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„Menschenrechtsbildung und Pädagogik in Kolumbien: eine Alternative
zur Förderung des gesellschaftlichen Engagements und des Friedens in
Kriegszeiten durch einen Wandel im Bildungssystem“
“El estado de la educación y la pedagogía en derechos humanos en
Colombia: una alternativa para construir ciudadanía y paz desde la
escuela en tiempos de guerra”
Inauguraldissertation
Zur Erlangung des akademischen Grades eines Dr. Phil.
an der Fakultät für Verhaltens- und Empirische Kulturwissenschaften der
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
vorgelegt von
Luz-Adriana Romero Fontecha
Erstgutachter:
Prof. Dr. H. Schmidt
Zweigutachter:
Prof. Dr. V. Lenhart
Heidelberg, im Februar 2012
ÍNDICE
Agradecimientos......................................................................................................11
Introducción.............................................................................................................13
Capítulo 1 Definición y componentes de los derechos humanos.........................30
1.1. Fundamentos filosóficos de la idea de los derechos humanos
1.2. Los Derechos humanos a nivel internacional y el derecho internacional humanitario
1.2.1. Principios que rigen el derecho internacional humanitario
1.2.1.1. Principios aplicables a las víctimas de los conflictos (Ginebra)
1.3. Tres Generaciones de derechos humanos. Libertad, igualdad y fraternidad.
1.3.1. Derechos de Primera Generación o derechos fundamentales
1.3.2. Derechos de Segunda Generación
1.3.3. Derechos de Tercera Generación
1.3.4. Sobre los derechos de Cuarta y Quinta Generación
1.4. Conclusiones
1.5. Bibliografía
32
40
49
51
53
54
56
61
64
68
71
Capítulo 2 Antecedentes históricos de los Derechos Humanos en Colombia.....77
2.1. El encuentro de dos mundos. Las reivindicaciones indígenas
80
2.2. El Cacique Turmequé. El Memorial de Agravios y la reivindicación de los derechos
indígenas
91
2.3. La reivindicación de los derechos humanos en el contexto de la esclavitud
97
2.4. El movimiento comunero. Las reivindicaciones del pueblo
105
2.5. La influencia de la Ilustración en la formación de las nuevas ideas
110
2.5.1. Antonio Nariño y los Derechos del Hombre
111
2.5.2. El Memorial de Agravios : Camilo Torres y la reivindicación de las élites
criollas
114
2.5.3. La revolución cinetífica e ideológica de la Nueva Granada
118
2.5.4. La Pacificación : El Régimen del Terror y la desaparición del intelecto
granadino
120
2.6. La reivindicación de los derechos y la búsqueda de la paz. Acontecimientos que
marcaron un hito
122
2.6.1. El origen de los partidos políticos en Colombia. Posiciones ideológicas frente a
los derechos humanos
122
2.6.2. El Tratado de Wisconsin y el fin de la guerra de los Mil Dias
2.7. Reivindicaciones laborales, de género y étnicos
123
124
5
2.7.1. Reivindicaciones indígenas : Quintín Lame
124
2.7.2. María Cano y las reivindicaciones sociales : trabajadores y mujeres
126
2.7.3. Jorge Eliecer Gaitán : las reivindicaciones populares a través de la política
129
2.8. Alianza política como estrategia para alcanzar la paz: El Frente Nacional
131
2.9. Conclusiones
133
2.10. Bibliografía
137
Capítulo 3. Situación general de los drechos humanos en Colombia...............145
3.1 Violencia sociopolítica : Determinante de los derechos humanos
145
3.1.1. Violencia política en Colombia 1930 – 1958
147
3.1.2. Del bandolerismo a los movimientos guerrilleros
157
3.1.3. La violencia social en Colombia : la década de los ochenta
160
3.1.4. Narcotráfico como impulsor de la violencia
164
3.2. Violencia étnica y discriminación
169
3.3. Violencia mediática
175
3.4. Violencia familiar o doméstica
177
3.5. Violencia y Estado
179
3.6. Atentados contra la vida, la integridad y la libertad personal
181
3.6.1. Las minas antipersona. Un caso particular de la violación al derecho a la vida, la
integridad y la libertad en Colombia
192
3.7. Influencia de la violencia sociopolítica en el sector educativo
195
3.8. Conclusiones
198
3.9. Bibliografía
201
Capítulo 4 Tradición de los Derechos Humanos en la política colombiana......210
4.1. Colombia en las Naciones Unidas
210
4.2. Paz y Derechos Humanos. Estrategias gubernamentales
215
4.2.1. El anonimato apacible
216
4.2.1.1. El Estado de Seguridad y los decretos para mantener el orden
217
4.2.1.2. Primer foro de los derechos humanos
222
4.2.1.3. La Toma de la Embajada de la República Dominicana. Una ventana para la
denuncia
223
4.2.1.4. Primer reporte de Amnistía Internacionl sobre la situación de Derechos
Humanos en Colombia (1980)
225
4.2.1.5. Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) de la OEA
227
4.2.1.6. Una nueva oportunidad para los derechos humanos : la política de diálogo
nacional de Belisario Betancur
230
4.2.2. La Diplomacia de la astucia (mediados de los ochenta y comienzos de los
noventa)
236
4.2.2.1. La táctica del rechazo
236
4.2.2.2. La táctica de la distracción
237
4.2.3. La cooperación vacilante (mediados de los noventa a finales de los noventa)243
4.2.4. La sustitución de compromisos (finales de los noventa y comienzos del siglo
XXI)
246
4.2.4.1. La táctica del compromiso aparente
251
4.2.4.2. La táctica de la militarización del tema de los Derechos Humanos
252
6
4.2.4.3. La reinstauración de la táctica del rechazo.
4.2.4.4. La Diplomacia de las cifras
4.2.4.4.1. Reclutamiento forzado y desplazamiento
4.2.4.4.2. Las cifras de la lucha contra el narcotráfico
4.2.4.4.3. Las cifras del secuestro
4.2.4.4.4. La defensa diplomática de las cifras y la cooperación aparente
4.3. Conclusiones y Perspectivas
4.4. Bibliografía
253
262
263
266
267
270
280
283
Capítulo 5 Lineamientos internacionales, regionales y nacionales para la
educación en la esfera de los Derechos Humanos y formación para la
ciudadanía………………………………………………………………………..292
5.1. Antecedentes de la educación en derechos humanos
294
5.2. Lineamientos internacionales en la esfera de la educación en derechos humanos
297
5.2.1. Recomendación sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz
internacionales y la educación relativa a los derechos humanos y las libertades
fundamentales
297
5.2.2. Marcos internacionales concretos de Acción en materia de Educación en
Derechos Humanos
304
5.2.3. Campaña mundial de información sobre los Derechos Humanos
306
5.2.4. La conferencia mundial de derechos humanos de 1993
309
5.2.5. Declaración y el Programa Acción de Viena
310
5.2.6. Plan Acción Mundial para la Educación en Pro de los Derechos Humanos y la
Democracia (1993) y el Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera
de los Derechos Humanos (1994 – 2004)
314
5.2.7. Declaración (1994) y Plan de Acción Integrado sobre educación para la paz, los
derechos humanos y la democracia 1995
321
5.2.8. Plan de Acción. Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos 324
5.2.8.1. Primera Etapa (2005 – 2007)
325
5.2.8.2. Plan de Acción para la Segunda Fase (2010 – 2014) del Programa Mundial
para la Educación en Derechos Humanos
328
5.2.9. Directrices para la elaboración de Planes Nacionales de Acción para la educación
en la esfera de los Derechos Humanos
338
5.2.10. Medidas propuestas por los lineamientos para los Planes Nacionales de acción
en la esfera de la Educación en Derechos Humanos
340
5.2.11. Año Internacional del Aprendizaje sobre los Derechos Humanos
345
5.3. Lineamientos regionales para la Educación en la esfera de los Derechos Humanos 346
5.3.1. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”
(1988)
346
7
5.3.2. La Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer (1994)
347
5.3.3. La Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad (1999)
347
5.3.4. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura
348
5.3.5. Carta Democrática Interamericana (2001)
348
5.3.6. Informe Interamericano de la Educación en Derechos Humanos
349
5.4. Recomendaciones Informes Internacionales sobre la Educación en Derechos Humanos
en Colombia
350
5.4.1.Informe de la Relatora Especial Katarina Tomasevski : El derechos a la educación.
Misión Colombia 2003
354
5.5. Lineamientos colombianos para la educacíón en la esfera de los Derechos
Humanos
356
5.5.1. Constitución política de 1991
356
5.5.2. Ley General de Educación 115 de 1994
357
5.5.3. Decreto Reglamentario 1860 de 1994
361
5.5.4. El Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006
363
5.5.5. La Revolución Educativa
364
5.5.6. Temas principales del Plan Nacional de Acción de DDHH y DH
372
5.5.7. El Plan Nacional de Desarrollo para Todos 20101 – 2014. Presidencia Juan
Manuel Santos
374
5.6. Conclusiones
382
5.7. Bibliografía
386
Capítulo 6 Principios pedagógicos de la educación en derechos humanos............393
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
Teoría crítica y pedagogía crítica transformadora
Pedagogía para la ciudadanía, la convivencia y la paz
Conclusiones
Bibliografía
394
402
412
416
Capítulo 7 Experiencias significativas de pedagogía y educación en derechos
humanos, paz y ciudadanía en Colombia. Un acercamiento a la experiencia
alemana ........................................................................................................................420
7.1. Experiencias en pedagogía y educación en derechos humanos, paz y ciudadanía
7.1.1. Educación formal
7.1.1.1. A nivel nacional
420
421
421
8
7.1.1.1.1. Educación Superior
7.1.1.2. A nivel internacional
7.1.2. Educación No Formal (Educación para el trabajo y el desarrollo humano)
7.1.2.1. A nivel nacional
7.1.2.2. A nivel internacional
7.2. Conclusiones
426
429
430
430
435
440
7.3. Bibliografía
445
Capítulo 8 Conclusiones y Perspectivas ...................................................................446
8.1. Bibliografía
461
Anexo...........................................................................................................................462
Abreviaturas................................................................................................................509
9
10
Agradecimientos
Mis especiales agradecimientos a la Fundación Naumann quienes a través de su beca no
solamente permitieron la realización de la presente investigación, sino que por medio de su
apoyo académico tuve la oportunidad de asistir a enriquecedores seminarios que aumentaron no
solamente mis conocimientos académicos sino que me permitieron conocer personas
interesantes. A Michael Gold (q.e.p.d.) de la Fundación Naumann quien confió en mi trabajo y
siempre mostró su apoyo en toda circunstancia.
Un agradecimiento especial al Servicio Católico Alemán de Intercambio Académico (KAAD)
por su apoyo inicial para mi preparación académica que sirvió de base para la realización del
doctorado y quienes me apoyaron en los momentos más difíciles de mi estadía en Alemania.
A la Universidad Pedagógica de Heidelberg y a la Universidad de Heidelberg por contribuir a
complementar mi biografía académica.
A la ciudad de Heidelberg y a Mauer por regalarme los paisajes tranquilizadores en los
momentos difíciles del período de redacción.
A mi director de tesis el Profesor Heinz Schmidt por su asesoría y sobre todo por la confianza
que depositó en mi, su apoyo y colaboración en todos los momentos y pasos de mi doctorado.
Mil gracias a mis amigos y amigas, alemanes y de todas partes del mundo, a quienes tuve la
oportunidad de conocer en Alemania y quienes con sus consejos y paciencia me dieron la mano
en los momentos de duda y creyeron en la realización de esta meta.
A la familia Klos por ser mi familia alemana y hacerme sentir como en casa a cada instante.
A mi país Colombia que me permitió formarme como persona y profesional, y las
organizaciones y personas que en Colombia contribuyeron con sus experiencias y
conocimientos a hacer posible esta investigación.
A mis maestros y maestras que siempre fueron mi inspiración
A mis estudiantes en Colombia de los que aprendí tanto.
A mis padres y a mi hermano, en general a mi familia que desde Colombia me entregaron la
herencia más hermosa que una persona pueda tener, la educación y la alegría de aprender.
Este trabajo está dedicado a todos los defensores de derechos humanos, pero en especial a los
maestros y maestras que arriesgando su vida han querido luchar por una Colombia y un mundo
mejor. Quienes desde su cotidianidad nos brindan las enseñanzas más sabias.
A los niños y niñas del mundo quienes sueñan con un mundo en paz y lo merecen así.
A Dios que me dio la fuerza para continuar y llegar a cumplir mis sueños.
Al amor, la amistad y la sabiduría que hacen todo posible.
11
12
INTRODUCCIÓN
“La educación necesita tanto de formación técnica, científica y profesional
como de sueños y utopía.” P. Freire
El presente trabajo es el resultado de una investigación elaborada durante tres años
sobre la situación de la educación en derechos humanos, para la ciudadanía y la paz en
Colombia – EDHCP- en medio del conflicto, una revisión de los programas
académicos, los currículos, y didácticas que se han venido desarrollando en Colombia
en el sistema educativo formal, informal y no formal y un acercamiento a la experiencia
alemana. Es al mismo tiempo el resultado de una reflexión realizada por la autora a lo
largo de su experiencia académica y profesional y a través de la cual se pudo constatar
la incongruencia existente entre el discurso y la praxis, que a su vez permitió concretar
la pregunta de investigación. La primera incongruencia, fue la vivida durante la
formación universitaria y la praxis docente, pues las teorías recibidas durante la
formación superior especialmente en pedagogía y didáctica no correspondían a la
realidad a la que se ve enfrentado el docente en su quehacer cotidiano, especialmente en
un país como Colombia y eso acompañado del discurso reiterativo con relación a la
imposibilidad de los docentes de ser al mismo tiempo investigadores. Una segunda
discrepancia, fue la referente a los contenidos y currículos trabajados por el docente en
el aula y las experiencias reales y diarias a las que se ven enfrentados los escolares
dentro y fuera del contexto escolar. Ambas incongruencias sirvieron entonces para
intentar establecer en qué medida existen dos mundos que no han podido conectarse
dentro de la educación, los contenidos teóricos y la práctica, la vida real y cotidiana, y
cómo la identificación de los elementos discrepantes, poseen el potencial para
convertirse en oportunidades de desarrollar nuevos modelos de educación más
coherentes y consecuentes con la realidad y las experiencias de todos los miembros de
la comunidad educativa.
13
Estas inquietudes acompañaron la formación académica de la autora, la que tuvo su
continuidad en Alemania y se complementó con la necesidad imperiosa de confrontarse
con la la pregunta reiterativa sobre la situación de violencia sociopolítica en Colombia y
sobre todo intentar dar rspuesta a la pregunta, si existía la esperanza de alcanzar la paz y
a través de qué medios ello sería posible. La respuesta se transformó en pregunta, y es
así como la presente disertación está motivada en la necesidad de comprender la escuela
como un escenario que propicia la formación de ciudadanos que contribuyen a
consolidar una cultura de paz, incluso sacando provecho de las experiencias producto
del conflicto. La escuela entonces, no vista como una institución sino como un espacio
que implica el aprendizaje continuo, la educación permanente –EP- (Ver
LONGWORTH, N. 2003; DELORS, J. 1996; LENGRAND, P. 1973, FAURE, E.,
HERRERA, F. Et. al. 1983 entre otros), que tiene sus orígenes en la idea platónica de la
Paideia, como la posibilidad de las personas de formarse en ciudadanía y ser capaces de
ejercer sus derechos cívicos, complementado con los principios de Johann Amos
Comenius de: continuidad, integralidad y universalidad, expresados en su “Didáctica
Magna” (1592- 1670). En resumen, se constituye en la necesidad de que los hombres
tengan acceso a la educación y a la adquisición de conocimientos en todas las edades de
la vida, promovida ya en 1782 por el Marqués de Condorcet, así como la idea más
reciente, de la Educación sin Fronteras –ESF- (LWF) que pretendió introducir una
enseñanza abierta a todas las personas del mundo, a todos los tipos y todos los niveles
de educación en el contexto de la educación permante (Ver informe al Consejo
Ejecutivo en 1993 el Forum de Reflexión de UNESCO), esto es, una educación basada
en que “Lo fundamental es ahora aprender a aprender. Lo que nos han enseñado los
sistemas educativos estructurados, pronto queda superado en un mundo cambiante”
(UNESCO 1997) y dirigida a incluir a TODOS y TODAS, como un principio que
permite en un país como Colombia convertir en sujetos de derecho, a través de la
educación, a las poblaciones en situación de vulnerabilidad –mujeres, niños y niñas,
desplazados, personas en proceso de reinserción social, poblaciones afrodescendientes,
campesinas e indígenas, las comunidades raizal, así como la población rom-. El
concepto de Sujeto de derecho, entendido como “(...)una persona que tiene un
conocimiento básico de los cuerpos normativos referidos a los derechos fundamentales
de las personas y los aplica para promover y defender sus derechos y (el) de los demás”
(MAGENDZO, A. 2001, p.77) e introducido en los fundamentos de la educación se
constituyen en una esperanza desde y para la escuela.
14
La educación ligada a los derechos humanos fundamentales que a su vez son
universales, indivisibles, interconectados e interdependientes, y del mismo modo, los
derechos humanos en la educación, como el hilo conductor del trabajo investigativo y
pedagógico
La preparación académica en Alemania le permitió a la autora tener contacto con
proyectos desarrollados alrededor del tema de la educación con poblaciones vulnerables
en Colombia y desde esa perspectiva fue posible encontrar en las universidades
alemanas, coincidencias en las preocupaciones alrededor del tema, no solamente en la
teoría sino también en la práctica pedagógica. Es así como por ejemplo, la Universidad
de Heidelberg y más específicamente el Instituto de Educación contaba dentro de sus
seminarios el dirigido por el Prof. em. Dr. Volker Lenhart dedicado al tema Educación
y Pedagogía en Derechos Humanos. En él, el profesor hacía una presentación juiciosa y
detallada de los resultados de la investigación que fue publicada bajo el título:
“Pädagogik der Menschenrechte”/ “Pedagogía de los Derechos Humanos” (2006). Las
reflexiones que se desarrollaron durante dicho seminario: documentos internacionales,
modelos didácticos de Educación en Derechos Humanos –EDH en educación formal,
informal, en la formación profesional y su didáctica, así como la discusión si la
pedagogía en DH sería una nueva subdisciplina científica, sirvieron de motivación para
la realización del presente trabajo, pero enfocado específicamente al desarrollo de
dichos temas en el sistema educativo y el contexto colombiano. Los temas fueron
complementados, especialmente en lo referente a los fundamentos conceptuales de los
derechos humanos y el concepto de dignidad en ellos contenidos, por el seminario
ofrecido en la Universidad Heidelberg y el Instituto de Diaconía a cargo del Dr.
Christian Oelschläger como parte del trabajo conjunto con la Universidad Pedagógica
de Heidelberg en su seminario sobre Derechos Humanos. Paralelamente a la formación
adquirida en las universidades alemanas, la autora tuvo la oportunidad de participar en
diversos escenarios académicos que le permitieron la confrontación de metodologías de
investigación y el abordaje del tema de los derechos humanos en diferentes ámbitos,
como fue el caso del trabajo propuesto por la Universidad Pedagógica de Lucerna –
(PHZ) a través de su Centro para Educación en Derechos Humanos – (ZMRB), quienes
realizan desde el 2004 el Foro anual Internacional de Derechos Humanos Lucerna
(IHRF). Los foros han concentrando sus esfuerzos en el desarrollo de temas que han
abarcado la relación existente entre los derechos humanos con discusiones de índole
15
internacional abordando temas de actualidad como la migración, la digitalización de la
vida diaria, las religiones, el medio ambiente, la niñez, y el terrorismo.
Metodológicamente el Foro ofrece la oportunidad de conocer los diferentes puntos de
vista que pueden presentarse alrededor de los temas, con actores provenientes de las
ciencias sociales, del sector económico y productivo, de los medios, el sector educativo,
y la política, entre otros. Como línea central de trabajo y parte de las discusiones se
tiene en cuenta la formación en derechos humanos y es así como parte de sus talleres
cuentan con la participación de los más destacados investigadores y pedagógos en el
área de la EDH como es el caso de Prof. Dr. Klaus-Peter Fritzsche (Cátedra UNESCO
sobre EDH de la Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg) y la Dra. Claudia
Lohrenscheit (EDH del Instituto de Derechos Humanos de Berlín).
El Instituto de Derechos Humanos de Alemania, por su parte, con sede en Berlín, dedica
parte de sus esfuerzos y cuenta como uno de sus puntos centrales de trabajo la
formación en derechos humanos. El acercamiento al Instituto, permitió confirmar, que
si bien en el ámbito europeo existen diversas investigaciones sobre casos concretos de
violaciones de derechos humanos en Colombia, p.e. situación de las poblaciones
indígenas y campesinas, el tema recurrente de la propiedad de la tierra, existen escasas
investigaciones y/o diagnósticos que evaluen el proceso de la educación en derechos
humanos en Colombia o que permitan comprender las situaciones de violaciones de
derechos humanos en el país y así poder reflexionar sobre cuál es el rol que cumple la
educación no solamente como víctima sino como generadora de alternativas para
construir la paz.
Dichas discusiones y actividades académicas despertaron el interés de la autora y esta
interdisciplinariedad facilitó la elaboración de los capítulos del presente trabajo y la
comprensión de las interrelaciones entre los puntos críticos. La autora además contaba
con las experiencias resultantes de la práctica del ejercicio docente en la sección
secundaria y en el área de ciencias sociales (formación para la ciudadanía, la
democracia y la cátedra afrocolombiana, entre otras), así como la participación la
introducción del Proyecto Educativo Institucional (PEI) durante sus inicios
profesionales en Colombia
Representó siempre una preocupación el hecho que los estándares curriculares y los
contenidos del PEI no correspondieran con la práctica, con la realidad a la que
estudiantes, maestros y padres de familia se ven enfrentados en la cotidianidad. Esta
16
disparidad en los discursos se evidencia en el proceso paralelo de introdución del PEI y
la violencia producto de la lucha contra el narcotráfico, el conflicto armado, el
desplazamiento masivo, las desapariciones forzosas, los actos terroristas, y en general la
violencia social enraizada y generalizada que ha impregnado la vida cotidiana y que ha
causado consecuencias funestas para el país a lo largo de más de cincuenta años.
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo central la realización de una
presentación sistemática de la situación de la EDHCP en Colombia desde una
perspectiva interdisciplinaria histórica, pedagógica y educativa. Para alcanzar dicho fin
es necesario tomar como puntos de referencia los elementos que permitieron el
desarrollo de las preguntas investigativas y que determinaron el rumbo de la
investigación. Cabe anotar que la connotación histórica que se presenta al inicio
constituye una parte fundamental del trabajo, pues es imposible hablar de pedagogía,
cultura o educación, sin antes reconocer los antecedentes y sobre todo los hitos que
determinaron la consolidación de determinados imaginarios y comportamientos dentro
de la sociedad y los que sin lugar a dudas, son factor importante en las prácticas
educativas y las relaciones que se desarrollan en los diferentes ámbitos de aprendizaje.
Consecuentemente, el trabajo no concentra sus esfuerzos solamente en los antecedentes
históricos, sino en la misma evolución y desarrollo del concepto de derechos humanos,
ciudadanía y paz y los concatena con las medidas adoptadas por los gobiernos
colombianos para atender a las recomendaciones ofrecidas por la ONU y sus delegados
especialmente en lo referente a la introducción de estrategias políticas, y la
promulgación y protección de los DH, el derecho de los niños y el derecho a la
educación.
La presentación de las observaciones sobre la realización de dichas estrategias en la
escuela, especialmente en sistema educativo y su desarrollo en Colombia, son
ampliados a través de ejemplos concretos. Se hace necesario complementariamente
comprender la difícil situación realidad colombiana, así como la situación general de los
DH. Aunque el trabajo no tiende a concentrarse en este punto, se recurre a esta
información, descrita desde una perspectiva histórica y cronológica como fundamento y
para darle claridad al tema desde una perspectiva de la psicohistoria, especialmente en
lo concerniente a las problemáticas de género, discriminación y analfabetismo.
17
Se intenta reconocer los factores internos y externos que dinamizan las experiencias
pedagógicas y educativas en relación a la EDHCP. Dichos factores se concretan a su
vez no solamente en la violencia sociopolítica, sino con las exigencias de la sociedad
moderna en particular con los valores democráticos y de participación como la
tolerancia, el respeto, la solidaridad, la libertad, los cuales se encuentran referenciados
en el derecho internacional -DI- y en los instrumentos que han sido implementados en
las políticas educativas colombianas.
La presentación de la situación de los DH en Colombia incluye no solamente el marco
político y legal, sino también el de las prácticas pedagógicas y educativas, por este
motivo, son tenidas en cuenta las experiencias colombianas y alemanas. De esta manera
se hace posible ampliar los elementos fundamentales de la EDHCP en el contexto
social, económico, político y cultural, comprendiendo los procesos como parte de una
dinámica que sufre transformaciones constantes y se ve influenciada por diversas
circunstancias.
La escuela y la pedagogía son problemas centrales en las transformaciones sociales y es
por eso que se necesita aclarar, cómo se realiza la EDHPC, y en qué medida las
transformaciones en la escuela pueden influenciar los imaginarios sobre los DH en la
colectividad. La escuela toma parte de la configuración de los imaginarios pedagógicos,
culturales, axiológicos y cognitivos, los cuales a través del currículo son puestos en la
práctica dentro del escenario escolar. La investigación parte de la EDHPC en Colombia
y sus referentes internacionales y tiene como punto central la situación general de DH
en Colombia, lo que se constituye en el fundamento para la incorporación de nuevos
retos y puntos de investigación. El contraste entre EDHCP y sus lineamientos
internacionales con las experiencias significativas en ese campo, permiten también
establecer el papel de la pedagogía en la formación de ciudadanía y una cultura de paz
en medio del conflicto que atraviesa Colombia. La identificación de los conceptos
teóricos y las posiciones pedagógicas, así como las habilidades y capacidades que allí se
involucran sirven como alternativa para el desarrollo de innovaciones y perspectivas en
el trabajo de educativo.
Como objetivos de investigación se tuvieron en cuenta:
1. Describir de la situación general actual de los DH en Colombia e
identificar los elementos y fenómenos históricos que son causantes de
18
la violencia sociopolítica, y los cuales ejercen una influencia directa o
indirecta sobre el derecho a la educación y la EDHCP en Colombia.
2. Revisar e identificar los lineamientos y parámetros nacionales e
internacionales, así como de los instrumentos que garantizan el
derecho a la educación y la EDHCP, y comparar con las
recomendaciones, su presencia y adaptabilidad en las políticas
educativas colombianas en el sector educativo formal, informal y no
formal.
3. Discutir sobre la función de la pedagogía como posibilidad para el
fortalecimiento del compromiso social y la construcción de una
cultura de paz en medio del conflicto colombiano desde las vivencias
sociales y escolares.
4. Discutir sobre las experiencias colombianas y alemanas desarrolladas
alrededor del tema EDHCP y cuales puntos pueden servir de
aprendizaje mutuo.
5. Presentar las perspectivas y oportunidades para el futuro de la EDHCP
en Colombia en relación con la situación actual y la posibilidad de
involucrar el compromiso social y la cultura de la paz en medio del
conflicto como parte de la iniciativa de la educación.
Para la identificación y análisis de la información fueron tenidas en cuenta fuentes
primarias, entendidas estas como documentos extraídos de bibliotecas colombianas, en
particular en la ciudad de Bogotá (Biblioteca Luis Ángel Arango, Biblioteca de la
Universidad de los Andes, Biblioteca de Universidad Nacional de Colombia, Biblioteca
de la Universidad Externado de Colombia), así como archivos de instituciones
nacionales e internacionales (Papel y digital), Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior, Centro Virtual de Noticias del Ministerio de Educación de
Colombia, Biblioteca Virtual de Derechos Humanos, Observatorio de Derechos
Humanos de la Presidencia de la República de Colombia, Programa Interamericano
sobre educación en valores y prácticas democráticas, Human Right Watch (Colombia),
Defensoría del Pueblo Colombia, entre otras.
La información sobre la EDHCP, teorías pedagógicas y las experiencias en relación con
la pedagogía para la paz fueron adquiridas en bibliotecas alemanas, entre otras el
Instituto de Pedagogía para la paz de Tubinga, Educación en Derechos Humanos de
Amnistía Internacional, el Instituto de Derechos Humanos de Berlín, Central Federal de
Educación Política.
La identificación, interpretación y análisis de la información obtenida posibilitó la
consolidación de los datos cualitativos sobre la EDHCP, el derecho a la educación y la
situación de los DH en Colombia, así como las experiencias realizadas en Alemania.
19
Dicha información constituye el transfondo teórico de la EDHCP en Colombia en
conexión con las perspectivas y objetivos, que ya han sido presentados.
Como fuente de información para la elaboración de los capítulos se tuvo acceso a: libros
y material virtual, revistas, archivos, prospectos, artículos de prensa y literatura
científica, pero sobre todo documentos oficiales como protocolos, acuerdos, leyes,
decisiones legales entre otros, así como material didáctico de bibliotecas colombianas y
alemanas, archivos de instituciones, y en particular los programas de EDHCP de la
Organización
de
las
Naciones
Unidas
(Declaraciones,
Recomendaciones,
Convenciones) a nivel internacional y las medidas adoptadas por el gobierno
colombiano (Leyes, normatividad legal y programas políticos). Además tuvieron un
gran significado los aportes realizados por las organizaciones no gubernamentales ONG
que trabajan el tema de EDHCP en Colombia principalmente y cuyas experiencias
fueron fundamentales para la toma de conciencia sobre de las dinámicas de protección,
difusión y comprensión de los DH.
A través del análisis sistemático de la información recabada se intentó tener en cuenta
fundamentalmente el desarrollo de tres puntos de partida: en relación a situaciones
concretas, datos cualitativos y cuantitativos, que permiten comprender la situación de
los DH y el derecho a la educación a nivel nacional e internacional. Práctico,
experiencias pedagógicas en relación con la EDHCP y sus resultados con una mención
de los proyectos realizados en Alemania y los puntos que en ese país se tienen en cuenta
para el desarrollo de los programas. Teniendo en cuenta estos puntos de partida fueron
clasificadas y analizadas las informaciones para ser entendidas por medio de la
comparación de tres elementos: la realidad, la teoría y la práctica.
La crítica interna permitió el reconocimiento de los elementos aislados, que los
documentos contienen y la manera como se integran con otras categorías. La crítica
externa permitió la comprensión de los contenidos de los documentos en relación con su
significado y trascendencia, es decir, el contexto, significado y conclusiones de la
aplicabilidad en otras instancias.
Para la interpretación se tuvo en cuenta, el aspecto histórico que permitió la revisión de
los acontecimientos y procesos desarrollados en la sociedad colombiana y el
reconocimiento de elementos, como causa de las situaciones actuales, es decir, el
concepto de derechos humanos como resultado de procesos y la conexión de esos
20
elementos en el análisis actual. El aspecto comparativo, permitió reconocer las
diferencias entre los textos y las definiciones, las estrategias y los lineamientos para la
EDHCP así como su praxis en el ámbito pedagógico.
El aspecto de la investigación casuística, que aunque no es el punto central de la
presente investigación, permite la comprensión descriptiva de la realidad y de los
elementos particulares de la EDHCP en Colombia en comparación con la situación en
Alemania y la ampliación de la constelación teorética y práctica. El aspecto de la
comprensión, permitió encontrar el significado de los acuerdos que los individuos
alcanzan, en relación a su realidad, es decir, en su actuar cotidiano dentro del contexto
escolar y social en relación con los DH. El aspecto funcional, permitió la comprensión
de las relaciones existentes entre los DH y su praxis y el sistema de leyes y de valores
dentro de la sociedad colombiana. Y finalmente, el aspecto didáctico permitió la
explicación de las contradicciones entre los conflictos alrededor del tema de los DH y
su aplicabilidad en la sociedad.
En el análisis se tuvieron en cuentra las preguntas del por qué y para qué. El método
sincrónico para la explicación de distintos fenómenos en relación a los DH en un tiempo
determinado como respuesta al por qué. El proceso es visto como parte de una dinámica
histórica que responderían a la pregunta del para qué, pues se recurre a la multiplicidad
de experiencias en el pasado y se tienen en cuenta en su papel dentro del contexto de la
formación de la idea de los DH. Ambas miradas facilitaron el análisis ordenado y
estructurado de los elementos.
Colombia se encuentra sumida desde hace más de 50 años en una situación preocupante
en relación con los DH. El conflicto armado permanente durante los siglo XIX y XX e
incluso al comenzar el siglo XXI, junto con la existencia de la guerrilla, los grupos
paramilitares, la mafia del narcotráfico, las bandas criminales, la corrupción política, la
inequidad social, así como las crisis económicas han posibilitado el crecimiento
cualitativo y cuantitativo de la violencia y sus correspondientes consecuencias, como lo
son, el desplazamiento forzado, la discriminacióin de género y de étnia, la exclusión
social (en salud, educación, recreación y vivienda), los secuestros, las ejecuciones
extrajudiciales, la tortura, los genocidios, y la alta tasa de criminalidad en los campos y
ciudades.
21
A pesar de esos problemas, existe en Colombia una democracia consolidada y un
sistema judicial independiente, que atiende a los fundamentos y los acuerdos ratificados
internacionalmente y los cuales han sido incluidos en la constitución de 1991 y en el
marco legal colombiano.
Aunque los parámetros nacionales y estrategias de implementación de la EDHCP en
Colombia se ajustan a los lineamientos internacionales (Década de la Educación en
Derechos Humanos (1994 – 2005) entre otras), no existe una tradición de investigación
académica que realice una evaluación de dicha implementación y permita reflexionar
sobre los avances, retrocesos, oportunidades, dificultades y amenazas. Uno de los
ejercicios más significativos de evaluación en esta área lo constituye el Segundo
Estudio Internacional de Educación Cívica , organizado por la Asociación Internacional
para la Evaluación de la Educación –IEA, que apoyado por el Ministerio de Educación
Nacional –MEN- y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación –
ICFES- se llevó a cabo en 1999 sobre conocimientos y actitudes en educación cívica
(democracia, ciudadanía, valores políticos y temas afines)
a estudiantes de grado
octavo y que se complementó con instrumentos aplicados a personal docente y de la
administración escolar (RESTREPO, G. 2001). Sus resultados han sido discutidos en
foros especializados o bajo la tutoría de expertos en estas áreas, sin embargo, se hace
necesaria una discusión académica que tenga lugar en la escuela y cuyos resultados
permitan tomar medidas ajustadas a las necesidades de las comunidades escolares en
sus particularidades. Hay entonces, una carencia de iniciativas por parte de los
educadores, de las instituciones de educación formal, no formal e informal, por
comparar el impacto de la implementación ya sea intermanete o a nivel internacional,
por ejemplo, con otros países Latinoamericanos.
La descontextualización entre los temas que se trabajan en la escuela especialmente en
derechos humanos, ciudadanía, democracia y paz, con la realidad que atraviesa el país
en las zonas urbanas y rurales, y la incongruencia entre las prácticas internas en la
escuela y los centros de formación, son las principales críticas que no solamente
provienen de las evaluaciones internacionales sino de las reflexiones que de los mismos
escolares y universitarios pueden escucharse. De nada sirve aprender sistemáticamente
los conceptos y definiciones, estar en capacidad de mencionar los mecanismos de
protección de los derechos o conocer la estructura de la Constitución política, si al
interior de la escuela la comunicación sigue siendo verticalmente jerárquica, la
22
disciplina está impregnada por castigos y sanciones, y en la vida cotidiana de la calle,
los niños, niñas, y jóvenes se ven confrontados con realidades que no se ajustan a las
normas, las leyes o las disposiciones establecidas.
El presente trabajo busca fundamentalmente servir de base, en primera medida para
comprender que la percepción de los derechos humanos, la ciudadanía y la paz, así
como los valores que ellos implican, ha surgido en medio de un proceso histórico
inacabado, en donde se hacen reiterativos elementos que pueden servir de punto de
partida para la reflexión académica, y que permitirían el abordaje del estado del arte de
la EDHCP en Colombia, sin limitarse tan solo a establecer los elementos que pueden
encontrarse en el presente, sino que desglosando el entramado hilo que se oculta tras la
percepción de los derechos humanos en el inconciente colectivo. Busca en la historia los
protagonistas, los temas centrales, las preocupaciones y las reacciones tanto de la
sociedad civil como las nacidas de las políticas de Estado, que sirven como fundamento
para comprender lo que hoy en Colombia se describe y entiende por Derechos
Humanos.
Para su realización se hizo uso del material bibliográfico referido a la definición de los
derechos humanos, su historia y la implementación en el territorio colombiano. La
historia y los análisis que desde esa disciplina han acompañado las reflexiones
sociológicas permitieron complementar el texto con temas esencialmente sociopolíticos.
Y finalmente, los datos cualitativos, en especial las memorias escritas y la información
facilitada durante las entrevistas personales realizadas a los representantes de las
organizaciones del Estado Colombiano y las organizaciones no gubernamentales, entre
ellas el Ministerio de Educación, el Centro de Investigación y Educación Popular –
CINEP-, Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano –lPAZUD-, Viva la
Ciudadanía, Educación para una Cultura de Paz en Centroamérica y Colombia –
EDUPAZ-, Fundación Escuelas de Paz; Alianza Educación para la Construcción de
Culturas de Paz, y en Alemania, el Instituto Alemán de Derechos Humanos; el Instituto
de Pedagogía para la Paz de Tubinga, la Cátedra UNESCO, sirvieron de base para
establecer las prácticas pedagógicas que se desarrollan tanto en Colombia como en
Alemania en lo relativo a la EDHCP.
La estructuración del contenido de la investigación es consecuente con la reflexión que
la enmarca en torno a la necesidad universal, pero para nuestro interés, las necesidades
de la sociedad colombiana, de fomentar el trabajo interdisciplinario y construir
23
conjuntamente las bases para darle fundamentación teórica y metodológica a todos los
espacios sociales a la EDHCP. No puede limitarse el análisis solamente a los textos, o a
los contenidos de los cursos o cátedras, currículos o temáticas, es necesario ampliar la
perspectiva, reconocer los imaginarios que intervienen en el proceso, concepción y de
realización práctica. Para lograrlo se tomó principalmente como referencia las ciencias
sociales, especialmente en la historia y en la sociología y se involucró con los conceptos
pedagógicos y las perspectivas que de esa fusión surgen, como la psicohistoria.
El análisis de textos y documentos, así como el contacto personal con las personas
involucradas en los procesos pedagógicos de EDHCP, tanto en Colombia como en
Alemania, fueron factores decisivos para el desarrollo de la investigación, pues no
solamente permitieron contrarestar diversas prácticas, sino también reflexionar sobre
cómo que se conciben las experiencias individuales y colectivas, desde las diversas
posiciones disciplinarias.
El texto está dividido en tres partes, la primera de ellas se concentra en los conceptos
básicos de los derechos humanos y la forma como las reflexiones teóricas, filosóficas,
teológicas y políticas se combinaron en Colombia con los imaginarios propios de la
Nación apenas naciente. La segunda parte, hace referencia a la situación concreta de los
derechos humanos y la percepción política y de Estado que sobre el tema se desarrolló
en el marco de las relaciones internacionales. Y finalmente, la tercera parte, se
concentra en los aspectos pedagógicos, lineamientos y principios pedagógicos que
enmarcan los procesos de la educación en derechos humanos, así mismo se prentende
comprender la forma como se desarrollan concretamente en la práctica, los lineamientos
y principios e intenta dilucidar algunos puntos centrales que sirven como motivación
para la generación de futuras investigaciones en ese sentido.
Para comenzar, el Capítulo I hace una relación de las concepciones filosóficas que
dieron lugar a la definición de los derechos humanos y se describen los elementos más
significativos para su comprensión en su división tripartita, y las nuevas perspectivas,
que surgen de las necesidades coyunturales de resolver los problemas más inquietantes
de la sociedad actual, dando lugar a las discusiones sobre la necesidad o no de ampliar
la división y crear nuevas categorías que permitan abarcar todas las temáticas.
Si bien los derechos humanos, su concepción, aceptación y reconocimiento se realizó
por casi todos los Estados pertenecientes a la ONU, casi de forma paralela, por lo menos
24
en la formalidad, cada Estado, y Colombia no es la excepción, posee desde su desarrollo
histórico peculiaridades que influyen directamente en la manera como se entienden las
relaciones entre los individuos y entre ellos y el Estado. En el capítulo II se ofrece una
descripción general de la dinámica social, política, económica y cultural que enmarca
los procesos históricos sobre la comprensión de los derechos humanos en Colombia.
Desde la Conquista hasta mediados del siglo XX, pueden destacarse no solamente
hechos históricos que se desarrollaron en torno a reivindicaciones de los derechos de los
indígenas, de los esclavos de orígen africano, de los criollos, las mujeres, los
campesinos, los trabajadores, específicamente las poblaciones que hoy llamamos
vulnerables, y a quienes históricamente les ha correspondido sufrir la domimación y la
exclusión por parte de grupos de la sociedad, o por el Estado mismo. Dichas
reivindicaciones no hubiesen sido posibles sin la participación decidida de individuos
que sin pertenecer necesariamente o sufrir de manera directa las consecuencias de la
discriminación y la vulneración de los derechos y las libertades, fueron lo
suficientemente valientes para su tiempo, de cuestionar las relaciones de poder, las
decisiones de carácter político, legal y religioso que irían en contradicción con la moral
mínima del derecho natural. Dichas luchas por la reivindicación marcaron hitos
importantes en la historia de Colombia y permiten dilucidar algunos elementos que
permanecen constantes y que son fundamentales para la comprensión de las relaciones
sociedad – Estado – sociedad en la actualidad.
La multiplicidad de violaciones de los derechos humanos y su falta de reconocimiento,
reparación o ausencia de la Verdad, en últimas la ausencia de justicia y la impunidad
consecuente, fueron la fuente que alimentó los diversos tipos de violencia que
historiadores, sociólogos, y politólogos han intentado caracterizar, entender y
diferenciar. La violencia como consecuencia y motor de la violencia sociopolítica, ha
sido un factor repetitivo en la historia nacional. Tomando como fuente diferentes
interpretaciones de la violencia, el capítulo III intenta destacar cuáles tipos de violencia
existen en el país y la manera como ellas se interrelacionan, tanto histórica, como
políticamente. Incluye en esa relación los efectos de la violencia en sector educativo, e
intenta de esa manera conectar la realidad cotidiana y sociopolítica, con la realidad
escolar.
El Estado y sus actores políticos tienen la responsabilidad implícita de ser consecuentes
con las normativas internacionales y los compromisos adquiridos para mantener la paz
25
mundial y sus decisiones ejecutivas, legislativas y judiciales. Colombia se ha
caracterizado por ser un Estado respetuoso de los acuerdos internacionales, sin
embargo, su situación particular y problemas específicos como la lucha contra el
narcotráfico, la presencia de grupos armados ilegales como guerrillas y paramilitares,
bandas criminales, sumado a las amplias desigualdades dentro de la sociedad, hacen que
no siempre la aplicabilidad de las normas se realice de la manera esperada.
En el Capítulo IV se recrea la participación de Colombia dentro del contexto de la
promoción y el respeto de los derechos humanos a nivel internacional y las reacciones
que hacia el interior y hacia el exterior han tomado los respectivos gobiernos y sus
representaciones diplomáticas, así como la participación de la sociedad civil y las
organizaciones no gubernamentales –ONG- como actores cada vez más representativos
en las reivindicaciones de los derechos.
La segunda parte se concentra en los procesos que se desarrollan en torno a la EDHCP y
sus especificidades pedagógicas, metodológicas y didácticas.
Para comprender la forma como se ha consolidado lo que hoy conocemos como
EDHCP en Colombia, se hace necesario conocer los lineamientos internacionales,
regionales y nacionales que enmarcan el proceso. Tanto los lineamientos de tipo
pedagógico como los que implican la gestión que debe llevar a cabo el Estado son
presentados al lector con el ánimo de ser comprendidos en un contexto general, el cual
se ve influenciado en la práctica por los procesos históricos que se desarrollaron en la
primera parte. El capítulo V se concentra entonces, en las campañas, directrices,
programas, recomendaciones, convenciones, cartas e informes que competen al tema de
la educación en derechos humanos directa o indirectamente. A nivel regional y nacional
se destacan asimismo, los documentos que fueron resultado de la implementación y que
se ajustan a las necesidades propias de la sociedad colombiana.
La forma como dichas disposiciones son llevadas al aula requieren igualmente una
reflexión de tipo pedagógico que permita dilucidar, qué metodologías y didácticas, pero
sobre todo qué principios pedagógicos son aplicables a la educación en derechos
humanos y qué reflexiones surgidas precisamente de la realidad latinoamericana como
las de Paulo Freire pueden servir de punto de partida para la implementación. El
capítulo VI se concentra entonces en hacer una descripción concreta de los principios
26
pedagógicos que pueden servir de base para las reflexiones que conlleven a repensar la
EDHCP.
Si bien Colombia presenta deficiencias en la contextualización de los contenidos con las
realidades que aquejan al país, es de destacarse que existen esfuerzos e iniciativas, sobre
todo las surgidas por parte de las comunidades educativas y las organizaciones no
gubernamentales, que intentan tender un puente entre lo que se aprende y se vive en la
escuela y en las universidades, con las necesidades y los problemas recurrentes a los que
se ven enfrentados los individuos en la cotidianidad. El capítulo VII responde a una
revisión por parte de la autora de proyectos pedagógicos en la educación formal y no
formal (educación para el trabajo y el desarrollo humano) tanto a nivel Colombia, en los
sectores urbanos y rurales, como en Alemania. Como anexo a este capítulo, se adjunta
una lista de los proyectos y programas más significativos, intentando ser una
compilación de las “mejores prácticas”, con el ánimo de ofrecer al lector la posibilidad
de conocer más de cerca sus estrategias y en dado caso conformar una red de proyectos
que permita desarrollar más ampliamente los temas y darle sostenibilidad a los
proyectos.
En el capítulo VIII se presentan las reflexiones que a lo largo del capítulo se
convirtieron en hilo conductor, especialmente destacando, cuáles elementos son
reiterativos en la historia, y qué relaciones existen espacial y temporalmente entre los
hechos, y las alternativas que hacia el futuro se presentan como posibles vías para
comprender y realizar efectivamente los derechos, formar ciudadanos comprometidos y
alcanzar la paz.
La presente investigación engloba la interdisciplinariedad de los temas junto con la
reflexión de contenidos, teorías y prácticas, que permiten comprender la EDHCP, en sí
misma como una fuente para futuras investigaciones que se destinen a analizar
detalladamente alguno de los temas aquí mencionados o construir desde las bases de la
misma la motivación necesaria para el establecimiento de nuevas prácticas pedagógicas,
ciudadanas e incluso políticas. Es también una invitación a los educadores, pues en su
labor cotidiana se ven siempre enfrentados a la pregunta del qué y para qué enseñar, y
es ese el punto de partida para la investigación en el aula, que requiere más que de
conocimientos estadísticos y científicos, la curiosidad y la inquietud como motores para
la observación, para el reconocimiento de los fenómenos en sus escenarios y con sus
protagonistas reales. Es un llamado a las personas encargadas de elaborar las políticas
27
educativas, para que concentren sus esfuerzos en canalizar dichas observaciones, las
experiencias de los educadores, multiplicadores, directivas educativas, facilitadores, así
como de los estudiantes de educación en todas las áreas y construir proyectos que no se
vean limitados por las aulas de clase, que no tengan en cuenta tan solo los datos
cuantitativos, sino que concentren sus esfuerzos en la consolidación de una educación
de calidad, una educación en derechos humanos y la educación como un derecho
humano, una ciudadanía activa y responsable, y la construcción concertada de una
cultura de paz, donde los principios de tolerancia, respeto y solidaridad, estén implícitos
en las prácticas cotidianas, no solamente en la escuela sino en el escenario social.
