Llei 40/2015, d'1 d'octubre

Llei 40/2015, d'1 d'octubre
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 236
Viernes 2 de octubre de 2015
Sec. I. Pág. 89411
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
10566
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
ley:
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO
El 26 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros acordó la creación de la Comisión
para la Reforma de las Administraciones Públicas con el mandato de realizar un estudio
integral dirigido a modernizar el sector público español, dotarle de una mayor eficacia y
eliminar las duplicidades que le afectaban y simplificar los procedimientos a través de los
cuales los ciudadanos y las empresas se relacionan con la Administración.
El informe, que fue elevado al Consejo de Ministros el 21 de junio de 2013, formuló 218
propuestas basadas en el convencimiento de que una economía competitiva exige unas
Administraciones Públicas eficientes, transparentes, ágiles y centradas en el servicio a los
ciudadanos y las empresas. En la misma línea, el Programa nacional de reformas de
España para 2014 establece la necesidad de impulsar medidas para racionalizar la
actuación administrativa, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y
aumentar su productividad.
Este convencimiento está inspirado en lo que dispone el propio artículo 31.2 de la
Constitución Española, cuando establece que el gasto público realizará una asignación
equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los
criterios de eficiencia y economía.
Como se señala en el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones
Públicas (en adelante CORA), la normativa reguladora de las Administraciones Públicas
ha pasado por diferentes etapas. Tradicionalmente, las reglas reguladoras de los aspectos
orgánicos del poder ejecutivo estaban separadas de las que disciplinaban los
procedimientos. Esta separación terminó con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, que unificó en un solo instrumento estas materias.
La evolución normativa posterior se ha caracterizado por la profusión de leyes, reales
decretos y demás disposiciones de inferior rango, que han completado la columna vertebral
del derecho administrativo. De este modo, nos encontramos en el momento actual normas
que regulan aspectos orgánicos, como la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y
funcionamiento de la Administración General del Estado; la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno y la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la
mejora de los servicios públicos; y otras que tratan aspectos tanto orgánicos como
procedimentales de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre; o la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, por citar las más
relevantes.
Resulta, por tanto evidente, la necesidad de dotar a nuestro sistema legal de un
derecho administrativo sistemático, coherente y ordenado, de acuerdo con el proyecto
general de mejora de la calidad normativa que inspira todo el informe aprobado por la
CORA. En él se previó la elaboración de dos leyes: una, reguladora del procedimiento
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administrativo, que integraría las normas que rigen la relación de los ciudadanos con las
Administraciones. Otra, comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones Públicas,
donde se incluirían las disposiciones que disciplinan el sector público institucional. Con
ello, se aborda una reforma integral de la organización y funcionamiento de las
Administraciones articulada en dos ejes fundamentales: la ordenación de las relaciones ad
extra de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, y la regulación ad intra del
funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas.
La presente Ley responde al segundo de los ejes citados, y abarca, por un lado, la
legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las
Administraciones Públicas; y por otro, el régimen jurídico específico de la Administración
General del Estado, donde se incluye tanto la llamada Administración institucional, como
la Administración periférica del Estado. Esta Ley contiene también la regulación sistemática
de las relaciones internas entre las Administraciones, estableciendo los principios
generales de actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos.
Queda así sistematizado el ordenamiento de las relaciones ad intra e inter Administraciones,
que se complementa con su normativa presupuestaria, destacando especialmente la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y las leyes anuales de
Presupuestos Generales del Estado.
Se conserva como texto independiente la Ley del Gobierno, que por regular de forma
específica la cabeza del poder ejecutivo de la nación, de naturaleza y funciones
eminentemente políticas, debe mantenerse separada de la norma reguladora de la
Administración Pública, dirigida por aquél. De acuerdo con este criterio, la presente Ley
modifica aquella, con el objeto de extraer aquellas materias que, por ser más propias de la
organización y funciones de los miembros del gobierno en cuanto que órganos
administrativos, deben regularse en este texto legal.
El Informe CORA recomienda reformar el ordenamiento jurídico administrativo no solo
por razones de coherencia normativa y política legislativa. Las Administraciones Públicas,
lejos de constituir un obstáculo para la vida de los ciudadanos y las empresas, deben
facilitar la libertad individual y el desenvolvimiento de la iniciativa personal y empresarial.
Para ello es imprescindible establecer un marco normativo que impida la creación de
órganos o entidades innecesarios o redundantes, y asegure la eficacia y eficiencia de los
entes públicos, ejerciendo sobre ellos una supervisión continua que permita evaluar el
cumplimiento de los objetivos que justificaron su creación, y cuestionar su mantenimiento
cuando aquellos se hayan agotado o exista otra forma más eficiente de alcanzarlos.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (en adelante OCDE), ha
valorado la reforma administrativa emprendida por la CORA de forma muy positiva. En el
informe emitido sobre ella, señala que el paquete de reforma es resultado de un riguroso
proceso de recolección de datos, diálogo entre profesionales y diagnóstico de las
debilidades de la Administraciones Públicas españolas. Considera la OCDE que el
conjunto de asuntos políticos incluidos en la reforma (por ejemplo, gobierno electrónico,
relaciones de gobernanza multinivel, buena regulación, reformas presupuestarias), junto
con las iniciativas paralelas adoptadas en los dos últimos años en áreas como estabilidad
presupuestaria, transparencia y regeneración democrática, explica uno de los más
ambiciosos procesos de reforma realizados en un país de la OCDE. La presente Ley, por
tanto, no representa el único instrumento normativo que materializa la reforma, Pero sí
constituye, junto con la que disciplinará el procedimiento administrativo, de tramitación
paralela, y las ya aprobadas sobre transparencia y buen gobierno y estabilidad
presupuestaria, la piedra angular sobre la que se edificará la Administración Pública
española del futuro, al servicio de los ciudadanos.
II
La Ley comienza estableciendo, en sus disposiciones generales, los principios de
actuación y de funcionamiento del sector público español.
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Entre los principios generales, que deberán respetar todas las Administraciones
Públicas en su actuación y en sus relaciones recíprocas, además de encontrarse los ya
mencionados en la Constitución Española de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración, coordinación, y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, destaca la
incorporación de los de trasparencia y de planificación y dirección por objetivos, como
exponentes de los nuevos criterios que han de guiar la actuación de todas las unidades
administrativas.
La Ley recoge, con las adaptaciones necesarias, las normas hasta ahora contenidas
en la Ley 11/2007, de 22 de junio, en lo relativo al funcionamiento electrónico del sector
público, y algunas de las previstas en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por
el que se desarrolla parcialmente la anterior. Se integran así materias que demandaban
una regulación unitaria, como corresponde con un entorno en el que la utilización de los
medios electrónicos ha de ser lo habitual, como la firma y sedes electrónicas, el intercambio
electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación y la actuación administrativa
automatizada. Se establece asimismo la obligación de que las Administraciones Públicas
se relacionen entre sí por medios electrónicos, previsión que se desarrolla posteriormente
en el título referente a la cooperación interadministrativa mediante una regulación
específica de las relaciones electrónicas entre las Administraciones. Para ello, también se
contempla como nuevo principio de actuación la interoperabilidad de los medios
electrónicos y sistemas y la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos.
La enumeración de los principios de funcionamiento y actuación de las Administraciones
Públicas se completa con los ya contemplados en la normativa vigente de responsabilidad,
calidad, seguridad, accesibilidad, proporcionalidad, neutralidad y servicio a los ciudadanos.
El Título Preliminar regula pormenorizadamente el régimen de los órganos
administrativos, tomando como base la normativa hasta ahora vigente contenida en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la que se incorporan ciertas novedades. La creación
de órganos solo podrá hacerse previa comprobación de que no exista ninguna duplicidad
con los existentes. Se completan las previsiones sobre los órganos de la Administración
consultiva y se mejora la regulación de los órganos colegiados, en particular, los de la
Administración General del Estado, destacando la generalización del uso de medios
electrónicos para que éstos puedan constituirse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos,
elaborar y remitir las actas de sus reuniones.
También se incorporan en este Título los principios relativos al ejercicio de la potestad
sancionadora y los que rigen la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas. Entre las novedades más destacables en este ámbito, merecen especial mención
los cambios introducidos en la regulación de la denominada «responsabilidad patrimonial
del Estado Legislador» por las lesiones que sufran los particulares en sus bienes y
derechos derivadas de leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la
Unión Europea, concretándose las condiciones que deben darse para que se pueda
proceder, en su caso, a la indemnización que corresponda.
Por último, se regulan en el Título Preliminar los convenios administrativos, en la línea
prevista en el Dictamen 878 del Tribunal de Cuentas, de 30 de noviembre, de 2010, que
recomendaba sistematizar su marco legal y tipología, establecer los requisitos para su
validez, e imponer la obligación de remitirlos al propio Tribunal. De este modo, se desarrolla
un régimen completo de los convenios, que fija su contenido mínimo, clases, duración, y
extinción y asegura su control por el Tribunal de Cuentas.
III
En relación con la Administración del Estado, el Título primero parte de la regulación
contenida en la Ley 6/1997, de 14 de abril, aplicando ciertas mejoras que el tiempo ha
revelado necesarias. Se establecen los órganos superiores y directivos propios de la
estructura ministerial y también en el ámbito de la Administración periférica y en el exterior.
En el caso de los organismos públicos, serán sus estatutos los que establezcan sus
órganos directivos.
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La Ley regula los Ministerios y su organización interna, sobre la base de los siguientes
órganos: Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Secretarios Generales,
Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales.
Se integran en esta Ley funciones de los Ministros que, hasta ahora, estaban dispersas
en otras normas o que eran inherentes al ejercicio de ciertas funciones, como celebrar en
el ámbito de su competencia, contratos y convenios; autorizar las modificaciones
presupuestarias; decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o
grupos de trabajo; rendir la cuenta del departamento ante el Tribunal de Cuentas; y
resolver los recursos administrativos presentados ante los órganos superiores y directivos
del Departamento. La Ley reordena parcialmente las competencias entre los órganos
superiores, Ministros y Secretarios de Estado, y directivos, Subsecretarios, Secretarios
Generales, Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales de los Ministerios,
atribuyendo a ciertos órganos como propias algunas funciones que hasta ahora
habitualmente se delegaban en ellos. Y con el objeto de posibilitar las medidas de mejora
de gestión propuestas en el Informe CORA, se atribuye a los Subsecretarios una nueva
competencia: la de adoptar e impulsar las medidas tendentes a la gestión centralizada de
recursos y medios materiales en el ámbito de su Departamento.
Se atribuyen también expresamente a la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia,
en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, las
competencias propias de los servicios comunes de los Departamentos en relación con el
área de la Presidencia del Gobierno. Debe recordarse que, al tratarse de un ámbito ajeno
a la estructura del propio departamento ministerial, esta atribución excede del real decreto
en que se fije la estructura orgánica de aquél.
Con el objeto de evitar la proliferación de centros encargados de la prestación de
servicios administrativos en cada ente o unidad, y facilitar que los mismos se provean por
órganos especializados en el ámbito del Ministerio o de forma centralizada para toda la
Administración, se prevé la posibilidad de que la organización y gestión de los servicios
comunes de los Ministerios y entidades dependientes pueda ser coordinada por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas u otro organismo público; o bien por la
Subsecretaría de cada departamento.
IV
Sobre la base de la regulación de la Administración Periférica contenida en la
Ley 6/1997, la Ley regula los órganos de la Administración General del Estado de carácter
territorial, los Delegados y Subdelegados del Gobierno. Como principales novedades
respecto a la regulación hasta ahora vigente, destacan las siguientes cuestiones.
En cuanto a los Delegados del Gobierno, se refuerza su papel político e institucional,
se les define como órganos directivos, y se dispone que su nombramiento atenderá a
criterios de competencia profesional y experiencia, siendo de aplicación al desempeño de
sus funciones lo establecido en el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Se mejora la regulación de su suplencia, vacante o enfermedad, correspondiendo al
Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe. En caso de no haber realizado
formalmente la designación, y cuando se trate de una Comunidad uniprovincial que
carezca de Subdelegado, la suplencia recaerá sobre el Secretario General.
Las competencias de los Delegados del Gobierno, que hasta ahora eran recogidas en
diversos preceptos, pasan a estar reguladas en un único artículo, sistematizándolas en
cinco categorías: competencias de dirección y coordinación; de información de la acción
del Gobierno y a los ciudadanos; de coordinación y colaboración con otras Administraciones
Públicas; competencias relativas al control de legalidad; y competencias relacionadas con
el desarrollo de las políticas públicas.
Se recoge expresamente en la Ley la competencia atribuida a los Delegados del
Gobierno en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas, referente a la coordinación de los usos de los edificios de la Administración
General del Estado en su ámbito de actuación, de acuerdo con las directrices establecidas
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por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Dirección General de
Patrimonio del Estado.
Respecto de los Subdelegados del Gobierno, se concretan los requisitos de titulación
para ser nombrado Subdelegado del Gobierno, de tal manera que ahora se indica el
subgrupo funcionarial al que debe pertenecer. En cuanto a las competencias de los
Subdelegados del Gobierno, y como novedad más relevante, se le atribuye la de coordinar
la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el
ámbito de su provincia.
Se recoge legalmente la existencia de un órgano que se ha revelado como fundamental
en la gestión de las Delegaciones y Subdelegaciones, la Secretaría General, encargada
de la llevanza de los servicios comunes y de la que dependerán las áreas funcionales.
También se establece a nivel legal que la asistencia jurídica y el control financiero de las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno serán ejercidos por la Abogacía del Estado
y por la Intervención General de la Administración del Estado, respectivamente, cuestión
anteriormente regulada por normativa reglamentaria.
La Ley también prevé expresamente la existencia de la Comisión Interministerial de
Coordinación de la Administración Periférica del Estado, cuyas atribuciones, composición
y funcionamiento serán objeto de regulación reglamentaria.
Por lo que se refiere a la Administración General del Estado en el exterior, se efectúa
una remisión a la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del
Estado, y a su normativa de desarrollo, declarándose la aplicación supletoria de la presente
Ley.
V
En el ámbito de la denominada Administración institucional, la Ley culmina y hace
efectivas las conclusiones alcanzadas en este ámbito por la CORA y que son reflejo de la
necesidad de dar cumplimiento a lo previsto en el mencionado artículo 31.2 de la
Constitución, que ordena que el gasto público realice una asignación equitativa de los
recursos públicos, y que su programación y ejecución respondan a los criterios de
eficiencia y economía. De forma congruente con este mandato, el artículo 135 de la
Constitución establece que todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones
al principio de estabilidad presupuestaria.
La permanente necesidad de adaptación de la Administración Institucional se aprecia
con el mero análisis de la regulación jurídica de los entes que la componen. Un panorama
en el que se han aprobado de forma sucesiva diferentes leyes que desde distintas
perspectivas han diseñado el marco normativo de los entes auxiliares de que el Estado
dispone.
En primer lugar, la regulación jurídica fundamental de los diferentes tipos de entes y
organismos públicos dependientes del Estado está prevista en la Ley 6/1997, de 14 de
abril, que diferencia tres tipos de entidades: Organismos Autónomos, Entidades Públicas
Empresariales y Agencias Estatales, categoría que se añadió con posterioridad. Cada uno
de estos organismos públicos cuenta con una normativa reguladora específica, que
normalmente consta de una referencia en la ley de creación y de un desarrollo
reglamentario posterior dictado al aprobar los correspondientes estatutos.
No obstante, el marco aparentemente general es cuestionado por la previsión
establecida en la disposición adicional décima de la Ley, 6/1997, de 14 de abril, que
excluye de su aplicación a determinados entes que cuentan con previsiones legales
propias, por lo que la Ley se les aplica de forma sólo supletoria. Esta excepción pone de
relieve el principal obstáculo en la clarificación normativa de estos entes, que no es otro
que el desplazamiento del derecho común en beneficio de un derecho especial
normalmente vinculado a una percepción propia de un sector de actividad, social o
corporativo, que a través de la legislación específica logra dotarse de un marco jurídico
más sensible a sus necesidades.
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Con posterioridad a la Ley 6/1997, de 14 de abril, la descentralización funcional del
Estado recuperó rápidamente su tendencia a la diversidad. En primer lugar, por la
aprobación de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. En ella se diseña el
régimen aplicable a las fundaciones constituidas mayoritariamente por entidades del sector
público estatal, aplicando la técnica fundacional al ámbito de la gestión pública.
Desde otra perspectiva, basada en el análisis de la actividad que realizan los diferentes
entes, el ordenamiento vigente ha regulado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, la totalidad del denominado «sector público estatal», que está
formado por tres sectores: Primero, el Sector Público administrativo, que está constituido
por la Administración General del Estado; los organismos autónomos dependientes de la
Administración General del Estado; las entidades gestoras, servicios comunes y las
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la
gestión de la Seguridad Social; los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos
Generales del Estado que, careciendo de personalidad jurídica, no están integrados en la
Administración General del Estado pero forman parte del sector público estatal; las
entidades estatales de derecho público y los consorcios, cuando sus actos estén sujetos
directa o indirectamente al poder de decisión de un órgano del Estado, su actividad
principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios y no
se financien mayoritariamente con ingresos comerciales. Segundo, el Sector Público
empresarial, que está constituido por las entidades públicas empresariales, dependientes
de la Administración General del Estado, o de cualesquiera otros organismos públicos
vinculados o dependientes de ella; las sociedades mercantiles estatales, definidas en la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas; y las
Entidades estatales de derecho público distintas de las comprendidas en el Sector Público
administrativo y los consorcios no incluidos en él. Tercero, el Sector Público fundacional,
constituido por las fundaciones del sector público estatal, definidas en la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre.
El siguiente hito normativo fue la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, que regula el
denominado «patrimonio empresarial de la Administración General del Estado», formado
por las entidades públicas empresariales, a las que se refiere el Capítulo III del Título III de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, las entidades de Derecho público cuyos ingresos provengan,
al menos en un 50 por 100, de operaciones realizadas en el mercado; y las sociedades
mercantiles estatales.
La preocupación por la idoneidad de los entes públicos y la voluntad de abordar su
reforma condujo a la aprobación de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales
para la Mejora de los Servicios Públicos, mediante la que se creó este nuevo tipo de ente.
El objetivo prioritario de esta Ley fue establecer mecanismos de responsabilidad en la
dirección y gestión de los nuevos organismos públicos, vinculando el sistema retributivo al
logro de sus objetivos y reconociendo un mayor margen de discrecionalidad en la gestión
presupuestaria.
La Ley autorizó la creación de 12 Agencias, si bien hasta el momento sólo se han
constituido 7 de ellas, y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios,
autorizada en otra Ley.
El objetivo de la reforma fue instaurar la Agencia como nuevo modelo de ente público,
pero nació ya con una eficacia limitada. La disposición adicional quinta de la Ley autorizaba
al Gobierno para transformar en Agencia los Organismos Públicos cuyos objetivos y
actividades se ajustasen a su naturaleza, lo que implicaba el reconocimiento de la
existencia de entidades que, por no cumplir este requisito, no precisarían transformación,
y que permanecerían en su condición de Organismos Autónomos, Entidades Públicas
Empresariales o entes con estatuto especial. Y, sin embargo, la disposición adicional
séptima ordenaba atribuir el estatuto a todos los organismos públicos de futura creación
«con carácter general».
Por todo ello, no puede decirse que los objetivos de la Ley se hayan alcanzado, incluso
después de más de seis años de vigencia, porque su desarrollo posterior ha sido muy
limitado, y porque las medidas de control de gasto público han neutralizado la pretensión
de dotar a las agencias de mayor autonomía financiera.
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Otras normas se han referido con mayor o menor amplitud, al ámbito y categoría del
sector público. Es el caso de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, que diferencia entre el «Sector Público» y las «Administraciones Públicas»,
introduciendo el concepto de «poderes adjudicadores». Distinción igualmente recogida en
el posterior Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, llevó a cabo una regulación
propia y especial para los seis organismos reguladores existentes en esos momentos, con
especial atención a garantizar su independencia respecto de los agentes del mercado.
Posteriormente la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia integró en esta supervisión hasta siete preexistentes. Incluso
nos encontramos con que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para evitar dudas interpretativas, se remite a
la definición del «sector público» «en el ámbito comunitario».
El proyecto de reforma administrativa puesto en marcha aborda la situación de los
entes instrumentales en dos direcciones: medidas concretas de racionalización del sector
público estatal, fundacional y empresarial, que se han materializado en sucesivos Acuerdos
de Consejo de Ministros, y en otras disposiciones; y la reforma del ordenamiento aplicable
a los mismos, que se materializa en la presente Ley, y de la que ya se habían dado pasos
en la reciente Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y
otras medidas de reforma administrativa, que modificó el régimen jurídico de los
consorcios.
Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, la Ley establece, en primer lugar, dos
normas básicas para todas las Administraciones Públicas. Por un lado, la obligatoriedad
de inscribir la creación, transformación o extinción de cualquier entidad integrante del
sector público institucional en el nuevo Inventario de Entidades del Sector Público Estatal,
Autonómico y Local. Esta inscripción será requisito necesario para obtener el número de
identificación fiscal definitivo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Este
Registro permitirá contar con información completa, fiable y pública del número y los tipos
de organismos públicos y entidades existentes en cada momento. Y por otro lado, se
obliga a todas las Administraciones a disponer de un sistema de supervisión continua de
sus entidades dependientes, que conlleve la formulación periódica de propuestas de
transformación, mantenimiento o extinción.
Ya en el ámbito de la Administración General del Estado, se establece una nueva
clasificación del sector público estatal para los organismos y entidades que se creen a
partir de la entrada en vigor de la Ley, más clara, ordenada y simple, pues quedan
reducidos a los siguientes tipos: organismos públicos, que incluyen los organismos
autónomos y las entidades públicas empresariales; autoridades administrativas
independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector
público y fondos sin personalidad jurídica. La meta es la de sistematizar el régimen hasta
ahora vigente en el ámbito estatal y mejorarlo siguiendo las pautas que se explican a
continuación.
En primer lugar, preservando los aspectos positivos de la regulación de los distintos
tipos de entes, de modo que se favorezca la programación de objetivos, el control de
eficacia de los entes públicos y el mantenimiento de los estrictamente necesarios para la
realización de las funciones legalmente encomendadas al sector público.
En segundo lugar, suprimiendo las especialidades que, sin mucha justificación,
propiciaban la excepción de la aplicación de controles administrativos que deben existir en
toda actuación pública, en lo que ha venido en denominarse la «huida del derecho
administrativo». La flexibilidad en la gestión ha de ser compatible con los mecanismos de
control de la gestión de fondos públicos.
Y, en tercer lugar, dedicando suficiente atención a la supervisión de los entes públicos
y a su transformación y extinción, materias éstas que, por poco frecuentes, no habían
demandado un régimen detallado en el pasado. Con ello se resuelve una de las principales
carencias de la Ley de Agencias: la ausencia de una verdadera evaluación externa a la
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entidad, que permita juzgar si sigue siendo la forma más eficiente y eficaz posible de
cumplir los objetivos que persiguió su creación y que proponga alternativas en caso de que
no sea así.
De este modo, se establecen dos tipos de controles de las entidades integrantes del
sector público estatal.
Una supervisión continua, desde su creación hasta su extinción, a cargo del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas que vigilará la concurrencia de los requisitos
previstos en esta Ley.
Un control de eficacia, centrado en el cumplimiento de los objetivos propios de la
actividad de la entidad, que será ejercido anualmente por el Departamento al que esté
adscrita la entidad u organismo público, sin perjuicio del control de la gestión económico
financiera que se ejerza por la Intervención General de la Administración del Estado.
Este sistema, que sigue las mejores prácticas del derecho comparado, permitirá
evaluar de forma continua la pervivencia de las razones que justificaron la creación de
cada entidad y su sostenibilidad futura. Así se evitará tener que reiterar en el futuro el
exhaustivo análisis que tuvo que ejecutar la CORA para identificar las entidades
innecesarias o redundantes y que están en proceso de extinción.
Se incorpora al contenido de la Ley la regulación de los medios propios y servicios
técnicos de la Administración, de acuerdo con lo que en la actualidad se establece en la
normativa de contratos del sector público. Como novedad, la creación de un medio propio
o su declaración como tal deberá ir precedida de una justificación, por medio de una
memoria de la intervención general, de que la entidad resulta sostenible y eficaz, de
acuerdo con los criterios de rentabilidad económica, y que resulta una opción más eficiente
que la contratación pública para disponer del servicio o suministro cuya provisión le
corresponda, o que concurren otras razones excepcionales que justifican su existencia,
como la seguridad pública o la urgencia en la necesidad del servicio. Asimismo, estas
entidades deberán estar identificadas a través de un acrónimo «MP», para mayor
seguridad jurídica. Estos requisitos se aplicarán tanto a los medios propios que se creen
en el futuro como a los ya existentes, estableciéndose un plazo de seis meses para su
adaptación.
Bajo la denominación de «organismos públicos», la Ley regula los organismos
autónomos y las entidades públicas empresariales del sector público estatal.
Los organismos públicos se definen como aquéllos dependientes o vinculados a la
Administración General del Estado, bien directamente, bien a través de otro organismo
público, cuyas características justifican su organización en régimen de descentralización
funcional o de independencia, y que son creados para la realización de actividades
administrativas, sean de fomento, prestación, gestión de servicios públicos o producción
de bienes de interés público susceptibles de contraprestación, así como actividades de
contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas. Tienen personalidad
jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de
gestión y les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento
de sus fines salvo la potestad expropiatoria.
Se establece una estructura organizativa común en el ámbito del sector público estatal,
articulada en órganos de gobierno, ejecutivos y de control de eficacia, correspondiendo al
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la clasificación de las entidades,
conforme a su naturaleza y a los criterios previstos en el Real Decreto 451/2012, de 5 de
marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos
en el sector público empresarial y otras entidades.
En general, se hace más exigente la creación de organismos públicos al someterse a
los siguientes requisitos: por un lado, la elaboración de un plan de actuación con un
contenido mínimo que incluye un análisis de eficiencia y las razones que fundamentan la
creación; justificación de la forma jurídica propuesta; determinación de los objetivos a
cumplir y los indicadores para medirlos; acreditación de la inexistencia de duplicidades,
etc. Y, por otro lado, un informe preceptivo del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
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De acuerdo con el criterio de racionalización anteriormente expuesto para toda la
Administración General del Estado, tanto los organismos existentes en el sector público
estatal como los de nueva creación aplicarán una gestión compartida de los servicios
comunes, salvo que la decisión de no hacerlo se justifique en la memoria que acompañe
a la norma de creación por razones de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
seguridad nacional o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios que
deban prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo.
Por primera vez, se incluye para el sector público estatal un régimen de
transformaciones y fusiones de organismos públicos de la misma naturaleza jurídica, bien
mediante su extinción e integración en un nuevo organismo público, o bien mediante su
absorción por otro ya existente. La fusión se llevará a cabo por una norma reglamentaria,
aunque suponga modificación de la ley de creación. Se establece un mayor control para la
transformación de organismo autónomo en sociedad mercantil estatal o en fundación del
sector público, con el fin de evitar el fenómeno de la huida de los controles del derecho
administrativo, para lo que se exige la elaboración de una memoria que lo justifique y un
informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado. En cambio,
se facilita la transformación de sociedades mercantiles estatales en organismos
autónomos, que están sometidos a controles más intensos.
Se regula, también en el ámbito estatal, la disolución, liquidación y extinción de
organismos públicos. En este sentido, se detallan las causas de disolución, entre las que
destaca la situación de desequilibrio financiero durante dos ejercicios presupuestarios
consecutivos, circunstancia que no opera de modo automático, al poder corregirse
mediante un plan elaborado al efecto.
El proceso de disolución es ágil, al bastar un acuerdo del Consejo de Ministros. Deberá
designarse un órgano administrativo o entidad del sector público institucional como
liquidador, cuya responsabilidad será directamente asumida por la Administración que le
designe, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra aquél cuando hubiera causa legal
para ello.
Publicado el acuerdo de disolución, la liquidación se inicia automáticamente, y tendrá
lugar por cesión e integración global de todo el activo y pasivo del organismo en la
Administración General del Estado, que sucederá a la entidad extinguida en todos sus
derechos y obligaciones. Formalizada la liquidación se producirá la extinción automática.
En cuanto a la tipología propia del sector institucional del Estado, la Ley contempla las
siguientes categorías de entidades: organismos públicos, que comprende los organismos
autónomos y las entidades públicas empresariales; las autoridades administrativas
independientes; las sociedades mercantiles estatales; las fundaciones del sector público
estatal; los consorcios; y los fondos sin personalidad jurídica. En los capítulos
correspondientes a cada tipo se define su régimen jurídico, económico-financiero,
presupuestario, de contratación, y de personal. Los organismos autónomos desarrollan
actividades derivadas de la propia Administración Pública, en calidad de organizaciones
instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta, mientras que las entidades públicas
empresariales, se cualifican por simultanear el ejercicio de potestades administrativas y de
actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés
público, susceptibles de contraprestación. Las autoridades administrativas independientes,
tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un
determinado sector o actividad económica, para cuyo desempeño deben estar dotadas de
independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General
del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley. En atención a esta
peculiar idiosincrasia, se rigen en primer término por su normativa especial, y supletoriamente,
en cuanto sea compatible con su naturaleza y funciones, por la presente Ley.
Se mantiene el concepto de sociedades mercantiles estatales actualmente vigente en
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, respecto de las cuales se incluye como novedad que
la responsabilidad aplicable a los miembros de sus consejos de administración designados
por la Administración General del Estado será asumida directamente por la Administración
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designante. Todo ello, sin perjuicio de que pueda exigirse de oficio la responsabilidad del
administrador por los daños y perjuicios causados cuando hubiera concurrido dolo, o culpa
o negligencia graves.
La Ley establece con carácter básico el régimen jurídico de los consorcios, al tratarse
de un régimen que, por definición, afectará a todas las Administraciones Públicas,
siguiendo la línea de las modificaciones efectuadas por la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa. La creación de un consorcio en el que participe la Administración General
del Estado ha de estar prevista en una ley e ir precedida de la autorización del Consejo de
Ministros. El consorcio se constituye mediante el correspondiente convenio, al que habrán
de acompañarse los estatutos, un plan de actuación de igual contenido que el de los
organismos públicos y el informe preceptivo favorable del departamento competente en la
Hacienda Pública o la intervención general que corresponda. Las entidades consorciadas
podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los estatutos, o a falta de previsión
estatutaria, por unanimidad, la cesión global de activos y pasivos a otra entidad
jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y
alcanzar los objetivos del consorcio que se liquida. Su disolución es automática mediante
acuerdo del máximo órgano de gobierno del consorcio, que nombrará a un órgano o
entidad como liquidador. La responsabilidad del empleado público que sea nombrado
liquidador será asumida por la entidad o la Administración que lo designó, sin perjuicio de
las acciones que esta pueda ejercer para, en su caso, repetir la responsabilidad que
corresponda. Finalmente, cabe destacar que se avanza en el rigor presupuestario de los
consorcios que estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la
Administración Pública a la que estén adscritos y por tanto se integrarán o, en su caso,
acompañarán a los presupuestos de la Administración de adscripción en los términos
previstos en su normativa.
Se establece el régimen jurídico de las fundaciones del sector público estatal,
manteniendo las líneas fundamentales de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones. La creación de las fundaciones, o la adquisición de forma sobrevenida de
esta forma jurídica, se efectuará por ley. Se deberá prever la posibilidad de que en el
patrimonio de las fundaciones del sector público estatal pueda existir aportación del sector
privado de forma no mayoritaria. Como novedad, se establece con carácter básico el
régimen de adscripción pública de las fundaciones y del protectorado.
Se regulan por último en este Título los fondos carentes de personalidad jurídica del
sector público estatal, figura cuya frecuente utilización demandaba el establecimiento de
un régimen jurídico, y que deberán crearse por ley.
VI
El Título III establece un régimen completo de las relaciones entre las distintas
Administraciones Públicas, que deberán sujetarse a nuevos principios rectores cuya última
ratio se halla en los artículos 2, 14 y 138 de la Constitución, como la adecuación al sistema
de distribución de competencias, la solidaridad interterritorial, la programación y evaluación
de resultados y el respeto a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.
