autoridad ministerial local sino al procedimiento que dichos peritajes requieren”.
328. En el presente caso se realizaron tres dictámenes genéticos en 2002. En
un dictamen de septiembre de 2002 se concluyó que no existía relación genética
entre el cuerpo identificado como el de la joven Ramos y su familia, 358 lo cual
contradecía las conclusiones establecidas por los exámenes antropológicos. 359
En otro análisis genético realizado en octubre de 2002, se determinó que la joven Ramos no presentaba parentesco con dos familias analizadas360 y se deter356
Cfr. E.A.A.F., dictamen en antropología y genética forense, supra nota 189, folios 10358, 10367 y
10368.
357
Cfr. testimonio de la señora Irma Monreal Jaime rendido ante el agente del Ministerio Público adscrito al grupo de la Fiscalía Mixta para la Investigación de Homicidios de Mujeres el 15 de marzo
de 2006 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXX, anexo 50, Legajo, I
tomo I, folio 10230).
358
Cfr. E.A.A.F, dictamen en antropología y genética forense, supra nota 189, folio 10339.
359
Cfr. declaración de la testigo Doretti, supra nota 141, folios 2352 y 2353.
360
Cfr. dictamen realizado por una perita en genética forense el 8 de octubre de 2002 (expediente de
anexos a la demanda, tomo XI, folio 2908).
164
cndh/cmdpdh
minó “probable relación de parentesco genético [de una osamenta] con la [f]
amilia Herrera”.361 En el caso de la joven González, no se pudo confrontar con su
familia “debido a la ausencia de perfil genético en [su] osamenta”. 362
329. Sobre estos resultado el EAAF indicó que el hecho de que se haya concluido que dos de los perfiles genéticos de dos osamentas pertenecen a una misma persona exigía “nuevas muestras de los restos para poder ratificar o rectificar
el diagnostico”. 363 Adicionalmente, el EAAF criticó que “no todos los restos fueron comparados contra todos los familiares de las ocho familias”. 364
330. Respecto al caso de la joven Herrera el EAAF señaló que la conclusión de
uno de los análisis era “insuficiente […] para establecer una relación genética”365
y que “[n]o consta en el expediente la cadena de custodia de las muestras de los
restos mencionados que se analizan en este primer análisis genético”. 366
331. La Corte constata que existieron irregularidades en la aplicación de las
pruebas genéticas y que éstas sólo tuvieron un resultado parcialmente positivo
para el caso de la joven Herrera. Para el caso de la joven González no se tuvo ningún resultado, mientras que para el caso de la joven Ramos los resultados contra­
dijeron la identificación ya realizada por los familiares y el dictamen cráneo-foto.
En lo que respecta al alegato referente al excesivo tiempo que tomo la rea­l ización
de las mencionadas pruebas, no se ofreció argumentación sobre prueba que permita concluir sobre demoras irrazonables.
332. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Corte considera que el presente
caso se relaciona con lo verificado por la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito en otros casos similares. Dicha oficina constató la “falta de
toma de muestras de ADN a las víctimas, a las desaparecidas y a los respectivos
familiares”. 367 Cuando estos se realizaron, muchos mostraron resultados distintos a las identificaciones iniciales. 368 En este sentido, los resultados de análisis
genéticos obtenidos eran en algunos casos contradictorios entre sí, “un laboratorio por ejemplo, obtiene un resultado positivo entre determinados restos y una
determinada familia […], mientras que otro laboratorio obtiene resultados ne361
Cfr. dictamen en genética forense, supra nota 360, folio 2908.
Cfr. dictamen en genética forense, supra nota 360, folio 2908.
363
Cfr. E.A.A.F, dictamen en antropología y genética forense, supra nota 189, folio 10339.
364
Cfr. E.A.A.F, dictamen en antropología y genética forense, supra nota 189, folio 10339.
365
Cfr. E.A.A.F, dictamen en antropología y genética forense, supra nota 189, folio 10341.
366
Cfr. E.A.A.F, dictamen en antropología y genética forense, supra nota 189, folio 10338.
367
Cfr. Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de las Naciones Unidas, supra nota 76,
folio 1901.
368
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1930 y declaración de la perita Doretti, supra nota 141, folio 2352.
362
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
165
gativos al realizar la misma comparación”. Tampoco se utilizaban soluciones posibles, tales como “junta de peritos para revisar las opiniones divergentes y tratar
de proporcionar mayores elementos de análisis”. 369
***
333. Teniendo en cuenta lo expuesto, así como el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, el Tribunal concluye que se presentaron irregularidades relacionadas con: i) falta de información en el reporte sobre el hallazgo
de los cadáveres, ii) inadecuada preservación de la escena del crimen, iii) falta de
rigor en la recolección de evidencias y en la cadena de custodia, iv) contradicciones e insuficiencias de las autopsias, y v) irregularidades e insuficiencias en la
identificación de los cuerpos, así como en la entrega irregular de los mismos.
4.2.2.2. Alegadas irregularidades en la actuación seguida contra presuntos
responsables y alegada fabricación de culpables
334. La Comisión alegó que se acusó como responsables de los asesinatos a los
señores Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza (en adelante “el señor García” y “el señor González”), a pesar de que no tenían una “relación evidente con los hechos” y que su “detención […] se realizó de manera arbitraria y
sus confesiones de culpabilidad fueron extraídas bajo tortura”. Los representantes concordaron con la Comisión y agregaron que el “Procurador [ordenó] ‘armar’ el expediente y fabricar culpables, para evitar la presión social”. Asimismo,
señalaron que el señor González falleció en la cárcel después de una operación
por una hernia, la cual se relacionaría con la tortura padecida. La Comisión y los
representantes agregaron que los abogados defensores de los señores García y
González fueron asesinados en circunstancias aún no aclaradas y que sus familiares habrían recibido amenazas, lo cual motivó la adopción de medidas cautelares en su favor.
335. El Estado manifestó que la Corte “únicamente puede conocer de las presuntas violaciones” por la muerte de las tres víctimas y no respecto al proceso
penal seguido en contra de los señores García y González. Asimismo, el Estado
señaló que “la hipótesis de la probable responsabilidad” de dichos señores “no
puede ni debe ser considerada como una fabricación de culpables”, sino que “se
trató del resultado del análisis de varios elementos de convicción que […] permitían en ese momento, presumir [su] participación directa” en los homicidios.
369
Cfr. declaración de la perita Doretti, supra nota 141, folio 2334.
166
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Sin embargo, el Estado reconoció que la investigación contra dichos señores
hizo que no se agotaran “otras líneas de investigación” y que “la determinación
de la no responsabilidad penal” de esos dos señores “generó en [los] familiares
falta de credibilidad en las autoridades investigadoras, pérdida de indicios y prue­
bas por el simple transcurso del tiempo”.
336. Respecto al alegato de incompetencia señalado por el Estado, la Corte
reitera lo señalado en la Resolución de 19 de enero de 2009 (supra párr. 9), en el
sentido de toda la prueba obrante en el expediente en torno a lo ocurrido con los
señores García y González puede ser utilizada como “prueba relevante al momento de evaluar […] las supuestas falencias en las investigaciones llevadas en el
fuero interno” sobre la muerte de las tres víctimas.
337. Al respecto, luego del hallazgo de los cuerpos en el campo algodonero
los días 6 y 7 de noviembre de 2001, los señores García y González fueron detenidos el 9 de noviembre de 2001. En sus declaraciones iniciales aceptaron haber
cometido los crímenes y describieron la forma como los habrían realizado. 370 Sin
embargo, el 12 de noviembre del 2001, al ser escuchados en “declaración preparatoria”, señalaron que la confesión que habían hecho se originaba en actos de
tortura que habían recibido y en amenazas contra ellos y sus familiares. 371
338. El 5 de febrero de 2002 el abogado del señor González murió por disparos a manos de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua, en circunstancias
aún no aclaradas. 372 Ese mismo día, según un informe de Amnistía Internacional
de 2003, la esposa del señor García fue amenazada por dos hombres no identifi-
370
Cfr. declaración de Víctor Javier García Uribe ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua el 9 de noviembre de 2001 (expediente
de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo XIV, anexo 3, folios 4839 a 4842) y declaración de Gustavo González Meza ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Chihuahua el 9 de noviembre de 2001 (expediente de anexos al
escrito de solicitudes y argumentos, tomo XIV, anexo 3, folios 4854 a 4857).
371
Cfr. declaración preparatoria de Gustavo González Meza ante el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Bravos, Chihuahua, el 12 de noviembre de 2001 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo XIV, anexo 3, folios 4887 a 4894) y declaración preparatoria de Víctor Javier García Uribe ante el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Bravos, Chihuahua, el 12 de
noviembre de 2001 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo XIV, anexo
3, folios 4896 a 4904).
372
La CNDH señaló que “fue asesinado al ser confundido, a decir de las autoridades del estado de
Chihuahua, con un delincuente, y, según ciertos informes, el abogado que actualmente defiende a
García Uribe también ha sido amenazado” (CNDH, Informe Especial, supra nota 66, folio 2230;
CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1749, y Amnistía
Internacional, Muertes intolerables, supra nota 64, folio 2294).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
167
cados. 373 El 8 de febrero de 2003 el señor González falleció en el centro penitenciario donde se encontraba recluido, horas después de una intervención quirúrgica. 374
339. El 13 de octubre de 2004 el Juez Tercero Penal del Distrito Judicial Bravos condenó al señor García a cincuenta años de prisión como responsable de los
homicidios en el campo algodonero. 375 El juez señaló que la “retractación” de
los inculpados “no produce ninguna convicción” porque “son el resultado de reflexiones de mayor meditación sobre las consecuencias que trae el reconocimiento de la comisión de un delito o bien sugerencias de asesores”. El juzgado
agregó que “las huellas de violencia encontradas en sus cuerpos no pueden ser la
razón por las cu[al] hayan estampado sus firmas en sus primeras declaraciones”
340. El 14 de julio de 2005 la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia de
Chihuahua revocó la decisión de primera instancia por falta de prueba en contra
del señor García. 376 Asimismo, dicha Sala señaló que para detener e inculpar al
señor García se utilizó una averiguación previa relacionada con “hechos totalmente distintos” ocurridos en 1999, lo cual “de ninguna forma […] era determinante para ordenar [su] detención”. Finalmente, se constató que no hubo orden
judicial de detención cuando perfectamente se hubiera podido lograr. A partir
de lo anterior, la Sala señaló que “la detención de [los señores García y González]
fue arbitraria”. En relación con las confesiones efectuadas, la Sala señaló que “resulta difícil creer que, conociendo sus derechos [a la no autoincriminación,] ambos inculpados hubieran relatado en forma tan minuciosa […] su participación
en los hechos” y que incluso hubieran aceptado los hechos de 1999 “sin que nadie les preguntara al respecto”. También se aludió a la “contradicción que existe
entre [las confesiones] y las autopsias”, de tal forma que “las confesiones de los
dos inculpados se elaboraron para coincidir con las fechas de las desapariciones
de las mujeres que se dijeron ofendidas”.
373
La Comisión y los representantes señalaron que en enero de 2006 fue asesinado el abogado del señor García en circunstancias aún no aclaradas. Sin embargo, la única prueba obrante en el expediente es la declaración de una periodista que fue rechazada por el Tribunal por motivos de forma
(supra párr. 106).
374
Cfr. resolución de sobreseimiento por muerte del procesado Gustavo González Meza (expediente
de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo XVIII, anexo 3, folios 6164 a 6166).
375
Cfr. Juez Tercero Penal del Distrito Judicial Bravos, sentencia dictada en la causa penal 74/2004,
“Guadalupe Luna de la Rosa y otras” el 13 de octubre de 2004 (expediente de anexos al escrito de
solicitudes y argumentos, tomo XVIII, folios 6213 a 6398).
376
Cfr. Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, sentencia de 14
de julio de 2005 (expediente de anexos a la demanda, tomo X, anexo 83, folios 3422 a 3500).
168
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341. Cabe resaltar que en 2003 la CNDH, consideró que “no existe momento
alguno en que hubiera quedado detallado, o bien, constancia que permita al menos
presumir que las lesiones fueron autoinfligidas, y sí existen en contrapartida, las
afirmaciones de que […] fueron objeto de tortura”, por lo cual, para la CNDH,
“quedó acreditado que […] fueron objeto de sufrimientos graves para que rindieran una confesión sobre un delito”. Además, precisó que la defensa “aparece
en una labor que dista de la que debe realizarse en términos constitucionales”,
“toda vez que incluso en una parte de la confesional complementa la respuesta
de sus defendidos para lograr una mejor inculpación”. 377
342. Por su parte, el EAAF resaltó irregularidades relacionadas con el hecho
de que: i) sólo se les haya enseñado fotovolantes de 8 mujeres desaparecidas,
siendo que había más mujeres desaparecidas en esa fecha; ii) justamente los fotovolantes que se les presentaron, constituyeron la lista final de víctimas de campo algodonero dada oficialmente; iii) es notoria la similitud de sus declaraciones
con el contenido de documentos oficiales, como por ejemplo los fotovolantes y
las autopsias, iv) recordaban con mucha precisión datos físicos y de vestimenta
de cada una de sus víctimas, a más de un año y meses de algunas desapariciones
y que además recordaban lo mismo. Asimismo, el EAAF consideró que dado el
nivel de contradicción en los peritajes rendidos, no había explicación sobre su
valoración en la sentencia de condena. 378
343. La Corte recuerda que los señores García y González no son las víctimas
respecto de quienes se está determinando la existencia de presuntas violaciones
a la Convención. Sin embargo, la información respecto a las irregularidades en
la investigación es fundamental para valorar el acceso a la justicia que tuvieron las
madres y demás familiares de las tres mujeres asesinadas. Teniendo en cuenta la
prueba analizada, es posible concluir que las investigaciones respecto a los “crímenes del campo algodonero” se relacionan con un contexto de irregularidades
en la determinación de responsables por crímenes similares. Así por ejemplo, la
CNDH, en 2003, se refirió a la “obtención indiscriminada de confesiones” por
parte de agentes del Ministerio Público y elementos policiales a su cargo. A partir de 89 casos que se sometieron al conocimiento de la autoridad jurisdiccional,
la CNDH observó que:
377
CNDH, Informe Especial, supra nota 66, folios 2229 y 2230 y Segundo Visitador General de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, oficio No. V2/004191 de 27 de febrero de 2004 (expediente de anexos a la demanda, tomo IX, anexo 78, folios 2994 y 2995).
378
Cfr. declaración de la testigo Doretti, supra nota 141, folio 2379.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
169
las personas involucradas en la comisión de los delitos confesaron de manera “espontánea” su participación ante el agente del Ministerio Público del estado, no
obstante que con posterioridad manifestaron ante el órgano jurisdiccional que
habían sido sometidos a torturas, maltratos o amenazas para que firmaran declaraciones con las que no se encontraban de acuerdo, y que les habían sido arrancadas con violencia.
[…]
es claro que en el caso de torturas inferidas a personas detenidas, generalmente
los responsables suelen recurrir a prácticas orientadas a tratar de no dejar huella
alguna en el cuerpo de la víctima, y en su caso a justificar su actuación mediante
la simulación de certificados médicos, los cuales, por regla general, sin cumplir
ningún parámetro metodológico, se concretan a señalar que la persona examinada se encontraba “sin lesiones”. 379
344. Un Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el De­
lito (ONUDD) sobre su misión en Ciudad Juárez, analizó el caso Campo Algodonero y otros casos. Dicha Oficina verificó que varios jueces invertían indebida­
mente la carga de la prueba, rechazaban los alegatos de tortura restando veracidad
a las retractaciones e indicaban que no estaban suficientemente probadas, sin
una valoración médico pericial de las lesiones y sin que se hubiera iniciado una
averiguación previa al respecto. El informe concluyó que:
[e]n todos los procedimientos examinados se reproduce el mismo patrón: […]
una parte significativa de los [inculpados] confiesa los crímenes que les son imputados en el momento de prestar declaración en la fase preprocesal o en la averigua­
ción previa asistidos de defensor publico (no designado por ellos), y no ratifican
aquella en presencia judicial, […] denunciando tratos inhumanos y degradantes, y
[…] delitos de tortura, mediante los que aquellos habrán obtenido su confesión.
Invariablemente, tales alegaciones son rechazadas por los Jueces intervinientes,
las sucesivas resoluciones por ellos dictadas, con argumentos más o menos abstrac­
tos, o con diversa terminología técnico jurídica, pero sin ordenar investigaciones
o diligencias tendentes a esclarecer si las denuncias de torturas tienen o no fundamento. Esto sucede, a pesar de que en varios casos, tales denuncias son extremadamente detalladas, reproducen en los distintos procedimientos examinados
los métodos supuestamente utilizados por la Policía Judicial (picanas eléctricas o
379
CNDH, Informe Especial, supra nota 66, folios 2228 y 2229.
170
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“chicharras”, cobijas empapadas de agua, asfixia con bolsas de plástico, etc.) y
aparecen confirmadas por informes inequívocos emitidos por médicos particulares y/o de instituciones oficiales que certifican las señales físicas de malos tratos
incompatibles con las hipótesis de autolesión, así como por fotografías y otros
medios de prueba. […] Las denuncias de privaciones ilegitimas de libertad y de
torturas, seguidas de la no investigación de las mismas por el Ministerio Público
y por los Jueces, tienen como corolario, también sistemático, la aceptación por los
operadores jurídicos de las declaraciones de inculpados y testigos en tales condiciones como pruebas de cargo validas para sobre ellas, construir y sustentar la imputación. Los procesos se construyen en Chihuahua, […] fundamentalmente,
sobre la autoinculpación de los procesados, y sobre la inculpación de co-procesados y testigos. 380
345. En similar sentido, la Comisión para Ciudad Juárez indicó que “las periciales ofrecidas […] estaban encaminadas a justificar una hipótesis del Ministerio Público”. 381 El Relator de Naciones Unidas para la Independencia del Poder
Judicial, en 2002, aludió a la tortura de cinco integrantes de una banda, acusados de algunos de los crímenes. 382 Además, en un informe de 2003, Amnistía Internacional documentó al menos otros tres casos en la ciudad de Chihuahua en
los que se denunció la utilización de tortura para obtener confesiones de sospechosos de asesinatos de mujeres. 383
346. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Corte acepta el reconocimiento
de responsabilidad estatal respecto a que la investigación dirigida contra los señores García y González implicó que “no se continu[ara] agotando otras líneas
de investigación” y que “la determinación de la no responsabilidad penal” de
esos dos señores “generó en [los] familiares falta de credibilidad en las autoridades investigadoras, pérdida de indicios y pruebas por el simple transcurso del
tiempo”. Además, el Tribunal resalta que la falta de debida investigación y sanción de las irregularidades denunciadas propicia la reiteración en el uso de tales
métodos por parte de los investigadores. Ello afecta la capacidad del Poder Judicial para identificar y perseguir a los responsables y lograr la sanción que corresponda, lo cual hace inefectivo el acceso a la justicia. En el presente caso, estas
380
Cfr. Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de las Naciones Unidas, supra nota 76,
folios 1878, 1879, 1883 y 1891.
381
Cfr. Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Tercer
Informe de Gestión, supra nota 101, folio 9011.
382
Cfr. Informe del Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, supra nota
74, folio 2100.
383
Cfr. Amnistía Internacional, Muertes intolerables, supra nota 64, folio 2273.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
171
irregularidades generaron el reinicio de la investigación cuatro años después de
ocurridos los hechos, lo cual generó un impacto grave en la eficacia de la misma,
más aún por el tipo de crimen cometido, donde la valoración de evidencias se
hace aún más difícil con el transcurso del tiempo.
4.2.2.3. Alegada demora injustificada e inexistencia de avances
sustanciales en las investigaciones
347. La Comisión alegó que “no hubo seguimiento a testimonios claves con información pertinente para la investigación”. Los representantes concordaron
con ello y agregaron que “no tienen ningún sospechoso consignado por los asesinatos” y que en el caso de la joven González el Estado “se presentó ante la Corte sin ningún avance”.
348. El Estado señaló que en la segunda etapa de investigaciones se “reemprendió [la] labor [investigativa utilizando] las constancias iniciales de las diligencias efectuadas a partir del hallazgo de los cadáveres”, incluyendo “los reportes de paradero desconocido, los testimonios obtenidos, la inspección del lugar
del descubrimiento, la relación de las evidencias recolectadas y los dictámenes
de identificación”.
349. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que un Estado
puede ser responsable por dejar de “ordenar, practicar o valorar pruebas que hubieran sido de mucha importancia para el debido esclarecimiento de los
homicidios”. 384
350. En el presente caso, el 9 de marzo de 2006 la Titular de la Fiscalía Mixta
para la Atención de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez recibió el expediente penal por las muertes del campo algodonero, luego de que el 14 de julio
de 2005 fuera revocada la condena del 13 de octubre de 2004 contra el único
acusado. 385 La Corte constata que, sin justificación alguna, las investigaciones
estuvieron paralizadas durante casi ocho meses después de la revocatoria de la
condena.
351. Por otra parte, durante la audiencia pública la Corte fue informada sobre
los resultados de la segunda etapa de las investigaciones y el plan de trabajo a se384
385
Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, supra nota 31, párr. 230.
Cfr. acuerdo de 9 de marzo de 2006 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua Zona Norte, Fiscalía Mixta para la Investigación de Homicidio de Mujeres en Ciudad Juárez
en el expediente de averiguación previa 27913/01-I (expediente de anexos a la contestación de la
demanda, tomo XXX, anexo 50, folio 10184) y resolución de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Chihuahua de 14 de julio de 2005 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo X, anexo 83, folios 3422 a 3500).
172
cndh/cmdpdh
guir por parte del Ministerio Público. 386 Sin embargo, no existen resultados de
las diligencias anunciadas por el Agente del Ministerio Público a cargo de la investigación, tales como el estudio de ciertas prendas, nuevos análisis genéticos y
la investigación en torno a presuntos responsables.
352. Finalmente, el Tribunal resalta que las falencias investigativas que se
dieron en la primera etapa de las investigaciones y que han sido aceptadas por el
Estado, difícilmente podrían ser subsanadas por las tardías e insuficientes diligencias probatorias que el Estado ha desarrollado a partir del año 2006. Prueba
de ello son los ocho años que han trascurrido desde que sucedieron los hechos
sin que la investigación pase de su fase preliminar.
4.2.2.4. Alegadas irregularidades relacionadas con la fragmentación
de las investigaciones y su presunto impacto en la generación de impunidad
El Tribunal observa que la controversia entre las partes sobre la fragmentación
de los casos se relaciona con tres temas distintos: a) las alegadas irregularidades
en la iniciación de una investigación por tráfico de órganos y la no articulación
de ésta con la investigación por desaparición y homicidio, b) alegada necesidad de
que el fuero federal conociera del presente caso, y c) alegadas irregularidades deri­
vadas de investigar los tres casos en forma separada.
a) Alegadas irregularidades en la iniciación de una investigación
por tráfico de órganos y la no articulación de ésta con la
investigación por desaparición y homicidio
353. Las ocho muertes del campo algodonero fueron el objeto de una misma investigación ante la PGR entre los años 2003 y 2006 que indagaba, en el fuero federal, la posible vinculación con la delincuencia organizada, en particular con
el tráfico de órganos. 387 El delito de homicidio siguió siendo competencia de la
PGJE. 388
386
Declaración rendida por el testigo Caballero Rodríguez en la audiencia pública celebrada el 28 de
abril de 2009.
387
Cfr. informe de la Procuraduría General de la República, “Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua” (expediente de anexos a la demanda, tomo II, apéndice 5, folios 184 a 216) y Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, tercer informe, enero 2005 (expediente de anexos a la contestación de
la demanda, tomo X, anexo 81, folio 3362).
388
Cfr. Tercer Informe de la Fiscalía Especial, supra nota 387, folio 3363.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
173
354. La Comisión alegó que “cuando la Procuraduría General de Justicia de
la República retuvo los expedientes en ejercicio de su facultad de atracción, no
hubo actividad procesal ni investigativa alguna”. Los representantes consideraron que esta línea de investigación “se ha considerado inverosímil”, “con falta de
seriedad”, que ha “despertado más morbo y amarillismo” y que “después de 4
años […] tampoco hubo aportes de elementos en la investigación de los homicidios” del campo algodonero. Además, resaltaron que “nunca existió conexión
alguna entre la averiguación previa federal y el proceso que se siguió a [los señores García y González]”.
355. El Estado alegó que en esta investigación por tráfico de órganos se realizaron “273 dictámenes de medicina forense, genética forense, retrato hablado,
trabajo social, psiquiatría, grafoscopía, poligrafía, fotografía, criminología, criminalística, psicología, dactiloscopia, audio, estomatología forense, reconstrucción facial, identificación, recopilación hemerográfica, inspección con binomio
sensor, victimología, química y antropología forense. También fueron tomadas
737 declaraciones ministeriales, 246 indagaciones de la Agencia Federal de Investigación, 2 asistencias jurídicas internacionales y 43 exhortos en apoyo a la
Procuraduría General de Chihuahua”. Asimismo, estableció que “[e]l material
derivado de las diligencias de la PGR fue integrado a la averiguación previa reiniciada no. 27913/01-1”.
356. En lo que respecta a la no atracción del delito de homicidio al fuero federal, el perito Castresana Fernández indicó que “[d]e acuerdo al principio de investigación integral, la PGR, debió investigar los hechos de desaparición y homicidio del Campo Algodonero”. 389
357. La Corte observa que a pesar de que la legislación interna prevé la posibilidad de que las autoridades federales conozcan también de los delitos de fuero
común, cuando estos tenga conexidad con delitos federales, 390 en este caso no
ocurrió así. 391 Sin embargo, los representantes no argumentaron por qué ello
desconoce la obligación de garantizar un acceso efectivo a la justicia. En particular, no queda claro si se trata de una facultad o de una obligación y en qué forma ello afectaba la investigación. La insuficiente motivación de los representantes impide al Tribunal un pronunciamiento sobre este alegato.
389
Declaración del perito Castresana Fernández, supra nota 137, folio 2902.
Cfr. artículo 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (expediente de anexos a la contestación de la demanda, Tomo XXVIII, Anexo 43, folio 9852).
391
Cfr. declaración de la testigo Delgadillo Pérez, supra nota 187, folio 3513 y declaración del perito
Castresana Fernández, supra nota 137, folio 2902.
390
174
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358. Sobre los resultados de la investigación por tráfico de órganos, la Corte
observa que en efecto algunas diligencias de la misma fueron trasladadas en
2007 a la averiguación previa sobre homicidio. 392 Sin embargo la Corte no cuenta con evidencia para determinar si se remitió toda la prueba mencionada por el
Estado. Asimismo, los representantes tampoco argumentaron en qué sentido
esa prueba era relevante. Por el contrario, sostienen que dicha línea de investigación era “inverosímil”. Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal declara que
los representantes no aportaron elementos que permitan concluir que la supuesta negligencia en la remisión de prueba constituye —o contribuye a— una violación de derechos humanos.
359. En lo que respecta a la falta de conexión entre esta investigación federal y
la investigación en Chihuahua, en el expediente ante la Corte no consta prueba
suficiente respecto a que haya existido intercambio de información entre la procuraduría local y federal respecto a los homicidios de las jóvenes Herrera, González y Ramos. Asimismo, la investigación ante la PGR empezó antes de que hubiese concluido el proceso en contra del señor García. No existe explicación que
permita comprender por qué dicha investigación alternativa, la cual probablemente contenía información relacionada con el mencionado inculpado, no fue
valorada en el proceso adelantado en Chihuahua. 393 Sin argumentación sobre
prueba, es insuficiente reseñar los hechos descritos para concluir sobre su impacto en la ineficacia de la investigación.
b) Alegadas irregularidades por la falta de atracción de los expedientes
por parte de la Procuraduría General de la República
360. Los representantes alegaron que “los investigadores [debieron llegar] a la
conclusión, al menos como hipótesis de investigación, de que se encontraban
392
Cfr. constancias del 16 de agosto de 2007 por la cual el agente del Ministerio Público adscrito a la
Fiscalía Mixta para la Investigación de Homicidios en Ciudad Juárez localiza diferentes diligencias (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXVII, anexo 50, legajo III,
tomo II, folios 10569, 10570, 13577, 13578, 13641 y 13642).
393
Si bien la Fiscalía Especial indicó que no se encuentra acreditado que en ninguna de las diecinueve
averiguaciones se hayan “vulnerado leyes federales que justifiquen la figura de la atracción”, dicho
órgano indicó que en el Anexo B del informe “se detallan las hipótesis de investigación correspondientes, así como la propuesta de diligencias a practicarse en cada una de las 19 averiguaciones
previas” por los homicidios del total de 22 objeto de dicho informe. Aunque lo anterior significa
un indicio de intercambio de información, la Corte observa que no consta que se hayan recomendado diligencias similares para los casos de las jóvenes Herrera, González y Ramos (Tercer Informe de la Fiscalía Especial, supra nota 387, folio 3363).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
175
ante un grupo criminal organizado”, por lo que “la competencia para la investigación y persecución de los crímenes debió atribuirse desde el momento mismo
del hallazgo de los cadáveres, al conocimiento de las autoridades policiales, fiscales y judiciales del fuero Federal”. El no hacerlo “impidió la aplicación de la
normativa específica y la utilización de los medios legales y materiales de investigación prevenidos para el crimen organizado, que no son sin embargo, aplicables a la delincuencia ordinaria”.
361. La testigo Delgadillo Pérez indicó que “[n]o hay explicación por parte
del Estado de por qué la Federación no atrajo la investigación por los homicidios
de las 8 mujeres si[,] como quedó demostrado[,] la Procuraduría Local no tenía
la capacidad técnica científica y profesional para hacerlo”. 394 El perito Castresana Fernández indicó que por la forma en que se cometieron los asesinatos y se
abandonaron los cadáveres, con el riesgo inminente para los responsables de ser
descubiertos, se deriva que era delincuencia organizada y se infiere que fueron
funcionarios del estado, o particulares que simplemente gozaban de la protección de aquéllos. Teniendo en cuenta este supuesto, el perito indicó que “el mantenimiento deliberado de la investigación en el fuero estatal, a pesar de existir
fundados indicios que atribuían la competencia al fuero federal, tenía otra consecuencia igualmente determinante de impunidad: impidió la aplicación de la
normativa específica y la utilización de los medios legales y materiales de investigación prevenidos para el crimen organizado, que no son sin embargo, aplicables a la delincuencia ordinaria”. Agregó que lo anterior generó que el caso quedara en manos de “las mismas autoridades estatales que manifestaban tan escasa
diligencia”. 395
362. El Estado no presentó alegatos sobre este punto. Sin embargo, anexó un
informe en el que alude a diversos criterios que regulan la atracción de casos an­
te el fuero federal. En dicho informe se menciona el convenio entre la PGR y la
PGJCH para adelantar acciones conjuntas de investigación, un proyecto de refor­
ma constitucional en la materia y el establecimiento de la Fiscalía Especial que
investigaría los homicidios de mujeres que fueran de competencia federal. 396
363. La Corte observa que la prueba testimonial y pericial presentada por los
representantes se refiere, en primer lugar, a que dicha atracción tenía que ocurrir
por la falta de capacidad técnica de las autoridades de Chihuahua. La Corte no
encuentra argumentos respecto al derecho interno que le permitan analizar la
atribución de competencia al fuero federal como consecuencia de las irregularidades que han sido constatadas en el presente caso. En segundo lugar, no se ar394
Declaración de la testigo Delgadillo Pérez, supra nota 187, folio 3513.
Declaración del perito Castresana Fernández, supra nota 137, folios 2902 y 2903.
396
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folios 1980 y 1981.
395
176
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gumenta cuáles son esos fundados indicios que atribuían competencia al fuero
federal, más allá de presumir que la impunidad del caso implica la participación
de agentes estatales o del crimen organizado. Tampoco se elaboran argumentos
respecto al funcionamiento de la atracción al fuero federal. En suma, los representantes no adelantan argumentación sobre prueba y derecho interno aplicable
que permita analizar en qué sentido la falta de atracción de los delitos y la no
aplicación de medios legales correspondientes a la delincuencia organizada contribuyó a la ineficacia de los procesos judiciales impulsados.
c) Alegadas irregularidades relacionadas con la fragmentación de los casos
y la falta de investigación de los mismos en el marco de su contexto
364. Los representantes alegaron que la “individualiza[ción] de la investigación
de los homicidios” deviene en “falta de búsqueda de la verdad y […] justicia para
las víctimas”. Indicaron que “es poco creíble que una sola persona […] pueda estar involucrada” en el homicidio “y que no tenga relación alguna con los homicidios de las otras 7 mujeres”. Agregaron que “no es creíble” que “únicamente” esa
persona “haya asesinado a Esmeralda, la haya ido a arrojar a un lugar donde ya se
encontraban otros 7 cuerpos en circunstancias similares y haya realizado alguna
acción para acelerar el proceso de descomposición […] en la parte superior de
[su] cuerpo”. Asimismo, alegaron que “el caso sub judice no puede ser analizado
de manera descontextualizada de este marco de violaciones graves y sistemáticas contra niñas y mujeres vivida desde hace 16 años en Ciudad Juárez”.
365. El Estado indicó que “el elemento común en los tres casos es el hallazgo
de los cuerpos en el mismo predio”. A partir de ese hecho, alegó que “se hizo un
examen concreto de las circunstancias de los casos” y “se les dio un tratamiento
individualizado dentro de la investigación, sin descartar otros posibles rasgos
comunes, pero igualmente sin forzar vínculos entre ellos”, ya que “se advirtieron
detalles particulares en cada caso que no posibilitaban una investigación en conjunto, so pena de propiciar confusión entre elementos distintos, que a la postre
hubiese redundado negativamente en los resultados”. Además, señaló que “[p]or
metodología de investigación delictiva, jamás se inicia con el supuesto de que dos
casos son similares, pues eso constituiría una distorsión subjetiva en el análisis”.
366. La jurisprudencia de la Corte ha señalado que ciertas líneas de investigación, cuando eluden el análisis de los patrones sistemáticos en los que se enmarcan cierto tipo de violaciones a los derechos humanos, pueden generar ineficacia en las investigaciones. 397
397
Cfr. Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11
de de mayo de 2007. Serie C No. 163, párrs. 156, 158 y 164.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
177
367. En este caso, la Corte observa que cuando se reiniciaron las investigaciones en marzo de 2006, el Ministerio Público decidió “por razones de método”,
“desglosar todas las actuaciones procesales” en un legajo destinado a cada una
de las ocho víctimas halladas en el campo algodonero. 398 Según el testigo Caballero Rodríguez, el motivo de la individualización fue “establecer líneas de investigación concretas en cada caso”, “con independencia de que sea un mismo
expediente de averiguación”. 399
368. Los representantes no han presentado una clara argumentación y prueba suficiente que demuestre que el establecimiento de líneas de investigación
concretas para cada uno de los ochos casos del campo algodonero pudo haber
afectado la eficacia de las mismas. No obstante, el Tribunal considera que a pesar de que la individualización de las investigaciones puede, en teoría, incluso
favorecer el avance de las mismas, el Estado debe ser conciente que éstas se enmarcan dentro de un contexto de violencia contra la mujer. Por ende, debe adoptar las providencias que sean necesarias para verificar si el homicidio concreto
que investiga se relaciona o no con dicho contexto. La investigación con debida
diligencia exige tomar en cuenta lo ocurrido en otros homicidios y establecer algún tipo de relación entre ellos. Ello debe ser impulsado de oficio, sin que sean
las víctimas y sus familiares quienes tengan la carga de asumir tal iniciativa.
369. En el presente caso, en las investigaciones por los tres crímenes no se encuentran decisiones del Ministerio Público dirigidas a relacionar estas indagacio­
nes con los patrones en los que se enmarcan las desapariciones de otras mujeres.
Esto último fue ratificado por el agente del Ministerio Público en la audiencia
pública del presente caso. Por todo lo anterior, la Corte considera que no es aceptable el argumento del Estado en el sentido de que lo único en común entre los
ocho casos sea que aparecieron en la misma zona, ni es admisible que no exista
una mínima valoración judicial de los efectos del contexto respecto a las investigaciones por estos homicidios.
370. Lo ocurrido en el presente caso es concordante con lo señalado previamente en el contexto respecto a que en muchas investigaciones se observa la falta
de contemplación de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno generalizado de violencia de género. En este sentido, la CNDH señaló en su informe
del año 2003 que la FEIHM no estaba estudiando “el fenómeno de manera global, sino que, a cada asunto se le ha otorgado un tratamiento individual, al margen de las posibilidades legales, como si se tratara de casos aislados plenamente
398
Cfr. acuerdo de 9 de marzo de 2006 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua Zona Norte, supra nota 385, folio 10184.
399
Declaración del testigo Caballero Rodríguez, supra nota 386.
178
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diferenciados y no de manera integral”.400 Por su parte, la testigo Delgadillo Pérez declaró que “[n]o existe una estrategia integral en la investigación de los homicidios a partir de patrones de violencia detectados en cada caso”. Agregó que
“aunque sea una fiscalía especial, se asigna un determinado número de casos a
cada agente del ministerio público”401 y “no existen mesas de discusión sobre estrategias de investigación y determinación de los hechos a investigar, donde la
titular de la fiscalía, el equipo de investigadores, los policías judiciales y peritos,
puedan tener una visión global de lo que ocurre en cada hecho denunciado”.402
4.2.2.5. Alegada falta de sanción a los funcionarios públicos
involucrados con irregularidades en el presente caso
371. Los representantes alegaron que algunos de los funcionarios que incurrieron en irregularidades, omisiones y negligencias en el presente caso siguieron
trabajando en la PGEC, algunos sólo fueron sancionados administrativamente
y con un “alcance muy limitado”, y otros no fueron investigados y sancionados.
372. El Estado señaló que a partir de octubre de 2004 analizó expedientes de
255 homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, a efecto de revisar las actuaciones
de los servidores públicos en las diligencias de investigación. Alegó que se consignaron veinte acciones ante tribunales penales contra funcionarios públicos y
se iniciaron 62 procedimientos administrativos ante el órgano de control interno gubernamental (Secretaría de la Contraloría del estado de Chihuahua). En
estos procedimientos administrativos, quince funcionarios fueron inhabilitados, cinco destituidos, tres suspendidos y dos amonestados. Actualmente, quedan abiertos doce procedimientos administrativos.
373. En otros casos el Tribunal se ha referido a instancias disciplinarias de ca­
rácter judicial en algunos países, otorgando importante valor simbólico al mensaje de reproche que puede significar este tipo de sanciones respecto a funcionarios públicos y miembros de las fuerzas armadas.403 Además, el Tribunal resalta
la importancia de las actuaciones disciplinarias en orden a controlar la actuación
de dichos funcionarios públicos, particularmente cuando las violaciones de derechos humanos responden a patrones generalizados y sistemáticos.
374. Sobre la relación de las acciones disciplinarias con el derecho de acceso a
la justicia, el Tribunal ha señalado que en los procesos disciplinarios se debe de400
Cfr. CNDH, Informe Especial, supra nota 66, folio 2235.
Cfr. declaración de la testigo Delgadillo Pérez, supra nota 187, folio 3481.
402
Cfr. declaración de la testigo Delgadillo Pérez, supra nota 187, folio 3481.
403
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, supra nota 252, párr. 215.
401
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
179
terminar las circunstancias en que se cometió la infracción al deber funcional
que condujo al menoscabo del derecho internacional de los derechos humanos.404
375. En el presente caso, el informe final de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de
Juárez incluye una lista de funcionarios públicos que intervinieron en 139 procesos judiciales relacionados con dichos homicidios, así como del número de
aquéllos con posible responsabilidad penal y administrativa para cada caso. Sin
embargo, dicha lista no incluye ninguno de las tres ejecuciones de este caso.405
Adicionalmente, el Estado presentó un informe de funcionarios sancionados,
indicando el nombre del funcionario y el expediente sobre el cual se le atribuye
posible responsabilidad, así como también el estado procesal del caso. Sin embargo, la Corte observa que en esta segunda lista tampoco se menciona a funcionarios que hayan sido investigados por las irregularidades cometidas en la investigación de lo ocurrido con las jóvenes Herrera, González y Ramos.406
376. De igual forma, en un escrito presentado por los representantes ante la
Procuradora General de Justicia del Estado de Chihuahua se incluyó una lista de
25 funcionarios públicos que se alega deberían ser investigados por diversas
omisiones, negligencias e irregularidades relacionadas con el caso Campo Algodonero.407 El Estado no adelantó alegato alguno respecto a las denuncias efectuadas por los representantes en dicho escrito.
377. El Tribunal resalta que las sanciones administrativas o penales tienen un
rol importante para crear la clase de competencia y cultura institucional adecuada para enfrentar los factores que explican el contexto de violencia contra la mujer que ha sido probado en el presente caso. Si se permite que personas responsables de estas graves irregularidades continúen en sus cargos, o peor aún, ocupen
posiciones de autoridad, se puede generar impunidad y crear las condiciones para
que los factores que inciden en el contexto de violencia persistan o se agraven.
378. A partir de la información disponible en el expediente ante la Corte, se
concluye que no se ha investigado a ninguno de los funcionarios supuestamente
responsables por las negligencias ocurridas en el presente caso. En concreto, no
se han esclarecido las graves irregularidades en la persecución de responsables y
404
Cfr. Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia, supra nota 397, párr. 207.
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en
Ciudad Juárez, Informe Final, supra nota 87, folios 14881 al 14892.
406
Cfr. Procuraduría General de Justicia del Estado, Informe de Funcionarios Sancionados, emitido
el 27 de abril de 2009 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLIX, anexo 5,
folios 17319 al 17346).
407
Cfr. denuncia de hechos presentada por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos A.C. el
5 de junio de 2007 (expediente de anexos a la demanda, tomo X, anexo 92, folios 3546 al 3588).
405
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en el manejo de las evidencias durante la primera etapa de la investigación. Ello
hace aún más manifiesta la situación de indefensión de las víctimas, contribuye
a la impunidad y propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos
humanos de que se trata.
4.2.2.6. Alegada negación de acceso al expediente y demoras
o negación de copias del mismo
379. La Comisión alegó que los familiares “no han tenido acceso a los expedientes” ni se les ha permitido fotocopiarlo. Sin embargo, la Comisión no precisó con
claridad fechas y argumentos sobre prueba al respecto.
380. Los representantes alegaron que “se ha negado de manera sistemática el
acceso al [expediente]”. Señalaron que en diciembre de 2004 la Procuradora de
Chihuahua se comprometió a entregar copia de los expedientes y que esto no su­
cedió. Alegaron que la misma solicitud se realizó por escrito durante los años
2005, 2006 y 2007 sin tener respuesta. Sin embargo, los representantes no presentaron copias de estas solicitudes.
381. Asimismo, los representantes alegaron que el 4 de agosto de 2006 se reunieron con la Procuradora y el EAAF y solicitaron verbalmente copia de las investigaciones realizadas hasta el momento. Precisaron que las copias fueron entregadas a una de las madres un mes después, pero de una manera incompleta, por
lo que solicitaron la parte restante, sin tener respuesta. Indicaron que el 13 de
septiembre de 2006 los familiares solicitaron “las copias del expediente o permitir su lectura en las oficinas de la Fiscalía, ante estas dos posibilidades [la autoridad correspondiente] se negó argumentando que se encontraba integrando
las investigaciones, debido a algunos sucesos recientes relacionados con estos
homicidios”. Los representantes agregaron que al menos en seis ocasiones que
solicitaron por escrito el expediente, éste les fue negado con el argumento de
que “están investigando” y que “el derecho de las víctimas a conocer sus propios
expedientes no puede estar por encima de las acciones de las autoridades investigadoras”. El Tribunal observa que los representantes no adelantaron argumenta­
ción en torno a si el derecho interno regula este tipo de restricciones en el acceso
a la información, cómo operarían esas posibles restricciones en el presente caso,
y por qué dichas posibles restricciones son injustificadas o desproporcionadas.
382. Indicaron además que solicitaron copias del expediente ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Obtuvieron como respuesta que “no se pude tener acceso al expediente porque al investigarse delincuencia organizada la información es confidencial”. Agregaron
que este expediente “se mantiene bajo un absoluto hermetismo”. La Corte observa que tampoco se presentó argumentación alguna en torno al derecho inter-
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
181
no que regule las restricciones en el acceso a información sobre investigaciones
en torno a delincuencia organizada.
383. La falta de acceso al expediente, alegaron los representantes, impidió
que “conoc[ieran] los avances en las investigaciones y las líneas de investigación
que seguían las autoridades para fincar responsabilidad a los probables responsables de estos hechos”, así como tampoco permitió que los familiares “ejerc[ie­
ran] su derecho Constitucional de coadyuvar en las investigaciones y en su caso
de apoyar las determinaciones del Ministerio Público”. La Corte observa que no
se adelantó argumentación en torno a cómo se regula en el derecho interno dicho derecho a la coadyuvancia.
384. El Estado alegó que “ha brindado [a los familiares de las víctimas] toda
la información relativa a los expedientes” y que ellos “y sus representantes acreditados en el expediente tienen acceso a las investigaciones en todo momento”.
385. El testigo Caballero Rodríguez indicó que los familiares de las víctimas
tienen acceso regular al expediente de la investigación, pudiendo acceder a él,
leerlo y fotocopiarlo. Señaló que “los familiares de [la joven Ramos] acceden al
expediente mediante una coadyuvante representante”, la madre de la joven Gon­
zález “ha tenido contacto en dos ocasiones [con él y le] ha pedido informes del
expediente incluidas copias certificadas”, y en el caso de la joven Herrera “[la]
coadyuvante […] no ha acudido [ante el Ministerio Público] para información
en ese sentido”. Adicionalmente, hizo notar que se le entregó recientemente a la
coadyuvante del caso de la joven González “la totalidad de las actuaciones que
integran el expediente”.408
386. La Corte nota que dentro de la prueba allegada al Tribunal se encuentran dos acuerdos de negación de copias. Uno de ellos establece que “dichas copias […] serán expedidas”, pero se informa que “por el momento no es posible da[r]
trámite a [la] solicitud por encontrarse el expediente en una revisión en la Ciudad de Chihuahua” y se precisa que al regresar el expediente “se le dará tramite a
[la] solicitud y se entregaran las copias solicitadas a la brevedad posible”.409 El
otro acuerdo señala que no consta en el expediente “facultades como representante” a la coadyuvante que solicitó la copias.410 Del mismo modo, se incluyen
diversas solicitudes de copias y acuerdos de expedición de copias.411
408
Declaración rendida por el testigo Caballero Rodríguez, supra nota 386.
Cfr. acuerdo emitido por un Licenciado del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Mixta para la
Atención de Homicidios de Mujeres el 3 de mayo de 2007 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo XXIV, anexo 34, folios 8480).
410
Cfr. acuerdo emitido por un Agente del Ministerio Público el 30 de enero de 2008 (expediente de
anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXV, anexo 50, legajo II, tomo IV, folio 12982).
411
En el caso de la joven González se solicitaron copias el 1 de de abril de 2002, 2 de mayo de 2007, 29
de enero de 2008, 4 de noviembre de 2008 y 12 de febrero de 2009 y se expidieron copias el 1 de
409
182
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387. En conclusión, el Tribunal considera que no ha sido entregada prueba
suficiente sobre la negación de acceso al expediente y fotocopias del mismo. De
otra parte, no se ofrecen argumentos en torno al derecho interno que regula la
reserva de la averiguación previa y el alegado “derecho a la coadyuvancia”. Además, no se precisa el impacto específico que cada negación o dilación haya tenido en el ejercicio de sus derechos como parte civil. Por todo lo anterior, la Corte
no cuenta con elementos para analizar dichos alegatos.
***
388. A manera de conclusión, la Corte acepta el reconocimiento de responsabilidad por las irregularidades cometidas en la primera etapa de las investigaciones. Sin embargo, el Tribunal ha constatado que en la segunda etapa de las mismas no se han subsanado totalmente dichas falencias. Las irregularidades en el
manejo de evidencias, la alegada fabricación de culpables, el retraso en las investigaciones, la falta de líneas de investigación que tengan en cuenta el contexto de
violencia contra la mujer en el que se desenvolvieron las ejecuciones de las tres víc­
timas y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia grave, vulneran el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la
verdad de lo ocurrido. Además, denota un incumplimiento estatal de garantizar,
a través de una investigación seria y adecuada, los derechos a la vida, integridad
personal y libertad personal de las tres víctimas. Todo ello permite concluir que
en el presente caso existe impunidad y que las medidas de derecho interno adoptadas han sido insuficientes para enfrentar las graves violaciones de derechos hu­
manos ocurridas. El Estado no demostró haber adoptado normas o implementado las medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la Convención Americana
y al artículo 7.c de la Convención Belém do Pará, que permitieran a las autoridaabril de 2002, 12 de febrero de 2009 y 11 de marzo de 2009 (Cfr. expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXII, anexo 50, legajo II, tomo I, folio 11122; tomo XXIV, anexo 34,
folios 8478 y 8479; tomo XLVIII, anexo 4b, folio 17313, tomo XLVIII, folio 17193, y tomo XLVIII, folio 17208). En el caso de la joven Ramos se solicitaron copias el 26 de febrero de 2002, 6 de
marzo de 2007, 3 de mayo de 2007 y 29 de enero de 2008 y se expidieron copias el 26 de febrero de
2002 y 1 de junio de 2007 (Cfr. expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXVI, anexo 50, legajo III, tomo I, folio 13069; tomo XXIV, anexo 34, folios 8481; tomo XXXVI,
anexo 50, legajo III, tomo I, folio 13129; expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo XXIV, anexo 34, folios 8477; expediente de anexos a la contestación de la demanda,
tomo XXXVI, anexo 50, legajo III, tomo I, folio 13070, y anexo 50, legajo III, tomo I, folio 13130.