28
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<http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001112/111215s.pdf>
29
1.
DEFINICIÓN Y COMPONENTES DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Para el analizar el desarrollo histórico e ideológico del origen de la idea de los Derechos
Humanos, deben ser estos contemplados como parte de una tradición. En el mundo
occidental dicha tradición se fundamenta en las bases de la filosofía y la política, pero
adquiere matices de acuerdo a las realidades de las diferentes sociedades, y su
fundamentación teórica abarca diversas disciplinas que además de enriquecerla
pretenden facilitar su comprensión e interpretación. Visto de esta manera, es preciso
tener en cuenta que los procesos históricos desarrollados específicamente en América
Latina se definen según elementos particulares, los cuales se evidencian
fundamentalmente en la época del descubrimiento, pero sobre todo durante la conquista,
colonización y los procesos subsiguientes. Sin embargo, estas peculiaridades de
desarrollo histórico se enmarcan en la concepción del ser del hombre desde un punto de
vista universal que comprende las explicaciones del individuo en un sentido ontológico.
En particular, y como marco del desarrollo específico de América Latina, pueden
mencionarse como ejemplo las atrocidades cometidas durante la colonización por parte
de los conquistadores y colonos españoles en nombre de la Corona bajo la controvertida
legitimación de la potestad divina, las cuales afectaron en principio a los grupos
indígenas y en ocasiones fueron parte de las estrategias que desarrollaron los mismos
conquistadores contra sus iguales en la anhelada obtención del poder territorial,
económico, político y social. Para contrarrestar dichas atrocidades y los abusos
cometidos en tierras de ultramar, la Corona española diseñó mecanismos de control y
castigo para enfrentarlas, que se denominarían Leyes de Indias. Adicional a estas
medidas persiste la necesidad de conservar la tradición de los derechos humanos
basados en el derecho natural ligado al principio de la igualdad entre los hombres ante
Dios. Este argumento fundamenta dos procesos contrarios, pues sirvió tanto como
excusa para la conquista religiosa y la imposición de la religión cristiana a los pueblos
30
indígenas americanos, como también para la reivindicación de sus derechos, puesta en
marcha por representantes de la iglesia católica, como lo hicieron el padre Domingo de
Soto (1494-1570), Francisco Vitoria (1483-1546) y Francisco Suárez (1548-1617),
miembros de la llamada escuela de Salamanca1, y quienes han sido considerados como
precursores del Derecho Internacional. Bajo los mismos preceptos, pero puestos en la
práctica, el fraile Antonio Montesinos (1480-1540) acompañado por otros como Fray
Bartolomé de las Casas también dominico, iniciarían acciones por la lucha por la
libertad y la dignidad de los pueblos conquistados.
Según Guzmán Moreno los derechos humanos pueden incluirse dentro de las
formaciones históricas que serían entendidas como “el estado, etapa o grado de
desarrollo, aptitud o habilidad, adquirido por las personas en general o por los miembros
de una comunidad, sociedad, nación o pueblo, en particular, en un proceso histórico,
especial y temporalmente determinado, en lo físico o en lo moral, respecto de personas
o cosas, uniéndolas entre sí, para que se conforme entre aquellas un cuerpo moral, y
estas constituyan un todo” (GUZMÁN MORENO, J. 2001, p.19)
Con relación a este punto existen además dos visiones en torno a la naturaleza de los
derechos humanos: “El hombre en razón de la exigencia de su esencia, posee ciertos
derechos fundamentales e inalienables anteriores, y superiores a la sociedad. Y en el
segundo, el hombre en razón del desarrollo histórico de la sociedad, se ha revestido de
derechos continuos variables y sometidos al influjo de devenir” (MARITAIN 1949,
p.19 en : GONZÁLEZ HINOJOSA, R. 2002, p.171)
Teniendo en cuenta esta perspectiva es necesario comprender que los derechos humanos
en Colombia hacen parte de un proceso social, político, cultural y económico que en
Latinoamérica puede denominarse Sui géneris. Las reacciones frente a la defensa de los
derechos humanos por parte de las organizaciones internacionales, las instituciones
estatales, la sociedad civil se han plasmado en diferentes planteamientos y reflexiones
que se materializan en normas, leyes y medidas de carácter político, económico,
cultural, e incluso pedagógico, las cuales caracterizan el desarrollo del contexto
1
“(..) escuela de los teólogos-juristas salmantinos del siglo XVI, conocida como Escuela española de
Derecho Natural o de la segunda Escolástica. A lo largo de tres generaciones --presididas por Francisco
de Vitoria, Domingo de Soto y Melchor Cano-- la Escuela dará forma a lo que se denomina el “proyecto
de reconversión colonial”. A partir de entonces, el Derecho Natural y el Derecho Común serán los
fundamentos del nuevo ordenamiento jurídico que comenzará a regir en las Indias”. (MAYORGA
GARCÍA, F. 2002)
31
colombiano en relación a la percepción, comprensión y protección de los derechos
humanos a lo largo de su historia.
1.1.
FUNDAMENTO FILOSÓFICO DE LA IDEA DE LOS DERECHOS
HUMANOS
El pensamiento filosófico desde la antigua Grecia y Roma puso las bases de lo que se
denomina el derecho natural llamado también Iusnaturalismo (del latín ius, «derecho», y
natura, «naturaleza») concebido por los griegos Platón, Socrates y Aristóteles, y
retomado por los romanos Cicerón, Séneca, Gayo, Ulpiano y Justiniano. Esta doctrina
evidencia la existencia de unos atributos intrínsecos al ser humano y que se revelan en
su comportamiento individual y social. El derecho natural teniendo en cuenta este
precepto, pone por encima de los contratos sociales o normatividad estatal, llamada
también positiva, los atributos que regularían las relaciones y la convivencia.
Las relaciones trascendentes entre el ser humano y el ser absoluto servirían de
fundamento para el desarrollo del derecho natural por parte la filosofía cristiana
representados por diversos pensadores desde San Ireneo y los miembros de la escuela
Patrística, hasta Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Sin embargo, para el caso de la
influencia del pensamiento cristiano en el desarrollo de los derechos humanos en
América y específicamente en Colombia, es necesario exaltar la presencia de la llamada
escuela de Salamanca de los siglos XVI y XVII, cuyos representantes Francisco de
Vitoria, Domingo de Soto y Francisco Suárez junto con el jurista Hugo Grocio (Hugo
Grotius) (1583-1645). Ellos además de transmitir las ideas de la Escuela por Europa, se
basaron en los preceptos anunciados por Vitoria para sentar los fundamentos de lo que
hoy conocemos como derecho internacional, y que puede constatarse en el libro Grocio
De iure belli ac pacis (1625), a través del cual es contextualizado el derecho natural en
una base racionalista y se amplía sistemáticamente al antiguo derecho de gentes. Según
Grocio sería la «recta razón» la fuente del derecho natural procedente de la misma
«naturaleza». Las normas jurídicas, según Grocio se conservarían aunque Dios no
existiera o fuera ajeno a los asuntos humanos, lo que se contrapone con su idea de que
en el derecho natural se manifiestan las huellas de Dios. (PARDO TOVAR, A. 1970)
Este concepto marcaría el inicio además de la laicicización del pensamiento
renacentista.
32
“Por infinito que sea el poder de Dios, sin embargo, puede decirse que hay
ciertas cosas sobre las cuales aquel poder no se extiende (...) Del mismo modo
que ni siquiera Dios puede hacer que dos veces dos no sea igual a cuatro, así Él
no puede hacer que lo que es intrínsecamente malo no sea malo.”(GROCIO, H.
en: SERRANO GÓMEZ, E. 1994, p.126)
Posteriormente otros filósofos reflexionaron sobre esta apreciación, como lo fue
Friedrich Hegel (1770-1831) al promulgar, que la voluntad sería la base del derecho, lo
cual implica la presencia de deberes éticos. El pesamiento hegeliano hace parte del
rompimiento con la idea absoluta de Dios como fuente de la moral remplazada por la
naturaleza racional del hombre. El deber se convierte en limitación cuando es
obligatorio, pero se convierte en liberación cuando es voluntario. Asimismo propone la
correlación entre derechos y deberes que se visualizan a través de la ética. La libertad
representa para Hegel no solamente la determinación para actuar sino su validación en
la práctica a través de la autodeterminación y la discrepancia con lo reconocido por
todos.
Durante el Renacimiento, siglos XV y XVI, surge un nuevo pensamiento que separaría
la teología y la filosofía dándole paso a las ciencias naturales y al pensamiento racional,
que comprende a la sociedad como el universo que posee una estructura racional la cual
debe ser entendida precisamente desde la racionalidad. Estas ideas formarían parte del
Contractualismo, que también edificaría las bases de lo que hoy conocemos como
derechos humanos. El contractulismo distingue entre el hombre asocial y su posterior
instancia el hombre social que se ratifica a través del Contrato Social, cuyo más
reconocido exponente es Jean-Jacques Rousseau (1672-1747), quien durante el llamado
siglo de las Luces, definió las bases de la libertad y la igualdad entre los hombres y
estableció la nueva filosofía política comprendida por las relaciones entre los individuos
y el Estado, fundamento también de la idea de los derechos humanos. Como
antecedente de Rousseau el inglés Thomas Hobbes (1588-1679) y su materialismo
mecanicista explica como el hombre está regido por leyes del universo y la sociedad
está siempre en movimiento y que “las peores calamidades que sufre la humanidad se
eliminarían, si se conocieran las reglas de las acciones humanas con la misma certeza
con que se conocen las de las dimensiones de las figuras geométricas” (BOBBIO, N.
1998, p.25). Para Hobbes el hombre se mueve hacia las cosas que desea y se aleja de las
cosas que amenazan su vida y el hombre se concibe como homo hominis lupus
(PLAUTO en Asinaria) o Lupus est homo homini non homo «El hombre es un lobo para
el hombre» en el concepto de Hobbes. Este movimiento sirve como base para
33
comprender la organización social y la presencia del Derecho y las formas de gobierno.
En su libro Leviatán (1651) Hobbes expone además de su propia doctrina del derecho
natural moderno, el origen de los gobiernos y las sociedades a través del Contrato
Social, en donde se describe, cómo los acuerdos naturales entre los gobernantes y los
gobernados permiten la convivencia enmarcada en la ley de la naturaleza, la cual impele
al hombre a no atentar contra su vida o contra la de sus iguales, renuncia entonces a su
derecho natural para asegurar la paz y la defensa común, el primer derecho a ser
protegido, es entonces el de la vida. Con relación a la libertad, ésta fue relacionada con
la propiedad y considerada un derecho que el Estado no podía restringir por ser éste un
derecho absoluto, por otro lado la igualdad, era considerada un derecho político y por
tanto podría ser restringido por el Estado (SZABO, I. comenta el capítulo 14 de
Leviatán de HOBBES en: VASAK, K. 1991, p. 40)
John Locke (1632-1704) por su parte, en su obra Dos ensayos sobre el gobierno civil
(1690) establece su teoría sobre el derecho natural argumentando que todos los hombres
nacen con dichos derechos (especialmente la libertad, la propiedad y la vida), los que el
Estado debe proteger. Para ello se hace necesaria la presencia de un Contrato social que
sirva de base al Estado, aunque no en concordancia con lo planteado con Hobbes en
relación al origen divino del poder, sino conducente a un gobierno moderado y limitado
en sus actuaciones, en donde la autoridad surge de la voluntad de los ciudadanos con el
derecho a modificar el poder legislativo y a derrocar a los gobernantes cuando estos
sobrepasaran sus atribuciones a través de la deslegitimación. La categoría de ciudadanía
se convierte en el eje central protegida y legitimada a través de la razón y el convenio
social. Locke reconoce la existencia de un «estado de naturaleza» donde los hombres
son iguales y libres, y son quienes convierten legitimamente los bienes entregados por
Dios en propiedad individual. Es decir, el Derecho de Propiedad sería anterior a la
Sociedad y al Estado, lo que significa que el derecho contiene un carácter absoluto e
ilimitado. Al ser el hombre libre y señor absoluto de sí mismo y sus propiedades, no
requiere del dominio y control de otro poder, sin embargo, la vulnerabilidad de los
derechos y las propiedades lo llevan a reunirse en sociedad para preservarlos a través de
la presencia de un gobierno. El contrato social es explicado por Locke, como una
asociación civil, donde el acuerdo se realiza entre los individuos y la autoriadad
designada por ellos. Locke además de preservar y consolidar el derecho a la propiedad
define tres problemas que tienen que ver con la intervención del Estado: la tiranía, la
34
disolución de la sociedad, y el origen del poder legislativo. La propiedad burguesa
inspiró a Locke a denominar tiranía, para la época monárquica, a aquel régimen que
estableciera obstáculos o no garantizara el derecho a la propiedad, elemento que fue
controvertido y además utilizado por las clases burguesas también durante la conquista
y formación de las primeras Repúblicas en América. Por otro lado, el poder legislativo
tendría como facultad principal la defensa de las propiedades de los miembros que la
designaron, ese sería entonces su compromiso. Las leyes legitiman y protegen los
derechos de propiedad de quienes las respaldan, de actuar contrariamente, se ven
enfrentados a la desobediencia de la sociedad. (LIÉVANO AGUIRRE, I. 1996 v.1)
Adicionalmente, propende Locke por el derecho a profesar cualquier religión basándose
en la práctica de la tolerancia descrita en su Carta sobre la Tolerancia (1689-1690), es
entonces como la libertad religiosa así presentada, se convierte en fundamento para la
creación de los Estados Unidos de América y la formación de los Estados liberales en
general. No debe olvidarse que la libertad religiosa es una de las primeras libertades
recononocidas y reinvindicadas en la época moderna.
Con referencia en la concepción rousseoniana de los derechos, estos no son inmutables
ni naturales, sino que corresponderían a los acuerdos establecidos entre los individuos y
los que se validan a través del Estado. Comparativamente con el derecho natural, el
individuo pierde su libertad, la que le pertenecía como parte de su naturaleza, para
acceder a derechos establecidos de manera contractual escolástico. El derecho para Kant
es producto de la autodererminación del hombre quien se encarga de producirlo. Es una
forma de derecho Natural contractual que no se basa como las anteriores en
fundamentos empíricos sino en la voluntad, la autodeterminación y la libertad. La
autonomía del individuo y la responsabilidad sobre sus actos, es decir la autonomía
ética, impregna al individuo de dignidad y lo coloca por encima de todo precio,
reconociendo así la autonomía del sujeto y el carácter irrepetible de los hombres
(RODA AIEXANDRI, R. 2003, pp.169- 172)
Por otro lado, los derechos humanos fueron influenciados por las ideas del Utilitarismo
cuya filosofía se enmarca en el denominado sistema ético «teleológico» del griego telos
significa 'fin' o 'meta' es decir determinada en el resultado final contrapuesto a la ética
cristiana fundamentada en reglas. Jeremías Bentham (1748-1832) y John Stuart Mill
(1773-1836) son los representantes por excelencia del utilitarismo. En su Introducción a
los principios de la moral y legislación (1789) Bentham establece como prioridad
35
dentro de la actividad política la consecución de “la mayor felicidad para el mayor
número como la medida de lo justo y de lo injusto” (BENTHAM, J. 1776, trad. LARIO
RAMOS 1985, pp. 25-26) cuyo visionario fue el filósofo Francis Hutcheson (16941746). Es importante atribuirle al utilitarismo su distinción frente al Hedonismo, al
preocuparse por lo social y la necesidad de extender a un mayor número de individuos
el placer, es decir la maximización de lo útil maxime utile est faciendum «se ha de hacer
lo máximamente útil» corresponiendo a la necesidad de general la máxima utilidad para
el máximo número posible de miembros de la comunidad. Por otro lado, el utilitarismo
negativista ofrece la alternativa de promover la menor cantidad de dolor o daño para el
mayor número de personas, que sería más realizable en la práctica y que se lograría a
través de políticas concretas. Lo que para (GUZMÁN MORENO, J. Op cit., p. 25) es
una “concreción de los derechos humanos significa luchar por políticas de rehabilitación
de las personas y de humanización de las penas y sobre todo en contra de la pena de
muerte y darle un nuevo significado a los derechos humanos como medios para
conseguir el fin supremo de la felicidad del mayor número posible.” (PAPACHINI, A.
1997, p.37)
El Historicismo referido a la filosofía del derecho y el Romanticismo que se manifiesta
contra el racionalismo francés representado entre otros por Friedrich Karl von Savigny
(1779-1861), pretende demostrar que el Derecho es producto del modo autónomo es
decir del ser «natural» de cada pueblo al igual que el idioma. Estos dos elementos son
asumidos como parte de la esencia de cada pueblo y que son consecuencia de una
evolución histórica. Los aportes de Leopold Von Ranke (1795-1886)2 al historicismo
permitieron reconocer que la historia universal se construye desde el conocimiento de lo
individual. Para lograr contar la historia „wie es eigentlich gewesen ist“ «tal como
había acontecido» dejando de lado la especulación filosófica.
Dentro de ese historicismo es clave reconocer el papel del Marxismo como corriente
filosófica e histórica. Los derechos humanos y las libertades de un pueblo son el
resultado de los episodios históricos que tranforman su estructura social, económica y
de clases. Los derechos y libertades se derivan de las relaciones sociales dentro de un
sistema económico y que se acompañan con luchas políticas que los transforman y les
dan su carácter. Como única alternativa al dominio de las clases económicas se propone
2
Véase de RANKE: “Pueblos y Estados: en la historia moderna” y la obra controvertida “Historia de los
Papas: en la época moderna”.
36
el camino del comunismo, pues al transformar la existencia social del individuo, es
decir eliminación de la propiedad privada del capital, el hombre se vuelve conciente de
sí mismo y la solidaridad se convierte en eje de las relaciones de trabajo. (GUZMÁN
MORENO, J. Op. cit., p.26)
La reivindicación de la visión cristiana se le ha atribuido a Søren Kierkegaard como
representante de la filosofía de la existencia dentro de la corriente historicista que nos
ocupa. Para Kierkegaard (1813-1855) el supuesto del pecado es la libertad y así lo
expone en su obra El concepto de la angustia. El hombre como productor de su propia
angustia se devuelve a sí mismo descubriéndose, y en ese proceso se hace libre. Como
alternativa frente la angustia Kierkegaard propone dentro de los llamados “estadios de
la existencia” el tercer estadio, el religioso que implica que la fe funciona como una
relación privada entre el hombre y Dios, la que a su vez se da cuando la verdad divina
de Dios se inserta súbitamente en el hombre. (Ibid., pp.28-31)
“La fe no es una mera subjetividad, está sustentada en la revelación y conlleva
exigencias a las cuales se debe responder. Sin embargo, la respuesta a la fe no
puede reducirse a un proceso racional, por el contrario, en muchas ocasiones
debe enfrentarse a la paradoja y a la posibilidad del escándalo.” (GUERRERO
MARTÍNEZ, L. 2004, p. 32)
Conjuntamente con los preceptos de Kierkergaard y Martin Heidegger (1889-1976),
José Ortega y Gasset (1883-1955), Albert Camus (1913-1960) y Jean Paul Sartre (19051980) dejan un legado al concepto de los derechos humanos en la medida que se
involucran con la manifestación cotidiana del reconocimiento de los derechos dentro de
todos los ámbitos que comprenden la existencia del hombre, entendidos éstos como su
esfera social, laboral, formativa, e incluso religiosa y que se manifiestan a través de
diversas prácticas políticas directamente ligadas a ellas.
Con el modernismo, los derechos humanos se convirtieron en una meta que debía ser
practicada en la vida del hombre racional, sus fuentes se encuentran en la independencia
que el hombre adquiere de la imagen de Dios y su reconocimiento como ser autónomo.
Contrariamente, el postmodernismo propende por el no reconocimiento del hombre
como eje racional del pensamiento, sino como producto de la inestabilidad y la
indeterminación que lo llevan a luchar permanentemente por sus derechos. Como
representantes importantes de la idea posmodernista de los derechos humanos cabe
resaltar las ideas expuestas por Jacques Derrida (1924-2004) en La fuerza de la Ley. El
fundamento místico de la autoridad (1997), Jean-Francois Lyotard (1924-1998) Los
37
derechos de los otros (1996), Michel Foucault (1926-1984) en El Discurso del Poder
(1999), Gilles Deleuze (1925-1995) y Félix Guattari (1930-1952) en su obra Rizoma
(1977).(GUZMÁN MORENO, J. Op.cit., pp. 31-32)
A partir de las discusiones alrededor del Positivismo jurídico y sus diferencias con el
Derecho Natural Hans Kelsen (1881-1973) en su obra Teoría pura del derecho (1925)
expone la importancia de separar el derecho de otros elementos extraños provenientes
de las teorías sociológicas, psicológicas y teológicas que distraen la atención de la
pureza y validez de los mismos, lo que corresponde al supuesto Kantiano de lo Puro,
entre el acto coactivo y la sanción intermedia la imputación (el deber ser). Las leyes y
los derechos, según Kelsen, son producto de la aceptación previa de los mismos por
parte de una comunidad, lo que niega la existencia de un Derecho Natural e implica la
necesidad de un análisis comprensivo de los derechos y las expresiones jurídicas como
las leyes y las normas desde la ética y la sociología. En su teoría sobre el derecho3
Kelsen diferencia entre el deber ser y el ser del derecho, en donde el sistema jurídico se
establece a partir del deber ser y no del ser como sucedía en el derecho natural. Además,
el ordenamiento jurídico es considerado por Kelsen como producto de una norma
suprema o fundamental previa, ya sea una constitución o un conjunto de leyes aceptadas
con anterioridad y que no pueden ser ignoradas en la elaboración de las nuevas. El
derecho internacional pertenece, según Kelsen, a un orden superior dentro de la
jerarquía que se ubica por encima de las ordenes del Estado y que conjuntamente forma
con ellos la comunidad jurídica universal.
Bajo esta jerarquía es comprensible también que el derecho y la paz mundial deban
basarse en el derecho internacional como garantía de un orden jurídico mundial. Existen
dentro de esta jerarquía tres niveles: una norma fundamental, de cuyo supuesto depende
la validez de las demás normas jurídicas, en segunda instancia, las Leyes o normas
generales y consecutivamente, las sentencias o normas de carácter particular. Este
mismo principio jerárquico es desglosado por Kelsen cuando lo aplica al orden jurídico
nacional donde el lugar de la norma fundamental es ocupado por la Constitución de la
cual surge la determinación de los organismos y personas responsables, así como los
procedimientos para la creación de las normas generales o la prohibición de leyes,
3
“La Teoría pura del derecho” constituye una teoría sobre el derecho positivo; se trata de una teoría sobre
el derecho positivo en general, y no de una teoría sobre un orden jurídico específico. Es una doctrina
general sobre el derecho, y no la interpretación de normas jurídicas particulares, nacionales o
internacionales. Ofrece, sin embargo, también una teoría de la interpretación” (KELSEN, H.1982, p.15)
38
lógica que no se aplica inversamente, pues una ley no podría derogar una Constitución.
En segunda instancia, se encuentran las normas generales que determinan a su vez las
responsabilidades y los procedimientos para la creación de las normas individuales, es
decir estas serían originadas en las normas generales. Por último, las normas
particulares que dan sentido a las normas generales y se ejecuta a través de las
sentencias que determinan la coacción frente a un acto denominado ilícito por la norma
general.
Kelsen expone el principio de causalidad para explicar su influencia en el sistema
jurídico y su diferencia con el principio de imputabilidad. En el primero, se destaca una
(causa- efecto) que se relaciona con el ser, es decir más cercana a la idea de los
fenómenos naturales, y en el segundo, se aplica el principio del deber ser, porque la
consecuencia no tiene carácter de ser. El derecho como elemento coactivo es respaldado
y garantizado por el Estado, que no actúa como un tercero sino que es validado y
aceptado por las personas a través de las transformaciones sociales colectivas e
históricas, mientras que en la moral como ente normativo no existe una coacción, pero
si el rechazo de una sociedad a un determinado comportamiento sin una imputación (la
consecuencia se imputa a la condición, lo que es conduce a lo que debe ser).
En la teoría pura del derecho se diferencia entre el derecho subjetivo y objetivo. El
primero, corresponde al deber jurídico que se sustenta en el segundo derecho, el
objetivo que implica la norma y el comportamiento para los sujetos.
Las normas jurídicas son creadas por los actos y la norma es válida si existe en la
realidad, no tiene carácter de falsa o verdadera sino de válida o no válida y permite
regular los comportamientos humanos. El orden normativo pierde su eficacia cuando
deja de estar de acuerdo con la realidad y por ello pierde su validez. Si la norma incluye
una sanción ante dichos actos se convierte en una norma jurídica, de lo contrario no es
aceptada por el derecho como tal. A su vez, dentro de las normas jurídicas se incluyen
normas primarias y secundarias, las primeras establecen la coacción al determinar la
relación entre el ilícito o conducta contraria a lo previsto en la norma jurídica y la
sanción, y la segunda prescribe la conducta que evitaría la sanción. (GUZMÁN
MORENO Op.cit., pp. 32-38).
39
1.2.
Los Derechos Humanos a nivel internacional y Derecho Internacional
Humanitario DIH
Los derechos humanos son normas de derecho positivo internacional a través del cual se
comprometen los Estados a respetarlos mediante la legislación interna. Los antecedentes
históricos directos de la aparición de los Derechos Humanos corresponden a
circunstancias políticas, sociales, económicas y culturales específicas, que se enmarcan
en procesos negativos para la humanidad como las medidas adoptadas por los gobiernos
fascistas, la degradación del ser humano y la tensión de las relaciones entre los
ciudadanos y los Estados.
El 15 de diciembre de 1791, entró en vigencia el Bill of Rights, la Carta de Derechos de
los Estados Unidos, cuyo origen se remontan a 1215 con la Carta Magna elaborada por
los Nobles y los parientes del Clero contra los abusos de poder del Rey Juan I
forzándolo a través de la Carta Magna o la Carta de las Libertades a respetar la ley. El
punto central de las peticiones se refiere al derecho que como ciudadanos libres se tiene
para poseer propiedad privada y la posibilidad de dejarla como herencia liberándola de
inadecuados impuestos. Este ejemplo fue seguido posteriormente por los Estados
Unidos, en donde la mayoría de sus Estados habrían incluido en sus constituciones el
Bill of Rights, constituyéndose en la más significativa la Declaración de Virginia de
1776. Sus preceptos fueron no solamente inspiración para la declaración de
Independencia de los Estados Norteamericanos del Imperio Inglés sino que
indirectamente desencadenaron la lucha internacional por las libertades y los derechos,
respaldados por las ideas de Montesquieu y Locke y que cruzaría fronteras hasta
alcanzar la Revolución Francesa y las sublevaciones contral el Régimen Español en
Suramérica. (EUROPARAT et.al. 2005, pp. 283-284) La carta de los Derechos de 1791
basada en los Bill of Rights contiene inicialmente los siguientes puntos:
1.
Libertad de religión, expresión, prensa, reunión y petición.
2.
Derecho de poseer y portar armas.
3.
No alojamiento forzoso de soldados.
4.
Seguridad de personas, documentos y pertenencias contra incautaciones
o cateos arbitrarios.
5.
Garantía del debido proceso y de un juicio único por todo delito.
6.
Juicio público y expedito en causas penales y en el lugar donde se haya
cometido el delito.
40
7.
Prevalencia del juicio por jurado.
8.
Prohibición de fianzas excesivas, multas exageradas y castigos crueles o
desusados.
9.
La enumeración de derechos en la Constitución no supone negación de
otros derechos del pueblo.
10.
Los poderes no delegados a la Federación ni prohibidos a los Estados se
reservan a los Estados y al pueblo, respectivamente. (GARCÍA, D.
1991)
Por su parte la Declaración Francesa sobre los Derechos humanos y del ciudadano de
1789 es el resultado del derrocamiento de la Monarquía francesa y el establecimiento de
la primera República francesa. Los enciclopedistas, Montesquieu, Rousseau inspiraron a
los ciudadanos franceses para establecer los derechos fundamentales a través de un
sistema legal basado en la «libertad, la propiedad, la seguridad y el derecho a poner
resitencia frente a la opresión». El principio de la igualdad determinaría no sólo el
cambio de un sistema aristocrático sino el reconocimiento de la igualdad de los
ciudadanos frente a la ley. Asimismo en 1791 la francesa Olympe de Gouges conocida
como Marie Gouze (1748-1793) símbolo actual del liberalismo femenino, fundó la
“Société populaire de femmes”, y en 1791 redactó, en respuesta a la Declaración de los
Derechos del Hombre y el Ciudadano, la Declaración de la Mujer y de la Ciudadana. En
ella defendió la igualdad entre los hombres y las mujeres como ciudadanos, lo cual
abarcaba el reconocimiento de igualdad en todos los ámbitos, político a través del
derecho a la participación con el voto, a hablar en público y participar en el ejército, en
lo cultural el derecho a la educación y la expresión de las ideas, en lo social el derecho a
participar en las decisiones dentro del hogar y en la iglesia específicamente en el
derecho al divorcio, y en lo económico el derecho a poseer propiedades y a tener los
mismos beneficios fiscales que los hombres, así como el acceso a la posibilidad del
trabajo. El significado de ambas declaraciones servirían como telón de fondo para las
subsiguientes Declaraciones y Convenios que garantizan los derechos del hombre, del
ciudadano y de la mujer hasta nuestros días.
Las ideas iniciales acerca de los derechos y libertades de los individuos y de los Estados
ha generado además de discusiones, la necesidad de dejar por escrito los acuerdos
resultantes como garantía para darles validez y credibilidad. Con este transfondo se
desarrollaron las preocupaciones que después de las guerras mundiales y a lo largo del
siglo XX establecerían nuevas estrategias de carácter universal, que pretendían
fundamentalmente restablecer el orden mundial y alcanzar la paz.
41
Dentro de las estrategias para alcanzar la paz es creada la Liga de Naciones reconocida
por el tratado de Versalles en 1919, después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918),
se constituye en la primera generadora de espacios para la discusión acerca de la
protección de los derechos, pero sin tener un impacto oficial.
Woodrow Wilson (1856-1924) entonces presidente de los Estados Unidos (1913-1921)
fue el impulsor de la idea de la creación de la Liga al hacer un llamamiento a los
Estados Europeos para contribuir a la solución del conflicto bélico y contribuir con el
desarrollo integral del continente. En 1918, Wilson propone a través de un discurso
llamado Catorce Puntos, entre otras cosas, la diplomacia abierta a través de convenios,
la libertad de navegación, la desaparición de las barreras económicas, la reducción de
los armamentos nacionales, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los
pueblos en especial de las colonias, la oportunidad del desarrollo de Rusia a través de su
evacuación, el restablecimiento de la soberanía plena de Bélgica, la reparación a Francia
por los perjuicios causados por Prusia en 1871, la oportunidad para el desarrollo
autónomo del Imperio Austrohúngaro, la evacuación de Serbia y Montenegro, el
desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas, el reconocimiento de Polonia
como Estado independiente, y la más importante propuesta para nuestro fin, la creación
de una asociación general de naciones, a constituir mediante pactos específicos con el
propósito de garantizar mutuamente la independencia política y la integridad territorial,
tanto de los Estados grandes como de los pequeños (COMELLAS, J.L. 1988, pp.255258). Democracia, seguridad colectiva y autodeterminación serían la base de la
propuesta realizada por Wilson.
Los principios de Wilson no fue tomados en cuenta en los textos de los tratados de paz,
pues las potencias vencedoras de la guerra prefirieron expandirse colonialmente y
excluir políticamente a los vencidos de la política mundial, hasta 1919 cuando se firma
el Tratado de Versalles durante la Conferencia de Paz en Paris, la cual comprometería
especialmente a Alemania en el cumplimiento de los acuerdos de paz.
El último punto expuesto por Wilson sobre la creación de una sociedad de naciones se
hace realidad en 1945 con la fundación oficial de la Organización de Naciones Unidas
ONU a través de la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Esta remplazaría a la Liga
de Naciones, cuyos objetivos de alcanzar la paz duradera habían fracasado.
42
Con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades cometidas durante los
regímenes fascistas, los Estados presionaron para lograr la protección de los derechos
humanos. El Presidente de los Estados Unidos (1936-1944) Franklin Delano Roosevelt
(1882-1945) se refirió en 1941 a «las cuatro libertades»: libertad de opinión y
expresión, libertad de culto, derecho a ser liberado de la miseria y garantía de vivir sin
amenazas. Las mismas, junto con la necesidad del progreso económico y de la
seguridad social, sería incluidas en la Carta del Atlántico en 1941 firmada por Roosevelt
y Wiston Churchill (1874-1965) (Primer Ministro del Reino Unido (1940-1945 y 19511955).
La Carta del Atlántico reúne los principios de Wilson y se incorpora a la Declaración de
las Naciones Unidas en 1942, la cual aseguraba el cumplimiento de los compromisos de
paz allí adquiridos. La Declaración fue firmada por 26 países4 inicialmente y ratificada
con posterioridad por 21 Estados (ZSABO, I. en: VASAK, K. Op cit., p.53)
En 1945 la Organización de las Naciones Unidas firma la Carta de las Naciones Unidas
en San Francisco (EE.UU). La Carta incluye siete artículos divididos en capítulos, que
definen la constitución, organización y funciones de la ONU. Allí se hace referencia a
los derechos humanos, aunque una de las críticas se dirige a este punto pues se
requeriría una expresión más clara y enfática en este sentido.
Tras las críticas y recomendaciones, en 1948 se adopta la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre por parte de la ONU, cuyo texto fue redactado por el francés
merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1968, René Cassin (1887-1976). A pesar de
ser un documento que no implica obligatoriedad, pues se apoya en un carácter moral de
«recomendación», sus componentes son incluidos en el preámbulo de algunas
constituciones y son base para la redacción de documentos internacionales suscritos por
los países miembro. La Declaración está compuesta por un preámbulo y 30 artículos
dentro de los que se incluyen los derechos humanos y las libertades fundamentales de
todos los hombres y mujeres del mundo sin discriminación, así como los derechos
económicos, políticos, civiles, sociales y culturales. Es 1966 surgen el Pacto
4
Estados Unidos, Reino Unido, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, República de China,
Australia, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, República Dominicana, El Salvador,
Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, India, Luxemburgo, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua,
Noruega, Panamá, Polonia, Sudáfrica y Yugoslavia. Con posterioridad y cronológicamente ordenados:
México, Filipinas, y Etiopía (1942), Brasil, Bolivia, Colombia, Iraq e Irán (1943), Francia y Liberia
(1944) y, Arabia Saudita, Chile, Ecuador, Egipto, Líbano, Paraguay, Perú, Uruguay, Turquía, Siria y
Venezuela (1945).
43
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR). Ambos se constituyen en los
instrumentos internacionales más reconocidos internacionalmente y conjuntamente con
la Declaración Universal de los Derechos Humanos conforman el denominado
«International Bill of Rights» (EUROPARAT et. al. Op.cit., p. 295)
Para el caso colombiano, es de especial interés en el campo del derecho internacional el
reconocimiento de sus orígenes basado en el denominado «Ius ad bellum» o derecho a
la guerra perteneciente a la coyuntura de la formación de los Estados en el siglo XIX, y
su posterior transformación en «Ius in bello» o derecho de la guerra, cuya
transformación abarca el concepto de soberanía. El derecho internacional evoluciona en
este sentido convirtiéndose en Derecho Internacional Humanitario DIH, que en teoría
puede implicar la defensa de los mismos principios de igualdad, libertad y dignidad,
pero que se hace perceptible en diferente forma dependiendo de las coyunturas internas
y de los procesos y conflictos sociales, económicos, culturales y políticos de cada
Estado. Entonces, el Derecho Internacional (DI) sirve para regular los derechos de los
individuos en tiempos de paz, mientras que el Derecho Internacional Humanitario
protege los mismos derechos pero bajo circunstancias de guerra. El conocimiento del DI
permite prevenir los posibles conflictos y participar en los períodos posguerra o
conflicto en la consolidación de los derechos humanos. Paralelo a este antecedente se
encuentra la aparición de la Cruz Roja en Ginebra Suiza (1863) y su posterior
ampliación a través del Comité Internacional de la Cruz Roja CICR (1864)5 la que
presta ayuda a las víctimas de la guerra en el mundo y ha hecho presencia en los
grandes conflictos durante los últimos 140 años. (CICR 2008a)
El 22 de agosto de 1964 es firmado por 12 Estados el «Convenio de Ginebra para el
mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos en campaña». A
través de este instrumento se pretendía establecer la protección necesaria para los
militares heridos en campaña, el carácter neutral y protección al personal de los
hospitales, de las ambulancias, los servicios de sanidad, de administración y de
transporte de heridos.
Si bien no es la primera vez en la historia que se habla, discute y establecen reglas al
interior de las sociedades y la culturas con relación a los comportamientos de guerra, la
5
Premio Nobel de la Paz en tres ocasiones. La última vez fue en 1963, cuando compartió el premio con la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja.
44
historia le reconoce al Convenio de 1864 su importancia en la ratificación universal de
normas multilaterales que protejen la vida de las partes que se ven afectadas en los
conflictos (CRUZ ROJA COLOMBIANA s.f.) En 1991 el CICR es reconocido en
calidad de observador por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dentro de sus
principales funciones se encuentra la observación del derecho internacional humanitario
y el auspicio de los instrumentos que lo consolidan entre las naciones.
Tomando como base los anteriores preceptos es firmado el 27 de agosto de 1928 en
París el Tratado General de renuncia a la guerra conocido como Pacto Briand-Kellogg.
Los Estados firmantes condenan la guerra como medio de solución de conflictos y
controversias internacionales, manifestando su intención de rechazarla como
instrumentos de política nacional en las relaciones (MÉNDEZ SILVA, R. 2001, p. 2).
« (...) persuadidos de que ha llegado el momento de proceder a una sincera
renuncia a la guerra como instrumento de política nacional, a fin de que las
relaciones pacíficas y amistosas que actualmente existen entre sus pueblos
puedan ser perpetuadas(...);
Articulo 1º. Las altas partes contratantes declaran solemnemente, en nombre de
sus pueblos respectivos, que condenan el recurso a la guerra para la resolución
de los desacuerdos internacionales, y que renuncian a ella, en tanto que
instrumento de política nacional, en sus relaciones recíprocas.
Articulo 2º. Las altas contratantes reconocen que el arreglo o la solución de
todos los desacuerdos o conflictos, cualesquiera que puedan ser su naturaleza o
su origen, que puedan surgir entre las mismas, no deberán jamás intentarse
resolver sino por medios pacíficos» (HISTORIASSIGLO20 s.f)
La iniciativa presentada por Aristide Briand (Premio Nobel de la Paz en 1926) Ministro
de asuntos exteriores francés Frank Billings Kellogg (Premio Nobel de la Paz 1929)
secretario de los Estados Unidos, fue firmado por 15 países: Alemania, Australia,
Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Francia, Estados Unidos, India, Italia, Irlanda, Japón,
Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido y Sudáfrica, y posteriormente ratificado por otros
57 países. A pesar de su buena acogida y altruistas intenciones, el Pacto no poseía una
método que le permitiera el cumplimiento de los compromisos, por lo cual no tuvo los
efectos deseados y resultó inútil en lo práctico, pues no evitó la aparición de nuevos
conflictos bélicos entre los pueblos. Sin embargo, su principal logro fue servir como
fundamento argumentativo en los juicios de Núremberg, sobre los crímenes contra la
paz. (RAMÓN CHORNET, C. 2001, p.12) Además sirvió como inspiración para la
elaboración de Tratado Antibélico de No-Agresión y de Conciliación (Pacto SaavedraLamas) suscrito en Río de Janeiro el 10 de Octubre de 1933 y propuesto por Carlos
Saavedra Lamas (Nobel de la Paz 1936), ministro de Relaciones Exteriores de
45
Argentina, quien logró una notable participación en la paz en la guerra del Chaco
(Bolivia y Paraguay). El texto esencialmente propende por alcanzar la paz y así:
«(...) Con el propósito de condenar las guerras de agresión y las adquisiciones
territoriales que sean obtenidas mediante la conquista por la fuerza de las armas,
haciéndolas imposibles y sancionando su invalidez por las disposiciones
positivas de este Tratado, para sustituirlas por soluciones pacíficas fundadas en
elevados conceptos de justicia y de equidad;(...) ART. I. Las Altas Partes
Contratantes declaran solemnemente que condenan las guerras de agresión en
sus relaciones mutuas o con otros Estados, y que el arreglo de los conflictos o
divergencias de cualquier clase que se susciten entre ellas, no deberá realizarse
sino por los medios pacíficos que consagra el Derecho Internacional(...)» (OEA.
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS s.f.)
El Tratado no fue firmado solamente por Estados Americanos, sino que además contó
con la participación de Estados europeos como Italia, Bulgaria, España, Grecia y
Portugal.
Los dos tratados tienen en común, su imposibilidad de impedir la emergencia de
conflictos a nivel internacional y nacional, de tipo cultural, económico, político y social.
Actualmente y a partir de la Carta de las Naciones Unidas es prohibido iniciar una
guerra a no ser que se presenten las siguientes causas: medidas comprometidas por las
Naciones Unidas para restablecer la paz, las operaciones que corresponden a la legítima
defensa y las guerras de liberación nacional. (COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ
ALVEAR RESTREPO 2001, Tít. 1. Cap. 1 : Reseña histórica de la resistencia y la
rebelión de los pueblos)
Las Convenciones de Ginebra sirvieron como escenario para la promulgación de
diferentes Convenios que ratificarían el deseo inicial de Henry Dunant (1828-1910)
quien planteó la neutralidad del personal sanitario, en su obra “Recuerdo de Solferino”.
Su materialización son las Convenciones de Ginebra : I. Convención para Aliviar la
Suerte que Corren los Heridos y Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña (1864),
II Convención para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los Enfermos y los
Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar (1906), III Convención relativa al trato
debido a los prisioneros de guerra (1929) y la IV Convención de Ginebra, de 1949,
(CICR 2008b) que comprende a su vez cuatro Convenios aprobados por la Conferencia
Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales a proteger a las víctimas de la
guerra del 12 de agosto de 1949 con sus Protocolos adicionales de 1977 relativos a la
protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, y que cuentan con
más de 600 artículos, constituyéndose en los principales instrumentos del derecho
46
internacional humanitario (DIH) relativos a la protección de las víctimas de los
conflictos armados. (COLOMBIA. DEFENSORIA DEL PUEBLO 2002, p.5s)
Otros Convenios6 de relevante importancia para la protección del DIH son:
§
la Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de
conflicto armado y sus dos Protocolos;
§
la Convención de 1972 sobre Armas Bacteriológicas;
§
la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales y sus cinco Protocolos;
§
la Convención de 1993 sobre Armas Químicas;
§
el Tratado de Ottawa de 1997 sobre las Minas Antipersonal;
§
el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de niños en los conflictos armados. (ARMADA NACIONAL DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA)
El Derecho Internacional Humanitario tiene como fundamento además de la regulación de los
conflictos, el concepto del moderno derecho interestatal «Iustus Hostos» o enemigo justo, como
reconocimiento de la autodeterminación, igualdad y defensa que caracteriza a cada Estado,
proveniente de la tradición del Derecho Romano y que permitiría también la búsqueda de
soluciones pacíficas y la paz negociada. Hoy en día este aspecto provoca constantes debates
debido a la presencia de actores del conflicto que son considerados combatientes irregulares.
6
En Colombia, son aplicables para los conflictos armados internacionales y no internacionales los
siguientes instrumentos:
§
El Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes tóxicos o
similares y medios bacteriológicos, aprobado por la Ley 10 de 1980.
§
Los Cuatro Convenios de Ginebra, aprobados por el Congreso de la República, por medio de la
Ley 5 de 1960 y promulgados mediante el Decreto 1016 del 14 de mayo de 1990.
§
La Convención de la Haya de 1954, sobre la protección de los bienes culturales en caso de
conflicto armado, aprobada mediante la Ley 340 de 1996.
§
Los Protocolos Adicionales I y II, el primero aprobado mediante la Ley 11 de 1992 y en vigencia
desde el primero de marzo de 1994. El segundo fue aprobado por medio de la Ley 171 de 1994 y
entró a regir el 15 de febrero de 1996.
§
La Convención de Ginebra sobre prohibición o restricciones del empleo de ciertas armas
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados,
del 10 de octubre de 1980, con su Protocolo I, “sobre fragmentos no localizables”, adoptado el
10 de octubre de 1980 con la Convención. El Protocolo II, “sobre prohibiciones o restricciones
del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos”, enmendado el 3 de mayo de 1996 en
Ginebra. El Protocolo III, “sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas
incendiarias”, adoptado el 10 de octubre con la Convención. Y el Protocolo Adicional,
considerado como IV, “sobre armas láser cegadoras”, aprobado en Viena el 13 de octubre de
1995. Los anteriores instrumentos fueron aprobados por el Congreso por medio de la Ley 469
del 5 de agosto de 1998.
§
La Convención de Ottawa de 1997, sobre prohibición del empleo, almacenamiento, producción
y transferencia de las minas antipersonal y sobre su destrucción, aprobada por el Congreso
mediante la Ley 554 del 14 de enero de 2000. (COLOMBIA. DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Op.cit., pp. 3-4)
47
Con relación a este punto el DIH otorga la calidad de delincuentes a los combatientes
irregulares, pero dejan de ser enemigos justos cuando incurren en el terrorismo. (GUZMÁN
MORENO, J. 2001, pp. 44-45)
El terrorismo cobra particular importancia como concepto jurídico a partir del 11 de
Septiembre de 2001, frente a los ataques perpetrados a las Torres Gemelas y el
Pentágono en los Estados Unidos de América. Muchas han sido las reflexiones
intelectuales, jurídicas, políticas frente a este tema, en Colombia autores como Eduardo
Umaña han afirmado a este respecto: “Sabido es que el terrorismo, en relación con
posible motivación política, no es un fin, sino un medio. Sin lugar a dudas, es una
doctrina política que funda en el terror sus procedimientos para alcanzar fines
determinados. Es decir, que el delincuente político puede o no, apelar a estos fines,
según sea su posición moral ante el uso del terrorismo como medio de lucha
subversiva” (UMAÑA LUNA, E. En: COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR
RESTREPO 2001). Por otro lado, se considera el terrorismo como violatorio del DIH
pues: “Es terrorista todo acto de violencia armada que, empleado dentro de un fin
político, social, filosófico, ideológico o religioso, viola entre las prescripciones del
derecho humanitario, aquellas que prohiben emplear medios crueles y bárbaros, el
ataque de objetivos inocentes o el ataque de objetivos sin interés militar. (DAVID, E.
sobre “El terrorismo en el derecho internacional“ En : COLECTIVO DE ABOGADOS
JOSÉ ALVEAR RESTREPO Op cit.)
En éste marco de discusiones puede descrubrise también la posición asumida
oficialmente por Colombia como respuesta legal. Desde el año 1945 Colombia participa
en las Conferencias diplomáticas que dieron lugar al acta final de 1949 y ratificó los
textos de los cuatro Convenios de Ginebra, pero tendría que pasar una década para que
finalmente después de la aprobación del Congreso en 1960, a través de la Ley 5, fuera
introducida como parte del ordenamiento jurídico colombiano.
