Llei org nica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci de dades de car cter personal (BOE n m. 298, de 14 de desembre)

Llei org nica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci de dades de car cter personal (BOE n m. 298, de 14 de desembre)
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Martes 14 diciembre 1999
I.
BOE núm. 298
Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
del fichero comunicará previamente la existencia del mismo, sus características generales y su finalidad a la Agencia de Protección de Datos.
23750 LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de diciem-
3. Se regirán por sus disposiciones específicas, y
por lo especialmente previsto, en su caso, por esta Ley
Orgánica los siguientes tratamientos de datos personales:
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar
y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los
datos personales, las libertades públicas y los derechos
fundamentales de las personas físicas, y especialmente
de su honor e intimidad personal y familiar.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente Ley Orgánica será de aplicación a
los datos de carácter personal registrados en soporte
físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda
modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.
Se regirá por la presente Ley Orgánica todo tratamiento de datos de carácter personal:
a) Cuando el tratamiento sea efectuado en territorio
español en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento.
b) Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español, le sea de aplicación la legislación española en aplicación de normas de Derecho
Internacional público.
c) Cuando el responsable del tratamiento no esté
establecido en territorio de la Unión Europea y utilice
en el tratamiento de datos medios situados en territorio
español, salvo que tales medios se utilicen únicamente
con fines de tránsito.
2. El régimen de protección de los datos de carácter
personal que se establece en la presente Ley Orgánica
no será de aplicación:
a) A los ficheros mantenidos por personas físicas
en el ejercicio de actividades exclusivamente personales
o domésticas.
b) A los ficheros sometidos a la normativa sobre
protección de materias clasificadas.
c) A los ficheros establecidos para la investigación
del terrorismo y de formas graves de delincuencia organizada. No obstante, en estos supuestos el responsable
a) Los ficheros regulados por la legislación de régimen electoral.
b) Los que sirvan a fines exclusivamente estadísticos, y estén amparados por la legislación estatal o autonómica sobre la función estadística pública.
c) Los que tengan por objeto el almacenamiento
de los datos contenidos en los informes personales de
calificación a que se refiere la legislación del régimen
del personal de las Fuerzas Armadas.
d) Los derivados del Registro Civil y del Registro
Central de penados y rebeldes.
e) Los procedentes de imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con
la legislación sobre la materia.
Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de la presente Ley Orgánica se entenderá por:
a) Datos de carácter personal: cualquier información
concerniente a personas físicas identificadas o identificables.
b) Fichero: todo conjunto organizado de datos de
carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y
acceso.
c) Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que
permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las
cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.
d) Responsable del fichero o tratamiento: persona
física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano
administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido
y uso del tratamiento.
e) Afectado o interesado: persona física titular de
los datos que sean objeto del tratamiento a que se refiere
el apartado c) del presente artículo.
f) Procedimiento de disociación: todo tratamiento
de datos personales de modo que la información que
se obtenga no pueda asociarse a persona identificada
o identificable.
g) Encargado del tratamiento: la persona física o
jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos
personales por cuenta del responsable del tratamiento.
h) Consentimiento del interesado: toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen.
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i) Cesión o comunicación de datos: toda revelación
de datos realizada a una persona distinta del interesado.
j) Fuentes accesibles al público: aquellos ficheros
cuya consulta puede ser realizada, por cualquier persona,
no impedida por una norma limitativa o sin más exigencia
que, en su caso, el abono de una contraprestación.
Tienen la consideración de fuentes de acceso público,
exclusivamente, el censo promocional, los repertorios
telefónicos en los términos previstos por su normativa
específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los
datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso
público los diarios y boletines oficiales y los medios de
comunicación.
TÍTULO II
Principios de la protección de datos
Artículo 4. Calidad de los datos.
1. Los datos de carácter personal sólo se podrán
recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho
tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no
excesivos en relación con el ámbito y las finalidades
determinadas, explícitas y legítimas para las que se
hayan obtenido.
2. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles
con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o científicos.
3. Los datos de carácter personal serán exactos y
puestos al día de forma que respondan con veracidad
a la situación actual del afectado.
4. Si los datos de carácter personal registrados
resultaran ser inexactos, en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los
correspondientes datos rectificados o completados, sin
perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce
el artículo 16.
5. Los datos de carácter personal serán cancelados
cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes
para la finalidad para la cual hubieran sido recabados
o registrados.
No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado durante un período superior al
necesario para los fines en base a los cuales hubieran
sido recabados o registrados.
Reglamentariamente se determinará el procedimiento por el que, por excepción, atendidos los valores históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con la legislación específica, se decida el mantenimiento íntegro
de determinados datos.
6. Los datos de carácter personal serán almacenados de forma que permitan el ejercicio del derecho de
acceso, salvo que sean legalmente cancelados.
7. Se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.
Artículo 5. Derecho de información en la recogida de
datos.
1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo
expreso, preciso e inequívoco:
a) De la existencia de un fichero o tratamiento de
datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida
de éstos y de los destinatarios de la información.
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b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
c) De las consecuencias de la obtención de los datos
o de la negativa a suministrarlos.
d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición.
e) De la identidad y dirección del responsable del
tratamiento o, en su caso, de su representante.
Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Unión Europea y utilice en
el tratamiento de datos medios situados en territorio
español, deberá designar, salvo que tales medios se utilicen con fines de trámite, un representante en España,
sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse
contra el propio responsable del tratamiento.
2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos
para la recogida, figurarán en los mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior.
3. No será necesaria la información a que se refieren
las letras b), c) y d) del apartado 1 si el contenido de
ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos
personales que se solicitan o de las circunstancias en
que se recaban.
4. Cuando los datos de carácter personal no hayan
sido recabados del interesado, éste deberá ser informado
de forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsable del fichero o su representante, dentro de los tres
meses siguientes al momento del registro de los datos,
salvo que ya hubiera sido informado con anterioridad,
del contenido del tratamiento, de la procedencia de los
datos, así como de lo previsto en las letras a), d) y e)
del apartado 1 del presente artículo.
5. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado
anterior, cuando expresamente una ley lo prevea, cuando
el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o científicos, o cuando la información al interesado resulte
imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio
de la Agencia de Protección de Datos o del organismo
autonómico equivalente, en consideración al número de
interesados, a la antigüedad de los datos y a las posibles
medidas compensatorias.
Asimismo, tampoco regirá lo dispuesto en el apartado
anterior cuando los datos procedan de fuentes accesibles
al público y se destinen a la actividad de publicidad o
prospección comercial, en cuyo caso, en cada comunicación que se dirija al interesado se le informará del
origen de los datos y de la identidad del responsable
del tratamiento así como de los derechos que le asisten.
Artículo 6. Consentimiento del afectado.
1. El tratamiento de los datos de carácter personal
requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.