En el caso de la joven Herrera se expidieron copias el 11 de marzo de 2002 (expediente de anexos a
la contestación de la demanda, tomo XXX, anexo 50, folio 13171).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
183
des ofrecer una investigación con debida diligencia. Esta ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de
impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en
general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser
tolerada y aceptada como parte del diario vivir.
389. Por lo expuesto, el Tribunal concluye que el Estado incumplió con su deber de investigar —y con ello su deber de garantizar— los derechos consagrados
en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con
los artículos 1.1 y 2 de la misma y con el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos
Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal. Por los mismos motivos, el Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y
2 de la misma y 7.b y 7.c de la Convención Belém do Para, en perjuicio de los familiares de las tres víctimas identificados en el párrafo 9 supra.
4.3. Obligación de no discriminar: La violencia contra la mujer
como discriminación
390. La Comisión señaló que “[e]s esencial entender el vínculo entre la violencia
contra las mujeres y la discriminación que la perpetúa, para apreciar el alcance
del deber de debida diligencia en el presente caso”. Según la Comisión, “actitudes
discriminatorias contra las mujeres por parte de funcionarios estatales influenciaron en la investigación de estos asesinatos”.
391. Los representantes señalaron que “más allá de la violencia por su género,
las niñas y las mujeres juarenses sufren una doble discriminación, ya que el origen humilde de Claudia, Laura y Esmeralda, como las niñas y mujeres asesinadas o que son reportadas como desaparecidas, así como de las madres y familias
de estas mujeres, también genera una discriminación de clase social”. Añadieron que los daños generados por los hechos del caso “se intensifican porque tienen como causa mantener la desigualdad y la discriminación de las mujeres” y
que “entre otras condiciones de vulnerabilidad, los daños se amplían pues la impunidad creada y propiciada desde el Estado [m]exicano sustenta y legitima los
patrones de discriminación y violencia contra las mujeres”.
392. El Estado señaló que “en las investigaciones por la desaparición y los homicidios de las jóvenes González, Herrera y Ramos no se han encontrado elementos que permitan suponer […] discriminación”. Agregó que “ha establecido
los mecanismos necesarios para que las personas que se encuentran dentro de su
jurisdicción […] puedan ejercer […] sus derechos sin ser objeto de discrimina-
184
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ción alguna”. Sin embargo, reconoció ante la Corte que los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez se encuentran influenciados por “una cultura de discriminación contra la mujer”.
393. Dada la controversia entre las partes y la ambigüedad del reconocimiento
efectuado por el Estado, el Tribunal analizará si la obligación de no discriminar
contenida en el artículo 1.1 de la Convención fue cumplida en el presente caso.
394. Desde una perspectiva general la CEDAW define la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier
otra esfera”. En el ámbito interamericano, la Convención Belém do Pará señala
que la violencia contra la mujer es “una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres” y reconoce que el derecho
de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda
forma de discriminación.
395. El CEDAW ha declarado que la definición de la discriminación contra la
mujer “incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra
la mujer [i] porque es mujer o [ii] que la afecta en forma desproporcionada”. El
CEDAW también ha señalado que “[l]a violencia contra la mujer es una forma de
discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie
de igualdad con el hombre”.412
396. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró en el caso Opuz vs.
Turquía que “la falla del Estado de proteger a las mujeres contra la violencia doméstica viola el derecho de ellas a igual protección de la ley y esta falla no necesita ser intencional”. La Corte Europea consideró que aunque la pasividad judicial
general y discriminatoria en Turquía no era intencional, el hecho de que afectaba principalmente a las mujeres permitía concluir que la violencia sufrida por la
peticionaria y su madre podía considerarse violencia basada en género, lo cual es
una forma de discriminación en contra de las mujeres. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal aplicó el principio según el cual una vez que se demuestra que
la aplicación de una regla lleva a un impacto diferenciado entre mujeres y hombres, el Estado debe probar que se debe a factores objetivos no relacionados con
la discriminación. La Corte Europea constató que en el lugar en que vivía la peticionaria se presentaba el número más alto de víctimas de violencia doméstica,
que las víctimas eran todas mujeres, que la mayoría de las víctimas eran del mis412
Cfr. CEDAW, Recomendación general 19: La Violencia contra la Mujer, supra nota 268, párr. 6.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
185
mo origen y, además, que las mujeres víctimas enfrentaban problemas cuando
denunciaban la violencia, como el hecho que los policías no investigaban los hechos sino que asumían que dicha violencia era un “tema familiar”.413
397. En el caso del Penal Castro Castro vs. Perú, la Corte señaló que las mujeres detenidas o arrestadas “no deben sufrir discriminación, y deben ser protegidas de todas las formas de violencia o explotación”, que “deben ser supervisadas
y revisadas por oficiales femeninas”, que las mujeres embarazadas y en lactancia
“deben ser proveídas con condiciones especiales”. Dicha discriminación incluye
“la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma
desproporcionada”, y que abarca “actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras
formas de privación de la libertad”.414
398. En el presente caso, el Tribunal constata que el Estado señaló ante el CEDAW que la “cultura de discriminación” de la mujer “contribuyó a que [los] homicidios [de mujeres en Ciudad Juárez] no fueran percibidos en sus inicios como
un problema de magnitud importante para el cual se requerían acciones inmediatas y contundentes por parte de las autoridades competentes”. Además, el Estado también señaló que esta cultura de discriminación contra la mujer estaba
basada “en una concepción errónea de su inferioridad” (supra párr. 132).
399. La Corte considera que estas declaraciones remitidas como prueba por
el Estado, son coincidentes con su reconocimiento de responsabilidad en el sentido de que en Ciudad Juárez existe una “cultura de discriminación” que influenció en los homicidios de las mujeres en Ciudad Juárez. Asimismo, la Corte observa que como ya fue establecido supra, diferentes informes internacionales
hicieron la conexión entre la violencia contra la mujer y la discriminación contra
la mujer en Ciudad Juárez.
400. De otro lado, al momento de investigar dicha violencia, ha quedado establecido que algunas autoridades mencionaron que las víctimas eran “voladas”
o que “se fueron con el novio”, lo cual, sumado a la inacción estatal en el comienzo de la investigación, permite concluir que esta indiferencia, por sus consecuencias respecto a la impunidad del caso, reproduce la violencia que se pretende atacar, sin perjuicio de que constituye en sí misma una discriminación en el
acceso a la justicia. La impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de
que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la
aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en
las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de ad413
ECHR, Case of Opuz v. Turkey, Judgment of 9 June 2009, paras. 180, 191 y 200.
Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, supra nota 248, párr. 303.
414
186
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ministración de justicia. Al respecto, el Tribunal resalta lo precisado por la Comisión Interamericana en su informe temático sobre “Acceso a la Justicia para
Mujeres Víctimas de Violencia” en el sentido de que
[l]a influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los
hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual,
relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de
los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta influencia
también puede afectar en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales.415
401. En similar forma, el Tribunal considera que el estereotipo de género se
refiere a una pre-concepción de atributos o características poseídas o papeles
que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas por el Estado (supra párr. 398),
es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones
que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en
políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el presente caso. La creación y uso
de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de
género en contra de la mujer.
402. Por ello, el Tribunal considera que en el presente caso la violencia contra
la mujer constituyó una forma de discriminación y declara que el Estado violó el
deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención, en relación con el deber de garantía de los derechos consagrados en los artículos 4.1,
5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en perjuicio de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González; así como
en relación con el acceso a la justicia consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la
Convención, en perjuicio de los familiares de las víctimas identificados en el párrafo 9 supra.
415
CIDH, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.
Doc. 68, 20 enero 2007 (expediente de anexos a la demanda, tomo VII, anexo 2, folio 1822).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
187
5. Derechos de las niñas, artículo 19 de la Convención Americana
403. La Comisión alegó que el Estado “tenía un deber reforzado de proteger los
derechos humanos de Laura Berenice Ramos y Esmeralda Herrera Monreal, por
dos factores, su minoría de edad y la obligación de adoptar medidas especiales de
cuidado, prevención y garantía”. Sin embargo, según la Comisión, “las instancias
estatales encargadas de hacer cumplir la ley no actuaron para prevenir que acontezcan hechos como los que aquí se analiza ni para individualizar y sancionar a
los responsables” y “las agencias estatales encargadas específicamente de la protección a la infancia no intervinieron de modo alguno ni en la prevención de estos hechos ni en proponer alguna clase de solución para el caso”.
404. Para los representantes, las niñas Herrera y Ramos “fueron asesinadas
ocho años después de que se tuviera registro de los primeros homicidios de niñas y mujeres en Ciudad Juárez. El Estado tenía la obligación de adoptar medidas especiales de protección para garantizar su vida, libertad e integridad personales”. Manifestaron que el Estado “falló en adoptar medidas para prevenir la
violencia comunitaria y para asegurar el pleno goce de los derechos fundamentales de la niñez”.
405. El Estado afirmó que “cumple con su obligación de protección a los niños con la adopción de medidas acordes con su situación especial de vulnerabilidad”. Además, sostuvo que no tendría responsabilidad internacional puesto que
“no existió participación directa de agentes estatales en los homicidios […], además de que no se demostró que la minoría de edad de las víctimas hubiera sido
un factor relevante”, y por ha implementado “medidas especiales para asegurar
la plena vigencia de los derechos del niño”.
406. Como ya se ha establecido con anterioridad, en la época de los hechos,
las autoridades públicas tenían conocimiento de un contexto de desapariciones,
violencia y homicidios contra mujeres jóvenes y niñas (supra párr. 129).
407. El experto independiente de las Naciones Unidas para el estudio de la
violencia contra los niños ha afirmado que “[l]a violencia contra los niños se presenta bajo diversas formas y depende de una amplia gama de factores, desde las
características personales de la víctima y el agresor hasta sus entornos culturales
y físicos”. El grado de desarrollo económico, el nivel social, la edad, el sexo y el
género son algunos de los muchos factores relacionados con el riesgo de la violencia letal. Asimismo, ha manifestado que “la violencia sexual afecta principalmente a los que han alcanzado la pubertad o la adolescencia”, siendo las niñas las
más expuestas a sufrir este tipo de violencia.416
416
Naciones Unidas, Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, Paulo Sérgio Pinheiro, presentado con arreglo a la resolución 60/231 de la Asamblea General,
A/61/299, 29 de agosto de 2006, párrs. 25, 29 y 30.
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408. Esta Corte ha establecido que los niños y niñas tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte de la familia, la sociedad
y el Estado. Además, su condición exige una protección especial que debe ser
entendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos
que la Convención reconoce a toda persona.417 La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los
derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en
la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso
se refiera a menores de edad.418 Asimismo, el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración
a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable.419
409. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de
adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron
su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas.
410. A pesar de la existencia de legislación para la protección de la niñez,420 así
como de determinadas políticas estatales,421 la Corte resalta que de la prueba
417
Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrs. 53, 54 y 60; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 164, y Caso de las
Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 133.
418
Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, supra nota 417, párrs. 56, 57 y 60 y Caso de las
Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, supra nota 417, párr. 134.
419
Cfr. CEDAW, Recomendación general 24: La mujer y la salud, 20° período de sesiones, A/54/38/
Rev.1, 1999, párr. 6 y Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, supra nota 417, párr.
134.
420
Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4 (expediente de anexos a la
contestación de la demanda, anexo 43, tomo XXVIII, folio 9816) y Ley para la Protección de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29
de mayo de 2000, artículos 2 a 5 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo
103, tomo XLIII, folio 16049).
421
Como por ejemplo la creación del Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia (expediente
de anexos a la contestación de la demanda, anexo 104, tomo XLIII, folios 16065 a 16068); el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (expediente de fondo, tomo III, folio 1082);
el Plan de Acción Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Explotación Sexual Comercial
Infantil (expediente de fondo, tomo III, folio 1082), y la Campaña de Prevención de la Violencia
hacia la Niñez (expediente de fondo, tomo III, folio 1085).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
189
aportada por el Estado no consta que, en el caso concreto, esas medidas se hayan
traducido en medidas efectivas para iniciar una pronta búsqueda, activar todos
los recursos para movilizar a las diferentes instituciones y desplegar mecanismos internos para obtener información que permitiera localizar a las niñas con
rapidez y, una vez encontrados los cuerpos, realizar las investigaciones, procesar
y sancionar a los responsables de forma eficaz y expedita. En definitiva, el Estado
no demostró tener mecanismos de reacción o políticas públicas que dotaran a
las instituciones involucradas de los mecanismos necesarios para garantizar los
derechos de las niñas.
411. Consecuentemente, este Tribunal encuentra que el Estado violó el derecho consagrado en el artículo 19 de la Convención, en relación con los artículos
1.1 y 2 de dicho tratado, en perjuicio de las niñas Esmeralda Herrera Monreal y
Laura Berenice Ramos Monárrez.
6. Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas
412. Este Tribunal ha determinado que no subsiste controversia en torno a las
alegadas violaciones al derecho consagrado en el artículo 5.1 de la Convención
en perjuicio de los familiares de las víctimas, por las violaciones aceptadas por el
Estado en la “primera etapa” de las investigaciones (supra párr. 20). Sin perjuicio
de lo anterior, considera oportuno precisar la entidad y alcance de tales violaciones. Además, se determinará si hubo o no violación del artículo 5 de la Convención por hechos distintos a los reconocidos por el Estado. En este sentido, la
Corte analizará la afectación a la integridad psíquica y moral de los familiares de
las víctimas por los hechos acaecidos a éstas, las investigaciones llevadas a cabo
para determinar lo ocurrido y el trato que las autoridades dieron a los familiares
y a los restos de las víctimas. Posteriormente, se analizarán las alegadas violaciones por actos de hostigamiento, amenazas e intimidaciones a los familiares de
las víctimas.
6.1. Sufrimiento de los familiares por lo ocurrido con las víctimas
y por la búsqueda de la verdad
413. La Comisión alegó que las madres de las víctimas fueron afectadas en su integridad psíquica y moral como consecuencia directa de la repentina desaparición de sus hijas, del desconocimiento de su paradero durante un periodo considerable de tiempo y de la falta de investigación de lo ocurrido, así como por el
tratamiento que recibieron por parte de las autoridades, desde actitudes indiferentes hasta hostiles.
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414. Los representantes alegaron que “[l]a desaparición, la tortura, el asesinato, la destrucción de sus restos y la falta de respuestas apropiadas, oportunas y
eficaces por parte de las autoridades para esclarecer las circunstancias de la
muerte de [las víctimas], han provocado en los familiares daños considerables a
su salud física y mental, a su calidad y proyecto de vida, a su sensación de bienestar y han vulnerado de manera importante su[s] sentimiento[s] de dignidad, de
seguridad y de pertenencia a una comunidad donde los derechos de las víctimas
son reconocidos y respetados, marcando un límite a sus expectativas de vida”.
415. La Corte ha declarado en otras oportunidades que los familiares de las víc­
timas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas.422
416. En el caso de la joven Ramos, su madre declaró ante este Tribunal que:
tuvieron que pasar cinco meses para que me pudieran mostrar el cuerpo de mi
hija, y no era cuerpo, eran huesos […] y siempre me decían que tenía que llevar un
médico o un dentista y los llevaba y nunca nos permitieron ver el cuerpo tampoco.
[…]
Necesitaba saber si mi hija estaba viva [o] muerta [y] necesitaba reconocer ese
cuerpo, por lo que le dije a la fiscal suplente que si yo reconocía el cuerpo me lo
entregaba como regalo de cumpleaños, y me dijo que era muy cruel, pero que sí.
El 20 de marzo logré entrar a reconocer los huesos, y me dijeron que podía hacer
lo que quisiera con ellos.423
[…]
[Las investigaciones realizadas por la autoridades] fueron nulas, aunque yo les
llevaba líneas precisas de investigación, nunca me hicieron caso, trataban de darnos mínimas ayudas que no reestablecía[n] el dolor que llevaba dentro, todo lo
que tenía que luchar para seguir investigando […].
422
Cfr. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C
No. 70, párr. 160; Caso Escué Zapata vs. Colombia, supra nota 309, párr. 77 y Caso Anzualdo Castro
vs. Perú, supra nota 30, párr 105. Si bien en la sentencia del caso Valle Jaramillo, la Corte estableció
que con respecto a los familiares que no pertenecen al núcleo de “familiares directos” no hay presunción de sufrimiento si no que corresponde al Tribunal analizar en esos casos si existe, inter alia,
vínculo afectivo, sufrimiento o si participaron en la búsqueda de la verdad, en el presente caso el
Estado se allanó respecto al alegado sufrimiento de los familiares, por lo que la Corte no aplica en
el presente caso tal análisis (Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr 119).
423
Cfr. declaración de la señora Monárrez en la audiencia pública, supra nota 183. Ver también
declaración de la señora Benita Monárrez Salgado ante el agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del [e]stado de Chihuahua el 24 de julio de 2006 (expediente de
anexos a la contestación a la demanda, tomo XXIX, anexo 46, folio 10046).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
191
[N]o es [sólo el] daño de que mi hija se perdió, nos dañaron a toda la familia,
mis hijos Claudia Ivonne y Jorge Daniel, ellos necesitan mucho apoyo psicológico
porque les quitaron también una parte, […] ya no estamos completos, […] yo no
necesito que me den una palmada de pobrecita, yo necesitaba que buscaran a mi
hija, que me entregaran a mi hija, que me entregaran el reconocimiento de que era
mi hija o no. Ahora les exijo […] retribúyanme toda mi vida, porque mi vida ya no
es la misma, eso es lo que yo les pido a estas personas que yo sé que tienen el poder
para poder hacer que ellos paguen todo el daño, todo lo que nos han hecho.424
417. En el caso de la madre de la joven Herrera, en su declaración ante la Corte relató:
La actitud de las autoridades ha sido muy mala […] nunca se han dignado ni siquiera [en] llamarnos, en […] ocho años, [para] decirme [cómo] van las investigaciones […] de todo me tengo que enterar por los medios de comunicación.
[…]
El proceso de identificación de mi hija se hace hasta los cuatro años que yo
pido una exhumación y un ADN […]. Ese proceso fue muy difícil para mí y para
mi familia, porque volvimos a vivir un funeral, una exhumación, yo en varias ocasiones [intenté] quitarme la vida porque para mí la vida no tenía sentido, porque
yo no veía justicia […]. Mis hijos más pequeños intentaron quitarse la vida, estuvieron internados. Mi hija que era una niña de once años en ese entonces, […] dibujaba pesquisas y las pegaba por toda la casa […] porque las autoridades nunca
me elaboraron una pesquisa.
[…]
Yo me pasaba las noches imaginándome lo que a mi hija le hicieron, cómo me
la violaban, cómo me la torturaban. Era una cosa horrible, que yo no podía dormir, por estar imaginando. De igual manera, por estar esperándola, yo tenía la esperanza y la ilusión de que mi hija iba a aparecer, que algún día que yo llegara de
mi trabajo me iban a decir, así como me decían Esmeralda no aparece, […] Esmeralda aquí está. Esmeralda ya apareció.
418. La madre de la joven González declaró ante la Corte que:
[Y]o me afecté mucho, yo me enfermé, mi hermana se puso mala también, y también tuve un hijo malo de cáncer, a él le afectó cuando encontramos el cadáver, a
los dos meses […] falleció […] en nada me ha[n] ayudado [las autoridades] ni si424
Cfr. declaración de la señora Monárrez, supra nota 183.
192
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quiera tienen avances […]. No […] nos han respetado […] porque no han hallado
a los culpables, y sigue habiendo muchas muchachitas desaparecidas […]. No
confío ya en ellos […]. Tengo hijas y tengo miedo que me vuelva a pasar porque la
autoridad no hace nada […].
[para] que nos dieran información […] íbamos a diario y […] a veces […] tenían la puerta cerrada y no nos atendían, [nada más que nuestra fuerza eran los
periodistas. […] Nos hicieron a mi hija y a mí la primera vez prueba de ADN y pasaron como tres meses y vinieron a hacer otra prueba de ADN. La mandaron otra
vez de México y yo les dije: “pues si ya habían hecho una ¿dónde está?”. [Respondieron] “No señora pues que se perdió, que se echó a perder” […].
Lo más difícil es la impotencia, [el] coraje por mis hijas que me quedan, eso es
lo que ya no quiero que me pase.425
419. Del acervo probatorio se desprende que tras la desaparición de las tres
víctimas, los familiares tuvieron que emprender diferentes actuaciones para
buscar a las desaparecidas ante la inactividad de las autoridades, las cuales al
mismo tiempo emitían juicios reprochables en contra de las jóvenes, causando
con ello sufrimiento a los familiares. Así, los informes periciales indicaron que
los juicios emitidos por las autoridades, en el sentido de que la culpabilidad de las
desapariciones radicaba en la conducta de las jóvenes, “producen confusión y an­
gustia en los familiares, especialmente en aquellos en [los] que les consta que la
vida de sus hijas no concuerda con estas versiones”.426 Asimismo, “[l]as madres
insisten en el agravio experimentado por la negligencia de las autoridades y la
inhumanidad con que han sido tratadas, subrayando […] el padecimiento agravado por ese maltrato, por desalentar la denuncia que tal vez hubiera permitido
encontrarlas con vida y por la falta de información durante todo el proceso”.427
420. Por otra parte, los familiares sufrieron en su salud mental y emocional
por la falta de diligencia en la determinación de la identidad de los restos encontrados y la falta de información sobre las actuaciones realizadas por parte de las
autoridades. Así, “[l]a no identificación de los cuerpos [por el lapso de varios
años] ha impedido a las familias vivir los ritos que acompañan la muerte y el entierro de su ser querido, alterando bruscamente su proceso de duelo. No han podido sanar las heridas, obligadas a vivir con un dolor permanente que se reaviva
cada vez que las noticias anuncian el hallazgo de nuevos cadáveres”.428
425
Cfr. declaración de la señora González, supra nota 183.
Cfr. declaración rendida mediante fedatario público por la perito Lira Kornfeld el 21 de abril de
2009 (expediente de fondo, tomo XI, folio 3340).
427
Cfr. declaración de la perito Lira Kornfeld, supra nota 426, folio 3340.
428
Cfr. Amnistía Internacional, Muertes intolerables, supra nota 64, folio 2282 En igual sentido
CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1745.
426
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
193
421. La falta de investigaciones tendientes a hallar la verdad, juzgar y, en su
caso, sancionar a los responsables “agrava la experiencia de impotencia, desamparo e indefensión de estas familias”.429
422. El Estado reconoció que “las irregularidades admitidas por la autoridad
al inicio de las investigaciones de los [tres] homicidios […], afectaron directamente a los familiares […]. En tal virtud, el Estado reconoce y acepta que el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares se vio vulnerado”.
423. El Estado especificó el alcance de su allanamiento en los siguientes términos:
i) al momento en que los cuerpos […] fueron localizados, las autoridades no tomaron las precauciones suficientes para resguardar el lugar de los hechos y los
demás elementos que se encontraron en el mismo, elementos que constituyen
evidencias materiales de los homicidios. Esta negligencia obstaculizó e indujo
a errores en las investigaciones iniciales de los homicidios, lo que provocó un
sufrimiento adicional en los familiares de las víctimas;
ii) los errores y negligencias en la integración de los expedientes contribuyeron
de igual forma al retraso en las investigaciones para encontrar a los responsables de los homicidios. Esta cuestión afectó a los familiares al no tener certeza
sobre la seriedad, imparcialidad y exhaustividad de las investigaciones por los
homicidios de las victimas;
iii)el reinicio de las investigaciones de los homicidios se debió en parte a la necesidad de identificar a las víctimas, en virtud de que los familiares habían expresado duda razonable sobre los exámenes de identificación realizados, reconociendo “el sufrimiento de las madres […] al tener que identificar los cuerpos
de sus hijas, cuando estos se encontraban en un alto grado de descomposición
que los hacía prácticamente irreconocibles”;
iv)el Estado es consciente del sufrimiento que causa a los familiares de las víctimas el hecho de que no se haya identificado hasta el momento a los responsables de los homicidios de las jóvenes González, Herrera y Ramos, y
v) que al inicio de las investigaciones los familiares no fueron informados puntualmente de las indagatorias y de las diligencias que las autoridades llevaban
a cabo para identificar y ubicar a los responsables. Reprobó las actitudes insensibles mostradas por los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua con los familiares. Reprochó la insensibilidad de
las autoridades al entregar los cuerpos de las jóvenes González, Herrera y Ramos a sus familiares y lamentó las declaraciones emitidas por funcionarios pú429
Cfr. declaración de la perito Lira Kornfeld, supra nota 426, folio 3339.
194
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blicos en relación con los homicidios de las jóvenes González, Herrera y Ramos, que lastimaron la integridad psíquica y moral de sus familiares.
424. En virtud de lo expuesto, la Corte concluye que la violación de la integridad personal de los familiares de las víctimas se ha configurado por las circunstancias sufridas durante todo el proceso desde que las jóvenes Esmeralda Herrera
Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez desaparecieron, así como por el contexto general en el que ocurrieron los hechos. La irregular y deficiente actuación de las autoridades del Estado a la hora de buscar el
paradero de las víctimas una vez reportada su desaparición, la mala diligencia en
la determinación de la identidad de los restos, de las circunstancias y causas de
las muertes, el retraso en la entrega de los cadáveres, la ausencia de información
sobre el desarrollo de las investigaciones y el trato dado a los familiares durante
todo el proceso de búsqueda de verdad ha provocado en ellos un gran sufrimiento
y angustia. Todo ello, a criterio del Tribunal, configura un trato degradante, con­
trario al artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artícu­
lo 1.1, en perjuicio de Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera Monreal, Adrián
Herrera Monreal, Juan Antonio Herrera Monreal, Cecilia Herrera Monreal, Zulema Montijo Monreal, Erick Montijo Monreal, Juana Ballín Castro, Irma Josefina González Rodríguez, Mayela Banda González, Gema Iris González, Karla
Arizbeth Hernández Banda, Jacqueline Hernández, Carlos Hernández Llamas,
Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos
Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos, Atziri
Geraldine Bermúdez Ramos.
6.2. Amenazas, intimidación y hostigamientos sufridos por los familiares
425. La Comisión alegó que “las madres de Claudia Ivette, Esmeralda y Laura
Berenice […] han sido víctimas de hostigamiento, malos tratos e intimidación
por autoridades y agentes estatales de manera continua desde la denuncia de las
desapariciones hasta la actualidad”. Para la Comisión, “la búsqueda de justicia
en este caso conllevó a que las madres y algunos miembros de sus familias sean
víctimas de hostigamientos y amenazas en diferentes momentos a partir de que
ocurrieron las desapariciones de sus hijas, poniéndose en riesgo sus vidas e integridad”.
426. Los representantes afirmaron que “ante la demanda de justicia y de investigación por parte de las madres de Esmeralda, Laura, Claudia y sus familias,
la respuesta del Estado mexicano fue la intimidación, hostigamiento, formas sis-
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
195
temáticas de disuasión, hasta la violencia en su contra: directa, hacia sus hijos o
contra sus defensoras”.
427. El Estado destacó que “durante las investigaciones por la desaparición, la
ubicación de los restos y las indagatorias para encontrar a los responsables de los
homicidios de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, no se encuentran elementos que demuestren actos de des­
precio público, persecución o discriminación en agravio de los familiares de estas
tres mujeres”. El Estado aseguró que “no se encuentran elementos que permitan
demostrar acusaciones falsas o amenazas cometidas por agentes del Estado en
contra de los familiares de las tres víctimas. Por el contrario, el Estado ha informado a la Corte que los familiares de las jóvenes González, Herrera y Ramos
cuentan con todos los recursos contemplados en la legislación nacional para denunciar posibles acusaciones o amenazas. No obstante, los familiares no han
acudido a reportar estas actuaciones con lo que las autoridades no cuentan con
elementos para investigar las mismas y sancionar a los responsables.
428. La señora Monárrez declaró ante el Tribunal lo siguiente:
[por haber tomado el hueso de mi hija] empezaron seguimientos, carros, identificados tanto por mí como por mi hija Claudia Ivonne, que nos seguían a todas partes, vehículos oficiales de la PGR.
[…]
yo tuve que salir de mi país porque en alguna ocasión trataron de arrollarnos a
mis dos hijos menores y a mí, y tuve que pedir asilo en los Estados Unidos porque
después de que no buscaron a mi hija yo formé una organización que se llamó Integración de Madres por Juárez […]
[E]stábamos siendo perseguidos, inclusive a mi hija Claudia Ivonne, ella se había quedado en México cuando yo me fui a pedir asilo. Tuvimos que llevar un pro­
ceso muy duro. Tuvimos que estar detenidos. Yo duré tres semanas con mi niño
de cinco años, que ahorita él tiene un problema. Él no puede ver a las autoridades.
Él no puede ver a un uniformado porque les tiene pánico. Mi hija Claudia se quedó en México porque no podían ayudarnos a todos a la vez. Se quedó con mis nietas. Trataron de sacarle a una de mis niñas de siete años de la escuela. A [Claudia]
le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron que se callara, que […] no siguiera
diciendo nada porque si no [se] la iban a quebrar […]
[Las autoridades llevaron a cabo actos de hostigamiento] porque a mí no me
pudieron comprar nunca, aún con todas las cosas que me hacían para tener miedo, […] por eso me fui. […]
Tuve que pedir a mucha gente que me ayudara. Tuve que vender comida en la
calle. Tuvimos que dormir en la calle. Tuvimos que estar en un lugar con los indi-
196
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gentes de la calle. Creo que mi familia no merecía esto. Creo que las autoridades
son tan culpables de haberme hecho que yo tuviera que emigrar para proteger la
vida de mis hijos y la mía propia […]. [M]e fui el 4 de septiembre de 2006 y mi hija
[…] el año pasado, que fue cuando ya no pudo soportar más. […].
[Las hostilidades se dieron] desde un principio que mi hija desapareció, desde
ahí yo me sentí atada de pies y manos.430
429. El 9 de julio de 2007 Claudia Ivonne Ramos Monárrez, hermana de la
joven Ramos, declaró ante el Ministerio Público que:
el día dos de mayo de [2006] present[é] una denuncia sobre unos vehículos y personas que anduvieron en mi casa preguntando donde vivía yo y con quien vivía y
que hac[í]a y anduvieron investigando mi vida […]. [L]a denuncia se hizo ante la
Procuradura y ella giró ordenes expresas a [una] funcionaria [quien] me tom[ó]
declaración y todo se hac[í]a en secrecía […] [hasta] la fecha no se ha investigado
nada; [además] […] hace dos meses […] solicité por escrito una copia de la denuncia que [inter]puse y me d[i] cuenta que no era una denuncia[,] [sino que] me
tomaron mi declaración como testimonio y lo anexaron al expediente […] de mi
hermana Berenice Ramos […] [por lo que] vuelvo a solicitar se investigue[, por
qué] estuvieron los judiciales y carros oficiales enfrente de mi domicilio.431
430. La familia Ramos Monárrez solicitó asilo a las autoridades estadounidenses. El Juez que decidió sobre la solicitud de asilo político basó su decisión,
inter alia, en la declaración de varios testigos, quienes mencionaron que:
Hay varios grupos que han hablando en contra el femicidio. Dichos grupos han
realizado protestas y marchas. Uno de estos grupos fue ‘Integración de Madres
por Juárez’, la cual fue fundada por la Sra. Monarrez Salgado. [La declarante] intenta asistir a una reunión de la organización. Antes de llegar, unos hombres armados asaltan a los asistentes, por lo que la reunión se cancela;432
430
Cfr. declaración rendida por la señora Monárrez, supra nota 183.
Cfr. declaración de Claudia Ivonne Ramos Monárrez ante el agente del Ministerio Público de la
Procuraduría General de Justicia de Chihuahua el 9 de julio de 2007 (expediente de anexos a la demanda, tomo X, anexo 91, folio 3544). En relación con esta denuncia ver también la solicitud de
copia de la denuncia por hostigamiento realizada el 25 de agosto de 2006, por Claudia Ivonne Ramos Monárrez ante la Fiscalía Especial de asesinatos contra mujeres el 1 de mayo de 2007 (expediente de anexos a la contestación a la demanda, tomo XXXVI, folio 13128).
432
Cfr. United States Department of Justice, Executive Office for Immigration Review, written decision of the Immigration Court, April 13, 2009 (expediente de fondo, tomo XIII, folio 4015).
431
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
197
[…]
Prevalece, claramente, un clima de miedo e intimidación en contra de la gente
que habla en contra de los asesinatos y la falta de investigación relacionada con
los homicidios de las jóvenes mujeres en Ciudad Juárez [...]. La Sra. Monarrez Salgada se convirtió en una de los familiares de las victimas de femicidio que más se
hace oír a la hora de solicitar que la policía investigue estos crímenes […]. [Ha]
públicamente cuestionado la competencia de la policía, su nivel de compromiso
para resolver crímenes y ha discutido abiertamente la posible participación directa de la policía en el encubrimiento de los femicidios. […] Ha participado en varias entrevistas nacionales e internacionales a través de distintas radios, canales
de televisión y periódicos. […] Los funcionarios del gobierno y la gente directamente vinculada al él, están detrás de las amenazas y actos de intimidación, dado
su interés en silenciar el apoyo a los homicidios y las críticas respecto del manejo
de los casos de femicidio por parte del gobierno;433
431. Por último, el mismo juez consideró los testimonios de la familia Ramos
Monarrez, los cuales calificó como “consistentes y bien fundamentados por la
prueba documentada”.434 En lo que respecta a las declaraciones de la señora Monarrez señaló que:
A través de los medios de comunicación, la Sra. Monárrez Salgado acusó públicamente a los funcionarios del gobierno de México, incluyendo el Gobernador y el
Fiscal General del estado mexicano de Chihuahua, de ser cómplices de la muerte
de su hija y la subsiguiente deficiente investigación. […]
Después de identificar el cuerpo de su hija, la Sra. Monárrez Salgado empezó a
recibir llamadas amenazantes. Las personas que la llamaron le dijeron que si continuaba hablando, la iban a matar o le iban a hacer desaparecer a sus hijos. Las llamadas telefónicas fueron continuas, sin embargo, se intensificaron después de
que la Corte Interamericana admitió el caso de los Asesinatos del Campo Algodonero;
Un día mientras caminaba hacia un funeral, la Sra. Monárrez Salgado notó
que la seguía una camioneta. La camioneta aceleró y se dirigió rápidamente hacia
ella. Ella pudo quitarse del camino. La camioneta dio vuelta a la manzana e intentó atropellarla nuevamente. La Sra. Monárrez Salgado pudo evitar el segundo
ataque, por lo que la camioneta se alejó. Luego se dirigió al funeral;
433
Cfr. written decision of the Immigration Court, supra nota 432, folio 4023.
Cfr. written decision of the Immigration Court, supra nota 432, folio 4025.
434
198
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Al volver del funeral, se encontró con que alguien había entrado a su casa y había revisado sus expedientes relacionados con la muerte de su hija. Faltaban algunos documentos. Unas semanas después, alguien intentó entrar a su casa por segunda vez.
432. De igual manera la señora Claudia Ivonne Ramos Monárrez y el señor
Jorge Daniel Ramos Monárrez, declararon ante el juez de inmigración determinados hechos de hostigamiento que les condujeron a sentirse amenazados y a ver
peligrar su vida, por lo que solicitaron asilo a las autoridades estadounidenses, el
cual les fue otorgado.435
433. El Juez otorgó el asilo al constatar que “en el transcurso de ocho años, la
familia Monárrez Salgado ha tenido que enfrentar actos de hostigamiento, amenazas y atentados en contra de sus vidas que llegaron al nivel de persecución.
Cada miembro de la familia sufrió incidentes, llegando a ser una seria amenaza
en contra de sus vidas y por lo tanto, ello constituiría acoso. Sin embargo, es claro que han sufrido acoso cuando se tiene en cuenta el efecto acumulativo de los
años de intimidación, hostigamiento y ataques físicos”.436
434. La prueba pericial aportada en el proceso ante la Corte ha determinado,
en cuanto a los familiares de la joven Ramos, que sufren miedo sostenido por los
peligros y las amenazas diversas que han padecido, reflejados en hechos que han
puesto en peligro su seguridad y su integridad en espacio público, sin que las autoridades hayan dado atención expedita y adecuada a sus demandas. También
han padecido sensaciones de soledad y aislamiento por la desconfianza creciente en las autoridades.437
435. Del expediente del presente caso se desprenden ciertos datos en referencia a la existencia de un patrón de conductas estatales hacia familiares de mujeres víctimas de violencia en Ciudad Juárez que consistían en tratos despectivos e
irrespetuosos y hasta agresivos cuando intentaban obtener información sobre
las investigaciones,438 que además generaban en la mayoría de los casos desconfianza y temor, por lo que no denunciaban los hechos. En algunos casos los familiares manifestaron que se les dijo que dejaran de realizar averiguaciones o llevar
a cabo otras actividades en procura de justicia.439 Asimismo, se ha reportado que
“el hostigamiento y las amenazas a las familiares de las víctimas, a sus represen435
Cfr. written decision of the Immigration Court, supra nota 432, folios 4018 a 4020.
Cfr. written decision of the Immigration Court, supra nota 432, folios 4028 y 4029.
437
Cfr. declaración del perito de la Peña Martínez, supra nota 186, folio 3352.
438
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folios 1745 y 1770
y Naciones Unidas, Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1924.
439
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folios 1748 y 1769.
436
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
199
tantes y a las organizaciones de la sociedad civil, se ha recrudecido en la misma
medida en que la presión nacional e internacional se han acrecentado”, haciéndolos responsables por esa dimensión nacional e internacional que ha tomado la
situación.440
436. Con base en lo anterior, la Corte considera que del acervo probatorio se
desprende que la señora Monárrez sufrió diversos actos de hostigamiento desde
la desaparición de su hija hasta que abandonó su país para irse como asilada a
Estados Unidos, circunstancias que también sufrieron sus tres hijos y nietos.
437. En lo que respecta a la familia Herrera, el 5 de abril de 2006, la señora
Monreal Jaime declaró ante la Fiscalía que a su hijo Adrián Herrera Monreal, “lo
interceptaron en su vehículo, llegaron dos patrullas de la Policía Municipal y dos
camionetas de la Policía Judicial, lo bajaron, lo golpearon y se llevaron su vehículo. [O]cho meses después apareció el auto desmantelado en un terreno de la
Policía Judicial”.441 Esta declaración es consistente con la vertida ante esta Corte
en la audiencia pública442 y con la prueba pericial aportada.443
438. Por otro lado, no consta cuestionamiento específico por parte del Estado en contra de estos hechos alegados, ni el mismo ha aportado prueba que desvir­
túe la existencia de éstos. Por ende, el Tribunal tiene por establecido la existencia de actos de hostigamiento contra el señor Adrián Herrera Monreal.
439. Por lo que respecta a la familia González, ni los representantes ni la Comisión precisan hechos concretos que reflejen los alegados hostigamientos y ame­
nazas, ni construyeron una argumentación con fundamentos probatorios que le
permita realizar a la Corte una conclusión sobre el alegato.
440. En virtud de lo expuesto, la Corte concluye que los actos de hostigamiento que sufrieron los familiares configura una violación al derecho a la integri­
dad personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en
relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Adrián Herrera Monreal, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez
Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos.
440
Cfr. Naciones Unidas, Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1946.
declaración testimonial de Irma Monreal Jaime ante el agente del Ministerio Público, adscrito al
grupo de la Fiscalía Mixta para la Investigación de Homicidios de Mujeres el 5 de abril de 2006
(expediente de anexos a la contestación a la demanda, tomo XXX, anexo 50 legajo I tomo I, folio
10290).
442
Cfr. declaración rendida por la señora Monreal, supra nota 183.
443
Cfr. declaración de la perito Azaola Garrido, supra nota 186, folio 3366.
441
200
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VIII. Artículo 11444 (protección de la honra y de la dignidad)
de la convención americana
441. Los representantes alegaron que “el Estado ha violado el derecho a la dignidad y a la honra, previsto en el artículo 11 de la [Convención], al fomentar una
actitud de desprecio por parte de la autoridad hacia las víctimas, mediante preguntas y observaciones prejuiciosas a ciertos familiares al momento de sus denuncias, así como al realizar declaraciones públicas ofensivas”. A criterio de los
representantes “el Estado al manifestar de manera pública una actitud de desprecio y desprestigio hacia las víctimas, afecta directamente su dignidad y honra; además, no cumple con su obligación de modificar los patrones culturales
que fomentan la discriminación contra las mujeres ni de capacitar a las autoridades encargadas de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra ellas, como
lo establece el artículo 8 de la Convención de Belém do Pará”. Por último consideraron que “[s]e estigmatizó y ridiculizó la acción que llevaban a cabo las madres en reclamo de justicia”.
442. El Estado sostuvo que “no se configuran violaciones al derecho a la honra y dignidad reclamados por los peticionarios en agravio de los familiares de
[las tres mujeres]” ya que “durante las investigaciones por la desaparición, la ubicación de los restos y las indagatorias para encontrar a los responsables de los
homicidios […] no se encuentran elementos que demuestren actos de desprecio
público, persecución o discriminación en agravio de los familiares de [las] tres
mujeres”.
443. El Tribunal procede a analizar estos alegatos, pese a que la Comisión no
presentó argumentos en este sentido, puesto que se cumplen con los requisitos
expuestos en el párrafo 232 supra.
444. El artículo 11 de la Convención reconoce que toda persona tiene derecho al respeto a su honor, prohíbe todo ataque ilegal contra la honra y reputación
e impone a los Estados el deber de brindar la protección de la ley contra tales ataques. En términos generales, el derecho a la honra se relaciona con la estima y
valía propia, mientras que la reputación se refiere a la opinión que otros tienen
de una persona.445
444
El artículo 11 establece:
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
445
Cfr. Caso Tristán Donoso, supra nota 9, párr. 57 y Caso Escher y otros vs. Brasil, supra nota 46, párr.
117.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
201
445. El Tribunal hace constar que los alegatos relacionados con la supuesta
violación del artículo 11 de la Convención en perjuicio de las víctimas y sus madres se refieren a hechos concernientes al trato que sufrieron como consecuencia
de la búsqueda de las jóvenes desaparecidas y el posterior reclamo de justicia. Las
consecuencias jurídicas de dichos hechos ya han sido examinadas en relación con
el artículo 5 de la Convención, por lo que el Tribunal estima improcedente declarar una violación al artículo 11 convencional.
IX. Reparaciones
446. Es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente.446 Esa obligación se regula por el Derecho Internacional.447 En sus
decisiones a este respecto, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la Convención Americana.
447. De acuerdo con las consideraciones sobre el fondo expuestas y las violaciones a la Convención declaradas en los capítulos anteriores, así como a la luz
de los criterios fijados en la jurisprudencia de la Corte en relación con la naturaleza y alcances de la obligación de reparar,448 la Corte procederá a analizar las
pretensiones presentadas por la Comisión y por los representantes, y la postura
del Estado, con el objeto de disponer las medidas tendientes a reparar los daños.
1. Parte lesionada
448. La Corte reitera que aquéllos que han sido declarados víctimas de una violación de un derecho reconocido en la Convención son considerados “parte
lesionada”.449 En este caso el Tribunal declaró que el Estado violó los derechos
humanos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Be446
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989.
Serie C No. 7, párr. 25; Caso Anzualdo Castro vs. Perú, supra nota 30, párr. 170, y Caso Dacosta Cadogan vs. Barbados. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Septiembre de 2009. Serie C No. 204, párr. 94.
447
Cfr. Caso Anzualdo Castro vs. Perú, supra nota 30, párr. 170 y Caso Dacosta Cadogan vs. Barbados,
supra nota 446, párr. 94.
448
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, supra nota 446, párrs. 25 y 26; Caso Anzualdo Castro
vs. Perú, supra nota 30, párr. 173 y Caso Dacosta Cadogan vs. Barbados, supra nota 446, párr. 95.
449
Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 82; Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y
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renice Ramos Monárrez, así como los de sus familiares identificados en el párrafo 9 supra, por lo que serán considerados como “parte lesionada” y beneficiarios
de las reparaciones que se ordenan en este capítulo.
2. Alegada “doble reparación” de las medidas solicitadas por los representantes
449. El Estado manifestó que las reparaciones solicitadas por los representantes
“son excesivas, repetitivas y constituyen una solicitud de doble reparación al referirse muchas de ellas a los mismos conceptos de violación”. Agregó que “el determinar y otorgar por separado estas […] medidas de reparación implicaría una
carga desproporcionada para el Estado, pues éstas excederían el daño causado”.
El Estado indicó que estas reparaciones “no pueden referirse al mismo concepto
de violación” y “deben tener en consideración los apoyos [médicos, económicos
en especie, psicológicos y legales] brindados”.
450. La Corte recuerda que el concepto de “reparación integral” (restitutio in
integrum) implica el reestablecimiento de la situación anterior y la eliminación
de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compen­
sación por los daños causados. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación de
discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos ocurridos en el presente caso y que fue reconocida por el Estado (supra párrs. 129 y 152), las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma
que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo. En
este sentido, no es admisible una restitución a la misma situación estructural de
violencia y discriminación. Del mismo modo, la Corte recuerda que la naturaleza
y monto de la reparación ordenada dependen del daño ocasionado en los planos
tanto material como inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus familiares, y deben guardar relación directa con las violaciones declaradas. Una o más medidas pueden
reparar un daño específico sin que éstas se consideren una doble reparación.
451. Conforme a ello, la Corte valorará las medidas de reparación solicitadas
por la Comisión y los representantes de forma que éstas: i) se refieran directamente a las violaciones declaradas por el Tribunal; ii) reparen proporcionalmente los daños materiales e inmateriales; iii) no signifiquen enriquecimiento ni em­
pobrecimiento; iv) reestablezcan en la mayor medida de lo posible a las víctimas
en la situación anterior a la violación en aquello en que no se interfiera con el deber de no discriminar; v) se orienten a identificar y eliminar los factores causales
Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú, supra nota 46, párr. 112, y Caso Dacosta Cadogan vs. Barbados,
supra nota 446, párr. 97.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
203
de discriminación; vi) se adopten desde una perspectiva de género, tomando en
cuenta los impactos diferenciados que la violencia causa en hombres y en mujeres, y vii) consideren todos los actos jurídicos y acciones alegadas por el Estado
en el expediente tendientes a reparar el daño ocasionado.
3. Obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso,
sancionar a los responsables de las violaciones
3.1. Identificación, proceso y sanción de los responsables de la desaparición, vejámenes y homicidio por razones de género de las jóvenes González, Ramos y
Herrera
452. La Comisión indicó que “una reparación integral exige que el Estado investigue con la debida diligencia, en forma seria, imparcial y exhaustiva, las desapariciones y posteriores asesinatos” de las víctimas con el propósito de “esclarecer la verdad histórica de los hechos”, para lo cual el Estado debería “adoptar
todas las medidas judiciales y administrativas necesarias con el fin de comple­
tar la investigación, localizar, juzgar y sancionar al o los autores intelectuales y
materiales de los hechos, e informar sobre los resultados”. Los representantes
coincidieron con esta solicitud.
453. La Corte aceptó el reconocimiento de responsabilidad del Estado por las
irregularidades cometidas en la primera etapa de las investigaciones, pero también concluyó que muchas de ellas no se subsanaron en la segunda etapa (supra
párr. 388). El Tribunal concluyó que en el presente caso existía impunidad y que
esa impunidad es causa y a la vez consecuencia de la serie de homicidios de mujeres por razones de género que ha sido acreditada en el presente caso.
454. La Corte considera que el Estado está obligado a combatir dicha situación de impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos.450 La ausencia de una
investigación completa y efectiva sobre los hechos constituye una fuente de sufrimiento y angustia adicional para las víctimas, quienes tienen el derecho a cono­
cer la verdad de lo ocurrido.451 Dicho derecho a la verdad exige la determinación
de la más completa verdad histórica posible, lo cual incluye la determinación de
450
Cfr. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre
de 2006. Serie C No. 153, párr. 164; Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 399, y
Caso Baldeón García vs. Perú, supra nota 261, párr. 195.