Es imprescindible para el reconocimiento del impacto de las ratificaciones de los Pactos
y Convenciones hechas por Colombia con relación a los Derechos Humanos, pero
específicamente con el Derecho Internacional Humanitario los principios que los rigen y
que determinan los parámetros éticos y morales que sirven para las discusiones sobre su
implementación en la legislación nacional y como parte del trabajo para la restitución de
la paz en Colombia.
48
Los usos, costumbres, valores y normas de los pueblos han determinado a través de la
historia de las civilizaciones y sus conflictos, unas prácticas humanitarias específicas
que incluyen por ejemplo, la ilegitimidad que constituye el hecho de torturar o maltratar
a los heridos o rendidos en combate, la violación de personas, los exterminios
discriminados contra pueblos por motivos religiosos o étnicos, o la utilización de armas
de destrucción masiva. Este derecho consietudinario es identificable en la Cláusula de
Martens presente en el Preámbulo del II Convenio de La Haya relativo a las leyes y
costumbres de la guerra terrestres7. La Cláusula de Martens posee una importancia en el
contexto del derecho consuetudinario y la solución de conflictos, y allí se mencionan
«los prinicipios de humanidad» y «los dictados de la conciencia pública», donde los
principios son referidos a «las leyes de la humanidad» (Preámbulo, II Convenio de La
Haya de 1899) y «principios de humanidad» (Protocolo adicional I) (KWAKWA 1992,
p.36 En : TICEHURST, R. 1997). En conclusión, se hace una referencia a la
prohibición de los medios y métodos de hacer la guerra que no sean necesarios para
obtener una ventaja militar definitiva. La humanidad según Jean Pictet “(...) exige que
se prefiera la captura a la herida, la herida a la muerte, que, en la medida de lo posible,
no se ataque a los no combatientes, que se hiera de la manera menos grave —a fin de
que el herido pueda ser operado y después curado— y de la manera menos dolorosa, y
que la cautividad resulte tan soportable como sea posible” (PICTET, J. 1986, p. 74 En :
TICEHURST, R. Op cit.). El vínculo entre las normas positivas de DI relativo a los
conflictos armados y el derecho natural, es notable en la Cláusula de Martens. El
derecho natural es interpretado a través de los dictados de la conciencia pública, la que
permite participar a todos los Estados en el desarrollo del derecho de los conflictos
armados (TICEHURST, R. 1997)
1.2.1. Principios que rigen el Derecho Internacional Humanitario
Los principios que rigen los derechos humanos dentro del contexto internacional
incluyen las garantías para la humanidad en tiempos de paz y de guerra. A continuación
7
La Cláusula de Martens fue una declaración que el profesor Martens, delegado de Rusia en la
Conferencia de la Paz de la Haya de 1899, leyera frente a la imposibilidad de llegar a un acuerdo por
parte de los delegados en relación al estatuto de las personas civiles que portan armas contra una fuerza
ocupante. (PUSTOGAROV V., F. 1996, pp. 324-339 En: TICEHURST, R. 1997)
49
se hace referencia a los principios mencionados por el COLECTIVO DE ABOGADOS
JOSÉ ALVEAR RESTREPO 2001 y los expuestos por Jena Pictet (PICTET, J. 1986 en
TICEHURST, R. 1997):
§
Principio del derecho humano: las experiencias militares y el
mantenimiento del orden público deben ser compatibles con el respeto a
las personas.
§
Principio del derecho humanitario (o derecho de los conflictos
armados): El objetivo de la guerra no debe realizarse a través de la
violencia desproporcionada, por el contrario deben emplearse
mecanismos que destruyan o debiliten el potencial bélico del enemigo
especialmente recursos en hombre y recursos en material. La captura y
la herida leve de los combatientes son consideradas como alternativas
humanitarias.
§
El principio del derecho de Ginebra: implica el respeto, la protección
y el trato humanitario a las personas fuera del combate o de las
hostilidades. Tres elementos que permiten al individuo la garantía de
sus derechos en medio de la guerra.
§
El principio del derecho de la guerra: se refiere a la limitación de las
partes del conflicto para escoger los medios o métodos de la guerra. La
Haya en su artículo 22 y el Protocolo I se concentra en la elección para
causar daños a su enemigo.
Principios Comunes:
§
Principio de inviolabilidad: Se basa en el respeto a la vida, a la
integridad física y moral de los individuos.
1.
El hombre que cae en el combate es inviolable; el enemigo que se rinde
salvará su vida. (Protocolo I art. 40-42)
2.
Nadie será sometido a la tortura física o mental, ni a castigos corporales
o tratos degradantes o humillantes, la prostitución forzada u otro
atentado al pudor. (Convenio de Ginebra y de Derechos Humanos.
Protocolo I art. 75)
3.
Se reconocerá a todos su personalidad jurídica para garantizar el
ejercicio de los derechos civiles, promover acción de justicia y la firma
de contratos. (Sin restricciones en la Declaración de los Derechos
Humanos y con reservas en el Convenio de Ginebra)
4.
Todos tienen derecho al respeto de su honor, de sus derechos familiares,
de sus convicciones, de sus costumbres y prácticas religiosas.
(Protocolo I art. 75)
5.
Toda persona que sufra será recogida y recibirá la asistencia que
requiera su estado de salud. Es válido para personas civiles y para el
tiempo de paz. Es un principio a fortiori (por un motivo más fuerte) e
incluye el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades
(1er. Convenio de Ginebra de 1864)
6.
Todos tienen derecho a conocer la suerte que corrren los miembros de
sus familia y a recibir envíos de socorro incluídos alimentos, vestido y
medicinas para curar enfermedades. (Protocolo I art. 32-34 y Protocolo
II art. 5)
7.
Nadie podrá ser privado arbitrariamente de su propiedad, en relación a
50
una vida digna, por lo tanto, la vida está por encima del valor de la
propiedad.
§
Principio de no discriminación: Raza, sexo, nacionalidad, idioma,
clase social, fortuna, opiniones políticas, filosóficas o religiosas, u otro
criterios análogos no son causales para la discriminación. Sin embargo,
la distinción, por su parte permite favorecer a heridos, enfermos,
mujeres y la niñez como víctimas de desamparo, sufrimiento y
debilidad natural (Protocolos I y II Preámbulo; Protocolo I art. 10 y
75, Protocolo II art. 2)
§
Principio de seguridad:
Nadie será considerado responsable de un acto que no haya cometido
Se prohiben las represalias, los castigos colectivos, la toma de rehenes y
las deportaciones. (Protocolo I art. 75)
Todos se beneficiarán de las garantías judiciales usuales. (Protocolo I
art. 75)
Nadie puede renunciar a los derechos que en los convenios
humanitarios se les reconocen.
1.2.1.1.
Principios aplicables a las Víctimas de los Conflictos (GINEBRA)
§
Principio de la neutralidad humanitaria: los miembros de personal
sanitario Cruz Roja y militar (médicos y enfermeros) tienen inmunidad
y no serán obligados a la delación, ni castigados por asistir a heridos o
enfermos. A su vez deben abstenerse de participar en actos hostiles. (I
Convenio de 1949 Art. 18 Párrafo 3, Art. 27 Párrafo 3, Protocolo I Art,
16 Párr. 3, Art. 64 Párr. 1, Art. 70, Protocolo II Art. 10 párr. 4)
§
Principio de normalidad: en la eventualidad de un conflicto debe
garantitarse la vida normal de las personas protegidas. La cautividad
por razones de guerra no implica la esclavitud y no implica capitis
diminutivo, solamente se entenderá como medio para evitar que el
adversario cause daños. Al finalizar las hostilidades los cautivos deben
ser liberados y repatriados.
§
Principio de Protección: Las víctimas de los conflictos serán proveidas
de una protector internacional y potencia protectora cuando no tengan
un protector natural, cuyo papel es asumido por el Estado. El Estado
adversario debe garantizar la guarda y manuntención de los prisioneros
que guarda. Los delegados de los órganos de Control del CICR tienen
la facultad para establecer contacto con los cautivos y visitar los
campamentos, así como la recepción de sus quejas y denuncias.
Principios del derecho de la guerra:
§
Principio de limitación “ratione personae” Sobre la protección a los
civiles durante las operaciones militares. La inmunidad de la población
civil hace parte de la tradición del derecho y está parcialmente
formulado en el Protocolo Adicional I de 1997 Art. 51).
Principios de aplicación:
§
Distinción entre población civil y combatientes, así como protección de
los bienes civiles.
51
§
La población civil no será víctima ni de represalias ni objeto de ataques.
§
Prohibición de actos o amenazas de violencia contra la población civil.
§
Reducción del número de pérdidas y daños de la población civil a través
de las precauciones de las partes del conflicto.
§
Restricción para atacar al enemigo solo por parte de las fuerzas
armadas.
§
Principio de limitación “ratione loci”: los ataques deben limitarse a
los objetivos militares que contribuyan a menguar la fuerza de la acción
militar del enemigo. (Protocolo 1966 Art. 2 Párrafo 2)
Principios de aplicación:
§
Prohibición de atacar localidades que carezcan de defensa
§
Las edificaciones que representen un patrimonio histórico, cultural o
religioso de los pueblos no serán objetivos militares.
§
Prohibición de atacar obras que puedan representar peligro inminente
para la población.
§
Prohibición de usar a los civiles para porteger objetivos militares contra
los ataques.
§
Prohibición de atacar los bienes indispensables para la supervivencia de
la población
§
Prohibición del pillaje.
§
Principo de limitación “ratione conditionis”: La prohibición de armas
y métodos que sobrepasan el límite tolerable de sufrimiento como las
armas arpadas o envenenadas, las balas explosivas, es decir las armas
indiscriminadas y los métodos de guerra total. (La Haya Art. 23,
Protocolo III del Convenio de 1980 Convención sobre Prohibiciones o
Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados)
Principios de aplicación:
§
Prohibición de ataques indiscriminados
§
Prohibición de armas y métodos que provoquen daños excesivos a las
personas civiles y a sus propiedades.
§
Respeto al medio ambiente natural.
§
Prohibición de utilizar el hambre como método de guerra.
§
Prohibición de la traición o la perfidia como base para los actos de
guerra.
§
Principo de no utilización del DIH como arma para desprestigiar al
enemigo: es necesario que los medios de comunicación masiva asuman
la responsabilidad de informar con imparcialidad y objetividad evitando
la utilización de términos descalificantes para alguna de las partes y que
se alejen de lo previsto en el DIH.
52
1.3. TRES GENERACIONES DE DERECHOS HUMANOS. LIBERTAD,
IGUALDAD Y FRATERNIDAD
“El problema que se nos presenta, en efecto, no es filosófico, sino jurídico y en sentido más
amplio político. No se trata de saber cuáles y cuántos son estos derechos, cuál es su naturaleza y
su fundamento, sino cuál es el modo más seguro para garantizarlos, para impedir que, a pesar de
las declaraciones solemnes, sean continuamente violados.”
(BOBBIO, N. 1981, p.10)
La división de los derechos humanos en tres generaciones8 surge de la propuesta elaborada en
1979 por el exchecoslovaco nacionalizado francés Karel Vasak (Véase VASAK , K. Op cit.)
quien durante una conferencia para el Instituto Internacional de Derechos Humanos en
Estrasburgo, expusiera su idea de división tripartita inspirada en los ideales de libertad, igualdad
y fraternidad9 ejes de la Revolución Francesa. En correspondencia con los valores antes
mencionados pueden analizarse los contenidos referidos a cada generación.
Así, los derechos de primera generación o Derechos Fundamentales corresponderían al valor de
la LIBERTAD, esta entendida en sus orígenes como una noción relacionada con el derecho a la
propiedad de la que surgió con posterioridad la libertad de empresa entre otras libertades que se
comprenden dentro de un ámbito netamente económico. La libertad en este sentido, es un
derecho que el Estado no está en capacidad de restringir por ser absoluto. La libertad además
incluye los derechos civiles y políticos. Los derechos de segunda generación corresponden al
valor de la IGUALDAD, entendida como parte del desarrollo de la política de Estado que
8
Sobre la discusión acerca de la división de los derechos humanos en cinco generaciones se ha escrito
que existen a saber: “(...) fundamentales y cívicos o políticos, económico/sociales y culturales, de los
pueblos y sectores „diferentes“, de las futuras generaciones (ambientales) y de control sobre el propio
cuerpo y la organización genética de cada cual” (GALLARDO, H. (Jul.-Dic. 2003), p.260) y que
correspondería a la propuesta de la llamada cuarta generación: “(…)tendrían cabida, por un lado, aquellos
derechos que no pueden ser encuadrados en el clásico contenido de la tercera generación (v. gr. la
manipulación genética, el derecho a visitar el patrimonio histórico y cultural de la humanidad); y, por
otro, las reivindicaciones futuras de nuevos derechos”. (VALLESPIN 2002, p.31) Si bien es cierto, la
discusión permanece abierta acerca de las generaciones, su conformación y origen, también puede
contemplarse los derechos humanos como parte de un sistema unitario.
9
El valor de la Fraternidad fue sustuído por Vasak por el de la Solidaridad coincidiendo con la evolución
del concepto de las generaciones que comprende una línea de desarrollo histórico desde la primera
generación basada en lo individual hasta alcanzar la generación donde se realza la importancia de la
solidaridad internacional, lo que determina un principio de titularidad de los derechos como elemento
para la división tripartita e incluso para la contemplación de los derechos de cuarta generación cuya
titularidad está puesta en “los derechos de las futuras generaciones”. Cabe destacar que este mismo
esquema es utilizado en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea cuyo Preámbulo
anuncia que la misma “Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los
valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se
basa en los principios de la democracia y del Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y
crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación”.
53
abarca la totalidad de facultades y derechos del hombre, constituyéndose en un derecho que
puede ser restringido, mantenido y actualizado por el Estado (SZABO, I. en: POLO G., L.F.
1998, p. 293). Esta generación incluye los derechos económicos, sociales y culturales.
Finalmente, los derechos de tercera generación, que corresponden al valor de la
SOLIDARIDAD conformados por los denominados derechos de los pueblos.
Es importante sobre todo, reconocer la diferencia entre las categorías derechos humanos y
derechos del ciudadano. Pues los primeros se caracterizan por su carácter natural e inalienable,
y los segundos por ser positivos. Los derechos humanos anteceden la existencia del Estado y
por lo tanto son considerados fundamentales, mientras que los derechos del ciudadano son
subordinados y dependen explícitamente de la existencia del Estado quien los protege a través
del derecho positivo. Históricamente esta división ha desaparecido paulatinamente, y entran a
relacionarse directamente con el derecho. Así los derechos humanos se enmarcan en el derecho
internacional y el derecho constitucional abarca los derechos del ciudadano. Es precisamente en
la ley constitucional donde se entremezclan los derechos humanos y los del ciudadano. Por
supuesto, este desarrollo ha sido acompañado por transformaciones políticas, sociales y
económicas que determinan la consolidación no solamente de los derechos individuales sino
también de los colectivos. (SZABO, I. Op. Cit., pp. 44-48)
1.3.1. Derechos de Primera generación o derechos fundamentales
Los derechos de Primera Generación o Fundamentales están consagrados en los siguientes
documentos:
§
Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU del 10 diciembre de 1948
en Nueva York especialmente art. 3 al 21.
§
Convención Europea para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales
del 4 de Noviembre de 1950 en Roma.
§
Pacto Internacional de los Derechos Civíles y Políticos de 1966 en Nueva York.
§
Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969 en San
José de Costa Rica.
§
Constitución Política de Colombia de 1991 art. 11 al 41.
Los derechos de primera generación tiene su origen en el siglo XVIII y XIX y surgen como
respuesta a los procesos históricos desarrollados en las guerras de independencia que se dieron
en diferentes espacios geográficos y que implicaban la lucha por los derechos civiles y políticos,
como fue el caso de la Independencia de los Estados Unidos (Declaración de Derechos del Buen
Pueblo de Virginia, de 1776), la Revolución Francesa (Declaración francesa de Derechos del
54
Hombre y del Ciudadano de 1789), y en otros lugares de Europa, así como en Hispanoamérica.
Los derechos de primera generación son también denominados, de acuerdo a este desarrollo
espacial y temporal, «derechos individuales, derechos innatos, derechos esenciales y derechos
del hombre y del ciudadano». Los derechos innatos o derechos esenciales, pertenecen al
desarrollo de la humanidad en su carácter natural y primitivo, proceso previo a los Pactos
sociales que se desarrollaría posteriormente y que se positivizarían y reconocerían a través de
los llamados Derechos individuales, los que corresponden en primera instancia al raciocinio del
derecho y no a la complejidad de la tradición ni a ideales metafísicos.
Los derechos de la primera generación corresponden en su titularidad a las personas como tales
o en su ejercicio de ciudadanía al pertenecer a un Estado. Los derechos allí contenidos permiten
establecer los límites del poder del Estado frente a la persona y las facultades que la persona
tiene frente al Estado en relación a su actuar, lo que incluye el derecho al sufragio como forma
de participación activa en las decisiones del Estado, el cual debe respetar y garantizar la
autonomía de la persona en sus relaciones sociales y económicas. La ley se convierte en la
legitimación de los derechos innatos y reguladora de los poderes y las divisiones del poder del
Estado. Es precisamente este hecho el que garantiza y consolida la existencia y evolución de un
Estado de Derecho, Estado Social de Derecho hasta alcanzar el denominado Estado
Democrático de derecho10.
Se distinguen los Derechos Civiles que constituyen las garantías mínimas, entre ellos el
derechos a la vida, a la integridad personal psico-física y moral, el derecho a la seguridad
personal, la libertad religiosa, la libertad de expresión y la prohibición de tortura, y por otro
lado, los Derechos Políticos, que incluyen todos aquellos referentes al derecho de los
individuos frente al sistema político, por ejemplo las detenciones arbitrarias, y el derecho al
debido proceso, así como a la participación política a través del derecho al voto, a la
participación en los partidos políticos y la conformación y participación en reuniones, con el
ánimo de tener acceso a informaciones y dar a conocerlas con libertad de opinión. El sujeto de
estos derechos es el individuo, por eso se les denominan también derechos individuales en
contraste con los derechos pasivos, que son aquellos que incluyen los poderes del Estado. Son
derechos de carácter obligatorio y sometidos a la justicia lo que determina su carácter de
aplicación inmediata. (EUROPARAT 2005, pp. 289-290)
Derechos de Primera Generación o Derechos Civiles y Políticos:
10
Con relación al Estado Democrático de Derecho y teniendo en cuenta la idea de contractualismo se
afirma que “(...) en la modernidad el Estado democrático de derecho se ha cristalizado como la única
forma de organización política que garantiza la defensa de los derechos de cada persona y de los
diferentes grupos que lo componen; al mismo tiempo que hace posible la creación de las condiciones
económicas y sociales necesarias para satisfacer las necesidades básicas (...)” (SILVA ROJAS, A. 2003,
p. 93 con referencia a la obra de RAWLS J. 1996)
55
1.
Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin
distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica.
2.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
jurídica.
3.
Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.
4.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral.
5.
Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada,
familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o
reputación.
6.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su
residencia.
7.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
8.
En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar
asilo y a disfrutar de él, en cualquier país.
9.
Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el
número de hijos que desean.
10.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
religión.
11.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de
ideas.
12.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacífica.
1.3.2. Derechos de segunda generación
Los derechos de Segunda Generación están consagrados en los siguientes documentos:
§
Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en los art. 22-27.
§
Pacto Internacional de los derechos Sociales, Económicos y culturales.
§
Constitución Política de Colombia de 1991 en los art. 42 al 77.
Los derechos de segunda generación están comprendidos por los derechos económicos,
sociales y culturales. A diferencia de los derechos contra el Estado que constituyen los
de primera generación, los de la segunda son derechos sobre el Estado con un carácter
activo y no pasivo por parte del mismo, es decir, son derechos prestacionales o el
conjunto de servicios públicos bajo la tutela del Estado a los cuales la persona tiene
derecho en consecuencia con sus libertades. Como objetivo central de estos derechos se
incluye la necesidad por parte del Estado de garantizar el bienestar en los tres campos:
económico, social y cultural a través del acceso de los individuos sin distinción, es decir
56
bajo el principio de IGUALDAD, a servicios como la educación, el trabajo y la cultura
para garantizar así el desarrollo de las personas en su dignidad de ser humano y de los
pueblos como parte de las aspiraciones de la democracia.
Históricamente su origen puede remontarse a la revolución de octubre socialista y la
consecuente aparición de la Unión Soviética. Este tipo de derechos fueron formulados
en forma de Constitución en Latinoamérica en la Constitución Mexicana de 1917 y en
Europa, a través de la Constitución Soviética de 1918 y la de Weimer (Alemania) de
1919. Los derechos de segunda generación consagrados en las Constituciones,
establecen la relación entre la garantía de los derechos del ciudadano y la situación
social, económica y cultural del hombre (SZABO, I. Op.Cit., pp. 49-51)
Esta generación de derechos surgen entonces, como consecuencia de las
transformaciones políticas y sociales de la segunda mitad del siglo XIX y principios del
XX caracterizadas por la lucha por la reivindicación de los derechos económicos,
sociales y culturales por parte de los obreros y campesinos, quienes para la época
empezaban a desarrollar una conciencia de clase.
Históricamente el Estado Liberal o Gendarme, que es denominado también Estado
Sereno o Estado Policía, se caracterizaba por cumplir funciones militares, policiales, y
judiciales que tenían que ver directamente con la seguridad exterior, la seguridad
interior y la justicia respectivamente, con una economía dirigida por un mercado libre
que era en realidad controlado por empresarios privados tanto extranjeros como
nacionales que se organizaban en sociedades anónimas o sociedades de tipo mercantil y
un Estado que no debía comprometerse en los asuntos sociales y económicos, es
remplazado por el Estado Socialdemócrata de bienestar o Nodriza, que a su vez tiene
como antecedente histórico las llamadas “Leyes de los Pobres” (Poor Laws) o Ley de
Isabel que ya en 1601 instauraba en Inglaterra un sistema de ayuda legal a los pobres de
ese país a través de subsidios y financiaciones el cual se sostenía a través de impuestos,
cuya responsabilidad directa recaía en las parroquias y cuyos principios con algunas
modificaciones a lo largo del siglo XX11 (GUZMÁN MORENO, J. 2001, p.39)
Se pueden tomar dos elementos como promotores de dichas transformaciones históricas
y políticas, entre ellas: la influencia de la Iglesia Católica y de los pensadores
humanistas de finales del siglo XIX y principios del XX.
11 Ver sobre el tema (HOLLEN LEES, L. 1998)
57
Como estrategia para recuperar la adhesión de la clase trabajadora a la Iglesia Católica
debido a la crisis económica que atravesaba especialmente Europa, se dio la necesidad
de hacer una declaración que llegara a todos los rincones cristianizados de la época. En
1891 bajo el nombre de Rerum Novarum (latín: «de las cosas nuevas») la Iglesia
Católica promulga una Encíclica12 que intentaría bajo la batuta del Papa León XIII
expresar su postura sobre los temas que competían a las clases trabajadoras. A pesar de
mantenerse firme en su convicción sobre la necesidad de la propiedad privada
“Pero el hecho de que Dios haya dado la tierra a todo el linaje humano, para
usarla y disfrutarla, no se opone en modo alguno al derecho de la propiedad
privada. Al decir que Dios concedió en común la tierra al linaje humano, no se
quiere significar que todos los hombres tengan indistintamente dicho dominio,
sino que, al no haber señalado a ninguno, en particular, su parte propia, dejó
dicha delimitación a la propia actividad de los hombres y a la legislación de
cada pueblo. Por lo demás, la tierra, aunque esté dividida entre particulares,
continúa sirviendo al beneficio de todos, pues nadie hay en el mundo que de
aquélla no reciba su sustento” Punto No. 6 de la Encíclica Rerum Novarum.
y el rechazo a las ideas del socialismo marxista
“Para remedio de este mal los Socialistas, después de excitar en los pobres el
odio a los ricos, pretenden que es preciso acabar con la propiedad privada y
sustituirla por la colectiva, en la que los bienes de cada uno sean comunes a
todos, atendiendo a su conservación y distribución los que rigen el municipio o
tienen el gobierno general del Estado. Pasados así los bienes de manos de los
particulares a los de la comunidad y repartidos, por igual, los bienes y sus
productos, entre todos los ciudadanos, creen ellos que pueden curar
radicalmente el mal hoy día existente. Pero este su método para resolver la
cuestión es tan poco a propósito para ello, que más bien no hace sino dañar a los
mismos obreros; es, además, injusto por muchos títulos, pues conculca los
derechos de los propietarios legítimos, altera la competencia y misión del
Estado y trastorna por completo el orden social”. Punto No. 2 de la Encíclica
Rerum Novarum.
La Encíclica convocaba a los Estados, las empresas, los trabajadores y a la iglesia a
trabajar conjuntamente bajo el modelo que más adelante se convertiría en
Corporativismo, el cual permitiría consolidar la justicia social dentro de las relaciones
económicas y sociales, y promover valores como la solidaridad, la participación, la
igualdad y la libertad, permitiendo la armonización de los intereses humanos al recibir
ayuda y colaborar paralelamente con los demás bajo un sentido de reciprocidad.
Históricamente surge como parte de las luchas de los trabajadores frente a las
problemáticas que se desencadenaron por la Revolución Industrial, aunque este proceso
se desarrolló anacrónicamente, pues mientras en Inglaterra se fundaban y organizaban
12
Otras encíclicas de la Iglesia Católica que encierran un perfil social y que buscan ante todo la justicia
en este campo son: en 1931 por el Papa Pio XI Quadragésimo Anno, en 1961 por el Papa Juan XXIII la
Mater et Magistra y recientemente en 1991 por el Papa Juan Pablo II el Centesimus Annus.
58
las primeras cooperativas, los trabajadores en Colombia intentaban organizarse en
gremios para contener las importaciones de mercancías por parte del Estado, lo cual
constituía una amenaza para la producción de mercancías que ya eran producidas en el
país (SENA 1985).
Paralelamente, la Iglesia Católica denunció el maltrato al que se veían sometidos los
trabajadores, aunque sin insistir en las diferencias de clase e invitando a los trabajadores
a participar en uniones sociales obreras, que les permitieran propender por la garantía de
sus derechos13.
“(...) los obreros cristianos no tienen sino dos recursos: O inscribirse en
sociedades peligrosas para la religión, o formar otras propias, uniéndose a ellas,
a fin de liberarse valientemente de opresión tan injusta como intolerable.
¿Quién dudará en escoger la segunda solución, a no ser que quiera poner en
sumo peligro el último fin del hombre” Punto No. 37 de la Encíclica Rerum
Novarum.
Posteriormente el Papa Pio XI promulga el 14 de marzo de 1937 la encíclica Mit
brennender Sorge14, «Con Anxiedad Profundo» a través de la cual manifiesta la
posición de la iglesia frente al nazismo y la situación de la iglesia católica en el Reich
alemán. La Encíclica en el capítulo 2 sobre la GENUINA FE EN DIOS en el punto 15
afirma:
“Solamente espíritus superficiales pueden caer en el error de hablar de un Dios
nacional, de una religión nacional, y emprender la loca tarea de aprisionar en los
límites de un pueblo solo, en la estrechez étnica de una sola raza, a Dios,
creador del mundo, rey y legislador de los pueblos, ante cuya grandeza las
naciones son como gotas de agua en el caldero (Is 40, 5)”
Y en el punto 11 enfatiza:
“Ni tampoco lo es quien, siguiendo una pretendida concepción precristiana del
antiguo germanismo, pone en lugar del Dios personal el hado sombrío e
impersonal, negando la sabiduría divina y su providencia, la cual se extiende
poderosa del uno al otro extremo (Sab. 8,1) y lo dirige a buen fin. Ese hombre
no puede pretender que sea contado entre los verdaderos creyentes”
anticipándose así, a la problemática que se desarrollaría años más tarde en la II Guerra
Mundial, haciendo un llamado a rechazar las idieologías totalitarias.
13
A pesar del apoyo de la iglesia Católica a los grupos de trabajadores es importante recordar que
también una encíclica la Graves de Communi de 1901 promulgada por el Papa Leon XIII sentó la
posición de rechazo frente al sindicalismo por propender por la lucha de clases y entrar en directa
confrontación con el catolicismo tradicional y las ideas de las uniones sociales obreras.
14
A diferencia de otras encíclicas que toman su nombre del Latín esta corresponde a la frase en el idioma
alemán «Con viva preocupación».
59
La segunda influencia marcada, fue la protagonizada por los humanistas François
Mauriac (1885-1970), André Maurois (1885-1967), Jacques Maritain (1882-1973),
André Malraux (1901-1976) y el jesuíta Teilhard De Chardin (1881-1955), quienes
aportaron sus ideas entre las dos últimas décadas del siglo XIX y la década de los 70 de
siglo XX.
Los derechos de segunda generación se originaron en las transformaciones históricas de
las sociedades, su proceso se sigue desarrollando y los derechos humanos se amplian
correspondiendo a la dinámica de la vida social y del individuo. Para garantizar el
progreso y desarrollo las sociedades están implicados al establecimiento de nuevos
compromisos para la adecuada integración económica y social, y el desarrollo cultural
del individuo (SZABO, I. Op.Cit., p.50). Los derechos económicos, sociales y
culturales poseen a diferencia de los derechos civiles y políticos un carácter de
implantación progresiva.
Los derechos de segunda generación permiten garantizar el acceso al bienestar social y
las oportunidades que de él se derivan.
Los derechos sociales, permiten la participación en la vida social, por ejemplo el
derecho a la educación, a formar una familia, y otros derechos de carácter civil, como el
derecho al descanso, el suministro de medicamentos, el derecho a la vida privada y la
protección frente actos discriminatorios.
Los derechos económicos, corresponden a la garantía de la seguridad de un
determinado estándar material que corresponda a la dignidad humana en contraposición
a un trabajo humillante, la carencia de trabajo o el hecho de no poseer un techo. En
general, el derecho al trabajo garantiza en consecuencia el derecho a la vivienda y una
pensión en particular para las personas de la tercera edad o discapacitadas.
Los derechos culturales, se relacionan con el estilo de vida de una comunidad, por
ejemplo el derecho a la participación en actividades culturales de carácter comunitario,
y sobre todo el derecho a la educación. Estos derechos se aplican en particular a las
culturas amenazadas que dentro de las sociedades son consideradas vulnerables frente a
las leyes. (EUROPARAT Op cit, p. 290)
A pesar de que los derechos denominados de segunda generación han sido atendidos por
los Estados como imprescindibles, se ha considerado su garantía como poco realista e
60
irrealizable, por lo menos a corto plazo. Por tal motivo el Pacto Internacional de
derecho sociales, económicos y culturales añade:
«(...) Así pues, si bien la plena realización de los derechos pertinentes puede
lograrse de manera paulatina, las medidas tendientes a lograr este objetivo
deben adoptarse dentro de un plazo razonablemente breve tras la entrada en
vigor del Pacto para los Estados interesados. Tales medidas deben ser
deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la
satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto» (OHCHR 1990
E/1991/23)
Derechos de Segunda generación o Derechos Económicos, Sociales y Culturales
§
Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.
§
Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y
satisfactorias.
§
Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus
intereses.
§
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure
a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia
médica y los servicios sociales necesarios.
§
Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.
§
Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a
cuidados y asistencia especiales.
§
Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas
modalidades.
§
La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.
1.3.3. Derechos de Tercera Generación
Los derechos de Tercera Generación están consagrados en:
§
Constitución Política de Colombia de 1991 en los art. 78 al 92
Llamados también «Derechos de los Pueblos» o «Derechos de Solidaridad», pues
corresponden, como se dijo antes, al principio de Fraternidad remplazado por Vasak por
el de SOLIDARIDAD. Estos derechos surgen de las discusiones que el mundo moderno
plantea con relación a las nuevas problemáticas que afectaban directa o indirectamente
la dignidad humana, como es el caso de los fenómenos ambientales, el calentamiento
61
global, la deforestación, el agotamiento de los recursos naturales y la extinción de
especies de la flora y la fauna a nivel mundial. Asimismo, se funda en la necesidad de
alcanzar una paz mundial y duradera entre los pueblos.
Como titular de estos derechos y sujeto activo aparece la persona como individuo, los
grupos sociales, los pueblos y las comunidades nacionales, el Estado y la comunidad
Internacional, lo que comprueba la necesidad de abarcar escenarios más complejos
dando paso a la consolidación del Derecho Internacional. En este sentido se consideran
derechos colectivos, de los pueblos o de las sociedades.
Guzmán Moreno (Op. Cit., p.40) añade otra posibilidad de reconocimiento a los
derechos de Tercera Generación como «Derechos Colectivos y del Medio Ambiente».
Se justifica esta denominación en la medida que las relaciones sociales entre los seres
humanos afectan también su entorno y su relación con la naturaleza. Los
acontecimientos en la historia reciente de la humanidad da cuenta de los desastres que
se han provocado a causa del inadecuado manejo de los recursos naturales o la
introducción de tecnologías inapropiadas que afectan la sostenibilidad del ser humano y
de la naturaleza. Se pretende ante todo un desarrollo sostenible en la búsqueda de la
preservación no solamente del ambiente natural sino del patrimonio cultural de la
humanidad donde la principal herramienta sea la tolerancia frente a las minorías
religiosas, étnicas y lingüísticas. Como ejemplos de estos hechos pueden contarse: la
catástrofe nuclear de Chernovil, y más recientemente la de Fukushima, la deforestación
de la Selva Amazónica, los experimentos genéticos, la prolongación artificial de la vida,
la violación del derecho a la intimidad debido al uso de nuevas tecnologías de la
información, la producción de armas letales y de destrucción masiva, los riesgos
profesionales a los que se enfrentan trabajadores que participan en procesos de
producción peligrosos como las centrales atómicas, los procesos migratorios y las
condiciones de las personas que los llevan a cabo, entre otras muchas discusiones del
mundo moderno.
Debido a la falta de garantías en la protección de los derechos humanos se hace
necesario crear figuras que universalicen el deseo de reivindicación de los derechos para
todos los pueblos. En 1809 surge en Suecia la figura del «Ombudsman» como
representante de los derechos humanos frente a las arbitrariedades cometidas por el
Estado frente a los ciudadanos. La figura se convierte en una necesidad de los pueblos
del mundo y su nombre permanece, aunque para el caso de Latinoamérica se ha
62
convertido en Defensor del Pueblo15. Su presencia es muestra de la necesidad de
generar mecanismos de protección debido a la insuficiencia en las garantías frente a los
derechos de primera y segunda generación. Asimismo las iniciativas No
Gubernamentales (ONGs) y decisiones de la población como la resistencia civil y la
objeción de conciencia se convierten en herramientas constantes en los diferentes países
como forma de garantizar los derechos de los grupos sociales.
La Sociedad Civil16 se fortalece y se consolidan los partidos políticos, que se fundan en
las preocupaciones modernas antes expuestas, como por ejemplo las crisis ambientales.
Estos elementos pueden tomarse como antecedentes para la universalización de los
derechos Humanos y la necesidad de buscar estrategias comunes que garanticen los
derechos a nivel mundial incluyendo los países que tienen un desarrollo
socioeconómico y tecnológico comparativamente inferior. Por lo tanto, se incluyen
derechos que permiten consolidar la Solidaridad entre los pueblos como el Derecho a la
Autodeterminación de los Pueblos, el Derecho al Desarrollo, Derecho al Medio
Ambiente Sano y el Derecho a la Paz.
Derechos de Tercera Generación o Derechos de los Pueblos:
§
Derecho a la autodeterminación.
§
Derecho a la independencia económica y política.
§
Derecho a la identidad nacional y cultural.
§
Derecho a la paz.
§
Derecho a la coexistencia pacífica.
§
Derecho al entendimiento y la confianza.
§
La cooperación internacional y regional.
§
La justicia internacional.
§
El uso de los avances de las ciencias y la tecnología.
15
Las funciones del Defensor del Pueblo aparecen consagradas en la Constitución Política de Colombia
de 1991 en su artículo 281 y la Ley 24 de 1992 establece la organización y funcionamiento de la
Defensoría del Pueblo. Fundamentalmente es responsable de impulsar la efectividad de los derechos
humanos en el marco de un Estado social de Derecho, democrático, participativo y pluralista,
promoviendo y divulgando los derechos humanos y el derecho Internaciona Humanitario.
16
El Banco Mundial utiliza el término sociedad civil para referirse a «una amplia gama de organizaciones
no gubernamentales y sin fines de lucro que están presentes en la vida pública, expresan los intereses y
valores de sus miembros y de otros, según consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas,
religiosas o filantrópicas. Por lo tanto, el término organizaciones de la sociedad civil abarca una gran
variedad de organizaciones: grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, grupos
indígenas, organizaciones de caridad, organizaciones religiosas, asociaciones profesionales y
fundaciones» Ver también http://web.worldbank.org.
63
§
La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y
ecológicos.
•
El medio ambiente.
•
El patrimonio común de la humanidad.
•
El desarrollo que permita una vida digna.
1.3.4. Sobre los Derechos de Cuarta y Quinta Generación
Roberto González Álvarez expone en su artículo “Aproximaciones a los Derechos
Humanos de Cuarta Generación”, las motivaciones que han llevado a que diferentes
autores fundamenten su no concordancia con la tesis clasificatoria tripartida de los
derechos humanos y a establecer su punto de vista con relación a las mismas:
“a) que el propio derecho fundamental a la vida pertenece a todas las
generaciones y es civil, político, económico, social, cultural, prácticamente
universal, como lo es la libertad y sus diferentes expresiones;
b) que no tiene precisión histórica del surgimiento de los derechos de cada una
de sus generaciones;
c) que la visión generacional implica el surgimiento de una generación y la
extinción de otra, porque está referida a la vida de un período y esta llega en un
momento a extinguirse; y,
d) que es propensa a la atomización de derechos y padece vacíos”(GONZÁLEZ
ÁLVAREZ, R. s.f., p.2).
Los autores a pesar de no tener una propuesta unificada con relación a los derechos de
la llamada Cuarta Generación toman en cuenta algunos elementos que les son comunes
y se enmarcan en cuatro hitos fundamentales: el del patrimonio cultural, los derechos
ambientales (generaciones futuras), los derechos cibernéticos y la democracia.
Entre las propuestas destacadas por González Álvarez se encuentran las expresadas por
David Vallespín Pérez (Op. cit., pp. 31-32), Franz Matcher (1988, p. 12), Antonio Pérez
Luño (1991, pp. 96-97), Augusto Mario Morello (1994, pp. 88s; 1998, pp. 943-951), y
Javier Bustamente Donas (2001).
Los temas centrales son las preocupaciones y discusiones modernas con relación a la
manipulación genética, el derecho a visitar el patrimonio histórico y cultural de la
Humanidad y han sido asumidos por Vallespín Pérez, Matcher y Pérez Luño como
aquellos que no tendrían cabida en el marco de los derechos de Tercera Generación y
que por tanto pertenecerían a los derechos de Cuarta Generación.
64
Por sí mismos, estos elementos no son asumidos como derechos sino como amenazas a
los derechos consagrados en la Primera Generación de los Derechos Humanos
especialmente en lo referente al principio de la libertad allí consagrada (por ejemplo, la
manipulación genética). Otros aspectos a tener en cuenta son el derecho a beneficiarse
del patrimonio común de la humanidad (GROS ESPIELL, H. 1978) que al parecer
pertenece a los derechos de Tercera Generación pero cuya reivindicación se hace
necesaria. (MORELLO, A. cit. en GONZÁLEZ ÁLVAREZ, R. Op cit., p.4) Asume una
posición que beneficia a las futuras generaciones, pues en la protección presente de los
derechos, estaría la garantía de que ellas puedan disfrutarlos. A este particular se
adiciona la necesidad de contribuir al cuidado del medio ambiente, pues a pesar de ser
una preocupación de los derechos de Tercera Generación (también llamados
ambientales) abarcan una responsabilidad amplia y precisa con respecto a los avances
tecnológicos y de comunicaciones, y el aprovechamiento de los recursos naturales.
González Álvarez menciona como antecedentes la Conferencia de Estocolmo de 1792 y
más recientemente la Conferencia de Rio de 1992 cuyos principios se hayan
consagrados en la Carta de la Tierra17: Respeto y cuidado de la comunidad de la vida;
la integridad ecológica, la justicia social y económica; democracia, no violencia y paz”.
Trascendental en este documento es la necesidad de responsabilizarse por las
generaciones venideras y generar un desarrollo sostenible y así lo destaca:
“Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las
generaciones presentes y futuras.
a. Reconocer que la libertad de acción de cada generación se encuentra
condicionada por las necesidades de las generaciones futuras.
b. Transmitir a las futuras generaciones valores, tradiciones e instituciones, que
apoyen la prosperidad a largo plazo, de las comunidades humanas y ecológicas
de la Tierra” (CARTA DE LA TIERRA 1992, Princ. 1. Respeto y cuidado de la
comunidad de la vida. Punto No. 4)
Si bien los derechos ambientales se incluyen en los de tercera generación y no
necesariamente conformaría una cuarta generación, es imperioso establecer unas
prioridades de acuerdo a las coyunturas que atraviesa la humanidad para corresponder a
estos principios universales y urgentes.
Por otra parte, el desarrollo tecnológico y de comunicaciones, es también centro de las
discusiones sobre lo que se llamarían Derechos de Cuarta Generación (BUSTAMANTE
17
Aprobada por aclamación el 5 de abril de 1992 por las Naciones Unidas y firmada en Río de Janeiro el
14 de junio del mismo año.
65
DONAS, J. Sep-Dic 2001) enmarcados en el principio de Libertad de los Derechos de
Primera Generación. Dentro de las amenazas a la libertad en este contexto se incluyen la
privacidad y accesibilidad en el espacio cibernético (Internet especialmente).
Por último González Álvarez esboza la propuesta de Paulo Bonavides (1985)18 quien se
identifica con la necesidad de darle un valor excelso a la ciudadanía y a la libertad de
los pueblos, consolidando así los valores propios de la democracia, cuyos principios se
esbozan en los derechos Humanos durante sus tres generaciones, pero que él prefiere
llamar Dimensiones de los derechos humanos.
Finalmente, la pregunta sobre la legitimidad de la división tripartita de los Derechos
humanos, la aparición de una nueva generación (cuarta generación), y los indicadores
que señalan el rumbo sobre el desglose y estudio de los derechos humanos se convierte
en una discusión que contiene muchos matices y a la cual vale la pena hacerle un
seguimiento teniendo en cuenta la base de la declaración de 1948 y sobre todo
contextualizada en el mundo actual y en la problemáticas que del desarrollo y evolución
de la humanidad en el ámbito, económico, político, social, tecnológico, axiológico y
cultural se deriven.
Más allá de encontrar una adecuado método de análisis o categorización de los
Derechos humanos se requiere analizar los principios que los inspiraron y entenderlos
como parte de un proceso complejo del cual hacen parte las generaciones anteriores, las
presentes y las futuras, y descubrir si la universalidad que su estudio pretende sirve para
su comprensión, aplicación y garantía en todos los lugares de la tierra.
Además de las discusiones alrededor de la validez de la división tripartita de los
derechos humanos, existen otros factores que son fuente de interpretaciones diversas y
que se han modificado a través de la historia y el desarrollo de la humanidad. Un
ejemplo de ello, es la discusión acerca del papel del Estado como promotor y protector
de los derechos humanos, en especial en lo concerniente al bienestar económico y social
en la búsqueda permanente del bienestar de todas las personas en donde se posibilite el
desarrollo de la facultades individuales y colectivas, en una interpretación moderna, que
se alejaría de las pasadas en las que el Estado se limitaba a vigilar, proteger y mantener
el orden y la seguridad de la sociedad. Teniendo en cuenta estas nuevas funciones del
18
El Profesor Paulo Bonavides autor de varias obras de Teoría General del Estado, de Derecho
Constitucional y de Ciencia Política.
66
Estado, se afirma que la diferencia entre derechos sociales y civiles tiende a
desaparecer, sin desconocer con ello la importancia de la existencia de la personalidad
humana en lo individual y colectivo (BOVEN VAN, T. en VASAK, K. Op Cit., p.91)
Por otro lado, el carácter de aplicabilidad inmediata y progresiva de los derechos civiles
y políticos los primeros, y económicos sociales y culturales los segundos, ha sido origen
de controversias específicamente en la creación de Convenciones que propenden por su
protección y aplicación.
Por su parte la Declaración de Teherán de 1968 enfatiza en la unidad de los derechos
civiles y los derechos sociales, y se concentra en su protección pero en el marco de la
cooperación económica y social a nivel internacional.19
Dadas las características desiguales entre los Estados se hace necesario asimismo tener
en cuenta un grado de progreso que permitiría a los Estados en vías de desarrollo
implementar medidas tendientes a proteger y promover los derechos de acuerdo a sus
capacidades reales y sobre todo contar para ello con la cooperación internacional. De
esta forma, el incumplimiento de los acuerdos y convenios no sería interpretado siempre
como una muestra de mala voluntad por parte de los Estados.
“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar
medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los
recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena
efectividad de los derechos aquí reconocidos” Pacto Internacional sobre
derechos económicos, sociales y culturales, Parte 2 art. 2 Parágrafo 1.
Otro interesante aspecto, es el referente a la distinción entre los derechos del individuo y
los del grupo o comunidad. No se trata de comprenderlos en contraposición sino en su
naturaleza, así son considerados por Van Boben derechos de carácter individual y los
derechos de carácter colectivo. A los primeros corresponden entre otros el derecho a la
intimidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la libertad y a la seguridad de
la persona. Y a los segundos, la mayor parte de los derechos económicos y sociales. Sin
embargo, es claro que algunos derechos pueden caracterizarse dentro de ambos aspectos
por ejemplo, la libertad de religión y de expresión (BOVEN VAN T. Op. cit., p.98).
Además existen otros derechos que sólo podrían ejercerse colectivamente como el
19
Veáse el Acta final de la conferencia sobre derechos humanos. Teherán, UN Sales número E. 68.XIV.2
y la Resolución XVII sobre “Desarrollo económico y derechos humanos” (cit. en: BOVEN VAN, T. 1991
en: VASAK 1990, p. 93)
67
derecho a la libertad de asociación y el derecho a afiliarse a un sindicato pues poseen un
carácter individual en la medida que se basan el autodeterminación o decisión de
asociarse o afiliarse que tiene el individuo (PARTSCH en VASAK, K. Op. Cit., p.116).
El carácter invidual de los derechos es indiscutible y se deja entreveer en las
disposiciones que consagran los derechos humanos, por otro lado, el carácter colectivo
se supedita a las condiciones raciales, etnológicas, nacionales, lingüísticas o religiosas,
es decir afectan en particular los derechos de las denominadas minorías, especialmente
de grupos que pertenecen a países en vías de desarrollo y que por su condición
permanecen por debajo de los niveles de bienestar en relación a todos los derechos, pero
especialmente enfrentados por conflictos sociales, políticos, económicos y culturales
que se contraponen en esencia al derecho a la paz y al desarrollo, considerados ambos
como derechos de los pueblos. La autodeterminación de los pueblos es tomada como
bandera por parte de la ONU para preservar y promover los derechos de estos pueblos,
en especial de aquellos que han sufrido las colonizaciones europeas. Dicha
autodeterminación se refiere no sólo a las decisiones políticas, económicas y sociales
sino al respeto por los Estados y sus pueblos, así como la necesidad de generar
compromisos entre los países desarrollados y los en vía de desarrollo con el ánimo de
eliminar las desigualdades que son en principio el origen de las violaciones de los
derechos humanos tanto en el pasado como en el presente de la humanidad (BOVEN
VAN, 1991, pp. 98-104)
1.4. Conclusiones
El presente capítulo ha permitido hacer un reconocimiento de los orígenes de la
definición de los derechos humanos, observando una línea que se desarrolla a lo largo
de las reflexiones filosóficas, que corresponden a tiempos históricos determinados y a
coyunturas políticas, económicas, sociales y culturales particulares. Las instituciones
académicas, religiosas y políticas han participado de manera constante en las
deliberaciones alrededor de los elementos que determinan las definiciones de derechos,
deberes y libertades. La concepción misma del individuo, el reconocimiento de sus
68
derechos y libertades, implica también una reflexión encaminada a dilucidar las formas
de interrelación con otros individuos, y con el Estado.