Siguiendo la jurisprudencia constitucional, se definen y diferencian dos principios clave
de las relaciones entre Administraciones: la cooperación, que es voluntaria y la
coordinación, que es obligatoria. Sobre esta base se regulan los diferentes órganos y
formas de cooperar y coordinar.
Se desarrollan ampliamente las técnicas de cooperación y en especial, las de
naturaleza orgánica, entre las que destaca la Conferencia de Presidentes, que se regula
por primera vez, las Conferencias Sectoriales y las Comisiones Bilaterales de Cooperación.
Dentro de las funciones de las Conferencias Sectoriales destaca como novedad la de ser
informadas sobre anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de
la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cuando afecten
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de manera directa al ámbito competencial de las otras Administraciones Públicas o cuando
así esté previsto en la normativa sectorial aplicable. Con ello se pretende potenciar la
planificación conjunta y evitar la aparición de duplicidades.
Se aclara que las Conferencias Sectoriales podrán adoptar recomendaciones, que
implican el compromiso de quienes hayan votado a favor a orientar sus actuaciones en esa
materia en el sentido acordado, con la obligación de motivar su no seguimiento; y
acuerdos, que podrán adoptar la forma de planes conjuntos, que serán de obligado
cumplimiento para todos los miembros no discrepantes, y que serán exigibles ante el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Cuando la Administración General del
Estado ejerza funciones de coordinación, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
el acuerdo será obligatorio para todas las Administraciones de la conferencia sectorial.
Se prevé el posible funcionamiento electrónico de estos órganos, lo que favorecerá las
convocatorias de las Conferencias Sectoriales, que podrán ser más frecuentes, ahorrando
costes de desplazamiento.
Dentro del deber de colaboración se acotan los supuestos en los que la asistencia y
cooperación puede negarse por parte de la Administración requerida, y se concretan las
técnicas de colaboración: la creación y mantenimiento de sistemas integrados de
información; el deber de asistencia y auxilio para atender las solicitudes formuladas por
otras Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias y cualquier otra
prevista en la Ley. No obstante, el deber de colaboración al que están sometidas las
Administraciones Públicas se ejercerá con sometimiento a lo establecido en la normativa
específica aplicable.
Se crea un Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación,
con efecto constitutivo, de forma que pueda ser de general conocimiento, de forma fiable,
la información relativa a los órganos de cooperación y coordinación en los que participa la
Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades vinculados o
dependientes, y qué convenios hay en vigor en cada momento.
Se da también respuesta legal a las interrelaciones competenciales que se han venido
desarrollando durante los últimos años, propiciando la creación voluntaria de servicios
integrados o complementarios, en los que cada Administración tenga en cuenta las
competencias de otras Administraciones Públicas y conozca sus proyectos de actuación
para mejorar la eficacia de todo el sistema administrativo.
También se potencia la disponibilidad de sistemas electrónicos de información mutua,
cada vez más integrados, tal como se ha puesto de relieve con la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
En las disposiciones adicionales de la Ley se recogen, entre otras materias, la mención
a la Administración de los Territorios Históricos del País Vasco, los Delegados del Gobierno
en las Ciudades de Ceuta y Melilla, la estructura administrativa en las islas menores, las
relaciones con las ciudades de Ceuta y Melilla, la adaptación de organismos públicos y
entidades existentes, la gestión compartida de servicios comunes de los organismos
públicos existentes, la transformación de los medios propios existentes, el Registro estatal
de órganos e instrumentos de cooperación, la adaptación de los convenios vigentes, la
Comisión sectorial de administración electrónica, la adaptación a los consorcios en los que
participa el Estado, los conflictos de atribuciones intraministeriales, así como el régimen
jurídico del Banco de España, las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, las
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la organización militar, únicos cuyas peculiaridades justifican un
tratamiento separado.
En las disposiciones transitorias se establece el régimen aplicable al sector público
institucional existente en la entrada en vigor de la Ley, así como las reglas aplicables a los
procedimientos de elaboración de normas en curso.
En la disposición derogatoria única se recoge la normativa y las disposiciones de igual
o inferior rango que quedan derogadas.
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Entre las disposiciones finales se incluye la modificación de la regulación del Gobierno
contenida en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre; también se modifica la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre; se establecen los títulos competenciales en base a los cuales se dicta
la Ley, la habilitación para su desarrollo normativo; y la entrada en vigor, prevista para un
año después de la publicación de la Ley en el «Boletín Oficial del Estado».
Las modificaciones introducidas en la actual Ley del Gobierno suponen una serie de
trascendentes novedades. Así, se adecúa el régimen de los miembros del Gobierno a las
previsiones de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado. En cuanto al Presidente del Gobierno, a los
Vicepresidentes y a los Ministros, se introducen mejoras técnicas sobre el procedimiento y
formalidades del cese. En el caso de que existan Ministros sin cartera, por Real Decreto
se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, así como los
medios materiales y personales que queden adscritos a dichos órganos.
Además de ello, se prevé excepcionalmente la asistencia de otros altos cargos al
Consejo de Ministros, cuando sean convocados, posibilidad que hasta ahora solo se
contemplaba respecto de los Secretarios de Estado.
Se flexibiliza el régimen de la suplencia de los miembros del Consejo de Ministros, ya
que no se considerará ausencia la interrupción transitoria de la asistencia de los Ministros
a las reuniones de un órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran
corresponder al miembro del Gobierno durante esa situación serán ejercidas por la
siguiente autoridad en rango presente.
El Real Decreto de creación de cada una de las Comisiones Delegadas del Gobierno
deberá regular, además de otras cuestiones, el régimen interno de funcionamiento y, en
particular, el de convocatorias y suplencias. De esta manera, se completa el régimen de
tales órganos.
Se contempla asimismo una habilitación al Gobierno para que defina determinadas
cuestiones, como son la regulación de las precedencias en los actos oficiales de los
titulares de los poderes constitucionales y de las instituciones nacionales, autonómicas, los
Departamentos ministeriales y los órganos internos de estos, así como el régimen de los
expresidentes del Gobierno.
De acuerdo con el propósito de que la tramitación telemática alcance todos los niveles
del Gobierno, se prevé que el Ministro de la Presidencia pueda dictar instrucciones para la
tramitación de asuntos ante los órganos colegiados del Gobierno que regulen la posible
documentación de propuestas y acuerdos por medios electrónicos.
Los órganos de colaboración y apoyo al Gobierno siguen siendo los mismos que en la
normativa actual: Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios,
Secretariado del Gobierno y Gabinetes del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes,
de los Ministros y de los Secretarios de Estado. La Ley introduce mejoras en el
funcionamiento de estos órganos, en particular, atribuyendo a la Comisión General de
Secretarios de Estado y Subsecretarios el análisis o discusión de aquellos asuntos que,
sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus Comisiones Delegadas, afecten a
varios Ministerios y sean sometidos a la Comisión por su Presidente.
Se recogen también a nivel legal las funciones del Secretariado del Gobierno como
órgano de apoyo del Ministro de la Presidencia, del Consejo de Ministros, de las
Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado
y Subsecretarios, y se le encomiendan otras que están relacionadas con la tramitación
administrativa de la sanción y promulgación real de las Leyes, la expedición de los Reales
Decretos, la tramitación de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde al
Presidente del Gobierno o al Presidente del Congreso de los Diputados y la tramitación de
los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la competencia del
Presidente del Gobierno, entre otras.
En cuanto al régimen de funcionamiento del Consejo de Ministros, destaca como
novedad la regulación de la posibilidad de avocar, a propuesta del Presidente del Gobierno,
las competencias cuya decisión corresponda a las Comisiones Delegadas del Gobierno.
Por último, se modifica el Título V de la Ley del Gobierno, con dos finalidades.
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En primer lugar, se reforma el procedimiento a través del cual se ejerce la iniciativa
legislativa y la potestad reglamentaria, en línea con los principios establecidos con carácter
general para todas las Administraciones en la Ley de Procedimiento Administrativo y que
entrañan la elaboración de un Plan Anual Normativo; la realización de una consulta pública
con anterioridad a la redacción de las propuestas; el reforzamiento del contenido de la
Memoria del Análisis de Impacto Normativo; la atribución de funciones al Ministerio de la
Presidencia para asegurar la calidad normativa; y la evaluación ex post de las normas
aprobadas.
Estas importantes novedades, tributarias de las iniciativas llevadas a cabo sobre Better
Regulation en la Unión Europea, siguen asimismo las recomendaciones que en esta
materia ha formulado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) en su informe emitido en 2014 «Spain: From Administrative Reform to Continous
Improvement». Es la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo de 25 de junio
de 2008 (A «Small Bussiness Act» for Europe) la que entre sus recomendaciones incluye
la de fijar fechas concretas de entrada en vigor de cualquier norma que afecte a las
pequeñas y medianas empresas, propuesta que se incorpora a la normativa estatal y que
contribuirá a incrementar la seguridad jurídica en nuestra actividad económica.
En segundo lugar, se extrae el artículo dedicado al control del Gobierno del Título V, en
el que impropiamente se encontraba, de modo que pasa a constituir uno específico con
este exclusivo contenido, con una redacción mas acorde con la normativa reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las
Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y
funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional
para el desarrollo de sus actividades.
Artículo 2. Ámbito Subjetivo.
1. La presente Ley se aplica al sector público que comprende:
a) b) c) d) La Administración General del Estado.
Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
Las Entidades que integran la Administración Local.
El sector público institucional.
a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes de las Administraciones Públicas.
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las
Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley
que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el
artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.
c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y
supletoriamente por las previsiones de la presente Ley.
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2. El sector público institucional se integra por:
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3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General
del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que
integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho
público previstos en la letra a) del apartado 2.
Artículo 3. Principios generales.
1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y
actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al
Derecho.
Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:
a) Servicio efectivo a los ciudadanos.
b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las
actividades materiales de gestión.
e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
f) Responsabilidad por la gestión pública.
g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los
resultados de las políticas públicas.
h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.
2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos,
organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios
electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones
adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter
personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.
3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las
Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación
de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que
establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.
4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el
cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.
Artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo
de una actividad.
1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas
competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o
colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad,
deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva,
motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su
adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan
diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos
y resultados obtenidos.
2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos
previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus
respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de
datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos,
actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.
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CAPÍTULO II
De los órganos de las Administraciones Públicas
Sección 1.ª De los órganos administrativos
Artículo 5. Órganos administrativos.
1. Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas
a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya
actuación tenga carácter preceptivo.
2. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito
competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos
propios de las especialidades derivadas de su organización.
3. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento
de los siguientes requisitos:
a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se
trate y su dependencia jerárquica.
b) Delimitación de sus funciones y competencias.
c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
4. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya
existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de
estos. A este objeto, la creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación
de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función
sobre el mismo territorio y población.
Artículo 6. Instrucciones y órdenes de servicio.
1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos
jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.
Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por
razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y
órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su
difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo
a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la
responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
La Administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos dotados
de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa, o a través de
los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica.
En tal caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea
orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de
los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de
consulta, actuando para cumplir con tales garantías de forma colegiada.
Sección 2.ª Competencia
Artículo 8. Competencia.
1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que
la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se
efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes.
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Artículo 7. Órganos consultivos.
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La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y
la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los
elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos
administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de
aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución
de competencias.
3. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar
el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los
expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y
del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y
territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior
jerárquico común de estos.
Artículo 9. Delegación de competencias.
1. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el
ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma
Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos
públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.
En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias
deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano
delegante y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes,
por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus normas de creación. Cuando se
trate de órganos no relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del
superior común si ambos pertenecen al mismo Ministerio, o del órgano superior de quien
dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes
Ministerios.
Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el
ejercicio de sus competencias propias en sus Organismos públicos y Entidades vinculados
o dependientes, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados
y mejorar la eficacia de su gestión. La delegación deberá ser previamente aprobada por
los órganos de los que dependan el órgano delegante y el órgano delegado, o aceptada
por este último cuando sea el órgano máximo de dirección del Organismo público o
Entidad vinculado o dependiente.
2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:
a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia
del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas.
b) La adopción de disposiciones de carácter general.
c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los
actos objeto de recurso.
d) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.
3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el
«Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia,
según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de
competencia de éste.
4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
5. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que
se ejerzan por delegación.
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No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un
procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite
preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la
competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente
procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.
6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya
conferido.
7. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos
colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, deberá
adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum o mayoría.
Artículo 10. Avocación.
1. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios
asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos
administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social,
jurídica o territorial lo hagan conveniente.
En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes
jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el
órgano delegante.
2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá
ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o
simultáneamente a la resolución final que se dicte.
Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el
que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.
Artículo 11. Encomiendas de gestión.
a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o
Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá
formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por
acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. En todo
caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá
ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la
Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el
órgano encomendante.
Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales
acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que
afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.
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1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de
los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada
a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración,
siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o
cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.
Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los
contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su
naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.
2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni
de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad
encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en
los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del
tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución
de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de
protección de datos de carácter personal.
3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas:
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Sec. I. Pág. 89428
b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de
Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del
correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del
Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la
Administración a que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el supuesto de la
gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones
Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación
de Régimen Local.
Artículo 12. Delegación de firma.
1. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia,
que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias, delegar la firma
de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades
administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el artículo 9.
2. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su
validez no será necesaria su publicación.
3. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta
circunstancia y la autoridad de procedencia.
Artículo 13. Suplencia.
1. En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos
administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia
o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o
recusación.
Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por
quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa.
2. La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será
necesaria su publicación.
3. En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente
podrá efectuarse:
a) En los reales decretos de estructura orgánica básica de los Departamentos
Ministeriales o en los estatutos de sus Organismos públicos y Entidades vinculados o
dependientes según corresponda.
b) Por el órgano competente para el nombramiento del titular, bien en el propio acto
de nombramiento bien en otro posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la
suplencia.
4. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta
circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien
efectivamente está ejerciendo esta suplencia.
1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un
asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente,
debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.
2. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que
se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las
actuaciones al órgano competente.
Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de
inhibición al que esté conociendo del asunto.
3. Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma
Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no
haya finalizado el procedimiento administrativo.
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Artículo 14. Decisiones sobre competencia.
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Sección 3.ª Órganos colegiados de las distintas administraciones públicas
Subsección 1.ª Funcionamiento
Artículo 15. Régimen.
1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas
en la presente sección, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las
Administraciones Públicas en que se integran.
2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que
participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos
compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas, cuenten o no
con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán
establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.
Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la
Administración Pública que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica
de ésta, salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus
funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado.
3. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados
que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser
publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran.
Adicionalmente, las Administraciones podrán publicarlos en otros medios de difusión que
garanticen su conocimiento.
Cuando se trate de un órgano colegiado a los que se refiere el apartado 2 de este
artículo la citada publicidad se realizará por la Administración a quien corresponda la
Presidencia.
Artículo 16. Secretario.
1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del
propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente.
2. Corresponderá al Secretario velar por la legalidad formal y material de las
actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los
procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.
3. En caso de que el Secretario no miembro sea suplido por un miembro del órgano
colegiado, éste conservará todos sus derechos como tal.
1. Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus
sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia,
salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario.
En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos,
considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros
o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas
se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la
disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre
los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las
videoconferencias.
2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del
Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de
sus miembros.
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Artículo 17. Convocatorias y sesiones.
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Sec. I. Pág. 89430
Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, el
Presidente podrá considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración
de sesión, si asisten los representantes de las Administraciones Públicas y de las
organizaciones representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que se
haya atribuido la condición de portavoces.
Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos
los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos
podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones,
deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así
lo decidan todos sus miembros.
3. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si
éste no está previsto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una
segunda convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para
constituir válidamente el órgano.
Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del
órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden
del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las
condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los
lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar
en la reunión.
4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido
en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea
declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista a distancia,
los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado
y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia.
6. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán
exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
7. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario
de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La
certificación será expedida por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste
expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las Administraciones
por esta vía.
1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario,
que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de
la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e
integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como
documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de
hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.
2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata
siguiente. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a
través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán
manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su
aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.
Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la
utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se
garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el
acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.
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Artículo 18. Actas.
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Sec. I. Pág. 89431
Subsección 2.ª De los órganos colegiados en la Administración General del Estado
Artículo 19. Régimen de los órganos colegiados de la Administración General del Estado
y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella.
1. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades
de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella, se regirán por las normas
establecidas en este artículo, y por las previsiones que sobre ellos se establecen en la Ley
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Corresponderá a su Presidente:
a) Ostentar la representación del órgano.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del
orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros,
siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por
causas justificadas.
d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata
de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, en los que el voto será dirimente
si así lo establecen sus propias normas.
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del
órgano.
En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será
sustituido por el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del
órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.
Esta norma no será de aplicación a los órganos colegiados previstos en el artículo 15.2
en los que el régimen de sustitución del Presidente debe estar específicamente regulado
en cada caso, o establecido expresamente por acuerdo del Pleno del órgano colegiado.
3. Los miembros del órgano colegiado deberán:
a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el
orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del
día estará a disposición de los miembros en igual plazo.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el
sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones
quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones
Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del
cargo que desempeñan.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de
representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por
una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio
órgano.
En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa
justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes,
si los hubiera.
Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el artículo 15 las
organizaciones representativas de intereses sociales podrán sustituir a sus miembros
titulares por otros, acreditándolo ante la Secretaría del órgano colegiado, con respeto a las
reservas y limitaciones que establezcan sus normas de organización.
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Sec. I. Pág. 89432
Los miembros del órgano colegiado no podrán ejercer estas funciones cuando
concurra conflicto de interés.
4. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario en
supuestos de vacante, ausencia o enfermedad se realizarán según lo dispuesto en las
normas específicas de cada órgano y, en su defecto, por acuerdo del mismo.
Corresponde al Secretario del órgano colegiado:
a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la Secretaría del
órgano la ostenta un miembro del mismo.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente, así
como las citaciones a los miembros del mismo.
c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de
los que deba tener conocimiento.
d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las
sesiones.
e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.
5. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto
contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido
de su voto favorable.
Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su
intervención o propuesta, siempre que, en ausencia de grabación de la reunión aneja al
acta, aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda
fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la
misma.
Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular
por escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al texto aprobado.
Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante
emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio
de la ulterior aprobación del acta. Se considerará aprobada en la misma sesión el acta
que, con posterioridad a la reunión, sea distribuida entre los miembros y reciba la
conformidad de éstos por cualquier medio del que el Secretario deje expresión y
constancia.
En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación
del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.
Artículo 20. Requisitos para constituir órganos colegiados.
1. Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por
tres o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión,
propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la
Administración General del Estado o alguno de sus Organismos públicos.
2. La constitución de un órgano colegiado en la Administración General del Estado y
en sus Organismos públicos tiene como presupuesto indispensable la determinación en su
norma de creación o en el convenio con otras Administraciones Públicas por el que dicho
órgano se cree, de los siguientes extremos:
a) Sus fines u objetivos.
b) Su integración administrativa o dependencia jerárquica.
c) La composición y los criterios para la designación de su Presidente y de los
restantes miembros.
d) Las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como
cualquier otra que se le atribuya.
e) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento.
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Sec. I. Pág. 89433
3. El régimen jurídico de los órganos colegiados a que se refiere el apartado 1 de
este artículo se ajustará a las normas contenidas en el artículo 19, sin perjuicio de las
peculiaridades organizativas contenidas en la presente Ley o en su norma o convenio de
creación.
Artículo 21. Clasificación y composición de los órganos colegiados.
1. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus
Organismos públicos, por su composición, se clasifican en:
a) Órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes
Ministerios.
b) Órganos colegiados ministeriales, si sus componentes proceden de los órganos
de un solo Ministerio.
2. En los órganos colegiados a los que se refiere el apartado anterior, podrá haber
representantes de otras Administraciones Públicas, cuando éstas lo acepten
voluntariamente, cuando un convenio así lo establezca o cuando una norma aplicable a las
Administraciones afectadas lo determine.
3. En la composición de los órganos colegiados podrán participar, cuando así se
determine, organizaciones representativas de intereses sociales, así como otros miembros
que se designen por las especiales condiciones de experiencia o conocimientos que
concurran en ellos, en atención a la naturaleza de las funciones asignadas a tales órganos.
Artículo 22. Creación, modificación y supresión de órganos colegiados.
1. La creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado y de
sus Organismos públicos sólo requerirá de norma específica, con publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», en los casos en que se les atribuyan cualquiera de las
siguientes competencias:
2. En los supuestos enunciados en el apartado anterior, la norma de creación deberá
revestir la forma de Real Decreto en el caso de los órganos colegiados interministeriales
cuyo Presidente tenga rango superior al de Director general; Orden ministerial conjunta
para los restantes órganos colegiados interministeriales, y Orden ministerial para los de
este carácter.
3. En todos los supuestos no comprendidos en el apartado 1 de este artículo, los
órganos colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo y podrán ser
creados por Acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios interesados. Sus
acuerdos no podrán tener efectos directos frente a terceros.
4. La modificación y supresión de los órganos colegiados y de los grupos o
comisiones de trabajo de la Administración General del Estado y de los Organismos
públicos se llevará a cabo en la misma forma dispuesta para su creación, salvo que ésta
hubiera fijado plazo previsto para su extinción, en cuyo caso ésta se producirá
automáticamente en la fecha señalada al efecto.
Sección 4.ª Abstención y recusación
Artículo 23. Abstención.
1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se
den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de
intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo
procedente.
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a) Competencias decisorias.
b) Competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir
de base a decisiones de otros órganos administrativos.
c) Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la
Administración General del Estado.
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2. Son motivos de abstención los siguientes:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera
de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y
también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para
el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas en el apartado anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente
en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las
circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda
intervención en el expediente.
4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas
en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso,
la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias
dará lugar a la responsabilidad que proceda.
Artículo 24. Recusación.
1. En los casos previstos en el artículo anterior, podrá promoverse recusación por los
interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas
en que se funda.
3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no
en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la
causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido.
4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de
tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio
de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto
que ponga fin al procedimiento.
CAPÍTULO III
Principios de la potestad sancionadora
1. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando
haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del
procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en
la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando
se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la
Ley 7/1985, de 2 de abril.
2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos
que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.
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Artículo 25. Principio de legalidad.
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3. Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las
Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio,
cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.
4. Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por las
Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén
vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector
público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.
Artículo 26. Irretroactividad.
1. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de
producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.
2. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto
favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la
infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las
sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
Artículo 27. Principio de tipicidad.
1. Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento
jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la
Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy
graves.
2. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse
sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley.
3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones
o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin
constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la
Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más
precisa determinación de las sanciones correspondientes.
4. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de
aplicación analógica.
1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa
las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de
obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los
patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a
título de dolo o culpa.
2. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una
infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación
alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños
y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el
ejercicio de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en el plazo que
al efecto se determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el
artículo 101 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3. Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango
de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de
las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No
obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución
en función del grado de participación de cada responsable.
4. Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar
como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones
administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación.
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Artículo 28. Responsabilidad.
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Asimismo, podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del
pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén
vinculadas.
Artículo 29. Principio de proporcionalidad.
1. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún
caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.
2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las
infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de
las normas infringidas.
3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición
de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y
necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo
de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes
criterios:
a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
c) La naturaleza de los perjuicios causados.
d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de
la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía
administrativa.
4. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con
la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el
órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior.
5. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de
otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más
grave cometida.
6. Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de
acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en
ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.
1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las
establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves
prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las
sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por
faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en
que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o
permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un
procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de
prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por
causa no imputable al presunto responsable.
3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día
siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o
haya transcurrido el plazo para recurrirla.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado
durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la
resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción
comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente
previsto para la resolución de dicho recurso.
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Artículo 30. Prescripción.
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Sec. I. Pág. 89437
Artículo 31. Concurrencia de sanciones.
1. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente,
en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
2. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los
mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano
competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso,
deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
CAPÍTULO IV
De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
Sección 1.ª Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
Artículo 32. Principios de la responsabilidad.
1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y
derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal
de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular
tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso
administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma,
derecho a la indemnización.
2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente
e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como
consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de
derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los
propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes
supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores:
a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley
declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4.
b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de
la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.
4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley
declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido,
en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación
administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad
posteriormente declarada.
5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al
Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya
obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la
actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la
infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán
cumplirse todos los requisitos siguientes:
a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.
b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.
c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la
obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea
y el daño sufrido por los particulares.
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6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o
declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos
desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial
de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa.
7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración
de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda
abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada,
la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o
de las cuestiones de inconstitucionalidad.
El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el
Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.
9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las
Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la
ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la
Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las
especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
Artículo 33. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas.
1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias
Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la
presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo
caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá
determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones
públicas.
2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción
del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios
de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad
será solidaria cuando no sea posible dicha determinación.
3. En los casos previstos en el apartado primero, la Administración competente para
incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad
concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada en los Estatutos o reglas de
la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la
Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio.
4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la
Administración Pública competente a la que se refiere el apartado anterior, deberá
consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días,
éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.
1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de
daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán
indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen
podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica
existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las
prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.
En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del
artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años
anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad
de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión
Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
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Artículo 34. Indemnización.
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2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos
en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose,
en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o
lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos
de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión
efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin
al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad,
fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora
en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las
normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.
4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie
o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la
reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el
interesado.
Artículo 35. Responsabilidad de Derecho Privado.
Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad
de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de
conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con
sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de
derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su
responsabilidad.
Sección 2.ª Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas
Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al
servicio de las Administraciones Públicas.
1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los
particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las
indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su
servicio.
2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados,
exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la
responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa
instrucción del correspondiente procedimiento.
Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se
ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de
culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones
públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.
3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y
demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos
cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.
4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los
apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del
órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los
siguientes trámites:
a) Alegaciones durante un plazo de quince días.
b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente
estime oportunas durante un plazo de quince días.
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c) Audiencia durante un plazo de diez días.
d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar
desde la finalización del trámite de audiencia.
e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días.
5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa.
6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si
procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.
Artículo 37. Responsabilidad penal.
1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas,
así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto
en la legislación correspondiente.
2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las
Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de
responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en
el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
CAPÍTULO V
Funcionamiento electrónico del sector público
Artículo 38. La sede electrónica.
1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los
ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una
Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho
Público en el ejercicio de sus competencias.
2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular
respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los
que pueda accederse a través de la misma.
3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de
creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia,
publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e
interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del órgano titular de
la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de
comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.
5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y
transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas
establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de
uso generalizado por los ciudadanos.
6. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación
segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio
web o medio equivalente.
Artículo 39. Portal de internet.
Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad
corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho
Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso,
a la sede electrónica correspondiente.
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Artículo 40. Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas.
1. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello
electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los
requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos
incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como,
en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de
órganos administrativos. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada
Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los
prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos.
Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la
verificación de sus sellos electrónicos.
2. Se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la información que
se publique como propia en su portal de internet.
Artículo 41. Actuación administrativa automatizada.
1. Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación
realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en
el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma
directa un empleado público.
2. En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse
previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las
especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su
caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el
órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.
Artículo 42. Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada.
En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada
Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes
sistemas de firma electrónica:
a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad
de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna
los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano,
organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones
establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento
mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
Artículo 43. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 38, 41 y 42, la actuación de una
Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, cuando
utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano o
empleado público.
2. Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que
debe utilizar su personal, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del
puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios.
Por razones de seguridad pública los sistemas de firma electrónica podrán referirse sólo el
número de identificación profesional del empleado público.
Artículo 44. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.
1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones
establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades
de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación
de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo.
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2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma
Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá
que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la
naturaleza de los datos a intercambiar.
3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones
y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio suscrito
entre aquellas.
4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de
comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan.
Artículo 45. Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica.
1. Las Administraciones Públicas podrán determinar los trámites e informes que
incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica.
2. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática
de la firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando una Administración utilice
sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico
reconocido o cualificado, para remitir o poner a disposición de otros órganos, organismos
públicos, entidades de Derecho Público o Administraciones la documentación firmada
electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado
electrónico reconocido o cualificado.
Artículo 46. Archivo electrónico de documentos.
1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se
almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.
2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a
derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta
naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro
cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para
reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros
formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.
3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con
medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad,
que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y
conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación
de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la
legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo
de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo
requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y
sistemas utilizados.
CAPÍTULO VI
De los convenios
Artículo 47. Definición y tipos de convenios.
1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las
Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho
privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
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Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de
contratos del sector público.
2. Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos
públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades
públicas, deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos:
a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones
Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público
vinculados o dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la
utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo
público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de
competencias propias o delegadas.
Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más
Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas,
que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo previsto en sus
respectivos Estatutos de autonomía.
b) Convenios intradministrativos firmados entre organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública.
c) Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de
derecho público y un sujeto de Derecho privado.
d) Convenios no constitutivos ni de Tratado internacional, ni de Acuerdo internacional
administrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo, firmados entre las Administraciones
Públicas y los órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de Derecho internacional,
que estarán sometidos al ordenamiento jurídico interno que determinen las partes.
Artículo 48. Requisitos de validez y eficacia de los convenios.
1. Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho
público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y
privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia.
2. En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y
entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios los
titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de las dichas
entidades y organismos públicos.
3. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública,
facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de
actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
4. La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos
derivados de los convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración
Pública o cualquiera de sus organismos públicos o entidades de derecho público
vinculados o dependientes que lo suscriban, así como con los fondos comprometidos en
virtud de dichos convenios, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria.
5. Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente
sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos
durante la vigencia del convenio.
6. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no
podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio.
7. Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa
autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable.
Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegación de competencias en una
Entidad Local, deberá cumplir con lo dispuesto en Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
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8. Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes.
Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus
organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultarán
eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de
Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima y
publicados en el «Boletín Oficial del Estado». Previamente y con carácter facultativo, se
podrán publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, que
corresponda a la otra Administración firmante.
9. Las normas del presente Capítulo no serán de aplicación a las encomiendas de
gestión y los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos.
Artículo 49. Contenido de los convenios.
Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior deberán incluir, al
menos, las siguientes materias:
a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una
de las partes.
b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración
Pública, de los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o
dependientes de ella o de las Universidades públicas.
c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento,
indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.
d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si
los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta
al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria.
e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y
compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para
determinar la posible indemnización por el incumplimiento.
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de
los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios.
g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la
modificación el contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser
superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un
periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
En el caso de convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno
de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes,
esta prórroga deberá ser comunicada al Registro Electrónico estatal de Órganos e
Instrumentos de Cooperación al que se refiere la disposición adicional séptima.
Artículo 50. Trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos.
1. Sin perjuicio de las especialidades que la legislación autonómica pueda prever,
será necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se
analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de
la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley.
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2. Los convenios que suscriba la Administración General del Estado o sus organismos
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes se acompañarán
además de:
a) El informe de su servicio jurídico. No será necesario solicitar este informe cuando
el convenio se ajuste a un modelo normalizado informado previamente por el servicio
jurídico que corresponda.
b) Cualquier otro informe preceptivo que establezca la normativa aplicable.
c) La autorización previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para
su firma, modificación, prórroga y resolución por mutuo acuerdo entre las partes.
d) Cuando los convenios plurianuales suscritos entre Administraciones Públicas
incluyan aportaciones de fondos por parte del Estado para financiar actuaciones a ejecutar
exclusivamente por parte de otra Administración Pública y el Estado asuma, en el ámbito
de sus competencias, los compromisos frente a terceros, la aportación del Estado de
anualidades futuras estará condicionada a la existencia de crédito en los correspondientes
presupuestos.
e) Los convenios interadministrativos suscritos con las Comunidades Autónomas,
serán remitidos al Senado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Artículo 51. Extinción de los convenios.
1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen
su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2. Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga
del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del
convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa
podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en
otras leyes.
Artículo 52. Efectos de la resolución de los convenios.
1. El cumplimiento y la resolución de los convenios dará lugar a la liquidación de los
mismos con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las
partes.