451
Cfr. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, supra nota 297, párr. 146, y Caso Valle Jaramillo y otros vs.
Colombia, supra nota 49, párr. 102.
204
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los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones.452
455. Por ello, la Corte dispone que el Estado debe conducir eficazmente el
proceso penal en curso y, de ser el caso, los que se llegasen a abrir, para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes González, Herrera y
Ramos, conforme a las siguientes directrices:
i) se deberá remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la
debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos a los del presente caso;
ii) la investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de investigación específicas respecto a violencia sexual, para lo cuál
se deben involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona; realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan
con los lineamientos de esta Sentencia; proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances en la investigación y
darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género;
iii)deberá asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos
humanos y materiales necesarios para desempeñar las tareas de manera
adecuada, independiente e imparcial, y que las personas que participen
en la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad, y
iv) los resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados para
que la sociedad mexicana conozca los hechos objeto del presente caso.
3.2. Identificación, proceso y, en su caso, sanción de los funcionarios que cometieron irregularidades
456. La Comisión manifestó, de manera general, que “el Estado está en la obli­
gación de investigar y sancionar a todos los responsables de la obstrucción de jus­
ticia, encubrimiento e impunidad que han imperado en relación con estos casos”.
457. Los representantes solicitaron la realización de una investigación seria,
exhaustiva e imparcial sobre los funcionarios que participaron en la investiga452
Cfr. Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia, supra nota 397, párr. 195 y Caso Valle Jaramillo y
otros vs. Colombia, supra nota 49, párr. 102.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
205
ción de los homicidios de las tres víctimas del 2001 a la fecha, y que estos fueran
sancionados de manera proporcional a la lesión y menoscabo producido. Asimismo, señalaron que muchos de los funcionarios que participaron en las investigaciones del caso “Campo Algodonero” habrían continuado trabajando en el
estado de Chihuahua y habrían cometido las mismas irregularidades, omisiones
y negligencias.
458. El Estado sólo reconoció “su responsabilidad en procesar y sancionar a
los funcionarios públicos que cometieron [irregularidades] en el primer periodo
de las investigaciones”, y alegó haber sancionado a los funcionarios responsables
incluyendo el “despido” de algunos de ellos.
459. En el presente caso la Corte constató que no había sido sancionada ninguna de las personas que incurrió en las graves irregularidades ocurridas en la
primera etapa de la investigación (supra párr. 378).
460. El Tribunal considera que como forma de combatir la impunidad, el Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades
y, luego de un debido proceso, aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables.
3.3. Investigación de las denuncias presentadas por las familiares
de víctimas que han sido hostigados y perseguidos
461. Los representantes solicitaron que el Estado investigue los actos de hostigamiento e intimidación que fueron denunciados por la señora Benita Monárrez, su hija, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, y el señor Adrián Herrera Monreal, hermano de la joven Herrera, y que a la fecha no han sido investigados por
las autoridades.
462. En virtud de que el Tribunal constató que en el presente caso la señora
Monárrez sufrió diversos actos de hostigamiento desde la desaparición de su
hija hasta que abandonó su país para irse al exterior como asilada, circunstancias que también sufrieron sus otros tres hijos y nietos, y que el señor Adrián Herrera Monreal sufrió diversos actos de hostigamiento, esta Corte ordena al Estado
que, dentro de un plazo razonable, realice las investigaciones correspondientes
y, en su caso, sancione a los responsables.
***
463. Los tres homicidios por razones de género del presente caso ocurrieron en
un contexto de discriminación y violencia contra la mujer. No corresponde a la
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Corte atribuir responsabilidad al Estado sólo por el contexto, pero no puede dejar de advertir la gran importancia que el esclarecimiento de la antedicha situación significa para las medidas generales de prevención que debería adoptar el
Estado a fin de asegurar el goce de los derechos humanos de las mujeres y niñas
en México e invita al Estado a considerarlo.
4. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición
464. En este apartado el Tribunal determinará las medidas que buscan reparar
el daño inmaterial y que no tienen naturaleza pecuniaria, y dispondrá medidas
de alcance o repercusión pública.
4.1. Medidas de satisfacción
465. La Comisión señaló que la gravedad y naturaleza de los hechos en el presente caso exigen que el Estado adopte medidas destinadas a la dignificación de
la memoria de las víctimas, por lo que solicitó a la Corte que ordene al Estado
que: i) publique a través de medios de comunicación escrita, radio y televisión,
la sentencia que eventualmente pronuncie el Tribunal; ii) realice un reconocimiento público de su responsabilidad internacional por el daño causado y por
las graves violaciones ocurridas, de la forma digna y significativa que los objetivos de la reparación exigen, en consulta con las madres de las víctimas y sus representantes, y iii) establezca, en consulta con los familiares de las víctimas, un
lugar o monumento en memoria de las mismas.
466. Los representantes concordaron con la Comisión y solicitaron además
que i) la publicación de los extractos de la sentencia que dicte la Corte se realice
en cuando menos dos diarios de circulación nacional, dos de circulación estatal
en Chihuahua, dos de circulación internacional y en el Diario Oficial de la Federación; ii) en cuanto al reconocimiento público de responsabilidad, los representantes consideraron que el Estado debería incluir a los tres órdenes de gobierno
y añadieron que debería estar presente el Presidente de la República, el Gobernador del estado de Chihuahua, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia de Chihuahua, el Presidente del Tribunal Superior
de Justicia y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en presencia de las familias de las víctimas, las organizaciones civiles que han acompañado la denuncia internacional del feminicidio, y la misma deberá transmitirse
por medios impresos, radio y televisión; iii) que un memorial se establezca en el
predio donde fueron encontradas las víctimas y otro en la Ciudad de México, y
iv) que el día 6 de noviembre de cada año se conmemore como “Día nacional en
memoria de las víctimas del feminicidio”.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
207
467. El Estado ofreció: i) el reconocimiento público de responsabilidad; ii) la
difusión pública en medios masivos de comunicación del reconocimiento de
responsabilidad, y iii) la realización de un evento público en el que se ofrezcan
disculpas a los familiares de las víctimas por las irregularidades reconocidas por
el Estado durante la integración inicial de las investigaciones de los homicidios y
los daños sufridos por los familiares de las víctimas.
4.1.1. Publicación de la Sentencia
468. Como lo ha dispuesto la Corte en otros casos,453 como medida de satisfacción, el Estado deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, en un diario
de amplia circulación nacional y en un diario de amplia circulación en el estado
de Chihuahua, por una sola vez, los párrafos 113 a 136, 146 a 168, 171 a 181, 185
a 195, 198 a 209 y 212 a 221 de la Sentencia y los puntos resolutivos de la misma,
sin las notas al pie de página correspondientes. Adicionalmente, como ha sido
ordenado por el Tribunal en ocasiones anteriores,454 la presente Sentencia se deberá publicar íntegramente en una página electrónica oficial del Estado, tanto
federal como del estado de Chihuahua. Para realizar las publicaciones en los diarios y en Internet se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la presente Sentencia.
4.1.2. Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional
469. La Corte determinó que el reconocimiento de responsabilidad efectuado
por el Estado constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso
y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana (supra
párr. 26). No obstante, como en otros casos,455 para que surta sus efectos plenos,
el Tribunal estima que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos del presente
caso, en honor a la memoria de las jóvenes González, Herrera y Ramos. En dicho
acto el Estado deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia, hayan sido estas reconocidas por el Estado o
453
Cfr. Caso Garibaldi vs. Brasil, supra nota 252, párr. 157; Caso Kawas Fernández vs. Honduras, supra
nota 190, párr. 199, y Caso Escher y otros vs. Brasil, supra nota 46, párr. 239.
454
Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1
de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 195; Caso Escher y otros vs. Brasil, supra nota 46, párr. 239,
y Caso Garibaldi vs. Brasil, supra nota 252, párr. 157.
455
Cfr. Caso Kawas Fernández vs. Honduras, supra nota 190, párr. 202 y Caso Anzualdo Castro vs. Perú,
supra nota 30, párr. 200.
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no. El acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública y ser transmitido a través de radio y televisión, tanto local como federal. El Estado deberá asegurar la participación de los familiares de las jóvenes González, Herrera y Ramos, identificados en el párrafo 9 supra, que así lo deseen, e invitar al evento a las
organizaciones que representaron a los familiares en las instancias nacionales e
internacionales. La realización y demás particularidades de dicha ceremonia pú­
blica deben consultarse previa y debidamente con los familiares de las tres víctimas. En caso de disenso entre los familiares de las víctimas o entre los familiares
y el Estado, la Corte resolverá. Para cumplir con esta obligación el Estado cuenta
con un plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia.
470. En cuanto a las autoridades estatales que deberán estar presentes o participar en dicho acto, el Tribunal, como lo ha hecho en otros casos, señala que
deberán ser de alto rango. Corresponderá al Estado definir a quienes se encomienda tal tarea.
4.1.3. Memoria de las víctimas de homicidio por razones de género
471. A criterio del Tribunal, en el presente caso es pertinente que el Estado levante un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razo­
nes de género en Ciudad Juárez, entre ellas las víctimas de este caso, como forma
de dignificarlas y como recuerdo del contexto de violencia que padecieron y que
el Estado se compromete a evitar en el futuro. El monumento se develará en la
misma ceremonia en la que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad internacional (supra párr. 469) y deberá ser construido en el campo algodonero en el que fueron encontradas las víctimas de este caso.
472. En vista de que el monumento se refiere a más personas que las consideradas víctimas en este caso, la decisión del tipo de monumento corresponderá a
las autoridades públicas, quienes consultarán el parecer de las organizaciones de
la sociedad civil a través de un procedimiento público y abierto, en el que se incluirá a las organizaciones que representaron a las víctimas del presente caso.
4.1.4 Día nacional en memoria de las víctimas
473. La Corte considera suficiente, para efectos de satisfacción de las víctimas,
la publicación de la Sentencia (supra párr. 469), el reconocimiento público de
responsabilidad (supra párr. 470), y el monumento que se construirá en memoria de las víctimas (supra párr. 472). Por consiguiente, no estima necesario conceder la solicitud de que el día 6 de noviembre de cada año se conmemore como
“Día nacional en memoria de las víctimas del feminicidio”, sin perjuicio de que
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
209
una medida como esta pueda ser discutida por los canales pertinentes en el ámbito interno.
4.2. Garantías de no repetición
4.2.1. Sobre la solicitud de una política integral, coordinada y de largo plazo para
garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean prevenidos e investigados, los responsables procesados y sancionados, y las víctimas reparadas
474. La Comisión consideró que la Corte debía ordenar al Estado adoptar
una “política integral y coordinada, respaldada con recursos adecuados, para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y sus víctimas reparadas”.
475. Los representantes solicitaron la creación de un programa de largo plazo
que contara con los recursos necesarios y la articulación de los diversos actores
sociales, en coordinación con las instituciones del Estado, con objetivos, metas,
indicadores definidos que permitan evaluar periódicamente los avances y permitan hacer del conocimiento de la comunidad el trabajo realizado para conocer
la verdad de los hechos. Consideraron también que es necesaria una evaluación
de los marcos normativos que previenen y sancionan la violencia contra las mujeres, así como de las políticas y modelos de atención a víctimas de violencia de
género, y en particular de las familias de mujeres víctimas de homicidio, conforme a los parámetros internacionales de atención a las víctimas. Finalmente, solicitaron que el Estado elabore un programa permanente y transversal con mecanismos de evaluación constante e indicadores de obstáculos y avances para
erradicar la discriminación por género dentro de la administración pública.
476. El Estado alegó que “ha implementado una política integral y coordinada, respaldada con recursos públicos adecuados, para garantizar que los casos
específicos de violencia contra las mujeres sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y reparados por quien sea responsable”.
477. La Corte observa que el Estado hizo un recuento de todos los actos jurídicos, instituciones y acciones emprendidas desde 2001 a la fecha, tanto a nivel
federal como local, para prevenir e investigar los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, así como de los apoyos gubernamentales otorgados a las víctimas.
478. En cuanto a políticas de investigación respecto a estos crímenes, el Estado explicó cómo, a lo largo de los últimos años, han funcionado diversos tipos de
Fiscalías, tanto a nivel federal y estatal como de carácter mixto. Estas políticas
de investigación se explican con mayor profundidad al analizar la solicitud de
reparaciones relacionadas con la atracción de casos al fuero federal (infra párrs.
515 a 518).
210
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479. Por otra parte, el Estado adoptó en 2006 y 2007 diversas leyes y reformas
legislativas que tienen como objetivo mejorar el sistema penal, el acceso a la justicia y la prevención y sanción la violencia contra la mujer en el estado de Chihuahua: i) el nuevo Código Penal del estado de Chihuahua;456 ii) el nuevo Código
de Procedimientos Penales del estado de Chihuahua;457 iii) la Ley Estatal del
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;458 iv) la Ley para Prevenir
y Eliminar la Discriminación,459 y v) la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Chihuahua.460
480. El Estado adoptó en 2006 la Ley de Atención y Protección a Víctimas u
Ofendidos del Delito del estado de Chihuahua y facultó a la Subprocuraduría de
Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito para realizar tareas en derechos humanos, acceso a la justicia y reparación para las víctimas.461 Asimismo,
el Estado se refirió a las reformas de 2006 y 2007 del Ministerio Público del estado de Chihuahua y a sus siguientes órganos internos: i) la Agencia Estatal de
Investigación; ii) el Centro de Estudios Penales y Forenses; iii) la Dirección
de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, y iv) la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia de Género y Violencia Familiar.462
481. Respecto a la seguridad pública, México señaló que el estado de Chihuahua creó en el año 2005 el programa “Chihuahua Seguro”. Entre las acciones
seguidas en dicho programa se encuentran: i) el combate a la impunidad; ii) la
456
Cfr. Código Penal del estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial el 27 de diciembre
de 2006 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXIX, anexo 55, folios
14364 a 14452).
457
Cfr. Código de Procedimientos Penales del estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial el 9 de agosto de 2006 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXIX,
anexo 54, folios 14266 a 14362).
458
Cfr. Ley Estatal de Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Periódico
Oficial el 24 de enero de 2007 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLIII,
anexo 110, folios 16144 a 16163).
459
Cfr. Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial el 7 de julio de 2007 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo
XLIII, anexo 111, folios 16165 a 16178).
460
Cfr. Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial el
9 de agosto de 2006 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXIX, anexo
53, folios 14187 a 14264).
461
Cfr. Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito del estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial el 21 de octubre de 2006 (expediente de anexos a la contestación de
la demanda, tomo XXXIX, anexo 58, folios 14506 a 14513).
462
Cfr. Ley Orgánica del Ministerio Público del estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial el 9 de agosto de 2006 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXIX,
anexo 52, folios 14174 a 14185).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
211
creación en 2005 de la Fiscalía Especial de Delitos contra Mujeres en Ciudad
Juárez, para una mejor atención de víctimas y número telefónico de denuncia
ciudadana; iii) la capacitación de las corporaciones municipales, especialmente
en derechos humanos, equidad, género; y iv) otras medidas para atender casos
de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.463 El Estado aludió a una
Red de Atención a Víctimas del Delito en Chihuahua, en coordinación con la
CNDH.464
482. Del mismo modo, el Estado señaló que el Instituto Chihuahuense de la
Mujer (en adelante “el ICHIMU”) fue creado en agosto de 2002, para “impulsar
la igualdad de oportunidades en la educación, capacitación, salud, empleo, desarrollo, así como potenciar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y fomentar la cultura de la no violencia para eliminar todas las formas de discriminación” y, conforme al decreto de creación del ICHIMU, para implementar las
políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de las mujeres y su participación plena en la vida económica, social, política, familiar y cultural.465 El Estado indicó que el ICHIMU trabaja en dos vertientes: la institucionalización de
la perspectiva de género y la prevención de la violencia hacia las mujeres.
483. Dentro del marco de la planeación y programación en el estado de Chihuahua, la Corte observa que fue presentada información en torno a cinco instrumentos que se reseñan a continuación: i) el Plan Estatal de Desarrollo 20042010 de Chihuahua (en adelante “el PEDCH”); ii) Programa para Mejorar la
Condición de la Mujer; iii) Programa Integral para Garantizar el Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; iv) el Programa de Atención a Víctimas
del Delito, y v) el Programa Integral de Seguridad Pública entre 2003 y 2004.
484. El PEDCH considera las siguientes estrategias: i) impulsar espacios de
participación y decisión para las mujeres, garantizando su colaboración en iniciativas que permitan avanzar en la equidad de género; ii) reforzar la sensibilización sobre la perspectiva de género en los ámbitos social y gubernamental; iii)
enfatizar la procuración e impartición de justicia en la defensa y protección de la
mujer y la familia; iv) impulsar reformas jurídicas que protejan a la mujer en situación de violencia; v) incrementar las acciones institucionales de formación e
información en el cuidado de la salud de la mujer, y vi) promover la organización
463
Cfr. Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, informe acerca de las políticas institucionales implementadas para prevenir, investigar, sancionar y eliminar la violencia en contra
de las mujeres (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XL, anexo 60, folio
14946).
464
Cfr. CNDH, Segundo Informe de Evaluación Integral, supra nota 79, folio 4714.
465
Cfr. Decreto No. 274/02-II-P.O de 30 de mayo de 2002 (expediente de anexos a la contestación de
la demanda, tomo XLIII, anexo 112, folios 16179 a 16193).
212
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y desarrollo de proyectos productivos, que permitan diversificar fuentes de empleo e ingreso de las mujeres, en especial los de mujeres indígenas y los ubicados
en zonas rurales y localidades urbanas marginadas.466
485. Conforme al Estado, el Programa para Mejorar la Condición de la Mujer, coordinado por el Consejo Estatal de Población del estado de Chihuahua,
tiene como objetivo fortalecer de manera interinstitucional las acciones y los esfuerzos encaminados al desarrollo integral de la mujer que generen condiciones
e información que les permita ejercer a plenitud sus libertades y derechos.
486. Además, según el Estado, el Programa Integral para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, coordinado por el Sistema Esta­
tal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chihuahua (en adelante “el DIF”),
promueve una cultura de no violencia, en particular contra las mujeres, y una
cultura de denuncia de actos violentos cometidos contra mujeres, niñas, niños y
adultos mayores, incluyendo acciones dirigidas a los pueblos indígenas. Dentro
de las acciones del DIF, el Estado destacó diversos programas, foros, jornadas de
información, talleres y acciones.467 El Programa de Atención a Víctimas del Delito es aplicado desde 1998 por la FEIHM (supra 270), pero fue reestructurado a
principios de 2004,468 y el Estado indicó que fue constituido para “crear un víncu­
lo directo de asistencia para la localización y apoyo entre las víctimas, sus familiares y las instituciones estatales competentes”. Finalmente, el Estado indicó
que el Programa Integral de Seguridad Pública tuvo como objetivo la coordinación de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno en el estado de
Chihuahua.
487. En cuanto a la competencia federal, la Subcomisión de Coordinación y
Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez (en adelante “la SCEPEVM”) fue creada el 6 de junio de 2003 para “analizar
la situación de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y proponer una política pública integral, con líneas de acción en distintos ámbitos a favor de las niñas y mujeres de Ciudad Juárez”.469
466
Cfr. Informe de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, supra nota 463, folio
14944.
467
Cfr. Informe de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, supra nota463, folios 14951 y 14952.
468
En febrero de 2004 se instaló en la FEIHM la base de datos del Registro Nacional de Víctimas del
Delito y se anunció la creación del Banco de Datos en Génetica Forense (Cfr. Fiscalía Especial para
la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez,
Chihuahua, Primer Informe, 3 de junio de 2004, expediente de anexos a la demanda, tomo X,
anexo 79, folios 3103 y 3098).
469
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folios 1940 y 1970 y Comisión
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Tercer Informe de Ges­
tión, supra nota 101, folio 9030.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
213
488. El 22 de julio de 2003 la SCEPEVM anunció en Ciudad Juárez el Programa de Acciones de Colaboración del Gobierno Federal para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Ciudad Juárez (“Programa de las 40 acciones”). El Programa de las 40 acciones “fue diseñado para atender las múltiples
causas vinculadas a los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez”, y “basa sus acciones en las tres principales áreas de acción que derivan de
las diversas recomendaciones recibidas: Procuración de Justicia y Prevención
del Delito, Promoción Social y Derechos Humanos de la Mujer”.470
489. La Corte observa que el Programa de las 40 acciones se basó en tres principios fundamentales: i) coordinación, ii) participación social, y iii) la transparencia, y tenía tres ejes estratégicos: i) procuración de justicia y prevención del
delito, con 15 acciones; ii) promoción social, con 14 acciones; y iii) derechos humanos de la mujer, con 11 acciones.471
490. Al Programa de las 40 acciones le dio seguimiento la Comisión para Ciu­
dad Juárez (supra párr. 127), creada el 18 de febrero de 2004 como un órgano des­
concentrado de la Secretaría de Gobernación, dependiente del Ejecutivo federal. La Comisión para Ciudad Juárez empezó a operar a finales del 2003.472 La
actividad de la Comisión para Ciudad Juárez se concentraba en tres líneas de acción: i) atención directa a víctimas, ii) verdad y justicia; iii) políticas públicas
con perspectiva de género, y iv) fortalecimiento del tejido social.473 La Comisión
para Juárez contaba con dos oficinas, una en Ciudad Juárez y una en la Ciudad
de México, para el cumplimiento de sus funciones.474 La Corte observa que la
Comisión para Juárez fue sustituida en junio de 2009 por la Comisión Nacional
470
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folios 1938 a 1940; Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de
Juárez, Informe Final, supra nota 87, folios 7449 y 7450.
471
Cfr. Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Tercer
Informe de Gestión, supra nota 101, folios 9156 a 9292 e Informe de México producido por el CEDAW supra nota 64, folios 1938 a 1940.
472
Cfr. Decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Gobernación, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad
Juárez, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2004 (expediente de
anexos al escrito de alegatos finales del Estado, tomo XLIX, anexo 7, folios 17403 y 17404) y Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Primer informe
de gestión, supra nota 67, folio 8690.
473
Cfr. Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Primer
informe de gestión, supra nota 67, folio 8708.
474
Cfr. Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Primer
informe de gestión, supra nota 67, folio 8707.
214
cndh/cmdpdh
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para atender la problemática de la violencia contra las mujeres a nivel nacional.475
491. Existe un fondo de apoyo económico que funciona en Ciudad Juárez, el
cual será explicado posteriormente al valorar las indemnizaciones entregadas en
el presente caso (infra párr. 556). Por otro lado, a nivel federal, el INMUJERES
recibió en el 2008 un presupuesto de poco más de $529.000.000,00 (quinientos
veintinueve millones de pesos mexicanos), de los cuales $290.000.000,00 (doscientos noventa millones de pesos mexicanos) se destinaron a estados y municipios para fortalecer las instancias de la mujer y organismos de la sociedad civil
que trabajan en el tema. Entre las instancias, el Estado se refirió al Fondo de Apo­
yo a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas para la Atención de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, que tuvo
un presupuesto de $112.300.000,00 (ciento doce millones trescientos mil pesos
mexicanos) que se suministró a los estados de manera equitativa para fortalecer
las iniciativas locales en materia de combate a la violencia de género.476 Los representantes y la Comisión no contradijeron dichas cifras.
492. A través del INMUJERES, entre otras actividades y acciones, el Estado
ha impartido diversos talleres y capacitaciones a funcionarios públicos, además
de que ha fortalecido centros de atención y refugio para mujeres y centros de aten­
ción a hombres violentos, incluyendo centros en Ciudad Juárez.477 El INMUJERES, creado en 2001, entre otras actividades, i) diseñó políticas públicas de erra­
dicación en medios de comunicación de mensajes discriminatorios o violentos
contra las mujeres o con estereotipos de género; ii) emitió publicidad para prevenir la violencia contra las mujeres en estaciones de radio y canales de televisión en Chihuahua; iii) realizó campañas de erradicación de violencia de género; iv) canalizó a víctimas con instituciones de apoyo a través del servicio de
475
Cfr. Decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2009 (expediente de anexos al escrito
de alegatos finales del Estado mexicano, tomo XLIX, anexo 8, folios 17406 al 17409).
476
Cfr. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007 (expediente de anexos a la contestación de la
demanda, tomo XLIII, anexo 85, folios 15794 a 15910). En el presupuesto aparece que el INMUJERES recibió 543.2 millones de pesos mexicanos.
477
Cfr. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12
de enero de 2001 (anexos a la contestación de la demanda, tomo XLIII, anexo 87, folios 16010 a
16047). Algunas de las actividades que menciona el Estado se encuentran contenidas en el Anexo
del Sexto Informe Periódico de México en cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, noviembre de 2005 (expediente de anexos
a la contestación de la demanda, tomo XLII, anexo 82, folio 15479).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
215
atención de violencia de género; v) financió el proyecto del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C., denominado “Por los derechos de las Mujeres
Víctimas del Feminicidio en Juárez”; vi) financió en 2003, en coordinación con
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para elaborar un
diagnóstico sobre la incidencia de violencia de género en Ciudad Juárez, Chihuahua y en cinco entidades federativas más, y vii) elaboró el “Diagnóstico GeoSocio-Económico de Ciudad Juárez y su Sociedad”. Los representantes y la Comisión no contradijeron la existencia y alcances de estos proyectos y acciones.
***
493. La Corte observa que en sus escritos ni la Comisión ni los representantes
objetaron la existencia o validez de los organismos y programas referidos por el
Estado anteriormente, así como las valoraciones que el Estado hizo de cada uno
de ellos. Tampoco la Comisión o los representantes argumentaron suficientemente cuáles son las deficiencias prácticas de las acciones desarrolladas por el
Estado hasta la fecha, ni precisaron en qué forma las medidas adoptadas por el Es­
tado, en su conjunto, no pueden ser considerarlas como una “política integral y
coordinada”. Al respecto, el Tribunal recuerda que conforme al artículo 34.1 del
Reglamento, es deber de la Comisión expresar en la demanda sus pretensiones
de reparaciones y costas, así como sus fundamentos de derecho y sus conclusiones pertinentes. Este deber de motivación y fundamentación no se cumple con
solicitudes genéricas a las que no se adjunta prueba o argumentación, de hechos
o derecho, que permita analizar su finalidad, razonabilidad y alcance. Lo mismo
es aplicable a los representantes.
***
494. El Tribunal valora los esfuerzos del Estado mexicano para adecuar formalmente su legislación, otros actos jurídicos e instituciones y para realizar diversas
acciones orientadas a combatir la violencia por razón de género, tanto en el estado de Chihuahua como a nivel federal, así como su esfuerzo por adecuar su sistema judicial en materia penal a nivel local y federal. Estos avances constituyen
indicadores estructurales relacionados con la adopción de normas que, en principio, tienen como objetivo enfrentar la violencia y discriminación contra la mujer en un contexto como el que ha sido probado en el presente caso.
495. Sin embargo, la Corte no cuenta con información suficiente y actualizada para poder evaluar si a través de dichos actos jurídicos, instituciones y acciones: i) se ha generado una efectiva prevención e investigación de los casos de vio-
216
cndh/cmdpdh
lencia contra la mujer y homicidios por razones de género; ii) los responsables han
sido procesados y sancionados, y iii) las víctimas han sido reparadas; todo ello
en el marco del contexto que ha sido probado en el presente caso. Así, por ejemplo, ninguna de las partes ofreció información precisa sobre la ocurrencia de crímenes similares a los del presente caso entre los años 2006 a 2009.478 En particular, el Tribunal no puede pronunciarse sobre la existencia de una política integral
para superar la situación de violencia contra la mujer, discriminación e impunidad, sin información sobre las fallas estructurales que atraviesan estas políticas,
los problemas en sus procesos de implementación y sus resultados sobre el goce
efectivo de derechos por parte de las víctimas de dicha violencia. Además, la
Corte no cuenta con indicadores de resultado respecto a cómo las políticas implementadas por el Estado puedan constituir reparaciones con perspectiva de
género, en tanto: i) cuestionen y estén en capacidad de modificar, a través de medidas especiales el status quo que causa y mantiene la violencia contra la mujer y
los homicidios por razones de género; ii) hayan constituido claramente un avance en la superación de las desigualdades jurídicas, políticas y sociales, formales o
de facto, que sean injustificadas por causar, fomentar o reproducir los factores de
discriminación por razón de género, y iii) sensibilicen a los funcionarios públicos y la sociedad sobre el impacto de los factores de discriminación contra las
mujeres en los ámbitos público y privado.
496. Esta insuficiencia de argumentación por parte de la Comisión, los representantes y el Estado, impide al Tribunal pronunciarse respecto a si las políticas
públicas actualmente desarrolladas constituyen realmente una garantía de no
repetición en cuanto a lo ocurrido en el presente caso.
4.2.2. Estandarización de los protocolos, criterios ministeriales
de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia,
para combatir desapariciones y homicidios de mujeres
y los distintos tipos de violencia contra las mujeres
497. La Comisión solicitó, en general, que la Corte ordene al Estado que fortalezca su capacidad institucional para combatir el patrón de impunidad frente a
478
En sus alegatos finales escritos de junio de 2009 los representantes señalaron que “de 2008 a la fecha han desaparecido 24 niñas y mujeres en Ciudad Juárez sin que se conozca su paradero y sin que
las autoridades hayan realizado diligencias lo suficientemente serias y exhaustivas para localizarlas”, según una “cifra computada con información oficial que tiene registrada” la organización civil
Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C. Sin embargo, ante la Corte no se precisó cuál era esa información oficial, ni con base en qué metodología se obtenía dicha cifra. Tampoco se adjuntó documento probatorio alguno al respecto.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
217
casos de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez a través de investigaciones penales efectivas, a las que se les dé un seguimiento judicial constante, garantizando así la adecuada sanción y reparación.
498. Los representantes señalaron que las prácticas de procuración e impartición de justicia deben modificarse desde sus raíces y deben incluir todas las etapas
de investigación, preservación de pruebas y evidencias, de resguardo del lugar de
los hechos, de levantamiento de los cuerpos, de la cadena de custodia, etc. Solicitaron, además, que se estandarizara y armonizara el sistema de justicia penal estatal o de prevención e investigación del delito con las necesidades de respeto de los
derechos humanos de las mujeres, principalmente protocolos y manuales de investigación.
499. Respecto al Nuevo Código Penal del estado de Chihuahua, vigente desde 2007, el Estado señaló que se reformaron: i) los delitos de homicidio doloso y
secuestro en perjuicio de mujeres o menores de edad, de forma que si existe concurso de delitos, aún cuando ello exceda la pena de prisión de 60 años, deberá
imponerse la pena por cada delito; ii) el delito de homicidio simple, de forma
que si la víctima del delito es una mujer o un menor de edad se aplica una pena de
30 a 60 años en vez de una pena de 8 a 20 años de prisión, además de la pena que
se acumule por cada delito adicional aunque se exceda la pena máxima de prisión
de 60 años, y iii) el delito de lesiones, de forma que si se causa lesión a un ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge, concubina o concubino, pareja, adoptante o adoptado, aumenta en una tercera parte la pena que corresponda. Finalmente, indicó que dicho código castiga los actos de violencia familiar en términos
de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.479
500. Respecto al nuevo Código de Procedimientos Penales del estado de Chi­
huahua, vigente desde 2006, el Estado señaló que el mismo: “establece que no se
aplicarán los criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal tratándose de delitos contra la libertad y seguridad sexuales, o de violencia familiar,
por afectar gravemente el interés público”. Asimismo, dicho código prevé que en
los casos de delitos sexuales y de violencia familiar, la víctima cuente “con asistencia integral por parte de las unidades especializadas de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua, quienes intervendrán con la debida
diligencia, aplicando los protocolos emitidos”. Finalmente, informó que se con-
479
Cfr. Artículos 32, párrafo. tercero; artículos 125, párrafo segundo y 126; artículo 130; y artículo y
193 del Código Penal del estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial el 27 de diciembre de 2006 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXIX, anexo 55, folios
14371, 14390, 14391 y 14404).
218
cndh/cmdpdh
templa la medida cautelar de separación inmediata del probable delincuente del
domicilio cuando se trate de agresiones a mujeres.480
501. El Estado adjuntó como prueba modelos de protocolos481 y al respecto
señaló que “para cada tipo de delito se sigue un protocolo específico. En el caso
de los homicidios de mujeres, se cuenta con los protocolos relativos a los delitos
de orden sexual, lesiones, criminalística de campo, atención a víctimas, atención
en crisis de módulo, química forense, medicina forense, homicidio, suicidio y
muerte accidental”. Afirmó que la PGJCH ha difundido ampliamente el contenido de la Declaración sobre Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, y de la Convención Belém do Pará.
502. La Corte ha ordenado en otros casos normalizar, conforme a los estándares internacionales, los parámetros para investigar, realizar el análisis forense
y juzgar.482 El Tribunal estima que en el presente caso el Estado debe, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición
de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de
Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los estándares
internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una perspec­
tiva de género. Al respecto, se deberá rendir un informe anual durante tres años.
4.2.3. Implementación de un programa de búsqueda y localización
de mujeres desaparecidas en el estado de Chihuahua
503. Los representantes solicitaron revisar, rediseñar y reestructurar el “Operativo Alba” con “la participación de expertos internacionales en la materia que
permitan […] establecer un programa de investigación y documentación de respuesta inmediata [que cuente con] los recursos financieros correspondientes
480
Cfr. Artículo 83, fracción I, párrafo segundo, 121 último párrafo, 169, fracción IX del Código de
Procedimientos Penales del estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial el 9 de agosto
de 2006 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXIX, anexo 54, folios
14281, 14291 y 14301).
481
Cfr. Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua, Protocolos de Investigación en
Criminalística y Protocolos de Personal Especializado en Atención a Víctimas (expediente de
anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo XLVII, anexo 3, folios 16955 a 17082).
482
Cfr. Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de septiembre
de 2005. Serie C No. 132, párrs. 109 y 110.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
219
para su adecuado funcionamiento”. Argumentaron, además, que “los operativos
de “reacción inmediata” [vigentes] no constituyen una medida efectiva para
atender de inmediato un reporte de desaparición o extravío y sobre todo que no
constituyen acciones adecuadas y efectivas que impidan la realización de conductas criminales en contra de las mujeres y las niñas de Ciudad Juárez”, debido
principalmente a que “los criterios para clasificar las desapariciones como de
‘Alto Riesgo’ no son claros ni objetivos y revisten criterios discriminatorios” o,
incluso, debido a que funcionarios niegan implementar las medidas urgentes sin
una justificación plausible.
504. La Corte observa que el 22 de julio de 2003 el Estado implementó el
Operativo Alba con el “objetivo [de] establecer una vigilancia extraordinaria sobre la ya existente en las zonas de alto riesgo para mujeres y en donde hubo hallazgos […] de víctimas de homicidios”. Posteriormente, el 12 de mayo de 2005
se puso en marcha el Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en caso de extravío de mujeres y niñas en el Municipio de Juárez o “Protocolo Alba”, donde se estableció, por acuerdo
y consenso de las instituciones participantes, un mecanismo de atención, reacción y coordinación entre autoridades de los tres ámbitos de gobierno en caso de
extravío de mujeres y niñas en Ciudad Juárez. Para octubre de 2006 el protocolo
se había “activado en 8 ocasiones, [desde su creación] de las cuales ha permitido
ubicar a 7 mujeres y 2 niños en situación de desaparición o extravío”.483
505. El Tribunal valora positivamente la creación del “Operativo Alba” y del
“Protocolo Alba” como una forma de brindar mayor atención a la desaparición
de mujeres en Ciudad Juárez. Sin embargo, observa que dichos programas de bús­
queda únicamente se ponen en marcha cuando se presenta una desaparición de
“alto riesgo”, criterio que según diversos informes, sólo se satisfacía cuando se
presentaban reportes con “características específicas”484 a saber: “existe certeza
de que [las mujeres] no tenían motivos para abandonar el hogar”, se trata de una
niña,485 “la joven [tuviera] una rutina estable”486 y que el reporte “tuviera características vinculadas con los homicidios ‘seriales’”.487
483
Cfr. Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Tercer
Informe de Gestión, supra nota 101, folio 9054.
484
Cfr. Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, Oficio dirigido al Director de Derechos Humanos de la Secretaría Relaciones Exteriores, 17 de febrero de 2003 (anexos a la contestación de la demanda, tomo XLII, anexo 75, folio 15381).
485
Cfr. Naciones Unidas, Informe de México elaborado por el CEDAW, supra nota 71, folio 1929.
486
Cfr. CNDH, Informe Especial, supra nota 66, folio 2174 y Amnistía Internacional, Muertes Intolerables, supra nota 64, folio 2274.
487
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, supra nota 64, folio 1746.
220
cndh/cmdpdh
506. La Corte considera que el Protocolo Alba, o cualquier otro dispositivo
análogo en Chihuahua, debe seguir, entre otros, los siguientes parámetros: i)
implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, cuando se presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la vida, libertad personal y la integridad personal de la persona desaparecida; ii) establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de
la persona; iii) eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste
efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir investigaciones o procedimientos preliminares; iv) asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole que sean necesarios para el
éxito de la búsqueda; v) confrontar el reporte de desaparición con la base de datos de personas desaparecidas referida en la sección 4.2.4 infra, y vi) priorizar las
búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de
búsqueda. Todo lo anterior deberá ser aún más urgente y riguroso cuando la desaparecida sea un niña. Al respecto, se deberá rendir un informe anual durante
tres años.
507. De otra parte, la Comisión para Ciudad Juárez informó que en marzo de
2005 creó la página electrónica www.mujeresdesaparecidascdjuarez.gob.mx
donde se encuentran datos de algunas mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas en
Ciudad Juárez.488 La Corte nota que la página ha dejado de actualizarse desde
diciembre de 2006.
508. Al respecto, y teniendo en cuenta que una red informática en la que cualquier persona pueda suministrar información sobre una mujer o niña desaparecida puede ser útil para localizarla, la Corte, como lo ha dispuesto en otras ocasio­
nes,489 ordena la creación de una página electrónica que contendrá la información
personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en
Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas. Dicha página electrónica deberá permitir que cualquier individuo se comunique por cualquier medio
con las autoridades, inclusive de manera anónima, a efectos de proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o, en su
caso, de sus restos. La información contenida en la página electrónica deberá actualizarse permanentemente.
488
Cfr. Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Tercer
Informe de Gestión, supra nota 101, folio 9200.
489
Cfr. Caso Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de
marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 190.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
221
4.4.4. Confrontación de información genética de cuerpos
no identificados de mujeres o niñas privadas de la vida
en Chihuahua con personas desaparecidas a nivel nacional
509. Los representantes solicitaron que se cree una base de datos a nivel nacional para facilitar la identificación de las personas reportadas como desaparecidas.
También afirmaron que es necesario implementar una base de datos nacional
que permita confrontar la información de personas desaparecidas con información de personas que han sido encontradas sin vida y que se han registrado como
no identificadas.
510. El Estado específicamente no se pronunció al respecto. Sin embargo,
hizo referencia al denominado “Programa de Identidad Humana”, cuando propu­
so a los familiares de las víctimas que participaran en el EAAF con la finalidad
de confirmar la identidad de los cuerpos encontrados en el campo algodonero.
511. Si bien el Tribunal observa que el Estado creó un registro de datos de
mujeres desaparecidas en el Municipio de Juárez y un banco de datos en genética forense,490 la Corte no tiene elementos probatorios que le permitan concluir
que el Estado creó una base de datos de personas desaparecidas a nivel nacional.
Por otro lado, si bien la Corte observa que existe un banco de datos en genética
forense con información genética de algunos familiares de víctimas de homicidio por razón de género y de algunos cuerpos encontrados,491 al Tribunal no le
consta que el Estado hubiese confrontado la información de mujeres desaparecidas a nivel nacional, así como la información genética de familiares de esas personas desaparecidas con la información genética extraída de los cuerpos de cualquier mujer o niña privada de la vida y no identificada en Chihuahua. Tampoco
obra en el expediente información que permita a la Corte determinar la suficiencia de los datos contenidos en las referidas bases, así como la eficacia y los resultados que dichas bases de datos han tenido dentro de la investigación de las desapariciones y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.
512. La Corte estima que la racionalidad de crear una base de datos de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional y la actualización y confrontación de
la información genética proveniente de familiares de personas desaparecidas y
de cuerpos no identificados responde a la posibilidad de que los cuerpos de algunas mujeres o niñas encontradas en Chihuahua pertenezcan a personas desapa490
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el
Municipio de Juárez, Informe final, supra nota 87, folios 14582 y 14587 a 14594.
491
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el
Municipio de Juárez, Informe final, supra nota 87, folios 14582 y 14587 a 14594.
222
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recidas en otras entidades federativas, incluso, otros países. Por ello, como lo ha
dispuesto en otros casos,492 la Corte ordena: i) la creación o actualización de una
base de datos que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; ii) la creación o actualización de una base de
datos con la información personal que sea necesaria, principalmente genética y
muestras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas que consientan —o que así lo ordene un juez— para que el Estado almacene dicha información personal únicamente con objeto de localizar a la persona desaparecida, y
iii) la creación o actualización de una base de datos con la información genética
y muestras celulares proveniente de los cuerpos de cualquier mujer o niña no
identificada que fuera privada de la vida en el estado de Chihuahua. El Estado en
todo momento deberá proteger los datos personales contenidos en dichas bases
de datos.
4.2.5. Creación de una figura legislativa para atraer los casos
del fuero común al fuero federal cuando se presenten
condiciones de impunidad o se acrediten irregularidades
de fondo en las averiguaciones previas
513. Los representantes señalaron que es necesario contar con un mecanismo
legal contenido en las leyes nacionales para facilitar y encuadrar la atracción de
los casos del fuero común al fuero federal, debido a que en este caso “uno de los
principales problemas que permitieron y permiten aún las violaciones a los derechos humanos de las víctimas de violencia contra las mujeres y feminicidio es la
imposibilidad de que la Federación intervenga, revise y en su caso corrija las
irregularidades y deficiencias de los expedientes integrados en el fuero común”.
Indicaron que si bien a nivel federal se creó en el 2004 la Comisión para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Ciudad Juárez, ésta nunca tuvo facultades legales para proponer o para corregir las actuaciones de los funcionarios del fuero común. Asimismo, especificaron que aunque se hubiera creado en
2004 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Ciudad Juárez, ésta sólo revisó las averiguaciones previas que se tenían en el fuero común en lo que respecta a negligencias y responsabilidades de funcionarios que en ellas habían participado, sin
revisar, proponer, coadyuvar o corregir deficiencias que había encontrado puesto que su mandato no lo facultaba para ello.
492
Cfr. Caso Molina Theissen vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C No. 108, párr. 91; Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, supra nota 489, párr. 193,
y Caso Servellón García y otros vs. Honduras, supra nota 308, párr. 203.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
223
514. El Estado informó que el 29 de agosto de 2003 fue creada la Agencia Mix­
ta del Ministerio Público en el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, para la
Investigación de Homicidios de Mujeres y de los Delitos Conexos (en adelante
“la Agencia Mixta”), mediante un convenio de colaboración entre la PGR y la
PGCH. Conforme a la prueba aportada por las partes, el objeto de la Agencia
Mixta era perseguir los delitos dentro de un marco de plena colaboración y coordinación entre las dos procuradurías e instrumentar acciones conjuntas en las
investigaciones encaminadas a esclarecer los homicidios de mujeres en dicho
municipio. La Fiscalía Especial Federal para Juárez coordinaba y supervisaba la
representación del Ministerio Público de la Federación que conformaba la Agen­
cia Mixta.493
515. El 30 de enero de 2004 se creó la Fiscalía Especial a nivel federal. Conforme lo alegado por el Estado, la Fiscalía Especial Federal para Juárez dependía
de la PGR y “era competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones de los delitos relacionados con homicidios de mujeres del municipio de
Juárez, Chihuahua, en ejercicio de la facultad de atracción en aquéllos que tuvieran conexión con algún delito federal”. Dicha afirmación no fue controvertida
por la Comisión o los representantes. Entre las funciones de la Fiscalía Especial
se encontraba la de “revisar […] e investigar cada uno de los expedientes que con­
tienen información sobre homicidios y desapariciones de mujeres, e investigar
con responsabilidad los casos en que encuentren pruebas de negligencia, ineficiencia o tolerancia por parte de servidores públicos, a fin de evitar la impunidad
y sancionar a aquéllos que hayan dejado de cumplir con su deber”.494 La Corte
observa que la Fiscalía Especial desarrolló cuatro programas específicos dentro
de su plan de trabajo: i) sistematización de la información sobre homicidios de mu­
jeres y delitos relacionados; ii) atención a delitos relacionados con homicidios;
iii) atención a denuncias de mujeres desaparecidas, y iv) atención a víctimas.495
516. La Fiscalía Especial concluyó su actuación en el 2006 al haber sido abrogado el acuerdo de creación de 2004.496 La PGR entregó el 16 de febrero de 2006
493
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en
el Municipio de Juárez, Chihuahua, Primer Informe, 3 de junio de 2004 (expediente de anexos a la
demanda, tomo X, anexo 79, folios 2999 a 3142); Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Informe final, supra nota 87,
folio 14536, e Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1939.
494
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el
Municipio de Juárez, Informe final, supra nota 87, folio 14532.
495
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el
Municipio de Juárez, Informe final, supra nota 87, folios 14532, 14536 y 14537.
496
Cfr. Procuraduría General de la República, Acuerdo No. A/003/06, supra nota 498, folio 15464.
224
cndh/cmdpdh
a la CNDH el informe final de la Fiscalía Especial. La CNDH afirmó que “no se
reportó en el informe final ningún avance significativo a los 3 reportes anteriores, de los que incluso esta Comisión Nacional dio cuenta puntual en su Informe
de evaluación del 23 de agosto de 2005”.497
517. La Fiscalía Especial fue sustituida posteriormente en dos ocasiones: el 16
de febrero de 2006 por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, adscrita a la Oficina del Procurador General de la República, con el objeto de atender delitos relacionados con
actos de violencia contra las mujeres en el país;498 y el 31 de enero de 2008 por la
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, adscrita también a la Oficina del Procurador General de la República,
para investigar y perseguir delitos federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres, así como los de trata de personas.499
518. A nivel local, en agosto de 2005 el estado de Chihuahua modificó el objeto de creación de la FEIHM, ya que según el Estado “antes se concentraba exclusivamente en los homicidios que tuviesen un móvil sexual”, incluyendo desde esa fecha “todos los casos de homicidios dolosos en los que las víctimas fuesen
mujeres”. 500
519. La Corte observa que la actividad de la Fiscalía Especial estuvo limitada
a sistematizar la información de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez y
sólo a investigar los delitos que pertenecieran al fuero federal. 501 El Tribunal
tampoco tiene información actualizada sobre el funcionamiento y efectividad
de la renovada FEIHM.
520. Los representantes no sustentaron su solicitud de reparación en argumentos claros, pertinentes y suficientes sobre los problemas de acceso a la justicia que se derivarían del derecho interno aplicable a la figura de atracción al fuero
federal. Tampoco argumentaron sobre la prueba específica en torno a las políticas diseñadas por el Estado para solucionar la problemática sobre la materia durante los últimos años. Ello le impide al Tribunal pronunciarse sobre esta solicitud de reparación.
497
Cfr. CNDH, Segundo Informe de Evaluación Integral, supra nota 72, folio 4664.
Cfr. Procuraduría General de la República, Acuerdo No. A/003/06, 19 de enero de 2006 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLII, anexo 78, folios 15462 a 15465).
499
Cfr. Procuraduría General de la República, Acuerdo No. A/024/08, 29 de enero de 2008 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLII, anexo 80, folios 15470 a 15473).
500
Cfr Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folios 1937 y 1963 y CNDH, Segundo Informe de Evaluación Integral, supra nota 72, folio 4697.
501
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el
Municipio de Juárez, Informe final, supra nota 87, folios 14532, 14538, 14539 y 14544.
498
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
225
4.2.6. Prohibición a todo funcionario de discriminar por razón de género
521. Los representantes solicitaron la prohibición expresa y sancionada a todo
funcionario presente o futuro dentro de los tres niveles de gobierno que declarare o actuare despreciando o minimizando las violaciones a los derechos de las
mujeres, en particular la negación o minimización de la existencia de violencia
contra las mujeres dentro del contexto de homicidios por motivos de género en
Ciudad Juárez. Señalaron que en distintos momentos históricos, el Estado mexicano ha insistido en reducir, desvirtuar y minimizar las causas y efectos de los
homicidios y desapariciones de cientos de mujeres en esa ciudad, y agregaron
que la actitud de las autoridades ha sido notoriamente discriminatoria.