Si bien la evolución de la definición se ha plasmado en los diferentes instrumentos
internacionales, la forma de asumirlas a nivel nacional ha tenido mucho que ver con las
necesidades particulares y el papel de los Estados en el escenario mundial. Los
conflictos mundiales y sus consecuencias han servido como punto de partida para la
elaboración de reglas que permiten defender los principios básicos de armonía entre los
pueblos y mantenimiento de la paz. En términos generales podría decirse, que la
mayoría de los componentes que hoy en día conocemos con relación, especialmente al
derecho internacional humanitario, corresponden a reacciones asumidas por los Estados
y sus representantes, como una manera de evitar repetir los mismos errores del pasado.
La existencia sin embargo de los principios, no ha sido garante para que se eviten caer
en las confrontaciones militares, ni para que los participantes de las guerras asuman
como viables las restricciones y las limitaciones de carácter humanitario.
A pesar de esta discrepancia, se hace inevitable que como parte fundamental de la
reflexión pedagógica, se reconozcan los elementos constitutivos de los derechos
humanos y derecho internacional humanitario, no solamente como información, sino
como posibilidad para comprender los paradigmas que se han generado históricamente
alrededor de ellos. Probablemente la discrepancia existente entre el deber ser y la
práctica cotidiana, la cual es la esencia del presente trabajo, tenga sus orígenes
precisamente en la forma como se han concebido y estructurado las definiciones, los
principios y los compromisos entre los individuos y las naciones.
Por otro lado, la división de los derechos humanos teniendo en cuenta los valores de la
libertad, la igualdad y la fraternidad, y su respectiva correspondencia con los derechos
fundamentales, sociales, políticos, económicos, culturales e incluso ambientales,
proponiendo una alternativa para el análisis de las violaciones de los mismos, pero
también como forma de interpretación que podría, por su estructura, facilitar la
comprensión en la práctica pedagógica. Las discusiones alrededor de la congruencia de
estas divisiones no es un obstáculo para comprender que la misma es una alternativa
que permite la asociación de la presencia de conflictos y la vulnerabilidad de derechos
dentro de una macroestructura, que no actua como camisa de fuerza pero que
proporciona los elementos para la mejor comprensión por parte de los individuos.
69
Un factor representativo del presente capítulo es la responsabilidad generacional que
adquiere la defensa de los derechos humanos. No se trata solamente de entender las
necesidades del presente y evitar caer en las confrontaciones del pasado, el compromiso
consiste precisamente en generar las condiciones que permitan que las futuras
generaciones puedan disfrutar de sociedades que respeten las libertades, sean solidarias
y que tengan como prioridad el mantenimiento de la paz y la adecuada negociación de
los conflictos.
Si bien la vulneración de un derecho por lo general implica la violación de otros, la
discusión no se centra solamente en las consecuencias tangibles y presentes, sino en
reconocer que de las decisiones que se tome en el presente con relación a temas como el
patromonio cultural, y el medio ambiente, particularmente, tienen una incidencia en el
bienestar de las generaciones futuras.
Ya se ha afirmado que las coyunturas establecen las pautas que determinan los
lineamientos en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. En
la época contemporánea la amenaza del terrorismo y las luchas que se llevan a cabo
para combatirlo a nivel mundial, establecen otros paradigmas que indudablemente
afectan la manera como son entendidos los derechos y las libertades dentro de las
sociedades. Del mismo modo la búsqueda de la paz y el combate contra el terrorismo
han llevado a cometer otras violaciones de derechos que sin lugar a duda abren un
debate sobre la legitimidad y la concordancia de los acuerdos internacionales, los
medios y la práctica.
En el siguiente capítulo se abordará con más especifidad la manera como las
discusiones sobre las definiciones de los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario se han desarrollado en el contexto colombiano y así poder identificar
elementos que más adelante servirán de estructura para realizar un reconocimiento
histórico y una pedagogía de la memoria en el país.
70
1.5.
BIBLIOGRAFÍA
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Humanitario? En : Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. s.f. [En línea]
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74
2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN COLOMBIA
Para comprender el concepto actual sobre derechos humanos en Colombia, es necesario
remontarse a los orígenes de los sistemas legales y judiciales que permitieron organizar
las sociedades precolombinas y que fundamentan las hoy existentes.
Ejemplos de estas formas de organización social pueden hallarse en los relatos de los
cronistas de Indias, especialmente referencias a la sociedad conformada por los
Chibchas. Este grupo ha sido considerado como el más numeroso y civilizado que
ocupara el Nuevo Reino de Granada, sin embargo no abarcaba la mayoría del territorio,
pues existían otros grupos con quienes los Chibchas tenían contacto, pero frente a los
cuales también protagonizaban enfrentamientos.
Los Chibchas como familia lingüística ocupó el territorio de la hoy Colombia y se
subdividió en grupos gobernados cada uno por un cacique. Estos pueblos fueron
denominados por los españoles como Muiscas20 y más adelante fueron denominados
Chibchas. Ellos desarrollaron un sistema jurídico y legal basado fundamentalmente en
los preceptos éticos y religiosos. Para entender este proceso es necesario conocer la
mitología chibcha que hace parte de la cosmovisión de este pueblo, y de las prácticas
cotidianas, algunas de las cuales serían fuente del conflicto con los preceptos europeos
que fueron impuestos por los españoles en la época del descubrimiento y la conquista.
Habría que empezar destacando que la religión politeísta de los Chibchas contiene
mucho matices que darían origen a comportamientos y aspectos normativos del grupo.
La creación del mundo está colmada según los historiadores de una mística relación
entre las comunidades y la naturaleza, estableciendo una cosmogonía propia.
20
La palabra Muisca fue tomada por los españoles debido al reiterado uso que hacía de ella la población.
La palabra muisca cha significa varón, y muisca fucha significa hembra y que en términos generales
significa persona.
75
“[los Chibchas dan] noticia de la creación del mundo, y la declaran diciendo
que cuando era noche, esto es, según ellos interpretan, antes que hubiera nada
de este mundo, estaba la luz metida allá en un cosa grande, para significarla le
llamaban Chiminigagua de donde después salió y que aquella cosa o este
Chiminigagua en que estaba metida esta luz y según el modo que tienen de
darse a entender en esto quieren decir que es lo mismo que lo que nosotros
llamamos Dios, comenzó a amanecer y mostrar la luz que en sí tenía y dando
luego principio a criar cosas en aquella primera luz, las primeras que crió fueron
unas aves negras grandes (Cóndores)* a las cuales mandó al punto que tuvieron
ser, fuesen por todo el mundo echando aliento o aire por los picos, el cual aire
todo era lúcido y resplandeciente, con que habiendo como está ahora, sin
advertir cómo no tienen fundamento en lo que dicen que es el sol el que da esta
luz. A este dios reconocen por omnipotente señor universal de todas las cosas y
siempre bueno y que crió también todo lo demás que hay en este mundo, con
que quedó tan lleno y hermoso: pero como entre las demás criaturas veían la
mas hermosa al sol, decían que a él se debía adorar y a la luna como a su mujer
y compañera, de donde les vino que aún en los ídolos que adoran, jamás es un
solo sino macho y hembra. No se persuaden que entre las demás cosas crió Dios
hombres y mujeres sino que estando el mundo de las demás, faltaban estas dos,
y así se remedió esta falta de esta manera.” (COLMENARES G.y MELO, J.O.
1967 – 1970 Cap. 24)
El politeísmo de los Chichas implicaba una adoración al dios Sol (Sua) y a la diosa
Luna (Chía), así como otros elementos que hacen parte de la naturaleza como el arco
iris (Cuchabiba), quien tomaba presencia corpórea para avisar la muerte y era
especialmente respetado por mujeres en gestación y personas enfermas. En principio,
los españoles fueron recibidos por los Chibchas como enviados del Sol (Sua) para
castigar la desobediencia del pueblo, eran llamados los hijos del Sol (sue o suagagua) o
suachia hijos de la luna.
La presencia de Chiminigagua es importante dentro de la religiosidad Chibcha pues
determina también, al igual que en otras religiones de occidente, la existencia de un
Dios creador omnipotente, que a pesar de no tener como otros dioses una presencia
corpórea, determina la organización social, el control sobre la tierra, y especialmente el
derecho a la vida, la esencia jurídica y fuente del derecho natural. Específicamente la
relación de los indígenas Chibchas con la tierra coincide con otras manifestaciones en
América, en la medida que no existía una real propiedad sobre la tierra como la
contemplaban los españoles que participaron en la conquista, sino en una forma de
control y organización del trabajo por parte de los Caciques y que se convirtiría con el
tiempo en uno de los principales conflictos entre conquistadores e indígenas basado en
el fundamento de la concepción jurídica, ética y religiosa de los indígenas que es el
76
hombre y el occidental europeo basado en la propiedad y las relaciones de producción
(GUZMÁN MORENO, J. 2001, pp. 50-57).
También otras dos deidades, Bochica y Chibchachum eran adorados por los Chibchas, y
sus preceptos alrededor de los comportamientos fueron atendidos juiciosamente por la
población; los caciques y capitanes seguían particularmente los preceptos de Bochica
mientras que los labradores, orífices y mercaderes las de Chibchachum, sin embargo,
ninguno de los dos tenía una presencia corpórea. La adoración a ambos se realizaba con
oro y su poder se desequilibra cuando Bochica castigaba a Chibchachum por anegar las
tierras de la Sabana de Bacatá y le da la responsabilidad a éste de cargar sobre sus
hombros la tierra (de ahí que los terremotos fueran entendidos como los movimientos
que se producían de hombro a hombro por parte de Chibchachum). En contraste, existía
un temor hacia los demonios que estaban presentes y originaban, según las creencias,
los comportamientos indeseados y contrarios a las leyes naturales, sin embargo, eran
destinatarios de sacrificios para evitar los supuestos males que ocasionarían de no
rendirseles tributo.
Bochica “(...) constituye un interesante misterio en el proceso de formación de la
sociedad Chibcha, pero además tiene el interés este fenómeno, de ser equiparable al
caso de Viracocha para los peruanos o Quetzalcoalt para los mexicanos y
centroamericanos. Un mito, un personaje histórico, un pueblo en marcha, de todas
maneras constituye uno de los grandes retos para la arqueología, la paleontología, la
antropología, la historia y la imaginación, como explicación de un paso decisivo en la
evolución social y la identificación y organización de aquellos pueblos primitivos(...)”
(Ibid., p.54)
Adicionalmente, cabe agregar la importancia de la diosa Bachúe, quien era considerada
como la madre de los Chibchas, la madre tierra y la madre agua, por tal motivo era
considerada también la protectora de la fertilidad de los cultivos, y de quien se sabe dio
productivas enseñanzas a la comunidad. Su importancia radica también en la posición
marcada de poder de la mujer, que se manifestó en la estructura social cuyo fundamento
era el matriarcado que determinaba la sucesión del poder donde no los hijos, sino los
sobrinos, eran quienes podian ostentar el poder del Zipa, Zaque y Cacique
(gobernantes). El papel de la mujer en correspondencia con esta mentalidad matriarcal
se evidenciaba en la organización social y en la participación y autoridad en los asuntos
domésticos y políticos. Su participación era notable en el trabajo manual caracterísitco
77
de los Chibchas especialmente el trabajo orfebre, textil, la agricultura, así como otros
asuntos propios del hogar (Véase OCAMPO LÓPEZ, J. 2006).
Eran los Chibchas muy religiosos en su idolatría, sumisos y respetuosos para con sus
Caciques y peleaban con valor en defensa de sus tierras. La jerarquía de poder estaba
organizada en orden de obediencia el Zipa, Zaque, Cacique (con funciones
gubernamentales) y el Uzaque (quienes cumplían la función de jueces). La obediencia y
respeto ante estos gobernantes se ejercía entre ellos y desde los vasallos y guerreros
hacia ellos. Esta forma de organización estaba mezclada con comportamientos
despóticos y se basaban en la pureza de la sangre de quienes ostentaban el poder y que
se fortalecía por el control de territorios.
Las leyes eran transmitidas oralmente de generación en generación y se cree que las
primeras expresiones de fundamentos legales de los Chibchas se originaron en las
enseñanzas de Bachué y que se combinaban con las leyes que cada cacique considerara
convenientes en su cacicazgo o grupo. Sin embargo, sólo hasta la instauración de
sanciones por parte del sucesor de Bachué, el cacique Nompanén, fue posible otorgarle
el sentido de leyes a las enseñanzas. Los adelantos jurídicos de los Chibchas fueron
considerados como de los más avanzados en la América Prehispánica. Entre los códigos
en general pueden mencionarse, además de las sabias enseñanzas de Bochica
(Nemqueteba), los de Nemequeme (Nemequén), Nompanén (Nompanín) y Gorachacha
(quienes cumplian funciones de legisladores históricos) (OCAMPO LÓPEZ, J. 1977).
Un ejemplo significativo de las formas legislativas es la llamada “ley de la guayabita”,
entendida también como la ley de sangre, ejecutable a través de la pena de muerte,
recurso recurrente para sancionar el incumplimiento de las leyes, aunque se distinguía
un proceso por reincidencia; en primera instancia se castigaba con azotes, después con
la pena de infamia, y después el castigo consistía en la difamación del castigado y sus
parientes. Este tipo de condena se aplicaban a los embusteros, ladrones y quien quitaran
la mujer del prójimo. Torturas, castigos corporales, y el escarmiento público fueron
entre los Chibchas las costumbres más arraigadas para reprender por el incumplimiento
de las leyes. (RESTREPO, V. 1895)
Posteriormente como sucesor de Zuguanmachica aparece el Zipa Nemequene o
Nemequén21 a finales del siglo XV, quien a su vez antecedió a Tisquesusa y Zagiga,
21
Su nombre significa „Hueso de León“ (GUZMÁN MORENO, J. 2001, p. 55)
78
constituyó un nuevo cuerpo de leyes que retomaban las existentes en el pasado y les
daban nuevas connotaciones de acuerdo con la realidad que en esta época atravesaba la
sociedad Chibcha. Su Código Legal se fundamentaba en la Ley del Talión22 (ojo por
ojo, diente por diente) Lo que significa, que las penas equivalen y son identicas al delito
o falta cometida.
“En lo social se establecían los castigos para el homicidio, el hurto y varios
delitos sexuales; entre ellos la violación, el incesto y la sodomía. Igualmente,
reguló las contraprestaciones que debía dar el marido a los familiares de su
esposa, en caso de que ésta muriera durante el parto; este mecanismo refleja la
responsabilidad indirecta que se le atribuía en la muerte de su cónyuge y las
estructuras de parentesco matrilineales que regían entre los muiscas. En lo
político, las reformas de Nemequene fortalecían el fisco, al establecer al zipazgo
como dueño de los bienes de quienes morían sin tener herederos. También
limitaban los privilegios de los señores y caciques, llamados entre ellos uzaques
y psihipqua, y acentuaban la diferenciación social de la población, al restringir
el uso de ciertas prendas y joyas a los estratos más altos dentro de la jerarquía
política. En lo militar, estableció sanciones que castigaban la cobardía y la
huida del campo de batalla. Para asegurar el cumplimiento de estas reformas,
designó al cacique (uzaque) de Suba para que presidiera su Consejo Supremo,
el cual fallaría sin apelación los casos relativos a estos delitos que fueran
sometidos a su consideración”(HERRERA ÁNGEL, M. 2004a)
Se reconoce en el sistema legal ideado por Nemequene la necesidad de fortalecer un
sistema social y castigar a los responsables de infracciones que atentaban con la
armonía de la comunidad. Aunque los castigos pueden ser considerados violentos en
nuestros días, debe entenderse este tipo de prácticas en una sociedad marcada por el
orden y las jerarquías políticas y de poder. El carácter oral de las prácticas legales le
otorga a este sistema una característica consetudinaria, pues al pasar el tiempo, algunos
de sus preceptos permanecerían en el imaginario de la sociedad colombiana.
22
Aunque este tipo de justicia retributiva ha sido una constante en casi todas las civilizaciones euroasiáticas, es en Roma cuando estas reciben el nombre de Ley del Talión del latín: lex talionis, que
significa “tal como”: “así como me hiciste, tal te hago”. Este código es mencionado en el libro Levítico
24, 20 del Antiguo Testamento de la Biblia: “fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Según
sea la lesión que habrá causado a otro así se le hará a él”, y tiene una manifestación clara en el Código de
Hammurabi Ley 196: “Si un hombre libre vació el ojo de un hijo de hombre libre, se vaciará su ojo” y
Ley 197: “Si quebró un hueso de un hombre, se quebrará su hueso”. Cabe anotar que “la vilipendiada Ley
del Talión fue un considerable avance de la civilización y marcó un hito para la teoría del Derecho de
trascendencia comparable al descubrimiento de la rueda para el desarrollo tecnológico”. (MEDINA
PABÓN, J.E. 2005, p.80)
79
2.1.
EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS. LAS REIVINDICACIONES
INDÍGENAS
La llegada de los españoles a América desde el siglo XVI iniciando lo que la historia
llamaría época de la Conquista, representó un momento trascendental para ambas
culturas, pues su disímil mentalidad y comportamientos generaría los primeros
conflictos entre unos y otros.
La posición de los españoles se mostraba favorable pues contaban con el apoyo y la
justificación otorgada por las leyes consagradas en las Bulas Alejandrinas23 de 1493, las
cuales fueron concedidas por el Papa Alejandro VI (de origen español) a los Reyes
Católicos españoles Isabel I y Fernando II, incluyendo la donación de las tierras
descubiertas por poseer la facultad papal de determinar y decidir los destinos de los
pueblos cristianos y de los que no lo eran, bajo el argumento de la necesidad
evangelizadora. Precisamente, este argumento evangelizador permitía a la Corona
Española en la primera Bula, además de dominar los territorios conquistados contribuir
al adoctrinamiento de los pueblos que allí habitaran.24 La transformación de las
costumbres de los indígenas en lo social, económico, político y cultural, se justificó por
la necesidad de evangelizar a los pueblos primitivos y salvajes y que practicaban actos
infieles desdel el punto de vista de los principios católicos. Para que la evangelización
fuera un hecho se requería ante todo reorganizar a los grupos indígenas de manera
voluntaria u obligada para facilitar la tareas. Esta organización permitió la aparición de
la Encomienda y el Repartimiento (MAYORGA GARCÍA, F. 2002). El Repartimiento,
consistía en la distribución de indígenas como mano de obra para la prestación de
servicios personales. Por otro lado, la Encomienda como institución, pretendía que el
Encomendero se hiciera responsable del cuidado y protección de sus sus encomendados
y a cambio él tenía el derecho de recibir los tributos que los indígenas estaba
compelidos a pagar como vasallos de la Corona, los cuales estaban representados en
productos agrícolas, textiles o mineros y eran entregados por el correspondiente
23
Las Bulas Alejandrinas comprenden cuatro partes, dos llamadas Inter Caetera, la tercera Eximiae
Devotionis, y la cuarta Dudum Siquidem. El original de este documento se conserva en el Archivo
General de Indias, y una copia en el Vaticano.
24
Las Bulas concedidas después de 1493 la Inter Caetera y la Eximiae Devotionis permitieron aclarar y
puntualizar lo expuesto en la primera con relación al deber de evangelizar a los pueblos conquistados.
80
Cacique, quien lo recogía de las llamadas «Doctrinas», donde se agrupaban para recibir
el adoctrinamiento católico por parte de los religiosos encargados y quienes a su vez,
debían ser atendidos y mantenidos por los encomendados. Una de las necesidades
primordiales de la Corona era tener la mano de obra suficiente para explotar los nuevos
territorios. Ya estas relaciones de prestación de servicios mutuos, bajo el cual se habían
concebido la Encomienda, denotaba la explotación a la que eran expuestos los indígenas
encomendados, justificados por los Encomenderos por la falta de conciencia e
incapacidad de trabajo de los indígenas.
La primera denuncia que históricamente se conoce sobre los abusos hacia los indígenas
es el sermón que el padre dominico Fray Antonio de Montesinos (1480-1540)
pronunció en diciembre de 1511 en Santo Domingo:
“(...) Esta voz, dijo él, que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís,
por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué
derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos
indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes
que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con
muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan
opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de
los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir,
los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los
doctrine, y conozcan a su Dios y creador, sean bautizados, oigan misa, guarden
las fiestas y domingos? ¿Estos, no son hombres? ¿No tienen almas racionales?
¿No estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis?
¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico
dormidos? Tened por cierto, que en el estado [en] que estáis no os podéis más
salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo.”
(BERNAT, G. 2002).25
El sermón se convirtió en la primera reflexión que se hiciera sobre el comportamiento
de los españoles en las tierra conquistadas y el eje del pensamiento de los dominicos
que más tarde también jugarían un papel decisivo en las transformaciones jurídicas,
religiosas y éticas durante la Conquista.
A raíz de este hecho el mismo Fernando II Católico convoca para la época una Junta
donde asistieron, además de juristas, teólogos que se encargarían de resolver el
problema que había surgido, al considerar que los indígenas o naturales de América
25
Texto tomado de la página del Sr. Gabriel Bernat quien cuenta con una selección de los textos
originales más importantes durante el proceso de legitimación de la Conquista por parte de la Corona
Española así como de aquellos que se consideradon una respuesta a las denuncias de la explotación de los
indígenas en América. http://www.gabrielbernat.es.
81
eran Vasallos de la Corona, y tendrían por tanto, los mismos derechos de sus iguales en
España. En atención a la problemática de explotación que había deteriorado la imagen
de la Encomienda como institución de la conquista, surgen las Leyes de Burgos26 en
1512 que constituían las “Ordenanzas Reales para el buen regimiento y tratamiento de
los Indios” (COLMENARES, G. y MELO, J.O. 1967-1970 Cap. 7)
“Estas Leyes de Burgos —que marcan el lado ético del Estado de Derecho
indiano y las normas de convivencia social entre españoles e indios—
constituyen la declaración más completa sobre la concepción de cuál debía ser
la relación ideal entre indios y españoles. Supusieron el arranque de una línea
crítica doctrinal, de enorme entidad jurídica y política (...)” (HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ-BARBA, M. 1986)
En total las Leyes de Burgos eran treinta y cinco, con una adición de cuatro en 1513,
redactadas por la Reina Isabel I la Católica en la Junta de Valladolid y más tarde
complementadas por la Junta de Madrid de 1516.
Las Ordenanzas permitían a la Corona establecer, autorizar y legalizar las prácticas que
garantizarían el funcionamiento adecuado de la Encomienda. Para alcanzar su objetivo
se enfocó por ejemplo, en la distribución de los indígenas para evitar el hacinamiento.
Determinaba asimismo la dieta adecuada para los indígenas, la prohibición de los
castigos corporales, eximía a las mujeres embarazadas de más de cuatro meses y a los
niños y mujeres menores de 14 años de los trabajos forzados. Los Caciques no
realizarían trabajos ordinarios y oponían a los servidores indígenas personales.
Estableció las temporadas de trabajo de 9 meses de los indígenas para los españoles y 3
para su propio sustento. En materia religiosa rechazó las prácticas bigámicas y
consolidó la catequesis. De esta manera se dio una solución jurídica a la cuestión sobre
el papel del trabajo y la evangelización en los territorios ultramarinos.
Aparece entonces otro cuestionamiento sobre el origen de la resistencia de los indígenas
frente a los procesos de la Conquista y la legitimidad de la guerra contra los indígenas.
Así se determina elaborar el llamado «Requerimiento» redactado por Juan López de
Palacios Rubios (1450-1524), quien se ocupaba como jurista de la legitimidad de la
soberanía de la Corona sobre los territorios descubiertos. A través de este documento de
nueve puntos se recuerda a los indígenas su condición de Vasallos de los Reyes de
Castilla y de súbditos del Papa.
26
Las leyes de Burgos intentaban además resolver el problema jurídico de la incompatibilidad del
Derecho Común e inaplicabilidad en el terriotorio de ultramar.
82
En primer lugar, se recordaba el poder que detentaban los Reyas Católicos sobre los
territorios descubiertos, pues los habrían recibido legítimamente por parte del Papa
representante de Dios en la tierra:
“De parte del rey, Don Fernando, y de su hija, Doña Juana, reina de Castilla y
León, domadores de pueblos bárbaros, nosotros sus siervos, os notificamos y os
hacemos saber, como mejor podemos, que Dios nuestro Señor, uno y eterno,
creó el cielo y la tierra, y un hombre y una mujer, de quien nos y vosotros y
todos los hombres del mundo fueron y son descendientes y procreados, y todos
los que después de nosotros vinieran.
De todas estas gentes Dios nuestro Señor dio cargo a uno, que fue llamado San
Pedro, para que de todos los hombres del mundo fuese señor y superior a quien
todos obedeciesen, y fue cabeza de todo el linaje humano, dondequiera que los
hombres viniesen en cualquier ley, secta o creencia; y dióle todo el mundo por
su Reino y jurisdicción, y como quiera que él mandó poner su silla en Roma,
como en lugar más aparejado para regir el mundo, y juzgar y gobernar a todas
las gentes, cristianos, moros, judíos, gentiles o de cualquier otra secta o creencia
que fueren. A este llamaron Papa, porque quiere decir, admirable, padre mayor
y gobernador de todos los hombres(...)Uno de los Pontífices pasados que en
lugar de éste sucedió en aquella dignidad y silla que he dicho, como señor del
mundo hizo donación de estas islas y tierra firme del mar Océano a los dichos
Rey y Reina y sus sucesores en estos Reinos, con todo lo que en ella hay, según
se contiene en ciertas escrituras que sobre ello pasaron, según se ha dicho, que
podréis ver si quisieseis(...)”
Posteriormente el «Requerimiento» invitaba a los indígenas a escuchar, acatar y
comprender las razones que tenían para entrar y dominar sobre sus territorios, haciendo
énfasis en la necesidad de evangelizarlos:
“(...)Por ende, como mejor podemos, os rogamos y requerimos que entendáis
bien esto que os hemos dicho, y toméis para entenderlo y deliberar sobre ello el
tiempo que fuere justo, y reconozcáis a la Iglesia por señora y superiora del
universo mundo, y al Sumo Pontífice, llamado Papa, en su nombre, y al Rey y
Reina doña Juana, nuestros señores, en su lugar, como a superiores y Reyes de
esas islas y tierra firme, por virtud de la dicha donación y consintáis y deis lugar
que estos padres religiosos os declaren y prediquen lo susodicho(...)”
De no cumplirse el «Requerimiento», los indígenas serían los responsables de las
consecuencias que ello tuviera, entiéndase como el desarrollo de una guerra y una serie
de medidas que afectarían a las gentes del lugar.
“(...) Y si así no lo hicieseis o en ello maliciosamente pusieseis dilación, os
certifico que con la ayuda de Dios, nosotros entraremos poderosamente contra
vosotros, y os haremos guerra por todas las partes y maneras que pudiéramos, y
os sujetaremos al yugo y obediencia de la Iglesia y de sus Majestades, y
tomaremos vuestras personas y de vuestras mujeres e hijos y los haremos
esclavos, y como tales los venderemos y dispondremos de ellos como sus
Majestades mandaren, y os tomaremos vuestros bienes, y os haremos todos los
males y daños que pudiéramos, como a vasallos que no obedecen ni quieren
recibir a su señor y le resisten y contradicen;(...)”
83
Finalmente libraba oficialmente a la Corona española y sus representates los
Conquistadores de la culpa sobre los excesos cometidos.
“(...) y protestamos que las muertes y daños que de ello se siguiesen sea a
vuestra culpa y no de sus Majestades, ni nuestra, ni de estos caballeros que con
nosotros vienen (...)”(BERNAT, G. Op cit.).
El «Requerimiento» era leído en castellano por parte de los Conquistadores antes de
entrar a tierras de los indígenas, pero sin traducción, por lo cual se carecía de la
efectividad para el cual fue creado, que era entrar en conciencia a los naturales sobre las
intenciones de la Conquista. A pesar del «Requerimiento» y a falta de su comprensión,
los indígenas se enfrentaron contra los españoles por la defensa de sus territorios y
efectivamente tuvieron que asumir las consecuencias que se habían previsto en el
documento. Sin embargo, es de resaltar que por otro lado los conquistadores y la
Corona se vieron absueltos de su responsabilidad religiosa por los actos cometidos.
El «Requerimiento» debido a los constantes cuestionamientos acerca de la legitimación
de los actos de la Conquista desaparece en 1542 cuando entran en rigor las Leyes
Nuevas “Leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su magestad (sic) para la
gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios” promulgadas
en Barcelona y aprobadas por Carlos V. Su intención era fundamentalmente la de
discutir y clarificar la posición de la Corona sobre el funcionamiento y organización de
los territorios descubiertos y conquistados. Tres puntos centrales constituían la
discusión: La encomienda, la esclavitud de los indígenas y las guerras de conquista. En
relación a la encomienda, se da por terminada esta institución y se le quita su carácter de
hereditaria, además se otorgaba la libertad a los indígenas de los encomenderos que los
tenían bajo dicha condición. A pesar de contener más puntos, los mencionados fueron
rechazados por los Conquistadores encomenderos por afectar directamente su bienestar
económico y su estatus basado en el trabajo forzado de los indígenas.
Como antecedente fundamental para la aparición de las Leyes Nuevas es importante
resaltar dos elementos: la influencia intelectual de la Escuela de Salamanca en 1525 y la
reacción de la iglesia católica a través de la Bula Sublimis Deus en 1537.
Desde 1525 se escuchaban las voces de juristas y teólogos que conformaron la conocida
Escuela de Salamanca.
“Los principios generales podrían enunciarse de la siguiente forma: Indios y
españoles son fundamentalmente iguales en cuanto hombres. Son capaces de
salvarse o pasibles de condenarse. Tienen derecho a la vida y a la integridad
84
física y psíquica. Tienen derecho a la verdad, al honor y a la dignidad personal,
a la educación, a todo lo que se oriente a su promoción cultural y espiritual. Son
libres, y en uso de su libertad los indios pueden organizarse en comunidades y
elegir a sus propios gobernantes. Al igual que los cristianos, los indios son los
verdaderos dueños de sus bienes y no pueden ser desposeídos de ellos ni en
razón de su infidelidad, ni en razón de su incultura. Por tanto, sus tierras no
pueden serles expropiadas ni ocupadas si no es sobre la base del derecho común
a cristianos e infieles. No pueden ser condenados sin haber sido oídos por la
autoridad pública competente de acuerdo con la ley. El retraso de los pueblos
originarios se debe, en gran parte, a la falta de educación que degenera sus
costumbres27. La intervención y la ocupación de España se justifica solo
temporalmente para que, como depositaria del mandato misional, ejerza una
suerte de tutela en tanto el indio consienta convertirse a la fe, y para velar por su
promoción cultural y humana a fin de sacarlos de la situación de subdesarrollo y
para capacitarlos políticamente. Esto sin olvidar que el consentimiento mutuo y
la elección libre de los indios constituye, en última instancia, el título prioritario
de intervención y de gobierno” (MAYORGA GARCÍA, F. Op Cit)
Además de discutir y replantear el sentido del Derecho Natural y Derecho Común con
relación a la libertad de los individuos y sus derechos, se involucraba el derecho de los
indígenas como seres humanos, y se unia a la discusión alrededor de la legitimidad de la
Conquista de América, las cuales configuraron el escenario para la deliberación sobre
los derechos de los indígenas no solamente a nivel legal e individual sino también a
nivel económico y sobre el aprovechamiento de los recursos. Las opiniones aunque
divididas, tuvieron una gran relevancia en la constitución de las leyes que regirían las
actuaciones durante la Conquista de América. Dominicos y jesuitas fueron los
representantes más importantes en dicha Escuela, entre ellos se destacan Fray Pedro de
Córdoba (1482?-1525) (considerado protector de los indios), Fray Bartolomé de Las
Casas (1484-1566), Francisco de Vitoria (1483-1546) y Domingo de Soto (1494-1560),
quienes contraponían sus argumentos a los expuestos por Juan Palacios Rubio, Martin
Fernández de Enciso y Juan Solórzano de Pereira (1575-1655) (jurista defensor del
derecho indiano) quienes justificaban la Conquista bajo la óptica religiosa y jurídica.
Entre los detractores de las las Leyes Nuevas de 1542 no solamente se encontraban los
encomenderos, quienes utilizaron su influencia frente a los Virreyes para evitar su
desmonte, también reconocidos personajes, como Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573)
en su labor de humanista, jurista, historiador y filósofo justificó el proceso de conquista,
colonización y evangelización realizada por los españoles en América.
En la Junta de Valladolid 1550- 1551 (Valladolid- España) se desarrolló lo que la
historia conoce como «la polémica de los naturales o de los justos». Juan Sepúlveda
27
Negrilla fuera del original.
85
expuso sus argumentos a través de su obra Demócrates Secundus (1545) subtitulado
“de las justas causas de la guerra contra los indios - De justis belli causis apud indio”,
por su parte, Fray Bartolomé de las Casas presentó sus contratesis en la obra Treinta
proposiciones muy jurídicas
“Los Reyes de Castilla son obligados de Derecho divino a poner tal
gobernación y regimineto en aquellas gentes naturales de Indias, conservadas
sus justas leyes y buenas costumbres, que tenían algunas, y quitadas las malas,
que no eran muchas, y suplidos los derechos que tuvieran en su
policía(...).”(CASAS, B, 1958b, p. 225)
La Junta de Valladolid convocó a los dominicos Bartolomé Carranza, Melchor Cano28 y
Domingo Soto y al representante de la opinión contraria defendida por Sepúlveda, a la
discusión entre los iusnaturalistas29 y los partidarios del consuetudinarismo aristotélico,
siguiendo las legitimidad de las Razones de Estado planteadas en la tesis
Maquiavelica30. Bajo esta perspectiva Sepúlveda consideraba que la guerra contra los
indios era justificada por su condición de incivilizados y la necesidad de la existencia de
una civilización superior que los sometiera para evangelizarlos, y si el sometimiento no
era posible debía recurrirse a la guerra. Los argumentos de Sepúlveda se fundamentan
en las teorías aristotélicas31 sobre la naturaleza humana y las causas de la «Guerra
Justa» que Tomas de Aquino tomara como base para la construcción de su filosofía
(tomista) en la cual la justicia y la igualdad como parte esencial del hombre se
proyectan en todas sus actuaciones dentro de la sociedad, incluyendo la guerra.
(AQUINO, T. La Summa Teológica, 1225?-1273. “Ultrum Bellare semper sit pecar”
(¿es siempre pecado combatir?).Cap. 2-2 q.40.1 ad.3)
28
Fue remplazado por Pedro de Lagasca, debido a que Cano fue invitado a Participar en el Concilio de
Trento.
29
El dominico Francisco de Vitoria fue el mayor exponente del Iusnaturalismo y fue el impulsor de la
Escuela de Salamanca.
30
“La tratadística de la razón del Estado significa, en sus comienzos, la adaptación de un pensamiento
político genuinamente italiano, tal como fue formulado por Maquiavelo y Guicciardini, a la horma
católica“ (GARCÍA PELAYO 1968, p.280). “Hay un tema clave en todo esto: el de las relaciones entre la
religión y la política. Por eso para los tratadistas de la razón de Estado las conexiones entre religión y
política en el marco del Estado son inexcusables (…). La religión es el principal sustento teórico del
Estado y una y otro se necesitan. La razón del Estado no puede enfrentarse a los dogmas y normas de la fe
católica; sin embargo, sí se puede autorizar en situaciones concretas y excepcionales que la razón de
Estado se distancie de sus mandatos, si está de por medio la conservación del Estado, puesto que éste es
la garantía de la vigencia de la religión.” (FERNÁNDEZ GARCÍA, E. 1997, p.16)
31 Artistóteles denomina al conflicto armado como “Bellius Empres” que deben ser regulados a través de
normas legales pues aún originándose en causas honorables puede desembocar en vicios humanos como
el egoísmo, la soberbia y la intolerancia. (HAWA ARELLANO, S. 2000, pp.2-3) 86
La Junta de Valladolid tenía como responsabilidad dar la razón a alguna de las dos
partes, sin embargo, no arrojó resultados concluyentes lo que derivó en que ambos polos
aludieran un triunfo de sus argumentos. La división quedó expuesta, y es así como
ambas posiciones arrastraron consigo defensores y detractores. Del lado de Sepúlveda
se ubicaron sobre todo los miembros de la Corona, del alto clero y los nobles, y de lado
de De Las Casas se posicionaron especialmente miembros de Universidades, teólogos,
misioneros y frailes predicadores. En 1551 De Las Casas pronuncia una frase como
respuesta a reconocimiento lícito de la Junta de Valladolid de la Conquista de América
por parte de España que sería la base para las actuales luchas por los derechos humanos:
“¡Todos los pueblos del mundo son hombres!” (ARIZA, A. 1974, p.191)
Las Casas representó un hito para la historia de los derechos humanos durante la
conquista, y ello queda demostrado en las tesis expuestas en la redacción de “La
Brevísima relación de la destrucción de las Indias” (1542- 1552)32, “Memorial de
remedios” (1542) y “Representación al Emperador” (1543). Su visión frente a la
Conquista puede definirse entonces así:
“Este término o nombre conquista para todas las tierras y reinos de las Indias
descubiertas y por descubrir, es término y vocablo tiránico, mahoméico,
abusivo, impropio e infernal. Porque en todas las Indias no ha de haber
conquistas contra moros de África o turcos o herejes que tienen nuestras tierras,
persiguen los cristianos y trabajan de destruir nuestra sancta fe, sino predicación
del Evangelio de Cristo, dilatación de la religión cristiana y conversión de
ánimas, para lo cual no es menester conquista de armas, sino persuasión de
palabras dulces y divinas, y ejemplos y obras de sancta vida. Y, por tanto, no
son menester los condenados requerimientos que hasta agora (ahora) (5) se han
hecho, ni esta negociación no se ha de llamar conquista, sino predicación de la
fe y conversión y salvación de aquellos infieles que están aparejados sin
tardanza alguna para recibir a Jesucristo por universal Criador, y a Su Majestad
por católico y bienaventurado Rey; y este es su propio y cristiano nombre deste
negocio de las Indias. (...)”(CASAS, B. s.f.)33
En la “Brevísima” realiza Casas una exhortación a la Corona en especial al entonces
príncipe Felipe II para terminar con los atropellos de la Conquista:
“(...)Considerando, pues, yo (muy poderoso señor), los males e daños, perdición
e jactura (perdidas) (de los cuales nunca otros iguales ni semejantes se
imaginaron poderse por hombres hacer) de aquellos tantos y tan grandes e tales
32
En su título original “Destrucción de las Indias” De las Casas escribe desde 1539 en México los
argumentos que darían lugar a los cambios jurídicos consolidados en las Leyes Nuevas en 1542.
Posteriormente complementó el escrito con nuevas formulaciones frente al fracaso de las mismas y una
década después del inicio de sus relatos fue publicada en 1552 bajo el título de Brevísima relación de la
destrucción de las Indias la cual es considerada como una versión autocensurada y reducida en su
extensión con relación a la original.
87
reinos, y, por mejor decir, de aquel vastísimo e nuevo mundo de las Indias,
concedidos y encomendados por Dios y por su Iglesia a los reyes de Castilla
para que se los rigiesen e gobernasen, convirtiesen e prosperasen temporal y
espiritualmente, como hombre que por cincuenta años y más de experiencia,
siendo en aquellas tierras presente los he visto cometer; que, constándole a
Vuestra Alteza algunas particulares hazañas de ellos, no podría contenerse de
suplicar a Su Majestad con instancia importuna que no conceda ni permita las
que los tiranos inventaron, prosiguieron y han cometido [que] llaman
conquistas, en las cuales, si se permitiesen, han de tornarse a hacer, pues de sí
mismas (hechas contra aquellas indianas gentes, pacíficas, humildes y mansas
que a nadie ofenden), son inicuas, tiránicas y por toda ley natural, divina y
humana, condenadas, detestadas e malditas(...).” (CASAS, B. 2005)
El Memorial de Remedios continua con la denuncia sobre lo sucedido en la Conquista
de América, allí pretendía Las Casas el desarrollo de las comunidades indígenas acorde
con las ideas de Tomas Moro (1478-1535) consagradas en su obra Utopía (1516).
“En el Memorial de Remedios fray Bartolomé de Las Casas sugiere 14
remedios donde abarca aspectos de carácter religioso, moral, jurídico,
económico y social con la finalidad de crear en las islas caribeñas de Cuba,
Española (Santo Domingo), San Juan (Puerto Rico) y Jamaica, las condiciones
ideales para remediar la destrucción provocada por los españoles. Detalla la
aplicación de medidas a seguir, entre ellas, la suspensión de los repartimientos y
de las encomiendas para evitar la esclavitud de los indios; que la colonización
fuera hecha por familias enteras de españoles y no por aventureros en busca de
oro; que se diera un trato igual a indios y españoles; no permitir que
conquistadores y gobernantes anteriores vivieran en dichas islas por
considerarlos causantes de los males presentes así como reformar la totalidad de
la legislación para las Indias. Asimismo, incluye horas de trabajo, de recreo y de
alimentos; específica detalladamente las funciones de médicos, enfermeros,
carniceros, carpinteros, y de otros oficios (CRO (1983); MARAVALL, (1974);
HANKE, (1949). El objetivo de los 14 remedios era hacer de esas islas “la
mejor y más rica tierra del mundo; todo esto viviendo los indios” (CRO 1983, p.
52) ya que la forma en que se estaba desarrollando la conquista ponía en peligro
la supervivencia de los indios, hacía más factible su extinción y ponía en peligro
la posibilidad de edificar una sociedad más justa y más cristiana en el Nuevo
Mundo, es decir ponía en peligro la realización de la utopía europea en
América” (AGOSTONI, C. 1995, p. 42)
y finalmente en la «Representación al Emperador» escrito dirigido al Rey Carlos V
(1542) donde se sugiere la eliminación de la encomienda y la esclavitud de los
indígenas, así como la devolución de las tierras a los indígenas, lo que no pudo ser
desconocido por la Corona, pues su reacción no podría hacerse esperar; fue entonces
cuando surgieron las llamadas Leyes Nuevas en 1542, de lo cual ya hemos dado cuenta.
En 1555 Fray Bartolomé de las Casas en carta escrita al dominico Bartolomé Carranza
denominada «Carta Grande» advierte cuatro tesis en contra del posible restablecimiento
de las Encomiendas en las tierras conquistadas a causa de la presión ejercida por los
poderosos encomenderos frente al Rey Felipe II y sobre todo, la necesidad de recordar
88
los principios éticos de Aristóteles y la inspiración divina para cumplir con la misión
cristiana, lo que ratificó en su Memorial al Rey Felipe II en 1556.
En segundo lugar, como antecedente de las Leyes Nuevas se encuentra la reacción de la
Iglesia Católica específicamente del Papa Pablo III quien en su Bula del 2 de junio de
1537 llamada Sublimis Deus presentaba su reconocimiento del pueblo indígena como
parte de la obra de Dios, lo que significa su participación en los derechos igualitarios
entre los hombres. Libertad y propiedad34 se convierten entonces en eje de la discusión
alrededor de la legitimidad de la Conquista y el reconocimiento de los indígenas como
seres humanos en igualdad de condiciones que sus congéneres europeos:
“El Dios sublime amó tanto la raza humana, que creó al hombre de tal manera
que pudiera participar, no solamente del bien de que gozan otras criaturas, sino
que lo dotó de la capacidad de alcanzar al Dios Supremo, invisible e
inaccesible, y mirarlo cara a cara; y por cuanto el hombre, de acuerdo con el
testimonio de las Sagradas Escrituras, fue creado para gozar de la felicidad de la
vida eterna, que nadie puede conseguir sino por medio de la fe en Nuestro
Señor Jesucristo, es necesario que posea la naturaleza y las capacidades para
recibir esa fe; por lo cual, quienquiera que esté así dotado, debe ser capaz de
recibir la misma fe (...)Nos pues, que aunque indignos hacemos en la tierra las
veces de Nuestro Señor, y que con todo el esfuerzo procuramos llevar a su redil
las ovejas de su grey que nos han sido encomendadas y que están fuera de su
rebaño, prestando atención a los mismos indios que como verdaderos
hombres que son, no sólo son capaces de recibir la fe cristiana, sino que según
se nos ha informado corren con prontitud hacia la misma; y queriendo proveer
sobre esto con remedios oportunos, haciendo uso de la Autoridad apostólica,
determinamos y declaramos por las presentes letras que dichos Indios, y
todas las gentes que en el futuro llegasen al conocimiento de los cristianos,
aunque vivan fuera de la fe cristiana, pueden usar, poseer y gozar libre y
lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades, que no deben
ser reducidos a servidumbre y que todo lo que se hubiese hecho de otro modo
es nulo y sin valor, [asimismo declaramos] que dichos indios y demás gentes
deben ser invitados a abrazar la fe de Cristo a través de la predicación de
la Palabra de Dios y con el ejemplo de una vida buena, no obstando nada en
contrario.”(METZLER, J. 1991, pp. 364-366)35
34
El origen de la noción de libertad e igualdad se remonta a las reflexiones de Grocio, “pues la idea de la
libertad era la de la libre propiedad, la libre posesión de la propiedad, y de ella surgiría posteriormente la
idea de la libre empresa, con todos los demás corolarios de la libertad (…) y la idea de igualdad también
debió su origen(...) a la aparición de un nuevo tipo de propiedad. Significaba igualdad de todos respecto
al derecho de adquirir propiedades(…) su verdadero origen resulta estar relacionado con la idea política
del Estado en el sentido moderno del término (…) la igualdad era, digamos una idea política y un derecho
político, mientras que la libertad poseía un carácter económico(…).” Veáse : (SZABO, I. en VASAK, K.
1991, p.40)
35
Toda la negrilla fuera del texto original.
89
Pablo IV ratificaría a su vez la prohibición de la esclavitud36 en 1537 y Pío V en 1568;
el Papa Urbano VIII en una carta a su nuncio en Portugal del 1639 condena
absolutamente la esclavitud y la considera como un “abominable comercio de
hombres”, la prohíbe en Brasil, Paraguay y las Antillas y todas las Indias occidentales, y
propone la excomunión para quienes retuvieran a indios en calidad de esclavos.
El Consejo de Indias en 1549 suspendería los descubrimientos y las conquistas a pesar
de que ya se había, para la época, conquistado casi la totalidad del territorio que
representaba un interés económico para la Corona, y en 1573 es remplazado el término
Conquista por Pacificación, por recomendación hecha por Juan de Obando reconocido
en su labor como jurista.