2. En el supuesto de convenios de los que deriven compromisos financieros, se
entenderán cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción
de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias, teniendo en cuenta las
siguientes reglas:
a) Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por
alguna de las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de
partes del convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a estas el
exceso que corresponda a cada una, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera
aprobado la liquidación.
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Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que se
haya producido el reintegro, se deberá abonar a dichas partes, también en el plazo de un
mes a contar desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro, que
será en todo caso el que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras del
gasto público y de la actividad económico-financiera del sector público.
b) Si fuera superior, el resto de partes del convenio, en el plazo de un mes desde la
aprobación de la liquidación, deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que
corresponda a cada una de ellas, con el límite máximo de las cantidades que cada una de
ellas se hubiera comprometido a aportar en virtud del convenio. En ningún caso las partes
del convenio tendrán derecho a exigir al resto cuantía alguna que supere los citados límites
máximos.
3. No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución
del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la
comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio o, en su defecto, del responsable
del mecanismo a que hace referencia la letra f) del artículo 49, podrán acordar la
continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas,
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá
realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el apartado anterior.
Artículo 53. Remisión de convenios al Tribunal de Cuentas.
1. Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos
compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos deberán remitirse
electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad
Autónoma, según corresponda.
2. Igualmente se comunicarán al Tribunal de Cuentas u órgano externo de
fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda, las modificaciones,
prórrogas o variaciones de plazos, alteración de los importes de los compromisos
económicos asumidos y la extinción de los convenios indicados.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las
facultades del Tribunal de Cuentas o, en su caso, de los correspondientes órganos de
fiscalización externos de las Comunidades Autónomas, para reclamar cuantos datos,
documentos y antecedentes estime pertinentes con relación a los contratos de cualquier
naturaleza y cuantía.
TÍTULO I
Administración General del Estado
CAPÍTULO I
Organización administrativa
Artículo 54. Principios y competencias de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado.
1. La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los
principios establecidos en el artículo 3, así como los de descentralización funcional y
desconcentración funcional y territorial.
2. Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal,
procedimientos e inspección de servicios, no atribuidas específicamente conforme a una
Ley a ningún otro órgano de la Administración General del Estado, ni al Gobierno,
corresponderán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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Artículo 55. Estructura de la Administración General del Estado.
1. La organización de la Administración General del Estado responde a los principios
de división funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en
Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, salvo las excepciones
previstas por esta Ley.
2. La Administración General del Estado comprende:
a) La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes.
b) La Organización Territorial.
c) La Administración General del Estado en el exterior.
3. En la organización central son órganos superiores y órganos directivos:
a) Órganos superiores:
1.º Los Ministros.
2.º Los Secretarios de Estado.
b) Órganos directivos:
4. En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos
directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán
rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales
tendrán nivel de Subdirector general.
5. En la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos los
embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales.
6. Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo,
excepto los Subdirectores generales y asimilados, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración
General del Estado.
7. Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se encuentran
bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo.
8. Los estatutos de los Organismos públicos determinarán sus respectivos órganos
directivos.
9. Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la
organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y
ejecución.
10. Los Ministros y Secretarios de Estado son nombrados de acuerdo con lo
establecido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en la Ley 3/2015,
de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado.
11. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, los titulares de los órganos
superiores y directivos son nombrados, atendiendo a criterios de competencia profesional
y experiencia, en la forma establecida en esta Ley, siendo de aplicación al desempeño de
sus funciones:
a) La responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada.
b) La sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o directivo
competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley General Presupuestaria.
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1.º Los Subsecretarios y Secretarios generales.
2.º Los Secretarios generales técnicos y Directores generales.
3.º Los Subdirectores generales.
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Artículo 56. Elementos organizativos básicos.
1. Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las
estructuras orgánicas. Las unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones de
plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una
jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas, que agrupen dos o
más unidades menores.
2. Los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto
funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas a la
misma.
3. Las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de puestos de
trabajo, que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica, y se integran en un
determinado órgano.
CAPÍTULO II
Los Ministerios y su estructura interna
Artículo 57. Los Ministerios.
1. La Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y
en Ministerios, comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente
homogéneos de actividad administrativa.
2. La organización en Departamentos ministeriales no obsta a la existencia de
órganos superiores o directivos u Organismos públicos no integrados o dependientes,
respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con carácter excepcional se
adscriban directamente al Ministro.
3. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia
respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen mediante Real
Decreto del Presidente del Gobierno.
Artículo 58. Organización interna de los Ministerios.
1. En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado, y Secretarías Generales,
para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán
jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban.
2. Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de
ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes previstos en
este Título.
3. Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas
funcionalmente homogéneas.
4. Las Direcciones Generales se organizan en Subdirecciones Generales para la
distribución de las competencias encomendadas a aquéllas, la realización de las
actividades que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin
perjuicio de lo anterior, podrán adscribirse directamente Subdirecciones Generales a otros
órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio.
Artículo 59. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas.
1. Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas,
las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los
anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a
iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas.
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2. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y
suprimen por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
3. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y
suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo.
Artículo 60. Ordenación jerárquica de los órganos ministeriales.
1. Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos
directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios.
2. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan
jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Subsecretario, Director general y Subdirector
general.
Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario y los Secretarios
Generales Técnicos tienen categoría de Director general.
Artículo 61. Los Ministros.
a) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.
b) Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y
asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones
presupuestarias correspondientes.
c) Aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de los
presupuestos de los Organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
d) Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su Ministerio, de
acuerdo con las competencias que le atribuye esta Ley.
e) Evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de los
órganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la
actuación de dichos órganos y de los Organismos públicos dependientes, sin perjuicio de
lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
f) Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los
Organismos públicos o entidades de derecho público dependientes del mismo, cuando la
competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros a otro órgano o al propio organismo,
así como elevar a aquél las propuestas de nombramientos que le estén reservadas de
órganos directivos del Ministerio y de los Organismos Públicos dependientes del mismo.
g) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía
exacta para altos cargos dependientes del Ministro.
h) Mantener las relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar las
Conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias
atribuidas a su Departamento.
i) Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del
Ministerio, impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias.
j) Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones
cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con otros Ministerios.
k) Celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios, sin perjuicio de
la autorización del Consejo de Ministros cuando sea preceptiva.
l) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio, aprobar y
comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros, aprobar
las modificaciones presupuestarias que sean de su competencia, reconocer las
obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de
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Los Ministros, como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia,
dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su Ministerio, y asumen la
responsabilidad inherente a dicha dirección. A tal fin, les corresponden las siguientes
funciones:
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fondos del Tesoro Público, así como fijar los límites por debajo de los cuales estas
competencias corresponderán, en su ámbito respectivo, a los Secretarios de Estado y
Subsecretario del departamento. Corresponderá al Ministro elevar al Consejo de
Ministros, para su aprobación, las modificaciones presupuestarias que sean de la
competencia de éste.
m) Decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de
trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo
que deba representar al Departamento.
n) Remitir la documentación a su Departamento necesaria para la elaboración de la
Cuenta General del Estado, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 26 de noviembre.
ñ) Resolver de los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos
administrativos cuando les corresponda.
o) Otorgar premios y recompensas propios del Departamento y proponer las que
corresponda según sus normas reguladoras.
p) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del
Departamento, así como fijar los límites por debajo de los cuales podrán ser otorgadas por
los Secretarios de Estado o el Subsecretario del Departamento.
q) Proponer y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los Planes de Empleo del
Departamento y de los organismos públicos de él dependientes.
r) Modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo en los casos en que esa
competencia esté delegada en el propio departamento o proponer al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas las que sean de competencia de este último.
s) Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves.
t) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de
organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.
Artículo 62. Los Secretarios de Estado.
1. Los Secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecución de la
acción del Gobierno en un sector de actividad específica.
Asimismo, podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos Ministros la
representación de estos en materias propias de su competencia, incluidas aquellas con
proyección internacional, sin perjuicio, en todo caso, de las normas que rigen las relaciones
de España con otros Estados y con las Organizaciones internacionales.
2. Los Secretarios de Estado dirigen y coordinan las Secretarías y las Direcciones
Generales situadas bajo su dependencia, y responden ante el Ministro de la ejecución de
los objetivos fijados para la Secretaría de Estado. A tal fin les corresponde:
a) Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que
les atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue el Ministro y desempeñar
las relaciones externas de la Secretaría de Estado, salvo en los casos legalmente
reservados al Ministro.
b) Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en
particular, impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su
organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos
directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares.
c) Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado.
d) Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas
competentes por razón de la materia.
e) La autorización previa para contratar a los Organismos Autónomos adscritos a la
Secretaría de Estado, por encima de una cuantía determinada, según lo previsto en la
disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
f) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía
exacta para los altos cargos dependientes de la Secretaría de Estado.
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g) Celebrar contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado y los convenios
no reservados al Ministro del que dependan, sin perjuicio de la correspondiente
autorización cuando sea preceptiva.
h) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios de la
Secretaría de Estado, con los límites establecidos por el titular del Departamento.
i) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos
directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa,
así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos.
j) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su
materia propios de la Secretaría de Estado, aprobar las modificaciones presupuestarias de
los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer
las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de
fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el
Ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de
Ministros.
k) Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor.
Artículo 63. Los Subsecretarios.
1. Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los
servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes
y, en todo caso, las siguientes:
a) Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio,
a través del correspondiente asesoramiento técnico.
b) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos públicos.
c) Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio, así como
determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación,
dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y
métodos de trabajo, en el marco definido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
d) Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de
los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de
servicio.
e) Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo,
planes de empleo y política de directivos del Ministerio y sus Organismos públicos, así
como en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de
los sistemas de información y comunicación.
f) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento.
g) Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro en el desarrollo de las
funciones que a éste le corresponden y, en particular, en el ejercicio de su potestad
normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquél, así
como a los demás órganos del Ministerio.
En los mismos términos del párrafo anterior, informar las propuestas o proyectos de
normas y actos de otros Ministerios, cuando reglamentariamente proceda.
A tales efectos, el Subsecretario será responsable de coordinar las actuaciones
correspondientes dentro del Ministerio y en relación con los demás Ministerios que hayan
de intervenir en el procedimiento.
h) Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General
Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él.
i) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia
propios de la Subsecretaría, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos,
aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones
económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro
Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y
siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros.
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j) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del
Ministerio con los límites establecidos por el titular del Departamento.
k) Solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la afectación o el
arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los
servicios a cargo del Departamento.
l) Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría,
al resto de personal de libre designación y al personal eventual del Departamento.
m) Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral.
n) Convocar y resolver los concursos de personal funcionario.
ñ) Ejercer la potestad disciplinaria del personal del Departamento por faltas graves o
muy graves, salvo la separación del servicio.
o) Adoptar e impulsar, bajo la dirección del Ministro, las medidas tendentes a la
gestión centralizada de recursos humanos y medios materiales en el ámbito de su
Departamento Ministerial.
p) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía
exacta para altos cargos dependientes del Subsecretario.
q) Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a
la representación ordinaria del mismo y las que les atribuyan la legislación en vigor.
2. La Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la
Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, ejercerá las competencias propias de
los servicios comunes de los Departamentos en relación con el área de la Presidencia del
Gobierno.
3. Los Subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo
de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de
las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1,
a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el
Estatuto Básico del Empleado Público. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de
idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto
cargo de la Administración General del Estado.
Artículo 64. Los Secretarios generales.
1. Cuando las normas que regulan la estructura de un Ministerio prevean la existencia
de un Secretario general, deberán determinar las competencias que le correspondan sobre
un sector de actividad administrativa determinado.
2. Los Secretarios generales ejercen las competencias inherentes a su
responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes, contempladas en el
artículo 62.2.b), así como todas aquellas que les asigne expresamente el Real Decreto de
estructura del Ministerio.
3. Los Secretarios generales, con categoría de Subsecretario, serán nombrados y
separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio
o del Presidente del Gobierno.
Los nombramientos habrán de efectuarse entre personas con cualificación y
experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o
privada. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración
General del Estado.
Artículo 65. Los Secretarios generales técnicos.
1. Los Secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia del
Subsecretario, tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real
Decreto de estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a producción
normativa, asistencia jurídica y publicaciones.
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2. Los Secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de
Director General y ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas a
dicho órgano por el artículo siguiente.
3. Los Secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por Real
Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de
las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1,
a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. En todo caso, habrán de
reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo,
reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado.
Artículo 66. Los Directores generales.
1. Los Directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de
la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio. A tal efecto,
les corresponde:
a) Proponer los proyectos de su Dirección general para alcanzar los objetivos
establecidos por el Ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento.
b) Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección general y las que le sean
desconcentradas o delegadas.
c) Proponer, en los restantes casos, al Ministro o al titular del órgano del que
dependa, la resolución que estime procedente sobre los asuntos que afectan al órgano
directivo.
d) Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del
órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes
y del personal integrado en los mismos.
e) Las demás atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos.
2. Los Directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del
Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del
Gobierno.
Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de
las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1,
a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, salvo que el Real Decreto
de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones
de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo
motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características
que justifiquen esa circunstancia excepcional. En todo caso, habrán de reunir los requisitos
de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del
alto cargo de la Administración General del Estado.
Artículo 67. Los Subdirectores generales.
1. Los Subdirectores generales son los responsables inmediatos, bajo la supervisión
del Director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos
proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria
de los asuntos de la competencia de la Subdirección General.
2. Los Subdirectores generales serán nombrados, respetando los principios de
igualdad, mérito y capacidad, y cesados por el Ministro, Secretario de Estado o
Subsecretario del que dependan.
Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, o
de otras Administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes
al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
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Artículo 68. Reglas generales sobre los servicios comunes de los Ministerios.
1. Los órganos directivos encargados de los servicios comunes, prestan a los
órganos superiores y directivos del resto del Ministerio la asistencia precisa para el más
eficaz cumplimiento de sus cometidos y, en particular, la eficiente utilización de los medios
y recursos materiales, económicos y personales que tengan asignados.
Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso,
la gestión directa en relación con las funciones de planificación, programación y
presupuestación, cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos
humanos, sistemas de información y comunicación, producción normativa, asistencia
jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares,
seguimiento, control e inspección de servicios, estadística para fines estatales y
publicaciones.
2. Los servicios comunes funcionan en cada Departamento de acuerdo con las
disposiciones y directrices adoptadas por los Ministerios con competencia sobre dichas
funciones comunes en la Administración General del Estado. Todo ello, sin perjuicio de que
determinados órganos con competencia sobre algunos servicios comunes sigan
dependiendo funcional o jerárquicamente de alguno de los referidos Ministerios.
3. Mediante Real Decreto podrá preverse la gestión compartida de algunos de los
servicios comunes que podrá realizarse de las formas siguientes:
a) Mediante su coordinación directa por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo, que prestarán
algunos de estos servicios comunes a otros Ministerios.
b) Mediante su coordinación directa por la Subsecretaría de cada Ministerio o por un
organismo autónomo vinculado o dependiente de la misma que prestará algunos de estos
servicios comunes a todo el Ministerio. El Real Decreto que determine la gestión
compartida de algunos de los servicios comunes concretará el régimen de dependencia
orgánica y funcional del personal que viniera prestando el servicio respectivo en cada
unidad.
CAPÍTULO III
Órganos territoriales
Sección 1.ª La organización territorial de la Administración General del Estado
Artículo 69. Las Delegaciones y las Subdelegaciones del Gobierno.
1. Existirá una Delegación del Gobierno en cada una de las Comunidades
Autónomas.
2. Las Delegaciones del Gobierno tendrán su sede en la localidad donde radique el
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros
acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el
Estatuto de Autonomía.
3. Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
4. En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales,
existirá un Subdelegado del Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del
Delegado del Gobierno.
Podrán crearse por Real Decreto Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas uniprovinciales, cuando circunstancias tales como la población del territorio, el
volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas así lo
justifiquen.
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Sec. I. Pág. 89455
Artículo 70. Los Directores Insulares de la Administración General del Estado.
Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un Director Insular
de la Administración General del Estado, con el nivel que se determine en la relación de
puestos de trabajo. Serán nombrados por el Delegado del Gobierno mediante el
procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas
clasificados como Subgrupo A1.
Los Directores Insulares dependen jerárquicamente del Delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo
exista, y ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por esta Ley a los
Subdelegados del Gobierno en las provincias.
Artículo 71. Los servicios territoriales.
1. Los servicios territoriales de la Administración General del Estado en la Comunidad
Autónoma se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en servicios
integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno.
2. La organización de los servicios territoriales no integrados en las Delegaciones del
Gobierno se establecerá mediante Real Decreto a propuesta conjunta del titular del
Ministerio del que dependan y del titular del Ministerio que tenga atribuida la competencia
para la racionalización, análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la
Administración General del Estado y sus organismos públicos, cuando contemple unidades
con nivel de Subdirección General o equivalentes, o por Orden conjunta cuando afecte a
órganos inferiores.
3. Los servicios territoriales no integrados dependerán del órgano central competente
sobre el sector de actividad en el que aquéllos operen, el cual les fijará los objetivos
concretos de actuación y controlará su ejecución, así como el funcionamiento de los
servicios.
4. Los servicios territoriales integrados dependerán del Delegado del Gobierno, o en
su caso Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General, y actuarán de
acuerdo con las instrucciones técnicas y criterios operativos establecidos por el Ministerio
competente por razón de la materia.
Sección 2.ª Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas
Artículo 72. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
1. Los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio
de la respectiva Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del
Estado en las mismas a través de sus respectivos Presidentes.
2. Los Delegados del Gobierno dirigirán y supervisarán la Administración General del
Estado en el territorio de las respectivas Comunidades Autónomas y la coordinarán,
internamente y cuando proceda, con la administración propia de cada una de ellas y con
la de las Entidades Locales radicadas en la Comunidad.
3. Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subsecretario
que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio
competente por razón de la materia.
4. Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por Real Decreto del
Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno. Su nombramiento atenderá
a criterios de competencia profesional y experiencia. En todo caso, deberá reunir los
requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
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Sec. I. Pág. 89456
5. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la Delegación del
Gobierno, será suplido por el Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe y, en su
defecto, al de la provincia en que tenga su sede. En las Comunidades Autónomas
uniprovinciales en las que no exista Subdelegado la suplencia corresponderá al Secretario
General.
Artículo 73. Competencias de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas son los titulares de
las correspondientes Delegaciones del Gobierno y tienen, en los términos establecidos en
este Capítulo, las siguientes competencias:
a) Dirección y coordinación de la Administración General del Estado y sus
Organismos públicos:
1.º Impulsar, coordinar y supervisar con carácter general su actividad en el territorio
de la Comunidad Autónoma, y, cuando se trate de servicios integrados, dirigirla,
directamente o a través de los subdelegados del gobierno, de acuerdo con los objetivos y,
en su caso, instrucciones de los órganos superiores de los respectivos ministerios.
2.º Nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de
actuación y, en su caso, a los Directores Insulares, y como superior jerárquico, dirigir y
coordinar su actividad.
3.º Informar, con carácter preceptivo, las propuestas de nombramiento de los titulares
de órganos territoriales de la Administración General del Estado y los Organismos públicos
estatales de ámbito autonómico y provincial en la Delegación del Gobierno.
b) Información de la acción del Gobierno e información a los ciudadanos:
1.º Coordinar la información sobre los programas y actividades del Gobierno y la
Administración General del Estado y sus Organismos públicos en la Comunidad Autónoma.
2.º Promover la colaboración con las restantes Administraciones Públicas en materia
de información al ciudadano.
3.º Recibir información de los distintos Ministerios de los planes y programas que
hayan de ejecutar sus respectivos servicios territoriales y Organismos públicos en su
ámbito territorial.
4.º Elevar al Gobierno, con carácter anual, a través del titular del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, un informe sobre el funcionamiento de los servicios
públicos estatales en el ámbito autonómico.
1.º Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de
Gobierno de la Comunidad Autónoma. Realizará también estas funciones con las
Entidades Locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes.
2.º Mantener las necesarias relaciones de coordinación y cooperación de la
Administración General del Estado y sus Organismos públicos con la de la Comunidad
Autónoma y con las correspondientes Entidades Locales. A tal fin, promoverá la celebración
de convenios con la Comunidad Autónoma y con las Entidades Locales, en particular, en
relación a los programas de financiación estatal, participando en el seguimiento de la
ejecución y cumplimiento de los mismos.
3.º Participar en las Comisiones mixtas de transferencias y en las Comisiones
bilaterales de cooperación, así como en otros órganos de cooperación de naturaleza
similar cuando se determine.
d) Control de legalidad:
1.º Resolver los recursos en vía administrativa interpuestos contra las resoluciones y
actos dictados por los órganos de la Delegación, previo informe, en todo caso, del
Ministerio competente por razón de la materia.
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c) Coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas:
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Las impugnaciones de resoluciones y actos del Delegado del Gobierno susceptibles
de recurso administrativo y que no pongan fin a la vía administrativa, serán resueltas por
los órganos correspondientes del Ministerio competente por razón de la materia.
Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
se tramitarán por el Ministerio competente por razón de la materia y se resolverán por el
titular de dicho Departamento.
2.º Suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos de la
Delegación del Gobierno, cuando le corresponda resolver el recurso, de acuerdo con el
artículo 117.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y proponer la suspensión en los restantes casos, así como respecto de los actos
impugnados dictados por los servicios no integrados en la Delegación del Gobierno.
3.º Velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al
Estado y por la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, según
corresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás
acciones legalmente procedentes.
e) Políticas públicas:
2. Asimismo, los Delegados del Gobierno ejercerán la potestad sancionadora,
expropiatoria y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean
desconcentradas o delegadas.
3. Corresponde a los Delegados del Gobierno proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados
del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, cuya jefatura
corresponderá al Delegado del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en
esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.
4. En relación con los servicios territoriales, los Delegados del Gobierno, para el
ejercicio de las competencias recogidas en este artículo, podrán recabar de los titulares de
dichos servicios toda la información relativa a su actividad, estructuras organizativas,
recursos humanos, inventarios de bienes muebles e inmuebles o a cualquier otra materia
o asunto que consideren oportuno al objeto de garantizar una gestión coordinada y eficaz
de los servicios estatales en el territorio.
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1.º Formular a los Ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que estime
convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de
ejecutar los servicios territoriales y los de los Organismos públicos, e informar, regular y
periódicamente, a los Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios
territoriales.
2.º Proponer ante el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas las medidas
precisas para evitar la duplicidad de estructuras administrativas, tanto en la propia
Administración General del Estado como con otras Administraciones Públicas, conforme a
los principios de eficacia y eficiencia.
3.º Proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas medidas para
incluir en los planes de recursos humanos de la Administración General del Estado.
4.º Informar las medidas de optimización de recursos humanos y materiales en su
ámbito territorial, especialmente las que afecten a más de un Departamento. En particular,
corresponde a los Delegados del Gobierno, en los términos establecidos en la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la coordinación de la
utilización de los edificios de uso administrativo por la organización territorial de la
Administración General del Estado y de los organismos públicos de ella dependientes en
su ámbito territorial, de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y la Dirección General del Patrimonio del Estado.
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Sec. I. Pág. 89458
Sección 3.ª Los Subdelegados del Gobierno en las provincias
Artículo 74. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias.
En cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la
respectiva Comunidad Autónoma, existirá un Subdelegado del Gobierno, con nivel de
Subdirector General, que será nombrado por aquél mediante el procedimiento de libre
designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de
las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1.
En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado, el
Delegado del Gobierno asumirá las competencias que esta Ley atribuye a los
Subdelegados del Gobierno en las provincias.
Artículo 75. Competencias de los Subdelegados del Gobierno en las provincias.
A los Subdelegados del Gobierno les corresponde:
a) Desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la
respectiva Comunidad Autónoma y con las Entidades Locales y, en particular, informar
sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal. En concreto les
corresponde:
1.º Mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la
Administración General del Estado y sus Organismos públicos con la de la Comunidad
Autónoma y con las correspondientes Entidades locales en el ámbito de la provincia.
2.º Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de
Gobierno de la Comunidad Autónoma. Realizará también estas funciones con las
Entidades locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes.
b) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad
ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos,
dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.
c) Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia.
d) Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Administración General del
Estado, de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno y de los Ministerios
correspondientes; e impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados.
e) Coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios
administrativos en el ámbito territorial de su competencia.
f) Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o
que les sea desconcentrada o delegada.
Sección 4.ª La estructura de las delegaciones del gobierno
Artículo 76. Estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
1. La estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se fijará por
Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del
Gobierno, y contarán, en todo caso, con una Secretaría General, dependiente de los
Delegados o, en su caso, de los Subdelegados del Gobierno, como órgano de gestión de
los servicios comunes, y de la que dependerán los distintos servicios integrados en la
misma, así como aquellos otros servicios y unidades que se determine en la relación de
puestos de trabajo.
2. La integración de nuevos servicios territoriales o la desintegración de servicios
territoriales ya integrados en las Delegaciones del Gobierno, se llevará a cabo mediante
Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del
Gobierno, y del Ministerio competente del área de actividad.
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Sec. I. Pág. 89459
Artículo 77. Asistencia jurídica y control económico financiero de las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno.
La asistencia jurídica y las funciones de intervención y control económico financiero en
relación con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se ejercerán por la
Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado
respectivamente, de acuerdo con su normativa específica.
Sección 5.ª Órganos colegiados
Artículo 78. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica
del Estado.
1. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del
Estado es un órgano colegiado, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
2. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del
Estado se encargará de coordinar la actuación de la Administración periférica del Estado
con los distintos Departamentos ministeriales.
3. Mediante Real Decreto se regularán sus atribuciones, composición y
funcionamiento.
Artículo 79. Los órganos colegiados de asistencia al Delegado y al Subdelegado
del Gobierno.
1. En cada una de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales existirá una Comisión
territorial de asistencia al Delegado del Gobierno, con las siguientes características:
a) Estará presidida por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma e
integrada por los Subdelegados del Gobierno en las provincias comprendidas en el
territorio de ésta.
b) A sus sesiones deberán asistir los titulares de los órganos y servicios territoriales,
tanto integrados como no integrados, que el Delegado del Gobierno considere oportuno.
c) Esta Comisión desarrollará, en todo caso, las siguientes funciones:
1.º Coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse de forma homogénea en el
ámbito de la Comunidad Autónoma, para asegurar el cumplimiento de los objetivos
generales fijados por el Gobierno a los servicios territoriales.
2.º Homogeneizar el desarrollo de las políticas públicas en su ámbito territorial, a través
del establecimiento de criterios comunes de actuación que habrán de ser compatibles con
las instrucciones y objetivos de los respectivos departamentos ministeriales.
3.º Asesorar al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma en la elaboración
de las propuestas de simplificación administrativa y racionalización en la utilización de los
recursos.
4.º Cualesquiera otras que a juicio del Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma resulten adecuadas para que la Comisión territorial cumpla la finalidad de apoyo
y asesoramiento en el ejercicio de las competencias que esta Ley le asigna.
2. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales existirá una Comisión de
asistencia al Delegado del Gobierno, presidida por él mismo e integrada por el Secretario
General y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no
integrados, que el Delegado del Gobierno considere oportuno, con las funciones señaladas
en el apartado anterior.
3. En cada Subdelegación del Gobierno existirá una Comisión de asistencia al
Subdelegado del Gobierno presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y
los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados,
que el Subdelegado del Gobierno considere oportuno, con las funciones señaladas en el
apartado primero, referidas al ámbito provincial.
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Sec. I. Pág. 89460
CAPÍTULO IV
De la Administración General del Estado en el exterior
Artículo 80. El Servicio Exterior del Estado.
El Servicio Exterior del Estado se rige en todo lo concerniente a su composición,
organización, funciones, integración y personal por lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de
marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo y,
supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley.
TÍTULO II
Organización y funcionamiento del sector público institucional
CAPÍTULO I
Del sector público institucional
Artículo 81. Principios generales de actuación.
1. Las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en su
actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera así como al principio de transparencia en su gestión. En particular
se sujetarán en materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas en la
normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales.
2. Todas las Administraciones Públicas deberán establecer un sistema de supervisión
continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los
motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la
formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción.
3. Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración
autonómica y local se regirán por las disposiciones básicas de esta ley que les resulten de
aplicación, y en particular, por lo dispuesto en los Capítulos I y IV y en los artículos 129
y 134, así como por la normativa propia de la Administración a la que se adscriban.
Artículo 82. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.
1. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, se
configura como un registro público administrativo que garantiza la información pública y la
ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera
que sea su naturaleza jurídica.
La integración y gestión de dicho Inventario y su publicación dependerá de la
Intervención General de la Administración del Estado y la captación y el tratamiento de la
información enviada por las Comunidades Autónomas y las Entidades locales para la
formación y mantenimiento del inventario dependerá de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local.
2. El Inventario de Entidades del Sector Público contendrá, al menos, información
actualizada sobre la naturaleza jurídica, finalidad, fuentes de financiación, estructura de
dominio, en su caso, la condición de medio propio, regímenes de contabilidad,
presupuestario y de control así como la clasificación en términos de contabilidad nacional,
de cada una de las entidades integrantes del sector público institucional.
3. Al menos, la creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad
integrante del sector público institucional, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, será
inscrita en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.
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Sec. I. Pág. 89461
Artículo 83. Inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal,
Autonómico y Local.
1. El titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a través de la
intervención general de la Administración correspondiente, la información necesaria para
la inscripción definitiva en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico
y Local, en los términos previstos reglamentariamente, de los actos relativos a su creación,
transformación, fusión o extinción, en el plazo de treinta días hábiles a contar desde que
ocurra el acto inscribible. En la citada notificación se acompañará la documentación
justificativa que determina tal circunstancia.
2. La inscripción definitiva de la creación de cualquier entidad integrante del sector
público institucional en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico
y Local se realizará de conformidad con las siguientes reglas:
a) El titular del máximo órgano de dirección de la entidad, a través de la intervención
general de la Administración correspondiente, notificará, electrónicamente a efectos de su
inscripción, al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, la
norma o el acto jurídico de creación en el plazo de 30 días hábiles desde la entrada en
vigor de la norma o del acto, según corresponda. A la notificación se acompañará la copia
o enlace a la publicación electrónica del Boletín Oficial en el que se publicó la norma, o
copia del acto jurídico de creación, así como el resto de documentación justificativa que
proceda, como los Estatutos o el plan de actuación.
b) La inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico
y Local se practicará dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la
solicitud de inscripción.
c) Para la asignación del Número de Identificación Fiscal definitivo y de la letra
identificativa que corresponda a la entidad, de acuerdo con su naturaleza jurídica, por
parte de la Administración Tributaria será necesaria la aportación de la certificación de la
inscripción de la entidad en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal,
Autonómico y Local.
CAPÍTULO II
Organización y funcionamiento del sector público institucional estatal
Artículo 84. Composición y clasificación del sector público institucional estatal.
1. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades:
a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General
del Estado, los cuales se clasifican en:
b) c) d) e) f) g) Las autoridades administrativas independientes.
Las sociedades mercantiles estatales.
Los consorcios.
Las fundaciones del sector público.
Los fondos sin personalidad jurídica.
Las universidades públicas no transferidas.
2. La Administración General del Estado o entidad integrante del sector público
institucional estatal no podrá, por sí misma ni en colaboración con otras entidades públicas
o privadas, crear, ni ejercer el control efectivo, directa ni indirectamente, sobre ningún otro
tipo de entidad distinta de las enumeradas en este artículo, con independencia de su
naturaleza y régimen jurídico.
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1.º Organismos autónomos.
2.º Entidades Públicas Empresariales.
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Sec. I. Pág. 89462
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la participación del Estado en
organismos internacionales o entidades de ámbito supranacional, ni a la participación en
los organismos de normalización y acreditación nacionales.
3. Las universidades públicas no transferidas se regirán por lo dispuesto en la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre que les sea de aplicación y lo dispuesto en esta ley en
lo que no previsto en su normativa específica.
Artículo 85. Control de eficacia y supervisión continua.
1. Las entidades integrantes del sector público institucional estatal estarán sometidas
al control de eficacia y supervisión continua, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 110.
Para ello, todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal
contarán, en el momento de su creación, con un plan de actuación, que contendrá las
líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá la actividad de la entidad, que se
revisarán cada tres años, y que se completará con planes anuales que desarrollarán el de
creación para el ejercicio siguiente.