522. El Estado informó sobre la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, publicada en el 2006, que tiene por objeto regular y garantizar la igual­
dad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al Estado mexicano hacia el cumplimiento de la igualdad
sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento
de las mujeres. La ley creó el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, instalado en el 2007 y, dentro del marco de aplicación de la misma, se
puso en marcha el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012. 502 Por su parte, el Programa Nacional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres 2008-2012 fue presentado en el 2008 dentro del marco del
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012503 y el Estado indicó que “contribuye al
logro de los objetivos, estrategias y prioridades nacionales en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”. Este programa lo dirige el INMUJERES. La ley ha sido replicada en el estado de Chihuahua desde el 2007 al publicar
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del estado de Chihuahua. 504
523. Por su parte, el Estado alegó que la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007, establece “las bases para la
prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres de cualquier edad en el ámbito público y privado”, así como los “preceptos rectores para
que las mujeres cuenten con acceso a una vida libre de violencia en el ámbito federal y local: igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; respeto a la dignidad
502
Cfr. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo
XLIII, anexo 106, folios 16079 a 16089).
503
Cfr. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, estrategia 5.4. del eje 1 y objetivo 16 del eje 3 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLII, anexo 84, folios 15495 a 15792).
504
Cfr. Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado de Chihuahua, supra nota 459, folios 16164 a 16178.
226
cndh/cmdpdh
humana de las mujeres; la no discriminación y libertad de las mujeres”. Añadió
que esta ley “identifica los mecanismos para la prevención, protección y asistencia a las mujeres y niñas para erradicar la violencia en su contra y contempla la
obligación de los órganos de seguridad pública de los estados, de los municipios
y de la federación, así como de los órganos de impartición de justicia, de brindar
una atención adecuada y especial a las víctimas mujeres”. 505 Finalmente, la Ley
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que la
protección de sus derechos tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno
e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional,
social y moralmente en condiciones de igualdad. 506
524. Asimismo, México reguló en el estado de Chihuahua un tipo delictivo
de discriminación y una sanción administrativa para funcionarios públicos que
discriminen conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos. 507
525. Los representantes no argumentaron en torno a los vacíos e insuficiencias que tendrían este tipo de normas, programas y acciones, razón por la cual el
Tribunal no cuenta con elementos para pronunciarse sobre su solicitud.
4.2.7. Ley para regular los apoyos para las víctimas de homicidios
por razones de género
526. Los representantes solicitaron al Tribunal “la creación de una [l]ey que regule […] objetivamente los apoyos específicos para las víctimas del feminicidio,
así como los estándares mínimos para el seguimiento y evaluación de dichos
apoyos”. Dicha solicitud la justificaron en virtud de que los apoyos, de carácter
social o de compensación general, implementados por el Estado a la fecha, no
pueden estar al arbitrio de los funcionarios en turno, y porque los apoyos no se
fijaron ni establecieron con base en criterios internacionales de reparación del
daño sino bajo criterios políticos y de gobierno.
505
Cfr. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, supra nota 124, folios
16091 a 16107.
506
Cfr. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLIII, anexo 103, folios 16049 a 16063).
507
Cfr. artículos 30, 31 y 32 de Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado de Chihuahua, supra nota 459, folio 16177; artículo 197 del Código Penal para el estado de Chihuahua, supra nota 456, folios 14364 a 14452, y artículo 3 de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, supra nota 502, folio 16079.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
227
527. El Estado no se pronunció al respecto específicamente. Sin embargo, la
Corte observa que al brindar el Estado los apoyos a los que este Tribunal se referirá más adelante, les dio el carácter de indemnizaciones adicionales a las que
ofreció en su escrito de contestación de demanda (infra párr. 550), e incluso afirmó que el contacto de las autoridades mantenido con los familiares de las víctimas se tomara “como una muestra de la buena fe del Estado para reparar las consecuencias de las irregularidades aceptadas por las autoridades en un primer
momento de las investigaciones sobre los homicidios de las tres mujeres”.
528. La Corte observa que la titular de la Comisión para Ciudad Juárez reconoció que al crearse el Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas
de Homicidio de Mujeres en el 2005 (infra párr. 557) no se le consideró como
una forma de reparación del daño; el tipo de auxilio se brindó en consideración
de las conductas delictivas del homicida y no de las responsabilidades del Es­
tado; y los apoyos estaban condicionados a la promoción de juicios civiles o familiares. 508
529. El Tribunal considera que no puede confundirse la prestación de los servicios sociales que el Estado brinda a los individuos con las reparaciones a las
que tienen derecho las víctimas de violaciones de derechos humanos, en razón
del daño específico generado por la violación. En tal sentido, el Tribunal no considerará como parte de las reparaciones que el Estado alega haber realizado, los
apoyos gubernamentales que no hayan sido dirigidos específicamente a reparar
la falta de prevención, impunidad y discriminación atribuibles al Estado en el
presente caso.
530. Por otra parte, la Corte considera que no puede indicar al Estado cómo
regular los apoyos que brinde a las personas como parte de un programa de asistencia social, por lo que se abstiene de pronunciarse respecto a esta solicitud de
los representantes.
4.2.8. Capacitación con perspectiva de género a funcionarios
públicos y población en general del Estado de Chihuahua
531. La Comisión solicitó al Tribunal que ordene al Estado realizar programas
de capacitación para funcionarios públicos en todas las ramas de la administración de la justicia y la policía, y políticas integrales de prevención. Asimismo, solicitó se ordene la implementación de políticas públicas y programas instituciona­
les destinados a superar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad
508
Cfr. Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Tercer
Informe de Gestión, supra nota 101, folio 9185.
228
cndh/cmdpdh
de Ciudad Juárez y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden el acceso pleno de las mujeres a la justicia.
532. Los representantes reconocieron que, si bien el Estado ha hecho esfuerzos importantes en materia de capacitación a funcionarios públicos, sobretodo a
aquéllos cuya labor impacta directamente en los casos de desapariciones y homicidios de mujeres, dichos esfuerzos no han sido del todo satisfactorios, al no
haberse desarrollado una perspectiva transversal de género y no incorporar la
perspectiva de género en toda la actividad desarrollada por las autoridades del
Estado. Agregaron que los funcionarios que comparecieron a la audiencia, si bien
han sido capacitados, “no entienden de qué se tratan los contenidos de las Convenciones […] respecto de los derechos” de las víctimas.
533. El Estado señaló que “está conciente de que parte de las irregularidades
cometidas al inicio de la investigación por los homicidios de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez se debieron a la falta de capacitación de los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en las mismas”. Sin embargo, el Estado alegó que la Procuraduría General
de Justicia del estado de Chihuahua diseñó, a partir de octubre de 2004, en coor­
dinación con las instituciones y universidades locales e internacionales, un programa de capacitación en el que invirtió más de 14 millones de pesos para la especialización en técnicas y procedimientos de investigación y profesionalización
en materia pericial. La Corte no cuenta con constancia de la inversión del referido capital. Dicho programa incluye “maestrías con la colaboración de universidades españolas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos”. 509 A través del
Centro de Estudios Penales y Forenses en el 2005, se implementaron más de 122
de programas de capacitación que significaron una inversión superior de 12 millones de pesos. 510 El Tribunal observa que no existe constancia de tal inversión.
509
El Estado adjunto diversos contratos celebrados entre 2005 y 2008 con instituciones nacionales e
internacionales como la UNAM, el Instituto de Mediación de México, S.C., la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad de Barcelona, la
Universidad de Gerona, el IMCAA, S.A. de C.V., el Foro Latinoamericano para la Seguridad Urbana y la Democracia, A.C., entre otros, en colaboración con instancias locales como la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua o la Comisión Estatal de Derechos Humanos e
instancias federales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (expediente de anexos a
los alegatos finales escritos del Estado, tomo L, folios 17565 17833).
510
El Estado exhibió un listado de cursos impartidos durante el 2005 y el 2009 con el nombre del curso, el lugar y fecha de celebración y las personas que fueron capacitadas (Cfr. Procuraduría General
de Justicia del estado de Chihuahua, Centro de Estudios Penales y Forenses, Cursos impartidos
durante 2005-2009, expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo XLIX,
folios 17537 a 17564).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
229
534. En cuanto a temas de capacitación, la Ley Orgánica del Poder Judicial
del estado de Chihuahua da especial importancia, a partir de 2006, a la formación en derechos humanos y equidad de género de los funcionarios que integran
el Poder Judicial estadual o de Chihuahua. 511
535. El Estado afirmó que capacitó con perspectiva de género a funcionarios
públicos de los estados de la República mexicana, entre ellos al estado de Chihuahua, a través de los Cursos de Formación de Multiplicadores del Subprograma
de Equidad de Género. 512 También mencionó que ofreció capacitación a funcionarios públicos federales dentro del marco del programa de Sensibilización con
Perspectiva de Género impartido por el INMUJERES, así como del Subprograma de Equidad de Género a funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad
Pública del Gobierno Federal. Asimismo, indicó que en el 2003 y en el 2004 capacitó a personal de la Secretaría de Seguridad Pública en temas básicos y especializados sobre Derechos Humanos y Seguridad Pública. El Estado no exhibió
prueba que acreditara cuáles funcionarios públicos fueron capacitados.
536. El Estado mencionó que bajo el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012,
dentro de la estrategia 5.4 relativa a “combatir y sancionar con mayor severidad
la violencia de género”, el Gobierno Federal pondrá en operación programas de
“sensibilización y capacitación dirigidos a policías, médicos, ministerios públicos y jueces, y a todo el personal encargado de las labores de protección y atención a las mujeres que sufren de violencia en todas sus manifestaciones”. 513
537. El Estado igualmente se refirió a los siguientes cursos implementados en
2007: un “Diplomado Internacional Género y Sistema Penal”, en el que asistieron 41 funcionarios públicos;514 un “Diplomado de Violencia Familiar y Dere511
Cfr. artículos 135 y 145-k de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Chihuahua, supra
nota 460, folios 14220 y 14226.
512
La Corte observa que consta un comprobante de la realización del curso de formación de multiplicadores a nivel nacional del Subprograma de Equidad y Aplicación del Manual de Equidad de Género en “Prevención de la Violencia Familiar” a autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública
del estado de Chihuahua, y en “Derechos Humanos de la Mujer y Autoestima”, “Masculinidad y
Autoestima” y “Violencia Familiar y Asertividad”, a funcionarios de Chihuahua (Cfr. Avances o
resultados de las acciones en el marco del “PROEQUIDAD”, realizado por el Instituto Nacional
de las Mujeres, Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico, Dirección de Evaluación en el periodo de enero a diciembre de 2005, expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLI, anexo 6, folios 15014 a 15016).
513
Cfr. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, estrategia 5.4., supra nota 503, folio 15495 a 15792.
514
Cfr. convenio celebrado entre el Secretario General Ejecutivo del Foro Latinoamericano para la
Seguridad Urbana y la Democracia A.C. y la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua el 15 de mayo de 2007 (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado,
tomo L, folios 17675 a 17688).
230
cndh/cmdpdh
chos Humanos”, el cual reunió a 69 integrantes de la Procuraduría;515 el curso
“Bases y Principios de Alta Especialidad en Derecho Procesal y Género”;516 el
curso “Violencia Doméstica, un Problema de Todos”, dirigido al personal del
centro de justicia alternativa Unidad de Atención Temprana y Unidad Especializada de Delitos Contra la Libertad, Seguridad Sexual y contra la Familia. 517 En
2008, el Estado aludió al curso “Peritajes Forenses en caso de Violencia de Géne­
ro”, el cual fue dirigido a psicólogos de la “Dirección de Atención a Victimas”. 518
Asimismo, existe en el estado de Chihuahua la “Licenciatura en Procuración de
Justicia” cuyo programa de estudio contempla la materia “Perspectiva de Gé­
nero”. 519
538. La Corte observa que la testigo Castro Romero declaró que en los días
14 de octubre y 26 de noviembre de 2005 se llevó a cabo el diplomado “Género y
Derechos Humanos”, impartido por la red de instituciones públicas que atienden a mujeres en situación de violencia. Asimismo, hizo referencia al seminario
sobre “Derecho Internacional de los Derechos Humanos, estrategias de Litigio”
en el cual participaron alrededor de “60 personas, entre ellas la Subprocuradura
de la Zona Norte de la PGJE y personal de la FEVIM”. 520
515
Cfr. convenio de colaboración para el diplomado “Violencia Familiar y Derechos Humanos” entre
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua y la Universidad Nacional Autónoma de México del 9 de abril de 2007 (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo L, folio 17689) e informe acerca de las políticas institucionales implementadas para prevenir, investigar, sancionar y eliminar la violencia en contra de las mujeres, emitido por la
Procuraduría General del Estado de Chihuahua (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XL, anexos 60, folio 14960).
516
Cfr. contrato de prestación de servicios entre la PGJCH y el Instituto Mexicano de Ciencias y Artes Aplicadas (INMCAA S.A. de C.V.) de 1 de febrero de 2007 (expediente de anexos a los alegatos
finales escritos del Estado, tomo L, folio 17696).
517
El Estado anexó un listado del Centro de Estudios Penales y Forenses, con los cursos impartidos
del 2005 al 2009. En el mismo consta que se impartió un curso denominado “Curso de Violencia
Doméstica; Un Problema para Todos”, con una duración de 12 horas, dirigido a 26 personas, entre
el 26 al 28 de junio de 2007 (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo
XLIX, folio 17551).
518
Dentro del listado de cursos impartidos durante el 2005 y el 2009, el Estado indicó que en octubre
de 2008 el Instituto Chihuahuense de la Mujer impartió el curso “Peritajes Forenses en caso de
Violencia de Género” a 8 psicólogos de atención a víctimas de la Procuraduría (Cfr. Procuraduría
General de Justicia del estado de Chihuahua, Centro de Estudios Penales y Forenses, supra nota
510, folio 17563).
519
El Estado anexó un listado sobre capacitación en el 2005 donde se hace referencia a una “Licenciatura en Procuración de Justicia” que involucraría a una cantidad de 549 personas (expediente de
anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo XLIX, folio 17535).
520
Cfr. declaración rendida ante fedatario público por la testigo Castro Romero el 27 de abril de 2009,
anexo 1 (expediente de fondo, tomo VIII, folios 2927 y 2928).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
231
539. Además, el testigo Caballero Rodríguez, agente del Ministerio Público a
cargo de las investigaciones en el presente caso, manifestó haber recibido capacitación, entre otros temas, en relación con la Convención Americana y la Convención Belem do Pará. 521
540. La Corte valora positivamente todas las capacitaciones con perspectiva
de género que el Estado ha realizado a funcionarios públicos a partir del año
2004, así como el posible destino de cuantiosos recursos destinados para dicha
finalidad. Sin embargo, la capacitación, como sistema de formación continua, se
debe extender durante un lapso importante para cumplir sus objetivos. 522 Además, la Corte señala que una capacitación con perspectiva de género implica no
solo un aprendizaje de las normas, sino el desarrollo de capacidades para reconocer la discriminación que sufren las mujeres en su vida cotidiana. En particular, las capacitaciones deben generar que todos los funcionarios reconozcan las
afectaciones que generan en las mujeres las ideas y valoraciones estereotipadas
en lo que respecta al alcance y contenido de los derechos humanos.
541. En consecuencia, sin perjuicio de la existencia de programas y capacitaciones dirigidas a funcionarios públicos encargados de la impartición de justicia
en Ciudad Juárez, así como de cursos en materia de derechos humanos y género,
el Tribunal ordena que el Estado continúe implementando programas y cursos
permanentes de educación y capacitación en: i) derechos humanos y género;
ii) perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y
homicidios de mujeres por razones de género, y iii) superación de estereotipos
sobre el rol social de las mujeres.
542. Los programas y cursos estarán destinados a policías, fiscales, jueces,
militares, funcionarios encargados de la atención y asistencia legal a víctimas del
delito y a cualquier funcionario público, tanto a nivel local como federal, que par­
ticipe directa o indirectamente en la prevención, investigación, procesamiento,
sanción y reparación. Dentro de dichos programas permanentes deberá hacerse
una especial mención a la presente Sentencia y a los instrumentos internacionales de derechos humanos, específicamente, a los relativos a violencia por razones
de género, entre ellos la Convención Belém do Pará y la CEDAW, tomando en
cuenta cómo ciertas normas o prácticas en el derecho interno, sea intencionalmente o por sus resultados, tienen efectos discriminatorios en la vida cotidiana
de las mujeres. Los programas deberán también incluir estudios sobre el Protocolo de Estambul y el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de
521
Cfr. declaración del testigo Caballero Rodríguez, supra nota 386.
Cfr. Caso Escher y otros vs. Brasil, supra nota 46, párr. 251.
522
232
cndh/cmdpdh
Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas. El Estado deberá informar anualmente, durante tres años, sobre la implementación
de los cursos y capacitaciones.
543. Además, teniendo en cuenta la situación de discriminación en contra de
la mujer reconocida por el Estado, es necesario que éste realice un programa de
educación destinado a la población en general del estado de Chihuahua, con el
fin de superar dicha situación. A tal efecto, el Estado deberá presentar un informe
anual por tres años, en el que indique las acciones que se han realizado con tal fin.
5. Rehabilitación
544. La Comisión manifestó que “México debe adoptar medidas de rehabilitación para los familiares de las víctimas”, las cuales deben incluir “medidas de rehabilitación psicológica y médica”.
545. Los representantes solicitaron “que el Estado [m]exicano brinde la asisten­
cia médica y psicológica desde dos instituciones de carácter federal para garan­ti­
zar un servicio de calidad o […] que garantice la remuneración de los especialistas que atiendan a las familias hasta que […] se concluya con los […] tratamientos”.
Lo anterior debido a que “las violaciones a los derechos humanos cometidas en
contra de [las tres víctimas] han tenido repercusiones de fuerte impacto en sus
[…] madres [,] al haber sufrido ellas […] otras violaciones a los derechos fundamentales”. Además, afirmaron que “las familias de la víctimas” han padecido
“problemas físicos y psicológicos”.
546. El Estado afirmó que brindó atención médica y psicológica a los familiares de las víctimas a través de “[l]a Dirección de Atención a Víctimas del Delito,
dependiente de la PGJCH”, del “Instituto Chihuahuense de la Mujer”, de “[l]a
Secretaría de Fomento Social del Estado de Chihuahua […]” y del “Centro de
prevención y atención a mujeres y familias en situación de violencia”.
547. La Corte observa que el Estado presentó diversas listas elaboradas por
organismos estatales523 referentes a la supuesta atención médica y psicológica pro­
523
Cfr. relación de pagos en el Hospital General de Madres de Víctimas de Feminicidios que comprende el periodo del 2002 al 8 de mayo de 2007 elaborada por la jefatura de trabajo social de dicha
institución el 11 de mayo de 2007 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo
XLI, anexo 133, folio 15138); relación de medicamentos proporcionados por la Dirección de Fomento Social a la señora Benita Monárrez Salgado elaborado por el Director de Fomento Social el
11 de mayo de 2007 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLI, anexo 133,
folio 15140); relación de medicamentos proporcionados por la Dirección de Fomento Social a la
señora Irma Monreal Jaime elaborado por Director de Fomento Social el 11 de mayo de 2007 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLI, anexo 133, folio 15141); relación
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
233
porcionada a los familiares de las víctimas. También observa que la testigo Camberos Revilla afirmó que las tres madres recibieron tratamiento médico y que el
Estado ofreció tratamiento psicológico a las señoras González y Monreal, aunque esta última se rehusó a recibirlo. 524 La testigo Galindo afirmó que la Secretaría de Fomento Social del estado de Chihuahua apoyó con medicinas y servicio
médico a los familiares de las jóvenes Ramos y González. 525 Conforme a la declaración de la testigo Castro Romero, la señora González y la señora Monreal
participaron en terapias grupales denominadas “Del Dolor a la Esperanza”. 526
También consta que en la audiencia pública la señora González afirmó que el Estado le proporcionó asistencia médica. 527
548. Si bien este Tribunal valora la asistencia médica y psicológica que el Estado ha brindado a algunas de las víctimas, el Estado no demostró que cada uno
de los familiares hubiesen recibido o sigan recibiendo algún tratamiento psicológico, psiquiátrico o médico, y no acreditó la calidad de las terapias o las consultas y el progreso obtenido por los pacientes a la fecha.
549. Por lo tanto, la Corte, como medida de rehabilitación, ordena al Estado
que brinde atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de instituciones estatales de salud especializadas, a todos los familiares considerados víctimas por este Tribunal en el caso
sub judice, si éstos así lo desean. El Estado deberá asegurar que los profesionales
de las instituciones de salud especializadas que sean asignados para el tratamien­
to de las víctimas valoren debidamente las condiciones psicológicas y físicas de
cada víctima y tengan la experiencia y formación suficiente para tratar tanto los
problemas de salud físicos que padezcan los familiares como los traumas psicológicos ocasionados como resultado de la violencia de género, la falta de respuesta estatal y la impunidad. Asimismo, el tratamiento debe prestarse por el tiempo
de servicios médicos otorgados a las personas que pertenecen al Programa de Atención a Víctimas
elaborada por el Director de General del Hospital de la Mujer el 11 de mayo de 2007 (expediente
de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLI, anexo 133, folio 15143); relación de atención
médica y atención psicológica elaborada por el Centro de Prevención y Atención a Mujeres y Familias en Situación de Violencia el 11 de mayo de 2007 (expediente de anexos a la contestación de
la demanda, tomo XLI, anexo 133, folio 15165), y oficio No. Jur/0223/2007 emitido por el Instituto Chihuahuense de la Mujer el 4 de mayo de 2004 (expediente de anexos a la contestación de la
demanda, tomo XLI, anexo 133, folios 15173 y 15174).
524
Cfr. declaración rendida ante fedatario público por la testigo Camberos Revilla el 8 de abril de
2009 (expediente de fondo, tomo IX, folios 2981 a 2983).
525
Cfr. declaración rendida ante fedatario público por la testigo Galindo López el 16 de abril de 2009
(expediente de fondo, tomo X, folios 3308 y 3309).
526
Cfr. declaración rendida por la testigo Castro Romero, supra nota 520, folios 2922 a 2924.
527
Cfr. declaración rendida por la señora González, supra nota 183.
234
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que sea necesario e incluir el suministro de todos los medicamentos que eventualmente requieran. 528
6. Indemnizaciones
550. El Estado informó que como resultado del reconocimiento de violaciones
parciales al derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares, ha otorgado, a través de sus autoridades locales y federales, una serie de apoyos para reparar dichas violaciones. 529 Asimismo, el Estado solicitó a la Corte que “analice los
datos que se exponen sobre los apoyos materiales otorgados a los familiares de
[las tres víctimas] a fin de determinar que se ha cumplido con la obligación internacional de indemnizar a las víctimas por el reconocimiento de responsabilidad en la violación parcial de los derechos […] mencionados”.
551. Los representantes señalaron que “el único apoyo extraordinario entregado a las familias de las víctimas […] es el denominado ‘Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres’, creado en el
2005 ex profeso para indemnizar a las familias víctimas del feminicidio de Ciudad Juárez”, y que “dichas cantidades son las que reconocen las familias de las
víctimas como indemnización o pago extraordinario por concepto de reparación de daño material, sin que hayan estado [de] acuerdo en los requisitos, procedimientos y condiciones para su entrega, pues se les pedía antes de la entrega
que ‘aceptaran’ los restos de sus hijas y [que] ‘desistieran’ de buscar confronta
genética que demostrara claramente su correspondencia filial”.
552. Los representantes reconocieron la entrega por parte del Estado de los
siguientes recursos provenientes del Fondo de Auxilio Económico a Familiares
de las Víctimas de Homicidio de Mujeres (en adelante “el Fondo de Apoyos”), a
las siguientes personas:
528
Cfr. Caso Kawas Fernández vs. Honduras, supra nota 190, párr. 209 y Caso Anzualdo Castro vs. Perú,
supra nota 30, párr. 203.
529
El Estado cuantificó el valor de los apoyos materiales por los siguientes montos: $551.874,27 (quinientos cincuenta y un mil ochocientos setenta y cuatro pesos mexicanos con 27/100) para los fa­
mi­l iares de Laura Berenice Ramos Monárrez; $ 545.358,01 (quinientos cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y ocho pesos mexicanos con 01/100) para la familia de Esmeralda Herrera
Monreal, y $504.602,62 (quinientos cuatro mil seiscientos dos pesos mexicanos con 62/100) para
los familiares de Claudia Ivette González.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
Familiar
Esmeralda Herrera Monreal
Irma Monreal Jaime
Benigno Herrera Monreal
Adrián Herrera Monreal
Juan Antonio Herrera Monreal
Cecilia Herrera Monreal
Claudia Ivette González
Irma Josefina González Rodríguez
Laura Berenice Ramos Monárrez
Benita Monárrez Salgado
Daniel Ramos Canales530
235
Monto
$136,656.00 pesos
$34,164.00 pesos
$34,164.00 pesos
$34,164.00 pesos
$34,164.00 pesos
$273,312.00 pesos
$136,656.00 pesos
$136,656.00 pesos
530
553. Los representantes también indicaron de forma general que los apoyos
otorgados por el Estado “incluye[n] apoyos en especie y apoyos de carácter social que han sido otorgados algunos a petición expresa de los familiares de las
víctimas y otros que forman parte de programas de apoyo social que actualmente presta el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Gobierno Federa[l] a favor
de las víctimas de violencia contra las mujeres y feminicidio de Ciudad Juárez”.
Asimismo, afirmaron que incluyen “otros programas sociales que están a disposición y para el beneficio de la sociedad en general pretendiendo acreditar que
todos ellos forman parte de una reparación material integral otorgada a las víctimas”. Finalmente, señalaron que “algunos apoyos fueron destinados a las familias como parte de un financiamiento para proyectos productivos con participación de los gobiernos estatal y federal […] sin mencionar que esos apoyos forman
parte de una política pública del Gobierno Federal de apoyo a personas que deseen emprender un negocio y que se encuentran en una situación económica
desfavorable”.
554. La Corte observa que entre los apoyos probados que el Estado otorgó a
las víctimas se encuentran: i) los recursos del Fondo de Apoyos que representan
el 50% o más, dependiendo del caso, del valor total de los apoyos que alega el Estado haber otorgado a los familiares de las víctimas;531 ii) apoyos para vivienda
530
El padre de la joven Ramos no fue incluido por la Comisión como víctima en el presente caso.
Cfr. certificación de entrega del apoyo del Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, a favor de: Benita Monárrez
531
236
cndh/cmdpdh
con recursos provenientes del Instituto de la Vivienda del estado de Chihuahua
(IVI) para la señora González y el señor Adrián Herrera Monreal, que según el
Estado ascienden a la cantidad de de $114.200,00 (ciento catorce mil doscientos
pesos mexicanos), respectivamente,532 y apoyo consistente en un contrato de com­
praventa celebrado con el IVI por el que la señora Monárrez adquirió el inmueble por la cantidad de un $1,00 (un peso mexicano);533 iii) apoyos para proyectos
productivos provenientes de un programa coordinado por el Gobierno federal a tra­
vés de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) por la cantidad de $ 60,000,00
(sesenta mil pesos mexicanos) y de $83.000,00 (ochenta y tres mil pesos mexica­
nos) entregados a la señora Monárrez y a la señora Monreal, respectivamente, 534
Salgado, el 11 de noviembre de 2005 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo
XLI, anexo 133, folios 15069 a 15072); Daniel Ramos Canales, el 13 de diciembre de 2005 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLI, anexo 133, folios 15057 a 15061); Ceci­
lia Herrera Monreal, Juan Antonio Herrera Monreal, Benigno Herrera Monreal y Adrián Herrera
Monreal, el 27 de noviembre de 2006 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo
XLIV, anexo 129 y 130, folios 16303 a 16305); Irma Monreal Jaime, el 27 de abril de 2006 (expedien­
te de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLIV, anexos 129 y 130, folios 16327 a 16329),
e Irma Josefina González Rodríguez, el 11 de noviembre de 2005 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLV, anexo 132, folios 16527 a 16530).
532
En el acervo probatorio sólo consta un listado de viviendas del IVI donde aparace que las señoras
González y Monreal recibieron cada una un inmueble en la calle “Vista del Pino”. Por otro lado,
consta un contrato de compraventa de inmueble por la cantidad de $30.000,00 (treinta mil pesos
mexicanos) celebrado por Adrían Herrera Monreal en la calle “Vista del Prado”. No existe constancia de que alguno de los tres inmuebles recibidos asciendan al valor que alega el Estado (Cfr. relación de madres de víctimas que cuentan con vivienda del Instituto de la Vivienda, expediente de
anexos a la contestación de la demanda, tomo XLV, anexo 132, folio 16570), y contrato privado
de compraventa del inmueble celebrado por Adrián Herrera Monreal el 19 de junio de 2007, expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLIV, anexo 130, folios 16458 a 16460).
533
Cfr. declaración de la señora Monárrez, supra nota 183. Ver además, contrato de compra venta celebrado por la señora Benita Monárrez Salgado el 18 de abril de 2006 (expediente de anexos a la
contestación de la demanda, tomo XLI, anexo 127, folios 15078 y 15079); declaración de la testigo
Camberos Revilla, supra nota 524, folio 2982; oficio No. Jur/0223/2007 del Instituto Chihuahuense de la Mujer de 4 de mayo de 2004 (expediente de anexos a la contestación de la demanda,
tomo XLI, anexo 133, folio 15173), y declaración de la testigo Galindo López, supra nota 525, folio
3308.
534
Cfr. comprobante de entrega a la señora Benita Monárrez Salgado de $60.000,00 (sesenta mil pesos
mexicanos) mediante el programa de opciones productivas el 31 de mayo de 2005 (expediente de
anexos a la contestación de la demanda, tomo XLIV, anexo 128, folio 16262) y comprobante de entrega a la señora Irma Monreal Jaime de $83.660,00 (ochenta y tres mil seiscientos sesenta pesos
mexicanos) mediante el programa de opciones productivas el 31 de mayo de 2005 (expediente de
anexos a la contestación de la demanda, tomo XLIV, anexo 131, folio 16464).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
237
y iv) diversos apoyos consistentes en despensas, otros donativos en especie y dinero en efectivo. 535
535
Relacionados con la joven Ramos: lista de apoyos (despensa) elaborada por el programa de Atención
a Víctimas de la Subprocuraduría de Justicia el 30 de marzo de 2004 (expediente de anexos a la
contestación de la demanda, tomo XLI, anexo 133, folio 15094); lista de apoyos (carne) elaborada
por el programa de Atención a Víctimas de la Subprocuraduría de Justicia el 30 de marzo de 2004
(expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLI, anexo 133, folio 15100); constan­
cia de entrega (caja de carne) a la señora Benita Monárrez Salgado emitida por el Departamento de
Atención a Víctimas de los Delitos el 30 de marzo de 2004 (expediente de anexos a la contesta­
ción de la demanda, tomo XLI, anexo 133, folio 15098); constancia de entrega (despensa) a Claudia Ivonne Ramos Monárrez emitida por la Oficina de Atención a Víctimas de los Delitos el 22 de
abril de 2004 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLI, anexo 133, folio
15103); declaración de la testigo Galindo López, supra nota 525, folios 3305 a 3309; recibos de pa­
go emitidos por la Subprocuraduría de Justicia a favor de la señora Monárrez Salgado el 29 de octubre, 14 y 28 de noviembre y 12 y 29 de diciembre de 2003 (expediente de anexos a la contestación
de la demanda, tomo XLI, anexo 133, folios 15109, 15111, 115113, 15115 y 15117); recibos de pago
No. AFV-00294, AFV-00335, AFV-00376 y uno sin número emitidos por el Instituto Chihuahuen­
se de la Mujer el 31 de mayo, 15 de junio, 30 de junio y 3 de febrero de 2004 (expediente de anexos
a la contestación de la demanda, tomo XLI, anexo 133, folios 15145, 15147, 15151 y 15155); constancia de entrega (calentón y tanque de gas) emitida por la Unidad de Atención a Víctimas de los
Delitos el 3 de febrero de 2004 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLI,
anexo 133, folio 15233); declaración de la testigo Camberos Revilla, supra nota 524, folios 2981 a
2983, y oficio No. Jur/0223/2007 emitido por el Instituto Chihuahuense de la Mujer el 4 de mayo
de 2004 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLI, anexo 133, folios 15173
y 15174). Relacionados con la joven Herrera: lista de apoyos (carne) elaborada por el programa de
Atención a Víctimas de la Subprocuraduría de Justicia el 30 de marzo de 2004 (expedientes de anexos
a la contestación de la demanda, tomo XLIV, anexo 130, folio 16277); lista de apoyos (despensas)
elaborada por el programa de Atención a Víctimas de la Subprocuraduría de Justicia el 30 de marzo de 2004 (expedientes de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLIV, anexo 130, folio
16274); constancia de entrega (despensa) emitida por Departamento de Atención a Víctimas de
los Delitos el 31 de marzo de 2004 (expedientes de anexos a la contestación de la demanda, tomo
XLIV, anexo 130, folio 16280); recibos de pago emitidos por la Subprocuraduría de Justicia a favor
de la señora Monreal Jaime el 29 de abril, 29 de mayo, 12 de junio, 10 y 31 de julio, 14 y 28 de agos­
to de 2003 (expedientes de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLIV, anexo 130, folios
16267, 16268, 16269, 16270, 16271, 16272 y 16273), y declaración de la testigo Galindo López, supra nota 525, folios 3305 a 3309. Relacionados con la joven González: lista de apoyos (carne) elabora­
da del programa de Atención a Víctimas de la Subprocuraduría de Justicia el 30 de marzo de 2004,
(expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLV, anexo 132, folio 16476); lista
de apoyos (despensa) elaborada por el programa de Atención a Víctimas de la Subprocuraduría de
Justicia el 30 de marzo de 2004 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLV,
anexo 132, folio 16479); constancia de entrega (caja de carne) a la señora Irma Josefina González
Rodríguez emitida por el Departamento de Atención a Víctimas de los Delitos el 30 de marzo de
2004 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLV, anexo 132, folio 16481), y
constancia de entrega (despensa) a la señora Irma Josefina González Rodríguez emitida por el De-
238
cndh/cmdpdh
555. La Corte observa que diversos apoyos otorgados por el Instituto Chihuahuense de la Mujer no se encuentran probados. Si bien el Estado los relacionó y
existen diversos testimonios de autoridades de haber sido otorgados, dentro del
acervo probatorio no existen comprobantes que permitan a este Tribunal corroborar que fueron recibidos por los familiares de las víctimas. 536
556. En el año de 2004, la PGR celebró un contrato de mandato con una institución de crédito para administrar el Fondo de Auxilio Económico a los Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua (en adelante “el Fondo de Apoyos”). En su primera sesión ordinaria del
29 de junio de 2005, el Consejo Asesor emitió los “Lineamientos generales a los
que habrá de sujetarse la administración, aplicación y entrega de los recursos que,
en vía de auxilio económico, se otorgarán a familiares de las víctimas de homicidio de mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua”. 537
557. La Corte observa que conforme los lineamientos del Fondo de Apoyos,
“el auxilio económico que se otorgará a los familiares de las víctimas con cargo
al Fondo, en términos de la legislación aplicable, no constituye indemnización o
reparación del daño”. 538 Asimismo, esta Corte observa que el día 11 de noviembre de 2005 el mandatario del referido fondo entregó un cheque a las personas
referidas, haciéndoles declarar lo siguiente:
agrega, bajo protesta de decir verdad, haber recibido los restos de su hija quien en
vida se llamara [nombre de cada una de las tres víctimas], por lo que no solicitará
partamento de Atención a Víctimas de los Delitos el 2 de abril de 2004 (expediente de anexos a la
contestación de la demanda, tomo XLV, anexo 132, folio 16538). En el expediente se encuentra
una lista elaborada por el departamento administrativo de la Procuraduría General de Justicia del
estado de Chihuahua refiriéndose a cheques girados por la Subprocuraduría de Justicia Zona Norte en el período 2002 a 2006. Sin embargo, esta Corte no analiza dicha lista ya que el Estado no la
relacionó con algún apoyo, ni las cantidades coinciden con algún concepto alegado por el Estado.
Además, el Estado no anexó al material probatorio los cheques que supuestamente se habrían girado (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLI, anexo 133, folios 15168 al
15172).
536
Cfr. declaración de la testigo Camberos Revilla, supra nota 524, folios 2977 a 2985; oficio No.
Jur/0223/2007 emitido por el Instituto Chihuahuense de la Mujer el 4 de mayo de 2004 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XLI, anexo 133, folios 15173 y 15174), y
declaración de la testigo Galindo López, supra nota 525, folios 3305 a 3309.
537
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el
Municipio de Juárez, Informe final, supra nota 87, folio 14598.
538
Cfr. acuerdo No. CA/001/05 del Consejo Asesor de Aplicación del Fondo de Auxilio Económico a
Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, de la
Procuraduría General de la República de 29 de julio de 2005 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XL, anexo 59, folio 14919).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
239
ante las autoridades competentes ningún estudio de ADN o diligencia diversa al
respecto, toda vez que los restos humanos que se les entregaron en su oportunidad corresponden indubitablemente a los de la hija. 539
558. El Tribunal sostiene que de ninguna manera podría considerar estos recursos como una forma de reparación por daño material a las víctimas, ya que el
propio Estado reconoció que los mismos no pueden ser considerados como una
forma de reparación y porque fueron otorgados bajo la condición de que los familiares desconocieran su derecho de acceso a la justicia y conocimiento de la
verdad. En virtud del principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nadie puede alegar a su favor su propia torpeza o dolo), el cual ha sido recogido por
el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la jurisprudencia de la Corte, 540 el Estado no puede invocar en su beneficio un convenio celebrado con las víctimas que incumple con la Convención para justificar
que las ha reparado.
559. En cuanto a los apoyos para vivienda con recursos provenientes del IVI,
consistentes en dos ‘pies de casa’ y a los apoyos para proyectos productivos prove­
nientes de un programa coordinado por el Gobierno federal a través de la Secreta­
ría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Corte se remite a lo expuesto en el párrafo
529 y, consiguientemente, no las considera parte de la indemnización debida a
las víctimas. 541
539
Cfr. certificación de entrega del apoyo del Fondo de Auxilio Económico a Familiares a favor de Benita Monárrez Salgado, el 11 de noviembre de 2005; Daniel Ramos Canales, el 13 de diciembre de
2005; Cecilia Herrera Monreal, Juan Antonio Herrera Monreal, Benigno Herrera Monreal y Adrián
Herrera Monreal, el 27 de noviembre de 2006; Irma Monreal Jaime, el 27 de abril de 2006, e Irma
Josefina González Rodríguez, el 11 de noviembre de 2005, folios 15069 a 15072, 15057 a 15061,
16303 a 16305, 16327 a 16329, y 16527 a 16530, respectivamente.
540
Cfr. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts.
1 y 2 Convención Americana de Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, párr. 35 y Caso Castillo Páez vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de 3 de abril de 2009, considerando quinto.
541
Las señoras González y Monreal reconocieron haber recibido los “pies de casa”. No obstante, el
Estado no contravino una de las declaraciones de las madres en la audiencia pública en relación
con las condiciones de los inmuebles, según las cuales “nos dieron un pie de casa que son veinte
metros con algo así, está en zona de riesgo, está en un basurero, […] está peligroso, es una zona de
riesgo” (Cfr. declaración de la señora González, supra nota 183). Tampoco contravino una decla­
ración de la perita Azaola Garrido en el sentido de que el “pie de casa” que el Estado les concedió
“[s]e trata de una habitación de, aproximadamente, 4 x 4 metros, en un paraje distante de la ciudad,
que carece de todo tipo de servicios y que inclusive en sus inicios carecía de transporte público,
lo que implicaba tiempos de traslado para sus sitios de trabajo hasta de dos horas, así como largas
240
cndh/cmdpdh
560. Finalmente, en lo referente al apoyo consistente en un contrato de compraventa celebrado con el IVI por el que la señora Monárrez adquirió el inmueble referido en el párr. 554, así como a diversos apoyos consistentes en despensas, otros donativos en especie y dinero en efectivo, la Corte los tomará en
cuenta para efectos del cálculo de las indemnizaciones.
6.1. Daño material
6.1.1. Daño emergente
561. Los representantes señalaron que, “con motivo de las desapariciones y posteriores muertes de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura Berenice, las respectivas
familias de cada una de ellas tuvieron que hacer una serie de gastos extraordinarios, […] recalcando que éstos no se limitaron solamente a los gastos funerarios
y de inhumación de los cuerpos”. Indicaron que, “desde el momento de las desapariciones de cada una de las víctimas las familias tuvieron que realizar diversos
gastos, consistentes en impresi[ones] y copias de volantes […] para publicitar su
desaparición”, de igual manera tuvieron que sufragar los “viáticos extraordinarios de varios miembros de las familias […], para ayudar en su localización” y hacer
“pagos extraordinarios de teléfono y otros diversos erogados durante las semanas en que estuvieron desaparecidas”. Señalaron que a pesar de que no cuentan
con los comprobantes respectivos de los gastos, consideran pertinente que la
Corte otorgue una indemnización general por cada semana de desaparición hasta el momento de la localización de los cuerpos de US$ 150,00 (ciento cincuenta
dólares de los Estados Unidos de América) distribuidos de la siguiente manera:
i) a la joven Herrera, US$ 150,00 (ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América); ii) a la joven González, US$ 600,00 (seiscientos dólares de los
Estados Unidos de América), y iii) a la joven Ramos, US$ 1.050,00 (mil cincuenta dólares de los Estados Unidos de América).
562. Los representantes reconocieron que el Estado otorgó un apoyo extraordinario por concepto de pago de servicios funerarios en el año 2004 y 2006 para
cubrir “una parte de los gastos erogados a la señora Monreal y a la señora González en el año 2001”, estimados en $ 2.600,00 (dos mil seiscientos pesos mexicanos) y $ 6.500,00 (seis mil quinientos pesos mexicanos), respectivamente. Respecto a la señora Monárrez, señalaron que “no hay constancia de que [el] apoyo
extraordinario haya sido entregado”.
jornadas en que los niños debían permanecer solos” (Cfr. declaración de la perito Azaola Garrifo,
supra nota 186, folio 3370).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
241
563. Sin exhibir comprobantes de los gastos funerarios, los representantes
solicitaron fijar por concepto de daño emergente derivado de los gastos funerarios de las familias de las víctimas las sumas de: i) US$ 1.000,00 (mil dólares de
los Es­tados Unidos de America) para la señora Monreal, y compensar los gastos que no fueron debidamente cubiertos por el Estado en el año 2006; ii) US$
1.000,00 (mil dólares de los Estados Unidos de America) para la señora González, y compensar los gastos que no fueron cubiertos por el Estado en el año
2004, y iii) US$ 1.300,00 (mil trescientos dólares de los Estados Unidos de Amé­
rica) para la señora Monárrez, y compensar los gastos realizados y que no fueron
compensados en ningún momento por el Estado.
564. El Estado presentó una propuesta de reparación frente a cada una de las víc­
timas y respecto al daño emergente estableció que los gastos erogados por los familiares de las víctimas, como consecuencia de su muerte, se podrían englobar
en $ 10.000,00 (diez mil pesos mexicanos) para cada víctima, teniendo en cuenta
lo que el concepto “gastos funerarios” equivaldría en Ciudad Juárez. Asimismo,
anunció que la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua entregó a los familiares de la joven Herrera por el concepto de pago de servicios funerarios en 2006 un total de $ 3.300,00 (tres mil trescientos pesos mexicanos), 542 y
anteriormente el Instituto Chihuahuense de la Mujer otorgó en el 2004 a la señora Monreal y sus familiares un total de $ 6.500,00 (seis mil quinientos pesos
mexicanos) por concepto de apoyo para gastos funerarios. 543
565. Ante la falta de presentación de comprobantes que prueben que los gastos funerarios ascendieron a las cantidades solicitadas por los representantes y
teniendo en cuenta que: i) los representantes reconocieron que la señora Monreal y la señora González recibieron $ 2,600.00 (dos mil seiscientos pesos mexicanos) y $ 6,500.00 (seis mil quinientos pesos mexicanos), respectivamente; ii)
la falta de prueba del Estado de haber otorgado apoyo alguno por concepto de
gastos funerarios a la señora Monárrez, y iii) el reconocimiento del Estado de que
en Ciudad Juárez los gastos funerarios equivalen a $10.000,00 (diez mil pesos
mexicanos), este Tribunal considera, en equidad, que le sean entregados a la señora Monreal US$ 550,00 (quinientos cincuenta dólares de los Estados Unidos
de América), a la señora González US$ 250,00 (doscientos cincuenta dólares de
los Estados Unidos de América) y a la señora Monárrez US$ 750,00 (setecientos
cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de gastos funerarios.
542
Cfr. declaración de la testigo Galindo López, supra nota 525, folio 3308.
Cfr. declaración de la testigo Camberos Revilla, supra nota 524, folio 2982.
543
242
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566. Respecto a los gastos extraordinarios, dado que: i) los representantes no
señalaron por qué el Tribunal debía ordenar al Estado indemnizar los gastos extraordinarios, diferentes a los funerarios, en que incurrieron los familiares de las
víctimas, tomando como base para el cálculo la cantidad de US $150,00 (ciento
cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) por cada semana de desaparición hasta la fecha de localización de los cuerpos; ii) en la audiencia dos de
las madres reconocieron de forma general haber realizado gastos diferentes a los
funerarios, 544 y iii) el Estado no controvirtió esta solicitud de gastos concretamente, sino que se limitó a proponer sólo una indemnización por el concepto de
“gastos funerarios”; la Corte decide otorgar, en equidad, por concepto de gastos
de búsqueda: i) US $150,00 (ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de
América) a la señora Monreal; ii) US $600,00 (seiscientos dólares de los Estados
Unidos de América) a la señora González; y, iii) $1.050,00 (mil cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) a la señora Monárrez.
567. Las indemnizaciones fijadas en el párrafo anterior serán entregadas directamente a sus destinatarias.
6.1.2. Lucro cesante o pérdida de ingresos
568. Los representantes alegaron que un cálculo “más exacto” del lucro cesante
exige tener en cuenta cierto tipo de “incremento[s] anual[es]” respecto al “salario diario” y al “salario actualizado” que percibían las víctimas. Asimismo, aludie­
ron a conceptos tales como “factor de integración” y “salario progresivo de los
años subsecuentes”. Indicaron que se deberían integrar todos los “factores” que
la Corte ha desarrollado en su jurisprudencia y que están relacionados con la “pon­
deración de la edad al momento de la muerte, los años faltantes para completar
la expectativa de vida promedio del país en cuestión” y un “estimado” de los sala­
rios que se pagan por el “tipo de labor realizada por las víctimas”, así como su “pre­
paración y oportunidades profesionales”. Señalaron que no se debería descontar
“el 25% por gastos personales que pudiera[n] haber erogado la[s] víctima[s]”, en
virtud de que en el caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, “el Tribunal no descontó esa cantidad”. Finalmente, desarrollaron una fórmula para calcular el lucro cesante mediante la cual calcularon las cantidades debidas a cada víctima
por dicho concepto. 545
544
La señora González hizo referencia a gastos por copias y otros conceptos. Por su parte, la señora
Monárrez hizo referencia a gastos por estudios de ADN (Cfr. declaraciones de las señoras Monárrez y González, supra notas 183).
545
Los representantes exhibieron cuadros de cálculo para monto de lucro cesante de las víctimas sin
explicitar en los mismos el desarrollo de la fórmula (expediente de anexos al escrito de solicitudes
y argumentos, tomo XXIII, anexo 19, folios 8099 a 8105).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
243
569. Los representantes argumentaron que la joven Herrera, trabajaba en una
“casa como empleada”, percibía un salario mensual de $ 3.000,00 (tres mil pesos
mexicanos) y que al momento de su muerte contaba con 14 años de edad. Calcularon, conforme a su fórmula, que el monto total dejado de percibir por la joven
Herrera ascendía a $ 15.520.085,59 (quince millones quinientos veinte mil
ochenta y cinco pesos mexicanos con 59/100), que equivaldrían, según su criterio, a US$ 958.029,97 (novecientos cincuenta y ocho mil veintinueve dólares de
los Estados Unidos de América con 97/100), tomando como referencia el tipo
de cambio del 20 de febrero de 2008.
570. En relación a la joven González, los representantes alegaron que trabajaba en una “maquiladora” y que al momento de su muerte tenía 20 años de edad y
ganaba un salario mensual de $ 2.000,00 (dos mil pesos mexicanos). Conforme a
su fórmula, señalaron que el monto dejado de percibir ascendía a $ 7’593,561,83
(siete millones quinientos noventa y tres mil quinientos sesenta y un pesos mexicanos con 83/100) equivalentes a US$ 703,107,57 (setecientos tres mil ciento sie­
te dólares de los Estados Unidos de América con 57/100).
571. Respecto a la joven Ramos, los representantes señalaron que al momento de su desaparición contaba con 17 años de edad, trabajaba en un restaurante
como cajera, y percibía un salario mensual de $ 4.600,00 (cuatro mil seiscientos
pesos mexicanos). Conforme a su fórmula, señalaron que el monto que dejó de
percibir esta víctima ascendía a $ 20.400.026,75 (veinte millones cuatrocientos
mil veintiséis pesos mexicanos con 75/100), equivalentes a US $ 1.888.891,36
(un millón ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa y un dólares de
los Estados Unidos de América con 36/100).