Mientras se desarrollaban las discusiones intelectuales en España, y los estamentos de la
Corona y la Iglesia pretendiendo mantener la legalidad de la Conquista e implementar
las medidas necesarias para mantener sus súbditos y el poder no sólo en el continente
europeo sino en las tierra de ultramar, allí, en América, las discusiones y la ejecución de
las leyes tomarían otro sentido, pues el escenario desprestigiado de los enfrentamientos,
de las opresiones y abusos cometidos hacia los indígenas, habían generado también la
perdida o el riesgo de perdida de los privilegios adquiridos por los conquistadores
especialmente a través de la Encomienda y el Repartimiento. En 1718 llega a América
el decreto que extinguía oficialmente la existencia de las Encomiendas y los
Repartimientos, sin embargo, en las práctica, su presencia siguió firme y se mantuvo
hasta entrado el siglo XIX e incluso hasta la época de la independencia de América
(GUZMÁN MORENO, J. Op cit., p.63) A pesar de ser por excelencia la Encomienda y
el Repartimiento los ejes centrales de las discusiones existieron otros tipos de
organización económica: la Mita37 (Mita Minera y Mita Agraria) y los Resguardos
36
La fundamentación filosófica de la esclavitud tiene sus raíces en la legitimidad que le fue otorgada por
Aristóteles, pues para la época, la esclavitud era considerada natural y correspondía a la ley natural, en
una sociedad marcada por las diferencias sociales radicales (...) es evidente que los unos son naturalmente
libres y los otros naturalmente esclavos; y que para estos últimos es la esclavitud tan útil como justa”.
Veáse: ARISTÓTELES. Política. Libro 1 Cap. 2 “De la esclavitud”. 37
La mita minera fue organizada por el virrey del Perú Francisco de Toledo en 1574 en la principal
explotación minera de América, los yacimiendos de plata del Potosí. Sobre el tema ver: (FERNÁNDEZ
HERRERO, B. 1994, p.195) “El antecedente de la mita se encuentra en la “mita” o entrega peródica de
energía de las étnias al Estado Inca en un marco institucional regido por las relaciones de reciprocidad y
redistribución.”(MURRA, J.V. 1975 , pp.77-94) “Esta idea fue utilizada por el Estado español para
instituir una relación nueva. Las mitas pasaron a ser turnos de trabajo o “servicios personales”
obligatorios al que debían acudir un número o proporción determinada de varones indígenas de la
comunidad o étnia afecta al servicio. Obviamente la relación de parentesco ficticia que se trato de
90
indígenas, que igualmente iban en detrimento de los derechos de los indígenas y
posteriormente de los negros esclavos traídos del África
2.2.
EL CACIQUE TURMEQUÉ: EL MEMORIAL DE AGRAVIOS Y LA
REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS INDÍGENAS
El derecho precolombino tuvo como antecedente válido en la discusión actual sobre
derechos humanos la reivindicación sobre los derechos de los indígenas y el llamado
derecho de gentes que fue redactado y pronunciado por Diego de Torres y Moyachoque
o Rumerqueteba (1549-1590) (Rumerqué era el verdadero nombre de Turmequé y, Teba
significaba Capitán), quien bajo el nombre de Cacique de Turmeque38 se pronunció a
favor
de
los
derechos
indígenas
a
través
del
llamado
“Memorial
de
agravios”(COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 1584). Las
investigaciones realizadas por los historiadores que se ocupan del tema dan cuenta de la
participación activa de Diego de Torres y Moyachoque39 en las lucha por los derechos
indígenas y de los mestizos. Él mismo como mestizo, hijo de un conquistador español y
una indígena, disfrutó de las garantías que su procedencia le concedía especialmente en
el tipo de educación que recibió, pues cursó sus estudios en el Convento de Santo
Domingo en Tunja (Boyacá) bajo la tutela de destacados educadores de la época. De
Torres llegó a ser Cacique de Turmequé40 por la dinastía que provenía de la línea
matriarcal, a pesar de que los encomenderos de la época no se mostraron conformes con
imponer en el incario desapareció en el período hispano. La legislación en cambio ordenaba a los usuarios
de estos beneficios pagar un salario a los mitaios”. Sobre el tema ver: (SAVALA, S. 1978, pp.30-39)
38
Sobre una historia detallada de la vida y obra del Cacique Turmequé y el texto completo del Memorial
es posible encontrar valiosa información en las obras del historiador (ROJAS, U. 1965), obra biográfica
detallada sobre la lucha que emprendió el Cacique Turmequé contra la Real Audiencia y los
encomenderos quienes se negaban a aceptar los derechos de los indígenas. Asimismo: (ABRIL ROJAS,
G. 1996) escrita en forma de novela histórica involucra al Cacique de Turmequé considerándolo el
“precursor de los derechos humanos” en Hispanoamérica. Otras obras recomendadas son: (OCAMPO
LÓPEZ, J. 1990, pp.97-105) y (RIVADENEIRA VARGAS, A.J. 1962), así como el aporte de
(PALACIOS PRECIADO, J. 1991)
39
Hijo de la Princesa Catalina Moyachoque, (de la Encomienda de Turmequé, en la Provincia de Tunja)
con el noble español, el adelantado español Don Juan de Torres, servidor del Rey Carlos V, quien tiempo
antes había recibido un repartimiento de Encomienda por parte de la Corona Española.
40
En la región de la vereda de Chiramita, perteneciente al Municipio de Turmequé, ubicado al suroeste de
la Ciudad de Santiago de Tunja (Colombia).
91
este hecho. Precisamente sus detractores promovieron que fuese desposeído de su
cacicazgo en 1575 y así surgió la iniciativa de dar a conocer la situación de los
habitantes de la América conquistada, los abusos cometidos por la Real Audiencia de
Santafé, y de paso defenderse contra las acusaciones que sus detractores habrían hecho
llegar a oídos de la Corona. En su primera visita el Rey Felipe II escuchó sus reclamos y
ordenó la devolución de su Investidura como Cacique y la revisión por parte de un
Visitador de las denuncias hechas por Don Diego. El Rey además de acogerlo y
escucharlo le profesaba una profunda admiración que se manifestó durante su visita
cuando le ayudo económicamente. A su regreso el Cacique Turmequé fue víctima de
agradecimientos, pero también de una persecución que se extendió a su familia, asunto
que lo llevó a prisión. Como única salida decide viajar nuevamente a España en 1583
con la esperanza de contar con el apoyo de la Corona, en especial del Rey. Aquel
encuentro significó históricamente un encuentro inigualable entre los representantes de
dos mundos y dos realidades hasta ahora si no ignoradas, por lo menos no reconocidas.
En esta segunda visita entrega Don Diego el Memorial de Agravios con sus 22 puntos.
En él el Cacique de Turmequé describe la situación de los indígenas desde el punto de
vista de la justicia a ella la relaciona con todos los aspectos de la organización social,
política y económica, para evidenciar las falencias que se presentan entre las leyes
existentes y su cumplimiento en la vida cotidiana. Denunciaba la incompetencia y
escasa preparación de los funcionarios que administraban la justicia, lo que degeneraba
en abusos y ambivalencia en las decisiones, y sobre todo la incoherencia entre lo
legislado y la aplicación, aspecto que habría deteriorado notablemente el respeto por
parte de los indígenas al aparato judicial, considerando la justicia como cuestión de
privilegios. Un ejemplo de la situación lo denunciaba de Torres al dar cuenta de la falta
de garantía en los procesos judiciales, es decir un debido proceso:
“(...) el desventurado indio llegando ante vuestros Jueces, como no saben hablar
sino por intérpretes y por señas que hacen, descubren sus espaldas que llevan
bien señaladas de llagas y azotes y las manos y pies ni más ni menos lisiadas de
los tormentos que padecen, en el mesmo instante que la pura fuerza de la
justicia y razón ayuda al celo de vuestro Juez, por lo que el miserable indio les
muestra y significa, entiende lo que quiere y pide y con gran ira se indigna el
dicho vuestro Juez contra los que aquel agravio hacen y con intento de
remediarlo hace llegar luego intérpretes para que el miserable diga quién lo
agravia y como la información de esto ha de pasar ante los Secretarios y
oficiales de aquella Audiencia, luego saben de qué Provincia es y muestran las
cartas y dicen que porque no le consentía idolatrías y hacer otras cosas contra la
fe católica y que sobre ello les habían castigado y perseverar en sus malas
inclinaciones, se quejaban sus amos, y con estas inteligencias claro se ve que
92
han de dar más crédito a los que se llaman cristianos y no a aquel que es
idólatra y de mala inclinación, y ansí con la mesma furia que el dicho Juez se
movió a querer remediarlo, con la mesma manda que luego le echen con el
diablo y le digan que vuelva a su natural a oír la doctrina evangélica y que si
otra vez vuelve con aquellas novedades lo harán colgar de un palo. El
desventurado indio al cabo de su jornada se ve con este consuelo y muchos de
ellos no osan volver a su naturaleza, quejándose de los que le enviaron a la
justicia y desesperan con esto y se ahorcan, y ansí entienden que la justicia no
es para ellos sino para los españoles(...)”(punto 12. del Memorial de
Agravios: “ De cómo son oídos los indios por la Real Justicia cuando se van
a quejar a la Real Audiencia”).
Del mismo modo se denuncia la situación precaria de las prisiones en donde eran
mantenidos los indígenas junto con los negros esclavos y otros peligrosos detenidos,
hecho que les provocaba enfermedades e incluso la muerte:
“(...) traen a los caciques y les tienen en las cárceles públicas entre los negros
esclavos y otras gentes que por delitos graves están allí presos y con la
hediondez y molestia que allí padecen, muchos de ellos afligidos de verse así
tratados, siendo como son nobles y regalados, los más dellos enferman y
mueren (...)”(Punto 13. del Memorial de Agravios: “De un agravio que
particularmente se hace a los caciques sobre los tributos que han de pagar
sus naturales”).
El Memorial llama la atención sobre las fallas administrativas que incluían la
apropiación de dineros por parte de los funcionarios públicos, pero sobre todo, hacia
énfasis en los genocidios provocados por los abusos en las encomiendas:
“(...) que ansí les ha sido forzoso para cumplir con estas dos cosas que es el oro
y algodón en que están casados y para su vestir y necesidades tener granjerias
de sus tierras labrándolas y cultivándolas porque de otra manera no lo pueden
haber ni alcanzar, han usado en esto con los miserables indios la mayor
crueldad é inhumanidad que se puede imaginar que en lugar de conservarlos y
ampararlos en sus tierras y labranzas para lo que está dicho, les han repartido
las mejores tierras y labranzas que tenían y dádolas a españoles por estancias y
reparticiones que tan sin consideración han hecho tan gran crueldad(...)” (Punto
3. del Memorial de Agravios: “Sobre que no se han tasado los indios
conforme a la voluntad de S. M. y el agravio que se les ha hecho”) “han
inventado en aquellas tierras, cargas, trapiches y otros excesivos servicios
personales en que los consumen y acaban, se hallará y verá hacer y usarse con
estos míseros naturales las mayores crueldades del mundo, sin ser poderosos
vuestros Jueces y Gobernadores para lo haber remediado” (Punto 9. del
Memorial de Agravios: “De cómo han inventado mil géneros y de servicios
personales los encomenderos en que consumen y acaban los indios y cuenta
el Cacique sobre esto lo que sucedió en el primer viaje que hizo a estos
Reinos”).
Otro hecho evidente era el uso indebido de las armas y el trabajo forzado que
deterioraba los derechos de los indígenas, niños y mujeres:
“(...)cada mujer de encomendero de indios tiene en sus casas muchas mujeres
que sacan de los pueblos que tienen en su encomienda para que les hilen hilo,
tejan y labren y hagan otros servicios y granjerias que han usado tener dentro de
93
sus casas y estas mujeres las más son hijas de indios principales que es una cosa
que los pobres naturales sienten mucho, ver a sus hijas, sobrinas y deudas en un
cautiverio tan perpetuo y servicio tan ingrato, que toda la vida viven debajo de
llave, que no ven sol ni luna, haciéndoles padecer extrema y miserable vida,
solo por el interés que se les sigue de sus granjerías que aún no se acuerdan de
que estas mujeres han de recibir el santo bautismo y enseñadas en policía
cristiana, porque consideran en la crueldad y cautiverio que las tienen(...)”
(Punto 5. del Memorial de Agravios: “De cómo los indios no son tratados
como personas libres como lo son y como S. M. Manda”) “(...) se usa, es que
ninguna mujer española de las que tienen y poseen indios por encomienda, se
precia de criar el hijo que pare, porque en pariendo, le han de tener cantidad de
amas escogidas de sus pueblos, llevándolas contra la voluntad de sus maridos y
padres y para ello apremian y molestan a sus caciques y principales y les llevan
el número que piden para que la señora parida escoja las más limpias y de mejor
leche, porque nunca falte de esta escogencia siempre dejan tres o cuatro amas,
quitándoles de los pechos sus hijos naturales, los cuales entregan a sus padres y
deudos y principales para que los críen allá en sus pueblos, sin pagarles ninguna
cosa, antes de más de que sirven de amas, les ocupan en otros servicios dentro
de casa y con esto los pobres indios andan con sus lujos en los brazos llorando y
quejándose a sus caciques(...)”(Punto 6. del Memorial de Agravios: 6. “De
una manera de criar hijos de españoles en mucho perjuicio de los indios”)
Los agravios contra la persona de los indígenas que se dan dentro de las relaciones de
trabajo forzado, servicios personales, servidumbre y sobre todo engaño en los tributos
estipulados se constituyen en aspectos que preocupan al Cacique y que él deja entrever
en el Memorial.
“(...)También manda V. M. por ley nueva y ordenanza real que el pueblo o
pueblos de indios que vacaren o fueren puestos en vuestra real corona, sean
mejor tratados y conservados que los demás que no lo son, para que entiendan
que viniendo a vuestra real corona han de ser en más aumento y conservación,
ansí para lo que les conviniere para lo espiritual como para lo temporal;
certifico a V. M. que se hallará ser verdad no haber pueblo de indios más
perseguidos, vejados ni molestados y pobres, que son los que se han puesto en
vuestra real corona(...)” (Punto 4. del Memorial de Agravios: “De cómo son
más maltratados los pueblos que son de V. M. más que los otros que no lo
son”).
Reconocé la incapacidad moral de los indígenas para comprender la magnitud de estos
hechos y sobre todo de sobreponerse a ellos denunciándolos:
“No saben los pobres naturales manifestar el agravio y engaño que ansí se les ha
hecho, carecen de remedio y si algún desventurado principal de ellos se ha
movido a pedirlo lo han destruido y asolado, por lo que padecen como personas
miserables y ovejas mudas” (Punto 2. del Memorial de Agravios: “Sobre que
los indios han sido muy engañados en el tributo que han de dar a los
españoles”) “(...)como los indios no saben leer ni entienden lo que está
ordenado y mandado por las dichas Ordenanzas, aunque los jueces por
intérprete mandan se lo den a entender, el encomendero solamente les da a
entender” (Punto 7. del Memorial de Agravios: “De cómo las Ordenanzas
Reales solamente se entienden con los que no tienen indios porque el que
los tiene y posee en encomienda se sirve dellos como si fueran esclavos”).
94
Finalmente, el Cacique anuncia su necesidad de descargar su conciencia de todas las
experiencias adquiridas y advierte de la necesidad de tomar medidas prontas y correctas
para evitar futuros males para los indígenas y para la Corona:
“Esto es católica Majestad, lo que pasa y se usa con aquellos miserables indios
que son fieles vasallos de V. M. como los demás naturales de Castilla, que si no
se remedia y ataja esta veneno que tan aprisa los consume y acaba, en breve
tiempo quedarán yermas y despobladas de naturales aquellas Provincias que han
quedado como las demás que se ha dicho y el real patrimonio de V. M. vendrá a
menos, porque no habiendo naturales no habrá renta ni provecho ninguno de
aquellas tierras y ansí por lo que ha convenido y conviene al servicio de Dios
Nuestro Señor y al de V. M. y en descargo de mí conciencia como uno de los
caciques de aquella tierra, hago esto por la obligación que tengo.” (Punto 22.
del Memorial de Agravios: “De cómo el cacique habiendo hecho esto como
tal cacique descarga su conciencia”).
El Memorial del Cacique Turmequé se constituye sin lugar a duda en uno de los hechos
más importantes en la defensa de los derechos de los oprimidos y la búsqueda de una
justicia que aplique a todos los pueblos sin distinción de origen o cultura. Su iniciativa
además de ser sui géneris para la época, pues no era corriente que un mestizo o alguien
de origen indígena osara atravesar el Atlántico para alcanzar los oídos del Rey41, no
solamente para presentar descriptivamente las realidades atroces que padecía América
en manos de los conquistadores españoles, sino también para proponer cambios en la
legislación de las Indias, que además servirían de base para el hoy existente derechos de
gentes.
De igual manera, vale la pena anotar la importancia otorgada a su papel, pues además de
recurrir a métodos pacíficos para alcanzar su fin, propone estrategias no violentas para
transformar la realidad de los aborígenes y de los mestizos. Su propuesta incluía la
creación de la figura del Protector General de los Indios en 1584, que se concretaría por
Real Cédula de Felipe II en el año de 1596. Esta figura se encuentra como antecedente
de la contemporánea desempeñada por el Defensor del Pueblo42. El profesor Hernán
Alejandro Olano en su estudio considera incluso la figura del Protector General de los
Indios como antecedente del Ombudsman escandinavo.
Olano García (1997, p.73) resalta que la referencia más clara sobre la figura del
Defensor del pueblo aparece por primera vez, incluso antes que en Suecia, en el
41
Aunque para la época los caciques americanos habían ya recibido el Toisón de Oro (orden civil y de
caballería fundada en 1429) a perpetuidad y el tratamiento de Alteza por parte de Carlos I.
42
Sobre el tema hay un estudio detallado de la historia de la figura del defensor del pueblo y el papel del
Cacique Turmequé. (OLANO GARCÍA, H.A.1997, pp. 50-83) 95
Memorial de Agravios del Cacique Turmequé en el punto 11 “Sobre lo que se trata
agora de nuevo, si convenía hubiese Corregimientos o no y da el Cacique su
parecer”.
“(...)que basta para aquella miserable tierra la justicia ordinaria y Corregidor
que gobierna a los españoles queriendo ellos hacer el deber y lo que son
obligados, que para lo que toca a los naturales, con tener en la ciudad de
Santafé, donde está vuestra Real Audiencia, un hombre cristiano que se duela
de aquellos pobres naturales, como Protector General43* de ellos sin interés
ninguno desde allí favorezca y ampare los pobres naturales en las cosas que
fueren agraviados y no han menester más fatigas, cargas ni sobrecargas más de
las que tienen y padecen, y esto conviene que V. M. muy en particular lo
encargue y se remedie, porque ansí conviene al descargo de vuestra real
conciencia, bien, aumento y conservación de aquellos pobres republicanos que
tanto padecen”.
El Protector General de los Indios debería entonces, según Don Diego, reunir ciertos
requisitos que le permitieran cumplir a cabalidad su trabajo. Sin embargo, y aunque la
idea resultó aceptada por el Rey Felipe II, su introducción sólo fue posible en el año
1596. Su función consistía en servir de enlace entre la justicia impartida en España y la
ejecutada en América y su intención primordial era la inserción del Indio en la sociedad
española en América. (HERNANDEZ SÁNCHEZ BARBA, M. 1990, p.132 en
OLANO GARCÍA; H.A. Op cit., p.74)
Después de muchos padecimientos, persecuciones, falsas acusaciones, y penalidades
económicas Don Diego de Torres o Cacique de Turmequé muere en Madrid en 1590 y
sus honras fúnebres serían costeadas por el Rey Felipe II.
Sus hazañas que abarcan desde las travesías que pasó para llegar hasta España, hasta su
capacidad de entregar un informe detallado de la situación de los indígenas y mestizos
en América, sus propuestas pacíficas y dialogantes entre las que se cuentan la aparición
de la figura del Protector de los Indios, son suficientes elementos para tener en cuenta al
Cacique de Turmequé como antecedente olvidado por la historia de Colombia, en la
reivindicación de los derechos y las libertades, así como la protección de los pueblos
menos favorecidos.
43
Negrilla fuera del texto original
96
2.3.
LA REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL
CONTEXTO DE LA ESCLAVITUD.
No solamente los indígenas y los mestizos padecieron las injusticias, los maltratos,
agravios físicos y mentales, también las negritudes venidas del continente africano,
jugaron y juegan un papel destacado en la lucha por la reivindicación de los derechos y
libertades.
Los avances en la técnica durante los siglos XV al XVII favorecieron el desarrollo de la
navegación, lo cual resultó de gran provecho a las naciones europeas en su búsqueda de
rutas para el comercio de los artículos venidos del lejano oriente.
Portugal y España tuvieron la fortuna de descubrir y conquistar territorios americanos y
africanos. En África la influencia de Portugal fue notable, pues detectaron
tempranamente el tesoro que contenía el continente y así dedicaron grandes esfuerzos a
conquistarlo, utilizando también la religión como excusa para apoderarse paralelamente
de las riquezas que ofrecía el territorio. Posteriormente la codicia de otros países como
Inglaterra, Holanda y Francia desencadenaron un tráfico humano que quedaría marcado
para siempre en la historia de la humanidad. Los nativos africanos fueron utilizados
como mano de obra, y eran intercambiados en los puertos de África y de Portugal
aunque a una escala inferior a la que más tarde se dieran en América y España.
La lucha por la reivindicación de los derechos de los indígenas desde la perspectiva
teológica, filosófica y jurídica, y la desaparición de gran parte de esa población indígena
a causa de los trabajos forzados, las enfermedades europeas, fueron determinantes en la
decisión de importar esclavos de África. La necesidad de explotar los recursos naturales
que poseía América era una meta que no se dejaría frenar por los cambios en las
legislaciones con respecto a la servidumbre de los indios. Si no eran ellos tendrían que
ser otros los que vinieran a América a trabajar en las plantaciones de azúcar, cacao,
algodón y en las minas de oro y plata que servirían para consolidar el poder económico
de España. En 1729 se incorporan los negros al trabajo minero a través del Mando
suscrito por el Presidente de la Real Audiencia:
“Para evitar este horrible inconveniente (el del rechazo del indio a la esclavitud
minera)...se podría enviar una porción de negros que se diesen a los mineros.., y
siendo los negros gentes más trabajadora y fuerte, y como verdaderos esclavos
97
no tienen riesgo de irse” (GIRALDO JARAMILLO, G. 1954, pp.24-25 cit. en:
VIDALES JARAMILLO, L. et al 1978)
Ya en 1786 la mano de obra negra esclava se constituía en la base de la producción
minera en la Nueva Granada. Luis Vidales (1978) comenta como la variación entre los
precios de los negros esclavos dependía de factores como el origen, la edad, el sexo y
las características físicas. En las minas importantes del país, podían contarse entre 50 y
100 esclavos negros.
Pero la llegada de los negros esclavos provenientes de África generó discusiones
históricas que llegan hasta nuestros días e intentan encontrar responsables del singular
surgimiento y auge del tráfico humano.
Para algunos historiadores las denuncias realizadas por Bartolomé de las Casas serían la
justificación de la necesidad de traer otro pueblo como el africano para transformarlo en
esclavo. Todo lo que hace parte de la denominada «Leyenda Negra» concepto acuñado
por Julián de Juderías y Loyot (1870-1918):
“Por leyenda negra entendemos el ambiente creado por los fantásticos relatos
que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en todos los países, las
descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles
como individuos o como colectividad, la negación, o por lo menos la ignorancia
sistemática de cuanto es favorable y hermoso en las manifestaciones de la
cultura y el arte, las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra
España, fundándose para ello en hechos exagerados, mal interpretados o falsos
en su totalidad.”(JUDERÍAS, J. de1914 cit. En : VACA DE OSMA, J.A. 2004,
pp.148-149 )
La leyenda además, según los críticos, desprestigiaba la iglesia católica en un momento
decisivo de la Edad Media en donde las doctrinas de la iglesia se discutían con
tenacidad.44
Sin embargo, cabe aclarar que en este contexto, Casas contemplaba la posibilidad de
que los colonos tuvieran a su servicio esclavos enviados por el Rey para ayudarles en
sus labores, pero en condiciones de hermandad y hasta visualizando la posibilidad de su
compenetración social.
“Vuestra reverendísima señoría mande ir á cada villa o ciudad, de las que están
y estuvieren en las dichas islas, cuarenta labradores, más o menos según la
disposición de cada lugar, con sus mujeres y hijos, de cuantos en estos reinos
hay sobrados y por ventura necesitados, para que siempre allá permanezcan. Y
que den a cada uno cinco indios con sus mujeres y hijos en compañía para que
sean compañeros y trabajen de por medio; y sacada la parte de S. A. lo otro lo
44
Aquí no haremos énfasis en dicho punto pues no es relevante para la descripción de la esclavitud y la
lucha por los derechos de los esclavos africanos.
98
partan hermanablemente el tal labrador y los cinco indios y ellos [los
indígenas] viendo que los cristianos trabajan, tendrán mejor gana de hacer lo
que vieren, y así mismo se mezclarán casándose los hijos de los unos con las
hijas de los otros, etc. Y asá multiplicarse ha la tierra de gente y de fruto y las
islas noblecidas, y por consiguiente, las mejores y más ricas del mundo.”
(PICHARDO VIÑALS, H. 1972, pp.61-62)
La corona española negaba rotundamente la posibilidad de utilizar los esclavos
africanos en las plantaciones, su trabajo debía concentrarse en la extracción de metales
preciosos que consolidarán el poderío económico español y paralelamente servirían para
atenuar, por lo menos en teoría, la explotación y desaparición de los indígenas.
De las Casas consiente de que la opresión sufrida por los indios en condición de
esclavos se había trasladado a la esclavitud de los negros africanos, rechaza
categóricamente la esclavitud y sus desmanes, queja que se pueden leer en su Brevísima
relación de la destrucción de África, que atañe esencialmente a los excesos cometidos
en principio por los portugueses.
“(...) el rey D. Juan el 3° (...) quitó el trato que no se vendan a los moros, mas
no quito el resgate y mil pecados mortales que se comenten en ello, hinchiendo
el mundo de negros esclavos, al menos España, y [hasta] hacer rebosar nuestras
Indias dellos; y que de cien mil no se cree ser diez legítimamente hechos
esclavos como abajo, si Dios quisiere, más largo se dirá. Porque como ven los
negros que los portugueses tanta ansia tienen por los esclavos, por codicia de lo
que por ellos les dan, como también carezcan de fe y temor de Dios, cuantos
pueden robar y captivar, como quiera que sea, y sus mismo deudos no
perdonan, y así no es otra cosas sino aprobarles sus tiranías y maldades y
guerras injustas, que por esto unos a otros hacen.” (5. Remedio adoptado por
D. Juan III de Portugal del Capítulo XI En el cual se resumen las
expediciones hechas en tiempo de D. Alonso V y D. Juan III de Portogal, se
denuncia la corrupción en la trata de negros iniciada en este tiempo, y se
habla del remedio que decidió poner D. Juan III) (CASAS, B. 1989)
Las manifestaciones de De Las Casas marcan indudablemente una postura, que aunque
no es la representativa de la época y de la Iglesia como institución frente a la esclavitud
ya sea indígena o africana, constituye un hito que merece ser tenido en cuenta, cuyos
contenidos pueden observarse en los documentos por él escritos y que de alguna manera
sembraron las raíces para la defensa de los derechos y de la participación de los
misioneros particularmente franciscanos, jesuitas y dominicos en dichos procesos.
“(...) quizás peor para Las Casas fue el haber tenido que afirmar una
capitulación por la que se comprometía a la entrega de esclavos en ciertas
condiciones y a admitir esclavos negros en sustitución de los indios. Un hecho
que le daría muchos quebraderos de cabeza y del que tuvo que arrepentirse más
adelante al confesar que comprendió muy tarde la inhumanistas de la trata de
negros en África (...) Cada uno de los colonos estaría autorizado a pasar a Indias
10 esclavos negros. Pese a que en 1542 también propuso que los españoles
tuvieran esclavos negros en las Indias, Las Casas nunca puso al mismo nivel a
99
los esclavos africanos capturados en “justa guerra” con el Islam y a los
americanos, que vivían en tierras sin evangelizar. Ello no quiere decir que fuera
el inductor de la introducción de la esclavitud negra en el Nuevo Mundo”
(VARELA, C. en CASAS, B. 1999, pp.17-18)
Los misioneros de la iglesia católica enviados a América tuvieron la oportunidad de
conocer en detalle la realidad que allí acaecía y se vieron en la necesidad de transformar
sus métodos para alcanzar sus intenciones. Ello significó desde el acercamiento de las
Sagradas Escrituras a las lenguas tradicionales, y la participación en la defensa de los
derechos vulnerados de las poblaciones que en principio eran solamente indígenas, pero
que a causa precisamente de los abusos se vio notablemente menguada y fue lentamente
remplazada como mano de obra por los esclavos traídos del África, especialmente para
la Mita minera.
Como lugares asignados para la llegada de los esclavos africanos se designaron algunos
puertos en Portobelo, Veracruz y Cartagena. En particular Cartagena se constituía para
la época en el centro del tráfico humano esclavo, pues de allí continuaban su camino
hacia las diferentes partes de América donde fueran solicitados especialmente para la
explotación de oro y plata.
Entre los jesuitas el Padre Luis de Frías se destacó por su prediga del primer viernes de
la cuaresma en 1614, en lo que se denomina La Declaración Revolucionaria. Allí Frías
compara diciendo que es aún más grave darle un bofetón a un moreno (negro) por ser él
imagen viva de Dios que a una imagen muerta. Lo que por supuesto despertó la ira del
Tribunal de la Inquisición al ser sus palabras consideradas “sacrílegas” y
“malsonantes” y ser causa suficiente para entablar un juicio del Santo Oficio, de cuyo
final la historia no tiene registros pues las actas desaparecieron.
En Cartagena el también Jesuita Alonso de Sandoval (RESTREPO, E. 2005, pp.13-26)
dedicó su trabajo misionario a administrar sacramentos, bautizar y catequizar esclavos
que llegaban al puerto. Sandoval además desarrolla un nuevo tipo de misión enfocada a
reparar y restaurar, lo que significa que en primera instancia buscaba a través del
bautismo la salud espiritual de los esclavos negros llamados bozales que aunque se les
consideraba cristianos no lo eran. Para llevar a cabo su trabajo diseñó una observación
sistemática sobre las características físicas y culturales diferenciando entre bozales y
ladinos, los primeros corresponden a los que no conocían ni la lengua ni las costumbres
españolas y los segundos por el contrario ya habían tenido algún tipo de contacto con la
lengua y las costumbres españolas. Sandoval abordaba los armazones, como eran
100
conocidos los barcos cargados hasta el tope por negros esclavos, para entrar en contacto
con ellos y empezar su misión.
Sus observaciones fueron consignadas en su obra impresa en 1627 en Sevilla titulada
“Naturaleza, policía sagrada i profana, costumbres y ritos, disciplina i catecismo
evangélico de todos los etíopes” y en 1647 aparece en Madrid bajo el título “De
Instauranda /Ethiopum Salute. Historia de Etiopía, naturaleza, Policía sagrada y
Profana, costumbres, ritos y cathecismo evangélico, de todos los aetíopes con que se
restaura la salud de sus almas”. En ellas no solamente destaca las diferencias entre los
africanos llegados a Cartagena sino da las pautas para su evangelización,
adicionalmente da cuenta de las incomodidades y vejámenes a las cuales se ven
sometidos los esclavos negros desde la salida de su lugar de origen hasta llegar al puerto
cartagenero y su travesía en el nuevo continente.
“Aunque el padre Sandoval no trata específicamente en su obra el problema de
la legitimidad de la esclavitud, la condena cuando defiende la libertad e
igualdad de todos los hombres o cuando refiere la manera como absolvía las
consultas que al respecto le formulaban los negros en Cartagena. “Entre todas
las cosas humanas – dice Sandoval - ninguna posesión es más rica y hermosa
que la libertad... Todo el oro del mundo y todos los haberes de la tierra no son
suficiente precio de la humana libertad... Creó Dios libre al hombre no sólo en
respeto a los demás hombres, sino en respeto del mismo Dios; pues nos dejó en
mano de nuestro libre albedrío para que hiciésemos lo que se nos antojase,
siguiendo el mal, el vicio, o la virtud. El bien de la libertad en ninguna cosa se
echa más de ver que en los males y trabajos de la servitud.|Con la esclavitud se
comienzan todos los daños y trabajos, y una como continua muerte, porque los
esclavos viven muriendo y mueren viviendo”. He ahí, aplicada a la condenación
de la esclavitud, la ética ignaciana del libre albedrío”(LIÉVANO AGUIRRE, I.
1996)
Sandoval juega además un papel importante en la lucha por los derechos y libertades de
los esclavos, al entrar en contacto con el sacerdote jesuita Pedro Claver y entregarle
como legado sus observaciones y recomendaciones para la naciente vida misionera con
la población negra esclava, y sería el mismo Sandoval, quien en los Votos Solemnes de
Claver en 1662 lo denominaría «esclavo de los negros para siempre» más adelante
llamado también el «Apostol de los negros» o «el primer defensor de los derechos
humano» (etiopum semper servus) (SPLENDIANI 2000 cit. en: RESTREPO, E. 2005,
p.3). Su desempeño como evangelizador de los negros esclavos se convirtió para la
posteridad en fuente de ideologías teológicas, políticas pero ante todo revolucionarias.
Su carácter destacado por la dureza para el trato con los propietarios de los esclavos se
contrasta con la nobleza del tratamiento a los negros esclavos, especialmente aquellos
que excluidos morían de enfermedades contraídas en los largo viajes en el Hospital de
101
San Lázaro en Cartagena. Liévano Aguirre cuenta que, “nada define mejor la plenitud
con que Pedro Claver cumplió su misión, que el suceso acaecido poco después de su
muerte, a propósito de la estatua, de mármol blanco, que se le erigió en sitio próximo a
las murallas de Cartagena. Como el clima y los vientos salobres del mar la oscurecieron
rápidamente, todos los negros que iban a verla solían decir con profunda emoción: “El
Padre Claver debió ser negro, porque un blanco jamás nos hubiera amado tanto”
(LIÉVANO AGUIRRE, I. 1960, p.79)
Las reacciones de la sociedad neogranadina frente a las actividades desarrolladas por los
misioneros jesuitas no se hicieron esperar, pues a pesar de admirar su obra educativa
extendida a lo largo del territorio, no se compensaba con las actividades dirigidas a
ayudar a los excluidos socialmente, es decir indígenas, esclavos negros, y pobres en
general. Lentamente la presencia de los misioneros jesuitas se fue convirtiendo en un
factor molesto para el desarrollo de las sociedades social y económicamente
diferenciadas en América Latina. Fueron entonces confinados a misionar en lugares
alejados y donde el interés económico era mínimo, por lo que su influencia no causaba
mayores inconvenientes como es el caso de los Llanos orientales de la hoy Colombia.
Bajo la influencia de la filosofía ignaciana los jesuitas adicionaron a su trabajo
evangelizador la búsqueda del bienestar terrenal y económico de los excluidos, es así
como junto a la evangelización se desarrollaron otras actividades que permitieron el
autoabastecimiento y la independencia parcial de la economía manejada por las élites.
La influencia de los jesuitas alcanzó las fronteras de Brasil y ocupó territorios antes
inexplorados.
En la época independentista los esclavos fueron utilizados por las tropas libertadores de
Bolívar en los combates, a cambio de obtener la libertad al terminar las campañas. Los
esclavistas por su parte, vieron resentida su economía por la perdida de muchos de ellos,
algunos al morir en combate y otros por ser libertos después de la guerra (COLOMBIA.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, s.f.) Los esclavos expectaban la
libertad y sus dueños una indemnización. En este marco de hechos se promulga en la
entonces República de Antioquia en 1814 prohibiendo el tráfico de esclavos y
estableciendo la libertad de partos, antecedente de las leyes de manumisión de 1814:
“El día 20 de Abril de 1814 se expide en la Provincia de Antioquia la ley que
declaraba la libertad de vientres. Disponía que los hijos de esclavas que vinieran
al mundo luego de la sanción de esta norma, serían libres, debiéndose inscribir
sus nombres en los registros municipales. Los amos de las madres esclavas
102
deberían educarlos y mantenerlos; sin embargo, debían servir a éstos hasta la
edad de diez y seis años como contraprestación por los gastos ocasionados en su
crianza y manutención. Se prohibía la introducción de esclavos en el territorio
del Estado. Lamentablemente, la esta ley estuvo en vigor solamente hasta 1816,
cuando Antioquia fue ocupada de nuevo por el ejército español”.(COLOMBIA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 2009)
Las transformaciones legales con relación a la esclavitud correspondían a la necesidad
de acallar las voces de protesta por parte de los esclavos por el incumplimiento de las
promesas hechas durante las luchas de independencia. Del mismo modo, se requería
calmar los ánimos de los esclavistas y para ello fue necesario otorgar la llamada libertad
de vientres en 1821 que consistía en la libertad de los hijos de las esclavas, sin embargo,
se crearon paralelamente tópicos que entorpecían su cumplimiento, como la tutela que
tendrían los dueños de los esclavos sobre esos hijos hasta la edad de 18 años y que
posteriormente se prolongarían 1839 después de la guerra entre 1839 y 1842, a través de
la Ley de Aprendizaje que extendía el contrato de trabajo entre los esclavos con sus
amos hasta los 25 años, e incluso en 1843 se aprobó la utilización de los esclavos para
mantener el orden público (NIETO ARTETA 1973; TOVAR en OCAMPO LÓPEZ, J.
et al 1977)
Esta serie de ambivalencias generaron el descontento de la población negra que propició
el cimarronismo y las desavenencias sociales de esta población.
“El Cimarronismo (...) se manifestó en América desde el siglo XVI y se
caracterizó porque «involucraba a prófugos que se unían para formar sus
propias comunidades al margen de los asentamientos hispánicos». Con
frecuencia a estos prófugos se les denominaba cimarrones: «sylvestre, indómito,
montaráz. Llámanse por común nombre estos toros y vacas cimarrones: y aún
es nombre común en las Indias de todos los animales sylvestres». Este concepto
subrayaba el abandono de los negros a la normatividad colonial y el retorno a
algunas de sus prácticas ancestrales que, desde la perspectiva de los españoles
les eran «salvajes». De esta forma, «los negros cimarrones (cuio nombre se da
en este reino á los negros esclavos huidos)» eran los esclavos que escapaban del
orden establecido e iniciaban un orden alterno, al margen del régimen colonial.
Este tipo de rebeldía, que implicaba la huida del régimen español, conllevó, en
algunos casos, la formación de palenques, entendiendo por palenque:
Valla ó estacáda que se hace para cerrar algún terreno, en que ha de haber
lid, torneo ú otra fiesta pública. Dixose assi por hacerse de palos hincados
en tierra [...] se llama también un camino de tablas, que desde el suelo se
eleva el tablado de las comedias quando hay entrada de torneo u otra
formación semejante” (GÓMEZ M. En: HERRERA ÁNGEL, M. 2006,
p.241)45
45
Las definiciones de: Cimarrón y palenque fueron extraidas por María Fernanda Gómez del Diccionario
de Autoridades V.1 T.2. 350 y V.3 T. 5 90 respectivamente). Negrilla fuera del original.
103
La esclavitud fue abolida definitivamente por la ley 21 de 1851 que entró en vigencia el
1° de enero de 1852. Según calculan los historiadores había para la época cerca de
16.500 esclavos negros. (TIRADO MEJÍA, A. 1987, p.67 En : GUZMÁN 2000, p.71)
Después de la abolición los negros libertos empezaron a constituir una nueva clase
social segregada y dejaron de ser el centro de la atención de las causas que defendían
sus derechos por parte de la Iglesia, el Estado y la sociedad en general, es decir, la
libertad no les garantizó el acceso a los derechos igualitarios en materia educativa,
económica, social, cultural, política y legal. En el papel quedó establecida la abolición
aunque en la práctica su presencia continúo especialmente en las garantías laborales y la
explotación económica. El concepto de ciudadanía no es válido para la población negra
liberta y solamente cobraba valor para las necesidades de los mestizos y criollos, que
para la época constituían la población privilegiada o élite, quienes en muchos casos
fueron propietarios de los esclavos, y por tanto no era de su interés promover la
integración como ciudadanos de sus exesclavos.
La Ley del 21 de mayo de 1851, sancionada bajo el gobierno del Presidente de la
República
José
Hilario
López
(Período
presidencial
1849-1853),
establecía
fundamentalmente:
Art. 1º.- Desde el día primero de Enero de mil ochocientos cincuenta i dos
serán libres todos los esclavos que existan en el territorio de la República. En
consecuencia, desde aquella fecha gozarán de los mismos derechos i tendrán
las mismas obligaciones que la Constitución i las leyes garantizan e imponen a
los demás granadinos.
Art. 14º.- Son libres de hecho todos los esclavos procedentes de otras naciones
que se refujien en el territorio de la Nueva Granada, i las autoridades locales
tendrán el deber de protejerlos i ausiliarlos por todos los medios que estén en
la esfera de sus facultades. (COLOMBIA ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN, 1997)
Sin embargo, no establece los derechos para los libertos, los que deberían ser
garantizados por el Estado, es decir no existe un compromiso explícito para generar
políticas de inclusión social, económica y política. Del mismo modo, no existió un
mecanismo que permitiera establecer una compensación generacional frente a los daños
cometidos46, por el contrario se inicia un proceso de exclusión social, racismo y
discriminación que se prolongaría en el tiempo y en el inconsciente colectivo de los
colombianos y que se constituye en uno de los principales problemas de la población
46
En el conflicto actual colombiano equiparable con el proceso de verdad, justicia y reparación de las
víctimas.
104
afrocolombiana después de las luchas por terminar por la esclavitud. (MOSQUERA
MOSQUERA s.f)
2.4.
EL MOVIMIENTO COMUNERO. LAS REIVINDICACIONES DEL
PUEBLO47
La situación de opresión y desigualdad social que afectaba fundamentalmente como lo
hemos anotado a los indígenas y a los africanos llegados como esclavos a América,
desencadenaron otros hechos que influyeron en las revoluciones posteriores y las luchas
por la independencia. Adicionalmente, existía una diferencia basada en el aspecto
económico y social que ponían en dos lados de la balanza a sus protagonistas, por un
lado los criollos hijos de los antiguos encomenderos y esclavistas quienes detentaban el
poder económico, y por otro lado los españoles que trabajan para el servicio de la
corona en cargos administrativos en América. El poder económico de los criollos era
deseado por los españoles, quienes tenían prohibido participar en actividades
económicas, sin embargo, los criollos sentían una inferioridad y discriminación en la
participación en los cargos públicos y en la vida política. Un punto paralelo que se hacia
presente era lo que los españoles denominaban “pureza de sangre”, pues los criollos no
lo detentaban y buscaban por todos los medios además de adquirir títulos, legitimar su
proveniencia de familia y evitar ser relacionados con los negros o indígenas, o ser
llamados “manchados por la tierra”, aunque para la época esta situación fuera casi
inevitable. El imaginario de la “pureza de sangre” fue un motor de las revoluciones,
pues si bien ya existía una estructura socioeconómica diferenciada, las alianzas eran
posibles para alcanzar los fines particulares. Los ricos criollos no contaban con el apoyo
de las clases populares, pues ellas se sentían protegidas por la corona y eso se
evidenciaba en su lealtad absoluta. Los indígenas ambicionaban la recuperación de sus
resguardos y los negros la propiedad sobre las minas y el reconocimiento de los
derechos.
47
Véase (LIÉVANO AGUIRRE, I. 1983) donde se ofrece un detallado y ameno recurso histórico para el
reconocimiento de los elementos más importantes de la época de independencia en Colombia. En este
apartado se tendrán en cuenta sus apreciaciones de forma resumida.
105
Precisamente esa lealtad de esta población fue transformándose en descontento debido a
los cambios administrativos que asumieron los Borbones con relación a los territorios
de ultramar y que dejaría conocer el visitador Gutierrez de Piñeres. La necesidad
imperiosa de recuperar el poder económico de la Corona llevó a tomar medidas
impopulares en los territorios ultramarinos, a través de impuestos elevados, sobre todos
a los artículos producidos en América, ejemplo de ello fueron los impuestos al algodón,
a los hilados, el estanco al tabaco y al aguardiente. Así aparece la oportunidad perfecta
para los criollos dueños de la riqueza para alcanzar su reconocimiento a través de la
lucha coordinada contra la Corona y la demolición del aparato administrativo público al
cual no había tenido acceso, por su condición de criollos. Su lucha al lado de las clase
populares no implicaba que sus quejas fueran las mismas, pero era una excelente excusa
para luchar juntos contra el opresor en el que se había convertido la Corona.
En varias regiones de la Nueva Granada se desarrollaban protestas que hallarían su
máxima expresión en el Socorrro y San Gil (Santander) en 1781 donde las
sublevaciones alcanzaron matices históricos indelebles. A pesar de la supresión de
impuestos al hilado y algodón así como otras concesiones ofrecidas por Gutierrez de
Piñeres, el descontento generalizado no dejó de extenderse por el territorio nacional.
Una de las protagonistas de la rebelión de los Comuneros fue Manuela Beltrán, quien
destrozó los edictos que informaban sobre los nuevos impuestos, provocando los
ánimos de los habitantes del Socorro, por lo que la historia colombiana le dio el título
de heroína. Su actitud desencadenó la furia de la multitud, que además de cometer
allanamientos, tomas y saqueos, mostró su desobediencia frente al poder preestablecido,
incluso frente a los representantes de la Iglesia.
En este punto es importante reconocer el papel de las mujeres en el desarrollo de las
luchas de reivindicación de derechos y luchas independentistas. Al respecto se apunta
en la historia de Colombia, el tipo de influencia que ejercieron las mujeres en los
movimientos populares. Ellas se destacaron por desempeñar acciones radicalmente más
fuertes que las del género masculino en el desarrollo de las rebeliones sociales y
específicamente indígenas y/o populares. Sus motivaciones se encontraban en los
típicos abusos de clase durante la colonia, entre ellas la explotación económica en los
repartos, la mita y los obrajes, pero sobre todo fueron víctimas desde la época de la
Conquista de la continua explotación sexual por parte de los conquistadores. Existieron
además de los repartimientos de indios, los repartimientos de mujeres quienes eran
106
tomadas como parte del botín de guerra. Los cronistas han dado cuenta de las
violaciones de mujeres durante la conquista y la colonia, fenómeno que era considerado
cotidiano y como un derecho “natural” del vencedor. Se informa asimismo, la presencia
de concubinas dentro de las casas parroquiales que se relacionaban con muchos
sacerdotes. Los abusos contra las mujeres se manifestaron también contra aquellas que
pertenecían a la nobleza indígena, quienes eran obligadas a contraer matrimonio con
soldados para garantizar jurídicamente la posibilidad de acceder a las tierras según la
organzación matriarcal de los grupos indígenas. La rebelión de las mujeres terminaba en
muchos casos con su persecución, condena y ejecución, en el mayor de los casos, a
través de los tribunales de la Inquisición, en donde eran juzgadas bajo la acusación de
“brujería” al igual que sucedió durante la Edad Media en Europa. (Véase: MILES, F.
1989, pp.32-33)
La consigna de ¡viva el Rey abajo el mal gobierno! demostraba la fidelidad que la
población aún guardaba frente al Rey, pero su desinterés por acatar los desatinos en las
políticas económicas de los servidores públicos españoles en América.
Juan Francisco Berbeo (1731-1795) es nombrado Capitán General del común en 1781
(LIÉVANO AGUIRRE, I. 1996, p.14) quien representaba los intereses de la élite criolla
y a la vez pretendía mostrarse como defensor de los ideales de las clases populares,
guardando a paralelamente fidelidad a la Corona y a las Instituciones que la
representaban. Entre tanto las rebeliones de Santander amenazaban con acercarse a
Santafé, por lo que las élites de la ciudad intentaron a través de medidas conciliatorias y
de defensa armada, contrarrestar la influencia de las masas cuyos ideales ganaba
adhesiones a lo largo del desplazamiento desde Socorro hasta Santafé. Los indígenas
provenientes de los llanos orientales de la Nueva Granada mostraron su rebeldía frente a
las comunidades de nuevos misioneros que remplazaron a los jesuitas, expulsados por el
gobierno (1767). Los logros alcanzados por los jesuitas fueron puestos a disposición de
la Real Audiencia, y es así como surge el primer movimiento indigenista que
colaboraría en la lucha por la independencia.