2. El control de eficacia será ejercido por el Departamento al que estén adscritos, a
través de las inspecciones de servicios, y tendrá por objeto evaluar el cumplimiento de los
objetivos propios de la actividad específica de la entidad y la adecuada utilización de los
recursos, de acuerdo con lo establecido en su plan de actuación y sus actualizaciones
anuales, sin perjuicio del control que de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
se ejerza por la Intervención General de la Administración del Estado.
3. Todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal están
sujetas desde su creación hasta su extinción a la supervisión continua del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Intervención General de la
Administración del Estado, que vigilará la concurrencia de los requisitos previstos en esta
Ley. En particular verificará, al menos, lo siguiente:
a) La subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación.
b) Su sostenibilidad financiera.
c) La concurrencia de la causa de disolución prevista en esta ley referida al
incumplimiento de los fines que justificaron su creación o que su subsistencia no resulte el
medio más idóneo para lograrlos.
Las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la
supervisión continua se determinarán reglamentariamente.
4. Las actuaciones de control de eficacia y supervisión continua tomarán en
consideración:
a) La información económico financiera disponible.
b) El suministro de información por parte de los organismos públicos y entidades
sometidas al Sistema de control de eficacia y supervisión continúa.
c) Las propuestas de las inspecciones de los servicios de los departamentos
ministeriales.
Los resultados de la evaluación efectuada tanto por el Ministerio de adscripción como
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se plasmarán en un informe
sujeto a procedimiento contradictorio que, según las conclusiones que se hayan obtenido,
podrá contener recomendaciones de mejora o una propuesta de transformación o
supresión del organismo público o entidad.
Artículo 86. Medio propio y servicio técnico.
1. Las entidades integrantes del sector público institucional podrán ser consideradas
medios propios y servicios técnicos de los poderes adjudicadores y del resto de entes y
sociedades que no tengan la consideración de poder adjudicador cuando cumplan las
condiciones y requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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Sec. I. Pág. 89463
2. Tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite
que, además de disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el
sector de actividad que se corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o
acuerdo de creación, se dé alguna de las circunstancias siguientes:
a) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y
eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica.
b) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad
de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico.
Formará parte del control de eficacia de los medios propios y servicios técnicos la
comprobación de la concurrencia de los mencionados requisitos.
En la denominación de las entidades integrantes del sector público institucional que
tengan la condición de medio propio deberá figurar necesariamente la indicación «Medio
Propio» o su abreviatura «M.P.».
3. A la propuesta de declaración de medio propio y servicio técnico deberá
acompañarse una memoria justificativa que acredite lo dispuesto en el apartado anterior y
deberá ser informada por la Intervención General de la Administración del Estado que vaya
a declarar el medio propio y servicio técnico.
Artículo 87. Transformaciones de las entidades integrantes del sector público institucional
estatal.
1. Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, sociedad mercantil
estatal o fundación del sector público institucional estatal podrá transformarse y adoptar la
naturaleza jurídica de cualquiera de las entidades citadas.
2. La transformación tendrá lugar, conservando su personalidad jurídica, por cesión
e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de la entidad
transformada con sucesión universal de derechos y obligaciones.
La transformación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas
ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas.
3. La transformación se llevará a cabo mediante Real Decreto, aunque suponga
modificación de la Ley de creación.
4. Cuando un organismo autónomo o entidad pública empresarial se transforme en
una entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o en una fundación del sector
público, el Real Decreto mediante el que se lleve a cabo la transformación deberá ir
acompañado de la siguiente documentación:
a) Una memoria que incluya:
1.º Una justificación de la transformación por no poder asumir sus funciones
manteniendo su naturaleza jurídica originaria.
2.º Un análisis de eficiencia que incluirá una previsión del ahorro que generará la
transformación y la acreditación de inexistencia de duplicidades con las funciones que ya
desarrolle otro órgano, organismo público o entidad preexistente.
3.º Un análisis de la situación en la que quedará el personal, indicando si, en su
caso, parte del mismo se integrará, bien en la Administración General del Estado o bien en
la entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o fundación que resulte de la
transformación.
b) Un informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado
en el que se valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo.
5. La aprobación del Real Decreto de transformación conllevará:
a) La adaptación de la organización de los medios personales, materiales y
económicos que resulte necesaria por el cambio de naturaleza jurídica.
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Sec. I. Pág. 89464
b) La posibilidad de integrar el personal en la entidad transformada o en la
Administración General del Estado. En su caso, esta integración se llevará a cabo de
acuerdo con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función
pública o en la legislación laboral que resulte aplicable.
Los distintos tipos de personal de la entidad transformada tendrán los mismos
derechos y obligaciones que les correspondan de acuerdo con la normativa que les sea de
aplicación.
La adaptación, en su caso, de personal que conlleve la transformación no supondrá,
por sí misma, la atribución de la condición de funcionario público al personal laboral que
prestase servicios en la entidad transformada.
La integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas
a funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la condición de «a extinguir»,
debiéndose valorar previamente las características de los puestos afectados y las
necesidades de la entidad donde se integren.
De la ejecución de las medidas de transformación no podrá derivarse incremento
alguno de la masa salarial preexistente en la entidad transformada.
CAPÍTULO III
De los organismos públicos estatales
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 88. Definición y actividades propias.
Son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del
Estado, bien directamente o bien a través de otro organismo público, los creados para la
realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación o de gestión de
servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de
contraprestación; actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones
Públicas; así como la supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas
características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de
independencia.
Artículo 89. Personalidad jurídica y potestades.
1. Los organismos públicos tiene personalidad jurídica pública diferenciada,
patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos previstos
en esta Ley.
2. Dentro de su esfera de competencia, les corresponden las potestades
administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean
sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria.
Los estatutos podrán atribuir a los organismos públicos la potestad de ordenar
aspectos secundarios del funcionamiento para cumplir con los fines y el servicio
encomendado, en el marco y con el alcance establecido por las disposiciones que fijen el
régimen jurídico básico de dicho servicio.
Los actos y resoluciones dictados por los organismos públicos en el ejercicio de
potestades administrativas son susceptibles de los recursos administrativos previstos en
la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 90. Estructura organizativa en el sector público estatal.
1. Los organismos públicos se estructuran en los órganos de gobierno, y ejecutivos
que se determinen en su respectivo Estatuto.
Los máximos órganos de gobierno son el Presidente y el Consejo Rector. El estatuto
puede, no obstante, prever otros órganos de gobierno con atribuciones distintas.
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La dirección del organismo público debe establecer un modelo de control orientado a
conseguir una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos.
2. Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la clasificación
de las entidades, conforme a su naturaleza y a los criterios previstos en Real
Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los
máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. A
estos efectos, las entidades serán clasificadas en tres grupos. Esta clasificación
determinará el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de:
a) Número máximo de miembros de los órganos de gobierno.
b) Estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de directivos,
así como la cuantía máxima de la retribución total, con determinación del porcentaje
máximo del complemento de puesto y variable.
Artículo 91. Creación de organismos públicos estatales.
1. La creación de los organismos públicos se efectuará por Ley.
2. La Ley de creación establecerá:
a) El tipo de organismo público que crea, con indicación de sus fines generales, así
como el Departamento de dependencia o vinculación.
b) En su caso, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen
de personal, de contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza,
exijan norma con rango de Ley.
3. El anteproyecto de ley de creación del organismo público que se eleve al Consejo
de Ministros deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan inicial de
actuación, junto con el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas que valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo.
Artículo 92. Contenido y efectos del plan de actuación.
1. El plan inicial de actuación contendrá, al menos:
a) Las razones que justifican la creación de un nuevo organismo público, por no
poder asumir esas funciones otro ya existente, así como la constatación de que la creación
no supone duplicidad con la actividad que desarrolle cualquier otro órgano o entidad
preexistente.
b) La forma jurídica propuesta y un análisis que justifique que la elegida resulta más
eficiente frente a otras alternativas de organización que se hayan descartado.
c) La fundamentación de la estructura organizativa elegida, determinando los
órganos directivos y la previsión sobre los recursos humanos necesarios para su
funcionamiento.
d) El anteproyecto del presupuesto correspondiente al primer ejercicio junto con un
estudio económico-financiero que acredite la suficiencia de la dotación económica prevista
inicialmente para el comienzo de su actividad y la sostenibilidad futura del organismo,
atendiendo a las fuentes futuras de financiación de los gastos y las inversiones, así como
a la incidencia que tendrá sobre los presupuestos generales del Estado.
e) Los objetivos del organismo, justificando su suficiencia o idoneidad, los indicadores
para medirlos, y la programación plurianual de carácter estratégico para alcanzarlos,
especificando los medios económicos y personales que dedicará, concretando en este
último caso la forma de provisión de los puestos de trabajo, su procedencia, coste,
retribuciones e indemnizaciones, así como el ámbito temporal en que se prevé desarrollar
la actividad del organismo. Asimismo, se incluirán las consecuencias asociadas al grado
de cumplimiento de los objetivos establecidos y, en particular, su vinculación con la
evaluación de la gestión del personal directivo en el caso de incumplimiento. A tal efecto,
el reparto del complemento de productividad o concepto equivalente se realizará teniendo
en cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de creación y
en los anuales.
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2. Los organismos públicos deberán acomodar su actuación a lo previsto en su plan
inicial de actuación. Éste se actualizará anualmente mediante la elaboración del
correspondiente plan que permita desarrollar para el ejercicio siguiente las previsiones del
plan de creación. El plan anual de actuación deberá ser aprobado en el último trimestre del
año natural por el departamento del que dependa o al que esté vinculado el organismo y
deberá guardar coherencia con el Programa de actuación plurianual previsto en la
normativa presupuestaria. El Plan de actuación incorporará, cada tres años, una revisión
de la programación estratégica del organismo.
La falta de aprobación del plan anual de actuación dentro del plazo fijado por causa
imputable al organismo, y hasta tanto se subsane la omisión, llevará aparejada la
paralización de las transferencias que deban realizarse a favor del organismo con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado, salvo que el Consejo de Ministros adopte otra
decisión.
3. El plan de actuación y los anuales, así como sus modificaciones, se hará público
en la página web del organismo público al que corresponda.
Artículo 93. Contenido de los estatutos.
1. Los estatutos regularán, al menos, los siguientes extremos:
a) Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades
administrativas que pueda ostentar.
b) La determinación de su estructura organizativa, con expresión de la composición,
funciones, competencias y rango administrativo que corresponda a cada órgano. Asimismo
se especificarán aquellos de sus actos y resoluciones que agoten la vía administrativa.
c) El patrimonio que se les asigne y los recursos económicos que hayan de
financiarlos.
d) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación.
e) La facultad de participación en sociedades mercantiles cuando ello sea
imprescindible para la consecución de los fines asignados.
2. Los estatutos de los organismos públicos se aprobarán por Real Decreto del
Consejo de Ministros a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y del Ministerio al que el organismo esté vinculado o sea dependiente.
3. Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la entrada
en funcionamiento efectivo del organismo público.
Artículo 94. Fusión de organismos públicos estatales.
1. Los organismos públicos estatales de la misma naturaleza jurídica podrán
fusionarse bien mediante su extinción e integración en un nuevo organismo público, bien
mediante su extinción por ser absorbido por otro organismo público ya existente.
2. La fusión se llevará a cabo mediante norma reglamentaria, aunque suponga
modificación de la Ley de creación. Cuando la norma reglamentaria cree un nuevo
organismo público resultante de la fusión deberá cumplir con lo previsto en el artículo 91.2
sobre requisitos de creación de organismos públicos.
3. A la norma reglamentaria de fusión se acompañará un plan de redimensionamiento
para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de
recursos resultantes de la nueva situación y en el que debe quedar acreditado el ahorro
que generará la fusión.
Si alguno de los organismos públicos estuviese en situación de desequilibrio financiero
se podrá prever, como parte del plan de redimensionamiento, que las obligaciones, bienes
y derechos patrimoniales que se consideren liquidables y derivados de la actividad que
ocasionó el desequilibrio, se integren en un fondo, sin personalidad jurídica y con
contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo público o al absorbente, según
corresponda.
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La actividad o actividades que ocasionaron el desequilibrio dejarán de prestarse tras
la fusión, salvo que se prevea su realización futura de forma sostenible tras la fusión.
El plan de redimensionamiento, previo informe preceptivo de la Intervención General
de la Administración del Estado deberá ser aprobado por cada uno de los organismos
públicos fusionados si se integran en uno nuevo o por el organismo público absorbente,
según corresponda al tipo de fusión.
4. La aprobación de la norma de fusión conllevará:
a) La integración de las organizaciones de los organismos públicos fusionados,
incluyendo los medios personales, materiales y económicos, en los términos previstos en
el plan de redimensionamiento.
b) El personal de los organismos públicos extinguidos se podrá integrar bien en la
Administración General del Estado o bien en el nuevo organismo público que resulte de la
fusión o en el organismo público absorbente, según proceda, de acuerdo con lo previsto en la
norma reglamentaria de fusión y de conformidad con los procedimientos de movilidad
establecidos en la legislación de función pública o en la legislación laboral que resulte aplicable.
Los distintos tipos de personal de los organismos públicos fusionados tendrán los
derechos y obligaciones que les correspondan de acuerdo con la normativa que les sea de
aplicación.
La integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas
a funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la condición de «a extinguir»,
debiéndose valorar previamente las características de los puestos afectados y las
necesidades del organismos donde se integren.
Esta integración de personal no supondrá, en ningún caso, la atribución de la condición
de funcionario público al personal laboral que prestase servicios en los organismos
públicos fusionados.
De la ejecución de las medidas de fusión no podrá derivarse incremento alguno de la
masa salarial en los organismos públicos afectados.
c) La cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de
los organismos públicos extinguidos en el nuevo organismo público resultante de la fusión
o en el organismo público absorbente, según proceda, que le sucederá universalmente en
todos sus derechos y obligaciones.
La fusión no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá
ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas.
d) Si se hubiera previsto en el plan de redimensionamiento, las obligaciones, bienes
y derechos patrimoniales que se consideren liquidables se integrarán en un fondo, sin
personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo público
resultante de la fusión o al organismo público absorbente, según proceda, que designará
un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación se
efectuará de conformidad con lo previsto en el artículo 97.
La liquidación deberá llevarse a cabo durante los dos años siguientes a la aprobación
de la norma reglamentaria de fusión, salvo que el Consejo de Ministros acuerde su
prórroga, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores.
La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo
corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a propuesta de la
Intervención General de la Administración del Estado.
Artículo 95. Gestión compartida de servicios comunes.
1. La norma de creación de los organismos públicos del sector público estatal incluirá
la gestión compartida de algunos o todos los servicios comunes, salvo que la decisión de
no compartirlos se justifique, en la memoria que acompañe a la norma de creación, en
términos de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en razones de seguridad nacional
o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios que deban prestarse de
forma autónoma en atención a la independencia del organismo.
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La organización y gestión de algunos o todos los servicios comunes se coordinará por
el Ministerio de adscripción, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o
por un organismo público vinculado o dependiente del mismo.
2. Se consideran servicios comunes de los organismos públicos, al menos, los
siguientes:
a) Gestión de bienes inmuebles.
b) Sistemas de información y comunicación.
c) Asistencia jurídica.
d) Contabilidad y gestión financiera.
e) Publicaciones.
f) Contratación pública.
Artículo 96. Disolución de organismos públicos estatales.
1. Los Organismos públicos estatales deberán disolverse:
a) Por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la ley de creación.
b) Porque la totalidad de sus fines y objetivos sean asumidos por los servicios de la
Administración General del Estado.
c) Porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no se justifique
la pervivencia del organismo público, y así se haya puesto de manifiesto en el control de
eficacia.
d) Cuando del seguimiento del plan de actuación resulte el incumplimiento de los
fines que justificaron la creación del organismo o que su subsistencia no es el medio más
idóneo para lograrlos y así se concluya en el control de eficacia o de supervisión continua.
e) Por encontrarse en situación de desequilibrio financiero durante dos ejercicios
presupuestarios consecutivos.
Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la
consideración de Administración Pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su
necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que
para los demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero
manifestada en la existencia de resultados brutos negativos de explotación en dos
ejercicios contables consecutivos.
f) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.
g) Cuando así lo acuerde el Consejo de Ministros siguiendo el procedimiento
determinado al efecto en el acto jurídico que acuerde la disolución.
2. Cuando un organismo público incurra en alguna de las causas de disolución
previstas en las letras a), b), c), d) o f) del apartado anterior, el titular del máximo órgano de
dirección del organismo lo comunicará al titular del departamento de adscripción en el plazo
de dos meses desde que concurra la causa de disolución. Transcurrido dicho plazo sin que
se haya producido la comunicación y concurriendo la causa de disolución, el organismo
público quedará automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los
estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción.
En el plazo de dos meses desde la recepción de la comunicación a la que se refiere el
párrafo anterior, el Consejo de Ministros adoptará el correspondiente acuerdo de disolución,
en el que designará al órgano administrativo o entidad del sector público institucional estatal
que asumirá las funciones de liquidador, y se comunicará al Inventario de Entidades del
Sector Público Estatal, Autonómico y Local para su publicación. Transcurrido dicho plazo sin
que el acuerdo de disolución haya sido publicado, el organismo público quedará
automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente
necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción.
3. Cuando un organismo público incurra en la causa de disolución prevista en la
letra e) del apartado 1, el titular del máximo órgano de dirección del organismo dispondrá
del plazo de dos meses, a contar desde la concurrencia de dicha causa, para comunicarlo
a la Administración General del Estado.
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En el plazo de dos meses a contar desde la comunicación a la que se refiere el párrafo
anterior, el organismo público, previo informe de la Intervención General de la
Administración del Estado deberá aprobar un plan de corrección del desequilibrio. Como
parte del mencionado plan de corrección, la Administración General del Estado podrá
realizar aportaciones patrimoniales en el ejercicio presupuestario inmediato anterior.
El plan de corrección se aplicará en el ejercicio presupuestario en el que se apruebe y
en el siguiente. Transcurridos esos dos ejercicios sin que se haya corregido el desequilibrio,
el titular del máximo órgano de dirección del organismo lo comunicará al titular del
departamento de adscripción en los cinco días naturales siguientes a la finalización del
plazo mencionado. Recibida la comunicación, se aplicará lo previsto en el apartado 2,
salvo que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, decida prorrogar la duración del plan de corrección. Si transcurre el citado plazo
de cinco días sin que se haya producido dicha comunicación, el organismo público quedará
automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente
necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción.
Artículo 97. Liquidación y extinción de organismos públicos estatales.
1. Publicado el acuerdo de disolución al que se refiere el artículo anterior, o
transcurridos los plazos en él establecidos sin que éste haya sido publicado, se entenderá
automáticamente iniciada la liquidación.
2. La liquidación tendrá lugar por la cesión e integración global, en unidad de acto, de
todo el activo y el pasivo del organismo público en la Administración General del Estado
que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones. El órgano o entidad
designada como liquidador determinará, en cada caso, el órgano o entidad concreta, de la
Administración General del Estado, donde se integrarán los elementos que forman parte
del activo y del pasivo del organismo público liquidado.
La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la
entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración
General del Estado que lo designó. La Administración General del Estado podrá exigir de
oficio al empleado público que designó a esos efectos la responsabilidad en que hubiera
incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera
concurrido dolo, culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las Leyes
administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
3. La Administración General del Estado quedará subrogada automáticamente en
todas las relaciones jurídicas que tuviera el organismo público con sus acreedores, tanto
de carácter principal como accesorias, a la fecha de adopción del acuerdo de disolución o,
en su defecto, a la fecha en que concurriera la causa de disolución, incluyendo los activos
y pasivos sobrevenidos. Esta subrogación no alterará las condiciones financieras de las
obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones
jurídicas.
4. Formalizada la liquidación del organismo público se producirá su extinción
automática.
Sección 2.ª Organismos autónomos estatales
1. Los organismos autónomos son entidades de derecho público, con personalidad
jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan
actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento,
prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés
público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales
diferenciadas y dependientes de ésta.
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Artículo 98. Definición.
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2. Los organismos autónomos dependen de la Administración General del Estado a
la que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad
y el control de eficacia.
3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público
tenga la naturaleza jurídica de organismo autónomo deberá figurar en su denominación la
indicación «organismo autónomo» o su abreviatura «O.A.».
Artículo 99. Régimen jurídico.
Los organismos autónomos se regirán por lo dispuesto en esta Ley, en su ley de
creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de las normas de derecho administrativo
general y especial que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se
aplicará el derecho común.
Artículo 100. Régimen jurídico del personal y de contratación.
1. El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral, y
se regirá por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, y demás normativa reguladora de
los funcionarios públicos y por la normativa laboral.
El nombramiento de los titulares de los órganos de los organismos autónomos se
regirá por las normas aplicables a la Administración General del Estado.
El titular del máximo órgano de dirección del organismo tendrá atribuidas, en materia
de gestión de recursos humanos, las facultades que le asigne la legislación específica.
El organismo autónomo estará obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos
humanos dictadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a
comunicarle a este departamento cuantos acuerdos o resoluciones adopte en aplicación
del régimen específico de personal establecido en su Ley de creación o en sus estatutos.
2. La contratación de los organismos autónomos se ajustará a lo dispuesto en la
legislación sobre contratación del sector público. El titular del máximo órgano de dirección
del organismo autónomo será el órgano de contratación.
Artículo 101. Régimen económico-financiero y patrimonial.
1. Los organismos autónomos tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un
patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de
bienes y derechos de los que sean titulares.
La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos
del Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines,
será ejercida de acuerdo a lo establecido para los organismos autónomos en la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
2. Los recursos económicos de los organismos autónomos podrán provenir de las
siguientes fuentes:
a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
b) Los productos y rentas de dicho patrimonio.
c) Las consignaciones específicas que tuvieren asignadas en los presupuestos
generales del Estado.
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de la Administración o
entidades públicas.
e) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas
y de particulares.
f) Cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir, según las disposiciones
por las que se rijan o que pudieran serles atribuidos.
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Artículo 102. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero.
Los organismo autónomos aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero,
de contabilidad, y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
Sección 3.ª Las entidades públicas empresariales de ámbito estatal
Artículo 103. Definición.
1. Las entidades públicas empresariales son entidades de Derecho público, con
personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian
mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades
administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de
producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación.
2. Las entidades públicas empresariales dependen de la Administración General del
Estado o de un Organismo autónomo vinculado o dependiente de ésta, al que le
corresponde la dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el
control de eficacia.
3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público
tenga naturaleza jurídica de entidad pública empresarial deberá figurar en su denominación
la indicación de «entidad pública empresarial» o su abreviatura «E.P.E».
Artículo 104. Régimen jurídico.
Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto en la
formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas
que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en
esta Ley, en su Ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo
Común, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que le sean
de aplicación.
Artículo 105. Ejercicio de potestades administrativas.
1. Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales
sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que los estatutos se les
asigne expresamente esta facultad.
2. No obstante, a los efectos de esta Ley, los órganos de las entidades públicas
empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de
la Administración General del Estado, salvo las excepciones que, a determinados efectos
se fijen, en cada caso, en sus estatutos.
1. El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral,
con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones relativas a los
funcionarios públicos de la Administración General del Estado, quienes se regirán por lo
previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril y demás normativa reguladora de los funcionarios
públicos o por la normativa laboral.
2. La selección del personal laboral de estas entidades se realizará conforme a las
siguientes reglas:
a) El personal directivo, que se determinará en los estatutos de la entidad, será
nombrado con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 11 del artículo 55,
atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión
pública o privada.
b) El resto del personal será seleccionado mediante convocatoria pública basada en
los principios de igualdad, mérito y capacidad.
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Artículo 106. Régimen jurídico del personal y de contratación.
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3. La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal
directivo como del resto del personal, requerirán el informe conjunto, previo y favorable del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
4. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará, con la
periodicidad adecuada, controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal
y de la gestión de sus recursos humanos, conforme a los criterios previamente establecidos
por los mismos.
5. La Ley de creación de cada entidad pública empresarial deberá determinar las
condiciones conforme a las cuales, los funcionarios de la Administración General del
Estado, podrán cubrir destinos en la referida entidad, y establecerá, asimismo, las
competencias que a la misma correspondan sobre este personal que, en todo caso, serán
las que tengan legalmente atribuidas los Organismos autónomos.
6. La contratación de las entidades públicas empresariales se rige por las previsiones
contenidas al respecto en la legislación de contratos del sector público.
Artículo 107. Régimen económico-financiero y patrimonial.
1. Las entidades públicas empresariales tendrán, para el cumplimiento de sus fines,
un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de
bienes y derechos de los que sean titulares.
La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos
del Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines,
será ejercida de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
2. Las entidades públicas empresariales podrán financiarse con los ingresos que se
deriven de sus operaciones, obtenidos como contraprestación de sus actividades
comerciales, y con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes:
a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
b) Los productos y rentas de dicho patrimonio y cualquier otro recurso que pudiera
serle atribuido.
Excepcionalmente, cuando así lo prevea la Ley de creación, podrá financiarse con los
recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes:
a) Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos
Generales del Estado.
b) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o
entidades públicas.
c) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas
y de particulares.
3. Las entidades público empresariales se financiarán mayoritariamente con ingresos
de mercado. Se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado
cuando tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema
Europeo de Cuentas.
A tales efectos se tomará en consideración la clasificación de las diferentes entidades
públicas a los efectos de la contabilidad nacional que efectúe el Comité Técnico de
Cuentas Nacionales y que se recogerá en el Inventario de Entidades del sector Público
estatal, Autonómico y Local.
Artículo 108. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero.
Las entidades públicas empresariales aplicarán el régimen presupuestario,
económico-financiero, de contabilidad y de control establecido en la Ley 47/2003, de 26
de noviembre.
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CAPÍTULO IV
Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal
Artículo 109. Definición.
1. Son autoridades administrativas independientes de ámbito estatal las entidades de
derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad
jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo
sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de
independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General
del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley.
2. Las autoridades administrativas independientes actuarán, en el desarrollo de su
actividad y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier interés
empresarial o comercial.
3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando una entidad tenga la
naturaleza jurídica de autoridad administrativa independiente deberá figurar en su
denominación la indicación «autoridad administrativa independiente» o su abreviatura
«A.A.I.».
Artículo 110. Régimen jurídico.
1. Las autoridades administrativas independientes se regirán por su Ley de creación,
sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su
supervisión y, supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía,
por lo dispuesto en esta Ley, en particular lo dispuesto para organismos autónomos, la Ley
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, así como el resto de las normas de derecho administrativo
general y especial que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se
aplicará el derecho común.
2. Las autoridades administrativas independientes estarán sujetas al principio de
sostenibilidad financiera de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril.
CAPÍTULO V
De las sociedades mercantiles estatales
Artículo 111. Definición.
a) Bien porque la participación directa, en su capital social de la Administración
General del Estado o alguna de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el
artículo 84, integran el sector público institucional estatal, incluidas las sociedades
mercantiles estatales, sea superior al 50 por 100. Para la determinación de este porcentaje,
se sumarán las participaciones correspondientes a la Administración General del Estado y
a todas las entidades integradas en el sector público institucional estatal, en el caso de que
en el capital social participen varias de ellas.
b) Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el
artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores respecto de la
Administración General del Estado o de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
2. En la denominación de las sociedades mercantiles que tengan la condición de
estatales deberá figurar necesariamente la indicación «sociedad mercantil estatal» o su
abreviatura «S.M.E.».
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1. Se entiende por sociedad mercantil estatal aquella sociedad mercantil sobre la que
se ejerce control estatal:
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Sec. I. Pág. 89474
Artículo 112. Principios rectores.
La Administración General del Estado y las entidades integrantes del sector público
institucional, en cuanto titulares del capital social de las sociedades mercantiles estatales,
perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de dichas sociedades
mercantiles, para lo cual promoverán las buenas prácticas y códigos de conducta
adecuados a la naturaleza de cada entidad. Todo ello sin perjuicio de la supervisión general
que ejercerá el accionista sobre el funcionamiento de la sociedad mercantil estatal,
conforme prevé la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
Artículo 113. Régimen jurídico.
Las sociedades mercantiles estatales se regirán por lo previsto en esta Ley, por lo
previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y por el ordenamiento jurídico privado,
salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable,
de personal, de control económico-financiero y de contratación. En ningún caso podrán
disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que
excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas.
Artículo 114. Creación y extinción.
1. La creación de una sociedad mercantil estatal o la adquisición de este carácter de
forma sobrevenida será autorizada mediante acuerdo del Consejo de Ministros que deberá
ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan de actuación que contendrá,
al menos:
a) Las razones que justifican la creación de la sociedad por no poder asumir esas
funciones otra entidad ya existente, así como la inexistencia de duplicidades. A estos
efectos, deberá dejarse constancia del análisis realizado sobre la existencia de órganos o
entidades que desarrollan actividades análogas sobre el mismo territorio y población y las
razones por las que la creación de la nueva sociedad no entraña duplicidad con entidades
existentes.
b) Un análisis que justifique que la forma jurídica propuesta resulta más eficiente
frente a la creación de un organismo público u otras alternativas de organización que se
hayan descartado.
c) Los objetivos anuales y los indicadores para medirlos.
Al acuerdo de creación de la sociedad mercantil estatal se acompañará un informe
preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o la Intervención
General de la Administración del Estado, según se determine reglamentariamente, que
valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo.
El Programa de Actuación Plurianual que conforme a la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, deben elaborar las sociedades cada año incluirá un plan de actuación anual que
servirá de base para el control de eficacia de la sociedad. La falta de aprobación del plan
de actuación dentro del plazo anual fijado, por causa imputable a la sociedad y hasta tanto
se subsane la omisión, llevará aparejada la paralización de las aportaciones que deban
realizarse a favor de la sociedad con cargo a los presupuestos generales del Estado.
2. La liquidación de una sociedad mercantil estatal recaerá en un órgano de la
Administración General del Estado o en una entidad integrante del sector público
institucional estatal.
La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la
entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración
General del Estado que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la
responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando concurra dolo, culpa o negligencia
grave conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad
patrimonial.
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Artículo 115. Régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de
administración de las sociedades mercantiles estatales designados por la
Administración General del Estado.
1. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del
consejo de administración será directamente asumida por la Administración General del
Estado que lo designó.
2. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público
que designó como miembro del consejo de administración la responsabilidad en que
hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando
hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes
administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
Artículo 116. Tutela.
1. Al autorizar la constitución de una sociedad mercantil estatal con forma de
sociedad anónima, de acuerdo con lo previsto en el artículo 166.2 de la Ley 33/2003, de 3
de noviembre, el Consejo de Ministros podrá atribuir a un Ministerio, cuyas competencias
guarden una relación específica con el objeto social de la sociedad, la tutela funcional de
la misma.
2. En ausencia de esta atribución expresa corresponderá íntegramente al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas el ejercicio de las facultades que esta Ley y la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, otorgan para la supervisión de la actividad de la sociedad.
3. El Ministerio de tutela ejercerá el control de eficacia e instruirá a la sociedad
respecto a las líneas de actuación estratégica y establecerá las prioridades en la ejecución
de las mismas, y propondrá su incorporación a los Presupuestos de Explotación y Capital
y Programas de Actuación Plurianual, previa conformidad, en cuanto a sus aspectos
financieros, de la Dirección General del Patrimonio del Estado si se trata de sociedades
cuyo capital corresponda íntegramente a la Administración General del Estado, o del
organismo público que sea titular de su capital.
4. En casos excepcionales, debidamente justificados, el titular del departamento al
que corresponda su tutela podrá dar instrucciones a las sociedades, para que realicen
determinadas actividades, cuando resulte de interés público su ejecución.
5. Cuando las instrucciones que imparta el Ministerio de tutela impliquen una
variación de los Presupuestos de Explotación y Capital de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, el órgano de administración no podrá iniciar la
cumplimentación de la instrucción sin contar con la autorización del órgano competente
para efectuar la modificación correspondiente.
6. En este caso, los administradores de las sociedades a las que se hayan impartido
estas instrucciones actuarán diligentemente para su ejecución, y quedarán exonerados de
la responsabilidad prevista en el artículo 236 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, si del
cumplimiento de dichas instrucciones se derivaren consecuencias lesivas.