2. No será preciso el consentimiento cuando los
datos de carácter personal se recojan para el ejercicio
de las funciones propias de las Administraciones públicas
en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran
a las partes de un contrato o precontrato de una relación
negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para
su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés
vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren
en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea
necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero
a quien se comuniquen los datos, siempre que no se
vulneren los derechos y libertades fundamentales del
interesado.
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3. El consentimiento a que se refiere el artículo
podrá ser revocado cuando exista causa justificada para
ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.
4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos
de carácter personal, y siempre que una ley no disponga
lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una
concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado.
Artículo 7. Datos especialmente protegidos.
1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2
del artículo 16 de la Constitución, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
Cuando en relación con estos datos se proceda a
recabar el consentimiento a que se refiere el apartado
siguiente, se advertirá al interesado acerca de su derecho
a no prestarlo.
2. Sólo con el consentimiento expreso y por escrito
del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos
de carácter personal que revelen la ideología, afiliación
sindical, religión y creencias. Se exceptúan los ficheros
mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias,
confesiones o comunidades religiosas y asociaciones,
fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya
finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en
cuanto a los datos relativos a sus asociados o miembros,
sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará
siempre el previo consentimiento del afectado.
3. Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo
podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por
razones de interés general, así lo disponga una ley o
el afectado consienta expresamente.
4. Quedan prohibidos los ficheros creados con la
finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión,
creencias, origen racial o étnico, o vida sexual.
5. Los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas sólo
podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones
públicas competentes en los supuestos previstos en las
respectivas normas reguladoras.
6. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podrán ser objeto de tratamiento los datos de
carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3
de este artículo, cuando dicho tratamiento resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos,
la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho
tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona
sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto.
También podrán ser objeto de tratamiento los datos
a que se refiere el párrafo anterior cuando el tratamiento
sea necesario para salvaguardar el interés vital del afectado o de otra persona, en el supuesto de que el afectado
esté física o jurídicamente incapacitado para dar su
consentimiento.
Artículo 8. Datos relativos a la salud.
Sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 11
respecto de la cesión, las instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los profesionales correspondientes podrán proceder al tratamiento de los datos de
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carácter personal relativos a la salud de las personas
que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos,
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal
o autonómica sobre sanidad.
Artículo 9. Seguridad de los datos.
1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las medidas de
índole técnica y organizativas necesarias que garanticen
la seguridad de los datos de carácter personal y eviten
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que
están expuestos, ya provengan de la acción humana o
del medio físico o natural.
2. No se registrarán datos de carácter personal en
ficheros que no reúnan las condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad
y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales,
equipos, sistemas y programas.
3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban reunir los ficheros y las
personas que intervengan en el tratamiento de los datos
a que se refiere el artículo 7 de esta Ley.
Artículo 10. Deber de secreto.
El responsable del fichero y quienes intervengan en
cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter
personal están obligados al secreto profesional respecto
de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones
que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones
con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable
del mismo.
Artículo 11. Comunicación de datos.
1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para
el cumplimiento de fines directamente relacionados con
las funciones legítimas del cedente y del cesionario con
el previo consentimiento del interesado.
2. El consentimiento exigido en el apartado anterior
no será preciso:
a) Cuando la cesión está autorizada en una ley.
b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes
accesibles al público.
c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo,
cumplimiento y control implique necesariamente la
conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros.
En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.
d) Cuando la comunicación que deba efectuarse
tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de
Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando
la comunicación tenga como destinatario a instituciones
autonómicas con funciones análogas al Defensor del
Pueblo o al Tribunal de Cuentas.
e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o
científicos.
f) Cuando la cesión de datos de carácter personal
relativos a la salud sea necesaria para solucionar una
urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar
los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica.
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3. Será nulo el consentimiento para la comunicación
de los datos de carácter personal a un tercero, cuando
la información que se facilite al interesado no le permita
conocer la finalidad a que destinarán los datos cuya
comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquel
a quien se pretenden comunicar.
4. El consentimiento para la comunicación de los
datos de carácter personal tiene también un carácter
de revocable.
5. Aquel a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga, por el solo hecho de la comunicación, a la observancia de las disposiciones de la
presente Ley.
6. Si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación, no será aplicable lo establecido
en los apartados anteriores.
Artículo 12. Acceso a los datos por cuenta de terceros.
1. No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso sea
necesario para la prestación de un servicio al responsable
del tratamiento.
2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato que deberá
constar por escrito o en alguna otra forma que permita
acreditar su celebración y contenido, estableciéndose
expresamente que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones
del responsable del tratamiento, que no los aplicará o
utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato,
ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a
otras personas.
En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas
de seguridad a que se refiere el artículo 9 de esta Ley
que el encargado del tratamiento está obligado a implementar.
3. Una vez cumplida la prestación contractual, los
datos de carácter personal deberán ser destruidos o
devueltos al responsable del tratamiento, al igual que
cualquier soporte o documentos en que conste algún
dato de carácter personal objeto del tratamiento.
4. En el caso de que el encargado del tratamiento
destine los datos a otra finalidad, los comunique o los
utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será
considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido
personalmente.
TÍTULO III
Derechos de las personas
Artículo 13. Impugnación de valoraciones.
1. Los ciudadanos tienen derecho a no verse sometidos a una decisión con efectos jurídicos, sobre ellos
o que les afecte de manera significativa, que se base
únicamente en un tratamiento de datos destinados a
evaluar determinados aspectos de su personalidad.
2. El afectado podrá impugnar los actos administrativos o decisiones privadas que impliquen una valoración de su comportamiento, cuyo único fundamento
sea un tratamiento de datos de carácter personal que
ofrezca una definición de sus características o personalidad.
3. En este caso, el afectado tendrá derecho a obtener información del responsable del fichero sobre los
criterios de valoración y el programa utilizados en el
tratamiento que sirvió para adoptar la decisión en que
consistió el acto.
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4. La valoración sobre el comportamiento de los
ciudadanos, basada en un tratamiento de datos, únicamente podrá tener valor probatorio a petición del afectado.
Artículo 14. Derecho de consulta al Registro General
de Protección de Datos.
Cualquier persona podrá conocer, recabando a tal
fin la información oportuna del Registro General de Protección de Datos, la existencia de tratamientos de datos
de carácter personal, sus finalidades y la identidad del
responsable del tratamiento. El Registro General será
de consulta pública y gratuita.
Artículo 15. Derecho de acceso.
1. El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener
gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos,
así como las comunicaciones realizadas o que se prevén
hacer de los mismos.
2. La información podrá obtenerse mediante la
mera consulta de los datos por medio de su visualización,
o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento
mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada
o no, en forma legible e inteligible, sin utilizar claves
o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos
específicos.
3. El derecho de acceso a que se refiere este artículo
sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a doce
meses, salvo que el interesado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrán ejercitarlo antes.
Artículo 16. Derecho de rectificación y cancelación.
1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.
2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los
datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste
a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando
tales datos resulten inexactos o incompletos.
3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos,
conservándose únicamente a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del
tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas.
Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.