Berbeo en un acto desesperado otorga a José Antonio Galán (1749-1782) la
responsabilidad de dirigir una tropas que pretendían darle captura al Visitador Gongora
en su huida hacia Cartagena. Sin embargo, el papel de Galán sería otro en la historia
pues su meta no era la encomendada, sino la lucha por la libertad y los derechos de los
indígenas y los negros oprimidos, razón por la cual sus viajes a lo largo del territorio
107
neogranadino permitieron alcanzar su revolución social, que contradecían en lo
fundamental las luchas encabezadas por la élite criolla de encomenderos, exesclavistas
y sobre todo de los grupos que representaba el mismo Berbeo. La reivindicación de los
pueblos oprimidos juntó a pobladores de distintas regiones y bajo distintos opresores en
una sola causa, significó sin lugar a dudas un hito en el comportamiento de la sociedad a
futuro.
El Arzobispo Caballero y Góngora aterrado frente a la masiva presencia de los
revolucionarios comuneros en las cercanía de Santafé propone una concertación con
Berbeo en Zipaquirá para detener la posible sublevación que daría por terminado el
poder de la oligarquía criolla. El papel de Berbeo fue decisivo, pues conservó los
intereses de los criollos, a quienes no les convenía una sublevación en Santafé y para
lograrlo hizo oídos sordos y desatendió asuntos estratégicos de importancia para las
masas que él dirigía. El Arzobispo por su parte utilizó la rivalidad entre las élites
criollas tunjanas y sus similares del Socorro, para ponerlos de su parte y de esa manera
quitarle fuerza al desplazamiento a la capital. Precisamente el convencimiento que logró
el Arzobispo Caballero y Góngora sobre el perjuicio de la rebelión de las masas y su
llegada a Santafé propició que Berbeo delegara la escritura de las Capitulaciones a los
Capitanes tunjanos, para así exonerarse de la responsabilidad. La firma de las
Capitulaciones por parte de los representantes de Santafé en Zipaquirá, incluido el
Marqués de San Jorge, representa sólo una forma de apaciguar los ánimos de los
rebeldes, pero su ejecución estaba en entredicho.
Las Capitulaciones contenían 36 puntos que abarcaban temas eclesiásticos, políticos y
económicos.
“Las capitulaciones operaron como un estatuto político de doble filo que al
mismo tiempo expresaba y desmontaba el proceso insurreccional. Ignoraban
objetivos de los pueblos indios por la tierra y contra las formas de explotación
servil y los intereses de cimarrones y palenques. Entre los temas políticos se
planteó la igualdad de europeos y americanos ante la Corona, consagrando un
principio de participación de los americanos de manera privilegiada en los
puestos gubernamentales. En el orden político, las capitulaciones expresaron la
dualidad de poderes creada por la revolución comunera, en sus formas
organizativas, políticas y militares (...) Los temas fiscales constituyeron el
núcleo central de las capitulaciones, en tanto fue el elemento verificador y
primer objetivo del movimiento(...) Los objetivos en relación al poder
eclesiástico no implicaron una lucha antirreligiosa sino que expresaban la
oposición a los exuberantes privilegios eclesiásticos.”(SÁNCHEZ, R. 2003, pp.
80-81)
108
Además de temas como la alcabala, el monopolio del alcohol y estanco del tabaco
(dispuestos en los puntos 1 al 15, 19, 21, 25, 31 y 32) que tocaban directamente temas
económicos, existieron otros puntos que reivindican los derechos de las clases criollas
tan bien representadas por Berbeo, quien además obtuvo como remuneración la elección
como Corregidor del Socorro. Específicamente en el punto 22 de las Capitulaciones
puede leerse:
“Que en los empleos de primera, segunda y tercera plana, hayan de ser
antepuestos y privilegiados los nacionales de esta América a los europeos, por
cuanto diariamente manifiestan la antipatía que contra las gentes de acá
conservan. Pues están creyendo, ignoradamente, que ellos son los amos y los
americanos, todos sin excepción, sus criados; y para que no se perpetúe este
ciego discurso, sólo en caso de necesidad, según su habilidad, y adherencia a los
americanos, puedan ser igualmente ocupados, como que todos los que estamos
sujetos a un mismo Rey y señor debemos vivir hermanablemente.”
De igual manera otros cambios a nivel político se exponen en los puntos 16 al 18 y
administrativos 20, 30, 33 y 34 que combinaba lo político, con el tema de los cargos
administrativos. Y por otro lado los puntos religiosos de los puntos 23, 24, 26 y 29 que
incluían los temas relacionados con los cargos y las facultades de los visitadores
eclesiásticos y la exacción de los derechos eclesiásticos48.
“El desenlace de este portentoso aluvión revolucionario lo constituyen las
Capitulaciones de Zipaquirá, los cuales son un primer estatuto político de la
Nueva Granada. Consecuencia de su simbolismo vendría la desmovilización y
la traición con su cortejo despiadado de crímenes contra José Antonio Galán y
los suyos. Las Capitulaciones sintetizan un entramado sociopolítico clave para
descifrar el nudo de contradicciones de todo orden en la Colonia, un verdadero
hito en nuestras luchas sociales revolucionarias, un jalón decisivo para fundar la
nación.” (Ibid. p. 89)
José Antonio Galán rechazó el perdón otorgado por el Virrey Flores a los comuneros y
fue perseguido y capturado. Su sentencia fue la ejecución y el descuartizamiento en
enero de 1782. Para escarmentar a los posibles rebeldes sus restos fueron repartidos, sus
generaciones fueron declaradas infames y su casa sembrada en sal después de haber
sido demolida.
Así terminaría una época donde las luchas sociales combinaron la reivindicación de los
derechos de los criollos, indígenas, negros esclavos, las mujeres y de la población
oprimida bajo las estructuras coloniales. Precisamente esta variedad de objetivos
disolvió la esencia de la lucha y permitió su rápido desmonte a través de acuerdos entre
48
La relación de los puntos y las especificaciones contenidas en las Capitulaciones de Zipaquirá son
brevemente expuestas por GUZMÁN MORENO, J. 2001, p. 72.
109
las élites que nada favorecieron a las clases populares. Sin embargo, es necesario
reconocer este escenario histórico como un antecedente de las luchas por las
reivindicaciones que si bien no produjeron cambios trascendentales, sirvieron como
base para la lucha de independencia y como tierra abonada para la entrada al continente
de los Derechos Humanos traducidos del francés e introducidos clandestinamente en el
territorio americano.
2.5.
LA INFLUENCIA DE LA ILUSTRACIÓN EN LA FORMACIÓN DE
LAS NUEVAS IDEAS49
La ilustración europea contribuyó entre los siglos XVII y XVIII a transformar la
racionalidad y la organización social y política, a partir de las concepciones científicas y
naturalistas cuya influencia se desarrollaría en Inglaterra, Francia y alcanzaría América
posteriormente, es considerada el antecedente directo de la Revolución Francesa (1789)
y la Independencia de los Estados Unidos (1775-1783), ligada por supuesto al nuevo
concepto de libertad.
Al Nuevo Reino de Granada también llegan las ideas de la Ilustración tardíamente en el
Siglo XVIII, es decir, un siglo después de su auge en Europa. Algunas publicaciones
que han sido consideradas como una muestra de la Ilustración granadina son por
ejemplo: Influjo del clima sobre los seres organizados de Francisco José de Caldas «el
Sabio Caldas» (1768-1816) y la Lección sobre el sistema copernicano de José Celestino
Mutis (1732-1808). Ambos, Caldas y Mutis pertenecen al grupo de intelectuales que
hacian parte de la Expedición Botánica (desde 1783) y ambos tuvieron una gran
influencia en las transformaciones políticas y sociales en Colombia.
Castro –Gómez (2006, p.16) al referirse a la Ilustración en Colombia resalta “que no fue
una simple transposición de significados realizada desde un lugar neutro (el “punto
cero”) y tomando como fuente un texto “original” (los escritos de Rousseau, Smith,
49
Ver sobre el tema además: (CALDERÓN RODRÍGUEZ, L.A. 2001), (HOUGHTON, T. 1990) y
(PACHECO, J.M. 1975).
110
Buffon, etc.), sino una estrategia de posicionamiento social por parte de los letrados
criollos frente a los grupos subalternos(...)” desde el concepto de Foucoult sobre la
biopolítica podrían, según Castro-Gómez, entenderse “los esfuerzos del imperio español
por implementar una política de control sobre la vida en las colonias hacia mediados del
siglo XVIII (...) Lo que buscaba el Estado Borbón era tomar una serie de diagnósticos
ilustrados sobre procesos vitales de la población colonial (estado de salud, trabajo,
alimentación, natalidad, influencia del clima, fecundidad) y convertirlos en políticas de
gobierno (“gubernamentalidad”) (...) aunque las reformas borbónicas fueron bien
acogidas por un sector de la élite local, ellas amenazan el habitus criollo de ´la limpieza
de sangre´, por lo que la enunciación que hacen los pensadores criollos de la Ilustración
no coincide vis-a-vis con la del Estado español. Mientras que el Estado enuncia la
Ilustración europea desde un interés imperial, los criollos neogranadinos lo hacen desde
un interés “nacional”.
Como consecuencia de la Ilustración y los cambios en la mentalidad de la época, se
promulgaron los Derechos del Hombre cuya traducción provocaría junto con el
movimiento comunero y el memorial de Agravios una constelacion política y social
propicia para el paso de la época colonial a la república, y sobre todo a la consolidación
de los derechos y libertades de los americanos.
2.5.1.
Antonio Nariño y los derechos del Hombre
En 1794 el santafereño Antonio Nariño y Álvarez (1765-1823), comerciante, librero,
traductor y prestador de libros, recibe de manos del capitán Cayetano Ramírez de
Arellano, de la guardia del virrey don José de Ezpeleta el tomo III de la obra titulada
Historia de la Revolución de 1789 y del establecimiento de una Constitución (Histoire
de la Révolution et de l'etablissement d'une Constitution en France) hecha por la
Asamblea Nacional de Francia el 4 de agosto de 1789, texto que se converitiría en el
prefacio a la Constitución francesa de 1791. Nariño procede a traducir del original
francés (página 39 hasta la 45 del tomo III) los derechos del hombre y del ciudadano en
sus 17 artículos. (ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA 1996; ROMERO,
M.G. 1972, pp.717-736)
111
Nariño comenzaría una larga carrera política que lo llevaría al exilio y a la participación
activa en los procesos independentistas de la Nueva Granada. Se le atribuye además,
haber podido interpretar el espíritu de las derechos del hombre en relación al contrato
social, la soberanía del pueblo y la importancia de la voluntad general, pero sobre todo
la universalidad que esos conceptos contenían, pues no parecían ser escritos sólo para el
pueblo francés sino que incluía todos los pueblos, incluso la joven América.
Como periodista Nariño expresó en el periódico La Bagatela50, cuya imprenta era de su
propiedad, su inconformidad frente a las condiciones de tratamiento hacia los
americanos por parte de la corona española, aunque su condición social y económica
correspondía al sector privilegiado. Por ejemplo, el 1° de septiembre de 1811 La
Bagatela comentaba sobre el cobro de peajes y el uso de vías y caminos, asimismo de la
necesidad de conservar las salinas en manos del Estado y catalogaba bajo el término
“madrastra” patria en contraposición y crítica al término “madre patria”, pues ella
habría tratado a sus hijos como esclavos. La Bagatela además designó como “patria
boba” al período correspondiente en la historia de Colombia (1810-1816) a la primera
República colombiana caracterizada por la confusión de ciudadanos y gobernantes para
dirigir los destinos de la nación, y que se tomaría como concepto que permanece intacto
en la historia y se ha aplicado en momentos similares de la historia del país.
“Nada hemos adelantado. Hemos mudado de amos, pero no de condición. Las
mismas leyes, el mismo gobierno con algunas apariencias de libertad, pero en
realidad con los mismos vicios, los mismos títulos, dignidades, preeminencias y
quijotismo en los que mandan. En una palabra conquistamos nuestra libertad
para volver a ser lo que éramos antes.”(NARIÑO, A. 1811)
Pero no sólo denuncias y críticas fueron la esencia de La Bagatela, también la discusión
intelectual en torno a la educación entre 1825 y 1860 con conceptos extraídos de
pensadores como Jeremías Bentham (1880-1884), los que Nariño recoge para
fundamentar el derecho a la libertad de imprenta (LLANO ISAZA, R. 2007). Enero 5 de
1812: en La Bagatela, Nariño comenzó en 1812 a proponer la independencia absoluta y
desconocimiento de Fernando VII. En sus escritos Nariño critica incluso la Bula de
Alejandro VI entregando el poder sobre los territorios descubiertos a la corona
española:
50
„La Bagatela intentó publicarse todos los domingos, salió al mercado el 14 de julio de 1811 hasta el 12
de abril de 1812 y tuvo 38 emisiones, con una distribución de 11.887 que da cuenta de la notable
influencia de este periódico en la vida de la Nueva Granada y en la difusión de las ideas durante la época
de la independencia“ (RODRÍGUEZ ARENAS, F.M. 2007, p.54)
112
“¿De dónde viene este irrevocable decreto de que hemos de ser eternamente
esclavos?¿De la conquista?¿Y por qué España sacudió el yugo de los romanos y
de los moros, si este derecho es legítimo ¿Por qué se queja ahora tanto de
Bonaparte que quiere ejercer contra ella este pretendido derecho? Porque estos
países eran de infieles y el Papa se los regaló a los Reyes Católicos. ¿Y en qué
página del Evangelio vemos que Jesucristo facultara a los Apósteles para que
regalaran imperios y autorizan a los ambiciosos para que se asesinaran a la
especie humana?” (NARIÑO, A. 1811)
Nariño era por supuesto conciente de los hechos ocurridos en el pasado, como la
revolución de los comuneros y la ejecución de José Antonio Galán, sin embargo, supo
arriesgar a tiempo y difundió las ideas libertarias e independentistas proclamadas en el
documento de los derechos del hombre y del ciudadano.
El contenido del texto publicado por Nariño a pesar de no tener una difusión masiva,
alcanzó a los intelectuales de Santafé y fue tema de las tertulias literarias usuales en la
época51 y fue rechazado masivamente por la iglesia debido a la mención de la libertad
de conciencia que amenazaba los intereses de la iglesia católica fortalecida en América
desde el descubirmiento (FORERO BENAVIDES, A. 1967)
Después de muchas travesías, exilios y huídas, Nariño sufre además la expropiación de
sus bienes y tiene que asumir las acusaciones que se derivaron de la traducción y
publicación de los derechos del hombre y del ciudadano, aunque no se encontraron
pruebas de las cuatro hojas que la conformaban, pues las copias fueron recogidas por el
mismo Nariño y quemadas, para evitar que ellas fueran prueba contundente en su juicio,
sin embargo, el hallazgo de los libros de su biblioteca privada, significaron una causa
irredimible, pues se trataba de escritos prohibidos en diversos idiomas entre los que se
hallaban autores como Montesquieu, Rousseau entre otros, que hacian parte de la
Ilustración francesa, fuente intelectual de las revoluciones y luchas independentistas de
la época52. Precisamene en su defensa Nariño utiliza citas de Santo Tomas y otros
autores que justifican las ideas de la Declaración de los derechos del Hombre, pero que
serían incontrovertibles por parte de los sectores jurídicos y eclesiásticos. El texto de la
defensa (ACOSTA DE SAMPER, S. 1970) contiene elementos que conjuntamente con
51
Las tertulias fueron consideradas también sociedades masónicas como la que conformaría Nariño con
Luis de Rieux llamada Arcano Sublime de la Filantropía, y que se dice, sería la fuente de inspiración para
la traducción y difusión de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. (DUQUE GÓMEZ, L. 1993)
52
Personajes como Francisco de Paula Santander, Antonio José de Sucre, Andrés Bello, Bernardo
O´Higgins, Simón Bolívar y José de San Martín entre otros se vieron influenciados también notablemente
por las ideas revolucionarias provenientes de Francia, las cuales supieron en sus respectivos territorios
introducir para llevar a cabo la independencia de los países latinoamericanos durante el siglo XIX, incluso
siendo fieles a las motivaciones aristocráticas que las generaron en Europa y que se traducirían en las
reinvindicaciones de los criollos y las clases privilegiadas económicamente en América Latina.
113
la publicación de los derechos del hombre constituyen elementos claves no sólo para su
enjuiciamiento, sino también para la construcción del ideario libertario en América. Una
de las consideraciones tenidas como provocantes durante su defensa fue por ejemplo la
alusión a las palabras del Conde Reinaldo Carli que publicara el periódico peruano “El
Mercurio” donde según Nariño, se muestra la tolerancia de la Corona frente a
manifestaciones de diversos escritos que precedieron a la Declaración de los Derechos
del Hombre. Así citaba a Reinaldo Carli,
“Yo sostengo que, para restaurar la monarquía española á su antiguo poder,
lustre y esplendor, conviene que permita el establecimiento de todas las fábricas
que sean susceptibles á las colonias de América; y añado más: que permitida y
fomentada la industria y la agricultura en nuestras colonias, la monarquía
española será la más poderosa y el más opulento imperio que han conocido de
siglos. ¿Pero quién podrá contar con la seguridad de que enriquecidas nuestras
colonias y aumentada grandemente su población con el establecimiento de
fábricas, no quieran erigirse en estados independientes y soberanos, á ejemplo
de sus vecinas las del Norte? Y si tal pensasen ¿quién sería bastante á
impedirlo?”
Para la historia de América y especialmente de Colombia, la defensa de Nariño y sus
expresiones intelectuales y revolucionarias se constituiría en la base de las discusiones
no solamente en torno a la legitimidad del gobierno, sino a las libertades de los
individuos como expresión de todas las clases sociales.
2.5.2.
El Memorial de Agravios: Camilo Torres la reivindicación de los derechos
de las élites criollas.
La necesidad imperiosa de la clase criolla por acceder a los privilegios administrativos
hasta ahora restringidos a los españoles, conllevó la utilización de diversas estrategias
para alcanzar dicho fin. En medio de la amenaza que sufría la corona española por parte
de Napoleón, los españoles vieron como única salida permanecer fieles al Imperio sin
importar si estaba en manos de españoles o franceses, mientras que para los criollos, la
presencia de los franceses era perturbadora sobre todo por la influencia que habían
alcanzado a propagar con las ideas de libertad y derechos que tanto amenazaba los
intereses de dominio personal y económico que los criollos ostentaban. A pesar de la
restricción de las noticias que llegaban a América sobre España, su eco se hizo sentir
con fuerza y llevó a los criollos a tomar medidas urgentes, pues si llegasen los franceses
114
a apoderarse del imperio, los criollos preferían apoyar las ideas independentistas a
someterse al imperio francés.( LIÉVANO AGUIRRE, I. Op cit., pp. 53-62)
Camilo Torres (1766-1816) como asesor del Cabildo de Santafé de Bogotá, fue
encargado de redactar en 1809 el documento titulado “Representación del Cabildo de
Santafé, capital del Nuevo Reino de Granada a la Suprema Junta Central Española” más
conocida en la historia como Memorial de Agravios.
En resumen, la solicitud de Torres iba encaminada a alcanzar la igualdad entre los
americanos y los peninsulares en lo referente a la participación y representatividad de
los primeros en los cargos administrativos. La inequidad en la conformación de la Junta
Suprema fue el referente para su petición.
“América y España son dos partes integrantes y constituyentes de la monarquía
española, y bajo de este principio, y el de sus mutuos y comunes intereses,
jamás podrá haber un amor sincero y fraterno, sino sobre la reciprocidad e
igualdad de derechos. Cualquiera que piense de otro modo, no ama a su patria,
ni desea íntima y sinceramente su bien. Por lo mismo, excluír a las Américas de
esta representación, sería, a más de hacerles la más alta injusticia, engendrar sus
desconfianzas y sus celos, y enajenar para siempre sus ánimos de esta unión.”
(TORRES, C. 2003, p.14)
La exposición de sus razones jurídicas de Torres incluye denuncias de los abusos
cometidos en América y de la deficiencia del sistema educativo.
“En cuanto a la ilustración, la América no tiene la vanidad de creerse superior,
ni aun igual a las provincias de España. Gracias a un gobierno despótico,
enemigo de las luces, ella no podía espera hacer rápidos progresos en los
conocimientos humanos, cuando no se trataba de otra cosa que de poner trabas
al entendimiento. La imprenta, el vehículo de las luces, y el conductor más
seguro que las puede difundir, ha estado más severamente prohibido en
América, que en ninguna otra parte. Nuestros estudios de filosofía, se han
reducido a una jerga metafísica, por los autores más oscuros y más
despreciables que se conocen (...) No ha muchos años que ha visto este Reino,
con asombro de la razón, suprimirse las cátedras de derecho natural y de
gentes, porque su estudio se creyó perjudicial(...)¡Bárbara crueldad del
despotismo, enemigo de Dios y de los hombres, y que solo aspira a tener a éstos
como manadas de siervos viles, destinados a satisfacer su orgullo, sus
caprichos, su ambición y sus pasiones!”(Ibid, pp.21-22)53
Asimismo, anuncia como la ineficiencia del sistema y la ausencia de representación y
reconocimiento de los americanos, será uno de los elementos que influirá en el
debilitamiento del imperio, pero acompañado de la muestra de la fidelidad hacia el
mismo y a su representante máximo Fernando VII.
53
Negrilla fuera del texto original.
115
“Establecer, pues, una diferencia en esta parte, entre América y España, sería
destruír el concepto de provincias independientes, y de partes esenciales y
constituyentes de la monarquía, y sería suponer un principio de
degradación(...)¿De dónde han venido los males de España, sino de la absoluta
arbitrariedad de los que mandan?” (TORRES, C. Op. cit., p.17)
A pesar de que Memorial de Agravios es uno de los documentos considerados como
antecedente de la Independencia de América y muestra del denominado Derechos de
Gentes a través de su llamado a la hermandad,
“Un hermano habla a otro hermano para mantener con él la paz y la unión.
Ninguno de los dos tiene derecho para dar leyes al otro, sino en las que se
convengan en una mutua y recíproca alianza” (TORRES, C. 2003, p. 23)
contiene a su vez elementos que evidencian el imaginario de los criollos con relación a
los indígenas y a los negros, quienes son denominados despectivamente en el
documento y la reivindicación de los derechos de los americanos los excluyen. Por una
parte hace énfasis en el origen de los criollos aludiendo:
“Las Américas, Señor, no están compuestas de extranjeros a la nación española.
Somos hijos, somos descendientes de los que han derramado su sangre por
adquirir estos nuevos dominios a la corona de España; de los que han extendido
sus límites, y le han dado en la balanza política de la Europa, una representación
que por sí sola no podía tener (...) que nuestros padres, como se ha dicho, por
medio de indecibles trabajos y fatigas, descubrieron, conquistaron y poblaron
para España este Nuevo Mundo (...) Así se consolidará la paz, así trabajaremos
de común acuerdo en nuestra mutua felicidad: así seremos españoles
americanos, y vosotros españoles europeos” (Ibid., pp.17, 24)
Por otro lado resalta que los naturales si bien americanos no tendrían tanto valor a la
corona como los hijos de los conquistadores:
“Los naturales conquistados y sujetos hoy al dominio español, son muy pocos o
son nada, en comparación de los hijos de europeos, que hoy pueblan estas ricas
posesiones” (TORRES, C. Op. Cit., p.19)
aunque reconoce que los hijos de los conquistadores deben representar también a dichas
poblaciones y lo argumenta tomando apartes de la historia española54
“Cuando los conquistadores estuvieron mezclados con los vencidos, no cree el
Ayuntamiento que se hubiesen degradado, porque nadie ha dicho que el fenicio,
54
“(…)Torres también respondió a las ideas escolásticas, por encima de las posiciones que atribuyen su
origen a Rousseau o Montesquieu. Es posible ver, por ejemplo, la influencia de Francisco de Vitoria,
quien, no olvidemos, planteó su oposición a la imposición de la fe por la fuerza y al bautismo de los niños
sin el consentimiento de los padres, porque estos hechos atentaban contra la institución de la patria
potestad; es decir que Vitoria defendió la personalidad moral de los indios, no obstante ser infieles e
idólatras y, amparado en esto, sostuvo que los estados paganos eran o podían ser estados de derecho”
(PARDO SCHLESINGER, C. y PARRA DUSSÁN, C. 2006, p.399) (apreciaciones tomadas de:
CABALLERO ESCOVAR, E. 1978, p.191) y (JARAMILLO URIBE, J. 1982, p.110)
116
el cartaginés, el romano, el godo, vándalo, suevo, alano y el habitador de la
Mauritania, que sucesivamente han poblado las Españas, y que se han mezclado
con los indígenas, o naturales del país, han quitado a sus descendientes el
derecho representar con igualdad en la nación” (TORRES, C. 2003, p.18)
Torres muestra su preocupación por el desconocimiento de los peninsulares de la
situación de indios, comerciantes y agricultores causada por los impuestos, la esclavitud
y el monopolio:
“[el peninsular] no sabe las extorsiones que sufre el indio, condenado a una
eterna esclavitud, y a un ignominioso tributo que le impuso la injusticia y la sin
razón. Tampoco sabe las lágrimas que le cuesta al labrador ver que un enjambre
de satélites del monopolio, arranque de su campo, y le prohíba cultivar las
plantas que espontáneamente produce la naturaleza, y que harían su felicidad y
la de su numerosa familia, juntamente con la del Estado, si un bárbaro estanco
no las tuviese prohibidas al comercio” (Ibid., p.22)
El espíritu del Memorial de Agravios se centra en los siguiente preceptos descritos por
Torres:
§
“el español no entienda que tiene un derecho exclusivo para mandar a
las Américas, y que los hijos de éstas comprendan que pueden aspirar a
los mismos premios y honores que aquellos”
§
“reformar abusos, mejorar las instituciones, quitar trabas, proporcionar
fomentos, y establecer las relaciones de la metrópoli, y las colonias
sobre las verdaderas bases de la justicia”
§
“Es preciso, pues, que se hagan leyes acomodadas a estas
circunstancias, con relación principalmente a la América; y estas leyes
deben ser la expresión de su voluntad, conciliada con el bien general de
la monarquía”
§
“¡Igualdad! Santo derecho de la igualdad: justicia que estribas en esto, y
en dar a cada uno lo que es suyo; inspira a la España europea estos
sentimientos de la España americana: estrecha los vínculos de esta
unión: que ella sea eternamente duradera, y que nuestros hijos dándose
recíprocamente las manos, de uno a otro continente, bendigan la época
feliz que les trajo tanto bien” (TORRES, C. Op. cit., pp.24-27)
Torres sirvió además de conexión entre las ideas libertadoras entre la Nueva Granada y
Venezuela a través de su amistad con Simón Bolívar desde 1812. La obra de Torres
concluye con su apresamiento en 1816, enjuiciamiento y posterior ejecución a través del
fusilamiento. Con la llegada de Pablo Morillo comienza la Reconquista, la Pacificación
y el Régimen del Terror, época durante la cual se juzgaría a quienes participaron en los
movimientos independentistas. Torres huye y su familia es víctima de la persecución y
la perdida de sus propiedades. Después de su juzgamiento Torres es ejecutado en
Santafé de Bogotá el 5 de Octubre de 1816, su cabeza fue exhibida en la picota a las
afueras de Bogotá (CÓRDOBA GIRALDO, S.M. 2004)
117
2.5.3.
La revolución científica e ideológica de la Nueva Granada
En 1762 el sacerdote y científico español José Celesino Mutis (1732-1808) dió inicio en
el Virreynato de la Nueva Granada a la denominada revolución científica e ideológica,
exponiendo los principios del sistema de Copérnico, la ciencia moderna y el método
experimental, actividad que lo puso en contradicción con las ideas escolásticas
difundidas en América por los dominicos y agustinos. Uno de los principales logros de
su trabajo fue la formación de un herbario y la búsqueda de la quina55.
Para alcanzar sus objetivos introdujo la Expedición Botánica, la cual le permitiría a
España no solamente el conocimiento profundo de la flora y la fauna de América, sino
también el posible aprovechamiento económico de las mismas. Su tesis se
fundamentaba en que las riquezas americanas se extendían más allá de los metales
preciosos, y mencionaba otras que servirían como materias primas para el
fortalecimiento comerical y económico de Imperio, como la variedad de maderas, las
ceras, los tintes, entre otras a través de las “representaciones” que eran en realidad
cartas escritas por Mutis al rey de España para solicitarle su apoyo en la organización de
la Expedición Botánica.
Los argumentos de Mutis se complementaban con los de Antonio Ulloa quien en 1772
consideraba que era necesidad prioritaria de la Corona el conocimiento botánico,
mineralógico, social y cultural de las colonias americanas y que ello sería de provecho
económico para la Corona. Se fundan entonces las Reales Expediciones Botánicas, que
además del inventario de los recursos naturales de las diferentes colonias ofrecería las
estrategias para su debida explotación. Para ello era necesario asimismo, describir los
contextos sociales, económicos, geográficos y políticos en los que se encamarcaban
dichas riquezas y su explotación. Las Reales Expediciones Botánicas y sus resultados
fueron compilados y enviados a España, en ellos no solamente se informaban aspectos
científicos, sino observaciones sobre los sucesos que por la época se desarrollaban en
55
“La Quina primitiva, que después de tantas controversias acerca de á cuál de las especies botánicas
descubiertas posteriormente pertenece, y que aún no se ha averiguado si es la naranjada de Mutis ó la
oficial de Linneo, fué descubierta por los indios, y esperimentada (sic.) por ellos mismos para curar las
fiebres muchos años antes de nuestra conquista de las Américas.”(MUTIS, J.C. 1828, prólogo).
118
las colonias y cuyos detalles podía conocer mejor a través de las desapercibidas
expediciones científicas. (RUEDA ENCISO, J.E. 2004a)
La Real Expedición Botánica en el Nuevo Reino de Granada se inició en 1783 y sus
resultados no fueron enviados a España y fueron publicados sólo hasta 1953 como Flora
Neogranadina. La importancia de la Real Expedición radicaba no solamente en su
impacto científico sino también el político y económico. En lo científico abarcó cerca
de 8.000 kilómetros cubriendo gran parte del país, sus climas y regiones. Como
resultado se organizaron y sistematizaron los herbarios y las 5.392 láminas que
elaboradas por pintores contratados para la Expedición, ilustraban 2.696 especies y 26
variedades. Contaba al principio con sólo dos acompañantes y al final eran cerca de 35
personas. Entre ellas se encontraban miembros de las núcleos masónicos que
participaban activamente en las tertulias y que inspiraron la independencia con sus ideas
nuevas y reflexiones, entre ellos Francisco Antonio Zea (1.870- 1.822), Jorge Tadeo
Lozano (1.771?- 1816), y Francisco José de Caldas (El Sabio Caldas) (1771-1816).
Mutis contribuyó también al desarrollo académico de la Medicina e impulsó la Sociedad
de Amigos del país y la astronomía, que daría origen al observatorio capitalino,
asimismo recolectó diccionarios de las lenguas indígenas (Ibid.). La Expedición
entonces, además de desarrollar estudios científicos en botánica, zoología, aportó
investigaciones y recopilaciones de carácter antropológico que agregarían elementos
claves para el conocimiento de las riquezas culturales del Nuevo Reino de Granada.
El proceso de independencia cuyos antecedentes hemos descrito anteriormente, se
desarrolla desde un frente político y otro militar. La firma del Acta de Independencia el
20 de Julio de 1810 donde se nombra presidente de la Junta Suprema al Virrey Amar y
Borbón, constata nuevamente la lucha entre los intereses de la oligarquía y los del
pueblo, el cual había sido utilizado por los primeros para ejercer presión haciéndoles
creer que se luchaba fundamentalmente por su libertad. Hubo personajes como José
Maria Carbonell (1791-1816) que no cedieron a la presión de la oligarquía y lucharon
incansablemente por la reivindicación de los derechos del pueblo y de desatender las
peticiones de los criollos que representaban la clase opresora y económicamente fuerte,
quienes discrepaban en principio del Estado Monárquico pues éste promulgaba
libertades y protección de derechos al pueblo oprimido entre los que se contaban indios
y esclavos. Carbonell sería excluido de participar en la Junta de Gobierno, arrestado
posteriormente y de esta manera excluído también de la memoria histórica colombiana.
119
Otra etapa política la constituye los hechos del 26 de julio de 1810 cuando la nombrada
Junta Suprema se declara independiente del Consejo de Regencia y se plantea un
movimiento autonomista del gobierno pero que conserva soterradamente la fidelidad a
Fernando VII. Precisamente el movimiento independentista llevaría a las regiones a ser
las primeras en declarar su independencia como lo hizo Cartagena el 11 de noviembre
de 1811, las provincias de Cundinamarca el 16 de julio, Antioquia el 11 de Agosto y
Tunja el 10 de dicimbre de 1813. (INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA 1986,
p.39 En: GUZMÁN MORENO, J. 2000, p.76)
Sin embargo, la lucha por las reivindicaciones de los derechos de los diferentes grupos
sociales y económicos durante la época de la independencia no termina allí. Otro
episodio en la historia de Colombia conocido como Régimen del Terror determinaría
los cambios en la mentaliidad política, económica, social y cultural del la Nueva
Granda.
2.5.4.
La Pacificación: El Régimen del Terror y la desparición del intelecto
granadino.
Para llevar a cabo la Pacificación Pablo Morillo (1775- 1837) más conocido como «El
Pacificador» junto con Juan Sámano (1753-1821), determinaron una serie de medidas
que buscaban restablecer el orden y sobre todo la fidelidad a la Corona española
teniendo en cuenta los últimos acontecimientos liderados por los intelectuales y
militares criollos. Se establecen entonces tres tribunales. El primero, dedicado a dictar
las sentencias de muerte contra los patriotas llamado Consejo Permanente de Guerra,
procesó a más de siete mil ciudadanos durante su funcionamiento. El Segundo, llamado
Consejo de Purificación tenía dentro de sus funciones juzgar a los insurgentes que no
fueran merecedores de la pena capital, sin embargo, sirvió también de escenario para la
delación que llevaría a muchos sospechosos al patíbulo. Una tercera institución, se
dedicaba a los aspectos financieros, confiscando los bienes de los rebeldes y negociando
con algunos su destierro a través de la entrega de tarifas antepuestas o donativos
voluntarios. (AYALA POVEDA, F. 2003, pp.73-74)
“Ante la persistente resistencia al poder colonial el pacificador Pablo Morillo,
en una actitud de desespero, expidió una proclama adoptando drásticas medidas
120
de terror” en 1816, dentro de las cuales se encontraba la declaración y entrega
de las armas, las posesiones (caudales, fincas, alhajas, máquinas libros y demás
muebles) incluyendo a las comunidades Eclesiásticas. Se ordenaba asimismo la
entrega de todos los documentos publicados que se conocieran (proclamas,
boletines, libros, Constituciones y demás impresos por los rebeldes). Se
prohibia el alojamiento de personas en las casas privadas sin la debida
autorización y se impelaba a los habitantes a vigilar, perseguir y aprender a todo
aquel que fuera en contra de los derechos de Rey, denominándolos
malhechores.” (COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 1816)
La lista de los ciudadanos sacrificados durante el Régimen del Terror, incluye muchos
de los mencionados durante este capítulo. Cabe señalar, que los abusos cometidos
contra las personas56 y sus propiedades, fueron calificados como necesarios para lograr
la pacificación en América.
La ejecución pública de estos y otros muchos personajes pasaría a la historia como uno
de los genocidios más reconocidos. La generación de los intelectuales fue derrotada y
desaparecida y para la memoria sólo quedaron sus escritos e investigaciones que en
muchos casos quedaron abandonadas por el olvido en los archivos de la nación.
Tras las etapas políticas y los constantes enfrentamientos siguen las decisivas luchas
militares que se dieron especialmente en el Pantano de Vargas 26 de julio de 1819 y el
56
Entre la lista se encuentran por mencionar sólo algunos:
Miguel de Pombo (1779- 1816) Fusilado en Bogotá. (Investigador de la Expedición Botánica, escribió en
el Diario Político publicación dirigida por Francisco José de Caldas y publicó un opúsculo sobre
Constitución de los Estados Unidos) (IBAÑEZ, P.M. 1891)
Custodio García Rovira (1780-1816) (Llamado “El Estudiante” por su dedicación al aprendizaje.
Abogado, teólogo, pintor, músico. Hizo parte junto con otros intelectuales y políticos como Caldas,
Torres y Humboldt de las tertulias literarias) Junto a su cadáver fue puesta la leyenda: «García Rovira, El
Estudiante, por traidor». (OCAMPO LÓPEZ, J. 2004a)
Liborio Mejía (1792-1816) tradujo del francés el Manual de los ayudantes generales y adjuntos
empleados en los Estados Mayores Divisionarios de los ejércitos, de Pablo Thiebault, libro de estrategia
que servía entonces como manual a los ejércitos revolucionarios y fue el último presidente de la Primera
República Granadina (1810-1816). (MOLINA 2004)
Antonio Villavicencio (1775-1816) Militar y gobernador de Tunja y Honda. Al ser fusilado por la espalda
se le degradaron sus títulos y arreos militares, su muerte constituía un escarmiento para los
independentistas por ser considerado un traidor al Rey. (OCAMPO LÓPEZ, J. s.f)
José Acevedo y Gómez (1773-1817) Llamado “El Tribuno del Pueblo”. Se mostró en contra del mal
gobierno, la esclavitud y los derechos de los pueblos durante su discurso del 20 de julio de 1810 en
Santafé y ordenó la redacción del Acta de Independencia del mismo año. Fue perseguido por Morillo pero
huyó a las selvas donde encontró la muerte. (OCAMPO LÓPEZ, J. 2004b)
Francisco José de Caldas (1771-1816) Llamado “El Sabio Caldas” se desempeñó como periodista,
geógrafo, astrónomo, militar, científico, botánico, naturalista y en las luchas independentistas como
ingeniero militar. Director del Observatorio Astronómico, participó en la expedición Botánica y en
exploraciones botánicas y geográficas junto con Humboldt, organizó herbarios y levantó mapas de la
Nueva Granada. Dentro de sus escritos se destacan el Diario Político de Santa Fe de Bogotá donde
expresaba su inconformidad política y sus tratados científicos más importantes son: ‹El estado de la
geografía del virreinato con relación a la economía y al comercio› (1807), y ‹El influjo del clima sobre los
seres organizados› (1808). (RUEDA ENCISO, J.E. 2004b)
121
Puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819. La primera conocida por su importancia
militar y segunda por las consecuencias políticas, pues la liberación abarcó el oriente de
América meridional y Santafé su capital. Con la independencia era necesario consolidar
la República, y así el 17 de diciembre se da nacimiento oficial a la República de
Colombia expedida por ley Fundamental en el Congreso de Angostura y ratificada por
el Congreso Constituyente reunido en Cúcuta el 6 de mayo de 1821. (BUSHNELL, D.
2004)
Esa conjugación de hechos históricos permitieron paralelamente el desarrollo de los
derechos humanos y la discusión sobre las libertades que cada vez estaban más cerca de
acerse a una realidad, o por lo menos así lo concebian sus precursores.
“La generación de la independencia perdió la primera oportunidad de liquidar
esa herencia abominable. Aquella pléyade de jóvenes románticos inspirados en
las luces de la revolución francesa, instauró una república moderna de buenas
intenciones, pero no logró eliminar los residuos de la Colonia. Ellos mismos no
estuvieron a salvo de sus hados maléficos. Simón Bolívar, a los 35 años, había
dado la orden de ejecutar ochocientos prisioneros españoles, inclusive a los
enfermos de un hospital. Francisco Paula Santander, a los 28, hizo fusilar a los
prisioneros de la batalla de Boyacá, inclusive a su comandante. Algunos de los
buenos propósitos de la república propiciaron de soslayo nuevas tensiones
sociales de pobres, ricos, obreros y artesanos y otros grupos marginales. La
ferocidad de las guerras civiles el siglo XIX no fue ajena a esas desigualdades,
como no lo fueron las numerosas conmociones políticas y civiles que han
dejado un rastro de sangre a lo largo de la historia” (GARCÍA MÁRQUEZ, G.
En: AYALA POVEDA, F. 2003, p.75)
2.6.
LA REINVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS Y LA BÚSQUEDA DE
LA PAZ. ACONTECIMIENTOS QUE MARCARON UN HITO57
2.6.1. El orígen de los partidos políticos en Colombia. Posiciones ideológicas
frente a los derechos humanos.
Los acontecimientos políticos y militares en la Nueva Granada derivaron en
transformaciones en la organización de la República desde sus orígenes. Las bases
57
Jorge Guzmán Moreno presenta en su libro Breve historia de los Derechos Humanos (GUZMÁN
MORENO, J. 2001, pp.76-80) una relación corta de otros acontecimientos y documentos que merecen ser
mencionados como parte de la historia de la reinvindicación de los derechos y la búsqueda de la paz en
Colombia. En este apartado se tendrán en cuenta aquellos puntos usados por Guzmán con ampliación de
particularidades y datos de relevancia para el presente trabajo.
122
políticas quedaron sentadas a través de la constitución de los partidos políticos (liberal
1848 con Ezequiel Rojas y por el partido Conservador 1849 con Mariano Ospina y José
Eusebio Caro) en cuyos programas se hacia una alusión explícita de la libertad, igualdad
y fraternidad, concebidas desde una perspectiva idealista, proveniente de la influencia
del pensamiento hegeliano y las discusiones que a su alrededor se plantearon en torno a
la religión y la filosofía, y su consecuente cuestionamiento alrededor de lo infinito o
absoluto, y lo finito o relativo que determinó a su vez, la manera de concebir los
derechos humanos como un deber y ser entendidos como derechos naturales, ideales o
materiales, históricos. Asimismo el concepto de democracia dentro de los partidos
políticos en Colombia impregnó sus ideologías de las discusiones entre historicistas y
materialistas. (GUZMÁN MORENO, J. Op. Cit., pp.75-78)
Es necesario escudriñar en los orígenes de los partidos, pues si bien estas influencias
ideológicas representaron un papel clave en formación de los mismos, existieron
igualmente otros acontecimientos internos que determinaron el carácter de los partidos,
otorgándoles una especial configuración política.
“En efecto, lo que había sido Rebelión, se convirtió en Legitimidad: lo que
había sido turbamulta de esclavos, indios y criollos oprimidos, vino a ser
Pueblo de ciudadanos con derechos reconocidos y deberes correlativos: lo que
en antes era Colonia, ahora era una Patria, una nación soberana: lo que en
1810 era una violenta perturbación del orden, una insurrección contra las
leyes, de 1821 a 1825, se convertía en el orden mismo y la legalidad de la
República. Así la idea conservadora, confundiéndose en mucha parte con la
liberal, pasaba a ser la idea republicano-democrática, cuya realización se
hallaba consagrada por la Constitución de Cúcuta. Ser liberal entonces, era ser
conservador; porque esa Constitución contenía el programa del liberalismo
triunfante con la República, y el conservarla o mantenerla era una necesidad de
la situación, y un imperioso deber de todo gobernante o colombiano que fuera
leal a la causa de su patria y al derecho reconocido por los pueblos (...) de 1821
a 1826 intervenían en la política, no existían partidos políticos en Colombia,
por aquel tiempo, sino únicamente republicanos, generalmente unidos por el
interés común del triunfo y afianzamiento de las instituciones republicanas en
todo el Continente americano.” (SAMPER, J.M. En : MELO, J.O. 1978)
2.6.2.
El Tratado de Wisconsin y el fin de la guerra de los Mil Días.
Precisamente las luchas por el poder entre los dirigentes del partido conservador y el
partido liberal fueron el detonante para que sus seguidores de todas las clases
socioeconómicas con diversos intereses, se enfrentaran en lo que la historia conoce
123
como la Guerra de los Mil Días (1899-1902), episodio que tardó tres años en resolverse
y que se constituye en una de las guerras civiles más cruentas en la historia colombiana.
De las luchas entre los partidos surgieron las primeras guerrillas y por su parte el
gobierno empieza a hacer uso de diversos métodos de opresión para contrarestarlas. El
21 noviembre de 1902 después de días de conversaciones, los liberales firman una serie
de tratados de paz, dentro de los que se encuentra el llamado Wisconsin, firmado en un
buque de la armada estadounidense entre representantes de ambos partidos. La guerra le
dejaría a Colombia como consecuencias funestas, no sólo el quebranto económico, la
aparición de los primeros brotes de corrupción, grandes pérdidas humanas, y la más
recordada, la perdida de Panamá, además de los odios, los miedos y la sed de venganza
que quedaron grabados en el inconciente colectivo. (DEAS 2000)
El tratado de paz de Wisconsin constituye uno de los pasos evolutivos en la
consolidación de los derechos humanos en Colombia, prueba de ello es su introducción
que reza: “Poner fin al derramamiento de sangre de connacionales, procurar el
restablecimiento de la paz de la República y proveer (...) a que la Nación puede llevar a
feliz término las negociaciones que tiene pendientes sobre el canal Panamá”. De ello se
derivan diversas intenciones como la suspensión de juicios por causas políticas, el
restablecimiento del orden público, el respeto por los derechos personales de los
combatientes, las condiciones de aministía y el tratamiento digno a los participantes de
la guerra. (REVISTA CREDENCIAL HISTORIA 1990)
2.7.
LAS REIVINDICACIONES LABORALES, DE GÉNERO Y ÉTNICAS.
2.7.1.
Reivindicaciones indígenas : Quintin Lame
En la guerra de los Mil Días participó Manuel Quintín Lame o Juan Quintín Lame
(1880-1967), quien es considerado el mayor lider indígena del siglo XX en Colombia.
Él en su condición de indígena conocía perfectamente la situación por la cual pasaban
los grupos indígenas en relación a la propiedad de la tierra y las injusticias cometidas
contra los resguardos, así como los abusos en las relaciones de terrazguería, que
consistían en la entrega de un fundo o encierro dentro de una Hacienda, a través del cual
124
el indígena pagaba con días de trabajo no remunerado por el derecho a sembrar en su
tierra.
Su vocación autodidacta le permitió además de adquirir los conocimientos de lectoescritura el aprendizaje y conocimiento de los códigos y leyes, que le servirían para su
propia defensa en las oportunidades en que fue juzgado y en la lucha por la
reivindicación de los derechos de los indígenas. Su lucha se concentró en el derecho de
propiedad de las tierras por parte de los indígenas, para ello hizo uso de las herramientas
legales que así se lo permitian y el acercamiento personal a los dirigentes regionales y
nacionales. Tras la promulgación de la ley ley 89 de 1890 “Por medio de la cual se
determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a
la vida civilizada” además de demostrarse lingüísticamente el profundo desprecio que se
tenía a los pueblos indígenas, se evidenciaba la necesidad de hacer la ley ejecutable en
todos los rincones del país. Además de las estrategias de diálogo, Lame dedicó gran
parte de sus esfuerzos a la búsqueda de apoyo por parte de las comunidades y
resguardos indígenas en el centro y sur del país. Su voz alcanzó no solo a los indígenas
sino a los terratenientes y políticos, quienes vieron en él amenazados sus intereses y
sobre todo sus propiedades. (HERRERA ÁNGEL, M. 2004b)
La reivindicación de los derechos indígenas se vio amenazada por la ley ley 55 de 1905
“por la cual se ratifica la venta de varios bienes nacionales y se hace cesión de otros”
indicando su disposición a mantener lo dispuesto en la ley 89 de 1890 sobre los
derechos indígenas, así como la ley 104 de 1919 por la cual se ratificaba la división de
los resguardos y los castigos de despojo a los opositores de dicha división.