1. Las sociedades mercantiles estatales elaborarán anualmente un presupuesto de
explotación y capital y un plan de actuación que forma parte del Programa Plurianual, que
se integrarán con el Presupuesto General del Estado. El Programa contendrá la revisión
trienal del plan de creación a que se refiere el artículo 85.
2. Las sociedades mercantiles estatales formularán y rendirán sus cuentas de
acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio
y el Plan General de Contabilidad y disposiciones que lo desarrollan.
3. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, la gestión
económico financiera de las sociedades mercantiles estatales estará sometida al control
de la Intervención General de la Administración del Estado.
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Artículo 117. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y de
personal.
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4. El personal de las sociedades mercantiles estatales, incluido el que tenga
condición de directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas que le
sean de aplicación en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo
siempre entre las mismas la normativa presupuestaria, especialmente lo que se establezca
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
CAPÍTULO VI
De los consorcios
Artículo 118. Definición y actividades propias.
1. Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia
y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del
sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el
desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus
competencias.
2. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión
común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes.
3. Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el
marco de los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las
Administraciones españolas, y de acuerdo con las previsiones de los convenios
internacionales ratificados por España en la materia.
4. En la denominación de los consorcios deberá figurar necesariamente la indicación
«consorcio» o su abreviatura «C».
Artículo 119. Régimen jurídico.
1. Los consorcios se regirán por lo establecido en esta Ley, en la normativa
autonómica de desarrollo y sus estatutos.
2. En lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus
Estatutos sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción,
se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de
liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el artículo 97, y en su defecto, el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
3. Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 27/2013,
de 21 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre los
Consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en esta Ley.
Artículo 120. Régimen de adscripción.
1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que
estará adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo.
2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación
y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará
adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración
Pública que:
a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.
b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los
órganos ejecutivos.
c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del
personal directivo.
d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una
normativa especial.
e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano
de gobierno.
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f) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la
actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo
patrimonial como la financiación concedida cada año.
g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.
h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los
fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas,
o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio.
3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio
no tendrá ánimo de lucro y estará adscrito a la Administración Pública que resulte de
acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior.
4. Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que
fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no
superior a seis meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a
aquel en se produjo el cambio de adscripción.
Artículo 121. Régimen de personal.
El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de
proceder exclusivamente de las Administraciones participantes. Su régimen jurídico será
el de la Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán
superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las
Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones
a desempeñar, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, u órgano competente
de la Administración a la que se adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación directa
de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones.
Artículo 122. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y
patrimonial.
1. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y
control de la Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a
lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
2. A efectos de determinar la financiación por parte de las Administraciones
consorciadas, se tendrán en cuenta tanto los compromisos estatutarios o convencionales
existentes como la financiación real, mediante el análisis de los desembolsos efectivos de
todas las aportaciones realizadas.
3. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será
responsabilidad del órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el
consorcio.
4. Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta
general de la Administración Pública de adscripción.
5. Los consorcios se regirán por las normas patrimoniales de la Administración
Pública a la que estén adscritos.
1. Los consorcios se crearán mediante convenio suscrito por las Administraciones,
organismos públicos o entidades participantes.
2. En los consorcios en los que participe la Administración General del Estado o sus
organismos públicos y entidades vinculados o dependientes se requerirá:
a) Que su creación se autorice por ley.
b) El convenio de creación precisará de autorización previa del Consejo de Ministros.
La competencia para la suscripción del convenio no podrá ser objeto de delegación, y
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Artículo 123. Creación.
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Sec. I. Pág. 89478
corresponderá al titular del departamento ministerial participante, y en el ámbito de los
organismos autónomos, al titular del máximo órgano de dirección del organismo, previo
informe del Ministerio del que dependa o al que esté vinculado.
c) Del convenio formarán parte los estatutos, un plan de actuación, de conformidad
con lo previsto en el artículo 92, y una proyección presupuestaria trienal, además del
informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El
convenio suscrito junto con los estatutos, así como sus modificaciones, serán objeto de
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 124. Contenido de los estatutos.
Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que
estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo
previsto en esta Ley, y, al menos, los siguientes aspectos:
a) Sede, objeto, fines y funciones.
b) Identificación de participantes en el consorcio así como las aportaciones de sus
miembros. A estos efectos, en aplicación del principio de responsabilidad previsto en el
artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, los estatutos incluirán cláusulas que
limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas incumplieran los
compromisos de financiación o de cualquier otro tipo, así como fórmulas tendentes al
aseguramiento de las cantidades comprometidas por las entidades consorciadas con
carácter previo a la realización de las actividades presupuestadas.
c) Órganos de gobiernos y administración, así como su composición y funcionamiento,
con indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos. Podrán incluirse cláusulas
que contemplen la suspensión temporal del derecho de voto o a la participación en la
formación de los acuerdos cuando las Administraciones o entidades consorciadas
incumplan manifiestamente sus obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo
que se refiere a los compromisos de financiación de las actividades del mismo.
d) Causas de disolución.
Artículo 125. Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un
consorcio.
1. Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en esta
Ley o en la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán separarse del mismo en cualquier momento
siempre que no se haya señalado término para la duración del consorcio.
Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de sus miembros
podrá separase antes de la finalización del plazo si alguno de los miembros del consorcio
hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y, en particular, aquellas que
impidan cumplir con el fin para el que fue creado el consorcio, como es la obligación de
realizar aportaciones al fondo patrimonial.
Cuando un municipio deje de prestar un servicio, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, y ese servicio sea uno de los prestados por el Consorcio al que
pertenece, el municipio podrá separarse del mismo.
2. El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al
máximo órgano de gobierno del consorcio. En el escrito deberá hacerse constar, en su
caso, el incumplimiento que motiva la separación si el consorcio tuviera duración
determinada, la formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del
plazo otorgado para cumplir tras el requerimiento.
Artículo 126. Efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio.
1. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo
que el resto de sus miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden
su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Administraciones, o
entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración.
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2. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del
consorcio se aplicarán las siguientes reglas:
a) Se calculará la cuota de separación que corresponda a quien ejercite su derecho
de separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo
resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta el
criterio de reparto dispuesto en los estatutos.
A falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le hubiera
correspondido en la liquidación. En defecto de determinación de la cuota de liquidación
se tendrán en cuenta, tanto el porcentaje de las aportaciones al fondo patrimonial del
consorcio que haya efectuado quien ejerce el derecho de separación, como la
financiación concedida cada año. Si el miembro del consorcio que se separa no hubiere
realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la
participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha
pertenecido al consorcio.
Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la
cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y
condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación
si la cuota es negativa.
La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de
separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la
deuda, si la cuota es negativa.
b) Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en la Ley, a la
Administración que ha ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por el
consorcio a quien se adscribe, de las restantes Administraciones o entidades u organismos
públicos vinculados o dependientes de una Administración que permanecen en el
consorcio, en aplicación de los criterios establecidos en la Ley.
Artículo 127. Disolución del consorcio.
1. La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será
causa de disolución que los fines para los que fue creado el consorcio hayan sido
cumplidos.
2. El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución
nombrará un liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o dependiente, de la
Administración Pública a la que el consorcio esté adscrito.
La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la
entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración
Pública que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad
que, en su caso, corresponda cuando haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves
conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad
patrimonial.
3. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del
consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los
estatutos, se calculará la mencionada cuota de acuerdo con la participación que le
corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en
cuenta que el criterio de reparto será el dispuesto en los estatutos.
A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las
aportaciones que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del
mismo como la financiación concedida cada año. Si alguno de los miembros del consorcio
no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la
participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha
pertenecido en el consorcio.
4. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago
de la cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva.
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5. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en
los estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos
y pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada con la finalidad de
mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se
extingue. La cesión global de activos y pasivos implicará la extinción sin liquidación del
consorcio cedente.
CAPÍTULO VII
De las fundaciones del sector público estatal
Artículo 128. Definición y actividades propias.
1. Son fundaciones del sector público estatal aquellas que reúnan alguno de los
requisitos siguientes:
a) Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o
indirecta, de la Administración General del Estado o cualquiera de los sujetos integrantes
del sector público institucional estatal, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a
su constitución.
b) Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por
bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público
institucional estatal con carácter permanente.
c) La mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del
sector público institucional estatal.
2. Son actividades propias de las fundaciones del sector público estatal las
realizadas, sin ánimo de lucro, para el cumplimiento de fines de interés general, con
independencia de que el servicio se preste de forma gratuita o mediante contraprestación.
Únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de
las entidades del sector público fundadoras, debiendo coadyuvar a la consecución de los
fines de las mismas, sin que ello suponga la asunción de sus competencias propias, salvo
previsión legal expresa. Las fundaciones no podrán ejercer potestades públicas.
En la denominación de las fundaciones del sector público estatal deberá figurar
necesariamente la indicación «fundación del sector público» o su abreviatura «F.S.P.».
3. Para la financiación de las actividades y el mantenimiento de la fundación, debe
haberse previsto la posibilidad de que en el patrimonio de las fundaciones del sector
público pueda existir aportación del sector privado de forma no mayoritaria.
Artículo 129. Régimen de adscripción de las fundaciones.
1. Los estatutos de cada fundación determinarán la Administración Pública a la que
estará adscrita de conformidad con lo previsto en este artículo.
2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación,
referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, la fundación del sector
público quedará adscrita, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la
Administración Pública que:
a) Disponga de mayoría de patronos.
b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los
órganos ejecutivos.
c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del
personal directivo.
d) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del
patronato.
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e) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la
actividad desarrollada por la fundación, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo
patrimonial como la financiación concedida cada año.
f) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.
3. En el supuesto de que participen en la fundación entidades privadas sin ánimo de
lucro, la fundación del sector público estará adscrita a la Administración que resulte de
acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior.
4. El cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su
causa, conllevará la modificación de los estatutos que deberá realizarse en un plazo no
superior a tres meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a
aquél en se produjo el cambio de adscripción.
Artículo 130. Régimen jurídico.
Las fundaciones del sector público estatal se rigen por lo previsto en esta Ley, por la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, la legislación autonómica que resulte
aplicable en materia de fundaciones, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las
materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control
económico-financiero y de contratación del sector público.
Artículo 131. Régimen de contratación.
La contratación de las fundaciones del sector público estatal se ajustará a lo dispuesto
en la legislación sobre contratación del sector público.
Artículo 132. Régimen presupuestario, de contabilidad, de control económico-financiero
y de personal.
1. Las fundaciones del sector público estatal elaborarán anualmente un presupuesto
de explotación y capital, que se integrarán con el Presupuesto General del Estado y
formularán y presentarán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de
contabilidad recogidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades
sin fines lucrativos y disposiciones que lo desarrollan, así como la normativa vigente sobre
fundaciones.
2. Las fundaciones del sector público estatal aplicarán el régimen presupuestario,
económico financiero, de contabilidad, y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas,
estarán sometidas al control de la Intervención General de la Administración del Estado.
3. El personal de las fundaciones del sector público estatal, incluido el que tenga
condición de directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas que le
sean de aplicación en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo entre
las mismas la normativa presupuestaria así como lo que se establezca en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 133. Creación de fundaciones del sector público estatal.
1. La creación de las fundaciones del sector público estatal o la adquisición de este
carácter de forma sobrevenida se realizará por ley que establecerá los fines de la fundación
y, en su caso, los recursos económicos con los que se le dota.
2. El anteproyecto de ley de creación de una fundación del sector público estatal
que se eleve al Consejo de Ministros deberá ser acompañado de una propuesta de
estatutos y del plan de actuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 92, junto
con el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas o la Intervención General de la Administración del Estado, según se determine
reglamentariamente.
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3. Los estatutos de las fundaciones del sector público estatal se aprobarán por Real
Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del titular del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio que ejerza el protectorado, que
estará determinado en sus Estatutos. No obstante, por Acuerdo del Consejo de Ministros
podrá modificarse el Ministerio al que se adscriba inicialmente la fundación.
Artículo 134. Protectorado.
El Protectorado de las fundaciones del sector público será ejercido por el órgano de la
Administración de adscripción que tenga atribuida tal competencia, que velará por el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa sobre fundaciones, sin
perjuicio del control de eficacia y la supervisión continua al que están sometidas de
acuerdo con lo previsto en esta Ley.
Artículo 135. Estructura organizativa.
En las fundaciones del sector público estatal la mayoría de miembros del patronato
serán designados por los sujetos del sector público estatal.
La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del
patronato será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado
que lo designó. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado
público que designó a esos efectos la responsabilidad en que hubiera incurrido por los
daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o
culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia
de responsabilidad patrimonial.
Artículo 136. Fusión, disolución, liquidación y extinción.
A las fundaciones del sector público estatal le resultará de aplicación el régimen de
fusión, disolución, liquidación y extinción previsto en los artículos 94, 96 y 97.
CAPÍTULO VIII
De los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal
Artículo 137. Creación y extinción.
1. La creación de fondos carentes de personalidad jurídica en el sector público
estatal se efectuará por Ley. La norma de creación determinará expresamente su
adscripción a la Administración General del Estado.
2. Con independencia de su creación por Ley se extinguirán por norma de rango
reglamentario.
3. En la denominación de los fondos carentes de personalidad jurídica deberá figurar
necesariamente la indicación «fondo carente de personalidad jurídica» o su abreviatura
«F.C.P.J».
Los fondos carentes de personalidad jurídica se regirán por lo dispuesto en esta Ley,
en su norma de creación, y el resto de las normas de derecho administrativo general y
especial que le sea de aplicación.
Artículo 139. Régimen presupuestario, de contabilidad y de control económico-financiero.
Los fondos carentes de personalidad jurídica estarán sujetos al régimen de
presupuestación, contabilidad y control previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
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Artículo 138. Régimen jurídico.
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TÍTULO III
Relaciones interadministrativas
CAPÍTULO I
Principios generales de las relaciones interadministrativas
Artículo 140. Principios de las relaciones interadministrativas.
1. Las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras
Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de
acuerdo con los siguientes principios:
a) Lealtad institucional.
b) Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la
Constitución y en los Estatutos de Autonomía y en la normativa del régimen local.
c) Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones
Públicas para el logro de fines comunes.
d) Cooperación, cuando dos o más Administraciones Publicas, de manera voluntaria
y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una
acción común.
e) Coordinación, en virtud del cual una Administración Pública y, singularmente, la
Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las
actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia
para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto
del ordenamiento jurídico.
f) Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos
comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento.
g) Responsabilidad de cada Administración Pública en el cumplimiento de sus
obligaciones y compromisos.
h) Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus
relaciones con las diferentes Administraciones.
i) Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución.
2. En lo no previsto en el presente Título, las relaciones entre la Administración
General del Estado o las Administraciones de las Comunidades Autónomas con las
Entidades que integran la Administración Local se regirán por la legislación básica en
materia de régimen local.
CAPÍTULO II
Deber de colaboración
Artículo 141. Deber de colaboración entre las Administraciones Públicas.
1. Las Administraciones Públicas deberán:
a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.
b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses
públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras
Administraciones.
c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad
que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias o que sea necesaria para que
los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia.
d) Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran
solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias.
e) Cumplir con las obligaciones concretas derivadas del deber de colaboración y las
restantes que se establezcan normativamente.
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2. La asistencia y colaboración requerida sólo podrá negarse cuando el organismo
público o la entidad del que se solicita no esté facultado para prestarla de acuerdo con lo
previsto en su normativa específica, no disponga de medios suficientes para ello o cuando,
de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al
cumplimiento de sus propias funciones o cuando la información solicitada tenga carácter
confidencial o reservado. La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente
a la Administración solicitante.
3. La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las
de las Entidades Locales deberán colaborar y auxiliarse para la ejecución de sus actos que
hayan de realizarse o tengan efectos fuera de sus respectivos ámbitos territoriales. Los
posibles costes que pueda generar el deber de colaboración podrán ser repercutidos
cuando así se acuerde.
Artículo 142. Técnicas de colaboración.
Las obligaciones que se derivan del deber de colaboración se harán efectivas a través
de las siguientes técnicas:
a) El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se
hallen a disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la
Administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias.
b) La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa
con el fin de disponer de datos actualizados, completos y permanentes referentes a los
diferentes ámbitos de actividad administrativa en todo el territorio nacional.
c) El deber de asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas por otras
Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias, en especial cuando los
efectos de su actividad administrativa se extiendan fuera de su ámbito territorial.
d) Cualquier otra prevista en una Ley.
CAPÍTULO III
Relaciones de cooperación
Sección 1.ª Técnicas de cooperación
Artículo 143. Cooperación entre Administraciones Públicas.
1. Las Administraciones cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar
de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a
este principio.
2. La formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de
las partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios.
Artículo 144. Técnicas de Cooperación.
1. Se podrá dar cumplimiento al principio de cooperación de acuerdo con las técnicas
que las Administraciones interesadas estimen más adecuadas, como pueden ser:
a) La participación en órganos de cooperación, con el fin de deliberar y, en su caso,
acordar medidas en materias sobre las que tengan competencias diferentes
Administraciones Públicas.
b) La participación en órganos consultivos de otras Administraciones Públicas.
c) La participación de una Administración Pública en organismos públicos o entidades
dependientes o vinculados a otra Administración diferente.
d) La prestación de medios materiales, económicos o personales a otras
Administraciones Públicas.
e) La cooperación interadministrativa para la aplicación coordinada de la normativa
reguladora de una determinada materia.
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f) La emisión de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes
Administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan en sus
competencias.
g) Las actuaciones de cooperación en materia patrimonial, incluidos los cambios de
titularidad y la cesión de bienes, previstas en la legislación patrimonial.
h) Cualquier otra prevista en la Ley.
2. En los convenios y acuerdos en los que se formalice la cooperación se preverán
las condiciones y compromisos que asumen las partes que los suscriben.
3. Cada Administración Pública mantendrá actualizado un registro electrónico de los
órganos de cooperación en los que participe y de convenios que haya suscrito.
Sección 2.ª Técnicas orgánicas de cooperación
Artículo 145. Órganos de cooperación.
1. Los órganos de cooperación son órganos de composición multilateral o bilateral,
de ámbito general o especial, constituidos por representantes de la Administración General
del Estado, de las Administraciones de las Comunidades o Ciudades de Ceuta y Melilla o,
en su caso, de las Entidades Locales, para acordar voluntariamente actuaciones que
mejoren el ejercicio de las competencias que cada Administración Pública tiene.
2. Los órganos de cooperación se regirán por lo dispuesto en esta Ley y por las
disposiciones específicas que les sean de aplicación.
3. Los órganos de cooperación entre distintas Administraciones Públicas en los que
participe la Administración General del Estado, deberán inscribirse en el Registro estatal
de Órganos e Instrumentos de Cooperación para que resulte válida su sesión constitutiva.
4. Los órganos de cooperación, salvo oposición por alguna de las partes, podrán
adoptar acuerdos a través de un procedimiento simplificado y por suscripción sucesiva de
las partes, por cualquiera de las formas admitidas en Derecho, en los términos que se
establezcan de común acuerdo.
Artículo 146. Conferencia de Presidentes.
1. La Conferencia de Presidentes es un órgano de cooperación multilateral entre el
Gobierno de la Nación y los respectivos Gobiernos de las Comunidades Autónomas y está
formada por el Presidente del Gobierno, que la preside, y por los Presidentes de las
Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
2. La Conferencia de Presidentes tiene por objeto la deliberación de asuntos y la
adopción de acuerdos de interés para el Estado y las Comunidades Autónomas, estando
asistida para la preparación de sus reuniones por un Comité preparatorio del que forman
parte un Ministro del Gobierno, que lo preside, y un Consejero de cada Comunidad
Autónoma.
Artículo 147. Conferencias Sectoriales.
1. La Conferencia Sectorial es un órgano de cooperación, de composición multilateral
y ámbito sectorial determinado, que reúne, como Presidente, al miembro del Gobierno
que, en representación de la Administración General del Estado, resulte competente por
razón de la materia, y a los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno, en
representación de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
2. Las Conferencias Sectoriales, u órganos sometidos a su régimen jurídico con otra
denominación, habrán de inscribirse en el Registro Electrónico estatal de Órganos e
Instrumentos de Cooperación para su válida constitución.
3. Cada Conferencia Sectorial dispondrá de un reglamento de organización y
funcionamiento interno aprobado por sus miembros.
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Artículo 148. Funciones de las Conferencias Sectoriales.
1. Las Conferencias Sectoriales pueden ejercer funciones consultivas, decisorias o
de coordinación orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes.
2. En particular, las Conferencias Sectoriales ejercerán, entre otras, las siguientes
funciones:
a) Ser informadas sobre los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos
del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas
cuando afecten de manera directa al ámbito competencial de las otras Administraciones
Públicas o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable, bien a través de su
pleno o bien a través de la comisión o el grupo de trabajo mandatado al efecto.
b) Establecer planes específicos de cooperación entre Comunidades Autónomas en
la materia sectorial correspondiente, procurando la supresión de duplicidades, y la
consecución de una mejor eficiencia de los servicios públicos.
c) Intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las distintas
Administraciones Públicas, en ejercicio de sus competencias, y que puedan afectar a las
otras Administraciones.
d) Establecer mecanismos de intercambio de información, especialmente de
contenido estadístico.
e) Acordar la organización interna de la Conferencia Sectorial y de su método de trabajo.
f) Fijar los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los
créditos presupuestarios, así como su distribución al comienzo del ejercicio económico, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
Artículo 149. Convocatoria de las reuniones de las Conferencias Sectoriales.
1. Corresponde al Ministro que presida la Conferencia Sectorial acordar la
convocatoria de las reuniones por iniciativa propia, al menos una vez al año, o cuando lo
soliciten, al menos, la tercera parte de sus miembros. En este último caso, la solicitud
deberá incluir la propuesta de orden del día.
2. La convocatoria, que deberá acompañarse de los documentos necesarios con la
suficiente antelación, deberá contener el orden del día previsto para cada sesión, sin que
puedan examinarse asuntos que no figuren en el mismo, salvo que todos los miembros de
la Conferencia Sectorial manifiesten su conformidad. El orden del día de cada reunión será
propuesto por el Presidente y deberá especificar el carácter consultivo, decisorio o de
coordinación de cada uno de los asuntos a tratar.
3. Cuando la conferencia sectorial hubiera de reunirse con el objeto exclusivo de
informar un proyecto normativo, la convocatoria, la constitución y adopción de acuerdos
podrá efectuarse por medios electrónicos, telefónicos o audiovisuales, que garanticen la
intercomunicación entre ellos y la unidad de acto, tales como la videoconferencia o el
correo electrónico, entendiéndose los acuerdos adoptados en el lugar donde esté la
presidencia, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de
funcionamiento interno de la conferencia sectorial.
De conformidad con lo previsto en este apartado la elaboración y remisión de actas
podrá realizarse a través de medios electrónicos.
Artículo 150. Secretaría de las Conferencias Sectoriales.
1. Cada Conferencia Sectorial tendrá un secretario que será designado por el
Presidente de la Conferencia Sectorial.
2. Corresponde al secretario de la Conferencia Sectorial, al menos, las siguientes
funciones:
a) Preparar las reuniones y asistir a ellas con voz pero sin voto.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Conferencia Sectorial por orden del
Presidente.
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c) Recibir los actos de comunicación de los miembros de la Conferencia Sectorial y,
por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de
escritos de los que deba tener conocimiento.
d) Redactar y autorizar las actas de las sesiones.
e) Expedir certificaciones de las consultas, recomendaciones y acuerdos aprobados
y custodiar la documentación generada con motivo de la celebración de sus reuniones.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario.
Artículo 151. Clases de decisiones de la Conferencia Sectorial.
1. La adopción de decisiones requerirá la previa votación de los miembros de la
Conferencia Sectorial. Esta votación se producirá por la representación que cada
Administración Pública tenga y no por los distintos miembros de cada una de ellas.
2. Las decisiones que adopte la Conferencia Sectorial podrán revestir la forma de:
a) Acuerdo: supone un compromiso de actuación en el ejercicio de las respectivas
competencias. Son de obligado cumplimiento y directamente exigibles de acuerdo con lo
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, salvo para quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirlos
con posterioridad. El acuerdo será certificado en acta.
Cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación, de
acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias del ámbito material
respectivo, el Acuerdo que se adopte en la Conferencia Sectorial, y en el que se incluirán
los votos particulares que se hayan formulado, será de obligado cumplimiento para todas
las Administraciones Públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia
del sentido de su voto, siendo exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio. El acuerdo será certificado en acta.
Las Conferencias Sectoriales podrán adoptar planes conjuntos, de carácter multilateral,
entre la Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas, para
comprometer actuaciones conjuntas para la consecución de los objetivos comunes, que
tendrán la naturaleza de Acuerdo de la conferencia sectorial y se publicarán en el «Boletín
Oficial del Estado».
El acuerdo aprobatorio de los planes deberá especificar, según su naturaleza, los
siguientes elementos, de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria:
1.º 2.º 3.º 4.º 5.º Los objetivos de interés común a cumplir.
Las actuaciones a desarrollar por cada Administración.
Las aportaciones de medios personales y materiales de cada Administración.
Los compromisos de aportación de recursos financieros.
La duración, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y modificación.
b) Recomendación: tiene como finalidad expresar la opinión de la Conferencia
Sectorial sobre un asunto que se somete a su consulta. Los miembros de la Conferencia
Sectorial se comprometen a orientar su actuación en esa materia de conformidad con lo
previsto en la Recomendación salvo quienes hayan votado en contra mientras no decidan
suscribirla con posterioridad. Si algún miembro se aparta de la Recomendación, deberá
motivarlo e incorporar dicha justificación en el correspondiente expediente.
1. La Comisión Sectorial es el órgano de trabajo y apoyo de carácter general de la
Conferencia Sectorial, estando constituida por el Secretario de Estado u órgano superior
de la Administración General del Estado designado al efecto por el Ministro correspondiente,
que la presidirá, y un representante de cada Comunidad Autónoma, así como un
representante de la Ciudad de Ceuta y de la Ciudad Melilla. El ejercicio de las funciones
propias de la secretaría de la Comisión Sectorial corresponderá a un funcionario del
Ministerio correspondiente.
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Artículo 152. Comisiones Sectoriales y Grupos de trabajo.
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Si así se prevé en el reglamento interno de funcionamiento de la Conferencia
Sectorial, las comisiones sectoriales y grupos de trabajo podrán funcionar de forma
electrónica o por medios telefónicos o audiovisuales, que garanticen la intercomunicación
entre ellos y la unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo electrónico,
entendiendo los acuerdos adoptados en el lugar donde esté la presidencia, de acuerdo
con el procedimiento que se establezca en el reglamento de funcionamiento interno de
la Conferencia Sectorial.
2. La Comisión Sectorial ejercerá las siguientes funciones:
a) La preparación de las reuniones de la Conferencia Sectorial, para lo que tratará
los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria.
b) El seguimiento de los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial.
c) El seguimiento y evaluación de los Grupos de trabajo constituidos.
d) Cualquier otra que le encomiende la Conferencia Sectorial.
3. Las Conferencias Sectoriales podrán crear Grupos de trabajo, de carácter
permanente o temporal, formados por Directores Generales, Subdirectores Generales o
equivalentes de las diferentes Administraciones Públicas que formen parte de dicha
Conferencia, para llevar a cabo las tareas técnicas que les asigne la Conferencia Sectorial
o la Comisión Sectorial. A estos grupos de trabajo podrán ser invitados expertos de
reconocido prestigio en la materia a tratar.
El director del Grupo de trabajo, que será un representante de la Administración
General del Estado, podrá solicitar con el voto favorable de la mayoría de sus miembros,
la participación en el mismo de las organizaciones representativas de intereses afectados,
con el fin de recabar propuestas o formular consultas.
Artículo 153. Comisiones Bilaterales de Cooperación.
1. Las Comisiones Bilaterales de Cooperación son órganos de cooperación de
composición bilateral que reúnen, por un número igual de representantes, a miembros del
Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y miembros del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o representantes de la Ciudad de Ceuta
o de la Ciudad de Melilla.
2. Las Comisiones Bilaterales de Cooperación ejercen funciones de consulta y
adopción de acuerdos que tengan por objeto la mejora de la coordinación entre las
respectivas Administraciones en asuntos que afecten de forma singular a la Comunidad
Autónoma, a la Ciudad de Ceuta o a la Ciudad de Melilla.
3. Para el desarrollo de su actividad, las Comisiones Bilaterales de Cooperación
podrán crear Grupos de trabajo y podrán convocarse y adoptar acuerdos por
videoconferencia o por medios electrónicos.
4. Las decisiones adoptadas por las Comisiones Bilaterales de Cooperación
revestirán la forma de Acuerdos y serán de obligado cumplimiento, cuando así se prevea
expresamente, para las dos Administraciones que lo suscriban y en ese caso serán
exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio. El acuerdo será
certificado en acta.
5. Lo previsto en este artículo será de aplicación sin perjuicio de las peculiaridades
que, de acuerdo con las finalidades básicas previstas, se establezcan en los Estatutos de
Autonomía en materia de organización y funciones de las comisiones bilaterales.
Artículo 154. Comisiones Territoriales de Coordinación.
1. Cuando la proximidad territorial o la concurrencia de funciones administrativas así
lo requiera, podrán crearse Comisiones Territoriales de Coordinación, de composición
multilateral, entre Administraciones cuyos territorios sean coincidentes o limítrofes, para
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mejorar la coordinación de la prestación de servicios, prevenir duplicidades y mejorar la
eficiencia y calidad de los servicios. En función de las Administraciones afectadas por
razón de la materia, estas Comisiones podrán estar formadas por:
a) Representantes de la Administración General del Estado y representantes de las
Entidades Locales.
b) Representantes de las Comunidades Autónomas y representantes de las
Entidades locales.
c) Representantes de la Administración General del Estado, representantes de las
Comunidades Autónomas y representantes de las Entidades Locales.
2. La decisiones adoptadas por las Comisiones Territoriales de Cooperación
revestirán la forma de Acuerdos, que serán certificados en acta y serán de obligado
cumplimiento para las Administraciones que lo suscriban y exigibles conforme a lo
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio.
3. El régimen de las convocatorias y la secretaría será el mismo que el establecido
para las Conferencias Sectoriales en los artículos 149 y 150, salvo la regla prevista sobre
quién debe ejercer las funciones de secretario, que se designará según su reglamento
interno de funcionamiento.
CAPÍTULO IV
Relaciones electrónicas entre las Administraciones
Artículo 155. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.
1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, cada
Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los
datos relativos a los interesados que obren en su poder, especificando las condiciones,
protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con
las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad.
2. La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a aquellos que son
requeridos a los interesados por las restantes Administraciones para la tramitación y
resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la
normativa reguladora de los mismos.
3. La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las
Entidades Locales, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos
ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes con el fin de
crear una red de comunicaciones que interconecte los sistemas de información de las
Administraciones Públicas y permita el intercambio de información y servicios entre las
mismas, así como la interconexión con las redes de las instituciones de la Unión Europea
y de otros Estados Miembros.
Artículo 156. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad.
1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y
recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la
información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por
las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la
interoperabilidad.
2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de
seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está
constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente
la seguridad de la información tratada.
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Artículo 157. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración.
1. Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite
las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación
y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la
que estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma. Las Administraciones
cedentes y cesionarias podrán acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación
de las aplicaciones cedidas.
2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas
como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el
funcionamiento de la Administración Pública o se fomente con ello la incorporación de los
ciudadanos a la Sociedad de la información.
3. Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al
mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, tanto si se realiza con
medios propios o por la contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar
en el directorio general de aplicaciones, dependiente de la Administración General del
Estado, si existen soluciones disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer total
o parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir, y
siempre que los requisitos tecnológicos de interoperabilidad y seguridad así lo permitan.
En este directorio constarán tanto las aplicaciones disponibles de la Administración
General del Estado como las disponibles en los directorios integrados de aplicaciones del
resto de Administraciones.
En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las
Administraciones Públicas estarán obligadas a su uso, salvo que la decisión de no
reutilizarla se justifique en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Artículo 158. Transferencia de tecnología entre Administraciones.