4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran
sido comunicados previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación
efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de
que se mantenga el tratamiento por este último, que
deberá también proceder a la cancelación.
5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.
Artículo 17. Procedimiento de oposición, acceso, rectificación o cancelación.
1. Los procedimientos para ejercitar el derecho de
oposición, acceso, así como los de rectificación y cancelación serán establecidos reglamentariamente.
2. No se exigirá contraprestación alguna por el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación
o cancelación.
Artículo 18. Tutela de los derechos.
1. Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la
presente Ley pueden ser objeto de reclamación por los
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interesados ante la Agencia de Protección de Datos, en
la forma que reglamentariamente se determine.
2. El interesado al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos de oposición, acceso,
rectificación o cancelación, podrá ponerlo en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos o, en su
caso, del organismo competente de cada Comunidad
Autónoma, que deberá asegurarse de la procedencia o
improcedencia de la denegación.
3. El plazo máximo en que debe dictarse la resolución expresa de tutela de derechos será de seis meses.
4. Contra las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos procederá recurso contencioso-administrativo.
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3. En las disposiciones que se dicten para la supresión de los ficheros, se establecerá el destino de los
mismos o, en su caso, las previsiones que se adopten
para su destrucción.
Artículo 21. Comunicación de datos entre Administraciones públicas.
1. Los interesados que, como consecuencia del
incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley por
el responsable o el encargado del tratamiento, sufran
daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho
a ser indemnizados.
2. Cuando se trate de ficheros de titularidad pública,
la responsabilidad se exigirá de acuerdo con la legislación reguladora del régimen de responsabilidad de las
Administraciones públicas.
3. En el caso de los ficheros de titularidad privada,
la acción se ejercitará ante los órganos de la jurisdicción
ordinaria.
1. Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras
Administraciones públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre
materias distintas, salvo cuando la comunicación hubiere
sido prevista por las disposiciones de creación del fichero
o por disposición de superior rango que regule su uso,
o cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos
o científicos.
2. Podrán, en todo caso, ser objeto de comunicación
los datos de carácter personal que una Administración
pública obtenga o elabore con destino a otra.
3. No obstante lo establecido en el artículo 11.2.b),
la comunicación de datos recogidos de fuentes accesibles al público no podrá efectuarse a ficheros de titularidad privada, sino con el consentimiento del interesado
o cuando una ley prevea otra cosa.
4. En los supuestos previstos en los apartados 1
y 2 del presente artículo no será necesario el consentimiento del afectado a que se refiere el artículo 11 de
la presente Ley.
TÍTULO IV
Artículo 22. Ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Artículo 19. Derecho a indemnización.
Disposiciones sectoriales
CAPÍTULO I
Ficheros de titularidad pública
Artículo 20. Creación, modificación o supresión.
1. La creación, modificación o supresión de los
ficheros de las Administraciones públicas sólo podrán
hacerse por medio de disposición general publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» o Diario oficial correspondiente.
2. Las disposiciones de creación o de modificación
de ficheros deberán indicar:
a) La finalidad del fichero y los usos previstos para
el mismo.
b) Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos.
c) El procedimiento de recogida de los datos de
carácter personal.
d) La estructura básica del fichero y la descripción
de los tipos de datos de carácter personal incluidos en
el mismo.
e) Las cesiones de datos de carácter personal y,
en su caso, las transferencias de datos que se prevean
a países terceros.
f) Los órganos de las Administraciones responsables del fichero.
g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen
ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
h) Las medidas de seguridad con indicación del nivel
básico, medio o alto exigible.
1. Los ficheros creados por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad que contengan datos de carácter personal
que, por haberse recogido para fines administrativos,
deban ser objeto de registro permanente, estarán sujetos
al régimen general de la presente Ley.
2. La recogida y tratamiento para fines policiales
de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías
de datos que resulten necesarios para la prevención de
un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados
en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por categorías en función de su grado
de fiabilidad.
3. La recogida y tratamiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los datos, a que hacen referencia
los apartados 2 y 3 del artículo 7, podrán realizarse exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente
necesario para los fines de una investigación concreta,
sin perjuicio del control de legalidad de la actuación
administrativa o de la obligación de resolver las pretensiones formuladas en su caso por los interesados que
corresponden a los órganos jurisdiccionales.
4. Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para
las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.
A estos efectos, se considerará especialmente la edad
del afectado y el carácter de los datos almacenados,
la necesidad de mantener los datos hasta la conclusión
de una investigación o procedimiento concreto, la resolución judicial firme, en especial la absolutoria, el indulto,
la rehabilitación y la prescripción de responsabilidad.
Artículo 23. Excepciones a los derechos de acceso, rectificación y cancelación.
1. Los responsables de los ficheros que contengan
los datos a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del
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artículo anterior podrán denegar el acceso, la rectificación o cancelación en función de los peligros que pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad
pública, la protección de los derechos y libertades de
terceros o las necesidades de las investigaciones que
se estén realizando.
2. Los responsables de los ficheros de la Hacienda
Pública podrán, igualmente, denegar el ejercicio de los
derechos a que se refiere el apartado anterior cuando
el mismo obstaculice las actuaciones administrativas tendentes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y, en todo caso, cuando el afectado esté siendo objeto de actuaciones inspectoras.
3. El afectado al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos mencionados en los
apartados anteriores podrá ponerlo en conocimiento del
Director de la Agencia de Protección de Datos o del
organismo competente de cada Comunidad Autónoma
en el caso de ficheros mantenidos por Cuerpos de Policía
propios de éstas, o por las Administraciones tributarias
autonómicas, quienes deberán asegurarse de la procedencia o improcedencia de la denegación.
Artículo 24. Otras excepciones a los derechos de los
afectados.
1. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 5 no será aplicable a la recogida de datos cuando
la información al afectado impida o dificulte gravemente
el cumplimiento de las funciones de control y verificación
de las Administraciones públicas o cuando afecte a la
Defensa Nacional, a la seguridad pública o a la persecución de infracciones penales o administrativas.
2. Lo dispuesto en el artículo 15 y en el apartado 1
del artículo 16 no será de aplicación si, ponderados los
intereses en presencia, resultase que los derechos que
dichos preceptos conceden al afectado hubieran de
ceder ante razones de interés público o ante intereses
de terceros más dignos de protección. Si el órgano administrativo responsable del fichero invocase lo dispuesto
en este apartado, dictará resolución motivada e instruirá
al afectado del derecho que le asiste a poner la negativa
en conocimiento del Director de la Agencia de Protección
de Datos o, en su caso, del órgano equivalente de las
Comunidades Autónomas.
CAPÍTULO II
Ficheros de titularidad privada
Artículo 25. Creación.
Podrán crearse ficheros de titularidad privada que
contengan datos de carácter personal cuando resulte
necesario para el logro de la actividad u objeto legítimos
de la persona, empresa o entidad titular y se respeten
las garantías que esta Ley establece para la protección
de las personas.
Artículo 26. Notificación e inscripción registral.