La sumatoria de dichos atropellos llevaron a Lame a escribir un documento en defensa
de su pueblo para reclamar tierra libertad y justicia (1927) “El Derecho de la Raza
Indígena de Colombia Ante Todo”. Allí hacía un llamamiento a los pueblos indígenas y
a sus dirigentes para levantarse contra “la mano gigantezca y usurpadora de la raza
blanca y mestiza quienes por la fuerza sin ley ni caridad se han venido usurpando por
dicha fuerza, nuestras propiedades territoriales cultivadas de Mieses, derroques de
vírgenes montañas y también usurpándose nuestras minas de todas clases,
desterrándonos de las cuatro paredes de nuestros hogares[...]” Asimismo los incita
abandonar los partidos pues “Esos dos partidos liberal y conservador, han sido los que
han arruinado en todas sus partes las propiedades territoriales y de cultivo de los
indígenas naturales de Colombia, y no sólo en Colombia, sino en el Perú, Ecuador,
125
Chile, etc.” Desconociendo con esta posición los repartos de tierras indígenas
establecidos en la ley 105 de 1890. (COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN 1927)
Quintín Lame representó no solamente las luchas por los derechos indígenas en
términos de propiedad territorial, también se comprometió con la representación de
ellos en las instancias políticas, especialmente en el Congreso. Lamentablemente los
resultados de sus ambiciones fueron realizables solo con el correr del tiempo, a finales
de la década de los setenta fue posible la eliminación de la terrazguería, y hasta la
Constitución de 1991 fue posible reconocer la participación de los pueblos indígenas en
el Estado colombiano, en particular en puntos críticos como la posesión de sus
territorios, conservación de la cultura, educación, participación en las Cámaras
Legislativas y derecho a ejercer su propio gobierno (TELLO 2004). Los argumentos de
Quintín Lame se desplegaron a través del Movimiento Lamista y siguen siendo hasta
hoy parte de las luchas de los indígenas por el respeto de los territorios ancestrales y las
pugnas contra las multinacionales petroleras y los productores de sustancias ilegales.
2.7.2.
María Cano y las reivindicaciones sociales : trabajadores y mujeres
María Cano (1887 – 1967) representa en la historia de Colombia la lucha por la
reivindicaciones de los trabajadores y las mujeres, pues a través de su vida desarrolló
una serie de actividades tendientes a la mejora de las condiciones de los trabajadores en
las empresas nacionales y multinacionales, y cambios en la mentalidad con relación al
papel de las mujeres en la sociedad.
Después de un proceso de acercamiento a la literatura, poco común para las mujeres de
una sociedad tan conservadora como la antioqueña, María Cano se interesa por lo temas
sociales y es así como a partir de 1923 introduce dentro de sus escritos este elemento.
Un ejemplo de ello, es su preocupación por la educación que se impartía a los jóvenes
en los centros de reclutamiento militar haciendo llamamientos a través de «El Correo
Liberal», publicación a través de la cual daba a conocer sus pensamientos de
transformación. El interés por darle prioridad a impartir una educación basada en la
necesidad de leer y el acceso a la literatura con propuestas como la creación de
bibliotecas públicas, le sirvieron como excusa y oportunidad para acercarse a los
126
obreros, artesanos, contratistas y maestros de obra para quienes leía con gusto las obras
que ellos mismos, por su analfabetismo, no podían disfrutar. La educación, como la
anotamos antes, además de ser un medio era un fin y por ello intensificó la búsqueda de
una educación popular.
La denominación «Flor del Trabajo» representaba en María Cano, no solo el acceso de
la mujer a los espacios reservados para los hombres, como el trabajo asalariado o el
mundo universitario, sino también la lucha por los intereses de los trabajadores. Dicho
acercamiento la llevó a visitar centros fabriles, talleres y cárceles, apoyada por
Margarita Cano y Alicia Adarve. Su trabajo se concretó a través de la formación de
sesiones con los trabajadores, comunicaciones a los empresarios y sobre todo el impulso
a la unión del obrerismo. Para dar a conocer sus ideas y propuestas organizaba
conferencias, recogía fondos a través de alcancías, diseñaba banderas y logos como la
bandera roja con tres ochos blancos que simbolizaban ocho horas de trabajo, ocho de
estudio y ocho de descanso, además escribía en el periódico «El Rebelde». Sus acciones
buscaban no solamente las reinvindicaciones de los trabajadores, también conformó el
Comité Pro-Presos y del Comité Departamental contra la pena de muerte y en defensa
de las libertades públicas.
Los obreros de la Tropical Oil Company fueron motivo de sus primeras intervenciones
en la plaza pública y sus enfrentamientos se dirigían al régimen conservador, a terminar
con la ignorancia y la explotación de los asalariados y a eliminar la voracidad de las
compañías “yankis” bananeras, mineras y petroleras. El Congreso la proclamó
oficialmente como «Flor del Trabajo» el 1° de mayo de 1925, el III Congreso Nacional
Obrero la nombró en 1926 dentro de sus directivas y trabajó intensamenre en la
liberación de los presos políticos y sociales, así como por el Partido Socialista
Revolucioanrio (PSR). En 1928 inició su campaña de solidaridad con Nicaragua frente a
la invasión de los EE.UU y se enfrentó a través del Comité de Lucha por los Derechos
civiles contra la denominada «Ley heroica» (VELÁSQEZ TORO. M. 1990). Ley 69 o
“Ley Heroica” fue propuesta por las élites conservadoras y los jeracas de la iglesia
católica, que reglamentaba la actividad obrera, y buscaba contrarestar la fuerza de los
sindicatos y la acción de las masas liberales impregnadas por el comunismo. La ley 69
de 30 de octubre de 1928 desconocía la legitimidad de los sindicatos, las luchas de
clases, y las huelgas así como todo tipo de divulgación de las mismas. El control y
cumplimiento de la ley recaía en manos de la vigilancia policial.
127
La Ley en el artículo 1o. prohibió “las asociaciones, agrupaciones u organizaciones de
cualquier clase que, como el bolchevismo y el comunismo, se propongan difundir ideas
que tiendan a extinguir o debilitar el sentimiento y la noción de patria; fomentar
atentados contra la organización constitucional de los poderes públicos o promover el
cambio de las instituciones, fomentar o provocar irrespetos, ultrajes o invectivas y el
menosprecio de la religión católica; propender por el relajamiento de la disciplina y la
moral del ejército, de la policía, de la gendarmería y demás cuerpos de vigilancia;
difundir ideas que atenten contra la institución de la familia; atacar la legitimidad del
derecho de propiedad; promover, estimular o sostener huelgas que no se ajusten a las
leyes”.
La ley fue sancionada por el Presidente de la República Miguel Abadía Méndez quien
correspondía a las presiones ejercidas especialmente por la United Fruit Company, la
cual precisamente ejecutaría una de las masacres más grandes y repudiadas en la
historia del país, contra sus trabajadores sindicalistas, conocida como la «Masacre de las
Bananeras» (1928). Las balas del ejército colombiano y la complicidad entre la
multinacional y el gobierno acabaron con la vida de los trabajadores que pacificamente
reclamaban por sus derechos laborales en Ciénaga (Magdalena - Colombia). Entre sus
exigencias se contaban la eliminación del sistema de contratistas que era la figura detrás
de la cual se escondía la multinacional para no cumplir otras peticiones como la
atención médica de los accidentes de trabajo, el descanso dominical remunerado,
habitaciones en condiciones higiénicas, atención hospitalaria, la suspención del pago de
salarios a través de vales y el derecho a un pago semanal acorde con el trabajo
realizado. Los historiadores y las versiones oficiales no han logrado dar aún cuenta de la
cifra exacta de personas, hombres, mujeres y niños que allí fueron masacradas.
(REVISTA CREDENCIAL HISTORIA 2005)
Tras estos sucesos María Cano es puesta en prisión y el Congreso Nacional Obrero
perdió su fuerza y desapareció paulatinamente. Posteriormente es expulsada del partido
Comunista pues la presencia de una mujer era considerada una amenaza dentro de los
obreros en la sociedad antioqueña. Sin embargo, participó activamente apoyando las
huelgas del Ferrocarril de Antioquia en 1934. Los movimientos sindicales la recuerdan
por su lucha por ocho horas de jornada laboral, el derecho a las prestaciones sociales,
vacaciones subsidios de maternidad, respeto al fuero sindical y soberanía nacional, y
por su parte los movimientos feministas le reconocería su papel de indudable valentía al
128
enfrentarse no sólo al poder político, social, religioso y económico, sino sobretodo a los
convencionalismos de una sociedad conservadora, católica y patriarcal donde el papel
de la mujer estaba rezagado al hogar y a la iglesia. (AYALA POVEDA, F. 2003, p.154)
2.7.3.
Jorge Eliecer Gaitán:
las reivindicaciones populares a través de la
política.
De Jorge Eliécer Gaitán abogado bogotano y político liberal se conoce que sus primeras
apariciones se desarrollaron en el año 1929 cuando encabezó las protestas contra la
hegemonía conservadora y la corrupción administrativa. Posteriormente al conocer las
noticias llegadas desde el departamento del Magdalena sobre la Masacre de las
Bananeras, asume como tarea propia el inicio de una investigación que además de
condenar la actitud inhumana del General Cortés Vargas, quien tuvo a su cargo la
decisión de disparar a los trabajadores que hacían su manifestación pacífica por sus
derechos laborales, denunciaba la violación de los derechos humanos y los problemas
que afectaban a los trabajadores de la multinacional. Con su denuncia logró la
liberación de los trabajadores puestos en prisión durante este hecho y los derechos de
las viudas y las familias de quienes allí perecieron.
Su posición lo llevó a ganarse la popularidad de la clase obrera y el reconocimiento de
las clases populares, quienes veían en él su única opción de representación política. Pero
no solo adeptos rodearon a Gaitán, también hubo contraventores de su propio partido
quienes lo observaban con preocupación, al ver cómo sus discursos y su popularidad se
reflejaban en votos que el liberalismo tradicional perdía, y por otro lado los
conservadores, quienes desde el poder buscaban desprestigiar y combatir con
argumentos y con armas los levantamientos propiciados por Gaitán los cuales
deterioraban la imagen del gobierno y desestabilizaban su perdurabilidad en el poder.
El mismo presidente Olaya Herrera encontró en Gaitán uno de sus principales
opositores y críticos, sin embargo, Gaitán pasaba de la palabra y los argumentos a la
acción y por eso sus críticas estaban acompañadas de propuestas y reformas
socioeconómicas catalogadas como de alto contenido socialista lo que le significó la
salida del partido liberal oficial y la posibilidad de crear con Carlos Arango Vélez la
Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR). A esta nueva concepción política
129
corresponde una organización ideológica y material, que permitía la participación activa
de los militantes a través de grupos y comisiones. Sin embargo, la fuerza pública y el
gobierno nacional y regional no gustaban de la idea de la expansión de las ideas
socialistas, por lo que sus reuniones y encuentros fueron fuertemente perseguidos y
observados con minuciosidad. Como alcalde de Bogotá, congresista, y ministro de
educación intentó por todos los medios legales introducir reformas para mejorar la
educación y las condiciones sociales y culturales de la ciudadanía, aunque sin éxito, lo
cual no le impidió desarrollar campañas de analfabetismo y eventos culturales. Entre
1943 y 1944 se desempeñó como ministro de trabajo, lo que le permitió conocer aún
más de cerca la realidad de la condición obrera a lo largo y ancho del país.
Su permanencía en el partido liberal oficial no significó el cambio de sus ideas, pues el
movimiento gaitanista permanecía integrado a la oficialidad liberal, manteniendo los
toques de socialismo y su consigna rezaba: «Por la Restauración Moral y Democrática
de la República». Para lograrlo Gaitán estaba convencido que era necesario derribar a la
oligarquía que se había apoderado del poder y entregarle éste al pueblo. Sus ideas se
difundieron no sólo en la plaza pública en su calidad de orador sino a través de la
publicación «Jornada». Gaitán busca la presidencia y lanza su candidatura en 1944, y en
1945 es proclamado como el candidato del pueblo, mas no como candidato oficial.
Gaitán diferencio en sus discursos el “país político” y el “país nacional” diciendo: «en
Colombia hay dos países: el país político que piensa en sus empleos, en su mecánica y
en su poder, y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura,
desatendidos por el país político. El país político tiene metas diferentes a las del país
nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!». Aunque sus aspiraciones
presidenciales fallaron, no así sus intenciones de contribuir al mejoramiento de las
condiciones del país en contra de las élites, la oligarquía y las maniobras políticas entre
conservadores y liberales. Su triunfo más importante lo constituyen las elecciones
legislativas del 16 de marzo de 1947 donde alcanzó una arrolladora mayoría, lo cual lo
llevó a la dirigencia del partido liberal, sin embargo, ello no fue garantía de que sus
proyectos del ley fueran aceptados.
La situación de violencia, especialmente en las zonas rurales desatada por la
persecución y producto de la ley heroica, entre otras medidas, llevó a Gaitán a organizar
la «Manifestación del Silencio» el 7 de febrero de 1948, que contó con más de cien mil
personas en la Plaza de Bolívar en Bogotá y en Manizales, en la primera pronunció la
130
«Oración por los Humildes», en honor a los liberales asesinados. Estas manifestaciones
sirvieron como plataforma para denunciar las atrocidades y las constantes violaciones
de los derechos humanos en todos los rincones del país. Pero la marcha al contrario de
su cometido, provocó el rechazo de los políticos tradicionales y generó que para la
inauguración de la IX Conferencia Panamericana en Bogotá, Gaitán fuera excluído de
participar, hecho que generó aún mayores brotes de resistencia civil y aumentó la
violencia rural y urbana.
Después de 60 años del asesinato del Gaitán, aquel 9 de abril de 1948 no se conoce sino
el nombre del autor material Juan Roa Sierra, asesinado a su vez por la turba enardecida
de los seguidores de Gaitán, pero no así los responsables intelectuales de un magnicidio
que marcaría el inicio de una nueva ola de violencia. Las denuncias, los memoriales de
agravios y la vocería de los problemas que aquejaban a las clases populares,
trabajadoras rurales y urbanas degeneró en un episodio que continuaria vivo y presente
en la memoria del país.
Gaitán murió sin ser presidente, pero con el convencimiento de que los partidos y los
manejos autoritarios del poder serían la causa de los males y la violencia en el país.
Después de su muerte sus seguidores fueron preseguidos por la policía nacional y
masacrados por los diferentes rincones del país, muchos de ellos terminaron
organizando las guerrillas de cuyos vestigios hoy podemos encontrar señales. (ALAPE,
A, 1993; MARIN TABORDA, I. 2004)
2.8.
ALIANZA POLÍTICA COMO ESTRATEGIA PARA ALCANZAR LA
PAZ: EL FRENTE NACIONAL.
Como consecuencia directa de la violencia política de los años 40 y 50 evidenciada en
las guerras civiles y la profunda inestabilidad política, social y económica, surge la
necesidad de generar las transformaciones que darían la paz al país y le permitirían de
esa manera el progreso integral.
Para tal fin se reunieron en la ciudades españolas de Benirdom y Sitges, por el partido
conservador Lauerano Gómez (1889- 1965) y por el partido liberal Alberto Lleras
Camargo (1906-1990) para firmar el 24 de julio de 1956 el Acuerdo de Benidorm y el
20 de Julio de 1957 el Pacto de Sitges. Como resultado de dichos acuerdos se convocó
131
un plebiscito nacional (1° diciembre 1957) que tenía como objetivo conocer la voluntad
del pueblo colombiano con relación a la formación del Frente Nacional (1958-1974).
En síntesis, el Frente Nacional buscaba superar la crisis política de los partidos, la
consolidación de una estabilidad económica y social dejando atrás la época de la
Violencia desintegrando los grupos armados ilegales y propendiendo por el desarrollo
económico (AYALA DIAGO, C.A. 1999) (BIBLIOTECA LUIS ÁNGEL ARANGO
2005). Dentro de los acuerdos se establecia la paridad y alteridad de los partidos
políticos tradicionales (liberal y conservador) en el poder durante un período de 16
años, eliminando paralelamente la violencia entre los simpatizantes de los partidos que
había azotado al país desde 1948, y caracterizada por los movimientos de resistencia
liberal, las guerrillas del llano, el bandolerismo y los focos de insurgencia armada del
comunismo. (AYALA POVEDA, F. Op. cit., p. 226)
Sin embargo, la alianza no tuvo en cuenta a la totalidad de los miembros de los partidos
sino que le posibilitó a quienes detentaban el poder, pero excluían a algunas fracciones
internas de ambos partidos, lo que significó desperdiciar la oportunidad de aprovechar
las diferencias y oposiciones políticas ideológicas, que hubiesen constituído la
verdadera base para la consolidación de la paz, basada en la concertación de las ideas y
en la tolerancia de las diversas posiciones. La alianza significó más que nada una
adaptación de los partidos a las exigencies generales con el fin de no perder los
privilegios adquiridos. Fue precisamente esta falla metodológica que también excluía a
las bases de los partidos e ignoraba las necesidades surgidas de la ciudadanía, la que
generó la aparición de nuevos fenómenos como la violencia social, la represion
selectiva, la exclusión, la desintegración, la corrupción, y una desilución generalizada,
frente a las expectativas generadas por la alianza. (AYALA DIAGO, C.A. Op. cit)
La manera de comprender los fenómenos violentos previos a la formación del Frente
Nacional, determinaron las acciones y las estrategias de pacificación posteriores. Había
una diferencia entre considerar la violencia como una Guerra civil con rasgos de brote
de criminalidad, que implicaba una reacción represiva, o entenderla como producto de
una contienda civil que surgía como consecuencia de las animadversiones partidarias y
otras causas socieconómicas, que a su vez significaría encontrar salidas concertadas y
de conciliación. La primera opción fue la escogida, y ello significó un viraje en la
búsqueda de la paz y en el desarrollo del imaginario del respeto a los derechos
humanos, e impidió llevar a cabo medidas que permitieran la reconciliación social y la
132
búsqueda de soluciones concertadas para darle vitalidad al sector productivo afectado
por la violencia y encontrar las estrategias viables para una adecuada reforma agraria,
que posibilitara la recuperación de las tierras perdidas en manos de la criminalidad.
(SÁNCHEZ GÓMEZ, G. 1990)
Durante el Frente Nacional aparecen entonces los primeros movimientos de autodefensa
sindical y campesina, los ejércitos de liberación nacional, y aumentan las
manifestaciones populares contra las medidas adoptadas bajo la figura del Estado de
Sitio. Esta constelación muestra que a pesar de las intenciones de alcanzar la paz que
llevaron al acuerdo político de Benidorm y el pacto de Sitges, tras el Frente Nacional se
inicia una nueva etapa de la violencia y en ella se desatan las antiguas luchas por la
reivindicación de los derechos, y los grupos sociales, económicos, políticos y étnicos se
enfrentan con otros argumentos ideológicos, y de hecho la violencia en Colombia se
transforma en un fenómeno de alta complejidad.
2.9. CONCLUSIONES
En el capítulo anterior fue posible reconocer los procesos de discusión filosófica,
teológica y económica que dieron paso a la conceptualización de los derechos humanos
y sus implicaciones para el desarrollo de las sociedades en la búsqueda de la paz y el
entendimiento entre los pueblos. Sin embargo, y como se puede reconocer a lo largo de
este capítulo existen coyunturas especiales enmarcadas en intereses de tipo económico y
de manejo del poder, que han servido de hilo conductor en la historia latinoamericana y
especialmente colombiana, para comprender, asimiliar e implementar los procesos
legales y sociales que consoliden la igualdad, la solidaridad y la fraternidad deseadas.
La comprensión de los derechos humanos en Colombia se ve entonces influida por el
proceso de conquista y colonización europea y las discusiones que alrededor de su
legalidad se desarrollaron. La iglesia y las argumentaciones religiosas, especialmente de
la iglesia católica sirvieron como excusa para el cometimiento de actos de violaciones
de derechos fundamentales, es así que en nombre de la cristianización, se llevaron a
133
cabo procesos de colonización que paralelamente permitieron el enriquecimiento
económico de los colonizadores y la humillación y degradación de los indígenas y
posteriormente de los esclavos africanos. Sin embargo, la misma iglesia católica contó
también con fracciones que se oponían a estas prácticas y que contribuyeron en su
accionar a reivindicar los derechos de las poblaciones vulneradas y servir de mediadores
frente a las instancias de más poder, para realizar las modificaciones necesarias, que
permitieran reconocer en los pueblos americanos, a seres humanos con iguales derechos
y libertades que las ya reconocidas a los pueblos occidentales, especialmente europeos.
Es indudable también que la Ilustración en Colombia adquirió otros significados, pues
mientras las discusiones ya habían sido en muchos casos superadas en Europa, en
América Latina adquirian una nueva fuerza, y se encaminaban a romper con otros
paradigmas que involucraban ya no solamente las diferencias filosóficas, sino que
ponían a prueba su legitimidad en la práctica. El acceso a la información y a dichas
discusiones, y la posibilidad que tuvo una pequena parte de la élite de acceder a ella,
facilitó la reflexión interna y le dió las armas intelectuales a los criollos, indígenas,
esclavos africanos y población en general, para alzar sus voces y tomar decisiones que
cambiaran sus condiciones de vida. Esa conjugación entre el compromiso asumido por
parte de algunos sectores de la iglesia, combinado con el acceso a libros, documentos,
periódicos, y discursos, significó que la libertad y lucha por el reconocimiento de los
derechos fuera un proceso democrático, en el que cada sector buscaba ante todo
identificarse como grupo, identificar las violaciones a sus derechos, consolidar
discursos y tomar acciones concretas. La educación y el uso de la imprenta, fueron
entonces elementos que contribuyeron a la reivindicación de los derechos de todos los
grupos poblacionales.
Esta influencia no se limitó a un período de tiempo sino que ha sido una constante en
las luchas posteriores y siguen sirviendo hasta nuestros días para dar legitimidad a todo
tipo de reivindicaciones. Sin embargo, es de anotar también, que precisamente el
manejo de esos discursos que más adelante formaron parte de los procesos de
consolidación de las ideologías de los partidos políticos, se han alimentado de intereses
de orden económico y político, que ha impedido una verdadera conciliación de una base
de respeto a los derechos de los individuos independiente de su origen. Al parecer, el
problema de la limpieza de sangre y la pertenencia a una élite, continuan siendo hasta
nuestros días un obstáculo para alcanzar la paz, pues mientras los discursos traducen las
134
necesidades de la sociedad y de los excluídos con fines electorales, en la práctica la
reivindicación de los derechos se realiza de manera lenta o no se realiza.
La incongruencia entre los discursos, entendidos estos como leyes, constituciones, y
reformas y las vivencias cotidianas a las que se enfrenta el ciudadano del común sirve
como motor de desigualdades y como gestor de divergencias que no han sido saldadas.
Sin contar con los antecedentes entonces de la época de la colonización y conquista, la
violencia y todas sus consecuencias humanas, económicas, políticas y sociales han sido
vividas por más de tres generaciones, que no han podido aún encontrar procesos
conciliatorios que reconozcan la igualdad ante la ley y la justicia, que faciliten la
conciliación en medio de las divergencias y que permitan que se lleven a cabo procesos
de justicia y reparación.
La memoria histórica entonces permite identificar en estos procesos los elementos
reiterativos y que no han logrado despejarse en las ecuaciones de desigualdad y de
violencia en todas sus manifestaciones.
Trabajadores, indígenas, afrocolombianos y mujeres continuan hasta hoy luchando por
la reivindicación de sus derechos, por alcanzar un reconocimiento social, político y
como ciudadanos, seres sociales y políticos, con una voz que les permite decidir sobre
sus destinos y un accionar que les permite participar activa y proactivamente en el
desarrollo integral del país.
Divergencia y acomodamiento de los discursos con fines específicos que favorecen a
sectores limitados de la sociedad, deben ser entonces los dos elementos que sirvan de
hito para la reflexión acerca de las reivindicaciones de derechos en la actualidad y el
papel de la educación, de los medios y de las instituciones, como la iglesia en el logro
de los objetivos.
Al finalizar el siglo XX y comenzar el XXI diversas iniciativas gubernamentales,
privadas y eclesiásticas nacionales e internacionales han intervenido con diversas
propuestas que propenden por la defensa de los derechos humanos y la terminación de
los conflictos bélicos en Colombia. Medidas que abarcan el campo legal, como las leyes
de amnistía, el indulto, procesos de reinserción y las diálogos entre representantes del
gobierno y los grupos alzados en armas, hasta mediaciones particulares y de la iglesia y
reformas socioeconómicas, no han logrado hasta nuestros días, sellar el capítulo de la
violencia que se abrió en Colombia y que ha quedado como parte de la biografía de
135
varias generaciones. Corrupción, narcotráfico, magnicidios, paramilitarismo, terrorismo,
secuestros, masacres, milicias urbanas, rurales y populares se convierten en nuevos
componentes que degeneran e imposibilitan el logro de las reinvindicaciones, y que
durante más de 50 años han adquirido un matiz de deslegitimización de los gobiernos y
sobre todo el resquebrajamiento de la democracia.
La lucha por las reinvindicaciones sociales en Colombia continua y sería una tarea
propia de otra investigación dar cuenta de los procesos de paz y las iniciativas de
reconciliación en el país. Sin embargo, se hace válido y necesario reconocer algunos
puntos de partida históricos como los que hemos visto en este capítulo que nos
permiten, sin lugar a duda, entender y comprender los procesos contemporáneos.
136
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3 . SITUACIÓN GENERAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN COLOMBIA
“Es la amnesia la que hace que la historia se repita como pesadilla. La buena memoria permite
aprender del pasado, porque el único sentido que tiene la recuperación del pasado es que sirva
para la transformación del presente.”
(GALEANO, E. 1996)
3.1 VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA: DETERMINANTE DE LOS DERECHOS
HUMANOS
La violencia en Colombia es un fenómeno analizado desde diversas perspectivas
disciplinarias y a través de procesos dinámicos de larga duración, pues sus efectos y
consecuencias han influenciado la vida cotidiana de los individuos y el desarrollo
integral del Estado durante más de tres generaciones tanto en el área urbana como rural,
y en la conciencia colectiva de los ciudadanos. Aunque Colombia es considerado uno de
los países más violentos del mundo y con uno de los conflictos internos más antiguos,
también cabe anotar que no se puede hablar de una sola Violencia, pues si bien hay
elementos que como veremos en este capítulo se presentan como coincidentes con otros
en el pasado o que persisten en el presente, hay otros que se han reestructurado tomando
nuevos matices de acuerdo a las coyunturas políticas, económicas, sociales y culturales
y a estructuras y protagonistas particulares. “Parecería que nuestra violencia es un
demiurgo, una esencia, capaz de producir su propia realidad y aparecer con distintos
ropajes” (CAMACHO GUIZADO, A. 1991, p. 23)
La violencia por sí sola es definida (DEAS, M. y GAITÁN DAZA, F. 1995, pp. 181 –
182) desde las ciencias sociales, como la presencia de estructuras económicas violentas
por ejemplo, la concentración de la propiedad rural, la desigual distribución del ingreso,
o el fenómeno del desempleo. La psicología, clasifica la violencia a partir de fenómenos
cotidianos presentados en el hogar o en las relaciones entre los individuos como el
consumo de psicoactivos o la violencia intrafamiliar. La sociología, hace referencia a
fenómenos sociales o grupales como las segregaciones urbanas o la agresividad en la
forma de vestir. Gaitán Daza define la violencia así: “Violencia es hacer daño físico
145
mediante el uso de instrumentos o en evidente superioridad física cuando ese acto no es
necesario para la esctricta supervivencia” (Ibid., p. 184). Por otro lado, la Violencia
políticosocial es entendida como aquella ejercida por personas, organizaciones o grupos
particulares o no determinados, motivados por la lucha en torno al poder político o por
la intolerancia frente a otras ideologías, razas, etnias, religiones, culturas o sectores
sociales, estén o no organizados. También se registran como hechos de violencia
político-social algunas prácticas excepcionales de actores armados no estatales, que no
pueden tipificarse como violaciones a los derechos humanos, pues sus autores no
pertenecen al polo estatal ni para-estatal, ni tampoco como infracciones al Derecho
Internacional
Humanitario,
ya
que
no
están
tipificadas
allí,
aunque
son
indiscutiblemente hechos de violencia determinados por móviles políticos. La
clandestinidad de los autores estatales o para-estatales de los crímenes impide la
tipificación como violaciones de derechos humanos, en otras ocasiones porque se
identifica como autores a particulares sin vinculación alguna con agentes del Estado o al
menos ésta no es comprobable en ninguna medida (CINEP Octubre 2008, p. 20).
Corresponde a este capítulo describir con una mirada general aquellos aspectos de la
violencia sociopolítica que determinan la violación de los derechos humanos en
Colombia. Para ello, es necesario reconstruir algunos hechos que son cimiento de los
acontecimientos que hasta nuestros días afectan a la sociedad colombiana, y que son
esenciales para la reconstrucción política y moral del país.
Los análisis de la violencia en Colombia se han evidenciado incluso a través de la
literatura58, que antes que las ciencias sociales dio cuenta de los fenómenos violentos,
especialmente en las zonas rurales, desde una perspectiva que limita entre la ficción y la
realidad. Esta base literaria es a su vez susceptible de ser utilizada de forma pedagógica
en el quehacer educativo, con el propósito de dar a conocer los sucesos que se han
desarrollado en la historia colombiana, desde una mirada más humana y más
relacionada con los individuos. Estos hechos documentados novelísticamente
evidenciaran la necesidad de un diagnóstico de la realidad, especialmente en las zonas
más apartadas del país. Para contribuir a ello se organizaron en el pasado grupos
integrados por civiles, eclesiásticos y militares quienes dieron un informe de los hechos
58
Autores como Fernando Gaitán Daza son sin embargo de la opinión que a pesar de su presencia, la
novela colombiana tuvo poco desarrollo en el período colonial y durante el siglo XIX y que en el país
tuvo una mayor representación la poesía, lo que no sería del todo un buen indicador de la presencia o no
de la violencia. (DEAS, M. y GAITÁN DAZA F. Op. cit., p.186)
146
acaecidos en la decenio de los 50 denominada “Comisión Investigadora de las Causas
Actuales de la violencia” en 1958. El entonces presidente de Colombia Lleras Camargo
informó sobre la tarea de la Comisión: “La obra de la Comisión que ha venido
estudiando las causas de la violencia y las medidas aconsejables para la rehabilitación
de las comarcas asoladas es para el gobierno una orientación cuyo valor no podríamos
exagerar (...) mi impresión es la que por primera vez en diez a años se ha tocado el
fondo mismo del problema social, político, económico y moral de esa tragedia
inenarrable” (Informe radial del Presidente Lleras a la Nación, Septiembre 29 de 1948
en : GUZMÁN CAMPOS, G. En : FALS BORDA, O. 1988, pp.111-112)
Posteriormente se organizó la Oficina Nacional de Rehabilitación y la serie de
publicaciones
de
índole
científico,
específicamente
psiquiátrico,
denominada
“Radiografía del Odio en Colombia” que fue organizada por psicólogos, antropólogos,
sociólogos y un sacerdote. Sobresale por su carácter interdisciplinar el trabajo
monográfico que la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia
desarrolló por encargo de la Fundación para la Paz, a través de un trabajo que combina
el análisis sociológico y la literatura descriptiva e ilustra los procesos del conflicto y la
violencia, cuyas labores fueron a su vez enriquecidas con el apoyo de mesas redondas
regionales donde se discutieron sus resultados. (Ibid., pp.12-18)
Seguidamente se tendrán en cuenta el análisis descriptivo realizado por dicha Comisión
para comprender la violencia en Colombia, específicamente la primera etapa de la
violencia enmarcada en la lucha de poder y las confrontaciones políticas, que
propiciaron el desarrollo de nuevas formas de violencia en el pasado y que en alguna
forma persisten o coinciden con hechos en la actualidad.
3.1.1. Violencia Política en Colombia 1930- 1958
El Siglo XX en Colombia estuvo caracterizado por la intensidad de las Guerras Civiles,
especialmente la llamada Guerra de los Mil Días (1899-1902), la cual se destacó a su vez por la
insurrección generalizada en numerosos municipios, la formación de bandas y grupos
guerrilleros, que tuvieron como consecuencia el aumento de delitos como el robo y el saqueo
con motivos políticos. 18 años de guerra acompañaron la historia colombiana entre 1821 y
1902, y junto con la promulgación de 42 Constituciones, la inexistencia de un ejército y una
147
policía nacionales, sirvieron de marco para la propagación de las revueltas locales y las
nacientes guerras civiles (DEAS, M. y GAITÁN DAZA, F. Op. Cit. 1995, pp. 199 – 202). A
dicho período le sucedió la denominada por Gaitán Daza, “baja violencia” (1902-1945) cuyo
suceso más destacado es la Matanza de las Bananeras (1928). Los años treinta comienzan con
los enfrentamientos políticos por el poder entre los partidos liberal y conservador (Ibid., p.206).
Guzmán Campos reconoce en la denominada época de la Violencia los siguientes procesos:
§
el proceso iniciado en 1930 especialmente en los departamentos de
Boyacá y los Santanderes cuyas causas pueden encontrarse en los rezagos de la
Guerra de los Mil Días así como el cambio presidencial de Miguel Abadía
Méndez (1926-1930) del partido conservador durante el cual se llevó a cabo la
«Masacre de las Bananeras», a Enrique Olaya Herrera (1930-1934) quien
pretendía incluir dentro de su gobierno a conservadores y liberales, sin
embargo, su objetivo derivo en la lucha rural por los cargos burocráticos entre
miembros de ambos partidos, lo que significó una guerra cruenta y la
persecución continua, así como la perpetración de actos de horror y la
consolidación del sectarismo político. En el decenio correspondiente a los años
20 y el que le sigue, los 30, se caracterizaría también por la presencia de
conflictos agrarios relacionados con la propiedad de la tierra, referente a las
condiciones de trabajo en las haciendas, la tenencia y propiedad de la tierra por
el cuestionamiento de los títulos de propiedad, y por las disputas con las
comunidades indígenas, por ejemplo la defensa de las tierras de los
resguardos59. Las reinvindicaciones en torno a la tenencia de la tierra sentaron
las bases para la creación de ligas y sindicatos campesinos e indígenas, que
posteriormente se verían influenciados por el pensamiento socialista o del
agrarismo revolucionario, a través de métodos de reclutamiento ideológico
desplegados en un principio por el Partido Socialista Revolucionario, el Partido
Agrario Nacional de Erasmo Valencia, la Unión Nacional de Izquierda
Revolucionaria (UNIR), y que continuaría a lo largo de la historia con Gaitán, y
el Partido Comunista. (GILHODÉS, P. 1988, p. 35 cit. en : PIZARRO
LEÒNGOMEZ, E. 1989, pp. 8-9)
Posteriomente el 7 de agosto de 1946, llamado también por Gaitán Daza como “Alta
Violencia”y que abarca hasta 1965, es un período caracterizado por la llegada al poder
presidencial el conservador Mariano Ospina Pérez (1946-1950), durante cuyo gobierno
se intensifican los enfrentamientos y persecuciones entre conservadores y liberales. La
situación económica del país y la influencia de las ideas comunistas60 desembocan en el
desarrollo de los sindicatos de transportadores, del sector de las comunicaciones y del
petróleo, cuyas huelgas y paros solidarios fueron considerados por el gobierno como
una amenaza a la estabilidad del país en materia política, económica y social. Sin
embargo, durante el período es notorio el desconocimiento o subestimación del
conflicto interno durante el cual surgió el grupo denominado “pájaros”, constituido por
conservadores que realizaban las persecuciones a los seguidores del partido liberal. La
expansión de la agricultura capitalista y el latifundio tradicional son las dos
consecuencias más evidentes de la dichas persecuciones (ZULETA, E. 1991, p. 122). La
utilización de la policía incrementó la violencia, la corrupción y la inoperancia del
59
Originada en la época de la colonia española en América, esta institución legal conforma un territorio
regido por un estatuto autónomo en sus directrices y tradiciones culturales, que además reconoce el
derecho de propiedad a una comunidad o colectivo dada por su ascendencia.
60
Se considera que el marcartismo en Colombia contribuyó con el auge de la violencia debido a la
persecución a los comunistas (DEAS, M. y GAITÁN DAZA F. Op. cit. p. 209).
148
sistema judicial propiciaron no solamente la delincuencia común y el uso del asesinato
en algunos casos para acceder a menos costo a propiedades rurales sino también la
impunidad, todo ello con la influencia evidente de la Iglesia católica y los párrocos
especialmente en las zonas rurales donde incitaban a la violencia a través de injurias y
tropelías dirigidas a la familia y que buscaban la venganzas de sangre (DEAS, M. y
GAITÁN DAZA, F. 1995, pp. 209 – 210) (URIBE HOLGUÍN, 1990 En : CAMACHO
GUIZADO, A. 1991, p. 25).
Continuando con esta línea de violencia en 1948 persisten los eventos violentos entre
los partidos, especialmente en las zonas rurales de los Santanderes y Boyacá, y algunos
brotes en otros departamentos donde el gobierno declara el Estado de Sitio. La partición
de la prensa es decisiva, pues sus comentarios incendiarios a favor de uno u otro partido
constituyeron una fuente constante de motivación para los actos violentos. Además de
las luchas por los derechos laborales y los atentados contra la infraestructura petrolera y
de comunicaciones. Otros sucesos marcaron éste período pues, el 4 de febrero es
convocada la marcha del silencio por parte de Jorge Eliecer Gaitán con el ánimo de
llamar la atención sobre la necesidad de retomar las riendas de la paz, famosa fue su
oración por la paz. En el 48 también se realiza la IX Conferencia Panamericana en
Bogotá, a la cual asistieron el entonces General de los Estados Unidos George Marshall,
acto que se vio amenazado por actos terroristas. Precisamente ésta fue la última
aparición política de Jorge Eliecer Gaitán al mostrar su rechazo a los intentos por
sabotear dicha conferencia. El 9 de abril de 1948 es asesinado Gaitán en Bogotá, sin
embargo, las secuelas del magnicidio alcanzaron las regiones más apartadas y
degeneraron nuevos procesos violentos que son más conocidos en la historia de
Colombia como la «época de la Violencia», de la cual se reconocen cuatro etapas: 1. La
creación de la tensión popular (1948-1949). 2. La primera ola de violencia (1949-1953).
3. La primera tregua (1953-1954). 4. La segunda ola de la violencia (1954-1958) y 5. La
segunda tregua 1958 (GUZMÁN CAMPOS, G. En : FALS BORDA, O. Op. cit., pp. 23
-37).
La creación de la tensión popular (1948-1949). Significa la polarización de las luchas
por las reivindicaciones de ambos sectores, por un lado el político y gubernamental que
tenía como metas la reorganización del gobierno y el ejército, el fortalecimiento
electoral y la eliminación de los grupos enemigos; y por otro lado quienes buscaban la
retaliación y la venganza por los actos sanguinarios que acabaron con la vida de los
dirigentes populares, a través de la resistencia a las formas antidemocráticas, motivadas
por la pasión sembrada en los decenios anteriores. Los campesinos se convierten en el
instrumento utilizado y manipulado por las élites de los partidos y los gamonales
regionales para conseguir el poder. Sin notarlo, los campesinos además de las
motivaciones antes mencionadas, ahora tenían la opción de combatir a través de las
armas, y ésta fue la opción que tomó entre otros Pedro Antonio Marín Marín alias
“Tirofijo” quien hasta el 2008 se desempeñó como jefe militar de la guerrilla más
antigua del mundo las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC-EP. Alias “Tirofijo”,
considerado el guerrillero más veterano del mundo, se fuga de la Penitenciaria de
Ibagué tras el asesinato de Gaitán y se reúne con otros campesinos para luchar por la
reivindicaciones que el dirigente asesinado había pagado con su vida y por la necesidad
de luchar contra otra fracción del escenario violento, los llamados “Chulavitas” o
policías que fueron reclutados en principio por gamonales cerca a la vereda de ese
mismo nombre en Boyacá. Los promotores de la violencia en las urbes no alcanzaron a
imaginar las consecuencias funestas de su participación intelectual en los sucesos que
acaecían en las zonas rurales.(Ibid., pp. 39 – 43)
149
La primera ola de violencia (1949-1953)
”El raciocinio es monstruoso, pero de una macabra elementalidad: los conservadores
sostienen al gobierno que hace la violencia, luego deben ser aniquilados; los liberales
hacen la revolución contra el gobierno conservador, luego deben ser aniquilados (...) Se
subestimó malignamente la dinámica del crimen y el crimen asfixió al país”
(GUZMÁN CAMPOS, G. Op. Cit. p. 96)
En el marco de las elecciones presidenciales de 1949 la exclusión violenta del partido
liberal y las fracciones comunistas, la persecución de los mismos por parte de la policía
y la declaración de resistencia civil por parte del partido liberal, constituyeron las
estrategias políticas más radicales. Es así como frente al asesinato de Gaitán, el
candidato liberal Darío Echandía deja sus intenciones para la presidencia y el
conservador Laureano Gómez se constituye en candidato único, lo que le significó a la
postre su triunfo en las elecciones. Previamente los voceros del partido liberal habrían
denunciado la ilegitimidad y las irregularidades que habrían llevado al poder a los
conservadores.
Mientras tanto en las zonas rurales se desataba una persecución por parte de los policías
y miembros del cuerpo de seguridad encargados por el gobierno de aniquilar a los
enemigos liberales, lo que desembocó en los primeros exilios regionales, masacres,
magnicidios, incendios, fusilamientos, represión en el campo y la ciudad, atropellos,
robo de animales, y violaciones. Sus víctimas se organizaron en una resistencia civil,
que buscaba ante todo crear grupos de auto-defensa frente a los atropellos incesantes. Es
así como la única opción de muchos campesinos era ingresar a los grupos guerrilleros
cuyo propósito era defender a la ciudadanía de los atropellos organizados por el
gobierno.
Varios pueden considerarse factores que propiciaron el desarrollo de los conflictos
violentos en Colombia, uno de ellos fue la migración de colonos que buscaron durante
el siglo XIX y XX a lo largo y ancho de país acceder a los territorios productivos en
términos económicos y que degeneraron en encuentros que en muchos casos terminaron
en procesos de luchas regionales entre los colonos y los habitantes las zonas cercanas a
los territorios colonizados.
Un segundo elemento, lo constituye la participación de los terratenientes en la lucha por
los territorios utilizando estrategias hostiles que involucraban a los campesinos pero que
al tiempo los afectaban directamente, es decir como victimarios y víctimas.
150
La presencia de los indígenas en muchas regiones del país, y su derecho sobre la tierra
desde tiempos ancestrales representaba un obstáculo para los objetivos de terratenientes,
por lo que fueron y son hasta nuestros días víctimas de hostigamientos que los llevaron
a abandonar sus tierras, pero que también los motivaron a luchas por sus derechos a
través de reivindicaciones organizadas como fue el caso de los grupos que siguieron los
lineamientos propuestos por el jefe indígena Manuel Quintín Lame en relación a la
lucha por la tierra, que en su esencia fueron las mismas que utilizaban las Ligas
Campesinas en la lucha entre campesinos y arrendatarios. Indudablemente los choques
entre poseedores y desposeídos se extiende a organizaciones como el caso de miembros
de la iglesia y que le dio el sentido de guerra entre los individuos. Las confrontaciones
fueron incentivadas indirectamente por la parcialización, la acción punitiva de las tropas
y la impunidad promovida desde las autoridades competentes, generó un escenario
propicio para la utilización de mecanismos y estrategias de “guerra” que no
corresponden a una confrontación con una posible solución. (Ibid., pp. 48 - 50)
La delincuencia se convierte en un factor paralelo de las luchas legítimas por la tierra y
desenfrenadamente se desatan hechos que agudizan la magnitud y efectos sociales,
económicos y políticos del conflicto (GUZMÁN CAMPOS, G. 1988, p. 53).
De igual manera, la dinámica política regional propiciaba el caudillismo, cuyos
protagonistas impulsaron procesos de disputas entre los ciudadanos aprovechando la
coyuntura de crisis originada por las posiciones radicalmente partidistas que se
agravaron después del magnicidio de Gaitán. Paralelamente, los procesos de luchas
sindicalistas y la reciente masacre de las bananeras dieron origen a grupos
revolucionarios entre ellos el movimiento de los bolcheviques, que a pesar de tener
causas justificadas y una interpretación regional de los procesos revolucionarios
moscovitas, no tuvo éxito debido a su falta de legitimación entre la población. (Ibid. pp.
54 – 55)
El escenario crítico y violento en el que se intentaron desarrollar las reivindicaciones
sociales de campesinos e indígenas y las luchas entre los miembros de los partidos, fue
propicio para los terratenientes, en la medida que pudieron apoderarse de grandes
extensiones de territorio a través de mecanismos violentos. La flagelación, la tortura
(incineración de víctimas en vida), masacres y los asesinatos selectivos con lista en
mano, afectaron incluso a las mujeres, ancianos y los niños, quienes no han sido
excluidos a lo largo del conflicto colombiano. Además algunos propietarios fueron
151
despojados de sus bienes a través de incendios, violaciones, genocidios, crímenes
atroces, cuatrerismo, todo lo que generó simultáneamente deseos de venganza que eran
materializados de hecho con posterioridad. (GUZMÁN CAMPOS, G. Op. Cit. pp. 5658)
Los bandos han sido divididos entre quienes estaban a favor del gobierno y los
reaccionarios de las agrupaciones guerrilleras. Sin embargo, la participación de la fuerza
pública, militares y especialmente policía representada en una serie de actuaciones de
insubordinación, y el cometimiento de saqueos, robos y agresiones a la población,
especialmente en las zonas rurales, en muchos casos, con la observancia pasiva de
alcaldes, corregidores e inspectores de policía era evidente. La desconfianza hacia los
representantes de la fuerza pública, a pesar de ser generalizada, no tenía la misma fuerza
hacia los militares comparativamente, pues estos policías habían hecho méritos a través
de sus acciones para hacerse a la prevención y desconfianza de los ciudadanos. (Ibid., p.
66)
En zonas como en los Llanos orientales las poblaciones a pesar de las diferencias que
los caracterizaban a nivel económico y social, unieron sus fuerzas para evitar los
atropellos cometidos contra sus bienes y su existencia (GUZMÁN CAMPOS, G. 1988,
p. 65). La solidaridad naciente se vio interrumpida cuando los terratenientes se
enfrentaron en las luchas revolucionarias que emprendió la población en la
reivindicación de sus derechos, pues si el dominio territorial y económico era
amenazado, se requería darle a esos campesinos una nueva denominación :
“bandoleros”, quienes sobre todo se oponían a las intenciones de pacificar a través de
todos los medios y para proteger el sector ganadero, de esa manera se generalizó la
estigmatización y la mentalidad con características punitivas. (Ibid., p. 71)
La persecución a los guerrilleros a su vez, provocó el abarrotamiento de las cárceles y la
aparición de muertos en los caminos y los asesinatos selectivos se hicieron más
frecuentes a causa del incumplimiento de las promesas y de los salvoconductos
otorgados como garante para alcanzar la paz. (GUZMÁN CAMPOS, G. Op. Cit. pp. 67
– 68) Los terratenientes y ganaderos se ven enfrentados a la necesidad de colaborar
impulsando económicamente los cuerpos de persecución y exterminio de los
“bandoleros”, es decir los llamados grupos “anti-guerrillas” o “guerrillas de paz”, cuyo
objetivo central era combatir los activistas subversivos especialmente en los Llanos
orientales colombianos. Los grupos constituían un cuerpo organizado de forma parecida
152
al ejército pero con connotaciones civilistas, pues contaban con una jerarquía y
adiestramientos de tipo militar pero con una disciplina laxa, y en ellos participaban
habitantes conocedores de la región. Su organización le permitió acercarse a los
habitantes y comprometerlos en su causa, difundiendo la idea de una posible retaliación
por parte de los revoltosos, asimismo, elaboraron censos que les permitieron, además de
controlar los movimientos de los individuos, la realización de listas de prisioneros,
cabecillas, agentes, estafetas, fuentes, bases de almacenamientos y paradero de las
familias de los guerrilleros, lo que a su vez significó el ejercicio de prácticas de
“limpieza social” de sospechosos. Su accionar corresponde a estrategias que están
enfocadas a la destrucción de las bases y de la organización de los llamados bandoleros.