1. Las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones
para su libre reutilización, de conformidad con lo dispuesto en el Esquema Nacional de
Interoperabilidad. Estos directorios deberán ser plenamente interoperables con el directorio
general de la Administración General del Estado, de modo que se garantice su
compatibilidad informática e interconexión.
2. La Administración General del Estado, mantendrá un directorio general de
aplicaciones para su reutilización, prestará apoyo para la libre reutilización de aplicaciones
e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes en el marco de
los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.
Disposición adicional primera. Administración de los Territorios Históricos del País Vasco.
En la Comunidad Autónoma del País Vasco, a efectos de lo dispuesto en el artículo
segundo, se entenderá por Administraciones Públicas las Diputaciones Forales y las
Administraciones institucionales de ellas dependientes o vinculadas.
Disposición adicional segunda. Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y
Melilla.
1. En las Ciudades de Ceuta y Melilla existirá un Delegado del Gobierno que
representará al Gobierno de la Nación en su territorio.
2. Las disposiciones contenidas en la presente Ley que hagan referencia a los
Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas se deberán entender también
referidas a los Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
3. En las Ciudades de Ceuta y Melilla existirá una Comisión de asistencia al Delegado
del Gobierno, presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los
responsables de los servicios territoriales. A sus sesiones deberán asistir los titulares de
los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados que el Delegado
del Gobierno considere oportuno.
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Disposición adicional tercera. Relaciones con las ciudades de Ceuta y Melilla.
Lo dispuesto en esta Ley sobre las relaciones entre la Administración General del
Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas será de aplicación a las
relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla en la medida en que afecte al ejercicio de
las competencias estatutariamente asumidas.
Disposición adicional cuarta. Adaptación de entidades y organismos públicos existentes
en el ámbito estatal.
Todas las entidades y organismos públicos que integran el sector público estatal
existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán adaptarse al
contenido de la misma en el plazo de tres años a contar desde su entrada en vigor,
rigiéndose hasta que se realice la adaptación por su normativa específica.
La adaptación se realizará preservando las actuales especialidades de los organismos
y entidades en materia de personal, patrimonio, régimen presupuestario, contabilidad,
control económico-financiero y de operaciones como agente de financiación, incluyendo,
respecto a estas últimas, el sometimiento, en su caso, al ordenamiento jurídico privado.
Las especialidades se preservarán siempre que no hubieran generado deficiencias
importantes en el control de ingresos y gastos causantes de una situación de desequilibrio
financiero en el momento de su adaptación.
Las entidades que no tuvieran la consideración de poder adjudicador, preservarán esta
especialidad en tanto no se oponga a la normativa comunitaria.
Las entidades que tengan como fines la promoción de la internacionalización de la
economía y de la empresa española preservarán además y con las mismas limitaciones
las especialidades en materia de ayudas en tanto no se opongan a la normativa
comunitaria.
Disposición adicional quinta. Gestión compartida de servicios comunes de los organismos
públicos estatales existentes.
1. Los organismos públicos integrantes del sector público estatal a la entrada en
vigor de esta ley compartirán la organización y gestión de sus servicios comunes salvo que
la decisión de no compartirlos se justifique, en una memoria elaborada al efecto y que se
dirigirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en términos de eficiencia,
conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, en razones de seguridad
nacional, o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios que deban
prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo público.
2. La organización y gestión compartida de los servicios comunes a los que se refiere
el artículo 95 podrá realizarse de las formas siguientes:
a) Mediante su coordinación por el departamento con competencias en materia de
Hacienda pública o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo.
b) Mediante su coordinación por el departamento al que esté vinculado o del que
dependa el organismo público.
c) Mediante su coordinación por el organismo público al que esté vinculado o del que
dependa a su vez el organismo público.
Disposición adicional sexta. Transformación de los medios propios estatales existentes.
Todas las entidades y organismos públicos que en el momento de la entrada en vigor
de esta Ley tengan la condición de medio propio en el ámbito estatal deberán adaptarse a
lo previsto en esta Ley en el plazo de seis meses a contar desde su entrada en vigor.
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Disposición adicional séptima. Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de
Cooperación.
1. La Administración General del Estado mantendrá actualizado un registro
electrónico de los órganos de cooperación en los que participa ella o alguno de sus
organismos públicos o entidades vinculados o dependientes y de convenios celebrados
con el resto de Administraciones Públicas. Este registro será dependiente de la Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas.
2. La creación, modificación o extinción de los órganos de cooperación, así como la
suscripción, extinción, prórroga o modificación de cualquier convenio celebrado por la
Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades
vinculados o dependientes deberá ser comunicada por el órgano de ésta que lo haya
suscrito, en el plazo de quince días desde que ocurra el hecho inscribible, al Registro
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.
3. Los Departamentos Ministeriales que ejerzan la Secretaría de los órganos de
cooperación deberán comunicar al registro antes del 30 de enero de cada año los órganos
de cooperación que hayan extinguido.
4. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas elevará anualmente al
Consejo de Ministros un informe sobre la actividad de los órganos de cooperación
existentes, así como sobre los convenios vigentes a partir de los datos y análisis
proporcionados por el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de
Cooperación.
5. Los órganos de cooperación y los convenios vigentes disponen del plazo de seis
meses, a contar desde la entrada en vigor de la Ley, para solicitar su inscripción en este
Registro.
6. Los órganos de cooperación que no se hayan reunido en un plazo de cinco años
desde su creación o en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta ley
quedarán extinguidos.
Disposición adicional octava. Adaptación de los convenios vigentes suscritos por
cualquier Administración Pública e inscripción de organismos y entidades en el
Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.
1. Todos los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública o
cualquiera de sus organismos o entidades vinculados o dependientes deberán adaptarse
a lo aquí previsto en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley.
No obstante, esta adaptación será automática, en lo que se refiere al plazo de vigencia
del convenio, por aplicación directa de las reglas previstas en el artículo 49.h).1.º para los
convenios que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran
establecida una prórroga tácita por tiempo indefinido en el momento de la entrada en vigor
de esta Ley. En estos casos el plazo de vigencia del convenio será de cuatro años a contar
desde la entrada en vigor de la presente Ley.
2. Todos los organismos y entidades, vinculados o dependientes de cualquier
Administración Pública y cualquiera que sea su naturaleza jurídica, existentes en el
momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán estar inscritos en el Inventario de
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local en el plazo de tres meses a
contar desde dicha entrada en vigor.
Disposición adicional novena. Comisión Sectorial de administración electrónica.
1. La Comisión Sectorial de administración electrónica, dependiente de la Conferencia
Sectorial de Administración Pública, es el órgano técnico de cooperación de la
Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales en materia de administración electrónica.
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Sec. I. Pág. 89493
2. El Comisión Sectorial de la administración electrónica desarrollará, al menos, las
siguientes funciones:
a) Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones
empleados por las Administraciones Públicas.
b) Impulsar el desarrollo de la administración electrónica en España.
c) Asegurar la cooperación entre las Administraciones Públicas para proporcionar
información administrativa clara, actualizada e inequívoca.
3. Cuando por razón de las materias tratadas resulte de interés, podrá invitarse a las
organizaciones, corporaciones o agentes sociales que se estime conveniente en cada
caso a participar en las deliberaciones de la Comisión Sectorial.
Disposición adicional décima. Aportaciones a los consorcios.
Cuando las Administraciones Públicas o cualquiera de sus organismos públicos o
entidades vinculados o dependientes sean miembros de un consorcio, no estarán
obligados a efectuar la aportación al fondo patrimonial o la financiación a la que se hayan
comprometido para el ejercicio corriente si alguno de los demás miembros del consorcio
no hubiera realizado la totalidad de sus aportaciones dinerarias correspondientes a
ejercicios anteriores a las que estén obligados.
Disposición adicional undécima. Conflictos de atribuciones intraministeriales.
1. Los conflictos positivos o negativos de atribuciones entre órganos de un mismo
Ministerio serán resueltos por el superior jerárquico común en el plazo de diez días, sin
que quepa recurso alguno.
2. En los conflictos positivos, el órgano que se considere competente requerirá de
inhibición al que conozca del asunto, quien suspenderá el procedimiento por un plazo de
diez días. Si dentro de dicho plazo acepta el requerimiento, remitirá el expediente al órgano
requirente. En caso de considerarse competente, remitirá acto seguido las actuaciones al
superior jerárquico común.
3. En los conflictos negativos, el órgano que se estime incompetente remitirá
directamente las actuaciones al órgano que considere competente, quien decidirá en el
plazo de diez días y, en su caso, de considerarse, asimismo, incompetente, remitirá acto
seguido el expediente con su informe al superior jerárquico común.
4. Los interesados en el procedimiento plantearán estos conflictos de acuerdo a lo
establecido en el artículo 14.
Disposición adicional duodécima. Régimen Jurídico de las Autoridades Portuarias y
Puertos del Estado.
Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado se regirán por su legislación
específica, por las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, que les sean de
aplicación y, supletoriamente, por lo establecido en esta Ley.
Disposición adicional decimotercera. Régimen jurídico de las Entidades gestoras y
servicios comunes de la Seguridad Social.
1. A las Entidades gestoras, servicios comunes y otros organismos o entidades que
conforme a la Ley integran la Administración de la Seguridad Social, les será de aplicación
las previsiones de esta Ley relativas a los organismos autónomos, salvo lo dispuesto en el
párrafo siguiente.
2. El régimen de personal, económico-financiero, patrimonial, presupuestario y
contable, de participación en la gestión, así como la asistencia jurídica, será el establecido
por su legislación específica, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, en las materias que sea de aplicación, y supletoriamente por esta Ley.
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Sec. I. Pág. 89494
Disposición adicional decimocuarta. La organización militar y las Delegaciones de
Defensa.
1. La organización militar se rige por su legislación específica y por las bases
establecidas en la ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.
2. Las Delegaciones de Defensa permanecerán integradas en el Ministerio de
Defensa y se regirán por su normativa específica.
Disposición adicional decimoquinta. Personal militar de las Fuerzas Armadas y del
Centro Nacional de Inteligencia.
Las referencias que en los artículos 63, 65, 66 y 67 de esta ley se realizan a los
funcionarios de carrera pertenecientes al Subgrupo A1 comprenderán al personal militar
de las Fuerzas Armadas perteneciente a cuerpos y escalas con una categoría equivalente
a aquélla.
Dichas previsiones normativas serán igualmente aplicables al personal del Centro
Nacional de Inteligencia perteneciente al Subgrupo A1, según su normativa estatutaria.
Disposición adicional decimosexta. Servicios territoriales integrados en las Delegaciones
del Gobierno.
Los servicios territoriales que, a la entrada en vigor de esta Ley, estuviesen integrados
en las Delegaciones del Gobierno continuarán en esta situación, siendo aplicable a los
mismos lo previsto en la presente Ley.
Disposición adicional decimoséptima. Régimen jurídico de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria se regirá por su legislación específica
y únicamente de forma supletoria y en tanto resulte compatible con su legislación
específica por lo previsto en esta Ley.
El acceso, la cesión o la comunicación de información de naturaleza tributaria se
regirán en todo caso por su legislación específica.
Disposición adicional decimoctava. Régimen jurídico del Centro Nacional de Inteligencia.
La actuación administrativa de los órganos competentes del Centro Nacional de
Inteligencia se regirá por lo previsto en su normativa específica y en lo no previsto en ella,
en cuanto sea compatible con su naturaleza y funciones propias, por lo dispuesto en la
presente Ley.
Disposición adicional decimonovena. Régimen jurídico del Banco de España.
El Banco de España en su condición de banco central nacional se regirá, en primer
término, por lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los
Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, el
Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013 y la Ley 13/1994,
de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España.
En lo no previsto en las referidas normas y en cuanto sea compatible con su naturaleza
y funciones será de aplicación lo previsto en la presente Ley.
Disposición adicional vigésima. Régimen jurídico del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria tendrá la consideración de autoridad
administrativa independiente de conformidad con lo previsto en esta Ley.
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Sec. I. Pág. 89495
Disposición adicional vigesimoprimera. Órganos Colegiados de Gobierno.
Las disposiciones previstas en esta Ley relativas a los órganos colegiados no serán de
aplicación a los órganos Colegiados del Gobierno de la Nación, los órganos colegiados de
Gobierno de las Comunidades Autónomas y los órganos colegiados de gobierno de las
Entidades Locales.
Disposición adicional vigesimosegunda. Actuación administrativa de los órganos
constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos.
La actuación administrativa de los órganos competentes del Congreso de los
Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal
Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas
al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, se regirá por lo previsto en su normativa
específica, en el marco de los principios que inspiran la actuación administrativa de
acuerdo con esta Ley.
Disposición transitoria primera. Composición y clasificación del sector público
institucional.
La composición y clasificación del sector público institucional estatal prevista en el
artículo 84 se aplicará únicamente a los organismos públicos y las entidades integrantes
del sector público institucional estatal que se creen tras la entrada en vigor de la Ley y a
los que se hayan adaptado de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta.
Disposición transitoria segunda. Entidades y organismos públicos existentes.
1. Todos los organismos y entidades integrantes del sector público estatal en el
momento de la entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose por su normativa
específica, incluida la normativa presupuestaria que les resultaba de aplicación, hasta
su adaptación a lo dispuesto en la Ley de acuerdo con lo previsto en la disposición
adicional cuarta.
2. No obstante, en tanto no resulte contrario a su normativa específica:
a) Los organismos públicos existentes en el momento de la entrada en vigor de esta
Ley y desde ese momento aplicarán los principios establecidos en el Capítulo I del Título II,
el régimen de control previsto en el artículo 85 y 92.2, y lo dispuesto en los
artículos 87, 94, 96, 97 si se transformaran fusionaran, disolvieran o liquidaran tras la
entrada en vigor de esta Ley.
b) Las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, fundaciones y fondos sin
personalidad jurídica existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley aplicarán
desde ese momento, respectivamente, lo previsto en el Capítulo V, Capítulo VI, Capítulo VII
y Capítulo VIII del Título II.
Disposición transitoria tercera. Procedimientos de elaboración de normas en la
Administración General del Estado.
Los procedimientos de elaboración de normas que se hallaren en tramitación en la
Administración General del Estado a la entrada en vigor de esta Ley se sustanciarán de
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en el momento en que se iniciaron.
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de las modificaciones introducidas en
la disposición final novena.
Lo dispuesto en la disposición final novena será de aplicación a los expedientes de
contratación iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de dicha disposición. A estos
efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera
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Sec. I. Pág. 89496
publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato.
En el caso de procedimientos negociados, para determinar el momento de iniciación se
tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan,
contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley y, en especial:
a) El artículo 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
b) El artículo 110 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
c) Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado.
d) Los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
e) Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios
públicos.
f) Los artículos 12, 13, 14 y 15 y disposición adicional sexta de la Ley 15/2014, de 16
de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa.
g) El artículo 6.1.f), la disposición adicional tercera, la disposición transitoria segunda
y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos.
h) Los artículos 37, 38, 39 y 40 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se
aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales.
Hasta que, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta, concluya el
plazo de adaptación de las agencias existentes en el sector público estatal, se mantendrá
en vigor la Ley 28/2006, de 18 de julio.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del
Patrimonio Nacional.
El apartado uno del artículo octavo de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del
Patrimonio Nacional, quedará redactado en la forma siguiente:
«Uno. El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional estará constituido
por su Presidente, el Gerente y por un número de Vocales no superior a trece, todos
los cuales deberán ser profesionales de reconocido prestigio. Al Presidente y al
Gerente les será de aplicación lo establecido en el artículo 2 de la Ley 3/2015, de 30
de marzo, reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del
Estado, debiendo realizarse su nombramiento entre funcionarios de carrera del
Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes
a cuerpos clasificados en el Subgrupo A1.
Dos de los Vocales, al menos, deberán de provenir de instituciones museísticas
y culturales de reconocido prestigio y proyección internacional. Igualmente, en dos
de los Vocales, al menos, habrá de concurrir la condición de Alcaldes de
Ayuntamientos en cuyo término municipal radiquen bienes inmuebles históricos del
Patrimonio Nacional.
El Presidente, el Gerente y los demás miembros del Consejo de Administración
serán nombrados mediante Real Decreto, previa deliberación del Consejo de
Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno.»
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Sec. I. Pág. 89497
Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de
diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera.
Uno. Se añade un nuevo apartado tres a la disposición adicional sexta,
renumerándose los apartados tres a seis como cuatro a siete. El apartado tres tendrá la
siguiente redacción:
«Tres. Consejo General.
1. El Instituto de Crédito Oficial estará regido por un Consejo General, que
tendrá a su cargo la superior dirección de su administración y gestión.
2. El Consejo General estará formado por el Presidente de la entidad, que lo
será también del Consejo, y diez Vocales, y estará asistido por el Secretario y, en su
caso, el Vicesecretario del mismo.
Todos los integrantes del Consejo General actuarán siempre en interés del
Instituto de Crédito Oficial en el ejercicio de sus funciones como miembros del
Consejo General.
3. El nombramiento y cese de los Vocales del Consejo General corresponde al
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, que
los designará entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en
el ámbito de actividad del Instituto de Crédito Oficial.
4. Cuatro de los diez Vocales del Consejo serán independientes. A tal efecto, se
entenderá independiente aquél que no sea personal al servicio del Sector Público.
5. El mandato de los vocales independientes será de tres años, tras el cual
cabrá una sola reelección.
Reglamentariamente se establecerán las causas de cese de dichos Vocales, así
como el régimen jurídico al que quedan sometidos los integrantes del Consejo General.
6. Cada uno de los Vocales independientes dispondrá de dos votos
exclusivamente para la adopción de acuerdos relativos a operaciones financieras de
activo y pasivo propias del negocio del Instituto.»
Dos. Se añade una nueva disposición transitoria, que tendrá la siguiente redacción:
«Disposición transitoria quinta. Operaciones y atribuciones vigentes.
La modificación de la disposición adicional sexta del Real Decreto-Ley 12/1995,
de 28 de diciembre, introducida por la disposición final segunda de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no afectará al régimen de
las operaciones del Instituto de Crédito Oficial actualmente en vigor, sin que por ello
se modifiquen los términos y condiciones de los contratos y convenios suscritos.
Adicionalmente, se mantendrán las atribuciones, poderes y delegaciones
conferidas por el Consejo General en otras autoridades y órganos del Instituto de
Crédito Oficial hasta que el Consejo General decida, en su caso, su revisión.
Los Consejeros que, a la entrada en vigor de la disposición final segunda de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, formasen
parte del Consejo General del Instituto de Crédito Oficial continuarán en el ejercicio
de sus funciones hasta que se nombre a quienes hubieran de sucederles.»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, queda modificada en los siguientes
términos:
Uno. El apartado segundo del artículo 4 queda redactado en los siguientes términos:
«2. Además de los Ministros titulares de un Departamento, podrán existir
Ministros sin cartera, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas
funciones gubernamentales. En caso de que existan Ministros sin cartera, por Real
Decreto se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa,
así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo.»
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Sec. I. Pág. 89498
Dos. Se modifica el artículo 5 que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 5. Del Consejo de Ministros.
1. Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le
corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o,
en su caso, al Senado.
b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
c) Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos.
d) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su
aplicación provisional.
e) Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos
previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución.
f) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de
los Diputados la declaración del estado de sitio.
g) Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido
autorizado por una Ley.
h) Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes,
previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones
reglamentarias que procedan.
i) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos
Ministeriales.
j) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos
de la Administración General del Estado.
k) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y
cualquier otra disposición.
2. A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de
Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello.
3. Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas.»
Tres. El apartado segundo del artículo 6 queda redactado en los siguientes términos:
«2. El Real Decreto de creación de una Comisión Delegada deberá especificar,
en todo caso:
a) El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisión.
b) Los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la
integran.
c) Las funciones que se atribuyen a la Comisión.
d) El miembro de la Comisión al que corresponde la Secretaría de la misma.
e) El régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y
suplencias.»
Cuatro. El apartado segundo del artículo 7 queda redactado en los siguientes
términos:
«2. Actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan.
Cuando estén adscritos a la Presidencia del Gobierno, actúan bajo la dirección del
Presidente.»
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Sec. I. Pág. 89499
Cinco. El artículo 8 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 8. De la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
1. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará
integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de
los distintos Departamentos Ministeriales.
Asistirá igualmente el Abogado General del Estado y aquellos altos cargos con
rango de Secretario de Estado o Subsecretario que sean convocados por el
Presidente por razón de la materia de que se trate.
2. La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios corresponde a un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al
Ministro de la Presidencia. En caso de ausencia del Presidente de la Comisión, la
presidencia recaerá en el Ministro que corresponda según el orden de precedencia
de los Departamentos ministeriales. No se entenderá por ausencia la interrupción
transitoria en la asistencia a la reunión de la Comisión. En ese caso, las funciones
que pudieran corresponder al Presidente serán ejercidas por la siguiente autoridad
en rango presente, de conformidad con el orden de precedencia de los distintos
Departamentos ministeriales.
3. La Secretaría de la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios será ejercida por el Subsecretario de la Presidencia. En caso de
ausencia, vacante o enfermedad, actuará como Secretario el Director del
Secretariado del Gobierno.
4. Las deliberaciones de la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios serán reservadas. En ningún caso la Comisión podrá adoptar
decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno.
5. Corresponde a la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios:
a) El examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del
Consejo de Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a cualquiera de
los empleos de la categoría de oficiales generales y aquéllos que, excepcionalmente
y por razones de urgencia, deban ser sometidos directamente al Consejo de
Ministros.
b) El análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del
Consejo de Ministros o sus Comisiones Delegadas, afecten a varios Ministerios y
sean sometidos a la Comisión por su presidente.»
Seis. Se modifica el artículo 9 que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 9. Del Secretariado del Gobierno.
1. El Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de
Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de
Secretarios de Estado y Subsecretarios, ejercerá las siguientes funciones:
a) La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros.
b) La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos
colegiados anteriormente enumerados.
c) La colaboración con las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas
del Gobierno.
d) El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las
reuniones.
e) Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a
las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las
disposiciones aprobadas por el Gobierno.
f) Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas
emanadas del Gobierno que deban insertarse en el “Boletín Oficial del Estadoˮ.
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Sec. I. Pág. 89500
2. Asimismo, el Secretariado del Gobierno, como órgano de asistencia al
Ministro de la Presidencia, ejercerá las siguientes funciones:
a) Los trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes
aprobadas por las Cortes Generales y la expedición de los Reales Decretos.
b) La tramitación de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo
corresponde al Presidente del Gobierno.
c) La tramitación de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico
atribuye a la competencia del Presidente del Gobierno.
3. El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del
Ministerio de la Presidencia, tal como se prevea en el Real Decreto de estructura de
ese Ministerio. El Director del Secretariado del Gobierno ejercerá la secretaría
adjunta de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
4. De conformidad con las funciones que tiene atribuidas y de acuerdo con las
normas que rigen la elaboración de las disposiciones de carácter general, el
Secretariado del Gobierno propondrá al Ministro de la Presidencia la aprobación de
las instrucciones que han de seguirse para la tramitación de asuntos ante los
órganos colegiados del Gobierno y los demás previstos en el apartado segundo de
este artículo. Las instrucciones preverán expresamente la forma de documentar las
propuestas y acuerdos adoptados por medios electrónicos, que deberán asegurar la
identidad de los órganos intervinientes y la fehaciencia del contenido.»
Siete. El artículo 10 queda redactado en los siguientes términos:
«10. De los Gabinetes.
1. Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del
Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado.
Los miembros de los Gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento
especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que
correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o
de las organizaciones adscritas a ella, sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a
órganos colegiados que adopten decisiones administrativas. Asimismo, los
directores de los gabinetes podrán dictar los actos administrativos propios de la
jefatura de la unidad que dirigen.
Particularmente, los Gabinetes prestan su apoyo a los miembros del Gobierno y
Secretarios de Estado en el desarrollo de su labor política, en el cumplimiento de las
tareas de carácter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la
organización administrativa.
El Gabinete de la Presidencia del Gobierno se regulará por Real Decreto del
Presidente en el que se determinará, entre otros aspectos, su estructura y funciones.
El resto de Gabinetes se regulará por lo dispuesto en esta Ley.
2. Los Directores de Gabinete tendrán el nivel orgánico que se determine
reglamentariamente. El resto de miembros del Gabinete tendrán la situación y grado
administrativo que les corresponda en virtud de la legislación correspondiente.
3. Las retribuciones de los miembros de los Gabinetes se determinan por el
Consejo de Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al
efecto adecuándose, en todo caso, a las retribuciones de la Administración General
del Estado.»
Ocho. Se modifica el artículo 11 con la siguiente redacción:
«Artículo 11. De los requisitos de acceso al cargo.
Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad,
disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado
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Sec. I. Pág. 89501
para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de
requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.»
Nueve. El artículo 12 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 12. Del nombramiento y cese.
1. El nombramiento y cese del Presidente del Gobierno se producirá en los
términos previstos en la Constitución.
2. Los Vicepresidentes y Ministros serán nombrados y separados por el Rey, a
propuesta del Presidente del Gobierno. El nombramiento conllevará el cese en el
puesto que, en su caso, se estuviera desempeñando, salvo cuando en el caso de
los Vicepresidentes, se designe como tal a un Ministro que conserve la titularidad
del Departamento. Cuando el cese en el anterior cargo correspondiera al Consejo
de Ministros, se dejará constancia de esta circunstancia en el nombramiento del
nuevo titular. La separación de los Ministros sin cartera llevará aparejada la extinción
de dichos órganos.
3. La separación de los Vicepresidentes del Gobierno llevará aparejada la
extinción de dichos órganos, salvo el caso en que simultáneamente se designe otro
vicepresidente en sustitución del separado.
4. Por Real Decreto se regulará el estatuto que fuera aplicable a los
Presidentes del Gobierno tras su cese.»
Diez. El artículo 13 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 13. De la suplencia.
1. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del
Presidente del Gobierno serán asumidas por los Vicepresidentes, de acuerdo con el
correspondiente orden de prelación, y, en defecto de ellos, por los Ministros, según
el orden de precedencia de los Departamentos.
2. La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de
su competencia, será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno,
debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno. El Real Decreto
expresará entre otras cuestiones la causa y el carácter de la suplencia.
3. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia a la
reunión de un órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran
corresponder al miembro del gobierno durante esa situación serán ejercidas por la
siguiente autoridad en rango presente.»
Once. El artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 20. Delegación y avocación de competencias.
1. Pueden delegar el ejercicio de competencias propias:
a) El Presidente del Gobierno en favor del Vicepresidente o Vicepresidentes y
de los Ministros.
b) Los Ministros en favor de los Secretarios de Estado y de los Subsecretarios
dependientes de ellos, de los Delegados del Gobierno en las Comunidades
Autónomas y de los demás órganos directivos del Ministerio.
2. Asimismo, son delegables a propuesta del Presidente del Gobierno las
funciones administrativas del Consejo de Ministros en las Comisiones Delegadas
del Gobierno.
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Sec. I. Pág. 89502
3. No son en ningún caso delegables las siguientes competencias:
a) Las atribuidas directamente por la Constitución.
b) Las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas al
Consejo de Ministros.
c) Las atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno, con la excepción
prevista en el apartado 2 de este artículo.
d) Las atribuidas por una ley que prohíba expresamente la delegación.
4. El Consejo de Ministros podrá avocar para sí, a propuesta del Presidente
del Gobierno, el conocimiento de un asunto cuya decisión corresponda a las
Comisiones Delegadas del Gobierno.
La avocación se realizará mediante acuerdo motivado al efecto, del que se hará
mención expresa en la decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación.
Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el
que, en su caso, se interponga contra la decisión adoptada.»
Doce. El Título V queda redactado del siguiente modo:
«TÍTULO V
De la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno
Artículo 22. Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del
Gobierno.
El Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con
los principios y reglas establecidos en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el
presente Título.
Artículo 23. Disposiciones de entrada en vigor.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones
de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobación o propuesta
corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a
las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o
profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su
vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación.
Lo previsto en este artículo no será de aplicación a los reales decretos-leyes, ni
cuando el cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas u otras
razones justificadas así lo aconsejen, debiendo quedar este hecho debidamente
acreditado en la respectiva Memoria.
Artículo 24. De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del
Gobierno de la Nación y de sus miembros.
1. Las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros revisten las
formas siguientes:
a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes, las decisiones que
aprueban, respectivamente, las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la
Constitución.
b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno, las disposiciones y actos
cuya adopción venga atribuida al Presidente.
c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, las decisiones que
aprueben normas reglamentarias de la competencia de éste y las resoluciones que
deban adoptar dicha forma jurídica.
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Sec. I. Pág. 89503
d) Acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones de dicho órgano
colegiado que no deban adoptar la forma de Real Decreto.
e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, las
disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados. Tales acuerdos revestirán
la forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia, cuando
la competencia corresponda a distintos Ministros.
f) Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los Ministros.
Cuando la disposición o resolución afecte a varios Departamentos revestirá la forma
de Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros
interesados.
2. Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía:
1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o
acordado en el Consejo de Ministros.
2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
Artículo 25. Plan Anual Normativo.
1. El Gobierno aprobará anualmente un Plan Normativo que contendrá las
iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación
en el año siguiente.
2. El Plan Anual Normativo identificará, con arreglo a los criterios que se
establezcan reglamentariamente, las normas que habrán de someterse a un análisis
sobre los resultados de su aplicación, atendiendo fundamentalmente al coste que
suponen para la Administración o los destinatarios y las cargas administrativas
impuestas a estos últimos.
3. Cuando se eleve para su aprobación por el órgano competente una
propuesta normativa que no figurara en el Plan Anual Normativo al que se refiere el
presente artículo será necesario justificar este hecho en la correspondiente Memoria
del Análisis de Impacto Normativo.
4. El Plan Anual Normativo estará coordinado por el Ministerio de la
Presidencia, con el objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se
tramiten y de evitar sucesivas modificaciones del régimen legal aplicable a un
determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo. El Ministro
de la Presidencia elevará el Plan al Consejo de Ministros para su aprobación antes
del 30 de abril.
Por orden del Ministerio de la Presidencia se aprobarán los modelos que
contengan la información a remitir sobre cada iniciativa normativa para su inclusión
en el Plan.
Artículo 26. Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y
reglamentos.
1. Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen
convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma.
2. Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del
departamento competente, con carácter previo a la elaboración del texto, en la que
se recabará opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y
de las organizaciones más representativas acerca de:
a) b) c) d) Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.
La necesidad y oportunidad de su aprobación.
Los objetivos de la norma.
Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
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La elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto
legislativo y de normas reglamentarias se ajustará al siguiente procedimiento:
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Sec. I. Pág. 89504
Podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este apartado en
el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la
Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o
vinculadas a éstas, cuando concurran razones graves de interés público que lo
justifiquen, o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la
actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o
regule aspectos parciales de una materia. También podrá prescindirse de este
trámite de consulta en el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas, tal y
como se establece en el artículo 27.2. La concurrencia de alguna o varias de estas
razones, debidamente motivadas, se justificarán en la Memoria del Análisis de
Impacto Normativo.
La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales
destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual
deberá proporcionarse un tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a
quince días naturales.
3. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una
Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes
apartados:
a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que
deberá incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la
alternativa de no aprobar ninguna regulación.
b) Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de la
Unión Europea, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán
derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma.
c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución
de competencias.
d) Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias de su
aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el
efecto sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con
la legislación vigente en cada momento sobre estas materias. Este análisis incluirá la
realización del test Pyme de acuerdo con la práctica de la Comisión Europea.
e) Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la
propuesta, se cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para
los obligados a soportarlas con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y
medianas empresas.
f) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que se
puedan seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación
de desigualdades y de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad
de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de
situación de partida, de previsión de resultados y de previsión de impacto.
g) Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de
consulta pública regulado en el apartado 2.
La Memoria del Análisis de Impacto Normativo incluirá cualquier otro extremo
que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente.
4. Cuando la disposición normativa sea un anteproyecto de ley o un proyecto
de real decreto legislativo, cumplidos los trámites anteriores, el titular o titulares de
los Departamentos proponentes lo elevarán, previo sometimiento a la Comisión
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, al Consejo de Ministros, a fin
de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas,
dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los términos de
su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos.