1. Toda persona o entidad que proceda a la creación
de ficheros de datos de carácter personal lo notificará
previamente a la Agencia de Protección de Datos.
2. Por vía reglamentaria se procederá a la regulación
detallada de los distintos extremos que debe contener
la notificación, entre los cuales figurarán necesariamente
el responsable del fichero, la finalidad del mismo, su
ubicación, el tipo de datos de carácter personal que contiene, las medidas de seguridad, con indicación del nivel
básico, medio o alto exigible y las cesiones de datos
de carácter personal que se prevean realizar y, en su
caso, las transferencias de datos que se prevean a países
terceros.
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3. Deberán comunicarse a la Agencia de Protección
de Datos los cambios que se produzcan en la finalidad
del fichero automatizado, en su responsable y en la dirección de su ubicación.
4. El Registro General de Protección de Datos inscribirá el fichero si la notificación se ajusta a los requisitos
exigibles.
En caso contrario podrá pedir que se completen los
datos que falten o se proceda a su subsanación.
5. Transcurrido un mes desde la presentación de
la solicitud de inscripción sin que la Agencia de Protección de Datos hubiera resuelto sobre la misma, se
entenderá inscrito el fichero automatizado a todos los
efectos.
Artículo 27. Comunicación de la cesión de datos.
1. El responsable del fichero, en el momento en
que se efectúe la primera cesión de datos, deberá informar de ello a los afectados, indicando, asimismo, la finalidad del fichero, la naturaleza de los datos que han sido
cedidos y el nombre y dirección del cesionario.
2. La obligación establecida en el apartado anterior
no existirá en el supuesto previsto en los apartados 2,
letras c), d), e) y 6 del artículo 11, ni cuando la cesión
venga impuesta por ley.
Artículo 28. Datos incluidos en las fuentes de acceso
público.
1. Los datos personales que figuren en el censo
promocional, o las listas de personas pertenecientes a
grupos de profesionales a que se refiere el artículo 3, j)
de esta Ley deberán limitarse a los que sean estrictamente necesarios para cumplir la finalidad a que se destina cada listado. La inclusión de datos adicionales por
las entidades responsables del mantenimiento de dichas
fuentes requerirá el consentimiento del interesado, que
podrá ser revocado en cualquier momento.
2. Los interesados tendrán derecho a que la entidad
responsable del mantenimiento de los listados de los
Colegios profesionales indique gratuitamente que sus
datos personales no pueden utilizarse para fines de publicidad o prospección comercial.
Los interesados tendrán derecho a exigir gratuitamente la exclusión de la totalidad de sus datos personales
que consten en el censo promocional por las entidades
encargadas del mantenimiento de dichas fuentes.
La atención a la solicitud de exclusión de la información innecesaria o de inclusión de la objeción al uso
de los datos para fines de publicidad o venta a distancia
deberá realizarse en el plazo de diez días respecto de
las informaciones que se realicen mediante consulta o
comunicación telemática y en la siguiente edición del
listado cualquiera que sea el soporte en que se edite.
3. Las fuentes de acceso público que se editen en
forma de libro o algún otro soporte físico, perderán el
carácter de fuente accesible con la nueva edición que
se publique.
En el caso de que se obtenga telemáticamente una
copia de la lista en formato electrónico, ésta perderá
el carácter de fuente de acceso público en el plazo de
un año, contado desde el momento de su obtención.
4. Los datos que figuren en las guías de servicios
de telecomunicaciones disponibles al público se regirán
por su normativa específica.
Artículo 29. Prestación de servicios de información
sobre solvencia patrimonial y crédito.
1. Quienes se dediquen a la prestación de servicios
de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito
sólo podrán tratar datos de carácter personal obtenidos
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de los registros y las fuentes accesibles al público establecidos al efecto o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.
2. Podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por
quien actúe por su cuenta o interés. En estos casos se
notificará a los interesados respecto de los que hayan
registrado datos de carácter personal en ficheros, en
el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar información de la totalidad
de ellos, en los términos establecidos por la presente
Ley.
3. En los supuestos a que se refieren los dos apartados anteriores, cuando el interesado lo solicite, el responsable del tratamiento le comunicará los datos, así
como las evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis
meses y el nombre y dirección de la persona o entidad
a quien se hayan revelado los datos.
4. Sólo se podrán registrar y ceder los datos de
carácter personal que sean determinantes para enjuiciar
la solvencia económica de los interesados y que no se
refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual
de aquéllos.
Artículo 30. Tratamientos con fines de publicidad y de
prospección comercial.
1. Quienes se dediquen a la recopilación de direcciones, reparto de documentos, publicidad, venta a distancia, prospección comercial y otras actividades análogas, utilizarán nombres y direcciones u otros datos
de carácter personal cuando los mismos figuren en fuentes accesibles al público o cuando hayan sido facilitados
por los propios interesados u obtenidos con su consentimiento.
2. Cuando los datos procedan de fuentes accesibles
al público, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 5.5 de esta Ley, en cada comunicación que se dirija al interesado se informará del origen de los datos y de la identidad del responsable del
tratamiento, así como de los derechos que le asisten.
3. En el ejercicio del derecho de acceso los interesados tendrán derecho a conocer el origen de sus
datos de carácter personal, así como del resto de información a que se refiere el artículo 15.
4. Los interesados tendrán derecho a oponerse, previa petición y sin gastos, al tratamiento de los datos
que les conciernan, en cuyo caso serán dados de baja
del tratamiento, cancelándose las informaciones que
sobre ellos figuren en aquél, a su simple solicitud.
Artículo 31. Censo promocional.
1. Quienes pretendan realizar permanente o esporádicamente la actividad de recopilación de direcciones,
reparto de documentos, publicidad, venta a distancia,
prospección comercial u otras actividades análogas,
podrán solicitar del Instituto Nacional de Estadística o
de los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas una copia del censo promocional, formado con
los datos de nombre, apellidos y domicilio que constan
en el censo electoral.
2. El uso de cada lista de censo promocional tendrá
un plazo de vigencia de un año. Transcurrido el plazo
citado, la lista perderá su carácter de fuente de acceso
público.
3. Los procedimientos mediante los que los interesados podrán solicitar no aparecer en el censo promocional se regularán reglamentariamente. Entre estos
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procedimientos, que serán gratuitos para los interesados,
se incluirá el documento de empadronamiento. Trimestralmente se editará una lista actualizada del censo promocional, excluyendo los nombres y domicilios de los
que así lo hayan solicitado.
4. Se podrá exigir una contraprestación por la facilitación de la citada lista en soporte informático.
Artículo 32. Códigos tipo.
1. Mediante acuerdos sectoriales, convenios administrativos o decisiones de empresa, los responsables
de tratamientos de titularidad pública y privada, así como
las organizaciones en que se agrupen, podrán formular
códigos tipo que establezcan las condiciones de organización, régimen de funcionamiento, procedimientos
aplicables, normas de seguridad del entorno, programas
o equipos, obligaciones de los implicados en el tratamiento
y uso de la información personal, así como las garantías,
en su ámbito, para el ejercicio de los derechos de las
personas con pleno respeto a los principios y disposiciones de la presente Ley y sus normas de desarrollo.