572. Los representantes informaron en sus alegatos finales que el total deja­
do de percibir por la joven Herrera en su equivalente en dólares americanos al
tipo de cambio del 12 de junio de 2009 es de US$ 772.143,56 (setecientos setenta y dos mil ciento cuarenta y tres dólares de los Estados Unidos de América con
56/100), y el de las jóvenes González y Ramos US$ 566,683.71 (quinientos sesenta y seis mil seiscientos ochenta y tres dólares de los Estados Unidos de América con 71/100) y US$ 1.522.390,00 (un millón quinientos veintidós mil trescientos noventa dólares de los Estados Unidos de América), respectivamente.
573. Por su parte, el Estado informó que la joven Herrera se dedicaba a la “lim­
pieza doméstica” y que en el Estado de Chihuahua el estándar de ingresos que se
percibe por este tipo de servicios es de $ 31.200,00 (treinta y un mil doscien­
tos pesos mexicanos) anuales, es decir, $ 2.600,00 (dos mil seiscientos pesos
mexicanos) mensuales. El Estado refirió que la muerte de la joven Herrera ocurrió en noviembre de 2001, en cuya fecha el promedio de esperanza de vida en
México para mujeres era de 76.7 años de acuerdo con el Instituto Nacional de
244
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Información Estadística y Geografía de México (INEGI)546 y que teniendo en
cuenta que la víctima tenía 15 años de edad cuando ocurrió su muerte, el Estado
consideró que lo que dejarían de percibir los familiares de la víctima como consecuencia de la muerte de la joven Herrera es de $ 1.903.200,00 (un millón novecientos tres mil doscientos pesos mexicanos).
574. Respecto a la joven González el Estado alegó que se tiene conocimiento
que laboraba en una “empresa maquiladora” y estableció que haciendo un estimado de lo que percibía en el momento de su muerte y de lo que actualmente
percibiría por prestar este tipo de servicios laborales, su salario integral aproximado era de $ 31.200,00 (treinta y un mil doscientos pesos mexicanos) anuales.
Teniendo en cuenta la esperanza de vida en México y considerando que la víctima tenía 20 años al momento de su muerte, el Estado indicó que lo que dejarían
de percibir los familiares de la joven González asciende a $ 1.747.200,00 (un millón setecientos cuarenta y siete mil doscientos pesos mexicanos).
575. En relación a la joven Ramos el Estado alegó que tenía conocimiento de
que “no laboraba” antes de morir. Sin embargo, el Estado consideró en este caso
la misma percepción anual que se ha considerado para las dos víctimas anteriores, esto es de $ 31.200,00 (treinta y un mil doscientos pesos mexicanos) anuales. El Estado, teniendo en cuenta la esperanza de vida y que la víctima tenía 17
años cuando ocurrió su muerte, consideró que lo que han dejado de percibir los
familiares asciende a $ 1.840.800,00 (un millón ochocientos cuarenta mil ochocientos pesos mexicanos).
576. La Corte observa que: i) tanto el promedio de esperanza de vida presentado por los representantes como el presentado por el Estado se refieren, en última instancia, a una misma fuente nacional, al haber obtenido los datos del INEGI
y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del Consejo Nacional de
Población de México (CONAPO); ii) los promedios de esperanza de vida difieren en 1.2 años, siendo menor el propuesto por el Estado. Sin embargo, conforme a los indicadores básicos de la CONAPO, el promedio de esperanza de vida de
mujeres en el estado de Chihuahua en el 2001 era de 76.97; iii) que las edades
de las jóvenes Herrera, González y Ramos eran 15, 20 y 17 años de edad al momento de su desaparición, y iv) que tanto el salario mensual de cada una de las
víctimas propuesto por los representantes como el salario mensual propuesto
por el Estado no tienen sustento probatorio.
546
Para obtener el índice de esperanza de vida en México para mujeres, el Estado remitió a la página
oficial del Instituto Nacional de Información Estadística y Geografía de México (INEGI): www.
inegi.gob.mx En dicha página se observa que el promedio de esperanza de vida es extraído del
Consejo Nacional de Población de México (CONAPO).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
245
577. En virtud de lo anterior, la Corte concluye que el ofrecimiento estatal
realizado para compensar por el lucro cesante (supra párr. 573, 574 y 575) es adecuado. Por tanto, lo toma en cuenta y, en equidad, decide fijar las siguientes cantidades que el Estado deberá otorgar:
Víctima
Esmeralda Herrera Monreal
Claudia Ivette González
Laura Berenice Ramos Monárrez
Monto
US $145.500,00
US $134.000,00
US $140.500,00
578. Dichas cantidades serán repartidas conforme al derecho sucesorio vigente en la actualidad en el estado de Chihuahua, México.
6.2. Daño inmaterial
579. En su jurisprudencia, el Tribunal ha determinado diversas formas en que el
daño inmaterial puede ser reparado. 547
6.2.1. Daño moral
580. Los representantes enunciaron en su escrito las afectaciones inmateriales
sufridas por las familiares de las víctimas y cuantificaron el daño moral en las siguientes cantidades: i) US$ 120.000,00 (ciento veinte mil dólares de los Estados
Unidos de América) para las madres de Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez; ii) US$ 150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares de
los Estados Unidos de América) para la madre de Claudia Ivette González; iii)
US$ 50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) para
cada uno de los hermanos de las víctimas, y iv) 25.000,00 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América) para cada uno del resto de familiares.
547
El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima
y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. Dado
que no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, sólo puede ser objeto de compensación, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determina en términos de equidad, así como mediante
la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan como efecto el reconocimiento de la dignidad de la víctima y evitar que vuelvan a ocurrir violaciones de los derechos
humanos (Cfr. Caso Anzualdo Castro vs. Perú, supra nota 30, párr. 218, y Caso Dacosta Cadogan vs.
Barbados, supra nota 446, párr. 111).
246
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581. El Estado ofreció otorgar como reparación compensatoria por los sufrimientos causados a los familiares de las tres víctimas, en virtud de las irregularidades cometidas por los funcionarios públicos que participaron durante las investigaciones de los tres casos hasta antes del 2004, la cantidad de US $10.000,00
(diez mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100) a cada familiar o
su equivalente en pesos mexicanos.
582. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que una
sentencia declaratoria de violación de derechos constituye per se una forma de re­
paración. 548 No obstante, la Corte estima pertinente determinar el pago de una
compensación por concepto de daños inmateriales a favor de los familiares de
las jóvenes Herrera, González y Ramos, considerados víctimas de la violación al ar­
tículo 5 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de la misma.
583. La Corte concluyó que los familiares experimentaron y siguen experimentando afectaciones en su integridad psíquica y moral debido a tres causas: i)
la privación de la libertad, vejámenes y muerte sufridos por las jóvenes Herrera,
González y Ramos; ii) las irregularidades en la investigación de las autoridades
y la impunidad; y iii) los hostigamientos sufridos por los familiares indicados en
el párrafo 440 supra.
584. Teniendo en cuenta lo anterior, así como lo expuesto en el párrafo 560 supra, y considerando que es razonable el ofrecimiento estatal de pagar US $10.000,00
(diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a cada uno de los familiares
de las víctimas, la Corte decide partir de esa cantidad y i) incluir a los familiares de­
clarados víctimas en este caso que no estaban considerados en el ofrecimiento
estatal; ii) incrementar tal cantidad en US$ 1.000,00 (mil dólares de los Estados
Unidos de América) para cada uno de los familiares, como forma de reparación
por el daño moral que produjeron las violaciones no reconocidas por el Estado;
iii) incrementar la cantidad resultante en US$ 4.000,00 (cuatro mil dólares de los
Estados Unidos de América) a favor de las tres madres, puesto que en ellas recayó
la búsqueda de justicia; iv) incrementar la cantidad resultante en US$ 1.000,00
(mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Adrián Herrera Monreal, Claudia Ivonne y Daniel Ramos Monárrez; Ramón Antonio Aragón Moná­
rrez, y Claudia Dayana, Itzel Arely y Paola Alexandra Bermúdez Ramos por los
actos de hostigamiento que padecieron, y iv) incrementar la cantidad resultante
en US$ 3.000,00 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de
la señora Benita Ramos Salgado, por los actos de hostigamiento que padeció.
548
Cfr. Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de
1996. Serie C No. 29, párr. 56; Caso Anzualdo Castro vs. Perú, supra nota 30, párr. 219, y Caso Dacosta Cadogan vs. Barbados, supra nota 446, párr. 100.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
247
585. Asimismo, aunque los representantes no lo hubieren solicitado, el Tribunal considera que es oportuno ordenar al Estado que indemnice a las jóvenes
Herrera, Ramos y González por la falta de garantía de sus derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. Para fijar la cantidad correspondiente, la
Corte tiene en consideración su jurisprudencia en casos similares;549 el contexto
en el que se produjeron los hechos; la edad de las víctimas y las consiguientes
obligaciones especiales del Estado para la protección de la niñez, y la violencia
por razones de género que sufrieron las tres víctimas. Consiguientemente, fija
en equidad la cantidad de US$ 38.000,00 (treinta y ocho mil dólares de los Es­
tados Unidos de América) a favor de Claudia Ivette González y US$ 40.000,00
(cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América) para cada una de las ni­
ñas Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez. Dichas can­
tidades serán repartidas conforme al derecho sucesorio vigente en la actualidad
en el estado de Chihuahua, México.
586. Consecuentemente, el Estado deberá entregar las siguientes cantidades:
Víctima
Esmeralda Herrera Monreal
Irma Monreal Jaime
Benigno Herrera Monreal
Adrián Herrera Monreal
Juan Antonio Herrera Monreal
Cecilia Herrera Monreal
Zulema Montijo Monreal
Erick Montijo Monreal
Juana Ballín Castro
Claudia Ivette González
Irma Josefina González Rodríguez
Mayela Banda González
Gema Iris González
Karla Arizbeth Hernández Banda
Jacqueline Hernández
549
Parentesco
Madre
Hermano
Hermano
Hermano
Hermana
Hermana
Hermano
Cuñada
Madre
Hermana
Hermana
Sobrina
Sobrina
Monto
US$40.000,00
US$15.000,00
US$11.000,00
US$12.000,00
US$11.000,00
US$11.000,00
US$11.000,00
US$11.000,00
US$11.000,00
US$38.000,00
US$15.000,00
US$11.000,00
US$11.000,00
US$11.000,00
US$11.000,00
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, supra nota 252, párr. 288; Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, supra nota 297, párr. 239, y Caso Kawas Fernández vs. Honduras, supra nota 190,
párr. 184.
248
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Víctima
Carlos Hernández Llamas
Laura Berenice Ramos Monárrez
Benita Monárrez Salgado
Claudia Ivonne Ramos Monárrez
Daniel Ramos Monárrez
Ramón Antonio Aragón Monárrez
Claudia Dayana Bermúdez Ramos
Itzel Arely Bermúdez Ramos
Paola Alexandra Bermúdez Ramos
Atziri Geraldine Bermúdez Ramos
Parentesco
Cuñado
Madre
Hermana
Hermano
Hermano
Sobrina
Sobrina
Sobrina
Sobrina
Monto
US$11.000,00
US$40.000,00
US$18.000,00
US$12.000,00
US$12.000,00
US$12.000,00
US$12.000,00
US$12.000,00
US$12.000,00
US$12.000,00
6.2.2. Daño al proyecto de vida de las víctimas
587. Los representantes alegaron que las jóvenes Herrera, González y Ramos sufrieron daños a su proyecto de vida por diversas causas.
588. La Comisión y el Estado no realizaron alegatos al respecto.
589. Además de que los representantes no argumentaron suficientemente por
qué los actos del Estado afectaron el proyecto de vida de las jóvenes Herrera,
González y Ramos, la Corte sostiene que la reparación por daño al proyecto de
vida no procede cuando la víctima falleció, al ser imposible reponer las expectativas de realización que razonablemente toda persona tiene. Por tal razón, el Tribunal se abstiene de realizar mayores consideraciones al respecto.
7. Costas y gastos
590. Como ya lo ha señalado la Corte en oportunidades anteriores, las costas y
gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el
artículo 63.1 de la Convención Americana. 550
591. La Comisión solicitó que se ordene al Estado el pago de las costas y gastos razonables y necesarios debidamente probados, que se originen en la tramitación del presente caso tanto en el ámbito interno como ante el Sistema Interamericano.
550
Cfr. Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de
1998. Serie C No. 39, párr. 79; Caso Perozo y otros vs. Venezuela, supra nota 22, párr. 417; Caso Garibaldi vs. Brasil, supra nota 252, párr. 194.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
249
592.Los representantes solicitaron el pago de gastos y costas originados a
nivel nacional y a nivel internacional en la tramitación del caso, conforme a los
montos estimados de la siguiente manera:
a.La Asociación Nacional de Abogados Democráticos A.C. (ANAD) estimó
sus costas y gastos, por concepto de viajes a la Ciudad de México, viajes a
Washington DC, viáticos por alojamiento y alimentación entre los años 2005
y 2008 en Ciudad Juárez, pago de honorarios de abogados y otros gastos,
por un total de US $44.776,11 (cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y
seis dólares de los Estados Unidos de América con 11/100).
b. El Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC) estimó sus
costas y gastos por concepto de investigación entre los años 2003 a 2007,
representación legal y gastos de intervención psicológica y atención clínica, por un total de US $205.351,85 (doscientos cinco mil trescientos cincuenta y un dólares de los Estados Unidos de América con 85/100).
c. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos
de la Mujer (CLADEM), estimó sus costas y gastos por concepto de viajes
aéreos a la ciudad de México, viajes a la ciudad de Washington DC, pago
de honorarios profesionales y otros gastos, por un total de US $14.490,74
(catorce mil cuatrocientos noventa dólares de los Estados Unidos de América con 74/100).
d.La Red Ciudadana de la No Violencia y Dignidad Humana, estimó sus
costas y gastos por un total de US $33.230,00 (treinta y tres mil doscientos
treinta dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de consulta ciudadana realizada en marzo de 2002, traslados, hospedaje y alimentación en los viajes realizados a ciudad de México, durante el periodo
comprendido entre los años 2003 y 2005, viaje a la ciudad de Washington
DC en octubre de 2006, honorarios profesionales y otros gastos.
593. El Estado señaló que “los gastos y costas a nivel interno que familiares
de la[s] víctima[s] pudieron haber costeado, fueron cubiertos por el Estado”.
Asimismo, indicó que las costas y gastos que hubieren erogado a nivel internacional son desconocidas por el Estado. A pesar de ello el Estado estimó que si las
madres de cada víctima hubieren asistido en tres ocasiones a reuniones en la
sede de la Comisión, entre gastos de transporte y hospedaje, el monto a recibir
por cada una ascendería a $ 81.500.00 (ochenta y un mil quinientos pesos mexicanos), aproximadamente. Finalmente, el Estado añadió que no puede reconocer como víctimas del procedimiento a las organizaciones representantes de las
víctimas, de manera que no pueden obtener a su favor sumas monetarias, ya que
250
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sólo las víctimas pueden recibir como reparación el reembolso de gastos, y que
recibir la cantidad total de US $284.498,00 (doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de América) “resulta[ba]
absurda y contraria a la equidad toda vez que e[ra] superior al monto de compensación solicitado para cada una de las tres víctimas en el presente caso”.
594. El Tribunal precisa que las costas y gastos, a diferencia de las medidas de
indemnización, no se otorgan a quienes han sido declaradas víctimas, porque las
costas no son una indemnización. Dependiendo de las circunstancias del caso,
corresponde su otorgamiento a la persona o institución que representó a la víctima. El reembolso se justifica en la necesidad de no generar un perjuicio económico para quienes no han cometido la violación. La carga corresponde al Estado
en el evento en que se constate su responsabilidad internacional en la materia.
595. Los representantes de las víctimas no aportaron ningún elemento probatorio que comprobara los gastos que fueron alegados. Al respecto, el Tribunal
ha señalado que “las pretensiones de las víctimas o sus representantes en materia de costas y gastos, y las pruebas que las sustentan, deben presentarse a la Corte en el primer momento procesal que se les concede, esto es, en el escrito de solicitudes y argumentos, sin perjuicio de que tales pretensiones se actualicen en
un momento posterior, conforme a las nuevas costas y gastos en que se haya incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte”. 551
596.La Corte observa que el Estado hizo un ofrecimiento de pago por concep­
to de gastos y costas por la cantidad de $244.500,00 (doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos pesos mexicanos) por concepto de reuniones de las madres de
las jóvenes Herrera, Ramos y González ante la Comisión Interamericana. Asimismo, el Tribunal observa que los representantes no efectuaron manifestación
alguna en relación con la afirmación del Estado según la cual se habrían cubierto
las costas del fuero interno. Sin embargo, el Tribunal también advierte que los re­
presentantes de las víctimas incurrieron en gastos para asistir a la audiencia pública del caso celebrada en la ciudad de Santiago, Chile, así como gastos relati­vos
al ejercicio de su representación legal, tales como la remisión de sus escritos, gastos de comunicación, entre otros, durante el proceso ante este Tribunal. Tenien­
do en cuenta lo anterior y ante la falta de comprobantes de estos gastos, determina,
en equidad, que el Estado debe entregar la cantidad de US$ 45.000,00 (cuarenta
y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) a las madres de las jóvenes Herrera, Ramos y González quienes entregarán, en su caso, la cantidad que
estimen adecuada a sus representantes, por concepto de costas y gastos. Este
551
Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador, supra nota 265, párr. 275; Caso Escher y otros
vs. Brasil, supra nota 46, párr. 259, y Caso Tristán Donoso vs. Panamá, supra nota 9, párr. 215.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
251
monto incluye los gastos futuros en que puedan incurrir durante la supervisión
del cumplimiento de esta Sentencia y deberá ser entregado dentro de un año a
partir de la notificación de la presente Sentencia.
8. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados
597. El pago de la indemnización por daño material e inmaterial y el reintegro de
costas y gastos establecidos en la presente Sentencia serán hechos directamente
a las personas indicadas en la misma, en el plazo de un año, contado a partir de su
notificación, considerando lo indicado en los párrafos 578 y 585 de la misma. En
caso de fallecimiento de algún beneficiario con anterioridad al pago de las cantidades respectivas, éstas se entregarán a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable.
598. El Estado deberá cumplir con las obligaciones monetarias mediante el
pago en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda
nacional, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio que se encuentre vigente en la bolsa de Nueva York, el día anterior al pago.
599. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones o a
sus derechohabientes no fuese posible el pago de las cantidades determinadas
dentro del plazo indicado, el Estado consignará dicho monto a su favor en una
cuenta o certificado de depósito en una institución financiera mexicana solvente, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y
la práctica bancaria. Si al cabo de 10 años el monto asignado no ha sido reclamado, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados.
600. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia bajo el concepto de indemnizaciones y reintegro de costas y gastos, no podrán ser afectadas o condicionadas por motivos fiscales actuales o futuros. Por ende, deberán ser entregadas a
los beneficiarios en forma íntegra conforme a lo establecido en esta Sentencia.
601. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre
la cantidad adecuada, correspondiente al interés bancario moratorio en México.
X. Puntos resolutivos
602. Por tanto,
la corte
decide,
por unanimidad,
252
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1. Aceptar parcialmente la excepción preliminar interpuesta por el Estado, de
conformidad con los párrafos 31 y 80 de la presente Sentencia y, por ende, declarar que: i) tiene competencia contenciosa en razón de la materia para conocer de
alegadas violaciones al artículo 7 de la Convención Belém do Pará, y ii) no tiene
competencia contenciosa en razón de la materia para conocer de supuestas violaciones a los artículos 8 y 9 de dicho instrumento internacional.
2. Aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 20 a 30 de la presente Sentencia.
declara,
por unanimidad, que,
3. No puede atribuir al Estado responsabilidad internacional por violaciones a los
derechos sustantivos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, derivadas del incumplimiento de la
obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de la misma, de conformidad
con los párrafos 238 a 242 de esta Sentencia.
4. El Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana,
en relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y
la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contemplada en el artículo 2 de la misma, así como con las obligaciones contempladas en el artículo
7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, en los términos de los párrafos 243 a 286 de la presente Sentencia.
5. El Estado incumplió con su deber de investigar —y con ello su deber de garan­
tizar— los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagra­
dos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con
los artículos 1.1 y 2 de la misma y con el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Mo­
nárrez y Esmeralda Herrera Monreal. Por los mismos motivos, el Estado violó los
derechos de acceso a la justicia y protección judicial, consagrados en los artícu­
los 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2
de la misma y 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de: Irma
Monreal Jaime, Benigno Herrera Monreal, Adrián Herrera Monreal, Juan Anto­
nio Herrera Monreal, Cecilia Herrera Monreal, Zulema Montijo Monreal, Erick
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
253
Montijo Monreal, Juana Ballín Castro, Irma Josefina González Rodríguez, Mayela Banda González, Gema Iris González, Karla Arizbeth Hernández Banda,
Jacqueline Hernández, Carlos Hernández Llamas, Benita Monárrez Salgado,
Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio
Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ra­
mos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos,
de conformidad con los párrafos 287 a 389 de la presente Sentencia.
6. El Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de
la Convención Americana, en relación con el deber de garantía de los derechos a
la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los artículos 4.1,
5.1, 5.2 y 7.1 de dicho tratado, en perjuicio de Laura Berenice Ramos Monárrez,
Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González; así como en relación con
el acceso a la justicia consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la mencionada
Convención, en perjuicio de Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera Monreal,
Adrián Herrera Monreal, Juan Antonio Herrera Monreal, Cecilia Herrera Monreal, Zulema Montijo Monreal, Erick Montijo Monreal, Juana Ballín Castro,
Irma Josefina González Rodríguez, Mayela Banda González, Gema Iris González,
Karla Arizbeth Hernández Banda, Jacqueline Hernández, Carlos Hernández
Llamas, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel
Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y
Atziri Geraldine Bermúdez Ramos, en los términos de los párrafos 390 a 402 de
la presente Sentencia.
7. El Estado violó los derechos del niño, consagrados en el artículo 19 de la
Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de las niñas Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, de conformidad con los párrafos 403 a 411 de la presente Sentencia.
8. El Estado violó el derecho a la integridad personal,consagrado en el artículo
5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, por los sufrimientos causados a Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera Mon­
real, Adrián Herrera Monreal, Juan Antonio Herrera Monreal, Cecilia Herrera
Monreal, Zulema Montijo Monreal, Erick Montijo Monreal, Juana Ballín Castro,
Irma Josefina González Rodríguez, Mayela Banda González, Gema Iris González, Karla Arizbeth Hernández Banda, Jacqueline Hernández, Carlos Hernández Llamas, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel
Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y
Atziri Geraldine Bermúdez Ramos, en los términos de los párrafos 413 a 424 de
la presente Sentencia.
254
cndh/cmdpdh
9. El Estado violó el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación
con el artículo 1.1 de la misma, por los actos de hostigamiento que sufrieron
Adrián Herrera Monreal, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos
Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra
Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos, por los actos de hostigamiento que sufrieron, en los términos de los párrafos 425 a 440 de la presente
Sentencia.
10. El Estado no violó el derecho a la protección de la honra y de la dignidad,
consagrado en el artículo 11 de la Convención Americana, en los términos de los
párrafos 441 a 445 de la presente Sentencia.
y, dispone
por unanimidad, que,
11. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.
12. El Estado deberá, conforme a los párrafos 452 a 455 de esta Sentencia,
conducir eficazmente el proceso penal en curso y, de ser el caso, los que se llegasen a abrir, para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables
materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de
las jóvenes González, Herrera y Ramos, conforme a las siguientes directrices:
i) se deberá remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la
debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos a los del presente caso;
ii) la investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de investigación específicas respecto a violencia sexual, para lo cuál
se deben involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona; realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan
con los lineamientos de esta Sentencia; proveer regularmente de infor­
mación a los familiares de las víctimas sobre los avances en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse por funcionarios
altamente capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género;
iii)deberá asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
255
humanos y materiales necesarios para desempeñar las tareas de manera
ade­cuada, independiente e imparcial, y que las personas que participen
en la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad, y
iv) los resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados para
que la sociedad mexicana conozca los hechos objeto del presente caso.
13. El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar, por intermedio
de las instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplicará las sanciones administrativas,
disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables, conforme a lo expuesto en los párrafos 456 a 460 de esta Sentencia.
14. El Estado deberá realizar, dentro de un plazo razonable, las investigaciones correspondientes y, en su caso, sancionar a los responsables de los hostigamientos de los que han sido objeto Adrián Herrera Monreal, Benita Monárrez
Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón
Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez
Ramos, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 461 y 462 de esta Sentencia.
15. El Estado deberá, en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la
presente Sentencia, publicar en el Diario Oficial de la Federación, en un diario
de amplia circulación nacional y en un diario de amplia circulación en el estado
de Chihuahua, por una sola vez, los párrafos 113 a 136, 146 a 168, 171 a 181, 185
a 195, 198 a 209 y 212 a 221 de esta Sentencia y los puntos resolutivos de la misma, sin las notas al pie de página correspondientes. Adicionalmente, el Estado
deberá, dentro del mismo plazo, publicar la presente Sentencia íntegramente en
una página electrónica oficial del Estado. Todo ello de conformidad con el párrafo 468 de esta Sentencia.
16. El Estado deberá, en el plazo de un año a partir de la notificación de esta
Sentencia, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos del presente caso, en honor a la memoria de
Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette
González, en los términos de los párrafos 469 y 470 de la presente Sentencia.
17. El Estado deberá, en el plazo de un año a partir de la notificación de esta
Sentencia, levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, en los términos de los párrafos
471 y 472 de la presente Sentencia. El monumento se develará en la misma ceremonia en la que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad internacional, en cumplimiento de lo ordenado en el punto resolutivo anterior.
256
cndh/cmdpdh
18. El Estado deberá, en un plazo razonable, continuar con la estandarización
de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los
delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de
mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e In­
vestigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de
Naciones Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una perspectiva de género, conforme a lo dispuesto en
los párrafos 497 a 502 de esta Sentencia. Al respecto, se deberá rendir un informe anual durante tres años.
19. El Estado deberá, en un plazo razonable y de conformidad con los párrafos 503 a 506 de esta Sentencia, adecuar el Protocolo Alba, o en su defecto implementar un nuevo dispositivo análogo, conforme a las siguientes directrices,
debiendo rendir un informe anual durante tres años:
i) implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, cuando se presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la vida,
libertad personal y la integridad personal de la persona desaparecida;
ii) establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad
para dar con el paradero de la persona;
iii) eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir investigaciones o procedimientos preliminares;
iv) asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cual­
quier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda;
v) confrontar el reporte de desaparición con la base de datos de personas de­
saparecidas referida en los párrafos 509 a 512 supra, y
vi) priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable
encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras
posibilidades o áreas de búsqueda. Todo lo anterior deberá ser aún más ur­
gente y riguroso cuando la desaparecida sea un niña. Al respecto, se deberá rendir un informe anual durante tres años.
20. El Estado deberá crear, en un plazo de seis meses a partir de la notificación
de esta Sentencia, una página electrónica que deberá actualizarse permanentemente y contendrá la información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas. Dicha página electrónica deberá permitir que cualquier individuo se
comunique por cualquier medio con las autoridades, inclusive de manera anónima, a efectos de proporcionar información relevante sobre el paradero de la mu-
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
257
jer o niña desaparecida o, en su caso, de sus restos, de conformidad con los párrafos 507 y 508 de esta Sentencia.
21. El Estado deberá, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de
esta Sentencia y de conformidad con los párrafos 509 a 512 de esta Sentencia,
crear o actualizar una base de datos que contenga:
i) la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional;
ii) la información personal que sea necesaria, principalmente genética y mues­
tras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas que consientan
—o que así lo ordene un juez— para que el Estado almacene dicha información personal únicamente con objeto de localizar a la persona desaparecida, y
iii)la información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos
de cualquier mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida en el
estado de Chihuahua.
22. El Estado debe continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género; perspectiva de
género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y
procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de
mujeres por razones de género, y superación de estereotipos sobre el rol social
de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos en los términos de los párrafos
531 a 542 de la presente Sentencia. El Estado deberá informar anualmente, durante tres años, sobre la implementación de los cursos y capacitaciones.
23. El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, realizar un programa de
educación destinado a la población en general del estado de Chihuahua, con el
fin de superar dicha situación. A tal efecto, el Estado deberá presentar un informe anual por tres años, en el que indique las acciones que se han realizado con
tal fin, en los términos del párrafo 543 de la presente Sentencia.
24. El Estado debe brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de instituciones estatales
de salud especializadas, a Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera Monreal, Adrián
Herrera Monreal, Juan Antonio Herrera Monreal, Cecilia Herrera Monreal, Zulema Montijo Monreal, Erick Montijo Monreal, Juana Ballín Castro, Irma Josefina González Rodríguez, Mayela Banda González, Gema Iris González, Karla
Arizbeth Hernández Banda, Jacqueline Hernández, Carlos Hernández Llamas,
Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos
Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri
258
cndh/cmdpdh
Geraldine Bermúdez Ramos, si éstos así lo desean, en los términos de los párrafos 544 a 549 de esta Sentencia.
25. El Estado deberá, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de
esta Sentencia, pagar las cantidades fijadas en los párrafos 565, 566, 577, 586 y
596 de la presente Sentencia por concepto de indemnizaciones y compensaciones por daños materiales e inmateriales y el reintegro de costas y gastos, según
corresponda, bajo las condiciones y en los términos de los párrafos 597 a 601 de
la presente Sentencia.
26. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado
haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un
año contado a partir de la notificación de esta Sentencia el Estado deberá rendir
al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.
La Jueza Cecilia Medina Quiroga y el Juez Diego García-Sayán hicieron conocer
a la Corte sus Votos Concurrentes, los cuales acompañan la presente Sentencia.
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el 16 de noviembre de 2009.
Cecilia Medina Quiroga
Presidenta
Diego García-SayánManuel E. Ventura Robles
Margarette May Macaulay
Rhadys Abreu Blondet
Rosa María Álvarez González
Jueza Ad Hoc
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Cecilia Medina Quiroga
Presidenta
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Introducción a la Sentencia del Caso
Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos
Mexicanos
Introducción a la Sentencia del Caso
Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos
Mexicanos1
El 15 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia en la que condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, por parte de militares en 1974. La Corte
halló al Estado mexicano responsable de la violación a los derechos a la libertad, a
la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica
del señor Radilla, así como a los derechos a la integridad física y mental, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares. Igualmente, la Corte
consideró que el proceso llevado ante la jurisdicción militar no se aviene a los estándares en materia de debido proceso en el derecho internacional.
Por todo lo anterior, la sentencia representa principalmente un triunfo significativo del movimiento de familiares y víctimas de los crímenes cometidos por
el Estado durante la “guerra sucia”, que durante décadas han luchado por obtener justicia por las violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos du­
rante ese periodo. En efecto, la Sentencia es un memorándum certero sobre los
múltiples pendientes de México en materia de reparación integral del daño a las
víctimas y sus familiares, la justicia transicional y el derecho a la verdad histórica. De igual modo, la Sentencia apunta hacia la necesidad de adecuar la legislación relativa al delito de desaparición forzada de personas y la aplicación extensiva de la jurisdicción militar a casos de violaciones graves a los derechos humanos
de civiles por parte de elementos castrenses, ambas prácticas persistentes en el
México de hoy.
En suma, la sentencia del caso del señor Radilla permite traslucir la situación
de la justicia mexicana en su más amplia expresión, a través de por lo menos tres
indicadores, que serán brevemente explorados en este texto:
1
Introducción a cargo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C.
[261]
262
cndh/cmdpdh
1)La existencia de un patrón sistemático, histórico y aún vigente de violaciones graves de los derechos humanos, que está inseparablemente vinculado
a la desigualdad y la impunidad;
2)La debilidad estructural de la normatividad y las instituciones públicas en
materia de justicia, y
3)La urgencia de armonizar la normativa interna respecto de los estándares
internacionales y de velar por el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano de investigar, sancionar a los culpables y reparar integralmente el daño a las víctimas.
1. El contexto del caso del señor Radilla y el patrón
de violaciones sistemáticas de derechos humanos en México
El esquema de la “guerra sucia” en México se sostuvo básicamente sobre dos ejes:
el primero de ellos relacionado con la existencia de un patrón sistemático de viola­
ciones graves de los derechos humanos con fines represivos, y el segundo relativo
a la impunidad. Durante el periodo de la “guerra sucia” se advierte la tendencia
histórica del Estado a reducir la paz social a un ejercicio de imposición por la vía
de la fuerza, desestimando que la principal causa de la violencia en México radica en la desigualdad social. La paz y el orden deben comenzar con el combate decidido al hambre, al analfabetismo, al desempleo y demás flagelos sociales históricamente perpetuados por la injusticia. Precisamente por ese ocultamiento de
las causas surgieron los movimientos cuya represión constituyó la “guerra sucia”, entre los años sesentas y ochentas del siglo pasado. Las numerosas guerrillas de aquellos años dan cuenta de la indignación de un pueblo cuyos reclamos
no fueron satisfactoriamente procesados por las vías institucionales. Pero el Estado no sólo reprimió la guerrilla. El número de muertos y desaparecidos de la
“guerra sucia” es incontable, y entre ellos se encontraron muchas personas ajenas a los movimientos armados. Hasta el momento ha logrado acreditarse la desa­
parición forzada de por lo menos 1,200 personas, 639 de las cuales vivían en Gue­­
rrero. De ellas, 473 vivían en Atoyac, es decir, 39 % del total acreditado, y 74%
del total en Guerrero.2
2
La Asociación de Familiares, Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México (AFADEM) calcula que de finales de los años sesentas a principios de
los años ochentas del siglo pasado, cerca de 1,200 personas fueron desaparecidas sin que hasta la
fecha se conozca su paradero. Por su parte, la CNDH ha documentado por lo menos 532 casos,
mientras que la FEMOSPP determinó que en al menos 643 casos se tenían suficientes elementos
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
263
Los métodos empleados para la tortura y asesinato de muchas de las víctimas
de esta política brutal evidencian la saña e inhumanidad con que se ejecutó. Fue
en este contexto de brutal violencia del Estado cuando ocurrió la desaparición
forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, quien fue un caficultor guerrerense,
nacido en Atoyac en 1914. Tenía una familia compuesta por su esposa, 11 hijas y
un hijo. Desde mediados de la década de los cuarentas impulsó la justicia y el desarrollo en Atoyac, municipio del que fue alcalde en 1955. También era músico.
Dedicó algunos de los corridos que compuso a los movimientos encabezados
por Lucio Cabañas y Genaro Vásquez. Al parecer ésta fue la “razón” por la cual el
señor Radilla fue arbitrariamente detenido y posteriormente desaparecido el 25
de agosto de 1974 (cf. párrafos 124-126 de la Sentencia). La última vez que lo vie­
ron tenía los ojos vendados y evidenciaba maltrato físico. Nunca más se le volvió
a ver, ni a él ni a cientos de personas que fueron víctimas de desaparición forzada
en aquel periodo. Ni entonces ni ahora los responsables han sido castigados. Es,
pues, innegable, la existencia de ipunidad y de un patrón de violaciones sistemáticas a los derechos, como lo señala el párrafo 333 de la Sentencia:
333. La Corte dio por establecido que la desaparición forzada del señor Rosendo
Radilla Pacheco ocurrió en el marco de un contexto de desapariciones forzadas de
personas. En este sentido, como lo ha hecho en otros casos, determinó que las autoridades encargadas de las investigaciones tienen el deber de asegurar que en el
curso de las mismas se valoren los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos en el presente caso y el contexto en que ocurrieron, tomando en cuenta la complejidad de este tipo de hechos
y la estructura en la cual se ubican las personas probablemente involucradas en
los mismos […]
2. La debilidad estructural de la normativa
y las instituciones públicas en materia de justicia
Cuando el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Hu­
manos (CIDH) por los familiares de las víctimas, asistidos por la Comisión Mexi­
cana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a
los Derechos Humanos en México (AFADEM), luego de 27 años de exigir justipara acreditar el delito. Cf. párrafos 132-137 de la Sentencia: http://www.corteidh.or.cr/casos.
cfm?idCaso=330.
264
cndh/cmdpdh
cia a las autoridades nacionales, el Estado arguyó que los quejosos no habían ago­
tado las instancias legales internas. En 2005, la CIDH concluyó que 31 años de
ineficacia de esas instancias justificaban la intervención de la Corte Interamerica­
na. En total, pasaron 35 años para que finalmente se condenara al Estado mexicano por uno de los cientos de casos de desaparición forzada de esa época.
Esto pone de relieve la precariedad de la justicia en México, que encuentra su
más rotunda expresión en la inadecuada tipificación del delito de desaparición
forzada de personas en el artículo 215 A del Código Penal Federal, y la aplicación extensiva del fuero militar a delitos constitutivos de violaciones graves a los
derechos humanos de civiles, que se deriva de una interpretación inadecuada e
inconstitucional del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, cuyas reformas resultan no sólo pertinentes, sino urgentes, además de que
constituyen los puntos resolutivos 10 y 11 de la Sentencia, es decir, son una obligación internacional del Estado mexicano.
3. La urgencia de armonizar la normatividad interna
con los estándares internacionales en materia de derechos
humanos y de velar por el cumplimiento de la Sentencia
La Sentencia de la Corte sienta un importante precedente en la jurisprudencia
interamericana y en la búsqueda de las personas desaparecidas durante la “guerra sucia”. En este sentido, además de señalar las obligaciones ineludibles del Estado de investigar; sancionar a los culpables; determinar el paradero del señor
Radilla o, en su defecto, sus restos mortales; dar atención psicológica gratuita a
sus familiares, y pagar indemnizaciones por el daño material e inmaterial sufrido por las víctimas, la Sentencia contempla una serie de medidas conducentes al
desagravio de la memoria del señor Radilla, que es uno de los temas centrales no
sólo del derecho al honor, sino del derecho a la verdad, cuyos titulares somos todos. También constituye una forma de reparación per se, que trae aparejada una
serie de medidas específicas que el Estado mexicano está obligado a cumplir. Una
de ellas tiene que ver con las reformas a la legislación mencionada en el apartado
anterior.
En este tenor, sobre el artículo 57, fracción II, inciso a, del Código de Justicia
Militar, toda vez que considera como propios de la jurisdicción militar los de­
litos cometidos por militares en el ejercicio de sus funciones, estos casos son llevados ante las autoridades judiciales castrenses, lo que obstaculiza a la víctima
ser parte en un juicio llevado ante un juez independiente, objetivo e imparcial.
La desaparición forzada no puede ser considerada un acto de servicio o cometer-
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
265
se con motivo del mismo. Por ello, la reforma al Código de Justicia Militar impedirá que aquellos casos de violaciones a los derechos humanos de civiles por parte de militares se vean afectados por la extensión del fuero castrense.
En lo tocante al artículo 215 A del Código Penal Federal, la Corte puso de relieve la inadecuación de su actual redacción con respecto a los estándares internacionales en la materia, al reducir al sujeto activo del delito de desaparición forzada de personas a “servidores públicos”, cuando frecuentemente el Estado usa a
otros actores para cometer el delito, como lo indica la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP). 3 La orden de la Corte de
armonizar la legislación penal sobre desaparición forzada con los estándares internacionales abre la puerta para la discusión de una ley integral para la prevención, sanción y erradicación de este delito.
***
Los precedentes que sienta el caso del señor Radilla sin duda se harán presentes
en las demandas del movimiento de víctimas de los delitos de la “guerra sucia”,
así como en la defensa de los casos de violaciones a los derechos humanos de civiles por parte de elementos castrenses en que se ha extendido el fuero militar.
Hoy, nuestra memoria está siendo interpelada. Recordar la deuda que tiene
México para con las víctimas de la sistemática e histórica violencia de Estado es
una asignatura ineludible en la agenda de derechos humanos de nuestro país.
3
Cabe mencionar que la Corte Interamericana desestimó el alegato del Estado sobre la supuesta incompetencia ratione temporis de ese tribunal para juzgar el asunto, en razón de que la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México a la Convención Americana, así como, ulteriormente, a la CIDFP, son actos posteriores a los hechos materia de la litis, razón por la que, afirmó el
Estado, el carácter continuado de la desaparición forzada resultaba “irrelevante” en el proceso. El
razonamiento de la Corte giró en torno a que, por sus características, el de desaparición forzada es
un delito de ejecución permanente, imprescriptible, cuyos efectos se prolongan en el tiempo mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima, ya que se está ante una aplicación de normas imperativas del derecho internacional general (ius cogens) que comportan un elemento intemporal (cf. párrafos 15-38 de la Sentencia). De igual modo, la Corte declaró nula la reserva
interpuesta por el Estado mexicano al artículo IX de la CIDFP, que pretendía justificar la aplicación extensiva del fuero militar a este tipo de casos, por ir en contra del objeto y fin del tratado (cf.
párrafo 312 de la Sentencia).
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso RADILLA PACHECO vs. ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Sentencia de 23 de noviembre de 2009
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso RADILLA PACHECO vs. ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Sentencia de 23 de noviembre de 2009
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
En el caso Radilla Pacheco,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:*
Cecilia Medina Quiroga, Presidenta;
Diego García-Sayán, Vicepresidente;
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Margarette May Macaulay, Jueza, y
Rhadys Abreu Blondet, Jueza;
presentes, además,
* El 4 de mayo de 2008 el Juez Sergio García Ramírez presentó su excusa para participar en el presente caso en su “calidad de nacional del Estado demandado”. Al respecto expresó que “el buen
desempeño de las funciones jurisdiccionales no reposa solamente en la integridad y capacidad del
juez —que son indispensables por supuesto—, sino también en la valoración que se haga sobre
aquéllas. Ser, pero también parecer”. Mediante nota de 9 de mayo de 2008 la Presidenta del Tribunal manifestó que “compart[ía] en términos generales” la posición del Juez García Ramírez y aceptó su excusa. En consecuencia, a través de la nota de 9 de mayo de 2008 se comunicó al Estado
acerca de la referida excusa y se le consultó su parecer sobre el eventual nombramiento de un juez
ad hoc que interviniera en el conocimiento y decisión de este caso. A su vez, se informó al Estado
que el Tribunal había recibido y estaba examinando planteamientos en el sentido de que la institución del juez ad hoc sólo sería procedente en casos contenciosos interestatales. La Comisión remitió el 14 de mayo de 2008 el escrito titulado “Posición de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos sobre la figura del juez ad hoc”. El Estado no nombró juez ad hoc. Por otra parte, el juez
Leonardo A. Franco informó a la Corte que, por razones de fuerza mayor, no podía participar en la
deliberación y firma de la presente Sentencia.
[269]
270
cndh/cmdpdh
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 30, 32, 38.6, 56.2, 58, 59 y 61 del Reglamento de la Corte1 (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.
I. Introducción de la Causa y Objeto de la Controversia
1. El 15 de marzo de 2008, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y
61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la
Corte una demanda en contra de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “el
Estado” o “México”), la cual se originó en la denuncia presentada el 15 de noviembre de 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Dere­
chos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y
Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (en adelante “los
representantes”). El 12 de octubre de 2005 la Comisión aprobó el Informe de
Ad­misibilidad No. 65/05, 2 mediante el cual declaró admisible la petición. Posteriormente, el 27 de julio de 2007 la Comisión adoptó el Informe de Fondo No.
60/07, 3 en los términos del artículo 50 de la Convención, en el cual formuló de1
Conforme a lo dispuesto en el artículo 72.2 del Reglamento de la Corte Interamericana aprobado
en su XLIX Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 16 al 25 de noviembre de 2000, reformado parcialmente en su LXXXII Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 19 al 31 de enero de
2009, y en vigor desde el 24 de marzo de 2009.
2
En el Informe de Admisibilidad No. 65/05, la Comisión decidió declarar admisible la petición No.
777/01 en relación con la presunta violación de los artículos 4, 5, 7, 8 y 25, en concordancia con el
artículo 1.1, de la Convención Americana, así como los artículos I, III, IX, XI y XIX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (expediente de anexos a la demanda, apéndice 2, folio 56).
3
En el Informe de Fondo No. 60/07, la Comisión concluyó que el Estado era “[r]esponsable por la
violación a los artículos I y XVIII de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del
Hombre, y por la violación d[e los] derecho[s] a la vida, a la libertad personal, […] a la integridad
personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 2, 3, 4, 7,
5, 8 y 25 de la Convención Americana, todos en conexión con el artículo 1.1 del mismo instrumento”. Asimismo, la Comisión consideró que no era necesario pronunciarse “[s]obre las violaciones
alegadas a los artículos I, II, III, IX, XI y XIX de la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas” (expediente de anexos a la demanda, apéndice 1, folio 44).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
271
terminadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 15 de agosto de 2007. El 13 de marzo de 2008, tras haber recibido la información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del Informe
de Fondo, y al considerar que “el Estado no había cumplido plenamente con sus
recomendaciones”, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción
de la Corte. La Comisión designó como delegados a los señores Florentín Melén­dez,
Comisionado, y Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a las abogadas Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, María
Claudia Pulido, Marisol Blanchard y Manuela Cuvi Rodríguez, especialistas de
la Secretaria Ejecutiva de la Comisión.
2. Los hechos del presente caso se refieren a la presunta desaparición forzada
del señor Rosendo Radilla Pacheco, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974, a manos de efectivos del Ejército en el Estado de Guerrero, México.
Según la Comisión Interamericana, las alegadas violaciones derivadas de este
hecho “se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la [presunta] víctima ni se han encontrado sus restos”. De
acuerdo a lo alegado por la Comisión, “[a] más de 33 años de los hechos, existe
total impunidad ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables, ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación”.
3. Por lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los derechos consagrados en los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4
(Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de
Rosendo Radilla Pacheco. Asimismo, solicitó a la Corte declarar la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los artículos 5 (Derecho
a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la
Convención Americana, en perjuicio de los siguientes familiares del señor Radilla Pacheco: Victoria Martínez Nerí (fallecida), Tita, Andrea, Rosendo, Romana,
Evelina, Rosa, Agustina, Ana María, Carmen, Pilar, Victoria y Judith, todos de
apellido Radilla Martínez. De otro lado, solicitó que se declare el incumplimiento por parte del Estado del artículo 2 de la Convención Americana (Deber de
Adoptar Disposiciones de Derecho Interno). Por último, la Comisión solicitó a la
Corte que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación, pecuniarias y no pecuniarias.
4. El 19 de junio de 2008 los señores Mario Solórzano Betancourt, Humberto
Guerrero Rosales y María Sirvent Bravo-Ahuja, de la Comisión Mexicana de De­
fensa y Promoción de los Derechos Humanos, la señora Tita Radilla Martínez y
272
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el señor Julio Mata Montiel, de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desa­
parecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, representantes de las presuntas víctimas, presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los
términos del artículo 24 del Reglamento. En dicho escrito coincidieron con lo
alegado por la Comisión Interamericana en la demanda y, además, alegaron la
presunta violación de otros derechos consagrados en la Convención Americana
y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en
adelante, “Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada” o “CIDFP”).
5. Los representantes solicitaron a la Corte que declare al Estado responsable
por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vi­
da), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de
la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en
concordancia con los artículos II y XI de la CIDFP, en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. Asimismo, alegaron que el Estado es responsable por la
violación del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención
Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio
de los siguientes familiares del señor Radilla Pacheco: Victoria Martínez Neri y
Tita, Andrea, Romana, Evelina, Rosa, Ana, Agustina, María del Carmen, María
del Pilar, Judith, Victoria y Rosendo, todos de apellido Radilla Martínez, así co­
mo de la “comunidad” a la que pertenecía el señor Rosendo Radilla Pacheco. Por
otra parte, solicitaron declarar al Estado responsable por la violación de los ar­
tículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Ame­
ricana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en concordancia con los
artículos I, inciso b), y IX de la CIDFP, en perjuicio del señor Rosendo Radilla y
“de sus familiares”. Además, solicitaron al Tribunal que declarara la violación
del artículo 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión), en relación con los artículos 8 (Garantías Judiciales), 25 (Protección Judicial) y 1.1 (Obligación de Res­
petar los Derechos), todos de la Convención Americana, en concordancia con el
artículo I, incisos a) y b) de la CIDFP, en relación con “el derecho a conocer la ver­
dad”, en perjuicio de “los familiares” del señor Rosendo Radilla Pacheco y la sociedad mexicana en su conjunto. Finalmente, solicitaron a la Corte que declare
que “[e]l Estado mexicano es responsable por no adoptar las medidas legislativas
o de otro carácter necesarias para la obtención de justicia y verdad, violando el
artículo 2 de la Convención Americana, en concordancia con el artículo III de la
[CIDFP]”, y que “[s]ea declarada nula la reserva interpuesta por el Es­tado mexicano al artículo IX de la [CIDFP] por ir en contra del objeto y fin de [la misma]”.