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Sec. I. Pág. 89505
Cuando razones de urgencia así lo aconsejen, y siempre que se hayan
cumplimentado los trámites de carácter preceptivo, el Consejo de Ministros podrá
prescindir de este y acordar la aprobación del anteproyecto de ley o proyecto de real
decreto legislativo y su remisión, en su caso, al Congreso de los Diputados o al
Senado, según corresponda.
5. A lo largo del procedimiento de elaboración de la norma, el centro directivo
competente recabará, además de los informes y dictámenes que resulten
preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar
el acierto y la legalidad del texto.
Salvo que normativamente se establezca otra cosa, los informes preceptivos se
emitirán en un plazo de diez días, o de un mes cuando el informe se solicite a otra
Administración o a un órgano u Organismo dotado de espacial independencia o
autonomía.
El centro directivo competente podrá solicitar motivadamente la emisión urgente
de los informes, estudios y consultas solicitados, debiendo éstos ser emitidos en un
plazo no superior a la mitad de la duración de los indicados en el párrafo anterior.
En todo caso, los anteproyectos de ley, los proyectos de real decreto legislativo
y los proyectos de disposiciones reglamentarias, deberán ser informados por la
Secretaría General Técnica del Ministerio o Ministerios proponentes.
Asimismo, cuando la propuesta normativa afectara a la organización
administrativa de la Administración General del Estado, a su régimen de personal, a
los procedimientos y a la inspección de los servicios, será necesario recabar la
aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes de
ser sometidas al órgano competente para promulgarlos. Si transcurridos 15 días
desde la recepción de la solicitud de aprobación por parte del citado Ministerio no se
hubiera formulado ninguna objeción, se entenderá concedida la aprobación.
Será además necesario informe previo del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas cuando la norma pudiera afectar a la distribución de las
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
6. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa,
cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el
centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con
el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas
aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo,
podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones
reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o
intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación
directa con su objeto.
El plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de 15 días
hábiles, y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones
debidamente motivadas así lo justifiquen; así como cuando se aplique la tramitación
urgente de iniciativas normativas, tal y como se establece en el artículo 27.2. De ello
deberá dejarse constancia en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
El trámite de audiencia e información pública sólo podrá omitirse cuando existan
graves razones de interés público, que deberán justificarse en la Memoria del
Análisis de Impacto Normativo. Asimismo, no será de aplicación a las disposiciones
presupuestarias o que regulen los órganos, cargos y autoridades del Gobierno o de
las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas.
7. Se recabará el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente cuando fuera preceptivo o se considere conveniente.
8. Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de
Ministros para su aprobación y, en caso de proyectos de ley, su remisión al
Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado, acompañándolo de una
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Sec. I. Pág. 89506
Exposición de Motivos y de la documentación propia del procedimiento de
elaboración a que se refieren las letras b) y d) del artículo 7 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno y su normativa de desarrollo.
9. El Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la coordinación y
la calidad de la actividad normativa del Gobierno analizará los siguientes aspectos:
a) La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa.
b) La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico,
nacional y de la Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los distintos
Ministerios o que vayan a hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, así
como con las que se estén tramitando en las Cortes Generales.
c) La necesidad de incluir la derogación expresa de otras normas, así como de
refundir en la nueva otras existentes en el mismo ámbito.
d) El contenido preceptivo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y,
en particular, la inclusión de una sistemática de evaluación posterior de la aplicación
de la norma cuando fuere preceptivo.
e) El cumplimiento de los principios y reglas establecidos en este Título.
f) El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de
reducción de cargas administrativas o buena regulación que se hayan aprobado en
disposiciones o acuerdos de carácter general para la Administración General del
Estado.
g) La posible extralimitación de la iniciativa normativa respecto del contenido
de la norma comunitaria que se trasponga al derecho interno.
Reglamentariamente se determinará la composición del órgano encargado de la
realización de esta función así como su modo de intervención en el procedimiento.
10. Se conservarán en el correspondiente expediente administrativo, en
formato electrónico, la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, los informes y
dictámenes recabados para su tramitación, así como todos los estudios y consultas
emitidas y demás actuaciones practicadas.
11. Lo dispuesto en este artículo y en el siguiente no será de aplicación para la
tramitación y aprobación de decretos-leyes, a excepción de la elaboración de la
memoria prevista en el apartado 3, con carácter abreviado, y lo establecido en los
números 1, 8, 9 y 10.
Artículo 27. Tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la
Administración General del Estado.
1. El Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento al que
corresponda la iniciativa normativa, podrá acordar la tramitación urgente del
procedimiento de elaboración y aprobación de anteproyectos de ley, reales decretos
legislativos y de reales decretos, en alguno de los siguientes casos:
a) Cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido
para la transposición de directivas comunitarias o el establecido en otras leyes o
normas de Derecho de la Unión Europea.
b) Cuando concurran otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo
podido preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma.
La Memoria del Análisis de Impacto Normativo que acompañe al proyecto
mencionará la existencia del acuerdo de tramitación urgente, así como las
circunstancias que le sirven de fundamento.
2. La tramitación por vía de urgencia implicará que:
a) Los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de
elaboración, establecidos en ésta o en otra norma, se reducirán a la mitad de su
duración. Si, en aplicación de la normativa reguladora de los órganos consultivos
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Sec. I. Pág. 89507
que hubieran de emitir dictamen, fuera necesario un acuerdo para requerirlo en
dicho plazo, se adoptará por el órgano competente; y si fuera el Consejo de
Ministros, se recogerá en el acuerdo previsto en el apartado 1 de este artículo.
b) No será preciso el trámite de consulta pública previsto en el artículo 26.2,
sin perjuicio de la realización de los trámites de audiencia pública o de información
pública sobre el texto a los que se refiere el artículo 26.6, cuyo plazo de realización
será de siete días.
c) La falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo no
impedirá la continuación del procedimiento, sin perjuicio de su eventual incorporación
y consideración cuando se reciba.
Artículo 28. Informe anual de evaluación.
1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia,
aprobará, antes del 30 de abril de cada año, un informe anual en el que se refleje el
grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior, las iniciativas
adoptadas que no estaban inicialmente incluidas en el citado Plan, así como las
incluidas en anteriores informes de evaluación con objetivos plurianuales que hayan
producido al menos parte de sus efectos en el año que se evalúa.
2. En el informe se incluirán las conclusiones del análisis de la aplicación de
las normas a que se refiere el artículo 25.2, que, de acuerdo con lo previsto en su
respectiva Memoria, hayan tenido que ser evaluadas en el ejercicio anterior. La
evaluación se realizará en los términos y plazos previstos en la Memoria del Análisis
de Impacto Normativo y deberá comprender, en todo caso:
a) La eficacia de la norma, entendiendo por tal la medida en que ha conseguido
los fines pretendidos con su aprobación.
b) La eficiencia de la norma, identificando las cargas administrativas que
podrían no haber sido necesarias.
c) La sostenibilidad de la disposición.
El informe podrá contener recomendaciones específicas de modificación y, en
su caso, derogación de las normas evaluadas, cuando así lo aconsejase el resultado
del análisis.»
Trece. Se añade un Título VI en el que se incluye el artículo 26 actual, que se
renumera como artículo 29, y que queda redactado del siguiente modo:
«TÍTULO VI
Del control del Gobierno
Artículo 29. Del control de los actos del Gobierno.
1. El Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico
en toda su actuación.
2. Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político
de las Cortes Generales.
3. Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una
vía de hecho del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la presente
Ley son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad
con lo dispuesto en su Ley reguladora.
4. La actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional en
los términos de la Ley Orgánica reguladora del mismo.»
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Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones.
El apartado 2 del artículo 34 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones,
queda redactado en los siguientes términos:
«2. Las funciones de Protectorado respecto de las fundaciones de competencia
estatal serán ejercidas por la Administración General del Estado a través de un
único órgano administrativo, en la forma que reglamentariamente se determine.»
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda modificada en los siguientes términos:
Uno. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado como sigue:
«1. Para solicitar la declaración de concurso están legitimados el deudor,
cualquiera de sus acreedores y el mediador concursal cuando se trate del
procedimiento regulado en el Título X de esta Ley.
Si el deudor fuera persona jurídica, será competente para decidir sobre la
solicitud el órgano de administración o de liquidación.»
Dos. El artículo 34 ter queda redactado como sigue:
«Artículo 34 ter. Régimen de la cuenta de garantía arancelaria.
1. El Ministerio de Justicia gestionará la cuenta de garantía arancelaria en la
forma que se determine reglamentariamente, ya sea directamente o a través de
terceros.
2. La gestión de la cuenta y el control de los ingresos y los cargos se realizará
a través de la aplicación informática que determine el Ministerio de Justicia. La
aplicación dispondrá de los mecanismos adecuados de control, seguridad y
supervisión, y deberá garantizar la autenticidad, confidencialidad, integridad y
disponibilidad de los datos, permitir la disposición de fondos mediante la expedición
de órdenes telemáticas de transferencia y mandamientos de pago, así como
proporcionar información sobre los movimientos y saldos de las cuentas.
3. En los casos de falta de medios informáticos adecuados o imposibilidad
técnica sobrevenida, se podrán emitir mandamientos de pago u órdenes de
transferencia de forma manual utilizando los impresos normalizados.
4. La cuenta de garantía arancelaria permitirá el control de las aportaciones
que corresponden a los administradores concursales. Si en el momento de la
rendición de cuentas el administrador concursal no hubiera realizado los ingresos en
la cuenta a los que estuviera obligado, el secretario judicial le instará a que lo haga
en el plazo de 10 días. Si transcurrido dicho plazo no hubiera cumplido con su
obligación, será dado de baja en la sección cuarta del Registro Público Concursal
hasta que proceda a su abono.»
Tres. El apartado 2 del artículo 34 quáter de la Ley Concursal quedará con la
siguiente redacción:
«2. Antes de la presentación del informe de rendición de cuentas, la
administración concursal deberá ingresar en la cuenta de garantía arancelaria las
aportaciones obligatorias establecidas en el apartado anterior, calculadas sobre las
cantidades efectivamente percibidas. Simultáneamente, la administración concursal
o cada uno de los administradores concursales deberán dar cuenta al secretario
judicial del juzgado donde se tramita el concurso del importe ingresado.»
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Sec. I. Pág. 89509
Cuatro. El punto 6.º del apartado 1, del artículo 90 queda redactado como sigue:
«6.º Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público,
sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un
tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento
con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados.
Los créditos garantizados con prenda constituida sobre créditos futuros sólo
gozarán de privilegio especial cuando concurran los siguientes requisitos antes de
la declaración de concurso:
a) Que los créditos futuros nazcan de contratos perfeccionados o relaciones
jurídicas constituidas con anterioridad a dicha declaración.
b) Que la prenda esté constituida en documento público o, en el caso de
prenda sin desplazamiento de la posesión, se haya inscrito en el registro público
competente.
c) Que, en el caso de créditos derivados de la resolución de contratos de
concesión de obras o de gestión de servicios públicos, cumplan, además, con lo
exigido en el artículo 261.3 del texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.»
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas.
La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
queda modificada en los siguientes términos:
Uno. El apartado 1 del artículo 166, queda redactado como sigue:
«1. Las disposiciones de este título serán de aplicación a las siguientes
entidades:
a) Las entidades públicas empresariales, a las que se refiere la Sección 3.ª del
capítulo III del Título II de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
b) Las entidades de Derecho público vinculadas a la Administración General
del Estado o a sus organismos públicos cuyos ingresos provengan, al menos en
un 50 por ciento, de operaciones realizadas en el mercado.
c) Las sociedades mercantiles estatales, entendiendo por tales aquellas sobre
la que se ejerce control estatal:
1.º Bien porque la participación directa en su capital social de la Administración
General del Estado o algunas de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el
artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público integran el sector
público institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea
superior al 50 por 100. Para la determinación de este porcentaje, se sumarán las
participaciones correspondientes a la Administración General del Estado y a todas
las entidades integradas en el sector público institucional estatal, en el caso de que
en el capital social participen varias de ellas.
2.º Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en
el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores respecto de
la Administración General del Estado o de sus organismos públicos vinculados o
dependientes.»
Dos. El apartado segundo del artículo 167 queda redactado en los siguientes
términos:
«2. Las entidades a que se refiere el párrafo c) del apartado 1 del artículo
anterior ajustarán la gestión de su patrimonio al Derecho privado, sin perjuicio de las
disposiciones de esta ley que les resulten expresamente de aplicación.»
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Sec. I. Pág. 89510
Disposición final séptima. Modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones:
Uno. Se modifica el artículo 10, que queda redactado como sigue:
«Artículo 10. Órganos competentes para la concesión de subvenciones.
1. Los Ministros y los Secretarios de Estado en la Administración General del
Estado y los presidentes o directores de los organismos y las entidades públicas
vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, cualquiera que
sea el régimen jurídico a que hayan de sujetar su actuación, son los órganos
competentes para conceder subvenciones, en sus respectivos ámbitos, previa
consignación presupuestaria para este fin.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, para autorizar la concesión
de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros será necesario acuerdo
del Consejo de Ministros o, en el caso de que así lo establezca la normativa reguladora
de la subvención, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
En el caso de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia
competitiva, la autorización del Consejo de Ministros a que se refiere el párrafo
anterior deberá obtenerse antes de la aprobación de la convocatoria cuya cuantía
supere el citado límite.
La autorización a que se refiere el párrafo anterior no implicará la aprobación del
gasto, que, en todo caso, corresponderá al órgano competente.
3. Las facultades para conceder subvenciones, a que se refiere este artículo,
podrán ser objeto de desconcentración mediante real decreto acordado en Consejo
de Ministros.
4. La competencia para conceder subvenciones en las corporaciones locales
corresponde a los órganos que tengan atribuidas tales funciones en la legislación de
régimen local.»
Dos. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional decimosexta con el
siguiente contenido:
«1. Las fundaciones del sector público únicamente podrán conceder
subvenciones cuando así se autorice a la correspondiente fundación de forma
expresa mediante acuerdo del Ministerio de adscripción u órgano equivalente de la
Administración a la que la fundación esté adscrita y sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 10.2.
La aprobación de las bases reguladoras, la autorización previa de la concesión,
las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones,
así como las funciones de control y demás que comporten el ejercicio de potestades
administrativas, serán ejercidas por los órganos de la Administración que financien
en mayor proporción la subvención correspondiente; en caso de que no sea posible
identificar tal Administración, las funciones serán ejercidas por los órganos de la
Administración que ejerza el Protectorado de la fundación.»
Tres. Se introduce una nueva disposición transitoria tercera con el siguiente contenido:
«Disposición transitoria tercera. Convocatorias iniciadas y subvenciones
concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones incluida en la
disposición final séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
Las subvenciones públicas que se concedan en régimen de concurrencia
competitiva cuya convocatoria se hubiera aprobado con anterioridad a la entrada en
vigor de la modificación del artículo 10 de la Ley General de Subvenciones, se
regirán por la normativa anterior.»
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Cuatro. Se introduce una nueva disposición adicional vigésima quinta con el siguiente
contenido:
«Disposición adicional vigésima quinta. Servicio Nacional de Coordinación
Antifraude para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea.
1. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, integrado en la Intervención
General de la Administración del Estado, coordinará las acciones encaminadas a
proteger los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude y dar
cumplimiento al artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y
al artículo 3.4 del Reglamento (UE, Euratom) n.° 883/2013, del Parlamento Europeo
y del Consejo relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF).
2. Corresponde al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude:
a) Dirigir la creación y puesta en marcha de las estrategias nacionales y
promover los cambios legislativos y administrativos necesarios para proteger los
intereses financieros de la Unión Europea.
b) Identificar las posibles deficiencias de los sistemas nacionales para la
gestión de fondos de la Unión Europea.
c) Establecer los cauces de coordinación e información sobre irregularidades
y sospechas de fraude entre las diferentes instituciones nacionales y la OLAF.
d) Promover la formación para la prevención y lucha contra el fraude.
3. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude ejercerá sus competencias
con plena independencia y deberá ser dotado con los medios adecuados para
atender los contenidos y requerimientos establecidos por la OLAF.
4. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude estará asistido por un
Consejo Asesor presidido por el Interventor General de la Administración del Estado
e integrado por representantes de los ministerios, organismos y demás instituciones
nacionales que tengan competencias en la gestión, control, prevención y lucha
contra el fraude en relación con los intereses financieros de la Unión Europea. Su
composición y funcionamiento se determinarán por Real Decreto.
5. Las autoridades, los titulares de los órganos del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales, así como los jefes o directores de oficinas
públicas, organismos y otros entes públicos y quienes, en general, ejerzan funciones
públicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades deberán prestar la debida
colaboración y apoyo al Servicio. El Servicio tendrá las mismas facultades que la
OLAF para acceder a la información pertinente en relación con los hechos que se
estén investigando.
6. El Servicio podrá concertar convenios con la OLAF para la transmisión de la
información y para la realización de investigaciones.»
Disposición final octava. Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria.
Se modifica la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que queda
redactada como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 2 que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 2. Sector público estatal.
1. A los efectos de esta Ley forman parte del sector público estatal:
a) La Administración General del Estado.
b) El sector público institucional estatal.
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Sec. I. Pág. 89512
2. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades:
a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración
General del Estado, los cuales se clasifican en:
1.° Organismos autónomos.
2.° Entidades Públicas Empresariales.
b) Las autoridades administrativas independientes.
c) Las sociedades mercantiles estatales.
d) Los consorcios adscritos a la Administración General del Estado.
e) Las fundaciones del sector público adscritas a la Administración General del
Estado.
f) Los fondos sin personalidad jurídica.
g) Las universidades públicas no transferidas.
h) Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con
la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la
Seguridad Social, así como sus centros mancomunados.
i) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes de la Administración General del Estado.
3. Los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del
Estado que, careciendo de personalidad jurídica, no están integrados en la
Administración General del Estado, forman parte del sector público estatal,
regulándose su régimen económico-financiero por esta Ley, sin perjuicio de las
especialidades que se establezcan en sus normas de creación, organización y
funcionamiento. No obstante, su régimen de contabilidad y de control quedará
sometido en todo caso a lo establecido en dichas normas, sin que les sea aplicable
en dichas materias lo establecido en esta Ley.
Sin perjuicio de lo anterior, esta Ley no será de aplicación a las Cortes
Generales, que gozan de autonomía presupuestaria de acuerdo con lo establecido
en el artículo 72 de la Constitución; no obstante, se mantendrá la coordinación
necesaria para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado.»
Dos. Se modifica el artículo 3 que queda redactado como sigue:
«Artículo 3. Sector público administrativo, empresarial y fundacional.
A los efectos de esta Ley, el sector público estatal se divide en los siguientes:
1. El sector público administrativo, integrado por:
a) La Administración General del Estado, los organismos autónomos, las
autoridades administrativas independientes, las universidades públicas no
transferidas y las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social, así como sus centros mancomunados, así como las
entidades del apartado 3 del artículo anterior.
b) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes de la Administración General del Estado, los consorcios y los fondos
sin personalidad jurídica, que cumplan alguna de las dos características siguientes:
1.ª Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de
mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que
efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo
caso sin ánimo de lucro.
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Sec. I. Pág. 89513
2.ª Que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales,
entendiéndose como tales a los efectos de esta Ley, los ingresos, cualquiera que
sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida de las entregas de bienes o
prestaciones de servicios.
2. El sector público empresarial, integrado por:
a) Las entidades públicas empresariales.
b) Las sociedades mercantiles estatales.
c) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes de la Administración General del Estado, los consorcios y los fondos
sin personalidad jurídica no incluidos en el sector público administrativo.
3. El sector público fundacional, integrado por las fundaciones del sector
público estatal.»
Disposición final novena. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, queda modificado como sigue:
Uno. El artículo 60 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 60. Prohibiciones de contratar.
1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la
presente Ley con los efectos establecidos en el artículo 61 bis, las personas en
quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo,
constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita,
financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en
los negocios, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraudes, negociaciones
y actividades prohibidas a los funcionarios, delitos contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación,
blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo,
la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de
inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio.
La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean
declaradas penalmente responsables, y a aquéllas cuyos administradores o
representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación
y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado.
b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia
profesional, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad
de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de
extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; por infracción
muy grave en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación; o por infracción muy grave en materia laboral o social, de
acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4
de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto.
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c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido
declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en
concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a
intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.
d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o
de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que
reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o más
trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus
empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42
del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y de su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la
Seguridad Social, se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el
mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su
suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas.
e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se
refiere el artículo 146 o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad
y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de
comunicar la información que corresponda en materia de clasificación y la relativa a
los registros de licitadores y empresas clasificadas.
f) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de
sanción administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica
en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los
Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades
Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en la misma.
La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los
términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos
a que se refiere el párrafo anterior, así como los cargos electos al servicio de las mismas.
La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges,
personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y
descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o
afinidad de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando se
produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares
de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que
ejerzan la sustitución del primero.
h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el
“Boletín Oficial del Estado” el incumplimiento a que se refiere el artículo 18.6 de la
Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los
Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado
o en las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, por haber pasado a
prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con
las competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha
de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que
permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el
límite máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo.
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2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que
impedirán a los empresarios contratar con las entidades comprendidas en el
artículo 3 de la presente Ley, en las condiciones establecidas en el artículo 61 bis
las siguientes:
a) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un
procedimiento de adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a
su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del artículo 151 dentro
del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia.
b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor,
en los plazos previstos en el artículo 156.3 por causa imputable al adjudicatario.
c) Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato,
incluyendo las condiciones especiales de ejecución establecidas de acuerdo con lo
señalado en el artículo 118, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en
los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o
negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de
penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios.
d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables,
a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad de las
comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley.
3. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de
las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda
presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o
sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.»
Dos. El artículo 61 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 61. Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y
procedimiento.
1. Las prohibiciones de contratar relativas a las circunstancias contenidas en
las letras c), d), f), g) y h) del apartado 1 del artículo anterior, se apreciarán
directamente por los órganos de contratación, subsistiendo mientras concurran las
circunstancias que en cada caso las determinan.
2. La prohibición de contratar por las causas previstas en las letras a) y b) del
apartado 1 del artículo anterior se apreciará directamente por los órganos de
contratación, cuando la sentencia o la resolución administrativa se hubiera
pronunciado expresamente sobre su alcance y duración, subsistiendo durante el
plazo señalado en las mismas.
En el caso de que la sentencia o la resolución administrativa no contengan
pronunciamiento sobre el alcance o duración de la prohibición de contratar; en los
casos de la letra e) del apartado primero del artículo anterior; y en los supuestos
contemplados en el apartado segundo, también del artículo anterior, el alcance y
duración de la prohibición deberá determinarse mediante procedimiento instruido al
efecto, de conformidad con lo dispuesto en este artículo.
3. La competencia para fijar la duración y alcance de la prohibición de contratar
en el caso de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo anterior, en los casos en
que no figure en la correspondiente sentencia o resolución, y la competencia para la
declaración de la prohibición de contratar en el caso de la letra e) del apartado
primero del artículo anterior respecto de la obligación de comunicar la información
prevista en materia de clasificación y respecto del registro de licitadores y empresas
clasificadas, corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado,
o a los órganos que resulten competentes en el ámbito de las Comunidades
Autónomas en el caso de la letra e) citada.
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A efectos de poder dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, el
órgano judicial o administrativo del que emane la sentencia o resolución
administrativa deberá remitir de oficio testimonio de aquélla o copia de ésta a la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, sin perjuicio de que por
parte de éste órgano, de tener conocimiento de su existencia y no habiendo recibido
el citado testimonio de la sentencia o copia de la resolución administrativa, pueda
solicitarlos al órgano del que emanaron.
En los supuestos previstos en la letra e) del apartado 1 del artículo anterior
referido a casos en que se hubiera incurrido en falsedad al efectuar la declaración
responsable a que se refiere el artículo 146, y en los supuestos previstos en el
apartado segundo del artículo 60, la declaración de la prohibición de contratar
corresponderá al órgano de contratación.
4. La competencia para la declaración de la prohibición de contratar en los
casos en que la entidad contratante no tenga el carácter de Administración Pública
corresponderá al titular del departamento, presidente o director del organismo al que
esté adscrita o del que dependa la entidad contratante o al que corresponda su
tutela o control. Si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una
Administración, será competente el órgano correspondiente de la que ostente el
control o participación mayoritaria.
5. Cuando conforme a lo señalado en este artículo, sea necesaria una
declaración previa sobre la concurrencia de la prohibición, el alcance y duración de
ésta se determinarán siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de
esta Ley se establezca.
6. En los casos en que por sentencia penal firme así se prevea, la duración de
la prohibición de contratar será la prevista en la misma. En los casos en los que ésta
no haya establecido plazo, esa duración no podrá exceder de cinco años desde la
fecha de la condena por sentencia firme.
En el resto de los supuestos, el plazo de duración no podrá exceder de tres
años, para cuyo cómputo se estará a lo establecido en el apartado tercero del
artículo 61 bis.
7. En el caso de la letra a) del apartado 1 del artículo anterior, el procedimiento,
de ser necesario, no podrá iniciarse una vez transcurrido el plazo previsto para la
prescripción de la correspondiente pena, y en el caso de la letra b) del apartado 2
del mismo artículo, si hubiesen transcurrido más de tres meses desde que se
produjo la adjudicación.
En los restantes supuestos previstos en dicho artículo, el procedimiento para la
declaración de la prohibición de contratar no podrá iniciarse si hubiesen transcurrido
más de tres años contados a partir de las siguientes fechas:
a) Desde la firmeza de la resolución sancionadora, en el caso de la causa
prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo anterior;
b) Desde la fecha en que se hubieran facilitado los datos falsos o desde
aquella en que hubiera debido comunicarse la correspondiente información, en los
casos previstos en la letra e) del apartado 1 del artículo anterior;
c) Desde la fecha en que fuese firme la resolución del contrato, en el caso
previsto en la letra d) del apartado 2 del artículo anterior;
d) En los casos previstos en la letra a) del apartado 2 del artículo anterior,
desde la fecha en que se hubiese procedido a la adjudicación del contrato, si la
causa es la retirada indebida de proposiciones o candidaturas; o desde la fecha en
que hubiese debido procederse a la adjudicación, si la prohibición se fundamenta en
el incumplimiento de lo establecido en el apartado segundo del artículo 151.
e) Desde que la entidad contratante tuvo conocimiento del incumplimiento de
las condiciones especiales de ejecución del contrato en los casos previstos en la
letra c) del apartado segundo del artículo 61 bis.»
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Tres. Se introduce un artículo 61 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 61 bis. Efectos de la declaración de la prohibición de contratar.
1. En los supuestos en que se den las circunstancias establecidas en el
apartado segundo del artículo 60 y en la letra e) del apartado primero del mismo
artículo en lo referente a haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración
responsable del artículo 146 o al facilitar otros datos relativos a su capacidad y
solvencia, la prohibición de contratar afectará al ámbito del órgano de contratación
competente para su declaración.
Dicha prohibición se podrá extender al correspondiente sector público en el
que se integre el órgano de contratación. En el caso del sector público estatal, la
extensión de efectos corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
del Estado.
En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo
del apartado tercero del artículo anterior respecto a la letra e) del apartado primero
del artículo 60, la competencia para la declaración de la prohibición de contratar
corresponda a los órganos que resulten competentes en el ámbito de las
Comunidades Autónomas, la citada prohibición de contratar afectará a todos los
órganos de contratación del correspondiente sector público.
Excepcionalmente, y siempre que previamente se hayan extendido al
correspondiente sector público territorial, los efectos de las prohibiciones de
contratar a las que se refieren los párrafos anteriores se podrán extender al conjunto
del sector público. Dicha extensión de efectos a todo el sector público se realizará
por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previa propuesta de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, y a solicitud de la
Comunidad Autónoma o Entidad Local correspondiente en los casos en que la
prohibición de contratar provenga de tales ámbitos.
En los casos en que la competencia para declarar la prohibición de contratar
corresponda al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, la misma
producirá efectos en todo el sector público.
2. Todas las prohibiciones de contratar, salvo aquellas en que se den alguna
de las circunstancias previstas en las letras c), d), g) y h) del apartado primero del
artículo 60, se inscribirán en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o el equivalente en el ámbito de las Comunidades
Autónomas, en función del ámbito de la prohibición de contratar y del órgano que la
haya declarado.
Los órganos de contratación del ámbito de las Comunidades Autónomas o de
las entidades locales situadas en su territorio notificarán la prohibición de contratar
a los Registros de Licitadores de las Comunidades Autónomas correspondientes, o
si no existieran, al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público.
La inscripción de la prohibición de contratar en el Registro de Licitadores
correspondiente caducará pasados 3 meses desde que termine su duración, debiendo
procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el citado plazo.
3. Las prohibiciones de contratar contempladas en las letras a) y b) del
apartado primero del artículo 60 producirán efectos desde la fecha en que devinieron
firmes la sentencia o la resolución administrativa en los casos en que aquélla o ésta
se hubieran pronunciado sobre el alcance y la duración de la prohibición.
En el resto de supuestos, los efectos se producirán desde la fecha de inscripción
en el registro correspondiente.
No obstante lo anterior, en los supuestos previstos en las letras a) y b) del
apartado primero del artículo 60 en los casos en que los efectos de la prohibición de
contratar se produzcan desde la inscripción en el correspondiente registro, podrán
adoptarse, en su caso, por parte del órgano competente para resolver el procedimiento
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de determinación del alcance y duración de la prohibición, de oficio, o a instancia de
parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la
resolución que pudiera adoptarse.
4. Las prohibiciones de contratar cuya causa fuera la prevista en la letra f) del
apartado primero del artículo 60, producirán efectos respecto de las Administraciones
Públicas que se establezcan en la resolución sancionadora que las impuso, desde
la fecha en que ésta devino firme.»
Cuatro. El apartado 2 del artículo 150 queda redactado de la siguiente manera:
«2. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se
determinarán por el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo.
En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a
aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan
valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de
las fórmulas establecidas en los pliegos. Cuando en una licitación que se siga por
un procedimiento abierto o restringido se atribuya a los criterios evaluables de forma
automática por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente
a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, deberá constituirse
un comité que cuente con un mínimo de tres miembros, formado por expertos no
integrados en el órgano proponente del contrato y con cualificación apropiada, al
que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas conforme a estos últimos
criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo técnico especializado,
debidamente identificado en los pliegos.
La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos
otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia
documental de ello. Las normas de desarrollo de esta Ley determinarán los
supuestos y condiciones en que deba hacerse pública tal evaluación previa, así
como la forma en que deberán presentarse las proposiciones para hacer posible
esta valoración separada.
Cuando en los contratos de concesión de obra pública o gestión de servicios
públicos se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a la
construcción o explotación así como cualquier tipo de garantías, avales u otro tipo
de ayudas a la empresa, en todo caso figurará como un criterio de adjudicación
evaluable de forma automática la cuantía de la reducción que oferten los licitadores
sobre las aportaciones previstas en el expediente de contratación.»
Cinco. El artículo 254 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 254. Aportaciones públicas a la construcción y garantías a la financiación.
1. Las Administraciones Públicas podrán contribuir a la financiación de la obra
mediante aportaciones que serán realizadas durante la fase de ejecución de las
obras, tal como dispone el artículo 240 de esta Ley, o una vez concluidas éstas, y
cuyo importe será fijado por los licitadores en sus ofertas dentro de la cuantía
máxima que establezcan los pliegos de condiciones.
2. Las aportaciones públicas a que se refiere el apartado anterior podrán
consistir en aportaciones no dinerarias del órgano de contratación o de cualquier
otra Administración con la que exista convenio al efecto, de acuerdo con la
valoración de las mismas que se contenga en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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Sec. I. Pág. 89519
Los bienes inmuebles que se entreguen al concesionario se integrarán en el
patrimonio afecto a la concesión, destinándose al uso previsto en el proyecto de
la obra, y revertirán a la Administración en el momento de su extinción, debiendo
respetarse, en todo caso, lo dispuesto en los planes de ordenación urbanística o
sectorial que les afecten.
3. Todas las aportaciones públicas han de estar previstas en el pliego de
condiciones determinándose su cuantía en el procedimiento de adjudicación y no
podrán incrementarse con posterioridad a la adjudicación del contrato.