2. Los citados códigos podrán contener o no reglas
operacionales detalladas de cada sistema particular y
estándares técnicos de aplicación.
En el supuesto de que tales reglas o estándares no
se incorporen directamente al código, las instrucciones
u órdenes que los establecieran deberán respetar los
principios fijados en aquél.
3. Los códigos tipo tendrán el carácter de códigos
deontológicos o de buena práctica profesional, debiendo
ser depositados o inscritos en el Registro General de
Protección de Datos y, cuando corresponda, en los creados a estos efectos por las Comunidades Autónomas,
de acuerdo con el artículo 41. El Registro General de
Protección de Datos podrá denegar la inscripción cuando
considere que no se ajusta a las disposiciones legales
y reglamentarias sobre la materia, debiendo, en este
caso, el Director de la Agencia de Protección de Datos
requerir a los solicitantes para que efectúen las correcciones oportunas.
TÍTULO V
Movimiento internacional de datos
Artículo 33. Norma general.
1. No podrán realizarse transferencias temporales
ni definitivas de datos de carácter personal que hayan
sido objeto de tratamiento o hayan sido recogidos para
someterlos a dicho tratamiento con destino a países que
no proporcionen un nivel de protección equiparable al
que presta la presente Ley, salvo que, además de haberse
observado lo dispuesto en ésta, se obtenga autorización
previa del Director de la Agencia de Protección de Datos,
que sólo podrá otorgarla si se obtienen garantías adecuadas.
2. El carácter adecuado del nivel de protección que
ofrece el país de destino se evaluará por la Agencia
de Protección de Datos atendiendo a todas las circunstancias que concurran en la transferencia o categoría
de transferencia de datos. En particular, se tomará en
consideración la naturaleza de los datos, la finalidad y
la duración del tratamiento o de los tratamientos previstos, el país de origen y el país de destino final, las
normas de derecho, generales o sectoriales, vigentes
en el país tercero de que se trate, el contenido de los
informes de la Comisión de la Unión Europea, así como
las normas profesionales y las medidas de seguridad
en vigor en dichos países.
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Artículo 34. Excepciones.
Lo dispuesto en el artículo anterior no será de aplicación:
a) Cuando la transferencia internacional de datos
de carácter personal resulte de la aplicación de tratados
o convenios en los que sea parte España.
b) Cuando la transferencia se haga a efectos de
prestar o solicitar auxilio judicial internacional.
c) Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de
asistencia sanitaria o tratamiento médicos o la gestión
de servicios sanitarios.
d) Cuando se refiera a transferencias dinerarias conforme a su legislación específica.
e) Cuando el afectado haya dado su consentimiento
inequívoco a la transferencia prevista.
f) Cuando la transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el afectado y el responsable
del fichero o para la adopción de medidas precontractuales adoptadas a petición del afectado.
g) Cuando la transferencia sea necesaria para la
celebración o ejecución de un contrato celebrado o por
celebrar, en interés del afectado, por el responsable del
fichero y un tercero.
h) Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público.
Tendrá esta consideración la transferencia solicitada por
una Administración fiscal o aduanera para el cumplimiento de sus competencias.
i) Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un
proceso judicial.
j) Cuando la transferencia se efectúe, a petición de
persona con interés legítimo, desde un Registro público
y aquélla sea acorde con la finalidad del mismo.
k) Cuando la transferencia tenga como destino un
Estado miembro de la Unión Europea, o un Estado respecto del cual la Comisión de las Comunidades Europeas,
en el ejercicio de sus competencias, haya declarado que
garantiza un nivel de protección adecuado.
TÍTULO VI
Agencia de Protección de Datos
Artículo 35. Naturaleza y régimen jurídico.
1. La Agencia de Protección de Datos es un ente
de derecho público, con personalidad jurídica propia y
plena capacidad pública y privada, que actúa con plena
independencia de las Administraciones públicas en el
ejercicio de sus funciones. Se regirá por lo dispuesto
en la presente Ley y en un Estatuto propio, que será
aprobado por el Gobierno.
2. En el ejercicio de sus funciones públicas, y en
defecto de lo que disponga la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, la Agencia de Protección de
Datos actuará de conformidad con la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. En sus adquisiciones patrimoniales y contratación estará sujeta al derecho privado.
3. Los puestos de trabajo de los órganos y servicios
que integren la Agencia de Protección de Datos serán
desempeñados por funcionarios de las Administraciones
públicas y por personal contratado al efecto, según la
naturaleza de las funciones asignadas a cada puesto
de trabajo. Este personal está obligado a guardar secreto
de los datos de carácter personal de que conozca en
el desarrollo de su función.
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4. La Agencia de Protección de Datos contará, para
el cumplimiento de sus fines, con los siguientes bienes
y medios económicos:
a) Las asignaciones que se establezcan anualmente
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
b) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas del mismo.
c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle
atribuidos.
5. La Agencia de Protección de Datos elaborará y
aprobará con carácter anual el correspondiente anteproyecto de presupuesto y lo remitirá al Gobierno para que
sea integrado, con la debida independencia, en los Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 36. El Director.
1. El Director de la Agencia de Protección de Datos
dirige la Agencia y ostenta su representación. Será nombrado, de entre quienes componen el Consejo Consultivo, mediante Real Decreto, por un período de cuatro
años.
2. Ejercerá sus funciones con plena independencia
y objetividad y no estará sujeto a instrucción alguna
en el desempeño de aquéllas.
En todo caso, el Director deberá oír al Consejo Consultivo en aquellas propuestas que éste le realice en
el ejercicio de sus funciones.
3. El Director de la Agencia de Protección de Datos
sólo cesará antes de la expiración del período a que
se refiere el apartado 1, a petición propia o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción de
expediente, en el que necesariamente serán oídos los
restantes miembros del Consejo Consultivo, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad
o condena por delito doloso.
4. El Director de la Agencia de Protección de Datos
tendrá la consideración de alto cargo y quedará en la
situación de servicios especiales si con anterioridad estuviera desempeñando una función pública. En el supuesto
de que sea nombrado para el cargo algún miembro de
la carrera judicial o fiscal, pasará asimismo a la situación
administrativa de servicios especiales.
Artículo 37. Funciones.
Son funciones de la Agencia de Protección de Datos:
a) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre
protección de datos y controlar su aplicación, en especial
en lo relativo a los derechos de información, acceso,
rectificación, oposición y cancelación de datos.
b) Emitir las autorizaciones previstas en la Ley o
en sus disposiciones reglamentarias.
c) Dictar, en su caso, y sin perjuicio de las competencias de otros órganos, las instrucciones precisas
para adecuar los tratamientos a los principios de la presente Ley.
d) Atender las peticiones y reclamaciones formuladas por las personas afectadas.
e) Proporcionar información a las personas acerca
de sus derechos en materia de tratamiento de los datos
de carácter personal.
f) Requerir a los responsables y los encargados de
los tratamientos, previa audiencia de éstos, la adopción
de las medidas necesarias para la adecuación del tratamiento de datos a las disposiciones de esta Ley y,
en su caso, ordenar la cesación de los tratamientos y
la cancelación de los ficheros, cuando no se ajuste a
sus disposiciones.
g) Ejercer la potestad sancionadora en los términos
previstos por el Título VII de la presente Ley.