6. El 21 de septiembre de 2008 el Estado presentó un escrito mediante el cual
interpuso cuatro excepciones preliminares, contestó la demanda y formuló ob-
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
273
servaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de
la demanda”). Así, el Estado solicitó a la Corte que declare fundadas las siguientes excepciones preliminares: i) incompetencia ratione temporis debido a la fecha
de depósito de su instrumento de adhesión a la Convención Americana; ii) incompetencia ratione temporis para aplicar la CIDFP debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México; iii) incompetencia ratione materiae
para utilizar la Carta de la Organización de Estados Americanos como fundamento para conocer del caso, y iv) incompetencia ratione temporis para conocer
de presuntas violaciones al artículo 4 (Derecho a la Vida) y 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana en perjuicio del señor Rosendo
Radilla Pacheco. “Ad cautelam”, respecto del fondo, el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos reco­
nocidos en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la
Convención Americana, en perjuicio del señor Radilla Pacheco y sus “familiares”. Asimismo, el Estado reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos reconocidos en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7
(Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana, en perjuicio del
señor Radilla Pacheco. De igual modo, se allanó a la alegada violación del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, en perjuicio de “los
familiares” del señor Radilla Pacheco. Por otro lado, México negó la violación de
los derechos reconocidos en los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la
Personalidad Jurídica), en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco; 5 (Derecho a
la Integridad Personal), en perjuicio de la comunidad donde habitó el señor Radilla Pacheco; 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) en perjuicio de sus
familiares, y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), todos
ellos de la Convención Americana. Finalmente, el Estado indicó estar dispuesto
a mantener la propuesta de reparación que había realizado durante el trámite an­
te la Comisión Interamericana. El Estado designó a la señora María Carmen Oñate
Muñoz, Embajadora de México en Costa Rica, como Agente en el presente caso,
designación que fue posteriormente sustituida por la de la señora Zadalinda
González y Reynero, Embajadora de México en Costa Rica al momento de emitirse la presente Sentencia.
7. El 7 y 10 de noviembre de 2008 la Comisión y los representantes presentaron, respectivamente, sus alegatos escritos a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado.
274
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II. Procedimiento ante la Corte
8. Durante el proceso ante este Tribunal, las partes remitieron a la Corte sus escritos principales (supra párrs. 1, 4 y 6). Los representantes y la Comisión presentaron, respectivamente, sus escritos de alegatos a las excepciones preliminares
interpuestas por el Estado (supra párr. 7). Asimismo, la Presidenta de la Corte
(en adelante “la Presidenta”) ordenó recibir las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) de dos presuntas víctimas, diez testigos y tres peritos
ofrecidos por la Comisión, por los representantes y por el Estado, respecto de las
cuales las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Además, la
Presidenta convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de dos presuntas víctimas, un testigo
y un perito, así como los alegatos finales orales de las partes sobre excepciones
preliminares y los eventuales fondo, reparaciones y costas. Por último, la Presidenta fijó plazo hasta el 14 de agosto de 2009 para que las partes presentaran sus
respectivos alegatos finales escritos.4
9. La audiencia pública fue celebrada el 7 de julio de 2009 durante el LXXXIII
Período Ordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la sede del Tribunal, en San José de Costa Rica. 5
4
Cfr. Caso Radilla Pacheco vs. México. Convocatoria a Audiencia Pública. Resolución de la Presidenta
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de mayo de 2009, Puntos Resolutivos
primero a cuarto.
5
A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana, Florentín Meléndez, delegado, y Juan Pablo Albán Alencastro y Lilly Ching Soto, asesores; b) por los representantes de las
presuntas víctimas, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, Mario Alberto Solórzano Betancourt, María Sirvent Bravo-Ahuja, Humberto Guerrero Rosales y Alejandra Gonza, asesora, y c) por el Estado, Fernando Gómez-Mont, Secretario de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos; Daniel
Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos
de la Secretaría de Gobernación; Juan Manuel Gómez-Robledo Verduzco, Subsecretario para Asun­
tos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; José Luis Chá­
vez García, Procurador General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; Pablo
Ojeda, Coordinador de Asesores del Secretario de Gobernación; María Carmen Oñate Muñoz,
Embajadora Titular de la Embajada de México en Costa Rica, Secretaría de Relaciones Exteriores;
Alejandro Negrín Muñoz, Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de
Relaciones Exteriores; Jaime Antonio López-Portillo Robles Gil, Director de Derechos Humanos
de la Secretaría de la Defensa Nacional; Ricardo Trejo Serrano, Director General de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República; Guillermo Leopoldo Mendoza Argüello,
Representante de la Sección 5º del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional; Francisca Méndez Escobar, Jefa de Cancillería y Encargada de Asuntos Económicos, Políticos, Jurídicos y
Prensa, Embajada de México en Costa Rica, y José Ignacio Martín del Campo, Director de Casos
de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
275
10. Por otra parte, la Presidenta solicitó al Estado que, en atención a la solicitud de la Comisión en su demanda y de los representantes en su escrito de solicitu­
des y argumentos, remitiera copia de la Averiguación Previa SIEDF/CGI/454/
2007 que se tramita ante la Procuraduría General de la República, en relación
con la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco. Mediante notas de 17 de abril, 11 y 19 de mayo, 4 de junio, 16 de junio, 2 de julio y
30 de septiembre de 2009, el Estado se refirió a la solicitud realizada por la Presidenta e indicó, inter alia, que estaba en “[d]isposición de poner a la vista de la
[Corte …] una copia de la averiguación previa SIEDF/CGI/454/07 para su exclusivo conocimiento, en el entendido de que las demás partes en el proceso no
podrían tener acceso al contenido [de la misma]”, con base en diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental. Los días 26 de mayo, 23 de junio, 2 de
julio y 8 de octubre de 2009 los representantes remitieron sus observaciones a
las notas del Estado. La Comisión se refirió al asunto mediante escrito de 24 de
junio de 2009.
11. El 14 de agosto de 2009 la Comisión Interamericana, los representantes y
el Estado presentaron sus alegatos finales escritos.
12. El 18 de septiembre de 2009 la Presidenta requirió al Estado la presentación de prueba para mejor resolver, la cual fue remitida el 8 de octubre de 2009,
dentro del plazo establecido para ello. Asimismo, el 26 de octubre de 2009 la
Presidenta del Tribunal solicitó a las partes la presentación de prueba para mejor
resolver, la cual fue remitida por el Estado el 2 de noviembre de 2009.
13. Además, el Tribunal recibió 13 escritos en calidad de amicus curiae de diversas personas e instituciones. 6 Así, el 2 de julio de 2009 el Tribunal recibió de
Amnistía Internacional un escrito referido a las declaraciones interpretativas y
reservas formuladas por México a la Convención Americana y a la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada.7 El 17 de julio de 2009 la Corte recibió un escrito de la señora María Valdés Leal sobre “la incompatibilidad del
amparo de libertad en México con el derecho internacional”. El 20 de julio de
6
El 23 de junio de 2009 “algunos estudiantes del postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México” presentaron al Tribunal “un documento […] en calidad de
AMICI CURIAE”. Sin embargo, en el documento referido no constan los nombres y datos de identificación de “los estudiantes” que presentan el escrito, por lo que, siguiendo instrucciones de la
Presidenta del Tribunal, se solicitó al remitente, de conformidad con el artículo 27.1 del Reglamento del Tribunal, indicar el nombre, la firma y los datos de identificación de las personas que suscriben el referido documento. Dicha información no fue recibida.
7
Firmó el escrito Martin Macpherson, Director del Programa de Derecho Internacional y Organizaciones de Amnistía Internacional.
276
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2009 el Tribunal recibió un escrito del señor Erik Nelson Ramírez, “integrante
de los estudios de Maestría en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Panamericana”, Campus Ciudad de México, acerca de “[l]a inconstitucionalidad del [f]uero [m]ilitar en México tratándose de delitos en los que participen
como sujetos pasivos u ofendidos, personas civiles”. 8 El 20 de julio de 2009 la
Corte recibió del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia un
escrito con consideraciones sobre la jurisdicción penal militar en México y la actuación del ejército mexicano en tareas de seguridad pública.9 El 22 de julio de
2009 la Corte recibió de la señora Victoria Livia Unzueta Reyes un escrito mediante el cual aporta elementos sobre la construcción y funcionamiento de la
justicia militar en México.10 El 21 de julio de 2009 el Tribunal recibió de “una
coalición de organizaciones mexicanas defensoras de derechos humanos” un escrito mediante el cual formularon consideraciones acerca de la aplicación del
fuero militar a casos de violaciones de derecho humanos en México.11 El 21 de
julio de 2009 la Corte recibió de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos un escrito a través del cual formularon consideraciones sobre el derecho a un recurso efectivo y a obtener una reparación
justa y adecuada en casos de desaparición forzada de personas.12 El 21 de julio de
2009 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentó un escrito en
el que se refirió al desarrollo de la noción de desaparición forzada de personas y
las consecuencias de su consagración en el derecho internacional de los derechos humanos.13 El 21 de julio de 2009 esta Corte recibió de la Oficina en Was8
No se recibió escrito original.
Firmó el documento Rocío Culebro Bahena, Directora Ejecutiva.
10
Firmó el escrito Victoria Livia Unzueta Reyes.
11
Firmó el escrito Stephanie Erin Brewer. El escrito de amicus curiae fue suscrito y presentado por
las siguientes organizaciones: Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México);
Católicas por el Derecho a Decidir (CDD); Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS); Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan (Tlachinollan); Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos
(CAM); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia (IMDHD); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los
derechos para todas y todos” (RedTDT), y Red Solidaria Década Contra la Impunidad. Asimismo, dicho escrito fue presentado por las organizaciones: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa) y Red por los Derechos de la Infancia en México. Sin embargo, estas
últimas no confirmaron ante la Corte la suscripción del mismo.
12
Firmaron el escrito Carmelo Faleh Pérez, Secretario de la Asociación, y Carlos Villán Durán, Presidente de la Asociación.
13
Firmaron el escrito los señores Gisela de León, Luis Diego Obando, Viviana Krsticevic y Vanessa
Coria.
9
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
277
hington para Asuntos Latinoamericanos un escrito sobre el impacto de la utilización de militares en tareas de seguridad pública en México.14 El 22 de julio de
2009 la Corte recibió de la Clínica de Interés Público de la División de Estudios
Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas un escrito mediante el cual se refirieron al fuero militar en México.15 El 22 de julio de 2009 la
Corte recibió de la señoras Gabriela Rodríguez Huerta y Karen Hudlet Vázquez
un escrito con consideraciones sobre la validez tanto de la declaración interpretativa como de la reserva formuladas por México a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.16 El 24 de julio de 2009 alumnos de la Maestría
en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, remitieron un escrito sobre “[l]a aplicación expansiva
del fuero militar mexicano en perjuicio de civiles que han sido víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales”.17 El 27 de julio de 2009 la Corte recibió
del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez un escrito referido al contexto histórico dentro del que se alegan ocurrieron las presuntas violaciones a derechos humanos en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco,
particularmente, en relación con “las investigaciones realizadas por el Estado
respecto de los delitos cometidos durante el período conocido en México como
‘Guerra Sucia’”.18
III. Excepciones preliminares
14. Como se dijo, en su escrito de contestación de la demanda el Estado interpuso cuatro excepciones preliminares relativas a la competencia temporal y mate14
Firmó el escrito Maureen C. Meyer, Coordinadora del Programa para México y Centro América.
Firmaron el documento Javier Cruz Angulo Nobara, profesor; Benjamín Uriel Salinas Morales,
Víctor Daniel Gutiérrez Morales, Anel Alejandra Valadez Murillo y Marcos Zavala Cruz, estudiantes.
16
Firmó el documento Gabriela Rodríguez Huerta, académica y profesora de la Facultad de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
17
Firmaron el escrito Sara Luz Enríquez Uscanga, Manuel Amador Velásquez, Mariana Castilla
Calderas, Angélica Saucedo Quiñones, Claudia Liza Corona de la Peña, Yedana Reneé García Flores, Silvano Cantú Martínez, Roberto Josué Bermúdez Olivos, Laura Rebeca Martínez Moya,
Paulina Gutiérrez Jiménez, Ana Paula Hernández Pontón, Mario Patrón Sánchez y Katherine
Mendoza.
18
Firmaron el documento Luis Arriaga Valenzuela, Director, y Jorge Santiago Aguirre Espinosa y
Stephanie Erin Brewer, abogados. En dicho escrito se indicó que la Fundación Diego Lucero, Familia Guzmán Cruz, Nacidos en la Tempestad y el Comité de Madres de Desaparecidos de Chihuahua se adherían al mismo. Sin embargo, estas organizaciones no confirmaron ante la Corte su
suscripción.
15
278
cndh/cmdpdh
rial de este Tribunal para conocer del presente caso. Al respecto, la Corte estima
necesario reiterar que, como todo órgano con funciones jurisdiccionales, tiene
el poder inherente a sus atribuciones de determinar el alcance de su propia competencia (compétence de la compétence). En tal sentido, esta Corte ha considerado
que no puede dejar a la voluntad de los Estados la determinación de cuáles hechos se encuentran excluidos de su competencia.19 Tomando en cuenta lo anterior, la Corte analizará la procedencia de las excepciones preliminares interpuestas en el orden en que fueron planteadas.
A. Incompetencia ratione temporis para conocer los méritos del caso
debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México
a la Convención Americana
15. El Estado señaló que la Corte “[c]arece de competencia ratione temporis para
conocer sobre los méritos del caso […], ya que […] firmó su instrumento de adhesión a la Convención Americana […] el 2 de marzo de 1981 y lo depositó en la
Secretaría General de la OEA el 24 de marzo de 1981”. En este sentido, alegó que
al momento en que tuvieron lugar los hechos de este caso “[n]o existía obligación internacional alguna sobre la cual [la] Corte tenga competencia para conocer”. Agregó que de acuerdo a la Convención Americana, las obligaciones jurí­
dicas no podrían aplicarse retroactivamente. El Estado no controvirtió el carácter
permanente o continuado de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla
Pacheco, sino indicó que “[n]o existía un instrumento sobre el cual se le pudiera
imputar la responsabilidad internacional por dichos actos” en la fecha en que ocu­
rrieron, es decir, el 25 de agosto de 1974. En esta línea, argumentó que “[s]i el
inicio de un acto estatal no tiene relevancia jurídica, al no existir obligación al
momento en que se efectúa, tampoco lo puede tener la continuación del mismo.
Así, aún ante una desaparición, la Corte Interamericana no tiene competencia
para conocer de actos jurídicamente irrelevantes, independientemente de que
éstos continúen una vez que se ratifique la Convención Americana”.
16. La Comisión indicó que no solicitaba una aplicación retroactiva de la Con­
vención y coincidió con el Estado en que sus obligaciones bajo la misma comienzan a partir de la fecha de su ratificación. Por su parte, los representantes indica19
Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de
noviembre de 2004. Serie C No. 118, párr. 74; Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No.
154, párr. 45, y Caso García Prieto y otros vs. El Salvador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 41.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
279
ron que el Estado acepta que tiene obligaciones plenas y exigibles desde el 24 de
marzo de 1981, fecha de su adhesión a la Convención.
17. Los hechos que sustentan la demanda de la Comisión en el presente caso
se refieren a la presunta detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco ocurridas desde el 25 de agosto de 1974, es decir, desde
antes de la adhesión del Estado a la Convención Americana. No obstante, en el
presente caso se alega que la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco “tiene carácter continuo o permanente”, que a la fecha no se conoce su paradero y
que las investigaciones adelantadas al respecto no han producido resultado.
18. De esta manera, la Corte entiende que los hechos alegados o la conducta
del Estado que pudiera implicar su responsabilidad internacional permanecerían vigentes con posterioridad a la entrada en vigor del tratado para México
hasta el presente. La permanencia de esta situación no ha sido controvertida por
el Estado. México alega que, por el contrario, el carácter continuado de la desaparición forzada de personas es irrelevante en este caso.
19. En sustento de sus alegatos el Estado invocó el principio de irretroactividad de los tratados contemplado en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados (en adelante, “Convención de Viena”), según el
cual los Estados Partes no estarán obligados respecto de actos, hechos o situaciones que hayan tenido lugar antes de la entrada en vigor de un tratado. 20
20. La Corte observa que conforme al citado principio, la regla general es que
un tratado no tiene aplicación retroactiva sobre actos o hechos que se hayan consumado con anterioridad a su entrada en vigor, salvo que una intención diferente se desprenda del mismo o conste de otro modo. Ahora bien, surge del mismo
principio que desde que un tratado entra en vigor es exigible a los Estados Partes
el cumplimiento de las obligaciones que contiene respecto de todo acto posterior a esa fecha. Ello se corresponde con el principio pacta sunt servanda, según
el cual “[t]odo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas
de buena fe”.21
20
El artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que “[l]as disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido
lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo”.
21
Artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En el mismo sentido, cfr. Caso
Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001.
Serie C No. 72, párr. 99; I.C.J., Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom), Preliminary
Objections, Judgment of 2 December 1963, Reports 1963, páginas 18 y 27; y, Permanent Court of Inter-
280
cndh/cmdpdh
21. De lo anterior, resulta claro que un hecho no puede constituir violación de
una obligación internacional derivada de un tratado a menos que el Estado esté
vinculado por dicha obligación al momento que se produce el hecho. El establecimiento de ese momento y su extensión en el tiempo tiene entonces relevancia
para la determinación no sólo de la responsabilidad internacional de un Estado,
sino de la competencia de este Tribunal para aplicar el tratado en cuestión.
22. Al respecto, cabe distinguir entre actos instantáneos y actos de carácter
continuo o permanente.22 Éstos últimos “se extiende[n] durante todo el tiempo
en el cual el hecho continúa y se mantiene su falta de conformidad con la obligación internacional”.23 Por sus características, una vez entrado en vigor el tratado,
aquellos actos continuos o permanentes que persisten después de esa fecha, pueden generar obligaciones internacionales respecto del Estado Parte, sin que ello
implique una vulneración del principio de irretroactividad de los tratados.
23. Dentro de esta categoría de actos se encuentra la desaparición forzada de
personas, cuyo carácter continuo o permanente ha sido reconocido de manera
reiterada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 24 en el cual el
national Justice, Case of the Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, Judgment of 7 June
1932, Series A/B No. 46, páginas 161 y 162.
22
Cfr. Eur. Ct. H.R., Case of Loizidou v. Turkey, Application no. 15318/89, Judgment of 18 December
1996, párrs. 35 y 41.
23
Artículo 14 del Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Ilícitos Internacionales. Al respecto, cfr. James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility- Introduction, Text and Commentaries, Cambridge, University Press, 2002. En el mismo
sentido, cfr. Caso Blake vs. Guatemala. Excepciones Preliminares. Sentencia de 2 de julio de 1996.
Serie C No. 27, párrs. 39 y 40; Caso Nogueira de Carvalho y otros vs. Brasil. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 28 de noviembre de 2006. Serie C No. 161 párr. 45; Caso Ticona Estrada y
otros vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No.
191, párr. 29; I.C.J., United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of
America v. Iran), Judgment of 24 May 1980, párr. 78; Eur. Ct. H.R., Case Papamichalopoulos and
Others v. Greece, Judgment of 24 June 1993, párrs. 40 y 46; Eur. Ct. H.R., Case Agrotexim and Others v. Greece, Judgment of 24 October 1995, párr. 58, y H.R.C., Case Lovelace v. Canada, Communication CCPR/C/13/D/24/1977, 30 July 1981, párrs. 10 a 11; Caso de Ivan Somers v. Hungría, Comunicación CCPR/C/57/D/566/1993, 23 de julio de 1996, párr. 6.3, y Caso de E. y A.K. v. Hungría,
Comunicación CCPR/C/50/D/520/1992, 5 de mayo de 1994, párr. 6.4.
24
Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4,
párr. 155; Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 106, y Caso Tiu Tojín vs. Guatemala.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 84. La
Corte Europea de Derechos Humanos también ha considerado el carácter continuo o permanente
de la la desaparición forzada de personas. Cfr. Case Cyprus v. Turkey, Application No. 25781/94,
Judgment of 10 May 2001, párrs. 136, 150 y 158, y Case of Loizidou v. Turkey, supra nota 22, párr. 41.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
281
acto de desaparición y su ejecución se inician con la privación de la libertad de la
persona y la subsiguiente falta de información sobre su destino, y permanece
hasta tanto no se conozca el paradero de la persona desaparecida y los hechos no
se hayan esclarecido.
24. Con base en lo anterior, la Corte considera que la Convención Americana
produce efectos vinculantes respecto de un Estado una vez que se obligó al mismo. En el caso de México, al momento en que se adhirió a ella, es decir, el 24
de marzo de 1981, y no antes. De esta manera, de conformidad con el principio de
pacta sunt servanda, sólo a partir de esa fecha rigen para México las obligaciones
del tratado y, en tal virtud, es aplicable a aquellos hechos que constituyen violaciones de carácter continuo o permanente, es decir, a los que tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del tratado y persisten aún después de esa fecha, puesto
que ellas se siguen cometiendo. Sostener lo contrario equivaldría a privar de su
efecto útil al tratado mismo y a la garantía de protección que establece,25 con
consecuencias negativas para las presuntas víctimas en el ejercicio de su derecho
de acceso a la justicia.
25. Por todo lo anteriormente expuesto, esta Corte desestima la presente excepción preliminar.
B. Incompetencia ratione temporis para aplicar la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas debido a la fecha de depósito del
instrumento de adhesión de México a la citada Convención
26. Conforme a la declaración interpretativa formulada al ratificar la CIDFP, el
Estado sostuvo que la Corte carecía de competencia ratione temporis para aplicar
dicho instrumento respecto a hechos que no se hubieran ordenado, ejecutado o
cometido con posterioridad a la entrada en vigor del referido tratado. Por otro
lado, México alegó que la Corte carecía de competencia para determinar si la reserva hecha al artículo IX de dicha Convención 26 era compatible o no con el de25
Cfr. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de
2003. Serie C No. 100, párr. 118; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 152, y Caso de la Comunidad
Moiwana vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 165. En la misma línea, cfr. Eur. Ct. H.R., Klass and others v.
Germany, Preliminary Objetion, Judgment of 6 September 1978, párr. 34, y Permanent Court of
Arbitration, Dutch-Portuguese Boundaries on the Island of Timor, Netherlands v. Portugal Arbitral
Award of 25 June 1914, páginas 7 y 8.
26
Al ratificar la CIDFP, México formuló la siguiente reserva: “El Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos […] formula reserva expresa al artículo IX, toda vez que la Constitución Política reco-
282
cndh/cmdpdh
recho internacional, pues el Estado jamás había invocado dicha reserva para dejar de cumplir con sus obligaciones internacionales y porque ésta no había sido
materia de litis en el trámite ante la Comisión Interamericana. Finalmente, el
Estado objetó el interés legal de los representantes para solicitar la nulidad de la
referida reserva.
27. La Comisión indicó que no había invocado violaciones a la CIDFP, por lo
cual no se pronunciaba al respecto. Por su parte, los representantes alegaron que
la declaración interpretativa formulada por el Estado mexicano no afectaba la
competencia del Tribunal. Asimismo, sostuvieron que tanto la CIDFP como
la reserva a su artículo IX habían formado parte de la litis en el ámbito nacional y
en el internacional.
28. En cuanto a la competencia ratione temporis para conocer de presuntas
violaciones a la CIDFP, la Corte observa que México, al ratificar dicha Convención el 9 de abril de 2002, realizó la siguiente “declaración interpretativa”:
“Con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, […] se entenderá que las disposiciones de dicha Convención
se aplicarán a los hechos que constituyan desaparición forzada de personas, se ordenen, ejecuten o cometan con posterioridad a la entrada en vigor de la presente
Convención”.
29. Al respecto, el Tribunal advierte que el artículo 14 de la Constitución Política mexicana, al que hace referencia la declaración interpretativa dispone, inter alia, que “[a] ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona
alguna”. Con base en lo anterior, el Estado adujo que “[l]a limitación temporal
de México a la CIDFP es admisible […] ya que la […] Corte sí puede conocer sobre desapariciones forzadas ejecutadas con posterioridad al 9 de abril de 2002.
[…] Toda vez que la limitación del Estado mexicano al instrumento […] se re­
fiere a hechos que se ejecuten con anterioridad al 9 de abril de 2002, la […] Corte se encuentra impedida para conocer sobre hechos o actos que se cometieron o
se ejecutaron antes del 9 de abril de 2002, y cuyos efectos se consumaron en ese
acto”.
noce el fuero de guerra, cuando el militar haya cometido algún ilícito encontrándose en servicio.
El fuero de guerra no constituye jurisdicción especial en el sentido de la Convención, toda vez que
conforme al artículo 14 de la Constitución mexicana nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
283
30. La “declaración” realizada por México permite aclarar el sentido o alcance temporal respecto a la aplicación de la CIDFP. Del sentido corriente de sus
términos, se desprende claramente que las disposiciones de tal instrumento son
aplicables a hechos que se ejecuten o cometan con posterioridad a su entrada en
vigor. A la luz del artículo 31 de la Convención de Viena, este Tribunal ha afirmado que el “sentido corriente” de los términos no puede ser una regla por sí
misma sino que debe involucrarse dentro del contexto y, en especial, dentro del
objeto y fin del tratado.27 Asimismo, el Tribunal ha sostenido que el “sentido corriente de los términos” debe analizarse como parte de un todo cuyo significado
y alcance debe fijarse en función del sistema jurídico al cual pertenece.28
31. De esta manera, la interpretación debida a los términos “ejecutan o cometan” de la declaración de México a la CIDFP, no puede ser otra que una con­
secuente con la caracterización que el propio tratado realiza de la desaparición
forzada29 y con el efecto útil de sus disposiciones, de manera que su aplicación in­
cluya los actos de desaparición forzada de personas que continúen o permanezcan más allá de la fecha de entrada en vigor30 para México, es decir, el 9 de abril
de 2002, en tanto no se establezca el destino o paradero de la víctima. 31
27
Cfr. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 23; Compatibilidad de un Proyecto de ley con el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Opinión Consultiva OC-12/91 de 6 de diciembre de 1991. Serie A No. 12, párr. 21, y Artículo 55 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-20/09 de 29 de septiembre de 2009. Serie A No. 20, párr. 26.
28
Cfr. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido
Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 113;
Caso Bueno Alves vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 78, y Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión
Consultiva OC-20/09, supra nota 27, párr. 26. En el mismo sentido, la Corte Internacional de Justicia ha señalado que “[n]o puede basarse en una interpretación puramente gramatical del texto.
[La Corte] debe procurar una interpretación que sea armónica con la forma natural y razonable de
leer el texto” (traducción de la Secretaría). Cfr. I.C.J., Case Anglo-Iranian Oil Company Case. (United Kingdom v Iran), Preliminary Objection. Judgment of 22 July 1952, página 104.
29
Al respecto, la Corte reitera, de conformidad con la parte pertinente del artículo III de la CIDFP,
que el delito de desaparición forzada de personas “será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”.
30
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, supra nota 24, párr. 155; Caso Heliodoro Portugal vs.
Panamá, supra nota 24, párr. 106, y Caso Tiu Tojín vs. Guatemala, supra nota 24, párr. 52.
31
Cfr. artículo III de la CIDFP. Sobre esta materia, resulta relevante el criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de México al analizar la entrada en vigencia de dicha Convención. La
Suprema Corte mexicana estableció que “[las disposiciones establecidas en la CIDFP] no podrán
aplicarse a aquellas conductas constitutivas de una desaparición cuya consumación hubiera cesado
284
cndh/cmdpdh
32. En el caso que nos ocupa, se alega que la desaparición forzada del señor
Radilla Pacheco continúa ejecutándose. De allí que la eventual aplicación de la
CIDFP al presente caso se encuentra dentro de la competencia temporal de esta
Corte.
***
33. Por otra parte, México alegó la incompetencia del Tribunal para conocer sobre la supuesta nulidad de la reserva hecha al artículo IX de la CIDFP. Al respecto, la Corte observa que el alegato del Estado corresponde a una excepción prelimi­
nar que tiene por objeto prevenir el conocimiento de la Corte sobre la supuesta
“nulidad” de la citada reserva, relativa a la “jurisdicción penal militar en casos de
Desaparición Forzada de Personas” y, en consecuencia, de la aplicación de dicho
artículo al presente caso.
34. Ha sido un criterio sostenido por este Tribunal que la Convención Americana le confiere jurisdicción plena sobre todas las cuestiones relativas a un caso
sometido a su conocimiento, incluso sobre los presupuestos procesales en los
que se funda la posibilidad de que ejerza su competencia. 32
35. La Corte constató que durante el procedimiento ante la Comisión, los representantes alegaron la supuesta violación del artículo IX de la CIDFP. 33 En tal
sentido, hicieron referencia a la reserva formulada por el Estado, expresando que
ésta “frusta[ba] el objeto y fin de dicha Convención; además[, que] impid[ía]
antes de que adquiriera obligatoriedad la nueva norma, pero no debe interpretarse en el sentido de
que no se aplique a las conductas típicas de tal delito que habiéndose iniciado antes de su vigencia,
se continúen consumando durante ella, pues al tener el delito de desaparición forzada de personas
el carácter de permanente o continuo puede darse el caso de que las conductas comisivas del ilícito
se sigan produciendo durante la vigencia de la Convención.” Cfr. Suprema Corte de Justicia de la
Nación de México, Tesis: P./J. 49/2004. “Desaparición Forzada de Personas a que se refiere la
Convención Interamericana de Belém, Brasil, de nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro. La declaración interpretativa formulada por el gobierno mexicano no viola el principio de irretro­
actividad de la ley consagrada en el artículo 14 constitucional”. Novena Época, Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XX, Julio de 2004 Página: 967. Jurisprudencia Materia(s): Constitucional.
32
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de
1987. Serie C No. 1, párr. 29; Caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 40, y Caso Garibaldi
vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de
2009. Serie C No. 203, párr. 35.
33
Cfr. Escrito remitido por los peticionarios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el
5 de enero de 2006 (expediente de anexos a la demanda, anexo 1.24, folios 329 a 333).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
285
que [dicho] instrumento complement[ara] la legislación nacional en [la] ma­
teria”, 34 y pidieron a la Comisión que “solicit[ara] al Estado mexicano retir[ar] la
reserva y declaración interpretativa interpuesta a la [CIDFP], por contravenir
[su] fin y objeto […]”. 35 Al respecto, en su Informe de Admisibilidad, la Comisión admitió la petición presentada, “en relación con los hechos denunciados y
respecto de los artículos […] I, III, IX, XI, y XIX [de la citada Convención]”, 36
aunque en el Informe de Fondo estimó que “no [era] necesario pronunciarse sobre las violaciones alegadas a los artículos I, II, III, IX, XI, y XIX de la
[CIDFP]”. 37 Por lo anterior, esta Corte estima que durante el trámite del caso
ante la Comisión, el Estado tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos al
respecto y, ante este Tribunal, no ha acreditado un perjuicio a su derecho de defensa en ese sentido.
36. En lo concerniente, la Corte considera que la inclusión en el escrito de solicitudes y argumentos de la petición de que la Corte se pronuncie sobre la supuesta nulidad de la reserva efectuada por México a la CIDFP está vinculada
con la alegada violación de la disposición a la cual está referida dicha reserva. Por
su parte, el Estado ha tenido la oportunidad de presentar sus argumentos de defensa en cuanto a dichas solicitudes ante este Tribunal.
37. Con base en las consideraciones precedentes la Corte desestima esta excepción preliminar.
38. Finalmente, el Tribunal observa que el Estado invocó en sus alegatos finales escritos la “[f]alta de agotamiento de los recursos internos a fin de impugnar
la nulidad de la reserva interpuesta por México al artículo IX de la CIDFP”. Al
respecto, indicó que “[t]oda vez que los [representantes habían] introdu[cido]
una nueva cuestión a la litis, el Estado mexicano se enc[ontraba] en posibilidad
de invocar la regla de la falta de agotamiento de recursos internos”. Sobre esta
solicitud, basta reiterar que conforme al artículo 38.1 del Reglamento de la Corte “las excepciones preliminares sólo podrán ser opuestas en el escrito de contestación de la demanda”. En consecuencia, este Tribunal no puede considerar
dicha solicitud por ser extemporánea.
34
Cfr. Partes pertinentes del escrito de 18 de junio de 2002 remitido por los peticionarios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (expediente de anexos a la demanda, anexo 1.4, folio
144).
35
Cfr. Escrito remitido por los peticionarios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el
5 de enero de 2006 (expediente de anexos a la demanda, anexo 1.24, folio 431).
36
Cfr. Informe de Admisibilidad No. 65/05 de 12 de octubre de 2005 (expediente de anexos a la demanda, apéndice 2, folio 56).
37
Cfr. Informe de Fondo No. 60/07 de 27 de julio de 2007 (expediente de anexos a la demanda, apéndice 1, folio 44).
286
cndh/cmdpdh
C. Incompetencia ratione materiae para utilizar la Carta
de la Organización de Estados Americanos (OEA) como fundamento
para conocer del caso
39. El Estado alegó que la Corte Interamericana carecía de competencia “[p]ara
utilizar la Carta de la Organización de los Estados Americanos [suscrita en Bogotá en 1948, en adelante la “Carta de la OEA”] como fundamento para conocer
[…] del presente caso”. El Estado señaló que los representantes fundamentaban
la competencia de este Tribunal no sólo en la Convención Americana sino también en la referida Carta, la cual no le confería a la Corte “ninguna facultad para
funcionar como su órgano supervisor y guardián” y que, por tanto, este Tribunal
debía inhibirse de utilizar dicho instrumento para fundamentar su competencia
para conocer los méritos del presente caso.
40. La Comisión no presentó alegatos al respecto, en la medida que, según
sostuvo, no alegaba la supuesta violación de la Carta de la OEA.
41. Por su parte, los representantes manifestaron que no habían solicitado a la
Corte declarar violación alguna respecto a la Carta de la OEA. Indicaron que
“[l]a Carta de la OEA, así como la Declaración Americana de Derechos y De­
beres del Hombre deben servir para interpretar y determinar el alcance de las obli­
gaciones que tienen los Estados y el momento en el cual adquirieron dichas obliga­
ciones que se perfeccionaron al firmar y ratificar la Convención Americana sobre
Derechos Humanos”. En tal sentido, agregaron que es un argumento con la finalidad de que en “el establecimiento de la responsabilidad internacional del Estado
mexicano se tomen en cuenta las obligaciones que adquirió y se comprometió a
cumplir desde 1948”, fecha en que se firmó la Carta de la OEA.
42. La respuesta de los representantes deja claro que no existe en este punto
controversia con lo que señala el Estado. La Corte precisa, que efectivamente,
no tiene competencia para aplicar disposiciones de la Carta de la OEA en el marco de un proceso contencioso. 38
43. De lo anterior, el Tribunal considera que la excepción preliminar interpuesta no tiene objeto por lo que, en consecuencia, debe desestimarse.
38
Cfr. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del
Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89
de 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, párr. 44, y Caso Bueno Alves vs. Argentina, supra nota 28, párr.
58.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
287
D. Incompetencia ratione temporis para conocer de presuntas violaciones
a los derechos a la vida y a la integridad personal (artículos 4 y 5 de la
Convención Americana) en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco
44. La Corte observa que la excepción interpuesta por el Estado se fundamenta
en la presunción según la cual una persona desaparecida se tiene como muerta
cuando haya transcurrido un tiempo considerable, sin que se tenga noticias de
su paradero o de la localización de sus restos. El Estado sostiene que, bajo un
análisis de derecho y de jurisprudencia comparada, la muerte y alegada tortura
del señor Rosendo Radilla Pacheco habrían ocurrido con anterioridad a la fecha
de ratificación de la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de
1998, ya que desde la fecha de su detención, el 25 de agosto de 1974, habrían
transcurrido más de 24 años sin conocer noticias de su paradero.
45. No es posible para este Tribunal arribar en esta etapa del procedimiento a
la conclusión que conlleva la presunción alegada por el Estado, sin que ello implique adelantar el análisis sobre ciertos hechos afirmados y las pruebas allegadas en su conjunto. En efecto, la presunción de muerte invocada por el Estado,
como tal, tiene el carácter iuris tantum, es decir, admite prueba en contrario. La
misma busca concluir que una persona desaparecida o de la que no se tiene noticias, luego de transcurrido cierto tiempo sin tener prueba alguna sobre su paradero o destino, se presume muerta.
46. Una presunción de este tipo debe tener al menos los siguientes elementos
para que pueda configurarse: a) que exista un hecho o estado de cosas, b) la inexis­
tencia de prueba que permitiese razonablemente inferir que dicho estado de cosas no es tal, c) la existencia de una regla de presunción respecto al hecho o estado de cosas referido, y d) la conclusión de la presunción a la que se puede llegar
luego de dicho análisis. Así, para poder ser analizada de manera íntegra en esta
etapa del procedimiento, la Corte debería entonces considerar y valorar ciertos
hechos afirmados en la demanda que hacen parte de los méritos de fondo del
caso, la inexistencia de pruebas que demuestren lo contrario, y la existencia de la
regla de presunción de muerte, para finalmente llegar a la conclusión establecida
en la presunción.
47. Igualmente, el Tribunal observa que las reglas de presunción, por lo general, invierten la carga de la prueba de ciertos hechos a favor de alguna de las partes en el proceso, cuando por ausencia de pruebas concluyentes no se puede llegar a afirmar el hecho que la presunción establece, ello con el fin de alcanzar
certeza jurídica en el litigio de un caso sobre los hechos bajo análisis. En el caso
de la presunción de muerte por desaparición forzada, la carga de la prueba recae
sobre la parte que tenía el presunto control sobre la persona detenida o retenida
288
cndh/cmdpdh
y la suerte de la misma —generalmente el Estado—, quien tiene que demostrar
el hecho contrario que se concluye de dicha presunción, es decir que la persona
no ha muerto.
48. En este sentido, sería inadmisible que la parte sobre quien recae la carga
de desvirtuar la presunción haga uso de la misma a fin de excluir o limitar, anticipadamente mediante una excepción preliminar, la competencia del Tribunal
sobre ciertos hechos en un caso de desaparición forzada. De lo contrario, el Estado estaría usando la presunción de muerte para invertir nuevamente la carga de
la prueba sobre quien la alegó por primera vez, es decir la Comisión y las presuntas víctimas. El uso de una presunción de tal manera hace ineficaz la existencia
de la misma y desvirtúa el sentido de su existencia en el derecho.
49. En todo caso, la Corte advierte que la presunción de muerte en casos de
desaparición forzada sólo permite concluir que se presume que el señor Rosendo Radilla murió, mas no conlleva a establecer con certeza o aproximación la fecha exacta de su muerte, lo cual sería determinante para dar lugar a lo que el Estado solicita.
50. Por todo lo expuesto, este Tribunal desestima la presente excepción preliminar y se declara competente para analizar los hechos que presuntamente vulnerarían los artículos 4 y 5 de la Convención Americana en perjuicio del señor
Radilla Pacheco.
IV. Competencia
51. La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de
la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que México es Estado
Parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981 y reconoció la
competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998. Asimismo, el
Estado ratificó la CIDFP el 9 de abril de 2002.
V. Reconocimiento parcial de responsabilidad internacional
52. En la contestación de la demanda el Estado efectuó un reconocimiento parcial de su responsabilidad internacional (supra párr. 6) en los siguientes términos:
• el Estado reconoce “[s]u responsabilidad internacional derivada de la violación de los artículos 5, 7, así como el incumplimiento parcial a las obligaciones
derivadas de los artículos 8 y 25, todos de la Convención y en conexión con el
1.1 del mismo instrumento en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco”, y
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
289
• el Estado reconoce “su responsabilidad internacional derivada del incumplimiento del artículo 5, así como el incumplimiento parcial a las obligaciones
derivadas de los artículos 8 y 25, todos de la Convención y en conexión con el
1.1 del mismo documento, en perjuicio de los familiares del señor Rosendo
Radilla Pacheco”.
53. En tal sentido, manifestó que:
• “[t]oda vez que la justicia penal mexicana persiguió e instauró un proceso penal contra el señor Francisco Quiroz Hermosillo, se reconoce que el señor Rosendo Radilla Pacheco fue privado ilegal y arbitrariamente de su libertad por
un funcionario publico”;
• “[e]l Estado […] incurrió en una demora injustificada en las investigaciones
por la desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco, en la localización de
sus restos y en la identificación de los probables responsables de los hechos
delictivos”. Así, “[e]n el caso sub judice, el Estado mexicano no ha podido garantizar a los peticionarios que su derecho al debido proceso sea garantizado
rápidamente”;
• “el Estado mexicano es consciente que la obligación de investigar y sancionar
hechos presumibles de violar derechos humanos no puede ser trasladada a los
peticionarios, pero también es pertinente señalar que la investigación y sanción de dichos hechos se torna más difícil cuando no son denunciados oportunamente”. Ello “acarreó un serio retraso en el esclarecimiento de los hechos
del caso, por cuanto que la obtención de evidencia, tanto para la determinación de los probables responsables, como para la localización de los restos
mortales del señor Rosendo Radilla Pacheco, se complica conforme transcurre el tiempo”;
• “[s]i bien el Estado admite la demora injustificada en este caso, también solicita a la […] Corte tomar particularmente en consideración la complejidad del
presente asunto para determinar la razonabilidad del plazo para su resolución.
La propia Corte ha admitido la dificultad que implica la investigación de un
caso que ocurrió largo tiempo atrás de las primeras denuncias ministeriales e
incluso ante órganos no jurisdiccionales presentadas por los familiares y representantes de la presunta víctima”, y
• “[s]e habla, pues, de una denegación de justicia, no por negligencia o voluntad
de mantener impunidad por parte del Estado, sino porque no ha sido posible
localizar los restos óseos del señor Rosendo Radilla Pacheco o establecer su
paradero. […] Resulta innegable que la demora injustificada en las investigaciones ha acarreado un perjuicio para los familiares del señor Rosendo Radilla
290
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Pacheco, en cuanto que no han podido tener noticias sobre su paradero y suerte. Adicionalmente, la angustia propia de la naturaleza humana al desconocer
la suerte de un ser querido, obligan a un reconocimiento de la responsabilidad
del Estado sobre dicha situación, en violación al artículo 5 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos”.
54. Por otra parte, el Estado controvirtió la alegada impunidad en el presente
caso, “ya que la investigación continúa”, y porque “existen elementos suficientes
para demostrar que actualmente las autoridades agotan todos los medios legales
a su alcance para evitar[la]”. El Estado también indicó que la Corte “debería declararse incompetente para analizar el contexto circunstancial […] en este caso”.
Finalmente, el Estado mexicano negó su “responsabilidad internacional derivada del incumplimiento de los artículos 2, 3 y 13 de la Convención”.
55. Es de destacarse que en relación con la alegada violación del artículo 4
(Derecho a la Vida) de la Convención Americana en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco, el Estado no expresó el reconocimiento de su violación, sin
embargo, indicó que se presumía su muerte (supra párr. 44). Al respecto, manifestó que “[s]i bien en el presente caso no existen pruebas fehacientes de que el
señor Rosendo Radilla Pacheco fue privado de su vida, la imposibilidad de allegarse de pruebas contundentes, no es óbice para suponer que […] no ha muerto.
Por el contrario, siendo congruentes con los criterios de la […] Corte, después
de 34 años en los que no se ha tenido noticia sobre [su] paradero o suerte […], es
razonable presumir que ha fallecido”.
56. El reconocimiento de responsabilidad expresado fue reiterado durante la
audiencia pública celebrada en el presente caso (supra párr. 9), en la cual el representante del Estado indicó que:
La posición del Estado sigue siendo la misma que la que se contiene en la contestación de la demanda, no ha habido ninguna variación al respecto. El […] Estado
lo que enfatizó fue que México no controvierte los hechos y, habida cuenta de la
jurisprudencia de [… la] Corte, puede hoy en día lamentablemente presumirse la
muerte del señor Rosendo Radilla.
57. En cuanto a las reparaciones solicitadas, el Estado reiteró la propuesta de
reparación integral presentada durante el trámite ante la Comisión. En lo que se
refiere a la publicación de la sentencia, en caso de ser ésta condenatoria, así como
la solicitud de realizar un reconocimiento público de responsabilidad, el Estado
precisó que se sujetaba a lo que resolviera la Corte. En relación con las costas y
gastos, indicó que el Reglamento de la Corte señala que dicho rubro se incluirá
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
291
en la sentencia, si procede, lo que implica que no en todos los casos dichos rubros tendrán lugar o deberán satisfacerse. Así, el Estado se opuso a determinados gastos solicitados por los representantes de las presuntas víctimas.
58. Sobre el universo de víctimas, beneficiarias de las reparaciones “[e]l Estado, de buena fe, reconoc[ió] el vínculo familiar de […] Tita, Andrea y Rosendo,
todos de apellido Radilla Martínez. […] Sin embargo, solicit[ó] a la […] Corte
[…] no considerar como víctimas en el presente caso a Victoria Martínez Neri,
ni a Romana, Evelina, Rosa, Agustina, Ana María, Carmen, Pilar, Victoria ni Judith, todas de apellido Radilla Martínez, por no haber sido presentadas como
tales por la Comisión en el momento procesal oportuno”. Además, el Estado alegó que en el presente caso “no hay cabida para una reparación de carácter colectivo”. El Estado afirmó que “[n]o existe nexo causal alguno entre las presuntas
violaciones a los derechos del señor Radilla y […] las presuntas afectaciones a la
comunidad de Atoyac de Álvarez”.
59. La Comisión Interamericana indicó que “[s]in desestimar el valor y la
trascendencia del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Esta­
do […], empezando por sus cuatro excepciones preliminares, varios argumentos […] del Estado […] controv[ertían] los hechos supuestamente reconocidos”. En ese sentido, la Comisión solicitó que la Corte resuelva en sentencia las
cuestiones que permanecen en contención. Los representantes, por su parte,
indicaron diversos hechos sobre los cuales consideraban que el Estado habría
aceptado su responsabilidad y solicitaron al Tribunal que decida sobre los alcances del mismo.
60. De conformidad con los artículos 56.2 y 58 del Reglamento, 39 y en ejercicio de sus poderes de tutela judicial internacional de los derechos humanos, la
Corte puede determinar si un reconocimiento de responsabilidad internacional
efectuado por un Estado demandado ofrece una base suficiente, en los términos
39
En lo pertinente, los artículos 56.2 y 58 del Reglamento de la Corte establecen que:
Artículo 56. Sobreseimiento del caso
[…]
2. Si el demandado comunicare a la Corte su allanamiento a las pretensiones de la parte demandante y a las de las presuntas víctimas, o sus representantes, la Corte, oído el parecer de las
partes en el caso, resolverá sobre la procedencia del allanamiento y sus efectos jurídicos. En
este supuesto, la Corte procederá a determinar, cuando fuere el caso, las reparaciones y costas
correspondientes.
Artículo 58. Prosecución del examen del caso
La Corte, teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger los derechos humanos, podrá decidir que prosiga el examen del caso, aun en presencia de los supuestos
señalados en los artículos precedentes.
292
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de la Convención Americana, para continuar el conocimiento del fondo y determinar las eventuales reparaciones y costas.40
61. Dado que los procesos ante esta Corte se refieren a la tutela de los derechos
humanos, cuestión de orden público internacional que trasciende la voluntad de
las partes, el Tribunal debe velar porque los actos de allanamiento resulten aceptables para los fines que busca cumplir el sistema interamericano. En esta tarea
no se limita únicamente a verificar las condiciones formales de los mencionados
actos, sino que los debe confrontar con la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias particulares
del caso concreto y la actitud y posición de las partes.41
62. En lo que se refiere a los hechos del presente caso, la Corte observa que el
Estado no precisó de manera clara y específica los hechos de la demanda que dan
sustento a su reconocimiento parcial de su responsabilidad. No obstante, al haberse allanado a las alegadas violaciones de los artículos 5 y 7 de la Convención
Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 de la misma, este Tribunal entiende que México también ha reconocido los hechos que,
según la demanda —marco fáctico de este proceso—, configuran esas violaciones; es decir, aquellos relativos a la detención y posterior desaparición del señor
Rosendo Radilla Pacheco a manos de efectivos del ejército mexicano, así como
la afectación a la integridad personal en su perjuicio. Sobre este último punto, la
Corte observa que el Estado se allanó a la violación del artículo 5 de la Convención, en perjuicio de sus familiares, por el incumplimiento parcial de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. El Estado ha aceptado la demora injustificada en las investigaciones tendientes a dar con el paradero del señor Radilla
Pacheco y a ubicar y sancionar a los responsables; no obstante, ha negado que
persista impunidad en este caso y, si bien afirmó que existe una denegación de
justicia en el presente caso, indicó que aquélla no se debía a la “negligencia o voluntad de mantener impunidad por parte del Estado” (supra párr. 53).
63. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal decide aceptar el reconocimiento
formulado por el Estado y calificarlo como una admisión parcial de hechos y
allanamiento parcial a las pretensiones de derecho contenidos en la demanda de
la Comisión y en el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes.
40
Cfr. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 105; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 28, y Caso Kawas
Fernández vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No.
196, párr. 23.
41
Cfr. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, supra nota 40, párrs. 106 a 108; Caso Ticona Estrada y
otros vs. Bolivia, supra nota 23, párr. 21, y Caso Kawas Fernández vs. Honduras, supra nota 40, párr. 24.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
293
64. Por otra parte, el Tribunal advierte que se mantiene la controversia entre
las partes en cuanto a la alegada violación de los artículos 4 (Derecho a la Vida) y
3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco, 5 (Derecho a la Integridad Personal), en perjuicio de “la
comunidad donde habitó el señor Radilla Pacheco”, 8 (Garantías Judiciales), en
relación con ciertas garantías del debido proceso, 13 (Libertad de Pensamiento
y de Expresión), en perjuicio de los familiares del señor Rosendo Radilla, en relación con el derecho a conocer la verdad, y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones
de Derecho Interno), todos ellos contemplados en la Convención Americana,
en relación con el artículo 1.1 de la misma. Asimismo, subsiste la controversia en
re­lación con el alegado incumplimiento de los artículos I, II, III, IX y XI de la
CIDFP, así como la determinación de las eventuales reparaciones.
65. En cuanto a las presuntas víctimas, el Estado, en su escrito de contestación de la demanda sólo aceptó como tales a tres de los trece familiares señalados como presuntas víctimas en la demanda bajo el argumento de que las demás
personas (la esposa y los nueve hijos restantes del señor Radilla Pacheco) no fueron mencionados en el Informe de Fondo de la Comisión. En consecuencia, subsiste la controversia respecto a quiénes deben ser considerados como presuntas
víctimas. Por tal razón, la Corte procederá a su determinación en el capítulo correspondiente (infra párrs. 104 a 113) sobre la base de su jurisprudencia y de la
prueba allegada al respecto.
***
66. La Corte valora el reconocimiento y admisión parcial de hechos y el allanamiento respecto de algunas pretensiones efectuados por el Estado. Después de
haber examinado dicho reconocimiento, y tomado en cuenta lo manifestado por
la Comisión y los representantes, considera necesario dictar una Sentencia en la
cual se determinen los hechos y todos los elementos del fondo del asunto, así
como las correspondientes consecuencias en cuanto a las reparaciones.42
VI. Prueba
67. Con base en lo establecido en los artículos 46, 47 y 49 del Reglamento, así
como en la jurisprudencia del Tribunal respecto de la prueba y su apreciación,43
42
Cfr. Caso Vargas Areco vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de
2006. Serie C No. 155, párr. 66; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, supra nota 40, párr. 47, y
Caso Kawas Fernández vs. Honduras, supra nota 40, párr. 35.
43
Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de
marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 76; Caso Garibaldi vs. Brasil, supra nota 32, párr. 53, y Caso
294
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la Corte procederá a examinar y valorar los elementos probatorios documentales remitidos por las partes en diversas oportunidades procesales, así como las
declaraciones rendidas mediante affidávit y las recibidas en audiencia pública
(supra párrs. 8 y 9), así como las pruebas para mejor resolver solicitadas por la Pre­
sidenta (supra párr. 12). Para ello, el Tribunal se atendrá a los principios de la sa­
na crítica, dentro del marco normativo correspondiente.44
A. Prueba documental, testimonial y pericial
68. Fueron recibidas las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit)
por las siguientes presuntas víctimas, testigos y peritos.45
a) Andrea Radilla Martínez y Ana María Radilla Martínez. Presuntas víctimas propuestas por la Comisión Interamericana. Declararon, entre otros
aspectos, sobre la alegada desaparición forzada del señor Rosendo Radilla
Pacheco; las gestiones para ubicar su paradero, y la situación familiar con
posterioridad a su supuesta desaparición.
b)José Sotelo Marbán. Testigo propuesto por la Comisión Interamericana. Se
refirió, entre otros aspectos, a las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado sobre la
supuesta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco.
c) Angelina Reyes Hernández, Tomasa Ríos García y Jovita Ayala Fierro. Testigos propuestos por los representantes. Se refirieron, entre otros aspectos,
al alegado “patrón sistemático y generalizado de falta de acceso a justicia y
verdad, e incertidumbre y sufrimiento en la que se colocó a toda la comunidad de familiares desaparecidos de Atoyac”.
d)Francisco Javier Aguilar Valdez. Especialista en Geofísica. Testigo propuesto por el Estado. Se refirió, entre otros aspectos, a la naturaleza, manejo y
cuestiones técnicas referentes a la operación del geo-radar, y sobre las diligencias de escaneo y excavación realizadas en el presente caso.
Dacosta Cadogan vs. Barbados. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 24 de septiembre de 2009. Serie C No. 204, párr. 32.
44
Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala, supra nota 43, párr. 76; Caso
Anzualdo Castro vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de
septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 29, y Caso Garibaldi vs. Brasil, supra nota 32, párr. 53.
45
La Comisión Interamericana no presentó la declaración del señor Enrique Hernández Girón. Asimismo, los representantes de las presuntas víctimas no presentaron la declaración de los señores
Julián del Valle y Enrique González Ruiz. Por su parte, el Estado no presentó la declaración del señor José Antonio Dávila Camacho.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
295
e) Martha Patricia Valadez Sanabria. Agente del Ministerio Público de la Federación. Testigo propuesto por el Estado. Se refirió, entre otros aspectos,
al estado que guardan las investigaciones tendientes a localizar los restos
mortales del señor Rosendo Radilla Pacheco.
f) Santiago Corcuera Cabezut. Miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Perito propuesto por los representantes. Rindió su peritaje, entre otros aspectos, sobre los estándares internacionales del delito de desaparición forzada y sobre su implementación
en las legislaciones nacionales.
g)Federico Andreu-Guzmán. Secretario General Adjunto de la Comisión Internacional de Juristas. Perito propuesto por los representantes. Rindió su
peritaje, entre otros aspectos, sobre la jurisdicción militar mexicana y los
estándares internacionales sobre protección de los derechos humanos.
h)Carlos Montemayor. 46. Profesor universitario y, entre otros, historiador, escritor y especialista en movimientos sociales y políticos en México. Perito
propuesto por la Comisión Interamericana. Rindió su peritaje, entre otros
aspectos, sobre el contexto histórico y los movimientos sociales y políticos
durante la denominada “guerra sucia” en México; los supuestos patrones
de desapariciones forzadas y torturas, y la supuesta impunidad en los mismos durante los años sesenta, setenta y ochenta.
69. En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte escuchó las
declaraciones y peritajes de las siguientes personas:47
a) Tita Radilla Martínez. Presunta víctima propuesta por la Comisión Interamericana. Declaró, entre otros aspectos, sobre la alegada desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco; las gestiones para ubicar su paradero, y la situación familiar con posterioridad a su supuesta desaparición.
b)Rosendo Radilla Martínez. Presunta víctima propuesta por la Comisión Interamericana y los representantes. Declaró, entre otros aspectos, sobre
aquello que le consta respecto a la alegada detención del señor Rosendo
46
El 22 de junio de 2009 los representantes informaron al Tribunal que el señor Carlos Montemayor
“por causas de fuerza mayor no pudo acudir al notario a ratificar [su declaración], sin embargo
v[enía] firmad[a] en todas sus hojas y anexada copia de su credencial de elector, [por] lo que
considera[ron] que deb[ía] ser […] admitid[a]”.
47
El 2 de julio de 2009 los representantes informaron a la Corte que el señor Maximiliano Nava
Martínez, testigo propuesto por la Comisión Interamericana y los representantes, “no pod[ía]
prestar su testimonio directamente ante el Tribunal, durante la audiencia pública convocada”, en
razón de su avanzada edad y al deterioro de su estado de salud.
296
cndh/cmdpdh
Radilla Pacheco, y la situación familiar con posterioridad a la supuesta
desaparición.
c) Miguel Sarre. Abogado y profesor universitario. Perito propuesto por la
Comisión Interamericana. Rindió peritaje, entre otros aspectos, sobre el
sistema de justicia penal mexicano en el momento en el que ocurrieron los
hechos alegados en la demanda, y el funcionamiento de la jurisdicción penal militar y los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.
B. Valoración de la prueba documental
70. En este caso, como en otros,48 el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados oportunamente por las partes que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda.
71. En cuanto a las observaciones formuladas por el Estado sobre diversos documentos presentados por los representantes,49 la Corte advierte que las mismas
48
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, supra nota 24, párr. 140; Caso Garibaldi vs. Brasil, supra nota 32, párr. 62, y Caso Dacosta Cadogan vs. Barbados, supra nota 43, párr. 34.
49
El Estado señaló que la Recomendación 026/2001 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podría ser “toma[da] en consideración [sólo en] lo relativo a la desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco”. Al respecto, argumentó que “[t]oda vez que la [citada] recomendación […] se refiere a otros casos que aún no han sido examinados por la Comisión a través del
sistema de peticiones individuales, y por ende, no pueden ser objeto del conocimiento de la […]
Corte, [… ésta debe] abstenerse de utilizar la [mencionada] prueba […] para fundamentar cualquier tipo de contexto”.
Por otro lado, el Estado consideró “[i]noportuno tomar en cuenta cualquier prueba que
dem[ostrara] el perfil del señor Rosendo Radilla Pacheco”, ya que “[q]ueda[ba] clara la existencia
del señor Rosendo Radilla Pacheco, y no est[aba] en pugna la forma en que se conducía en su vida
cotidiana como padre de familia, integrante de una sociedad o en su vida laboral”.
Además, el Estado solicitó a la Corte desechar las pruebas ofrecidas por los peticionarios “respecto a una supuesta afectación psico-social” de la comunidad donde habitó el señor Rosendo Radilla Pacheco por considerar que “no ha existido ninguna violación al artículo 5 de la Convención
[Americana] en [su] perjuicio”. Tales pruebas se refieren a los siguientes documentos: a) Informe
sobre la afectación psicosocial derivado de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, Antillón,
Ximena. Desaparición forzada durante la guerra sucia: impacto psicosocial individual, familiar y comunitario. La desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en Atoyac de Álvarez, Guerrero; b)
Lira, Elizabeth, Consecuencias psicosociales de la represión política en América Latina, en De la Corte, Luis, A. Blanco y J. M. Sabucedo (eds.), Psicología y Derechos Humanos, Barcelona, Editorial
Icaria Antrazyt, 2004; c) Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), La verdad, la justicia y el
duelo en el espacio público y en la subjetividad, Informe de la situación de Derechos Humanos en Argentina, capítulo XII, Buenos Aires, CELS, 2000, y d) Equipo de Salud Mental del Centro de Es-
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
297
cuestionan la necesidad de la incorporación de tales documentos y se refieren a
la delimitación de su valor probatorio. Al respecto, el Tribunal considera que los
documentos aportados son útiles para la resolución del presente caso. No obstante, en atención a las objeciones formuladas, aquellos serán valorados en las
partes pertinentes de la presente Sentencia, en la medida en que se ajusten al objeto del presente caso y teniendo en cuenta lo señalado por la Corte en el Capítulo VIII de este Fallo (infra párrs. 116 y 117).
72. Respecto a la solicitud del Estado de “dejar fuera del acervo probatorio”
algunos textos presentados por la Comisión Interamericana y los representan­
tudios Legales y Sociales (CELS), La reparación: acto jurídico y simbólico, en IIDH, Atención integral a víctimas de tortura en procesos de litigio. Aportes psicosociales. San José, IIDH, 2007.
En relación con los tres informes de organismos internacionales aportados por los peticionarios, el Estado indicó que ninguno de ellos “merec[ía] ser incorporad[o] al acervo probatorio de la
[…] Corte”. De manera particular señaló que el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, 2004, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH), y
el Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas, Sr. Nigel S. Rodley, presentado con arreglo a la resolución 1997/38 de la Comisión de Derechos Humanos, adición visita del Relator Especial
a México, E/CN.4/1998/38/Add.2, 14 de enero de 1998, contienen información “tan general” que
no guardan relación con el presente caso. Respecto al Informe del Relator Especial de las Naciones
Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Sr. Doto Param Coomaraswamy,
presentado de conformidad con la resolución 2001/39 de la Comisión de Derechos Humanos, adición Informe sobre la misión cumplida en México, E/CN.4/2002/72/Add.1, 24 de enero de 2002,
el Estado indicó que “tampoco se ajusta al caso sub judice, puesto que su mandato se dirige a vigilar
la independencia de los magistrados y abogados”.
En cuanto al informe titulado Imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad versus irretroactividad de la ley penal: un falso dilema, del señor Federico Andreu-Guzmán, Consejero Jurídico para América Latina y el Caribe de la Comisión Internacional de Justicia, y el informe titulado
La Desaparición: Un Delito Permanente, Junio de 2002, de Amnistía Internacional México, el Estado indicó que ambos se refieren a temas que “ya han sido estudiados y abordados ampliamente por
diversos tratados y tribunales internacionales”. Respecto al Amicus Curiae ante la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, 28 de febrero de 2007, de la Comisión
Internacional de Juristas; el Informe de Amnistía Internacional, México: Bajo la Sombra de la Impunidad, y los tres informes de Human Rights Watch, a saber: Justicia en Peligro: la primera iniciativa
seria de México para abordar los abusos del pasado podría fracasar, Nueva York, Julio 2003; Abusos y
Desamparo, Tortura, Desaparición Forzada y Ejecución Extrajudicial en México, Nueva York, 1999, e
Injusticia militar, la reticencia de México para sancionar los abusos del ejército, Nueva York, 2001, el
Estado solicitó a la Corte “desecharl[o]s puesto que se refieren a un contexto que no forma parte
de los hechos del [presente] caso”. Finalmente, en cuanto al documento titulado Esclarecimiento y
sanción a los delitos del pasado durante el sexenio 2000-2006: Compromisos quebrantados y justicia
aplazada, octubre 2006, el Estado indicó que “puesto que en su elaboración concurrieron las
ONG’s CMDPDH y AFADEM, las cuales son las representantes de la[s] presuntas víctimas, […]
su contenido está viciado de origen”.
298
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tes, 50 la Corte considera que los mismos constituyen pruebas documentales que
pueden ser admitidas y valoradas. Se trata de obras escritas que contienen declaraciones o afirmaciones voluntarias de sus autores para su difusión pública. En
tal sentido, la valoración de su contenido no se encuentra sujeta a las formalidades requeridas para las pruebas testimoniales. No obstante, su valor probatorio
dependerá de que corroboren o se refieran a aspectos relacionados con el caso
concreto. Por lo anterior, y dado que el Estado no ha impugnado el contenido de
tales libros, la Corte decide valorarlos tomando en cuenta el conjunto del acervo
probatorio y lo señalado en el Capítulo VIII de la presente Sentencia (infra párrs.
116 y 117), en todo aquello relativo al caso sub judice.
73. En relación con el informe emitido por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (en adelante “Informe de la Fiscalía Especial”) ofrecido por la Comisión Interamericana y los representantes, el Estado
indicó que “dicho documento no tiene un carácter oficial ni el gobierno le otorga
una validación oficial”, ya que “[s]e trató de un informe que no incorporó los trabajos desarrollados por el área ministerial de la propia Fiscalía, sino únicamente
los de un área específica orientada a la recopilación de material de archivo […],
en consecuencia, no examina en profundidad casos individuales”. De acuerdo
con lo señalado por el Estado, la Dirección General de Análisis, Investigación e
Información Documental fue el área de la Fiscalía Especial encargada de la elaboración del informe mencionado, la cual estaba integrada por diversas personas pertenecientes a la Fiscalía Especial que no tenían la calidad de agentes del
ministerio público ni tenían acceso a las actuaciones de las averiguaciones previas. Sin embargo, el Estado señaló que esta dirección general era la “única facul­
tada para recopilar información que se considerara de utilidad para su análisis, cla­
sificación, sistematización, registro y control, a fin de evaluar si la información
contenía datos históricos en relación con los delitos sociales y políticos del pasado, para la correcta integración de las averiguaciones previas”. En tal sentido, el
Estado señaló que “[s]olamente con los resultados de las averiguaciones previas
que integran las indagatorias podría determinarse […] la verdad histórica y no
únicamente a partir del contexto que refleja el informe referido, basado en fuen50
El Estado se refirió al texto presentado por la Comisión Interamericana: Radilla Martínez, Andrea, Voces Acalladas (Vidas truncadas), 2ª ed., México, Programa Editorial Nueva Visión 2007-Secretaría de la Mujer de Guerrero-Universidad Autónoma de Guerrero-UAFyL, 2008. Asimismo,
hizo referencia a los siguientes textos presentados por los representantes: Montemayor, Carlos,
Guerra en el Paraíso, 2ª ed., México, Seix Barral-Planeta-booket, 2002; Montemayor, Carlos, La
guerrilla recurrente, México, Grupo Editorial Random House Mondadori-Colección Debate,
2007, y Moreno Barrera, Jorge, La guerra sucia en México. El toro y el lagarto 1968-1980, México, Libros para Todos, 2002.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
299
tes como libros, periódicos, revistas, páginas web, instrumentos jurídicos y
fuentes bibliográficas[,] entre otros”. Finalmente, el Estado reiteró que “aun si la
[…] Corte no tomara en cuenta el hecho de que el […] Informe no tiene un carácter oficial para el Estado mexicano, [su] contenido […] referido, en algunas
de sus partes, al contexto en que se produjeron los hechos bajo examen, no debería ser conocido por la propia Corte […] ya que tal contexto se ubicó en un momento anterior al reconocimiento de la competencia contenciosa […] por parte
del Estado mexicano, pero también, incluso, del reconocimiento y adhesión a la
propia Convención Americana”. Por lo tanto, el Estado solicitó a la Corte “desechar” el citado informe.
74. El Tribunal estima pertinente recordar que, en otras ocasiones, 51 ha decidido otorgar un valor probatorio especial a los informes de Comisiones de la
Verdad o de Esclarecimiento Histórico como pruebas relevantes en la determinación de los hechos y de la responsabilidad internacional de los Estados. Así, la
Corte ha señalado que, según el objeto, procedimiento, estructura y fin de su man­
dato, tales comisiones pueden contribuir a la construcción y preservación de la
memoria histórica, el esclarecimiento de hechos y la determinación de responsabilidades institucionales, sociales y políticas en determinados períodos históricos de una sociedad. 52
75. En el presente caso, la Corte observa que el citado Informe fue elaborado
por personas que ostentaron la calidad de funcionarios públicos, lo cual ha sido
reconocido por el Estado. En tal sentido, sus actuaciones, entre ellas, la redacción del citado informe, revisten una relevancia que no puede ser desconocida
por el Tribunal. Además, la Corte resalta que la defensa del Estado descansa en
51
Cfr. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, supra nota 40, párrs. 131 y 134; Caso Maritza Urrutia
vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No.
103, párr. 56; Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 29 de abril de 2004.
Serie C No. 105, párr. 42; Caso De la Cruz Flores vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115, párr. 61; Caso Gómez Palomino vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 54; Caso Baldeón
García vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr.
72; Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, supra nota 19, párr. 82; Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 80; Caso del
Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de
2006. Serie C No. 160, párr. 197; Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 128; Caso Heliodoro Portugal vs. Pana­
má, supra nota 24, nota al pie de página 37, y Caso Anzualdo Castro vs. Perú, supra nota 44, párr. 119.
52
Cfr. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, supra nota 40, párrs. 131 y 134; Caso Zambrano Vélez y
otros vs. Ecuador, supra nota 51, párr. 128, y Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, supra nota 24, nota
al pie de página 37.
300
cndh/cmdpdh
el desconocimiento del informe en su totalidad. No obstante, en tanto prueba
documental, el Estado no desvirtuó la información particular ahí contenida ni
las fuentes consultadas para su elaboración. Asimismo, si bien el Estado señaló
que el informe no analiza casos individuales “en profundidad”, el Tribunal resalta que dicho documento contiene información específica sobre la supuesta detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco que
no ha sido controvertida por el Estado. Igualmente, la Corte nota que en tanto
informe histórico, la referencia que hace de hechos contextuales, es decir, de
aquellos que se refieran a la situación general del fenómeno de la desaparición
forzada en México, resulta relevante para este caso, en atención a lo establecido
en los párrafos 116 y 117 de la presente Sentencia.
76. Por lo anterior, el Tribunal decide otorgar valor probatorio al Informe de
la Fiscalía Especial en todos aquellos aspectos relacionados con la base fáctica
del presente caso, teniendo en cuenta el conjunto del acervo probatorio así como
lo establecido por el Tribunal en el Capítulo VIII (infra párrs. 116 y 117) de la pre­
sente Sentencia.
77. En lo que se refiere a “[l]as notas periodísticas” presentadas por los representantes, el Estado señaló que “debe[n] ser apreciadas tomando en cuenta que
son emitidas con la finalidad de llamar la atención del lector y así tener oportunidad de obtener una mayor comercialización del periódico en el cual se encuentran insertas; [y que] por ello, la veracidad de tales notas se ve disminuida”. Al
respecto, la Corte constató que varios de los documentos de prensa escrita remitidos por los representantes se encuentran incompletos en su texto y, por esa razón, en varios tampoco puede apreciarse la fuente, fecha y página de publicación. No obstante, ninguna de las partes objetó tales documentos por este hecho
ni cuestionó su autenticidad. En tal sentido, como lo ha señalado en múltiples
ocasiones, el Tribunal considera que los documentos de prensa podrán ser apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso. 53 Por
ende, en el presente caso, serán considerados aquellos documentos que se encuentren completos o que, por lo menos, permitan constatar su fuente y fecha de
publicación.
78. Respecto a la prueba documental consistente en una “[l]ista de probables
responsables” en el presente caso, aportada por los representantes, el Estado indicó que “[e]s totalmente innecesaria puesto que la […] Corte no tiene facultades para determinar la responsabilidad penal de individuos en particular”, por lo
que solicitó al Tribunal desecharla. La Corte considera pertinente señalar, como
53
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, supra nota 24, párr. 146; Caso Anzualdo Castro vs.
Perú, supra nota 44, párr. 25, y Caso Garibaldi vs. Brasil, supra nota 32, párr. 70.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
301
lo ha hecho en otras oportunidades, que “[t]iene atribuciones para establecer la
responsabilidad internacional de los Estados con motivo de la violación de derechos humanos, pero no para investigar y sancionar la conducta de los agentes del
Estado que hubiesen participado en esas violaciones”. 54
79. No obstante, la Corte observa que de acuerdo a lo referido por los representantes, la lista señalada “fue elaborada con base a los documentos que obran
en la averiguación previa”. Asimismo, que el Estado no desvirtuó dicha información sino que su objeción se refiere a la falta de competencia del Tribunal para
determinar responsabilidad penal individual. Además, la Corte destaca que
pese a que fue solicitada por la Presidenta del Tribunal como prueba para mejor
resolver (infra párrs. 88 a 92), el Estado no remitió a la Corte copia de la averiguación previa (infra párrs. 89 a 92) conforme a la cual los representantes señalaron que se elaboró la lista mencionada. En tal sentido, dado que dicha averiguación previa se encuentra solamente en poder del Estado, correspondía a éste
desvirtuar la veracidad de la información contenida en la lista en cuestión.
80. De acuerdo a lo anterior, y a que la lista de probables responsables referida
está conformada, entre otros, con nombres de supuestos agentes pertenecientes
a las fuerzas de seguridad del Estado, la Corte decide otorgar valor probatorio a
dicho documento solamente en cuanto esté relacionado con la supuesta responsabilidad estatal internacional en el presente caso, y lo considerará conjuntamente con el resto del acervo probatorio.
81. En cuanto a la supuesta denuncia penal de 15 de junio de 1976 remitida
por los representantes el 22 de junio de 2009, éstos solicitaron su admisión
como “prueba superviniente” dado que “la Comisión Nacional de Derechos Humanos […] acaba[ba] de proporcionar a la señora Tita Radilla” una copia de la
misma. Por su parte, el Estado señaló que los representantes “incurri[eron] en
incumplimiento de las normas básicas procesales [artículos 37 y 46 del Reglamento] en torno a la presentación de sus pruebas y [que], faltando a la verdad,
[… hicieron] referencia a un documento que nunca fue presentado por los familiares de Rosendo Radilla”. Además, el Estado llamó la atención en cuanto a que
los representantes no justificaron el por qué desconocían dicho documento y el
silencio de la señora Tita Radilla al respecto.
82. La Corte advierte que, mediante la presentación de este documento “superviniente”, los representantes desean probar la existencia de una supuesta denuncia penal presentada el 15 de junio de 1976 en relación con la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco. Sobre este punto, el
54
Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de
1999. Serie C No. 52, párr. 90, y Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 92.
302
cndh/cmdpdh
Tribunal observa que el artículo 46.3 del Reglamento invocado por los representantes al remitir el referido documento contempla la posibilidad de la Corte
para admitir pruebas relativas a “hechos supervinientes” en momentos procesales distintos a los señalados por dicha disposición. El hecho referido por los representantes tuvo lugar aproximadamente 32 años antes de la presentación de su
escrito de solicitudes y argumentos. En tal sentido, no puede considerarse como
superviniente y, en consecuencia, el Tribunal no admite como prueba la copia
de la supuesta denuncia remitida por los representantes.
83. En relación con el Informe de Evaluación al Seguimiento de la Recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 25 de
agosto de 2009, remitido por los representantes el 30 de septiembre de 2009 como
“nueva prueba documental”, el Estado solicitó a la Corte valorarla “de acuerdo a
las reglas de la sana crítica y únicamente por lo que hace a la desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco”.
84. Al respecto, en aplicación del artículo 46.3 del Reglamento, el Tribunal
admite como prueba el informe presentado por los representantes, el cual se refiere al seguimiento de la Recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos ofrecida oportunamente en el presente caso y cuyo valor
probatorio ya fue determinado (supra párr. 71). Asimismo, la Corte nota que dicho documento guarda relación con la base fáctica del presente caso y, en tal sentido, será valorado en las partes pertinentes de esta Sentencia en la medida en
que se ajusten al objeto del mismo, teniendo en cuenta lo señalado en el Capítulo VIII (infra párrs. 116 y 117).
85. Respecto a la decisión del Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública de 29 de mayo de 2009, remitida por los representantes el 23 de junio de
2009, relacionada con la solicitud del Tribunal para que el Estado presentara
una copia de la Averiguación Previa SIEDF/CGI/454/07 (supra párr. 10); y a la
decisión del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del
Vigésimo Primer Circuito de 24 de noviembre de 2005, solicitada por este Tribunal como prueba como mejor resolver, remitida por el Estado el 2 de noviembre de 2009 (supra párr. 12), la Corte las incorpora al acervo probatorio en términos del artículo 47.1 del Reglamento, para valorarlos dentro del conjunto de
pruebas y conforme a las reglas de la sana crítica.
86. Por otro lado, el Tribunal observa que varios documentos citados por la
Comisión Interamericana y los representantes no fueron aportados a la Corte,
pero se envió el enlace electrónico directo a una página de Internet. 55 Al respec Documentos referidos por la Comisión Interamericana: Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en México (1998). OEA/Ser.L/V/II.100 Doc. 7 rev. 1. 24 de septiembre de 1998, disponi-
55
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
303
to, la Corte observa que los documentos aportados de esta manera son útiles y
que las partes tuvieron la posibilidad de ubicarlos y controvertirlos. Por ello, dible en: http://www.cidh.oas.org/countryrep/Mexico98sp/indice.htm (última visita: 13 de julio
de 2009); Naciones Unidas, Informe del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada, E/
CN.4/1997/34, disponible en: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G96/144/02/
IMG/G9614402.pdf?OpenElement (última visita: 13 de julio de 2009); Informe Especial sobre las
Quejas en Materia de Desapariciones Forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80, de
27 de noviembre de 2001, disponible en: http://www.cndh.org.mx/lacndh/informes/espec/qjdesfor/expedientes/RURAL/fr_rural.htm (última visita: 13 de julio de 2009); Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, disponible en: http://www.scjn.
gob.mx/PortalSCJN/Transparencia/MarcoNormativo/SCJN/LeyAmparo/ (última visita: 13 de
julio de 2009); Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
en México, La situación de los derechos humanos en México, 2003, Capítulo 2.1.6.2, “Las personas no
localizadas, incomunicadas o en estado de desaparición”, disponible en: http://www.sre.gob.mx/
derechoshumanos/docs/Diagnostico.pdf (última visita: 13 de julio de 2009).
Documentos citados por los representantes: Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y
Políticos del Pasado (FEMOSPP), Procuraduría General de la República, Informe Histórico a la So­
ciedad Mexicana–2006, disponible en: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB209/
(última visita: 13 de julio de 2009); Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe Especial sobre las Quejas en Materia de Desapariciones Forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80, noviembre de 2001, disponible en: http://www.cndh.org.mx/lacndh/informes/espec/
desap70s/index.html (última visita: 13 de julio de 2009); El delito de desaparición forzada de personas
es de naturaleza permanente o continua: SCJN, en: http://www2.scjn.gob.mx/consultas/Comunicados/Comunicado.asp?Pagina=listado.asp&Numero=674 (última visita: 13 de julio de 2009);
Human Rights Watch, El Cambio Inconcluso, México, 2006, disponible en http://www.hrw.org/
spanish/informes/2006/mexico0506/mexico0506spweb.pdf (última visita: 13 de julio de 2009);
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 26/2001 del 27 de noviembre de
2001, disponible en: http://www.cndh.org.mx/recomen/2001/026.htm (última visita: 13 de julio de 2009); http://www.jornada.unam.mx/2007/10/17/index.php?section=politica&article=0
16n1pol (última visita: 13 de julio de 2009); http://www.jornada.unam.mx/2007/03/05/?sectio
n=politica&article=010n1pol&partner=rss (última visita: 13 de julio de 2009); http://www.pgr.
gob.mx/que%20es%20pgr/organigrama/organigrama.asp?id=32 (última visita: 13 de julio de
2009); Denuncia Tita Radilla hostigamiento del Ejército contra la Afadem en Atoyac, La Jornada
Guerrero, 26 de mayo 2008, disponible en: http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/05/26/
index.php?section=politica&article=006n1pol (última visita: 13 de julio de 2009); 22UN DOC.
E/CN.4/2000/68, 29 de febrero de 2000, disponible en http://www.hri.ca (última visita: 13 de
julio de 2009); Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas,
en su resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985, disponible en http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp49_sp.htm (última visita: 13 de julio de 2009); Consejo Nacional
de Población (CONAPO), Secretaría de Gobernación, disponible en http://www.conapo.gob.
mx/prensa/2008/bol2008_05.pdf; http://www.ifai.org.mx/resoluciones/2007/3084.pdf (última visita: 13 de julio de 2009).
304
cndh/cmdpdh
chos documentos se aceptan e incorporan al expediente, ya que no se afectó la
seguridad jurídica ni el equilibrio procesal. 56
87. Respecto a la “nueva prueba documental” remitida por los representantes
el 17 de agosto de 2009 como anexo al escrito de alegatos finales (supra párr. 11),
el Estado solicitó al Tribunal “[n]o admitir[la] por extemporánea”. Sobre este
punto, no escapa a la Corte que durante la audiencia pública (supra párr. 9) algunos jueces solicitaron información al Estado, a la Comisión Interamericana y a
los representantes en relación con diversos aspectos relacionados con la jurisdicción militar mexicana. Sin embargo, el Tribunal nota que algunos de los documentos presentados por los representantes no están vinculados con la información solicitada por los jueces. 57 Asimismo, uno de los documentos no indica el
nombre del autor ni las fuentes de la información que contiene, de tal forma que
el Tribunal no puede valorarla debidamente. 58 En consecuencia, en aplicación
del artículo 47.1 del Reglamento, se incorporan al acervo probatorio del presente caso solamente los documentos que se encuentran relacionados con la información requerida por los jueces. 59 Su contenido será valorado en la medida en
que resulte útil para la aclaración de las preguntas formuladas durante la citada
audiencia pública.
88. Por otro lado, el Tribunal resalta que la Presidenta solicitó al Estado la remisión de una copia de la Averiguación Previa SIEDF/CGI/454/07 relativa a la
presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, para su in56
Cfr. Caso Escué Zapata vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007.
Serie C No. 165, párr. 26; Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 108, y Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de
2009. Serie C No. 197, párr. 46.
57
Tales documentos son: anexos A.1: Iniciativas legislativas. Relacionadas con el fuero militar;
anexos A.2: Iniciativas legislativas. Relacionadas con seguridad nacional; anexos B: Doctrina;
anexos C: Informes; anexos D: Notas de prensa, y anexo E.2: Otros documentos. Recomendaciones emitidas por la CNDH a SEDENA “en el sexenio de Calderón” (expediente de anexos a los alegatos finales de los representantes, folios 2763 a 3098, y 3112 a 3115).
58
Dicho documento corresponde al anexo E.4: Resúmenes de casos actuales de violaciones por parte de efectivos militares contra civiles (expediente de anexos a los alegatos finales de los representantes, folios 3119 a 3137).
59
Tales documentos corresponden a: anexo E.1: Otros documentos. Solicitudes de información sobre justicia Militar —folios: 700175808, 700176008, 700176108, 700176308, 700176408,
700176508, 700176608, 700176808, 700176908, 700177008, 700177108 y 700177308—; anexo
E.3: Resolución de fecha 12 de enero de 2009, a la solicitud de información registrada con el folio
700002709, a través del Sistema de Información Pública Gubernamental Federal, Secretaría de la
Defensa Nacional, Unidad de Enlace, Acceso a la Información. Oficio No. AI/0117 (expediente de
anexos a los alegatos finales de los representantes, folios 3100 a 3111, y 3116 a 3118).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
305
corporación al acervo probatorio del presente caso (supra párr. 10). Pese a lo anterior, el Estado no presentó dicha copia. Al respecto, el Estado indicó que “en
caso de que la […] Corte corriera traslado de la averiguación previa referida a la
Comisión Interamericana […] y a los peticionarios, se afectaría el correcto desarrollo de la procuración de la justicia consagrada en los artículos 21 y 102 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los cuales
es facultad exclusiva del Estado Mexicano la persecución e investigación de los
delitos cometidos dentro de su territorio”. Además, el Estado señaló que “[l]os ele­
mentos probatorios presentados hasta el momento por las partes en controversia
resultan a todas luces suficientes para la resolución del caso”. Por tanto, solicitó
al Tribunal “[p]roced[er] a la resolución del caso con los vastos elementos probatorios que se han presentado durante la tramitación del caso”.
89. Como lo ha hecho en ocasiones anteriores, 60 la Corte considera pertinente señalar que la reserva de información a personas ajenas al proceso en la fase
preparatoria de las investigaciones penales se halla prevista en diversas legislaciones internas. En este caso, el Estado demandado ha señalado lo anterior como
fundamento para no enviar a la Corte la documentación solicitada en relación
con el proceso penal interno relativo a la supuesta desaparición forzada del señor
Rosendo Radilla Pacheco. La restricción mencionada puede resultar atendible
en los procesos internos, pues la divulgación de ciertos contenidos en una etapa
preliminar de las investigaciones podría obstruirlas o causar perjuicios a las personas. Sin embargo, para efectos de la jurisdicción internacional de este Tribunal, es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio y, por ello, su defensa no puede descansar sobre la
imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación de las autoridades estatales.
90. En el mismo sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos rechazó
argumentos presentados por un Estado con el objeto de no enviar información
de un expediente penal que se encontraba abierto y que había sido solicitado por
aquella. En efecto, el Tribunal Europeo consideró insuficiente alegar, inter alia,
que la investigación criminal estaba pendiente y que el expediente contenía documentos clasificados como secretos.61
60
Cfr. Caso Ríos y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 98, y Caso González y otras vs. México. Solicitud de
Ampliación de Presuntas Víctimas y Negativa de Remisión de Prueba Documental. Resolución de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de enero de 2009, Considerando quincuagésimo noveno.
61
Cfr. Eur. Ct. H.R., Case of Imakayeva v. Russia, Application no. 7615/02, Judgment of 9 November
2006, paras. 122 y 123.
306
cndh/cmdpdh
91. El Tribunal destaca que, anteriormente, en un caso contra el Estado mexicano, ya había señalado que cuando las actas de investigación se encuentren bajo
reserva, corresponde al Estado enviar las copias solicitadas informando de tal situación y de la necesidad, conveniencia o pertinencia de mantener la confidencialidad debida de dicha información, lo cual será cuidadosamente evaluado por
el Tribunal, para efectos de incorporarla al acervo probatorio del caso, respetando el principio del contradictorio en lo que correspondiere.62
92. Por ello, la Corte considera que la negativa del Estado a remitir algunos
documentos no puede redundar en perjuicio de las víctimas. En consecuencia,
el Tribunal tendrá por establecidos los hechos presentados en este caso por la
Comisión y complementados por los representantes, cuando sólo sea posible
desvirtuarlos a través de la prueba que el Estado debió remitir y éste se negó a
hacerlo. Corresponde a la Corte y no a las partes determinar el quantum necesario de prueba en cada caso concreto.
C. Valoración de las declaraciones de las presuntas víctimas,
de la prueba testimonial y pericial
93. En cuanto a las declaraciones rendidas por las presuntas víctimas, los testigos y los peritos en audiencia pública y mediante declaraciones juradas, la Corte
los estima pertinentes sólo en lo que se ajusten al objeto que fue definido por la
Presidenta del Tribunal en la Resolución en la cual se ordenó recibirlos (supra
párr. 8) y en conjunto con los demás elementos del acervo probatorio, tomando
en cuenta las observaciones formuladas por las partes.63 Conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, las declaraciones rendidas por las presuntas víctimas
(infra párr. 111), no pueden ser valoradas aisladamente sino dentro del conjunto
62
Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, Resolución de la Corte Interamericana, supra nota 60, Considerando sexagésimo primero.
63
Cfr. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33,
párr. 43; Caso Garibaldi vs. Brasil, supra nota 32, párr. 64, y Caso Dacosta Cadogan vs. Barbados, supra nota 43, párr. 35.
El Estado manifestó que las declaraciones de Andrea Radilla Martínez, Ana María Radilla
Martínez y José Sotelo en algunas de sus partes no se ajustan al objeto determinado mediante la
Resolución de la Presidenta del Tribunal de 29 de mayo de 2009 (supra párr. 8) o no se refieren a
hechos que les consten. Por otra parte, los representantes señalaron que la mayoría de las “diligencias” descritas en el testimonio de la señora Martha Patricia Valadez Sanabria son “[d]eclaraciones
ministeriales de la señora Tita Radilla”. También en relación con dicho testimonio, realizaron algunas precisiones en cuanto a diversas fechas en las cuales aparentemente se citó a declarar a algunas personas dentro de la averiguación previa SIEDF/CGI/454/07.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
307
de las pruebas del proceso,64 ya que son útiles en la medida en que pueden propor­
cionar mayor información sobre las presuntas violaciones y sus consecuencias.
94. El Estado señaló que las declaraciones de las señoras Angelina Reyes Hernández; Tomasa Ríos García, y Jovita Ayala Fierro, testigos ofrecidos por los representantes, no se ajustan al objeto definido por la Presidenta del Tribunal mediante la Resolución de 29 de mayo de 2009 (supra párr. 8). Al respecto, la Corte
advierte que en tales declaraciones los testigos se refieren, entre otros, a diversos
hechos que no forman parte de la base fáctica del presente caso, tales como situaciones relativas a la supuesta desaparición de familiares. En tal sentido, el
Tribunal decide considerarlas sólo en lo que se ajusten al objeto para el cual fueron solicitadas por la Presidenta.
95. En relación con la declaración rendida por el señor Santiago Corcuera Cabezut, el Estado expresó “[s]u extrañeza sobre [su] comentario […] [de] que recibió ayuda de otra persona para la rendición de ‘su’ peritaje, como figura en una
nota al pie de página en su escrito”. Asimismo, el Estado refirió que dicha declaración no se ajusta “[a]l objeto para el cual fue solicitada […]” ya que en algunos
de sus párrafos se refiere al caso del señor Radilla Pacheco.
96. Al respecto, la Corte considera que la declaración referida (supra párr. 95)
fue suscrita solamente por el señor Corcuera y rendida solamente por él ante fedatario público, con lo cual se satisface su presentación “a título personal”. En tal
sentido, el Tribunal decide otorgarle valor probatorio en todo aquello en lo que,
efectivamente, se ajuste al objeto delimitado por la Presidenta de la Corte (supra
párr. 68).
97. En cuanto a la declaración del señor Federico Andreu, el Estado hizo referencia a una serie de objeciones relacionadas con el estudio del fondo del presente caso. El Tribunal considera pertinente señalar que, a diferencia de los testigos,
quienes deben evitar dar opiniones personales, los peritos pueden proporcionar
opiniones técnicas o personales en cuanto se relacionen con su especial saber o
experiencia. Además, los peritos se pueden referir tanto a puntos específicos de
la litis como a cualquier otro punto relevante del litigio, siempre y cuando se circunscriban al objeto para el cual fueron convocados. 65 Las conclusiones de los
peritos deben estar suficientemente fundadas. En tal sentido, la Corte ya ha esta64
Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 70; Caso Escher y otros vs. Brasil. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr.
74, y Caso Dacosta Cadogan vs. Barbados, supra nota 43, párr. 37.
65
Cfr. Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Convocatoria a Audiencia Pública. Resolución de la Presidenta de la Corte de 24 de septiembre de 2008, Considerando décimo octavo; Caso González y
Otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Convocatoria a Audiencia Pública. Resolución de la Presi-
308
cndh/cmdpdh
blecido que aún cuando las declaraciones de los peritos contuvieran elementos
que apoyan los argumentos de una de las partes, ello per se no descalifica al perito.66 Ahora bien, las objeciones del Estado deben ser consideradas al momento
en que el Tribunal analice el fondo del asunto. La Corte valorará la declaración
del señor Federico Andreu conjuntamente con el acervo probatorio y conforme
a las reglas de la sana crítica.
98. En relación con la declaración del señor José Sotelo, en sus argumentos fina­
les escritos el Estado señaló que “[s]e refiere a hechos ajenos a la prueba (puntos
1, 2, 3, 5, 6 y 7 de [su] declaración) […]” lo cual “[l]o hace susceptible de desestimación”. Asimismo, el Estado objetó su testimonio “[e]n tanto que no le constan
los hechos que refiere [pues] las investigaciones sobre el destino o paradero del
señor Rosendo Radilla Pacheco [recayeron] en los agentes del Ministerio Público de la Federación que tuvieron bajo su encargo la integración de la respectiva
averiguación previa”. En tal sentido, indicó que el señor Sotelo “[n]o es ni fue
agente del Ministerio Público de la Federación, por lo que, tomando en cuenta el
objeto para lo cual fue propuesto por la Comisión [I]nteramericana, no es idóneo para fungir como testigo […]”. El Estado expresó que la Corte debe tomar
en cuenta que “[su] testimonio se basa en apreciaciones subjetivas del testigo
[que] contravienen el criterio jurisprudencial de [la] Corte […]”.
99. El Tribunal considera que las objeciones del Estado respecto a la idoneidad del señor José Sotelo para fungir como testigo en el presente caso son extem­
poráneas. No obstante, el Tribunal observa que la declaración del señor Sotelo
no se ajusta en su totalidad al objeto delimitado por la Presidenta del Tribunal
(supra párr. 69). Particularmente, en los puntos señalados como (1), (2), (3) y
(5)67 de su declaración, el testigo se refiere a hechos que no forman parte del objeto de su declaración. Asimismo, en los puntos (6) y (7), el testigo se refiere a
opiniones y conclusiones personales que, asimismo, tampoco guardan relación
denta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de marzo de 2009, Considerando
septuagésimo quinto.
66
Cfr. Caso Escué Zapata vs. Colombia. Convocatoria a Audiencia Pública. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de diciembre de 2006, Considerando vigésimo primero; Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana, supra nota 65, Considerando trigésimo cuarto; Caso Radilla Pacheco vs. México. Resolución de la Presidenta de la
Corte Interamericana, supra nota 4, Considerando cuadragésimo sexto.
67
El señor José Sotelo se refiere básicamente a las condiciones de elaboración del Informe titulado
“El Ejército Mexicano y la Guerra Sucia en Guerrero” y del “Informe Histórico General ¡Que no
vuelva a suceder!”; así como al supuesto contexto político de la guerrilla en el Estado de Guerrero
y la aparente política de Estado en materia de desapariciones forzadas.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
309
con el objeto de su testimonio.68 En tal sentido, la Corte no otorgará valor probatorio a la información referida en tales apartados.
100. Sin embargo, la Corte considera que el punto (4) de la declaración del
señor Sotelo, relativa al caso del señor Radilla Pacheco, es pertinente con el objeto para el cual fue ordenada (supra párr. 68). Al respecto, el Estado no desvirtuó la información particular contenida en dicho apartado sino solamente indicó que la veracidad de tales documentos no había sido determinada por el
Ministerio Público. Sin embargo, el Tribunal destaca que corresponde al Estado
desvirtuar tales fuentes documentales ante la Corte, independientemente de las
diversas gestiones que a nivel interno le corresponda realizar. En tal sentido, el
Tribunal decide otorgar valor probatorio a la declaración del señor José Sotelo
solamente en lo que se refiere a lo señalado al punto (4) de la misma. Dicha declaración será considerada tomando en cuenta el conjunto del acervo probatorio
en el presente caso.
101. La Corte observa que en algunas partes de la declaración rendida por la
señora Martha Patricia Valadez Sanabria, la testigo refiere opiniones persona­
les respecto a las actuaciones llevadas a cabo por la “representación social de la
Federación”.69 En consecuencia, la Corte no otorgará valor probatorio a dichas
partes.
102. Por otra parte, los representantes señalaron que “por causas de fuerza
mayor”, el señor Carlos Montemayor no pudo acudir “al notario [a] ratificar” su
declaración escrita y que, sin embargo, dicho documento estaba firmado en todas sus hojas, además de que se anexaba copia de su credencial de elector, con lo
que consideraron que podía ser “debidamente admitido”. Al respecto, el Estado
señaló que “[l]a declaración no cumple los requisitos formales ordenados y
68
El señor José Sotelo señaló que “[p]resent[aba su] postura […] respecto a la conceptualización y
metodología seguida en la elaboración del Informe para llegar a la ‘verdad histórica’ de los hechos,
distinguiéndola de la ‘verdad jurídica’, [y que] rebat[ía] la postura del Estado mexicano que considera necesario validarla oficialmente […]”. Asimismo, el señor Sotelo refirió que “[c]onclu[ía] presentando […] las condiciones que consider[aba] indispensables para superar el estado actual de
descomposición del tejido social a consecuencia de la impunidad y desentendimiento del Estado
mexicano de hacer justicia, dar a conocer la verdad y reparar el daño”.
69
La señora Valadez Sanabria señaló que: “De todas las diligencias reseñadas con anterioridad, se
advierte que la representación social de la Federación, no escatimó en allegarse de cuanta prueba
pudiera dilucidad los hechos denunciados […] Asimismo, la autoridad investigadora no sólo se limitó con tomar ciertas declaraciones y llevar a cabo inspecciones ministeriales, sino que también
se allegó de expertos en distintas materias […]; es decir, desde que se inició la averiguación previa
en el año 2002, hasta la consignación en 2005, el agente del Ministerio Público de la Federación ha
sido eficaz en su actuación […] de ahí que […] ha desarrollado su actividad conforme a los principios de eficacia, certeza, legalidad, imparcialidad y profesionalismo”.
310
cndh/cmdpdh
[que,] en consecuencia, no deb[ía] ser admitida”. La Corte estima que los representantes no indicaron una razón que justifique válidamente un impedimento
inevitable para la rendición de la declaración del señor Montemayor ante fedatario público. En consecuencia, el Tribunal decide no admitir dicha declaración.
103. En relación con “[l]a ampliación escrita del informe pericial […]” del señor Miguel Sarre presentada por éste el 14 de agosto de 2009, el Estado solicitó
al Tribunal “[d]esechar de plano [dicho] escrito […] en virtud de [su] presentación extemporánea”. Al respecto, la Corte observa que durante la audiencia pública celebrada en el presente caso, la Presidenta del Tribunal preguntó de manera informal al señor Sarre si en ese momento entregaría a la Corte su peritaje
por escrito. Sin embargo, no le solicitó que lo remitiera de esa forma en un momento posterior. De acuerdo a lo determinado en la Resolución de la Presidenta
del Tribunal (supra párr. 8), el señor Sarre debía rendir su declaración de manera
oral durante la audiencia pública.70 En tal sentido, el Tribunal decide no admitir
la “ampliación escrita del informe pericial” del señor Miguel Sarre.