4. El mismo régimen establecido para las aportaciones será aplicable a
cualquier tipo de garantía, avales y otras medidas de apoyo a la financiación del
concesionario que, en todo caso, tendrán que estar previstas en los pliegos.»
Seis. El artículo 256 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 256. Aportaciones públicas a la explotación.
Las Administraciones Públicas podrán otorgar al concesionario las siguientes
aportaciones a fin de garantizar la viabilidad económica de la explotación de la obra,
que, en todo caso, tendrán que estar previstas en el pliego de condiciones y no
podrán incrementarse con posterioridad a la adjudicación del contrato, sin perjuicio
del reequilibrio previsto en el artículo 258:
a) Subvenciones, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados
o de otra naturaleza, para ser aportados desde el inicio de la explotación de la obra o
en el transcurso de la misma. La devolución de los préstamos y el pago de los
intereses devengados en su caso por los mismos se ajustarán a los términos previstos
en la concesión.
b) Ayudas, incluyendo todo tipo de garantías, en los casos excepcionales en
que, por razones de interés público, resulte aconsejable la promoción de la
utilización de la obra pública antes de que su explotación alcance el umbral mínimo
de rentabilidad.»
Siete. El artículo 261 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 261. Objeto de la hipoteca de la concesión y pignoración de derechos.
1. Las concesiones de obras públicas con los bienes y derechos que lleven
incorporados serán hipotecables conforme a lo dispuesto en la legislación
hipotecaria, previa autorización del órgano de contratación.
No se admitirá la hipoteca de concesiones de obras públicas en garantía de
deudas que no guarden relación con la concesión correspondiente.
2. Las solicitudes referentes a las autorizaciones administrativas previstas en
este artículo y en el siguiente se resolverán por el órgano competente en el plazo de
un mes, debiendo entenderse desestimadas si no resuelve y notifica en ese plazo.
3. Los derechos derivados de la resolución de un contrato de concesión de
obra o de gestión de servicio público, a que se refieren los primeros apartados de
los artículos 271 y 288, así como los derivados de las aportaciones públicas y de la
ejecución de garantías establecidos en los artículos 254 y 256, sólo podrán
pignorarse en garantía de deudas que guarden relación con la concesión o el
contrato, previa autorización del órgano de contratación, que deberá publicarse en
el “Boletín Oficial del Estado” o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales.»
Ocho. Los apartados 1 y 3 del artículo 271 quedan redactados de la siguiente manera:
«1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración,
esta abonará en todo caso al concesionario el importe de las inversiones realizadas
por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y
adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de
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la concesión, atendiendo a su grado de amortización. Al efecto, se aplicará un
criterio de amortización lineal. La cantidad resultante se fijará dentro del plazo de
seis meses, salvo que se estableciera otro en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
En los casos en que la resolución se produzca por causas no imputables a la
Administración, el importe a abonar a éste por razón de la expropiación de terrenos,
ejecución de obras y adquisición de bienes que deban revertir a la Administración
será el que resulte de la valoración de la concesión, determinado conforme a lo
dispuesto en el artículo 271 bis.
En todo caso, se entenderá que la resolución de la concesión no es imputable a
la Administración cuando obedezca a alguna de las causas previstas en las letras
a), b), c), e) y j) del artículo 269 de esta Ley.»
«3. En los supuestos de los párrafos g), h) e i) del artículo 269, y sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, la Administración concedente
indemnizará al concesionario por los daños y perjuicios que se le irroguen. Para
determinar la cuantía de la indemnización se tendrán en cuenta:
a) los beneficios futuros que el concesionario dejará de percibir,
cuantificándolos en la media aritmética de los beneficios antes de impuestos
obtenidos durante un período de tiempo equivalente a los años que restan hasta la
terminación de la concesión. En caso de que el tiempo restante fuese superior al
transcurrido, se tomará como referencia este último.
La tasa de descuento aplicable será la que resulte del coste de capital medio
ponderado correspondiente a las últimas cuentas anuales del concesionario.
b) la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de ser
entregadas a aquélla, considerando su grado de amortización.»
Nueve. Se añade un nuevo artículo 271 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 271 bis. Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los
casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la
Administración.
1. En el supuesto de resolución por causas no imputables a la Administración,
el órgano de contratación deberá licitar nuevamente la concesión, siendo el tipo de
licitación el que resulte del artículo siguiente. La licitación se realizará mediante
subasta al alza siendo el único criterio de adjudicación el precio.
En el caso que quedara desierta la primera licitación, se convocará una nueva
licitación en el plazo máximo de un mes, siendo el tipo de licitación el 50 % de la
primera.
El adjudicatario de la licitación deberá abonar el importe de ésta en el plazo de
dos meses desde que se haya adjudicado la concesión. En el supuesto de que no
se abone el citado importe en el indicado plazo, la adjudicación quedará sin efecto,
adjudicándose al siguiente licitador por orden o, en el caso de no haber más
licitadores, declarando la licitación desierta.
La convocatoria de la licitación podrá realizarse siempre que se haya incoado el
expediente de resolución, si bien no podrá adjudicarse hasta que éste no haya
concluido. En todo caso, desde la resolución de la concesión a la apertura de las
ofertas de la primera licitación no podrá transcurrir un plazo superior a tres meses.
Podrá participar en la licitación todo empresario que haya obtenido la
oportuna autorización administrativa en los términos previstos en el apartado 2
del artículo 263.
2. El valor de la concesión, en el supuesto de que la resolución obedezca a
causas no imputables a la Administración, será el que resulte de la adjudicación de
las licitaciones a las que se refiere el apartado anterior.
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En el caso de que la segunda licitación quedara desierta, el valor de la
concesión será el tipo de ésta, sin perjuicio de la posibilidad de presentar por el
concesionario originario o acreedores titulares al menos de un 5 % del pasivo
exigible de la concesionaria, en el plazo máximo de tres meses a contar desde
que quedó desierta, un nuevo comprador que abone al menos el citado tipo de
licitación, en cuyo caso el valor de la concesión será el importe abonado por el
nuevo comprador.
La Administración abonará al primitivo concesionario el valor de la concesión en
un plazo de tres meses desde que se haya realizado la adjudicación de la licitación
a la que se refiere el apartado anterior o desde que la segunda licitación haya
quedado desierta.
En todo caso, el nuevo concesionario se subrogará en la posición del primitivo
concesionario quedando obligado a la realización de las actuaciones vinculadas a
las subvenciones de capital percibidas cuando no se haya cumplido la finalidad para
la que se concedió la subvención.
3. El contrato resultante de la licitación referida en el apartado 1 tendrá en todo
caso la naturaleza de contrato de concesión de obra pública, siendo las condiciones
del mismo las establecidas en el contrato primitivo que se ha resuelto, incluyendo el
plazo de duración.»
Diez. Se añade un nuevo artículo 271 ter con la siguiente redacción:
«Artículo 271 ter. Determinación del tipo de licitación de la concesión de obras en
los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la
Administración.
Para la fijación del tipo de la primera licitación, al que se refiere el artículo 271
bis se seguirán las siguientes reglas:
a) El tipo se determinará en función de los flujos futuros de caja que se prevea
obtener por la sociedad concesionaria, por la explotación de la concesión, en el
periodo que resta desde la resolución del contrato hasta su reversión, actualizados
al tipo de descuento del interés de las obligaciones del Tesoro a diez años
incrementado en 300 puntos básicos.
Se tomará como referencia para el cálculo de dicho rendimiento medio los
últimos datos disponibles publicados por el Banco de España en el Boletín del
Mercado de Deuda Pública.
b) El instrumento de deuda que sirve de base al cálculo de la rentabilidad
razonable y el diferencial citados podrán ser modificados por la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos, previo informe de la Oficina Nacional de
Evaluación, para adaptarlo a las condiciones de riesgo y rentabilidad observadas en
los contratos del sector público.
c) Los flujos netos de caja futuros se cuantificarán en la media aritmética de
los flujos de caja obtenidos por la entidad durante un período de tiempo equivalente
a los años que restan hasta la terminación. En caso de que el tiempo restante fuese
superior al transcurrido, se tomará como referencia este último. No se incorporará
ninguna actualización de precios en función de la inflación futura estimada.
d) El valor de los flujos de caja será el que el Plan General de Contabilidad
establece en el Estado de Flujos de Efectivo como Flujos de Efectivo de las
Actividades de Explotación sin computar en ningún caso los pagos y cobros de
intereses, los cobros de dividendos y los cobros o pagos por impuesto sobre
beneficios.
e) Si la resolución del contrato se produjera antes de la terminación de la
construcción de la infraestructura, el tipo de la licitación será el 70 % del importe
equivalente a la inversión ejecutada. A estos efectos se entenderá por inversión
ejecutada el importe que figure en las últimas cuentas anuales aprobadas
incrementadas en la cantidad resultante de las certificaciones cursadas desde el
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cierre del ejercicio de las últimas cuentas aprobadas hasta el momento de la
resolución. De dicho importe se deducirá el correspondiente a las subvenciones de
capital percibidas por el beneficiario, cuya finalidad no se haya cumplido.»
Once. El apartado 1 del artículo 288 queda redactado de la siguiente manera:
«1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración,
esta abonará al concesionario en todo caso el importe de las inversiones realizadas
por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y
adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de
la concesión, atendiendo a su grado de amortización. Al efecto, se aplicará un
criterio de amortización lineal de la inversión.
Cuando la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración, el
importe a abonar a éste por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de
obras y adquisición de bienes que deban revertir a la Administración será el que
resulte de la valoración de la concesión, determinado conforme a lo dispuesto en el
artículo 271 bis.
En todo caso, se entenderá que no es imputable a la Administración la resolución
del contrato cuando ésta obedezca a alguna de las causas establecidas en las
letras a) y b) del artículo 223 de esta Ley.»
Doce. Se incorpora una nueva disposición adicional con el siguiente contenido:
«Disposición adicional trigésimo sexta. La Oficina Nacional de Evaluación.
1. Se crea la Oficina Nacional de Evaluación que tiene como finalidad analizar
la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de
concesión de servicios públicos.
2. Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se
determinará la composición, organización y funcionamiento de la misma.
3. La Oficina Nacional de Evaluación, con carácter previo a la licitación de los
contratos de concesión de obras y de gestión de servicios públicos a celebrar por
los poderes adjudicadores dependientes de la Administración General del Estado y
de las Corporaciones Locales, evacuará informe preceptivo en los siguientes casos:
a) Cuando se realicen aportaciones públicas a la construcción o a la
explotación de la concesión, así como cualquier medida de apoyo a la financiación
del concesionario.
b) Las concesiones de obra pública y los contratos de gestión de servicios en
las que la tarifa sea asumida total o parcialmente por el poder adjudicador
concedente, cuando el importe de las obras o los gastos de primer establecimiento
superen un millón de euros.
Asimismo informará de los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del
contrato, en los casos previstos en los artículos 258.2 y 282.4 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, respecto de las concesiones de obras y
servicios públicos que hayan sido informadas previamente de conformidad con las
letras a) y b) anteriores o que, sin haber sido informadas, supongan la incorporación
en el contrato de alguno de los elementos previstos en éstas. Cada Comunidad
Autónoma podrá adherirse a la Oficina Nacional de Evaluación para que realice
dichos informes o si hubiera creado un órgano u organismo equivalente solicitará
estos informes preceptivos al mismo cuando afecte a sus contratos de concesión.
Reglamentariamente se fijarán las directrices apropiadas para asegurar que la
elaboración de los informes se realiza con criterios suficientemente homogéneos.
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4. Los informes previstos en el apartado anterior evaluarán si la rentabilidad
del proyecto obtenida en función del valor de la inversión, las ayudas otorgadas, los
flujos de caja esperados y la tasa de descuento establecida es razonable en
atención al riesgo de demanda que asuma el concesionario. En dicha evaluación se
tendrá en cuenta la mitigación que las ayudas otorgadas puedan suponer sobre
otros riesgos distintos del de demanda, que habitualmente deban ser soportados
por los operadores económicos.
En los contratos de concesión de obra en los que el abono de la tarifa
concesional se realice por el poder adjudicador la oficina evaluará previamente la
transferencia del riesgo de demanda al concesionario. Si éste no asume
completamente dicho riesgo, el informe evaluará la razonabilidad de la rentabilidad
en los términos previstos en el párrafo anterior.
En los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato, el informe
evaluará si las compensaciones financieras establecidas mantienen una rentabilidad
razonable según lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado.
5. Los informes serán evacuados, a solicitud del poder adjudicador contratante,
en el plazo de treinta días desde la petición o nueva aportación de información al
que se refiere el párrafo siguiente. Este plazo podrá reducirse a la mitad siempre
que se justifique en la solicitud las razones de urgencia. Estos informes serán
publicados a través de la central de información económico-financiera de las
Administraciones Públicas dependiente del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y estarán disponibles para su consulta por el público a
través de medios electrónicos.
El poder adjudicador que formule la petición remitirá la información necesaria a
la Oficina, quien evacuará su informe sobre la base de la información recibida. Si
dicha Oficina considera que la información remitida no es suficiente, no es completa
o requiriere alguna aclaración se dirigirá al poder adjudicador peticionario para que
le facilite la información requerida dentro del plazo que ésta señale al efecto. La
información que reciba la Oficina deberá ser tratada respetando los límites que rigen
el acceso a la información confidencial.
6. Si la Administración o la entidad destinataria del informe se apartara de las
recomendaciones contenidas en un informe preceptivo de la Oficina, deberá
motivarlo en un informe que se incorporará al expediente del correspondiente
contrato y que será objeto de publicación. En el caso de la Administración General
del Estado esta publicación se hará a través de la central de información económicofinanciera de las Administraciones Públicas.
7. La Oficina publicará anualmente una memoria de actividad.»
Trece. Se incorpora una nueva disposición transitoria con el siguiente contenido:
«Disposición transitoria décima. Prohibición de contratar por incumplimiento de la
cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
1. La prohibición de contratar establecida en el artículo 60.1.d) relativa al
incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para
personas con discapacidad no será efectiva en tanto no se desarrolle
reglamentariamente y se establezca qué ha de entenderse por el cumplimiento de
dicho requisito a efectos de la prohibición de contratar y cómo se acreditará el
mismo, que, en todo caso, será bien mediante certificación del órgano administrativo
correspondiente, con vigencia mínima de seis meses, o bien mediante certificación
del correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia
figure inscrita en el mismo.
2. Hasta el momento en que se produzca la aprobación del desarrollo
reglamentario a que se refiere el apartado anterior, los órganos de contratación
ponderarán en los supuestos que ello sea obligatorio, que los licitadores cumplen lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
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aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, en relación con la obligación de contar con un
dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.»
Disposición final décima. Modificación de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
Se modifica la disposición adicional décima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, que queda redactada
en los siguientes términos:
«Décima tercera. Subvenciones al transporte marítimo y aéreo para residentes en
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
Uno. Con vigencia indefinida tendrán derecho a obtener bonificaciones en las
tarifas de los servicios regulares de transporte marítimo y aéreo de pasajeros, los
ciudadanos españoles, así como los de los demás Estados miembros de la Unión
Europea o de otros Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo o de Suiza, sus familiares nacionales de terceros países beneficiarios del
derecho de residencia o del derecho de residencia permanente y los ciudadanos
nacionales de terceros países residentes de larga duración, que acrediten su
condición de residente en las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears
y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
El derecho de residencia de los familiares de ciudadanos de Estados miembros
de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo del Espacio Económico
Europeo se acreditará conforme al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre
entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados
miembros de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo del Espacio
Económico Europeo. El derecho de residencia de larga duración de los nacionales
de terceros países a que se refiere el párrafo anterior se acreditará conforme a lo
previsto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social y su normativa de desarrollo.
Para ciudadanos españoles, de los Estados miembros de la Unión Europea o de
los demás Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o
Suiza, el documento acreditativo de su identidad será el documento nacional de
identidad o pasaporte en vigor. En el caso de los familiares de ciudadanos de
Estados miembros de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo del
Espacio Económico Europeo y los ciudadanos nacionales de terceros países
residentes de larga duración, su identidad se acreditará mediante la tarjeta española
de residencia de familiar de ciudadano de la Unión o de identidad de extranjero en
la que debe constar su condición de residente de larga duración, respectivamente.
Dichos documentos deben encontrarse en vigor.
En el caso de que telemáticamente se haya constatado que el pasajero cumple
las condiciones para ser beneficiario de la subvención, éste podrá acreditar su
identidad en el modo aéreo a través de los mismos medios que los pasajeros sin
derecho a bonificación. En este caso, el pasajero no tendrá que acreditar su
condición de residente ni en facturación ni en embarque.
Dos. El porcentaje de bonificación aplicable en los billetes de transporte
marítimo, con vigencia indefinida, para los trayectos directos, ya sean de ida o de
ida y vuelta, entre las Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes Balears y las
Ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamente, y el resto del territorio nacional será
del 50 por ciento de la tarifa bonificable y en los viajes interinsulares será del 25 por
ciento de dicha cuantía.
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Tres. El porcentaje de bonificación en las tarifas de los servicios regulares de
transporte aéreo de pasajeros, entre las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes
Balears y las Ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamente, y el resto del territorio
nacional, así como en los viajes interinsulares será, con vigencia indefinida, del 50 por
ciento de la tarifa bonificable por cada trayecto directo de ida o de ida y vuelta.
A estos efectos, se considera trayecto directo de ida aquél que se realiza desde
el aeropuerto o helipuerto del punto de origen en los archipiélagos, Ceuta o Melilla,
al de destino final, distinto del anterior, en el territorio nacional y viceversa, sin
escalas intermedias o con escalas, siempre que estas no superen las 12 horas de
duración, salvo aquéllas que vinieran impuestas por las necesidades técnicas del
servicio o por razones de fuerza mayor.
A los efectos de esta bonificación, del importe de la tarifa bonificable se deducirá
el importe correspondiente a las prestaciones patrimoniales públicas a que se
refieren las letras d), e) y f) del artículo 68.2 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de
Seguridad Aérea, con independencia de que hayan sido repercutidas o no al
pasajero. A tal efecto, dichas prestaciones patrimoniales aparecerán desglosadas
en la documentación justificativa de los cupones de vuelo.
Cuatro. La condición de residente en las Comunidades Autónomas de
Canarias y las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla a los efectos de las
bonificaciones reguladas en esta disposición se acreditará mediante el certificado
de empadronamiento en vigor.
Reglamentariamente podrán establecerse otros medios para la acreditación de
la condición de residente, en sustitución del previsto en este apartado o como
adicionales de éste.
Cinco. En relación con la verificación del cumplimiento de los requisitos
exigidos en esta disposición:
a) Los órganos gestores de las bonificaciones del Ministerio de Fomento podrán
acceder a los servicios de verificación y consulta de datos de identidad, domicilio,
residencia, nacionalidad y régimen de extranjería de la Plataforma de Intermediación
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con el fin de comprobar el
cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios de la subvención y realizar las
funciones de control encomendadas a dichos órganos, con las garantías previstas en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
b) Los órganos gestores podrán facilitar por vía telemática a las agencias, las
compañías aéreas o marítimas o sus delegaciones, que comercialicen los títulos de
transporte bonificados y lo soliciten, la confirmación del cumplimiento de los
requisitos para ser beneficiario de la subvención.
La cesión de datos prevista en los párrafos precedentes y su tratamiento, no
requerirá el consentimiento de los interesados ni requerirá informarles sobre dicho
tratamiento, de conformidad con lo previsto, respectivamente, en los artículos 11.2,
letra a), y 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
La integración en el sistema telemático de acreditación de la residencia de los
sistemas de emisión de billetes y su utilización al emitir billetes subvencionados será
obligatoria para todas las compañías, aéreas o marítimas, que emitan billetes
aéreos o marítimos subvencionados por razones de residencia en territorios no
peninsulares, en todos sus canales de venta.
En el caso de la incorporación a un mercado subvencionado de una nueva
compañía de transporte regular aéreo o marítimo, ésta podrá emitir billetes aéreos
o marítimos con derecho a subvención, sin necesidad de hacer uso del sistema
telemático, durante un máximo de tres meses hasta la implantación efectiva de
dicho sistema en todos sus canales de venta.
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Seis. Cuando el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiario
de estas subvenciones no pueda acreditarse a través de la Plataforma de
Intermediación conforme a lo previsto en el apartado Cinco, dichos requisitos se
acreditarán por cualquiera de los medios previstos en la normativa de aplicación. A
estos efectos, el certificado de empadronamiento se ajustará a lo previsto
reglamentariamente en la normativa de desarrollo de estas bonificaciones.
Siete. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición, las
bonificaciones previstas en él para familiares nacionales de terceros países
beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente y
los ciudadanos nacionales de terceros países residentes de larga duración, que
acrediten su condición de residente en las Comunidades Autónomas de Canarias e
Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, surten efectos a partir del 1 de
abril de 2013.
Ocho. Además de las obligaciones impuestas por la normativa reguladora de
las subvenciones al transporte marítimo y aéreo para residentes en Canarias, Illes
Balears, Ceuta y Melilla y para familias numerosas y por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, las compañías aéreas y marítimas, como entidades colaboradoras,
deben cumplir lo siguiente:
a) En el caso de las compañías aéreas, presentarán las liquidaciones
mensuales de los cupones bonificados volados durante un mes en el transcurso de
los dos meses siguientes, salvo autorización expresa de la Dirección General de
Aviación Civil por razones excepcionales. Estas liquidaciones podrán contener
aquellos cupones volados en los seis meses anteriores que no hayan podido ser
incluidos, por causas justificadas, en los ficheros de meses pasados.
En el caso de las compañías marítimas, presentarán las liquidaciones
trimestrales en el transcurso de los dos meses siguientes, salvo autorización
expresa de la Dirección General de la Marina Mercante por razones excepcionales.
Estas liquidaciones podrán contener aquellos embarques bonificados en los seis
meses anteriores que no hayan podido ser incluidos, por causas justificadas, en los
ficheros de trimestres pasados.
b) En la documentación justificativa de la subvención desglosarán el precio y
la identificación de todos los conceptos incluidos en el billete aéreo y marítimo, así
como cualquier servicio adicional contratado por el pasajero incluido en el billete.
c) Levantarán un parte de incidente cuando un pasajero que posea un billete
subvencionado no acredite su identidad y residencia de conformidad con la
normativa aplicable. Los partes correspondientes a cada periodo de liquidación o,
en otro caso, un certificado de inexistencia de incidentes en dicho período serán
enviados al órgano gestor durante el periodo siguiente.
d) Cumplir con las obligaciones de registro establecidas reglamentariamente,
así como registrar ante el órgano gestor, con anterioridad a su comercialización, las
tarifas aéreas que incluyan servicios ajenos al transporte aéreo especificándolo en
sus condiciones, así como los convenios, contratos o acuerdos de cualquier tipo,
con sus anexos, adendas o modificaciones, susceptibles de generar la emisión de
billetes subvencionados, con al menos un mes de antelación a la emisión del primer
billete bonificado.
Nueve. Asimismo, las compañías marítimas y aéreas y sus agentes, incluidos
los sistemas de reserva, habrán de conservar toda la información y documentación
relativa a billetes bonificados tanto por razón de residencia no peninsular como por
familias numerosas, cualquiera que sea su forma de almacenamiento, que acredite
el importe de la subvención y el cumplimento de los procedimientos recogidos
reglamentariamente para la concesión de la subvención, a disposición del Ministerio
de Fomento, durante el plazo de prescripción previsto en el artículo 39 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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Sec. I. Pág. 89527
A efectos de la liquidación de las bonificaciones aplicadas, las compañías marítimas,
aéreas, y sus agentes, lo que incluye a los sistemas de reserva y a cualquier tercero que
haya intervenido en la determinación de la tarifa bonificada, en el pago realizado por el
pasajero o en la gestión o aplicación de la bonificación, estarán obligadas a prestar
colaboración y facilitar cuanta documentación les sea requerida en relación con las
tarifas comercializadas objeto de bonificación, las bonificaciones aplicadas, los pagos
realizados por el pasajero y las liquidaciones efectuadas.
La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia,
excusa, obstrucción o negativa a los efectos previstos en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso,
pudieran corresponder.
Diez. Se autoriza al órgano gestor a modificar mediante resolución, tras dar
trámite de audiencia a las compañías aéreas que exploten los mercados sujetos a
subvención y a las principales asociaciones de aerolíneas, el contenido de los
modelos de los anexos, en lo que afecta a las bonificaciones al transporte aéreo, del
Real Decreto 1316/2001, de 30 de noviembre, por el que se regula la bonificación
en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los
residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes Balears y en las
Ciudades de Ceuta y Melilla.
Once. No serán objeto de liquidación por las compañías marítimas y aéreas,
ni de reembolso a éstas:
a) Los billetes subvencionados con tarifas marítimas y aéreas que incluyan
respectivamente servicios ajenos al transporte marítimo y aéreo, sean o no
repercutidos al pasajero.
b) Los billetes aéreos subvencionados emitidos bajo contratos, convenios o
acuerdos de cualquier tipo que no hayan sido registrados y expresamente aprobados
por la Dirección General de Aviación Civil.
c) Los conceptos excluidos de bonificación por la normativa de aplicación,
entre otros, las ofertas, descuentos, promociones o prácticas comerciales
equivalentes, que deben ser aplicados de forma previa al cálculo de la subvención,
así como los servicios opcionales del transporte comercializados por la compañía
marítima y aérea.
Doce. Verificación de fichero informático de las liquidaciones solicitadas por
las compañías marítimas con la relación de los embarques realmente producidos en
puertos.
El procedimiento de inspección y control de las bonificaciones al transporte
marítimo ha de incluir la comprobación de si los datos de los embarques contenidos
en el fichero informático se corresponden con embarques reales producidos en los
puertos. Para ello, las autoridades portuarias remitirán mensualmente a la Dirección
General de la Marina Mercante la relación de todos los embarques reales producidos
en los puertos correspondientes a los trayectos bonificables.
La relación mensual de todos los embarques reales producidos en cada puerto
incluirá las relaciones de embarques de todas y cada una de las escalas que hayan
tenido lugar durante ese período. Estas relaciones de embarques de cada trayecto
serán recabadas directamente por las autoridades portuarias u organismos
competentes en cada caso o, en su defecto, remitidas electrónicamente a éstas por
las compañías marítimas. La remisión se realizará en el tiempo y forma que determine
la Dirección General de la Marina Mercante, pero en todo caso, deberán haber sido
recibidas por el órgano competente antes de que la nave llegue a su destino.
No podrá bonificarse ningún embarque contenido en el fichero informático que
no esté incluido en la relación de embarques reales, salvo que se demuestre error u
omisión.
Trece. El Gobierno dictará las normas de aplicación y desarrollo de las
bonificaciones al transporte, marítimo y aéreo, regular de pasajeros.»
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Disposición final undécima. Modificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación,
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Se modifica el apartado 2 de la disposición final vigésima primera de la ley 20/2015,
de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras, que queda redactado en los siguientes términos:
«2. No obstante, la disposición transitoria decimotercera y la disposición
adicional decimosexta entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación. Las
disposiciones transitorias cuarta y décima entrarán en vigor el 1 de septiembre
de 2015. La disposición final novena entrará en vigor el 1 de julio de 2016. La
disposición final duodécima entrará en vigor al día siguiente de la publicación de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.»
Disposición final duodécima. Restitución o compensación a los partidos políticos de
bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades
políticas.
El reconocimiento de los derechos previstos en la Ley 50/2007, de 26 de diciembre, de
modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los
partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre
responsabilidades políticas del periodo 1936-1939, así como la tramitación y resolución de
los procedimientos iniciados al amparo de dicha Ley, seguirán suspendidos hasta que se
verifiquen las condiciones que permitan atender las prestaciones que la Ley reconoce sin
menoscabo de la financiación de otras actuaciones públicas prioritarias.
Una vez se constate la concurrencia de las expresadas condiciones, el Gobierno
aprobará el Reglamento de desarrollo de la Ley, el cual fijará un nuevo plazo para la
presentación de las solicitudes de restitución o compensación.
Disposición final decimotercera. Referencias normativas.
Las referencias hechas a Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se entenderán
hechas a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
o a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, según corresponda.
Disposición final decimocuarta. Título competencial.
1. Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la
Constitución Española que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre las bases
régimen jurídico de las Administraciones Públicas, así como al amparo de lo previsto en el
artículo 149.1.13.ª, relativo a las bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica, y del artículo 149.1.14.ª, relativo a la Hacienda Pública general.
2. No tiene carácter básico y se aplica exclusivamente a la Administración General
del Estado y al sector público estatal lo previsto en:
a) La subsección 2.ª referida a los órganos colegiados de la Administración General
del Estado de la sección 3.ª del capítulo II del Título preliminar.
b) El Título I relativo a la Administración General del Estado.
c) Lo dispuesto en el Capítulo II relativo a la organización y funcionamiento del sector
público institucional estatal, el Capítulo III de los organismos públicos estatales, el
Capítulo IV de las Autoridades administrativas independientes, el Capítulo V de las
sociedades mercantiles estatales, en el artículo 123.2 del Capítulo VI relativo a los
Consorcios, los artículos 128, 130, 131, 132, 133, 135 y 136 del Capítulo VII de las
fundaciones del sector público estatal y el Capítulo VIII de los fondos carentes de
personalidad jurídica, todos ellos del Título II relativo a la organización y funcionamiento
del sector público institucional.
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d) Lo previsto en las disposiciones adicionales: cuarta, sobre adaptación de entidades
y organismos estatales, quinta, sobre gestión compartida de servicios comunes en
organismos públicos estatales, sexta, sobre medios propios, séptima, sobre el registro
electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación, undécima, sobre conflictos
de atribuciones intraministeriales, duodécima, sobre Autoridades Portuarias y Puertos del
Estado, decimotercera, relativa a las entidades de la Seguridad Social, decimocuarta,
sobre la organización militar, decimoquinta, relativa al personal militar, la decimosexta,
sobre Servicios territoriales integrados en las Delegaciones del Gobierno, decimoséptima,
relativa a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la decimoctava relativa al
Centro Nacional de Inteligencia, la decimonovena relativa al Banco de España y la
vigésima relativa al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
Disposición final decimoquinta. Desarrollo normativo de la Ley.
Se faculta al Consejo de Ministros y a los Ministros de Presidencia y de Hacienda y
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas
disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la presente Ley, así
como para acordar las medidas necesarias para garantizar la efectiva ejecución e
implantación de las previsiones de esta Ley.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, mediante Orden del
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, se desarrollará lo previsto en el
artículo 85 sobre la supervisión continua.
Disposición final decimosexta. Precedencias en actos oficiales.
Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno,
se determinarán las precedencias de los titulares de los poderes constitucionales y de las
instituciones nacionales, así como las de los titulares de los departamentos ministeriales y
de los órganos internos de estos en relación con los actos oficiales.
Disposición final decimoséptima. Adaptación normativa.
1. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, se deberán adecuar
a la misma las normas estatales o autonómicas que sean incompatibles con lo previsto en
esta Ley.
2. Los consorcios creados por una ley singular aprobada por las Cortes Generales
con anterioridad a la aprobación de esta Ley seguirán rigiéndose por su legislación
especial hasta que se produzca la citada adaptación normativa.
Disposición final decimoctava. Entrada en vigor.
1. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», a excepción del punto cuatro de la disposición final quinta, de modificación de la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, de los puntos uno a once de la disposición final
novena, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y la disposición final
decimosegunda, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y
derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas que
entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y el
punto doce de la misma disposición final novena, que lo hará a los seis meses de la citada
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
2. No obstante, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» la disposición final primera, de modificación de la Ley 23/1982, de 16
de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, la disposición final segunda, de
modificación del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera, los puntos uno a tres de la disposición
final quinta, de modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la disposición
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final séptima, de modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y la disposición final undécima, de modificación de la Ley 20/2015, de 14
de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras.
3. La disposición final décima de modificación de la disposición adicional décima
tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», sin perjuicio de que los apartados Uno, primer y segundo párrafo; Dos;
Tres, párrafos primero y segundo; Cuatro; Cinco, párrafos primero a cuarto y, Seis, surtirán
efectos a partir del 1 de enero de 2013, y de lo dispuesto en el apartado Siete.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar
esta ley.
Madrid, 1 de octubre de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
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MARIANO RAJOY BREY
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D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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