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h) Informar, con carácter preceptivo, los proyectos
de disposiciones generales que desarrollen esta Ley.
i) Recabar de los responsables de los ficheros cuanta ayuda e información estime necesaria para el desempeño de sus funciones.
j) Velar por la publicidad de la existencia de los ficheros de datos con carácter personal, a cuyo efecto publicará periódicamente una relación de dichos ficheros con
la información adicional que el Director de la Agencia
determine.
k) Redactar una memoria anual y remitirla al Ministerio de Justicia.
l) Ejercer el control y adoptar las autorizaciones que
procedan en relación con los movimientos internacionales de datos, así como desempeñar las funciones de
cooperación internacional en materia de protección de
datos personales.
m) Velar por el cumplimiento de las disposiciones
que la Ley de la Función Estadística Pública establece
respecto a la recogida de datos estadísticos y al secreto
estadístico, así como dictar las instrucciones precisas,
dictaminar sobre las condiciones de seguridad de los
ficheros constituidos con fines exclusivamente estadísticos y ejercer la potestad a la que se refiere el artículo 46.
n) Cuantas otras le sean atribuidas por normas legales o reglamentarias.
Artículo 38. Consejo Consultivo.
El Director de la Agencia de Protección de Datos estará asesorado por un Consejo Consultivo compuesto por
los siguientes miembros:
Un Diputado, propuesto por el Congreso de los Diputados.
Un Senador, propuesto por el Senado.
Un representante de la Administración Central, designado por el Gobierno.
Un representante de la Administración Local, propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias.
Un miembro de la Real Academia de la Historia, propuesto por la misma.
Un experto en la materia, propuesto por el Consejo
Superior de Universidades.
Un representante de los usuarios y consumidores,
seleccionado del modo que se prevea reglamentariamente.
Un representante de cada Comunidad Autónoma que
haya creado una agencia de protección de datos en su
ámbito territorial, propuesto de acuerdo con el procedimiento que establezca la respectiva Comunidad Autónoma.
Un representante del sector de ficheros privados, para
cuya propuesta se seguirá el procedimiento que se regule
reglamentariamente.
El funcionamiento del Consejo Consultivo se regirá
por las normas reglamentarias que al efecto se establezcan.
Artículo 39. El Registro General de Protección de Datos.
1. El Registro General de Protección de Datos es
un órgano integrado en la Agencia de Protección de
Datos.
2. Serán objeto de inscripción en el Registro General
de Protección de Datos:
a) Los ficheros de que sean titulares las Administraciones públicas.
b) Los ficheros de titularidad privada.
c) Las autorizaciones a que se refiere la presente
Ley.
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d) Los códigos tipo a que se refiere el artículo 32
de la presente Ley.
e) Los datos relativos a los ficheros que sean necesarios para el ejercicio de los derechos de información,
acceso, rectificación, cancelación y oposición.
3. Por vía reglamentaria se regulará el procedimiento de inscripción de los ficheros, tanto de titularidad pública como de titularidad privada, en el Registro General
de Protección de Datos, el contenido de la inscripción,
su modificación, cancelación, reclamaciones y recursos
contra las resoluciones correspondientes y demás extremos pertinentes.
Artículo 40. Potestad de inspección.
1. Las autoridades de control podrán inspeccionar
los ficheros a que hace referencia la presente Ley, recabando cuantas informaciones precisen para el cumplimiento de sus cometidos.
A tal efecto, podrán solicitar la exhibición o el envío
de documentos y datos y examinarlos en el lugar en
que se encuentren depositados, así como inspeccionar
los equipos físicos y lógicos utilizados para el tratamiento
de los datos, accediendo a los locales donde se hallen
instalados.
2. Los funcionarios que ejerzan la inspección a que
se refiere el apartado anterior tendrán la consideración
de autoridad pública en el desempeño de sus cometidos.
Estarán obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan en el ejercicio de las mencionadas funciones, incluso después de haber cesado en
las mismas.
Artículo 41. Órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas.
1. Las funciones de la Agencia de Protección de
Datos reguladas en el artículo 37, a excepción de las
mencionadas en los apartados j), k) y l), y en los apartados
f) y g) en lo que se refiere a las transferencias internacionales de datos, así como en los artículos 46 y 49,
en relación con sus específicas competencias serán ejercidas, cuando afecten a ficheros de datos de carácter
personal creados o gestionados por las Comunidades
Autónomas y por la Administración Local de su ámbito
territorial, por los órganos correspondientes de cada
Comunidad, que tendrán la consideración de autoridades
de control, a los que garantizarán plena independencia
y objetividad en el ejercicio de su cometido.
2. Las Comunidades Autónomas podrán crear y
mantener sus propios registros de ficheros para el ejercicio de las competencias que se les reconoce sobre
los mismos.
3. El Director de la Agencia de Protección de Datos
podrá convocar regularmente a los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas a efectos de
cooperación institucional y coordinación de criterios o
procedimientos de actuación. El Director de la Agencia
de Protección de Datos y los órganos correspondientes
de las Comunidades Autónomas podrán solicitarse
mutuamente la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 42. Ficheros de las Comunidades Autónomas
en materia de su exclusiva competencia.
1. Cuando el Director de la Agencia de Protección
de Datos constate que el mantenimiento o uso de un
determinado fichero de las Comunidades Autónomas
contraviene algún precepto de esta Ley en materia de
su exclusiva competencia podrá requerir a la Administración correspondiente que se adopten las medidas
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correctoras que determine en el plazo que expresamente
se fije en el requerimiento.
2. Si la Administración pública correspondiente no
cumpliera el requerimiento formulado, el Director de la
Agencia de Protección de Datos podrá impugnar la resolución adoptada por aquella Administración.
TÍTULO VII
Infracciones y sanciones
Artículo 43. Responsables.
1. Los responsables de los ficheros y los encargados
de los tratamientos estarán sujetos al régimen sancionador establecido en la presente Ley.
2. Cuando se trate de ficheros de los que sean responsables las Administraciones públicas se estará, en
cuanto al procedimiento y a las sanciones, a lo dispuesto
en el artículo 46, apartado 2.
Artículo 44. Tipos de infracciones.
1. Las infracciones se calificarán como leves, graves
o muy graves.