VII. Consideraciones previas
Determinación de las presuntas víctimas en el presente caso
104. Antes de entrar a resolver los méritos del presente asunto, en este Capítulo
la Corte estima necesario precisar a los familiares de la presunta víctima, señor
Rosendo Radilla Pacheco, respecto de quienes se analizará la existencia de posibles violaciones a sus derechos humanos.
105. En la demanda, la Comisión Interamericana indicó que “[l]os familiares
de Rosendo Radilla Pacheco son su cónyuge, la señora Victoria Martínez Neri
(fallecida) y sus doce hijos e hijas Tita, Andrea, Rosendo, Romana, Evelina,
Rosa, Agustina, Ana María, Carmen, Pilar, Victoria y Judith, todos de apellidos
Radilla Martínez”. Los representantes coincidieron con el listado de presuntas
víctimas presentado por la Comisión.
106. En su contestación de la demanda, el Estado indicó que “[d]e buena fe,
reconoc[ía] el vínculo familiar de los señores Tita, Andrea y Rosendo, todos de
apellido Radilla Martínez”, con el señor Rosendo Radilla Pacheco. Sin embargo,
solicitó a la Corte “[n]o considerar como [presuntas] víctimas en el presente
caso a Victoria Martínez Neri, ni a Romana, Evelina, Rosa, Agustina, Ana María, Carmen, Pilar, Victoria ni Judith, todas de apellido Radilla Martínez, por no
haber sido presentadas como tales por la Comisión en el momento procesal
70
Cfr. Caso Radilla Pacheco vs. México. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana, supra
nota 4, Punto Resolutivo cuarto.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
311
oportuno”. A este respecto, manifestó que en “el informe [de Fondo No.] 60/07
del 27 de julio de 2007, la Comisión únicamente señaló como [presunta] víctima al señor Rosendo Radilla Pacheco, e hizo breves referencias a tres de sus familiares: Tita Radilla, Andrea Radilla y Rosendo Radilla Martínez, mas nunca
los señala como [presuntas] víctimas”. Según el Estado, en dicho informe la Comisión no refirió “[c]omo parte lesionada a Victoria Martínez Neri, ni a Romana, Evelina, Rosa, Agustina, Ana María, Carmen, Pilar, Victoria y Judith, todas
de apellido Radilla Martínez, como si lo hace, en cambio, en su demanda”.
107. En respuesta a lo solicitado por el Estado, en sus alegatos finales escritos
los representantes manifestaron que las presuntas víctimas en el presente caso
han sido “[d]ebidamente acreditados con su credencial de elector y reconocidos
como víctimas en la demanda de la [Comisión] en su párrafo 75”. La Comisión
Interamericana no realizó comentarios al respecto.
108. La Corte ha establecido que las presuntas víctimas deben estar señaladas en la demanda y en el informe de la Comisión según el artículo 50 de la Convención. Además, de conformidad con el artículo 34.1 del Reglamento, corresponde a la Comisión y no a este Tribunal, identificar con precisión y en la debida
oportunidad procesal a las presuntas víctimas en un caso ante esta Corte.71
109. Al respecto, el Tribunal advierte que en el Informe de Fondo adoptado
por la Comisión en este caso, se tienen como víctimas de los derechos consagrados, inter alia, en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, al señor “[R]
osendo Radilla Pacheco y [a] sus familiares, Tita Radilla Martínez, Andrea Radilla Martínez y Rosendo Radilla Martínez”.72 A su vez, dicho informe recomienda al Estado “[r]eparar adecuadamente a los familiares del señor Rosendo
Radilla Pacheco, Tita Radilla Martínez, Andrea Radilla Martínez y Rosendo Ra­
dilla Martínez, por las violaciones de derechos humanos establecidas en el […]
informe […]”.73 En el remanente del documento no existen referencias específicas a otro familiar de la presunta víctima, sólo menciones genéricas a los mismos.74 Una lista ampliada con los nombres de trece familiares del señor Radilla
Pacheco es presentada ante la Comisión Interamericana con posterioridad a la
adopción de dicho informe, el 18 de septiembre de 2007, mediante un escrito en
71
Cfr. Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 98; Caso Perozo y otros vs. Venezuela, supra nota 56, párr. 50, y Caso Garibaldi vs. Brasil, supra nota 32, párr. 24.
72
Cfr. Informe de Fondo No. 60/07, adoptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 27 de julio de 2007 (expediente de anexos a la demanda, apéndice 1, folio 41).
73
Cfr. Informe de Fondo No. 60/07, adoptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 27 de julio de 2007 (expediente de anexos a la demanda, apéndice 1, folio 45).
74
Cfr. Informe de Fondo No. 60/07, adoptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 27 de julio de 2007 (expediente de anexos a la demanda, apéndice 1, folios 21 a 23).
312
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el cual los representantes manifestaron su posición sobre el sometimiento del
caso a este Tribunal.75 De esta manera, en la demanda presentada por la Comisión ante la Corte se identifican como presuntas víctimas a trece familiares del
señor Radilla Pacheco, es decir, sus 12 hijos y su esposa fallecida.
110. De conformidad con la jurisprudencia de este Tribunal, la determinación realizada por la Comisión en su demanda acerca de quiénes deben ser considerados familiares de la presunta víctima desaparecida debe corresponder con
lo decidido por aquélla en el Informe de Fondo. La seguridad jurídica exige,
como regla general, que todas las presuntas víctimas estén debidamente identificadas en ambos escritos, no siendo posible añadir nuevas presuntas víctimas
en la demanda, sin que ello conlleve un perjuicio al derecho de defensa del Estado demandado. En este caso, la Comisión no ha alegado dificultades para la determinación oportuna de todos los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco como presuntas víctimas. Tampoco se desprende del expediente que se trate
de aquellos casos en los que, por sus características, la determinación de los mismos resulta una tarea compleja, que haría necesaria otras consideraciones por
parte de este Tribunal.
111. Con base en lo anterior, y tomando en consideración el reconocimiento
efectuado por el Estado, decide considerar únicamente como presuntas víctimas a las señoras Tita y Andrea, y al señor Rosendo, todos de apellidos Radilla
Martínez. La Corte lamenta que, por razones procesales, los demás familiares
del señor Rosendo Radilla Pacheco, de quienes se presume un sufrimiento en
igualdad de condiciones, no puedan ser considerados como presuntas víctimas
por este Tribunal. Sin embargo, se resalta que la no determinación de violaciones en su perjuicio por esta instancia internacional no obstaculiza ni precluye la
posibilidad de que el Estado, de buena fe, adopte medidas reparatorias a su favor
(infra párr. 328).
112. Finalmente, la Corte advierte que los representantes alegaron que, como
líder comunitario, la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco
tuvo un impacto particular en “la comunidad” en la que vivía. Al respecto, indicaron que “[a] partir de entrevistas con personas clave en la comunidad hemos
determinado el daño moral que la desaparición de Rosendo Radilla, así como
las circunstancias previas (contexto) y posteriores (impunidad), causaron en la
comunidad”. Con base en ello, solicitaron al Tribunal que declare la violación al
derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5 de la Convención,
en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de dicha “comunidad”.
75
Cfr. Escrito de los representantes dirigido a la Comisión Interamericana, de 18 de septiembre de
2007 (expediente de anexos a la demanda, anexo 1.32, folios 594 a 595).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
313
113. Al respecto, el Tribunal observa que, además de constituir menciones generales sobre presuntos afectados, “la comunidad” en la que vivía al señor Rosendo Radilla Pacheco, o en todo caso, sus miembros, no fueron incluidos por la Comisión Interamericana como presuntas víctimas en la demanda ni en el Informe
según el artículo 50 de la Convención. Consecuentemente, al no haber sido identificados con precisión en el momento procesal oportuno, el Tribunal no puede
considerarlos como presuntas víctimas en el presente caso, por lo que no corresponde pronunciarse acerca de las supuestas violaciones alegadas en su perjuicio.
VIII. Sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco
(artículos 7,76 5,77 478 y 379 de la Convención Americana, en relación
con el artículo 1.180 de la misma y los artículos I, II y XI81
de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada)
114. La Comisión y los representantes alegaron diversas violaciones a la Convención Americana como consecuencia de la presunta desaparición forzada del
señor Rosendo Radilla Pacheco que, según lo indicado, sucedió en un contexto
particular.
115. Al respecto, la Corte considera conveniente señalar que en su contestación a la demanda, el Estado mexicano alegó que dado que reconoció la competencia contenciosa de la “[C]orte Interamericana el 16 de diciembre de 1998,
76
El artículo 7.1 de la Convención Americana establece que “[t]oda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”.
77
El artículo 5 de la Convención Americana dispone, en lo pertinente, que:
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
78
El artículo 4.1 de la Convención dispone, en lo pertinente, que “[t]oda persona tiene derecho a que
se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
79
El artículo 3 de la Convención establece que “[t]oda persona tiene derecho al reconocimiento de
su personalidad jurídica”.
80
El artículo 1.1 de la Convención establece que “[l]os Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
81
El artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada establece que:
314
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esto es 24 años después de ocurridos los hechos que se analizan en el caso
12.511[, la] Corte [se encuentra impedida de] cono[cer] las circunstancias sociales, políticas o económicas que rodearon los hechos del caso, en el momento
en que éstos ocurrieron en 1974”. Asimismo, indicó que la pretensión de que se
conozca sobre el contexto de este caso “es improcedente por razones derivadas
de la propia naturaleza del sistema interamericano de protección de derechos
humanos”. En tal sentido, indicó que “[l]os hechos referidos por los peticionarios en forma parcial, no deben ser tomados en consideración puesto que no han
sido objeto de tratamiento ante el sistema de peticiones individuales […]”.
116. Al respecto, este Tribunal estima necesario reiterar que, conforme a su jurisprudencia, el principio de irretroactividad y la cláusula facultativa de reconocimiento de la competencia contenciosa de esta Corte no implica que un acto ocurrido antes de la misma deba ser excluido de toda consideración cuando pueda ser
relevante para la determinación de lo sucedido.82 En este sentido, la Corte observa que para resolver los distintos casos sometidos a su conocimiento ha requerido
tomar en cuenta el contexto, pues el entorno político e histórico es determinante
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a:
a)No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de
emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales;
b)Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito
de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo;
c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de
personas; y
d)Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole
necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la […] Convención.
El artículo II de la misma dispone que:
Para los efectos de la […] Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado
o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación
de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de
los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Asimismo, el artículo XI establece que:
Toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente
reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legislación interna respectiva, a la autoridad judicial competente.
Los Estados Partes establecerán y mantendrán registros oficiales actualizados sobre sus
detenidos y, conforme a su legislación interna, los pondrán a disposición de los familiares,
jueces, abogados, cualquier persona con interés legítimo y otras autoridades.
82
Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, supra nota 19, párr. 82, y Caso Caso de las Hermanas
Serrano Cruz vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie
C No. 120, párr. 27.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
315
para el establecimiento de las consecuencias jurídicas en el caso, comprendiendo
tanto la naturaleza de las violaciones a la Convención como las correspondientes
reparaciones.83 Por esta razón, el análisis de la supuesta desaparición forzada del
señor Radilla Pacheco no puede aislarse del medio en el que dichos hechos supuestamente ocurrieron, ni se pueden determinar las consecuencias jurídicas
respectivas en el vacío propio de la descontextualización, en tanto existen alegatos conforme a los cuales la presunta desaparición forzada del señor Radilla Pacheco no se produjo como un caso aislado en México.
117. De esta manera, en aras de establecer los antecedentes que podrían generar la responsabilidad internacional en el presente caso, la Corte analizará el
contexto en que se alega ocurrieron los hechos del presente caso. El Tribunal tomará en cuenta, sin embargo, que éstos, según sostiene el propio Estado, tuvieron lugar antes de que México reconociera la competencia contenciosa del Tribunal.
118. Antes de proceder al examen de los alegatos de la Comisión y de los representantes, la Corte determinará los hechos probados relativos a la supuesta
desaparición forzada sufrida por el señor Rosendo Radilla Pacheco y el contexto
en que supuestamente ocurrieron, en atención al acervo probatorio y al reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado (supra párrs. 52, 53 y 62).
119. Al respecto, cabe reiterar que, si bien corresponde a la parte demandante
la carga de la prueba de los hechos en que se funda su alegato, en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar
sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado
quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su
territorio. A continuación, se aplicará un examen de la prueba que tenga en cuen­
ta este extremo y que, sin perjuicio de ello, sea capaz de crear la convicción de la
verdad de los hechos alegados.84 La Corte considera pertinente reiterar que, dado
que el Estado no remitió copia de la averiguación previa SIEDF/CGI/454/ 2007
(supra párr. 88), los hechos que se mencionan a continuación han sido determinados con base en la prueba allegada al Tribunal y en las afirmaciones de las partes que no fueron desvirtuadas o controvertidas.
83
Cfr. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre
de 2006. Serie C No. 153, párrs. 53 y 63; Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 51, párr.
202, y Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11
de de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 76.
84
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 24, párr. 135; Caso Ríos y otros, supra nota 60, párr. 198, y
Caso Kawas Fernández vs. Honduras, supra nota 40, párr. 83.
316
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a. Antecedentes: hechos relativos a la detención y posterior
desaparición del señor Radilla Pacheco
A1. La presunta víctima, Rosendo Radilla Pacheco
120. El señor Rosendo Radilla Pacheco nació el 20 de marzo de 1914 en Las Clavellinas, Estado de Guerrero, México.85 El 13 de septiembre de 1941 se casó con
Victoria Martínez Neri,86 con quien tuvo doce hijos, a saber: Romana, Andrea,
Evelina, Rosa, Tita, Ana María, Agustina, María del Carmen, María del Pilar,
Judith, Rosendo y Victoria, todos de apellidos Radilla Martínez. 87
121. Rosendo Radilla Pacheco estuvo involucrado en diversas actividades en
la vida política y en obras sociales en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en particular,
en la organización de caficultores y campesinos de la zona.88 Así, el señor Rosendo
85
Cfr. Copia de partida de bautismo del señor Rosendo Radilla Pacheco, expedida por la Parroquia
de Santa María de la Asunción de Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 5 de septiembre de 2007 (expediente de anexos a la demanda, anexo 5, folio 911).
86
Cfr. Copia de partida de matrimonio expedida por la Parroquia de Santa María de la Asunción de
Atoyac de Álvarez, Guerrero, sin fecha (expediente de anexos a la demanda, anexo 6, folio 913).
87
Cfr. Copia de las credenciales para votar de cada uno de ellos (expediente de anexos a la demanda,
anexo 7, folios 916 a 926, y expediente de fondo, tomo I, anexo 7, folio 265).
88
Cfr. Radilla Martínez, Andrea, Voces Acalladas (Vidas truncadas), 2ª ed., México, Programa Editorial Nueva Visión 2007-Secretaría de la Mujer de Guerrero-Universidad Autónoma de GuerreroUAFyL, 2008 (expediente de anexos a la demanda, anexo 8, folios 955 a 958; expediente de anexos
al escrito de solicitudes y argumentos, anexo B.12, páginas 58 a 64); declaración rendida por el señor Rosendo Radilla Martínez durante la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana el 7 de julio de 2009; declaración rendida por la señora Andrea Radilla Martínez ante fedatario
público (affidávit) el 10 de junio de 2009 (expediente de fondo, tomo IV, folio 1156); oficio dirigido por el Director Federal de Educación en el Estado de Guerrero al señor Rosendo Radilla Pacheco,
de 1 de noviembre de 1961 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo
B.1, folio 1248); oficio dirigido al Presidente de la Unión de Camioneteros, entre otros, por el señor
Rosendo Radilla Pacheco, de 6 de junio de 1971 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y
argumentos, anexo B.2, folio 1249); oficio dirigido por el Director General de Educación Primaria
en los Estados y Territorios Calendario tipo “B”, del Departamento de Control Escolar, al Director
Federal de Educación en Chilpancingo, Guerrero, de 8 de marzo de 1962 (expediente de anexos al
escrito de solicitudes y argumentos, anexo B.4, folio 1251); oficio dirigido por el Director Estatal y
Delegado Federal de Turismo del Estado de Guerrero al señor Rosendo Radilla Pacheco, de 17 de
diciembre de 1955 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo B.5, folio
1252); acta de una reunión celebrada el 6 de marzo de 1955 en la cual participó, entre otros, el señor Rosendo Radilla Pacheco (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo
B.6, folio 1253); oficio dirigido por el Jefe de “Servicios Médicos Rurales Cooperativos” en Atoyac, Guerrero, al señor Rosendo Radilla Pacheco, de 22 de julio de 1958 (expediente de anexos al
escrito de solicitudes y argumentos, anexo B.8, folio 1255); oficio dirigido por el Vocal Ejecutivo
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
317
Radilla Pacheco hizo parte de la Unidad Agraria de la Sierra Cafetalera de Atoyac de Álvarez. Entre el 1 de junio de 1955 y el 31 de agosto de 1956 fue presidente del Consejo Municipal de Atoyac de Álvarez. En septiembre de 1956 desarrolló gestiones como presidente Municipal. De 1956 a 1960 fue secretario general
del Comité Regional Campesino. En 1961 fue presidente de la sociedad de padres de familia del Patronato Pro Escuela Federal Modesto Alarcón. En 1965
participó en la fundación de la Liga Agraria del Sur Emiliano Zapata. 89 Entre sus
distintas ocupaciones se encontraba también el cultivo del café y coco, así como
la compra y venta de ganado.90
122. El señor Rosendo Radilla Pacheco componía “corridos”, expresión musical popular mexicana en la cual se relatan versos acompañados por la guitarra.
Los corridos compuestos por el señor Rosendo Radilla Pacheco relatan diversos
hechos sucedidos en Atoyac de Álvarez y las luchas campesinas y sociales de la
época.91
123. De acuerdo a lo afirmado por los representantes, existen informes de la
“Dirección Federal de Seguridad”, integrados a la averiguación previa SIEDF/
CGI/453/07, que detallan las actividades desarrolladas por el señor Radilla Pacheco. La Corte constata que en un documento de fecha 26 de septiembre de
de la Dirección de “Inf. Púb.” y Educación Higiénica al señor Rosendo Radilla Pacheco, de 30 de
marzo de 1959 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo B.9, folio
1256), y nombramiento como “auxiliar honorario de educación higiénica, otorgado por el Secretario de Salubridad y Asistencia al señor Rosendo Radilla Pacheco, de 15 de septiembre de 1959
(expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo B.10, folio 1257).
89
Cfr. Radilla Martínez, Andrea, Voces Acalladas (Vidas truncadas), 2ª ed., México, Programa Editorial Nueva Visión 2007-Secretaría de la Mujer de Guerrero-Universidad Autónoma de GuerreroUAFyL, 2008 (expediente de anexos a la demanda, anexo 8, folios 946, 952, 955, 956 y 965; expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo B.12, páginas 41, 53, 58, 61 y 79).
90
Cfr. Declaración rendida por la señora Andrea Radilla Martínez ante fedatario público (affidávit)
el 10 de junio de 2009 (expediente de fondo, tomo IV, folio 1156); declaración rendida por la señora Ana María Radilla Martínez ante fedatario público (affidávit) el 10 de junio de 2009 (expediente
de fondo, tomo IV, folio 1164); declaración rendida por el señor Rosendo Radilla Martínez durante la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana el 7 de julio de 2009, y declaración
rendida por la señora Tita Radilla Martínez durante la audiencia pública celebrada ante la Corte
Interamericana el 7 de julio de 2009.
91
Cfr. Disco compacto que contiene “corridos” del señor Rosendo Radilla Pacheco (expediente de
anexos a la demanda, anexo 9; expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo
B.11), y Radilla Martínez, Andrea, Voces Acalladas (Vidas truncadas), 2ª ed., México, Programa
Editorial Nueva Visión 2007-Secretaría de la Mujer de Guerrero-Universidad Autónoma de Guerrero-UAFyL, 2008 (expediente de anexos a la demanda, anexo 8, folios 958 a 962; expediente de
anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo B.12, páginas 65 a 72).
318
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1965, de la Dirección Federal de Seguridad, se hace referencia a la participación
del señor Rosendo Radilla Pacheco en el presidio del “acto inaugural del Congreso Campesino Extraordinario de la Liga Revolucionaria del Sur ‘Emiliano
Zapata’ y de la C.C.I.92” Asimismo, los representantes señalaron que en un documento fechado el “21 VI 82”, cuyo encabezado sería “Antecedentes de Rosendo Radilla Pacheco”, se establece que:
El 17 de febrero de 1962, asistió a la firma de la Convocatoria del Comité Cívico
Guerrerense del que es miembro y en el que se invitaba al pueblo en general, a un
mitin que se realizaría en Boca de Arroyo, municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero[.] Posteriormente, el 23 de junio del mismo año, firmó un manifiesto de la
Asociación Cívica Guerrerense, en el que también militaba.
En dicho documento se trataba de orientar a la opinión pública, para que no eligiera malos gobernantes, evocando la época del General Raúl Caballero Aburto e
invitaban a la Convención Estatal de la Asociación de referencia a celebrar en
Acapulco, Guerrero.
De las 13.45 a las 17.10 horas del 26 de septiembre de 1965, Radilla Pacheco presidió el acto inaugural del Congreso campesino de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata” y de la CCI efectuándose la reunión en la ex Plaza
de Toros de Iguala, Guerrero […].93
A2. Detención y posterior desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco
124. El 25 de agosto de 1974 Rosendo Radilla Pacheco, de 60 años de edad, y su
hijo Rosendo Radilla Martínez, de 11 años de edad, viajaban en un autobús desde Atoyac de Álvarez a Chilpancingo, Guerrero. El autobús fue detenido en un
retén en donde agentes militares hicieron descender a todos los pasajeros para
92
Cfr. Acta de recepción de documento y fe de documentos. A.P. PGR/FEMOSPP/033/2002 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo D.13, folios 1870 a 1872), y documento identificado como “D.F.S.-26-IX-65. Estado de Guerrero”, suscrito por Fernando Gutiérrez
Barrios, Director Federal de Seguridad, integrado en la Averiguación Previa PGR/FEMOSPP/033/2002 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo D.13, folios
1873 a 1874).
93
El Estado no controvirtió la existencia de este documento, comprobable solamente a partir del expediente de la averiguación previa SIEDF/CGI/454/2007, cuya copia no remitió al Tribunal (supra párr. 92).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
319
inspeccionarlos y a sus pertenencias. Posteriormente, los pasajeros abordaron
nuevamente el autobús para continuar el viaje.94
125. El autobús fue detenido en un segundo retén ubicado “en la entrada a la
Colonia Cuauhtémoc [entre] Cacalutla y Alcholca”. Los agentes militares solicitaron a los pasajeros descender del autobús para revisar su interior. Seguidamente, se indicó a los pasajeros que abordaran el autobús, excepto al señor Rosendo
Radilla Pacheco, quien quedó detenido porque “componía corridos” (supra párr.
122). El señor Radilla Pacheco indicó que eso no constituía ningún delito, sin
embargo, un agente militar le respondió “mientras, ya te chingaste”.95
126. El señor Rosendo Radilla Pacheco solicitó a los agentes militares que dejaran ir a su hijo, Rosendo Radilla Martínez, por ser un menor, a lo cual accedieron. Asimismo, pidió a su hijo que avisara a la familia que había sido detenido
por el Ejército mexicano.96 El señor Radilla Pacheco “[q]uedó a disposición de la
Zona Militar de [Guerrero]”.97
94
Cfr. Declaración rendida por el señor Rosendo Radilla Martínez durante la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana el 7 de julio de 2009; declaración rendida el 31 de julio de 2003
por el señor Rosendo Radilla Martínez ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en la Averiguación Previa PGR/FEMOSPP/051/2002 (expediente de anexos al
escrito de solicitudes y argumentos, anexo D.19, folio 1898), y Exp. CNDH/PDS/95/GRO/
S00228.000, Caso del señor Radilla Pacheco Rosendo, Asociación Cívica Guerrerense y Liga Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata”, Informe Especial sobre las Quejas en Materia de Desapariciones Forzadas Ocurridas en la Década de los 70 y Principios de los 80 (expediente de anexos a
la demanda, anexo 2, folios 868 a 869, y expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo C, folios 1681 a 1682).
95
Cfr. Declaración rendida por el señor Rosendo Radilla Martínez durante la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana el 7 de julio de 2009; declaración rendida el 31 de julio de 2003
por el señor Rosendo Radilla Martínez ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en la Averiguación Previa PGR/FEMOSPP/051/2002 (expediente de anexos al
escrito de solicitudes y argumentos, anexo D.19, folio 1899), y Exp. CNDH/PDS/95/GRO/
S00228.000, Caso del señor Radilla Pacheco Rosendo, Asociación Cívica Guerrerense y Liga Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata”, Informe Especial sobre las Quejas en Materia de Desapariciones Forzadas Ocurridas en la Década de los 70 y Principios de los 80 (expediente de anexos a
la demanda, anexo 2, folios 868 a 869, y expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo C, folios 1681 a 1682).
96
Cfr. Declaración rendida por el señor Rosendo Radilla Martínez durante la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana el 7 de julio de 2009, y declaración rendida el 31 de julio de
2003 por el señor Rosendo Radilla Martínez ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y
Políticos del Pasado, en la Averiguación Previa PGR/FEMOSPP/051/2002 (expediente de
anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo D.19, folio 1899).
97
Cfr. Acta de recepción de documento y fe de documentos, A.P. PGR/FEMOSPP/033/2002 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo D.14, folios 1875 a 1877), y documento de la Secretaría de Gobernación identificado como “D.F.S.- 8-VIII-75”, integrado en la Ave-
320
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127. Al respecto, tanto la Comisión Nacional como la Fiscalía Especial conside­
raron el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco como una desaparición forzada
acreditada. En particular, en el Informe de la Fiscalía Especial se hace referencia
a la detención del señor Radilla Pacheco en el “[r]etén de la Col. Cuauhtémoc
(Chilpancingo), […] el 25 de agosto de 1974. El motivo aducido fue porque componía corridos. Continúa desaparecido”.98 Por su parte, la Comisión Nacional
señaló que “[e]lementos del ejército mexicano, adscritos al estado de Guerrero,
el día 28 de septiembre de 1974 [sic], incurrieron en un ejercicio indebido del
cargo, al detener arbitrariamente al señor Rosendo Radilla Pacheco, a quien lejos de ponerlo a disposición de la autoridad inmediata […] lo ingresa[ron] a instalaciones militares, siendo ésta la última noticia que se tiene registrada sobre su
paradero, por lo que además de la retención ilegal, se le atribuye a los citados elementos, [su] desaparición […]”.99
128. Posteriormente a su detención, el señor Rosendo Radilla Pacheco fue
visto en el Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez con signos de maltrato físico. El
señor Maximiliano Nava Martínez declaró que:
“A los cuatro días de estancia [en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez] llevaron
al señor Rosendo Radilla Pacheco; […] uno de los detenidos dijo: ‘ese señor compuso un corrido de la masacre del 18 de mayo’, lo que les llamó la atención y lo separaron del resto del grupo. […]”
“Lo volvieron a separar del grupo y cuando lo regresaron ya venía atad[o] de manos y vendado de los ojos con su pañuelo, un paliacate rojo. [T]rataban de ponerle
algodones en los ojos mojados con una substancia que no supimos qué era, bajo la
venda; él alegaba que no le pusieran nada, que si su delito ameritaba que le pusieran eso, por lo que se resistía. De momento no le pusieron nada. Cuando sacaban
a alguien nos decían a todos que los pesados se iban a dar un banquete”.
riguación Previa PGR/FEMOSPP/033/2002 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y
argumentos, anexo D.14, folio 1881).
98
Cfr. Informe Histórico a la Sociedad Mexicana, Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Procuraduría General de la República, 2006 (expediente de anexos a la demanda, anexo 4, página 640).
99
Cfr. Exp. CNDH/PDS/95/GRO/S00228.000, Caso del señor Radilla Pacheco Rosendo, Asociación Cívica Guerrerense y Liga Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata”, Informe Especial sobre
las Quejas en Materia de Desapariciones Forzadas Ocurridas en la Década de los 70 y Principios
de los 80 (expediente de anexos a la demanda, anexo 2, folio 869, y expediente de anexos al escrito
de solicitudes y argumentos, anexo C, folio 1682).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
321
“A los dos días lo sacaron […], en una camioneta Pic-up roja [sic], diciendo que
dentro de poco vendrían por los que quedábamos allí, mientras ‘se acababan estos cadáveres’. Desde entonces no l[o] volv[ió] a ver”.100
129. En el mismo sentido, en declaración rendida ante la Fiscalía Especial, el
señor Nava Martínez indicó que:
“[…] el día 25 de agosto [de] 1974, escuchó a una persona del sexo masculino que
cantó un corrido, con una guitarra cantaba fuerte […], el corrido que cantó fue la
primera vez que lo escuchó […] cantar [en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez] en contra del gobierno[;] la distancia a la que [se] encontraba […] de dicha
persona [era] como a diez metros […] lo recuerda y vio porque hacían como que
se cansaban y ponían las manos en las vendas y como podían alcanza[ban] a levantar las vendas de los ojos y pudo observar que era una persona del sexo masculino cantando, de bigote[,] que no traía la venda en sus ojos y que estaba cantando
y tocando la guitarra […] ya estando fuera del cuartel [… algunas personas] llegaron a comentar quien era la persona que había estado cantando el corrido diciendo entre ellos que era el señor Rosendo Radilla Pacheco que vivía en San Vicente de Benítez con su esposa[,] pero ya jamás lo volvió a ver […]”.101
130. Además, obra en el expediente la declaración del señor Enrique Hernández Girón, quien expresó haberse encontrado detenido el 25 de agosto de 1974
junto al señor Radilla Pacheco en el Cuartel de Atoyac de Álvarez, Guerrero. En
particular, señaló que:
“[l]o metieron a un cuarto largo en el cual […]pudo ver que había m[á]s personas
[…] del sexo masculino […], pero todos se encontraban vendados[,] no cabían de
tantos que se encontraban en su interior [… ahí] por la venda pudo ver [que a su]
lado se encontraba el señor Rosendo Radilla Pacheco, ya que lo conocía desde
hace tiempo por ser de [Atoyac,] incluso platicó con [él…] también se encontraba
vendado, […] después de platicar esa primer noche lo sacaron a golpea[r], y así los
sacaban por la noche a todos para golpearlos, [el señor Hernández Girón] dur[ó]
ahí como un mes con cinco días aproximadamente[,] pero que cuando sali[ó] a[ú]n
100
Cfr. Testimonio escrito a mano y firmado por el señor Maximiliano Nava Martínez, de 30 de septiembre de 1982 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo D.22, folios
1914 y 1915).
101
Cfr. Declaración del señor Maximiliano Nava Martínez rendida ante la Fiscalía Especial el 26 de
septiembre de 2003 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo D.25, folios 1925 y 1926).
322
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[Rosendo Radilla Pacheco] se qued[ó] ahí[,] lo vio durante todos esos días en el
interior del cuarto […] y a la fecha se encuentra desaparecido[…]”.102
131. Los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco, al conocer de su detención, realizaron diversas gestiones para localizarlo, especialmente a través
del contacto de familiares o conocidos que trabajaban para el Estado. No obstante, los familiares han aducido que, por las condiciones de represión existentes
en la época, reconocidas por el Estado, se inhibieron de presentar denuncias formales sobre los hechos (infra párrs. 194 y 196). Al respecto, la señora Tita Radilla, al formular denuncia el 14 de mayo de 1999 (infra párr. 183), indicó que “[l]a
persona que se presentaba a reclamar la aparición de algún pariente en ese momento era detenida, teníamos que desaparecer de la región para no ser dete­
nidos”.103
B. El contexto en el que ocurrieron los hechos del presente caso
132. Ha sido documentado que en la época en que fue detenido y hecho desaparecer el señor Rosendo Radilla Pacheco, en diversas partes del territorio mexicano tuvieron lugar numerosas desapariciones forzadas de personas.104 Así, surge
del acervo probatorio que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,105
en el marco del Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos,106 examinó
102
Cfr. Declaración del señor Enrique Hernández Girón rendida ante la Fiscalía Especial el 10 de diciembre de 2003 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo D.29, folios
1947 a 1948).
103
Cfr. Escrito de denuncia presentado ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la
Ciudad de Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 14 de mayo de 1999 (expediente de anexos al escrito de
solicitudes y argumentos, anexo D.20, folios 1906 a 1907).
104
Cfr. Recomendación 026/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (expediente
de anexos a la demanda, anexo 3, folio 871; expediente de anexos a la contestación a la demanda,
anexo V.2, página 1), e Informe Histórico a la Sociedad Mexicana, Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Procuraduría General de la República, 2006 (expediente
de anexos a la demanda, anexo 4, páginas 503 a 530).
105
El 6 de junio de 1990 se creó por decreto presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (expediente de fondo, tomo
III, anexo V.1, folios 845 y 846). Posteriormente, mediante una reforma al artículo 102, apartado
B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 13 de septiembre de 1999, se otorgó rango constitucional a dicho órgano (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo V.4, páginas 1 y 2).
106
El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acordó la “[c]reación
de un programa destinado a la búsqueda de desaparecidos”, tras lo cual el 18 de septiembre de
1990 se creó el Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos. Cfr. Recomendación 026/2001
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
323
532 expedientes de queja sobre desapariciones forzadas de personas perpetradas durante el “[f]enómeno calificado como la ‘Guerra sucia de los años 70’”.107
A partir de dicha investigación la Comisión Nacional emitió la Recomendación
026/2001,108 en la que indicó que contaba con suficientes elementos para concluir que, en al menos 275 casos de los examinados, a las personas reportadas
como desaparecidas se les conculcaron diversos derechos.109
133. Las desapariciones forzadas examinadas tuvieron lugar en circunstancias políticas, sociales y económicas particulares.110 Al respecto, la Comisión
Nacional estableció que:
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (expediente de anexos a la demanda, anexo 3,
folio 871, y expediente de anexos a la contestación a la demanda, anexo V.2, página 1).
107
A tales efectos, dicha Comisión Nacional llevó a cabo investigaciones de campo y tuvo contacto
directo con los familiares de desaparecidos, recopiló documentos en el Archivo General de la Nación, la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, la Biblioteca de la Procuraduría General de la República, la Biblioteca México, y en archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, solicitó información a la Procuraduría General de la República sobre personas agraviadas y las
denuncias presentadas, analizó archivos y realizó inspecciones oculares en diversas instancias gubernamentales, entre otros. Cfr. Recomendación 026/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (expediente de anexos a la demanda, anexo 3, folios 871, 872 y 889, y expediente de
anexos a la contestación a la demanda, anexo V.2, páginas 1, 2, 17 y 18). En el Informe de la Fiscalía
Especial se señala que el período denominado como de “guerra sucia” es llamado así en referencia
directa a la forma en que se efectuaron las acciones de contrainsurgencia para contener a grupos
armados considerados como transgresores de la ley. Cfr. Informe Histórico a la Sociedad Mexicana, Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Procuraduría General de
la República, 2006 (expediente de anexos a la demanda, anexo 4, página 279).
108
La recomendación fue emitida con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado
B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 3o., 6o., fracciones I, II, III;
15, fracción VII; 24, fracción IV, 44, 46 y 51 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. Cfr. Recomendación 026/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (ex­
pediente de anexos a la demanda, anexo 3, folio 873, y expediente de anexos a la contestación a la
demanda, anexo V.2, página 3).
109
Cfr. Recomendación 026/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (expediente
de anexos a la demanda, anexo 3, folio 872; expediente de anexos a la contestación a la demanda,
anexo V.2, página 2).
110
En ese sentido, la Comisión indicó que no se pretendía “[e]xponer una historia o crónica puntual
acerca de los sucesos ocurridos en [tal] periodo [sino que,] más bien[,] se hac[ía] una referencia
del contexto en que se inscriben las desapariciones objeto de la investigación de [la] Comisión Nacional y[,] debido a la diversidad de las fuentes consultadas, [las] afirmaciones pud[ía]n no ser del
todo exactas, lo cual no implica[ba] por parte de [la] Comisión, ningún juicio de valor respecto de
los grupos a que se alud[ía]”. Recomendación 026/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (expediente de anexos a la demanda, anexo 3, folio 877, y expediente de anexos a la contestación a la demanda, anexo V.2, páginas 6 y 7).
324
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[…] en el escenario de la sucesión presidencial de 1970, mientras a la vista se desarrolló una lucha político-electoral sin sorpresas ni sobresaltos, decenas de activistas se ubicaron en la clandestinidad, dedicados de tiempo completo a tareas
propias, como paso previo y necesario para el ulterior desarrollo de las acciones
[…]
Entre 1973 y 1974 se exacerban las acciones guerrilleras y la contrainsurgencia.
La Liga Comunista 23 de Septiembre pasó a un primer plano del enfrentamiento
con el gobierno federal a partir del fallido secuestro y consiguiente asesinato del
empresario neoleonés Eugenio Garza Sada, en septiembre de 1973. A este acontecimiento le sucede una etapa marcada por medidas drásticas contra la guerrilla:
la detención ilegal, la tortura y la desaparición forzada e, incluso, probables ejecuciones extralegales de militantes y dirigentes. […]
[…]
Otros agrupamientos importantes de la guerrilla mexicana fueron la “Brigada
Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres”, dirigida por el profesor
Lucio Cabañas, que tuvo presencia básicamente en el estado de Guerrero. […]
Sus principales acciones fueron, además de emboscadas al Ejército y a las fuerzas
de seguridad, el secuestro en 1974 del gobernador electo de Guerrero, Rubén Figueroa.
También tuvo impacto en la opinión pública el grupo comandado por el profesor
Genaro Vázquez Rojas, la “Asociación Cívica Nacional Revolucionaria”
(ACNR), con presencia principal también en Guerrero, organización que no sobrevivió, como guerrilla, a la muerte de su líder en febrero de 1972. Su acción más
conocida fue el secuestro de Jaime Castrejón Díez, en ese entonces rector de la
Universidad Autónoma de Guerrero, quien fue canjeado por una decena de presos del movimiento armado, mismos que fueron enviados a Cuba por el gobierno
mexicano.
[…]
Contra estos grupos, la política antisubversiva se caracterizó, al menos hasta
1981, por tener facultades prácticamente ilimitadas. Su operación estuvo a cargo
de grupos especialmente formados por algunas corporaciones de la seguridad del
[E]stado, (Brigada Blanca o Brigada Especial) encabezadas por la Dirección Federal de Seguridad [...]
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
325
[…] la violencia continuó hasta inicios de la década de los ochenta y se tradujo en
acciones armadas, enfrentamientos, con la continuación de los excesos de los organismos antisubversivos y las consecuentes desapariciones forzadas que engrosaron la relación de hechos ilegales [...].111
134. De las investigaciones realizadas, la Comisión Nacional observó que en
esa época “[l]as instancias de gobierno que constitucionalmente tenían la encomienda de procurar justicia y resguardar los derechos de los ciudadanos, mostraron su incapacidad y negativa para prevenir, investigar y sancionar los hechos,
así como brindar el auxilio necesario a las personas que se interesaban en indagar el paradero de las víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones
forzadas”.112
135. La Corte observa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
no ha sido el único órgano del Estado avocado a la documentación e investigación de este tipo de hechos. La Comisión Nacional recomendó al Ejecutivo, inter
alia, “[s]e sirv[ier]a girar instrucciones al procurador general de la República a
efecto de que se design[ara] un fiscal especial, con el fin de que se h[icier]a cargo
de la investigación y persecución, en su caso, de los delitos que pu[dieran] desprenderse de los hechos a [los] que se ref[ería la] Recomendación [026/2001]”.113
El Ejecutivo Federal aceptó la recomendación y, una vez creada la Fiscalía Especial en el año 2002, ésta examinó los 532 expedientes tramitados por la Comisión Nacional, y recibió diversas denuncias a lo largo del año 2002 y hasta el
2006.114
111
Cfr. Recomendación 026/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (expediente
de anexos a la demanda, anexo 3, folios 879 a 881, y expediente de anexos a la contestación a la demanda, anexo V.2, páginas 8 a 10).
112
Cfr. Recomendación 026/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (expediente
de anexos a la demanda, anexo 3, folio 891, y expediente de anexos a la contestación a la demanda,
anexo V.2, página 19).
113
Cfr. Recomendación 026/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (expediente
de anexos a la demanda, anexo 3, folio 909, y expediente de anexos a la contestación a la demanda,
anexo V.2, página 36).
114
Cfr. Declaración rendida por la Licenciada Martha Patricia Valadez Sanabria ante fedatario pú­
blico (affidávit) el 18 de junio de 2009 (expediente de fondo, tomo IV, folio 1423), e Informe de
Evaluación al Seguimiento de la Recomendación 26/2001, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, de 25 de agosto de 2009 (expediente de fondo, tomo IX, folio 3014). En el escrito de con­
testación a la demanda, el Estado señaló que “[l]a Fiscalía Especial […] inició labores en 2002 con la
recepción[,] en primer lugar, de los 532 expedientes conformados por la [Comisión Nacional] y,
posteriormente, con las diversas denuncias que se fueron conformando a lo largo de 2002 y hasta
2006, año en el que, mediante acuerdo del Procurador General de la República […]” se cerró la
326
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136. En el año 2006, la Fiscalía Especial presentó un “Informe Histórico a la
Sociedad Mexicana” (supra párrs. 73 a 75), en el que se refirió a la existencia, en
la época en que fue detenido Rosendo Radilla Pacheco, de un patrón de detenciones, tortura y desapariciones forzadas de personas militantes de la guerrilla o
identificados como sus simpatizantes. En el mismo, indicó que:
En el lapso de un año —del 22 de noviembre de 1973 al 19 de noviembre de 1974—
encontramos en los reportes de la Secretaría de Defensa Nacional, el registro de
207 detenidos por el Ejército reportados como ‘paquetes’. Todas esas detenciones
fueron ilegales. Los detenidos fueron interrogados, torturados, y muchos de ellos
forzados a ser delatores. No fueron entregados a la autoridad competente. Se
les mantuvo en cárceles militares y centros de detención clandestinos, durante
periodos muy largos de tiempo y, muchos de ellos están desaparecidos.115
[…]
“El objetivo explícito de la tortura a los detenidos era conseguir información. Los
métodos no importaban. Debido a que el preso no era nunca puesto a disposición
de la autoridad competente, se le podría aplicar todo tipo de tortura, incluyendo,
desfiguraciones en el rostro, quemaduras de tercer grado, darles de tomar gasolina, romperles los huesos del cuerpo, cortarles o rebanarles la planta de los pies,
darles toques eléctricos en diferentes partes del cuerpo, amarrarlos por los testículos y colgarlos, introducir botellas de vidrio en la vagina de las mujeres y someterlas a vejación, introducir mangueras por el ano para llenarlos de agua y luego
golpearlos”.116
137. El Informe de la Fiscalía Especial documentó acciones militares desplegadas en el Estado de Guerrero que revelan lo que pudieron ser los antecedentes
de la detención del señor Radilla Pacheco. En tal informe se indicó que “[s]e calcu­
laba que para 1971 el Ejército tenía concentrado[s] en Guerrero 24,000 soldados, una tercera parte de todos sus efectivos”, y que, para esa época, la Brigada
Fiscalía Especial y las investigaciones fueron trasladadas a la Coordinación General de Investigación (expediente de fondo, tomo II, folio 659).
115
Cfr. Informe Histórico a la Sociedad Mexicana, Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Procuraduría General de la República, 2006 (expediente de anexos a la demanda, anexo 4, página 606).
116
Cfr. Informe Histórico a la Sociedad Mexicana, Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Procuraduría General de la República, 2006 (expediente de anexos a la demanda, anexo 4, página 612).
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
327
Campesina de Ajusticiamiento del Partido Comunista de los Pobres, liderada
por Lucio Cabañas “era la que tenía el control de una amplia zona” de la sierra, por
lo que “[e]l Ejército hostig[ó] a las comunidades [y] det[uvo] a los pobladores
acusándolos de abastecer a Lucio”.117 Al respecto, destacó que luego del secuestro del entonces gobernador electo del Estado de Guerrero, Rubén Figueroa, por
parte de la Brigada Campesina, ocurrido el 6 de junio de 1974, semanas antes de
la detención del señor Rosendo Radilla Pacheco (supra párrs. 124 a 126), “[l]a
respuesta del Ejército fue brutal en contra de las comunidades campesinas, a las
que consideró como bases del movimiento guerrillero”.118 Según el informe, el
Ejército buscó “[l]a aniquilación de todo resabio de la guerrilla, arrasando a sangre y fuego, a todo partidario o sospechoso de simpatizar con la guerrilla, con el
Partido de los Pobres, o con la izquierda […]”.119
C. La desaparición forzada como violación múltiple de derechos humanos
y los deberes de respeto y garantía
138. Como se mencionó en el capítulo sobre excepciones preliminares de la presente Sentencia, el fenómeno de la desaparición forzada de personas requiere de
un análisis sistémico y comprensivo, por lo cual este Tribunal considera adecuado reiterar el fundamento jurídico que sustenta la necesidad de una perspectiva
integral de la desaparición forzada en razón de la pluralidad de conductas que,
cohesionadas por un único fin, vulneran de manera permanente bienes jurídicos
protegidos por la Convención.
139. En el derecho internacional la jurisprudencia de este Tribunal ha sido
precursora de la consolidación de una perspectiva comprensiva de la gravedad y
el carácter continuado o permanente y autónomo de la figura de la desaparición
forzada de personas. La Corte ha reiterado que ésta constituye una violación múl­
tiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana que coloca a la
víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras vulneraciones
conexas, siendo particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemá­
117
Cfr. Informe Histórico a la Sociedad Mexicana, Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Procuraduría General de la República, 2006 (expediente de anexos a la demanda, anexo 4, páginas 333 y 342).
118
Cfr. Informe Histórico a la Sociedad Mexicana, Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Procuraduría General de la República, 2006 (expediente de anexos a la demanda, anexo 4, página 367).
119
Cfr. Informe Histórico a la Sociedad Mexicana, Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Procuraduría General de la República, 2006 (expediente de anexos a la demanda, anexo 4, página 368).
328
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tico o práctica aplicada o tolerada por el Estado. La desaparición forzada implica
un craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el Sistema
Interamericano,120 y su prohibición ha alcanzado carácter de jus cogens.121
140. La caracterización pluriofensiva y continuada o permanente de la desaparición forzada se desprende no sólo de la propia definición del artículo III de
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la
cual el Estado mexicano es parte desde el 9 de abril de 2002, los travaux préparatoires a ésta,122 su preámbulo y normativa.123 sino también de otras definiciones
contenidas en diferentes instrumentos internacionales124 que, asimismo, señalan como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada:
a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o por
la aquiescencia de éstos, y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la
suerte o paradero de la persona interesada.125 Además, la jurisprudencia del Sis-
120
Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 19, párrs. 100 a 106; Caso Heliodoro Portugal vs.
Panamá, supra nota 24, párr. 118, y Caso Anzualdo Castro vs. Perú, supra nota 44, párr. 59. La CIDFP señala en el párrafo 4 de su preámbulo que “[l]a desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales de la persona humana de carácter inderogable, tal como están consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
121
Cfr. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, supra nota 83, párr. 84; Caso Tiu Tojín vs. Guatemala, supra
nota 24, párr. 91, y Caso Anzualdo Castro vs. Perú, supra nota 44, párr. 59.
122
Cfr. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1987-1988, Capítulo
V.II. Este delito “es permanente por cuanto se consuma no en forma instantánea sino permanente
y se prolonga durante todo el tiempo en que la persona permanece desaparecida” (OEA/CP-CAJP, Informe del Presidente del Grupo de Trabajo Encargado de Analizar el Proyecto de CIDFP,
doc. OEA/Ser.G/CP/CAJP-925/93 rev.1, de 25.01.1994, p. 10).
123
El artículo II de la CIDFP dispone que “[s]e considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por
personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de
informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y
de las garantías procesales pertinentes”. El artículo III de ese instrumento señala, en lo pertinente,
que: “[d]icho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el
destino o paradero de la víctima”.
124
Cfr. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Informe del Grupo de Trabajo sobre la
Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas, Observación General al artículo 4 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 15 de enero de 1996. (E/CN. 4/1996/38), párr. 55, y artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
125
Cfr. Caso Gómez Palomino vs. Perú, supra nota 51, párr. 97; Caso Ticona Estrada vs. Bolivia, supra
nota 23, párr. 55; y, Caso Anzualdo Castro vs. Perú, supra nota 44, párr. 60.
sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
329
tema Europeo de Derechos Humanos,126 al igual que varias Cortes Constitucionales de los Estados americanos y altos tribunales nacionales,127 coinciden con
la caracterización indicada.
141. De lo anterior se desprende que, ya que uno de los objetivos de la desaparición forzada es impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías
procesales pertinentes, cuando una persona ha sido sometida a secuestro, retención o cualquier forma de privación de la libertad con el objetivo de ocasionar su
desaparición forzada, si la víctima misma no puede acceder a los recursos disponibles, resulta fundamental que los familiares u