2. Son infracciones leves:
a) No atender, por motivos formales, la solicitud del
interesado de rectificación o cancelación de los datos
personales objeto de tratamiento cuando legalmente
proceda.
b) No proporcionar la información que solicite la
Agencia de Protección de Datos en el ejercicio de las
competencias que tiene legalmente atribuidas, en relación con aspectos no sustantivos de la protección de
datos.
c) No solicitar la inscripción del fichero de datos
de carácter personal en el Registro General de Protección
de Datos, cuando no sea constitutivo de infracción grave.
d) Proceder a la recogida de datos de carácter personal de los propios afectados sin proporcionarles la
información que señala el artículo 5 de la presente Ley.
e) Incumplir el deber de secreto establecido en el
artículo 10 de esta Ley, salvo que constituya infracción
grave.
3. Son infracciones graves:
a) Proceder a la creación de ficheros de titularidad
pública o iniciar la recogida de datos de carácter personal
para los mismos, sin autorización de disposición general,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario oficial
correspondiente.
b) Proceder a la creación de ficheros de titularidad
privada o iniciar la recogida de datos de carácter personal
para los mismos con finalidades distintas de las que
constituyen el objeto legítimo de la empresa o entidad.
c) Proceder a la recogida de datos de carácter personal sin recabar el consentimiento expreso de las personas afectadas, en los casos en que éste sea exigible.
d) Tratar los datos de carácter personal o usarlos
posteriormente con conculcación de los principios y
garantías establecidos en la presente Ley o con incumplimiento de los preceptos de protección que impongan
las disposiciones reglamentarias de desarrollo, cuando
no constituya infracción muy grave.
e) El impedimento o la obstaculización del ejercicio
de los derechos de acceso y oposición y la negativa
a facilitar la información que sea solicitada.
f) Mantener datos de carácter personal inexactos
o no efectuar las rectificaciones o cancelaciones de los
mismos que legalmente procedan cuando resulten afectados los derechos de las personas que la presente Ley
ampara.
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g) La vulneración del deber de guardar secreto
sobre los datos de carácter personal incorporados a
ficheros que contengan datos relativos a la comisión
de infracciones administrativas o penales, Hacienda
Pública, servicios financieros, prestación de servicios de
solvencia patrimonial y crédito, así como aquellos otros
ficheros que contengan un conjunto de datos de carácter
personal suficientes para obtener una evaluación de la
personalidad del individuo.
h) Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos de carácter personal sin las
debidas condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se determinen.
i) No remitir a la Agencia de Protección de Datos
las notificaciones previstas en esta Ley o en sus disposiciones de desarrollo, así como no proporcionar en
plazo a la misma cuantos documentos e informaciones
deba recibir o sean requeridos por aquél a tales efectos.
j) La obstrucción al ejercicio de la función inspectora.
k) No inscribir el fichero de datos de carácter personal en el Registro General de Protección Datos, cuando
haya sido requerido para ello por el Director de la Agencia
de Protección de Datos.
l) Incumplir el deber de información que se establece en los artículos 5, 28 y 29 de esta Ley, cuando
los datos hayan sido recabados de persona distinta del
afectado.
4. Son infracciones muy graves:
a) La recogida de datos en forma engañosa y fraudulenta.
b) La comunicación o cesión de los datos de carácter personal, fuera de los casos en que estén permitidas.
c) Recabar y tratar los datos de carácter personal
a los que se refiere el apartado 2 del artículo 7 cuando
no medie el consentimiento expreso del afectado; recabar y tratar los datos referidos en el apartado 3 del artículo 7 cuando no lo disponga una ley o el afectado
no haya consentido expresamente, o violentar la prohibición contenida en el apartado 4 del artículo 7.
d) No cesar en el uso ilegítimo de los tratamientos
de datos de carácter personal cuando sea requerido para
ello por el Director de la Agencia de Protección de Datos
o por las personas titulares del derecho de acceso.
e) La transferencia temporal o definitiva de datos
de carácter personal que hayan sido objeto de tratamiento o hayan sido recogidos para someterlos a dicho
tratamiento, con destino a países que no proporcionen
un nivel de protección equiparable sin autorización del
Director de la Agencia de Protección de Datos.
f) Tratar los datos de carácter personal de forma
ilegítima o con menosprecio de los principios y garantías
que les sean de aplicación, cuando con ello se impida
o se atente contra el ejercicio de los derechos fundamentales.
g) La vulneración del deber de guardar secreto
sobre los datos de carácter personal a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 7, así como los
que hayan sido recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas.
h) No atender, u obstaculizar de forma sistemática
el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
i) No atender de forma sistemática el deber legal
de notificación de la inclusión de datos de carácter personal en un fichero.
Artículo 45. Tipo de sanciones.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con
multa de 100.000 a 10.000.000 de pesetas.
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2. Las infracciones graves serán sancionadas con
multa de 10.000.000 a 50.000.000 de pesetas.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas
con multa de 50.000.000 a 100.000.000 de pesetas.
4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los
beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la
reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier
otra circunstancia que sea relevante para determinar el
grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en
la concreta actuación infractora.
5. Si, en razón de las circunstancias concurrentes,
se apreciara una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho,
el órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones
que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en
que se integra la considerada en el caso de que se trate.
6. En ningún caso podrá imponerse una sanción
más grave que la fijada en la Ley para la clase de infracción en la que se integre la que se pretenda sancionar.
7. El Gobierno actualizará periódicamente la cuantía
de las sanciones de acuerdo con las variaciones que
experimenten los índices de precios.
Artículo 46. Infracciones de las Administraciones públicas.
1. Cuando las infracciones a que se refiere el artículo 44 fuesen cometidas en ficheros de los que sean
responsables las Administraciones públicas, el Director
de la Agencia de Protección de Datos dictará una resolución estableciendo las medidas que procede adoptar
para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción.
Esta resolución se notificará al responsable del fichero,
al órgano del que dependa jerárquicamente y a los afectados si los hubiera.
2. El Director de la Agencia podrá proponer también
la iniciación de actuaciones disciplinarias, si procedieran.
El procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario de
las Administraciones públicas.
3. Se deberán comunicar a la Agencia las resoluciones que recaigan en relación con las medidas y actuaciones a que se refieren los apartados anteriores.
4. El Director de la Agencia comunicará al Defensor
del Pueblo las actuaciones que efectúe y las resoluciones
que dicte al amparo de los apartados anteriores.
Artículo 47. Prescripción.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los
tres años, las graves a los dos años y las leves al año.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse
desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador,
reanudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviere paralizado durante más de seis
meses por causas no imputables al presunto infractor.
4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves
prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al
año.
5. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que
adquiera firmeza la resolución por la que se impone la
sanción.
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6. La prescripción se interrumpirá por la iniciación,
con conocimiento del interesado, del procedimiento de
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo
está paralizado durante más de seis meses por causa
no imputable al infractor.
Artículo 48. Procedimiento sancionador.
1. Por vía reglamentaria se establecerá el procedimiento a seguir para la determinación de las infracciones
y la imposición de las sanciones a que hace referencia
el presente Título.
2. Las resoluciones de la Agencia de Protección de
Datos u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma agotan la vía administrativa.
Artículo 49. Potestad de inmovilización de ficheros.
En los supuestos, constitutivos de infracción muy grave, de utilización o cesión ilícita de los datos de carácter
personal en que se impida gravemente o se atente de
igual modo contra el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos y el libre desarrollo de la personalidad que
la Constitución y las leyes garantizan, el Director de la
Agencia de Protección de Datos podrá, además de ejercer la potestad sancionadora, requerir a los responsables
de ficheros de datos de carácter personal, tanto de titularidad pública como privada, la cesación en la utilización
o cesión ilícita de los datos. Si el requerimiento fuera
desatendido, la Agencia de Protección de Datos podrá,
mediante resolución motivada, inmovilizar tales ficheros
a los solos efectos de restaurar los derechos de las personas afectadas.
Disposición adicional primera. Ficheros preexistentes.
Los ficheros y tratamientos automatizados inscritos
o no en el Registro General de Protección de Datos deberán adecuarse a la presente Ley Orgánica dentro del
plazo de tres años, a contar desde su entrada en vigor.
En dicho plazo, los ficheros de titularidad privada deberán
ser comunicados a la Agencia de Protección de Datos
y las Administraciones públicas, responsables de ficheros
de titularidad pública, deberán aprobar la pertinente disposición de regulación del fichero o adaptar la existente.
En el supuesto de ficheros y tratamientos no automatizados, su adecuación a la presente Ley Orgánica,
y la obligación prevista en el párrafo anterior deberán
cumplimentarse en el plazo de doce años a contar desde
el 24 de octubre de 1995, sin perjuicio del ejercicio
de los derechos de acceso, rectificación y cancelación
por parte de los afectados.
Disposición adicional segunda. Ficheros y Registro de
Población de las Administraciones públicas.
1. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas podrán solicitar al Instituto Nacional de Estadística, sin consentimiento del interesado, una copia actualizada del fichero
formado con los datos del nombre, apellidos, domicilio,
sexo y fecha de nacimiento que constan en los padrones
municipales de habitantes y en el censo electoral correspondientes a los territorios donde ejerzan sus competencias, para la creación de ficheros o registros de población.
2. Los ficheros o registros de población tendrán
como finalidad la comunicación de los distintos órganos
de cada Administración pública con los interesados residentes en los respectivos territorios, respecto a las relaciones jurídico administrativas derivadas de las competencias respectivas de las Administraciones públicas.
BOE núm. 298
Martes 14 diciembre 1999
Disposición adicional tercera. Tratamiento de los expedientes de las derogadas Leyes de Vagos y Maleantes
y de Peligrosidad y Rehabilitación Social.
Los expedientes específicamente instruidos al amparo de las derogadas Leyes de Vagos y Maleantes, y de
Peligrosidad y Rehabilitación Social, que contengan
datos de cualquier índole susceptibles de afectar a la
seguridad, al honor, a la intimidad o a la imagen de
las personas, no podrán ser consultados sin que medie
consentimiento expreso de los afectados, o hayan transcurrido cincuenta años desde la fecha de aquéllos.
En este último supuesto, la Administración General
del Estado, salvo que haya constancia expresa del fallecimiento de los afectados, pondrá a disposición del solicitante la documentación, suprimiendo de la misma los
datos aludidos en el párrafo anterior, mediante la utilización de los procedimientos técnicos pertinentes en
cada caso.
Disposición adicional cuarta. Modificación del artículo 112.4 de la Ley General Tributaria.
El apartado cuarto del artículo 112 de la Ley General
Tributaria pasa a tener la siguiente redacción:
«4. La cesión de aquellos datos de carácter personal, objeto de tratamiento, que se debe efectuar
a la Administración tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo 111, en los apartados anteriores de este artículo o en otra norma de rango
legal, no requerirá el consentimiento del afectado.
En este ámbito tampoco será de aplicación lo que
respecto a las Administraciones públicas establece
el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica
de Protección de Datos de carácter personal.»
Disposición adicional quinta. Competencias del Defensor del Pueblo y órganos autonómicos semejantes.
Lo dispuesto en la presente Ley Orgánica se entiende
sin perjuicio de las competencias del Defensor del Pueblo
y de los órganos análogos de las Comunidades Autónomas.
Disposición adicional sexta. Modificación del artículo
24.3 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados.
Se modifica el artículo 24.3, párrafo 2.o de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, con la siguiente redacción:
«Las entidades aseguradoras podrán establecer
ficheros comunes que contengan datos de carácter
personal para la liquidación de siniestros y la colaboración estadístico actuarial con la finalidad de
permitir la tarificación y selección de riesgos y la
elaboración de estudios de técnica aseguradora.
La cesión de datos a los citados ficheros no requerirá el consentimiento previo del afectado, pero sí
la comunicación al mismo de la posible cesión de
sus datos personales a ficheros comunes para los
fines señalados con expresa indicación del responsable para que se puedan ejercitar los derechos
de acceso, rectificación y cancelación previstos en
la ley.
También podrán establecerse ficheros comunes
cuya finalidad sea prevenir el fraude en el seguro
sin que sea necesario el consentimiento del afectado. No obstante, será necesaria en estos casos
la comunicación al afectado, en la primera introducción de sus datos, de quién sea el responsable
43099
del fichero y de las formas de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación.
En todo caso, los datos relativos a la salud sólo
podrán ser objeto de tratamiento con el consentimiento expreso del afectado.»
Disposición transitoria primera. Tratamientos creados
por Convenios internacionales.
La Agencia de Protección de Datos será el organismo
competente para la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos de carácter
personal respecto de los tratamientos establecidos en
cualquier Convenio Internacional del que sea parte España que atribuya a una autoridad nacional de control esta
competencia, mientras no se cree una autoridad diferente para este cometido en desarrollo del Convenio.
Disposición transitoria segunda. Utilización del censo
promocional.
Reglamentariamente se desarrollarán los procedimientos de formación del censo promocional, de oposición a aparecer en el mismo, de puesta a disposición
de sus solicitantes, y de control de las listas difundidas.
El Reglamento establecerá los plazos para la puesta en
operación del censo promocional.
Disposición transitoria tercera. Subsistencia de normas
preexistentes.
Hasta tanto se lleven a efectos las previsiones de
la disposición final primera de esta Ley, continuarán en
vigor, con su propio rango, las normas reglamentarias
existentes y, en especial, los Reales Decretos 428/1993,
de 26 de marzo; 1332/1994, de 20 de junio, y
994/1999, de 11 de junio, en cuanto no se opongan
a la presente Ley.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de
octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de
los datos de carácter personal.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
El Gobierno aprobará, o modificará, las disposiciones
reglamentarias necesarias para la aplicación y desarrollo
de la presente Ley.
Disposición final segunda. Preceptos con carácter de
Ley ordinaria.
Los Títulos IV, VI excepto el último inciso del párrafo 4
del artículo 36 y VII de la presente Ley, la disposición
adicional cuarta, la disposición transitoria primera y la
final primera tienen el carácter de Ley ordinaria.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor en el plazo de un
mes, contado desde su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Madrid, 13 de diciembre de 1999.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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