Su crueldad es muestra de la ausencia de las instancias militares en las poblaciones
rurales; así las leyes y el accionar que de ellas se derivan correspondieron más a
medidas regionales y abusos de poder local que a lineamientos institucionales y
nacionales. (Ibid. pp. 72 – 74)
Por su parte los llamados “chusmeros” ex-policías colaboran a los ganaderos en
ocasiones en una actitud que podría denominarse mercenaria, con el exterminio de
pobladores que estorbaban sus intereses, sin embargo, para eliminar cualquier testigo de
ello, los ganaderos colaboraban a los militares entregándoles a quienes en el pasado
habían servido a sus intereses. El exterminio de los habitantes en zonas como los Llanos
Orientales, desataron un tipo de violencia bárbara manifestada en hechos como el robo
de ganado, masacres, incendios, asesinatos, bombardeos, exacciones monetarias,
sadismo entre otras atrocidades. (GUZMÁN CAMPOS, G. 1988, pp. 79 – 81)
Sin embargo, no solamente los Llanos fueron testigos de las crueldades de la violencia,
en el departamento de Boyacá caracterizado por su actitud abiertamente partidista,
donde además del minifundio predomina el caciquismo, dos factores claves para
comprender la dinámica de la violencia, se hicieron visibles las mencionadas formas de
violencia, el desplazamiento de poblaciones, el robo de propiedades y riquezas, así
como el ultraje de las mujeres (Ibid, pp. 81 – 84). La ferocidad de las acciones incluye
la aparición de cadáveres sin orejas, el asesinato de mujeres y niños a través de la
práctica del tiro al blanco, los genocidios de campesinos ametrallados frente a sus
esposas, y las masacres que conjuntamente arrojaron sólo en este departamento cifras de
más de 300 muertos. (GUZMÁN CAMPOS, G. Op. Cit. pp. 87 – 90) Mientras tanto en
Antioquia las motivaciones por el dominio político impulsaron la sevicia entre los
153
rebeldes y las autoridades. A los despeñaderos, vertientes de ríos y acueductos, fueron
arrojados los cuerpos sin vida de campesinos asesinados, ultrajados, mujeres violadas, y
en los campos eran enterrados los cuerpos desnudos de los guerrilleros, o se daban
escenas de descuartizamiento de los cuerpos a machetazos, cercenamiento de lenguas,
amputación de órganos genitales para evitar que se concibieran más liberales, todo ellos
como parte del plan de exterminio contra miembros del partido Liberal.
Políticamente, la violencia permitió la manipulación electoral pues a los hombres
mayores se les decomisaban las cédulas y la impunidad por su parte permitía todo tipo
de actos bárbaros así como el posesión forzada de territorios, fincas, animales, y bienes
en general. Los protagonistas de los actos eran fundamentalmente policías que con la
ayuda de civiles conservadores actuaban en nombre de Dios y del gobierno
conservador. (Ibid. pp.90-95)
La Primera tregua (1953-1954)
Bajo el lema «Paz, justicia y libertad» se lleva a cabo el 13 de junio de 1953 el golpe
militar contra la presidencia de Lauerano Gómez por parte del General del ejército
Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). Para ello contó Rojas con el apoyo de políticos, ex
presidentes y las fuerzas Armadas, la policía Nacional, el Directorio Nacional
Conservador y representantes de otros partidos. Para Daniel Pécaut, el Golpe Militar del
53 fue impulsado por el peligro que sentían las élites tradicionales sobre la resistencia
campesina, lo que le significaría a Rojas el apoyo tanto del Partido Liberal como del
Partido Conservador (PÉCAUT, D. Cit. en : CAMACHO GUIZADO, A. 1991, p. 26).
Rojas se propuso recuperar el orden y restaurar la moral y la democracia a través de un
reformismo militar que acercaría al pueblo y a los militares, consolidando paralelamente
una política nacionalista unido a un patriotismo, posible sólo con la ayuda de la iglesia
católica en lo que se ha denominado “Movimiento Cristiano Nacionalista”, pues se
estimularon las reformas sociales en favor de los menos favorecidos, bajo la motivación
de que la justicia social propiciaría la paz (OCAMPO LÓPEZ, J. 2004).
Para llevar a cabo su objetivo Rojas solicitó a los militares dejar en libertad, proteger las
vidas, auxiliar y ayudar a reiniciar las actividades laborales de quienes entregaran las
armas y quienes hubiera estado comprometidos con los hechos subversivos contra el
orden público. Como respuesta a ello los jefes de las guerrillas y contraguerrillas en el
año de 1953 deponen sus armas 6.500 rebeldes, quienes deseaban reinsertarse a la vida
154
normal de la sociedad. Como consecuencia, la violencia, especialmente la criminalidad,
disminuyó cuantitativamente y sólo permanecieron algunos grupos en el sur del Tolima.
Los grupos reinsertados se componían de campesinos de uno u otro bando que en
común tenían su desconfianza hacia las medidas del gobierno, el cual les ofrecía un
indulto parcial que les permitiría una rebaja de la cuarta parte de la pena para los presos
políticos, y de una quinta parte para los condenados por delitos comunes (Decreto No.
1546 Junio de 1953) donde se excluyen textualmente a quienes fuesen reincidentes, los
reos de delitos comunes, prófugos, quienes delinquiesen en las cárceles y a los militares
desertores del ejército que conformaron las guerrillas.
Paralelamente, el gobierno de Rojas en colaboración con las fuerzas Armadas organizó
la Oficina de Rehabilitación y Socorro, que tuvo dentro de sus tareas establecer un
reordenamiento jurídico con relación a la propiedad de la tierra, así como la
Rehabilitación física y la protección materno-infantil (GUZMÁN CAMPOS, G. 1988,
pp. 99-102). Éstas medidas sociales, además de la creación de una bolsa de empleo
fracasaron por la insuficiencia de recursos y la ausencia de continuidad, lo que
adicionalmente desembocaría en el fracaso de los propósitos por alcanzar la paz en el
país (PIZARRO LEÓNGOMEZ, E. Op. Cit. pp.17-18).
Las intenciones sociales y populistas de Rojas constituían una amenaza para la
dominación bipartidista por lo que una coalición de representantes se negó a respaldar al
gobierno de Rojas quien buscaban a través de un tercer partido: El Movimiento de
Acción Nacional (MAN), permanecer en el poder. En 1957 Rojas renuncia a la
presidencia y se instaura una junta militar (vigente hasta las elecciones de 1958), que se
proponía restablecer la democracia y se constituyó en antecedente del denominado
Frente Nacional o alianza bipartidista que se alternaría el poder durante cuatro períodos
presidenciales (1958-1974). La incertidumbre y la división de poderes así como la
disgregación del gobierno, desencadenó una nueva ola de violencia que terminaría por
desintegrar la nación colombiana.
La segunda ola de violencia (1954-1958) No puede concluirse que un
sólo factor es el desencadenante de la segunda ola de violencia, pues si
bien el armisticio había logrado apaciguar las hostilidades, en el fondo
persistían las motivaciones y desconfianzas. El ejército y el pueblo se
enfrentan de nuevo, en un período con connotaciones incluso más
bárbaras que las de la primera ola de violencia. Mientras en las zonas
rurales se desencadenaron éxodos de poblaciones enteras y se acentuaban
las ofensivas a través del genocidio y las acciones punitivas por parte de
155
los miembros de las fuerzas oficiales y de los activistas guerrilleros,
acompañados de bandoleros que surgían paralelamente, en las zonas
urbanas. Los movimientos estudiantiles cobraron sus primeras víctimas
cuando el 8 de junio de 1954, durante la conmemoración de la muerte de
un estudiante asesinado en 1929, perdieron la vida varios estudiantes por
parte del Batallón Colombia, el mismo que había participado en la guerra
de Corea. Este hecho no dividió a los dirigentes liberales y conservadores
del gobierno de Rojas Pinilla, quien recibió su apoyo y atribuyó los
hechos a los provocadores comunistas. (TIRADO MEJÍA, A. 2001)
(GUZMÁN CAMPOS, G. Op. Cit., pp. 104 – 105)
Estos acontecimientos se concatenaron para servir como punto de encuentro para que la
población exigiera el cumplimiento de las promesas hechas por Rojas con relación a la
búsqueda de la paz a través del armisticio. La nueva ola de violencia se ha iniciado y en
las zonas rurales se presentan asesinatos y enfentamientos entre campesinos
organizados contra las fuerzas del ejército, quienes estaban dotados militarmente con
ametralladores, tanques y aviones de bombardeo cuyas bombas tenían la insignia Made
in USA, sin embargo, los campesinos aprovecharon su conocimiento del terreno para
usarlo en su defensa estratégicamente, aunque sus armamento estaba compuesto tan
solo por artefactos elementales, como escopetas de fisto, bombas de fabricación casera
y revólveres. Sin embargo, los ataques del ejército a la población de Villarica (Tolima)
entre 1955 y 1956, no fueron siempre dirigidos a los “chusmeros” como lo predicaba el
gobierno colombiano, pues en muchos casos los soldados se apoderaron de provisiones
de alimentos de propiedad de los campesinos, quienes se vieron en la necesidad de
migrar hacia la selva y las montañas, después de ver sus propiedades incendiadas,
destruídas, y ser víctimas de las agresiones de los aviones con ametrallamiento y
bombardeos con bombas de Napalm (incendiarias). El resultado, grandes pérdidas
humanas que incluyeron niños, ancianos y mujeres y la desintegración de familias
enteras.
“El bandolerismo, por sus dimensiones no tiene paralelo al menos en la historia
occidental del siglo XX. Se calcula que en 1964, ya iniciada su crisis había más de 100
bandas activas, constituídas por grupos de campesinos armados que, más o menos
organizadamente, y desconociendo los acuerdos de paz entre las directivas oficiales de
los dos partidos tradicionales, prolongaron la lucha bipartidista” (SÁNCHEZ, G. 1985
p. 42 En : ZULETA, E. Op. Cit. p. 124)
Esta serie de hechos desembocó en la decisión de los campesinos quienes se agruparon
de nuevo en guerrillas reaccionando así frente al incumplimiento de las promesas de
156
Rojas con relación a su plan «Paz, justicia y libertad» que se veía opacado con las
persecuciones oficiales y asesinatos entre 1955 y 1956. (TIRADO MEJÍA, A. Op. Cit.)
(GUZMÁN CAMPOS, G. 1988 En FALS BORDA, O. 1988., pp. 107 -110). Las raíces
de las FARC-EP Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se encuentran en las
guerrillas de los años 50 y en las luchas campesinas de la década de los 30 y 40, las
cuales formaron las primeras ligas campesinas y sindicatos agrarios. Bajo la
denominación de colonización armada, estos nuevos grupos que conformaban las
guerrillas, se dieron a la búsqueda y colonización de territorios inaccesibles, lo cual les
otorga un particular carácter de peligrosidad. (ZULETA, E. Op. Cit. p.124)
La segunda tregua (1958)
En 1957 es nombrada la Junta Militar de Gobierno integrada por cinco generales, y el
presidente electo Alberto Lleras integra la Comisión Nacional Investigadora de las
Causas Actuales de la Violencia (Decreto No. 0942 de 27 de mayo de 1958) cuyo
objetivo era “posibilitar “un ambiente de “serenidad”, de confianza, de íntima
afloramiento de sentimientos para dar cauce al diálogo, que en estas circunstancias
significaba desahogo, confesión, anhelo, poliformismo de esta nueva manera de ser del
hombre campesino en su doble papel de víctima y victimario”. Además se buscaba
establecer convenios, manifiestos, y entrevistas a través de 52 pactos de paz, y el
contacto con agrupaciones e individuos que participaron en las confrontaciones, para
entregar un informe sobre las causas de la violencia y las medidas que podrían tomarse
para la rehabilitación de los territorios afectados en lo económico, político, social y
moral (GUZMÁN CAMPOS, G. Op. Cit., pp. 110-112).
3.1.2. Del Bandolerismo a los Movimientos Guerrilleros
Como se mencionaba anteriormente el surgimiento de los grupos guerrilleros se
encuentra en las luchas campesinas, sus participantes constituyeron en primera instancia
la base de la organización. A pesar de que las guerrillas contaban con una finalidad
insurreccional, no se podría afirmar que sus ideologías correspondan estrechamente a
las propuestas del Partido Comunista en Colombia. Sin embargo, en sus inicios, la
colonización avanzó hacia la periferia y buscaba estratégicamente establecer una
organización de autoabastecimiento alimentario a través de la caza, pesca, ganadería y
agricultura artesanal. La asolación del terreno y las precarias condiciones viales para la
157
comercialización deterioraron los procesos de producción llevando a los campesinos a
desplazarse hacia la selva y empezar su proceso de resistencia contra el latifundio a
través de las armas. Posteriormente, la intencionalidad se dirige a la multiplicación de
los frentes para atacar y emboscar (ZULETA, E. Op. Cit. pp. 124-125). Así, sin alejarse
del campesinado y sus reivindicaciones, las guerrillas, especialmente las FARC-EP, se
dieron a la tarea de crear frentes en zonas diversas, haciendo más dificultosa su
erradicación por parte del Estado, debido a su clandestinidad, inaccesibilidad y
peligrosidad consecuente.
Posteriormente a finales de la década de los 70 y comienzos de la los 80, las
reivindicaciones campesinas asumidas por las FARC-EP se “contaminan” por un nuevo
fenómeno: el narcotráfico. El cultivo de la coca, la producción y distribución del
alcaloide, comienza a desempeñar un papel protagónico en el actuar de la guerrilla61.
Políticamente la guerrilla concibe que la condición fundamental para las
transformaciones en Colombia se dan en la toma del poder, lo que excluye
negociaciones con el Estado, pues ellas históricamente han sido impregnadas por el
incumplimiento de las garantías y las reformas propuestas, un ejemplo de ello fue el
fracaso del movimiento político Unión Patriótica (UP) (Ibid., p. 128).
Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tenía sus bases en las clases
medias de las ciudades y en los estudiantes, y vale la pena destacar la relación
ideológica, que por lo menos en apariencia, se establece con la Iglesia Católica. Manuel
Pérez Martínez alias “El cura Pérez”, Camilo Torres Restrepo (1929-1966), y Domingo
Laín fueron ejemplos de la participación de sacerdotes, quienes inclinados por la
teología de la liberación y el socialismo humanista representarían los puntos centrales
iniciales del ELN. Sus actuaciones pasaron de la lucha por la igualdad y la
reivindicación social a la financiación a través de la extorsión a empresas petroleras y
mineras, así como el secuestro. Sus estrategias militares les ha impedido históricamente
hacer parte de las negociaciones y los ha llevado a causar daños ecológicos y
económicos irreparables (ZULETA, E. 1991, pp.128-130), ejemplo de ello son las
constantes acciones del ELN dinamitando el oleoducto Caño Limón-Coveñas que
generan derrames de petróleo en ríos y grandes territorios, cerca de tres millones de
crudo pertenecientes a la OXY y ECOPETROL, como forma de presionar la
61
Su participación se describirá más adelante en el apartado referente al narcotráfico.
158
nacionalización de la industria petrolera. Asimismo, tienen dentro de su lista de
enemigos a las compañías norteamericanas que han financiado a su vez a los grupos de
derecha –paramilitares- con dinero (ELTIEMPO, 17 de abril del 2001) tal es el caso de
BANADEX, subsidiaria de la multinacional bananera Chiquita Brands, la cual bajo el
argumento de la protección de la vida de sus trabajadores, hizo pagos a los paramilitares
por más de 1,7 millones de dólares, contribuyendo paralelamente a la sanguinaria
“pacificación” del Urabá antioqueño (REVISTA SEMANA, 17 de marzo 2007). Otro
de los grupos guerrilleros que han protagonizado la guerra cruenta en Colombia fue el
Ejército Popular de Liberación (EPL) quienes son considerados el brazo armado del
Partido Comunista Marxista-Leninista de línea Maoista. Intentó convertirse en una
movimiento político con el apoyo urbano, pero sin lograrlo, debido al asesinato de uno
de sus dirigentes Oscar William Calvo Ocampo en 1985. El fracaso político significó el
regreso a la vida guerrillera, asimilando estrategias del ELN pero sin producir actos de
terrorismo que implicaran gastos económicos.
En 1973 surgiría otro grupo guerrillero denominado M-19, cuyo nombre corresponde al
19 de abril de 1970 fecha del presunto fraude en las elecciones que impidieron la
derrota de los partidos tradicionales por parte de Rojas Pinilla (ZULETA, E. Op. Cit.,
pp. 132-133). Su fundación y liderzago inicial se atribuyen a Jaime Bateman Cayón
alias “el Flaco”, quien además de haberse formado en las líneas de la compartía la idea
de la necesidad de ingresar JUCO Juventud Comunista de Colombia a las FARC
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero a la vez se contraponía a la idea
de dicho grupo sobre la toma del poder por la vía armada, pues Bateman se inclinaba
más por una lucha desarrollada en las ciudades de carácter nacionalista y bolivariana. El
Movimiento 19 de Abril M-19 se dió a conocer por tres hechos fundamentales: el robo
de la Espada de Bolívar en 1974, la cual sólo sería devuelta cuando la paz se
consolidara en Colombia62, el robo de las cinco mil armas del Cantón Norte
pertenencientes al Ejército Nacional de Colombia en 1981 (GÓMEZ ROMERO, A.
2004) y la toma de la Embajada de República Dominicana por 61 días en 1980.
(TOCANCIPÁ, L.S. 2004). Su carácter clandestino estuvo acompañado de una
tendencia marxista que descartaba la vía electoral como posibilidad de cambio.
62
En 1991 el grupo desmovilizado M19 encarga al excomandante Antonio Navarro Wolf para hacer
entrega oficial de la Espada de Bolívar al gobierno colombiano. Este mismo año se redacta la nueva
Constitución colombiana con la participación de los miembros del M19 que alcanzan representación en la
Asamblea Nacional Constituyente a través del Movimiento político Alianza Democrática (AD M19).
159
Participaron en lo procesos de paz emprendidos por el presidente Virgilio Barco (19861990) a finales de su gobierno, el cual derivó en su desmovilización convirtiéndose en
un movimiento político llamado Alianza Democrática. La vinculación en las actividades
políticas de los diversos grupos reinsertados, de izquierda y vanguardistas se vería
trastornada por el asesinato de su candidato a la presidencia Carlos Pizarro León Gómez
(26 de Abril de 1990) antes de las elecciones presidenciales, al igual que otros
candidatos como Bernardo Jaramillo Ossa (22 marzo de 1990), Jaime Pardo Leal de la
Unión Patrótica (11 de octubre de 1987) y Luis Carlos Galán Sarmiento (18 de agosto
de 1989) del partido liberal (HERRERA ÁNGEL, M. 2004).
3.1.3. La Violencia Social en Colombia: la Década de los Ochenta.
En 1987 el gobierno colombiano y específicamente el entonces ministro de Gobierno
Fernando Cepeda Ulloa, siguiendo la tradición y los objetivos de la Comisión
Investigadora de las Causas de la Violencia, encargaron a investigadores y expertos
universitarios la elaboración de un informe sobre el fenómeno de la violencia y las
perspectivas que frenarían su precipitado avance (AROCHA RODRÍGUEZ, J. 1998,
p.9). El diagnóstico y las respectivas recomendaciones elaboradas por los miembros de
la Comisión permitió esclarecer la división entre la violencia negociable o violencia
política, así como otras formas de violencia no negociable, y se ubica cronológicamente
posterior a los procesos de pacificación adelantados desde el último informe de 1958,
del cual ya hemos dado cuenta, y que se concentraba básicamente en el desarrollo de la
violencia originada en la política relacionada con la lucha por el poder y el control del
Estado, aunque sin olvidar sus daños colaterales en la sociedad.
A partir del decenio de los 80 la interpretación de la violencia se realiza desde una
perspectiva social, que no cuenta con unas causas específicas y cuyo desarrollo carece
de modelos que permitan su caracterización y posible solución, es decir lo que antes
denominamos: una violencia no negociada, la cual se articula a través de las relaciones
sociales entre los individuos, lo que la hace más impredecible, pues se origina en
diversas intencionalidades. En este decenio la violencia se difumina de las zonas rurales
a las zonas urbanas y allí adquiere un carácter estadísticamente explosivo, evidenciado
en el robo de autos, asesinatos con agentes del Estado, crecimiento del número de
guerrilleros y de narcotraficantes, así como de las llamadas “limpiezas sociales”,
160
afectando por supuesto, más aspectos de la vida social comparativamente con otras
épocas de violencia como el período comprendido entre 1946 y 1958. Acontecimientos
como la política de represión del presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), los
intentos de las políticas de paz durante la presidencia de Belisario Betancur Cuartas
(1982-1986), el asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984, quien
se caracterizó por su lucha frontal contra el narcotráfico y su infiltración en la vida
política, económica y política colombiana, así como el robo de armas del Cantón Norte
a manos del M-19, la tregua con las FARC, la creación del grupo paramilitar Muerte a
Secuestradores (MAS), y la violenta toma al Palacio de Justicia (1985) se constituyen
en factores básicos para el análisis y la comprensión de los fenómenos violentos en los
ochenta (GAITÁN DAZA, F. Op. Cit. pp. 214-215).
Lo que se evidencia es una excesiva concentración de los análisis y las medidas, en la
violencia política y el narcotráfico, la cual ha evitado confrontarse con el crecimiento y
diversificación de la violencia social, que corresponde más que a motivaciones políticas,
a factores como las condiciones de desigualdad entre los ciudadanos dentro de la
sociedad. En ese mismo sentido, debe tenerse en cuenta la aparición de nuevos actores
que individual o grupalmente organizados constituyen un nuevo escenario de violencia
relacionados con las actividades económicas y cuya interacción con el Estado y la
sociedad determina su funcionamiento. (SÁNCHEZ, G. En : AROCHA RODRÍGUEZ,
J. Op. Cit., pp. 10-12)
La violencia urbana es un ejemplo claro de este tipo de violencia no negociable, los
indicativos demuestran según el Informe que existe una conexión entre violencia y
delincuencia. La criminalidad urbana ha crecido a niveles extremos especialmente desde
1982, al tiempo que disminuyó en la zona rural. Los delitos pueden dividirse para su
análisis, en delitos contra la vida y la integridad y delitos contra el patrimonio
económico. Con relación al primero pueden establecerse a su vez dos categorías que
tienen que ver, con lesiones personales y con homicidios. Estos últimos adquirieron un
alto grado de importancia en ciudades como Medellín, conocida también en los ochenta,
como “la capital colombiana del crimen” o “la ciudad más violenta del mundo”, donde
paralelamente se desarrollaban actividades relacionadas con el narcotráfico. Medellín se
constituyó en la ciudad más violenta de Colombia en la década de los 80, y ello se
puede constatar por ejemplo con los datos arrojados de enero a octubre de 1986, donde
en promedio diario fueron asesinadas 8,28 personas, es decir un total de 2.485 en ese
161
período en comparación con otras ciudades como Cali que contó con un total de 968
homicidios. (Ibid., pp. 56-60)
El uso de dos armas diferentes debilitaría, según el informe la teoría que asocia la
violencia con la pobreza, pues mientras que la utilización de armas de fuego ha
adquirido una relevancia en los datos estadísticos, no lo es tanto el uso de armas blancas
no convencionales (léase navajas, cuchillos, hojas de afeitar, cristales, tijeras, láminas
metálicas, etc). La diferencia radica en la intencionalidad, pues los delitos cometidos
con armas blancas no convencionales corresponden a pleitos callejeros, riñas, atracos y
actos violentos impredeterminados asociados al consumo de alcohol, drogas y robo,
cuya inversión económica es mínima pues el arma blanca no es convencionalmente un
artefacto diseñado para tal fin. Por el contrario, el uso de armas de fuego, revólveres y
pistolas, directamente relacionado con las cifras de homicidios, deja entrever que el
homicida al poseer el arma de fuego tiene la intencionalidad de usarla contra alguien ya
sea para su propia defensa o para amedrentar o saldar cuentas pendientes, y la cual le
ofrece una concebida impunidad pues, puede utilizarse a larga distancia permitiendo la
huida del autor del crímen. La inversión en este caso es alta, debido a los costos no
solamente del arma sino de los accesorios de la misma, e incluso para el pago de los
autores materiales del crimen y los vehículos que para el homicidio sean requeridos,
aunque entran otras variables en juego como el tráfico clandestino y el contrabando.
Esto significaría según los datos arrojados de homicidios en Medellín y en Cali tomados
en cuenta en el informe, que la pobreza no sería un factor decisivo en el cometimiento
de actos homicidas, dadas las características de su premeditación y ejecución. Sin
embargo, cabe aclarar que los llamados autores materiales pueden provenir de sectores
pobres, este es el caso de los “Sicarios”, si bien, ellos son pagados por autores
intelectuales, quienes son los que poseen el dinero. (AROCHA RODRÍGUEZ; J. 1988,
pp. 60-62)
El informe plantea siete vías de violencia multifacética y de doble vía de eliminación de
ciudadanos relacionadas con conflictos económicos en las áreas urbanas, que se
relacionan a su vez con la violencia política, pero que se enmarca en las relaciones
cotidianas sociales entre los ciudadanos, las cuales además se ejecutan desde todos los
niveles económicos.
Violencia dirigida hacia la propiedad con el objetivo de apropiación de recursos
monetarios, objetos comerciales, bienes de consumo.
162
Materialización : hurto calificado y agravado, extorsión, atraco, invasión de
tierras.
Ejecutor : personas de escasos recursos.
Materialización : Estafa, emisión o transferencia ilegal de cheques, abuso de
confianza.
Ejecutor : sectores con ingresos económicos medios y altos.
Materialización : Modalidad del llamado “Delito de cuello blanco”63 a través de
escándalos financieros, las insolvencias fraudulentas o las quiebras punibles,
corrupción, malversaciones de dinero público, ganancia ilícita, impago
fraudulento, etc.
Ejecutor : especialmente por políticos, hombres de negocios y profesionales.
Violencia dirigida desde la propiedad cuyo objetivo es defenderla.
Materialización: Liquidación física de sujetos indeseados por amenazar a los
clientes potenciales de los establecimientos o negocios.
Ejecutor : Policías urbanas privadas fuera del control de las autoridades
oficiales.
Materialización: Incesto, lesiones personales, homicidio, abusos deshonestos,
agresiones personales y sexuales. Suelen originarse en medio de actividades
recreativas.
Ejecutor: Delincuentes detenidos bajo los efectos del alcohol. Sus víctimas son
por lo general miembros de la familia (mujeres y niño(a)s).
Violencia por privatización de la justicia cuyo objetivo es el ajuste de cuentas por deudas,
ofensas y otras relaciones personales, así como la defensa de las instituciones.
Materialización : Eliminación de representantes de los poderes del Estado,
figuras políticas, miembros de partido de oposición. Amedrentamiento y
eliminación de ciudadanos por razones de militancia en partidos políticos y/o
sospecha de colaborar con grupos alzados en armas.
Ejecutor: “Sicarios” Jóvenes que buscan ascenso social, quienes se encargan del
asesinato por encargo. Miembros de Organismos de seguridad del Estado.
Materialización : Eliminación de exconvictos, vendedores minoristas de drogas
prohibidas, prostitutas, mendigos, recogedores de papel, homosexuales, y
desviados mentales entre otros.
Ejecutor: Organizaciones criminales de “limpieza social” 64por ejemplo, “El
justiciero implacable”, “Bandera Negra”, “Escuadrones verdes” entre otros.
(AROCHA, J. Op. Cit. pp. 63-69)
La teoría que explica la violencia por la existencia de pobreza se debilita también ante el
aumento de la violencia en zonas productoras de riquezas naturales. Un ejemplo de ello,
lo brinda el informe al caracterizar las relaciones de producción en las zonas
63
64
Ver también SUTHERLAND, E. (1999)
Ver también MATEUS GUERRERO, S. (1995) y ROJAS R., C.E. (1994)
163
esmeraldíferas del país ubicadas en el occidente del departamento de Boyacá, cuyo
territorio ha sido históricamente escenario de confrontaciones desde la década de los 50,
es decir durante la violencia política, pero que en la década de los 80 se involucra con el
cultivo, procesamiento y distribución de la coca, constituyendo ambas una estructura
ilegal generadora de tensiones y patrocinada por organizaciones violentas como las
FARC y el denominado Cartel de Medellín. Las prácticas violentas adelantadas en y
desde la región y que se convertirían en una constante en Colombia, incluyen entre otros
actos:
§
Conformación de ejércitos privados de protección y control.
§
Ajustes de cuentas y liquidación de espías y delatores.
§
Consolidación de un mercado de armas y servicios especializados
(Asesinos a sueldo).
§
Operaciones motorizadas y con moderno armamento en acciones
urbanas y rurales contra abiegos y activistas políticos o sindicales con
presuntos nexos con grupos guerrilleros.
§
Surgimiento de grupos armados de autodefensa.
§
Operaciones de “saneamiento” o “limpieza social”.
§
Acciones de intimidación para presionar pago de deudas, resolver
asuntos personales o familiares. (Ibid., pp.82-86).
3.1.4. Narcotràfico como factor impulsor de la violencia
“El ambiente moral y social derivado de cuatro décadas de violencia generalizada resultó
particularmente propicio para el surgimiento del narcotráfico en los niveles que hoy conocemos.
Y éste a su turno, se ha convertido en un nuevo y poderoso factor de debilitamiento del Estado”
(ZULETA, E. 1991, p. 134)
Si bien el narcotráfico no inventó o desencadenó la violencia por sí sola, si fue posible
el crecimiento y fortalecimiento del fenómeno a causa de la violencia ya existente desde
1946, fundamentalmente por la debilidad del Estado en su aparato preventivo y
represivo representados respectivamente en la fuerza pública y el sistema judicial.
Como lo afirma Fernando Gaitán Daza, “Digamos que el narcotráfico logró que una
violencia muy alta se convirtiera en desbordada. Ese debilitamiento del Estado creo las
condiciones para el crecimiento e influencia territorial de la guerrilla (DEAS, M. y
GAITÁN DAZA F. Op. cit., p 217). Por sí sólo el tráfico de estuperfacientes se ha
164
constituído en los últimos decenios en el protagonista de los actos violentos,
especialmente genocidios y magnicidios, perpetrados contra miembros del poder
judicial, periodistas, políticos sin contar con los ajustes de cuentas entre los miembros
de las organizaciones narcotraficantes en Colombia. Las consecuencias de la presencia
de este fenómeno en el país, según el informe, son directamente proporcionales al
aumento de la violencia y el deterioro de la calidad de vida de los colombianos así:
Deterioro de la imagen de los colombianos en el exterior a través de la
estigmatización como narcotraficantes.
Establecimiento de un poder paralelo al Estado y participación en los cargos de
representación popular.
Incremento de la corrupción que propicia la desmoralización de funcionarios y
ciudadanos.
Resistencia de las clases privilegiadas frente al incremento de ascenso social,
estigmatizado como delictivo e ilegitimo.
Distorsiones en el precio de los productos de primera necesidad por la
sustitución de cultivos, el incremento de los consumos conspicuos y el “lavado
de activos”, fenómeno similar ocurrido con la disponibilidad y precio de las
divisas y exportación de capitales.
Sustitución acelerada de cultivos tradicionales por productos sicotrópicos con la
consecuente transformación de la normalidad de los pueblos evidente en el
deterioro sus formas de vida.
Perdida de la identidad cultural de las poblaciones indígenas de los territorios
usados para el cultivo de sustancias ilícitas, o por el consumo de sustancias
alucinógenas como parte de su cultura ancestral.
Proliferación de grupos armados que siembran el terror como forma de justicia.
(Ver también ZULETA, E. 1991, pp. 133-152)
Sobre este último punto, es necesario hacer claridad acerca de dos tipos de violencia
generalizada desde los comienzos del auge del narcotráfico en Colombia: Los
escuadrones de la muerte y el sicariato. Ambos representan la necesidad de una fuerza
armada por parte de los grupos de narcotraficantes y sus “capos” quienes se protegen a
través de ellos de amenazas personales por parte de particulares y miembros de las
instituciones policiales, judiciales, incluyendo otros grupos ilegales y por supuesto, los
periodistas y la población civil. “Todo lo que ha habido en nuestro país de ilegalidad,
arbitrariedad y violencia, es incrementado por el narcotráfico”. (ZULETA, E. Op. Cit.,
pp.134-136).
1. Escuadrones de la muerte : como se mencionaba atrás, se asocia con las actividades
de “limpieza social” que incluye el exterminio de movimientos y partidos políticos,
miembros de la oposición, sindicalistas y seguidores o colaboradores de la guerrilla, y
165
por otro lado, la eliminación de individuos que se relacionan más con la erradicación de
fenómenos como la indigencia, la prostitución, y la delincuencia común.
El grupo más reconocido que contó con el apoyo de los narcotraficantes fue Muerte a
Secuestradores (MAS) cuyo objetivo era eliminar a los secuestradores que asechaban la
libertad de los familiares de los grandes narcos. Los escuadrones de la muerte son los
sucesores de las autodefensas creadas a través del decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de
1968 y, las cuales le daban poder a los mandos castrenses para organizar y armar a la
población en su legitima defensa contra los delincuentes en diferentes zonas del país
(AROCHA RODRÍGUEZ, J. 1988, p.92) El fenómeno se evidencia en el presente en
las organizaciones paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Dentro de las principales y más tristemente recordadas acciones de las autodefensas o
paramilitares en Colombia, se incluye el genocidio político durante la llamada “Guerra
Sucia”65 (la conformación de grupos paramilitares, la actuación ilegal de miembros del
Ejército Nacional mediante operaciones encubiertas de “brigadas de inteligencia”, las
acciones de “guerra psicológica”, etc.) contra el naciente movimiento de oposición de la
Unión Patriótica (UP) desde 1985, a través de asesinatos públicos, homicidios
colectivos, desapariciones forzadas, y el asesinato selectivo de sus dirigentes y
candidatos presidenciales Jaime Pardo-Leal (1987) y Bernardo Jaramillo-Ossa (1990),
así como del senador Manuel Cepeda-Vargas (1994), alcaldes y demás militantes del
movimiento. Es decir, más de 5.000 personas fueron eliminadas a lo largo del territorio
colombiano y las demás fueron forzadas al exilio (CEPEDA CASTRO, I. 2005).
Sin embargo, los escuadrones de la muerte además de “defender” el orden político,
luchan por mantener el orden económico y cultural, es decir eliminan selectivamente a
individuos que “atentan” contra dicho orden como sería el caso de quienes protestan
contra la injusticia, los que propician el consumo de drogas y delincuentes de diversa
índole (AROCHA RODRÍGUEZ, J. Op. Cit. p.93).
65
La Guerra Sucia y el Terrorismo de Estado son entendidas como prácticas implementadas contra
organizaciones sociales y contra sus líderes, en las cuales se garantiza de antemano la impunidad, una de
cuyas estrategias es la clandestinidad de los autores. Este tipo de violencia es causada por la persecución
política y/o por la intolerancia social. La persecución política se evidencia por las características de la
víctima, de sus compromisos políticos y sus luchas, de sus eventuales liderazgos, de su eventual
pertenencia a movimientos políticos, sociales o cívicos, mientras que el móvil de intolerancia social se
percibe cuando la víctima pertenece a sectores sociales considerados por sus victimarios como
disfuncionales o problemáticos para la sociedad, tales como las trabajadoras sexuales, los habitantes de la
calle, los mendigos, los drogadictos, los homosexuales, los delincuentes, etc. (CINEP Op Cit., p.22).
166
2. Sicariato sicarización:
“En el momento que escribo el conflicto aún no se resuelve: siguen matando y naciendo. A los
doce años un niño de las comunas es como quien dice un viejo: le queda tan poquito de vida...
Ya habrá matado a alguno y lo van a matar. Dentro de un tiempito, al paso que van las cosas, el
niño de doce que digo remplácenlo por uno de diez”
(VALLEJO, F. 1994, pp. 28-29)
Aunque no es exclusiva de las modalidades violentas del narcotráfico, este tipo de
violencia organizada se hace presente en todo el país, pero manteniendo sus
características esenciales.
“Ciertamente, esta modalidad de asesinato por delegación no es nueva en Colombia,
puesto que en épocas pasadas se expresó en los tenebrosos personajes apodados
“pájaros”, pero la nueva versión guarda diferencias sustanciales con su antecedente. De
preferencia, aunque no exclusivamente, los “pájaros” actuaron a partir de adhesiones
partidistas o movidos por lealtades personales a dirigentes regionales. Su acción se
ejecutaba en nombre de un orden político-económico, que se sentía amenazado o que se
quería imponer. La relación monetaria, por lo general, se subordinaba a la adhesión
personal del ejecutante a su amo y señor. La forma actual en cambio, tiende a omitir
tales consideraciones, a despojarse de dimensiones políticas o éticas y a convertirse en
un oficio cuya única motivación es la paga. Es frecuente el caso en que el ejecutor ni
siquiera conozca a su futura víctima. (...)Producto probablemente de experiencias
violentas, de la imposibilidad de lograr acceso a bienes y servicios en condiciones de
legalidad, de ofertas de remuneración que equivalen a años de trabajo, la generalización
de la nueva práctica- sicarización- indica no solamente la facilidad con que se
institucionaliza, sino la creciente desvalorización de la vida y la conversión de la muerte
en fuente regular de ingresos pecuniarios para algunos sectores de la sociedad”
(AROCHA RODRÍGUEZ, J. 1988, pp. 21-22)
A través de un contrato por medio del cual se le paga una suma de dinero, el sicario
recibe una tarea que consiste en la eliminación de una víctima, quien no necesariamente
está asociada a la vida delincuencial o a las actividades ilícitas, pues se trata de un acto
indiscriminado que permite ajustar cuentas, o silenciar las voces de los representantes
del gobierno o de los medios de comunicación, quienes atenten contra los intereses
creados de una persona o un grupo específico. Los sicarios suplantan la justicia
institucional en la medida que hacen justicia por sus propias manos en un negocio de la
167
muerte, del cual hacen parte no solamente quienes ejecutan el “trabajo” es decir, los
sicarios “los mercenarios de los ´capos`” (ZULETA, E. 1991, p.135), quienes además
asumen los riesgos y gozan del prestigio a la vez, sino también quienes les suministran
los contratos y lo necesario para cumplirlos (armas, motocicletas, autos), pero sobre
todo contactos. Estos empresarios de la muerte, son por lo general personal retirado de
los organismos armados del Estado. El sicariato, constituye en Colombia parte de la
denominada “Guerra sucia”, que utiliza como base la población juvenil de escasos
recursos de los cinturones de miseria de las grandes ciudades, donde el desempleo, la
miseria y el desarraigo cultural son notables (AROCHA RODRÍGUEZ, J. Op. Cit. pp.
96-98). En ciudades como Medellín no fue difícil encontrar durante el auge del
narcotráfico la presencia de profesionales de la muerte quienes llevaban a cabo sus
actividades, sin mostrar algún tipo de convicción moral o política (ZULETA, E. Op.
Cit.; p.135). El terror se fue apoderando de las ciudades y recorría sus calles encarnada
en los sicarios.
“Con la muerte del presunto narcotraficante (Escobar)(...) aquí (Medellín)
prácticamente la profesión de sicario se acabó. Muerto el santo se acabó el milagro. Sin
trabajo fijo, se dispersaron por la ciudad y se pusieron a secuestrar, a atracar, a robar. Y
sicario que trabaja solo por su cuenta y riesgo ya no es sicario: es libre empresa, la
iniciativa privada...” (VALLEJO, F. Op. Cit.; p.34)
Otros daños provocados por el Narcotráfico:
Como consecuencias paralela de la presencia del narcotráfico es evidente también el
cambio en las luchas de clases, pues la posesión ilimitada de terrenos aptos para la
agricultura, la ganadería y otras actividades económicas desbordó la violencia hacia los
pequeños propietarios especialmente indígenas, afrodescendientes y colonos, víctimas
hasta ahora de los abusos de los terratenientes (ZULETA, E. 1991, p.135).
Con relación a las medidas adoptadas para la erradicación de los cultivos y la lucha
contra el narcotráfico por parte del Estado se generan cuatro consecuencias
fundamentales, según el Informe “Colombia : violencia y democracia” de 1988:
1.
El deterioro del medio ambiente a través de fumigaciones con químicos
de alta toxicidad, no solamente destruyen las plantas de coca y amapola,
sino también los cultivos lícitos de los campesinos e indígenas,
deteriorando con ello su calidad de vida.
2.
La persecución violenta y represiva por parte del Estado a los
traficantes de droga no elimina las razones que hacen productiva la
168
actividad, por el contrario eleva los precios y hace más rentable el
negocio. “El gobierno y las presiones del embajador de los Estados
Unidos, sin proponérselo, reanimaron el cadáver del narcotráfico y le
infundieron la vitalidad necesaria para un nuevo ciclo de manos llenas”
(MOLANO, P. 100 En : ZULETA, E. Op. Cit. p. 136).
3.
Se pone en evidencia la ineficiencia del Estado colombiano al servir de
intermediario para la entrega de nacionales a otros países como Estados
Unidos a través de la extradición en donde son aplicadas penas acordes
con sus legislaciones, mostrando la incapacidad del Estado colombiano
para imponer penas y tomar las medidas necesarias de manera
autónoma para contrarrestar el delito.
4.
Incongruencia entre la lucha interna, las fumigaciones adelantadas, con
la inversión económica y medidas políticas que ello implica, y la
carencia de compromisos internacionales para asumir la responsabilidad
frente al consumo de estupefacientes. (AROCHA RODRÍGUEZ, J., Op.
Cit. pp. 86-91)
La permisividad hacia la ilegalidad y la violencia junto con la acumulación ilimitada de
los recursos del narcotráfico ha creado una cadena entre le narcotráfico y la violencia
establecidas desde la debilidad del sistema judicial para controlar su crecimiento. La
descomposición de la justicias permite entonces el crecimiento de la actividad criminal.
La ineficiencia de la justicia posibilita la creación de milicias urbanas que empieza por
combatir el crimen y terminan siendo organizaciones criminales. Por lo tanto, el
restablecimiento de la función y efectividad policial, así como estimulando la
producción legal agrícola serían la clave para darle solución por lo menos a la violencia
generada desde el narcotráfico. (DEAS, M. y GAITÁN DAZA F. 1995, pp. 384 – 390)
3.2. VIOLENCIA ÉTNICA Y DISCRIMINACIÓN
Existen desde la Conquista española dos elementos que han sido una constante cuando
se analiza el fenómeno de la violencia contra las minorías étnicas en Colombia: la
supuesta inferioridad e intolerancia frente a las diferencias culturales y de
cosmovisiones y la posesión de esos grupos de los territorios donde se hayan las
riquezas de fauna, flora y minerales. La colonización ha consolidado el genocidio étnico
en dichas zonas y no solamente ha provocado la eliminación física sino también cultural
(AROCHA RODRÍGUEZ, J. Op. Cit., pp. 105-106).
La justificación de la discriminación y los atentados contra la vida de las minorías
étnicas, se encuentra en el pasado, en las legitimaciones ofrecidas por las causas
religiosas católicas de evangelización de los pueblos salvajes y los primeros Códigos de
Negros (ver LUCENA SALMORAL, M. 1996). Con relación a la primera legitimación,
169
cabe anotar las discusiones generadas en torno a la admisión de los indígenas como
seres humanos arguyendo razones teológicas. Por su parte los Códigos Negros
agrupaban el conjunto de leyes destinadas a regular la posesión sobre los esclavos
negros en Europa y América, que surgieron desde el siglo XIII en España y se
consolidaron en el siglo XVIII siendo empleados hasta el siglo XIX en Francia e
Inglaterra. Afirma también Arocha Rodríguez como los Códigos Negros tuvieron como
principal característica la identificación de los esclavizados con bienes muebles, lo cual
los hacia susceptibles de ser torturados por insumisos, sin que el ejercicio de la
violencia en su contra necesariamente implicara castigo para los amos (AROCHA
RODRÍGUEZ, J. y FRIEDEMANN, N. 1983, pp. 347-354 En: AROCHA
RODRÍGUEZ, J. 1999).
Los atropellos a los indígenas y negros se justificaron en las teorías eurocentristas que
los consideraban “salvajes” o “bárbaros” y que se conocen como Darwinismo social y
determinismo racial, que además de ser evidentes en la práctica, han sido incluídas en
las legislaciones como es el caso de la ley 89 de 1890 en Colombia, “por la cual se
determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a
la vida civilizada” especialmente a través de las misiones. Asimismo, los pueblos
indígenas han sido considerados como “atávicamente ineptos” por el General Uribe
Uribe, lo que entraba en concordancia con la nueva teoría geopolítica que promulgaba
la necesidad de que los territorios ricos en manos de los salvajes, serían mejor
administrados por aquellos que estuvieran capacitados para ello, lo que a la larga
permitió que fuera recurrente en la historia colombiana la presencia extranjera a través
de misioneros, intérpretes y soldados colonos así como de multinacionales en dichos
territorios, facilitando el acceso a los territorios ricos y el uso de la mano de obra
indígena en la naciente industria (AROCHA RODRÍGUEZ, J. 1988,. pp. 106-107).
La posesión ancestral de los territorios por parte de los indígenas ha sido desconocida y
ha provocado conflictos que a través de la historia han terminado en expropiación de las
tierras, genocidios étnicos, el desplazamiento forzado y la desculturización de los
grupos indígenas. Estos fenómenos de violencia se presentan especialmente en las zonas
de colonización estrechamente ligadas en un comienzo con la explotación de recursos
naturales, la ganadería, la agricultura y la minería y posteriormente, en la explotación
específicamente de petróleo y sus derivados, así como el cultivo y producción de
estupefacientes.
170
Además de la violencia ejercida contra los pueblos, cabe destacar también los daños
irreversibles ocasionados al medio ambiente a causa de la explotación indiscriminada
del suelo y de los recursos por parte de los colonos, grupos de narcotraficantes y la
incursión de frentes guerrilleros en el pasado, el M-19 y hasta la actualidad Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), así como la disminución y
desaparición de fauna y flora (p.e. bosques de galería) en especial de la Selva
Amazónica colombiana. Además, la lucha antinarcóticos impulsada por la DEA (Drug
Enforcement Administration) (Ibid., pp. 108-109) y apoyada por los gobiernos
colombianos, la cual ha causado daños ambientales debido a las aspersión de defoliantes
(glifosato (Roundup de Monsato) con adiciones de surfactantes
poea –
polioxietilamina- y cosmo Flux 411F) que deterioran no sólo la salud de los habitantes,
sino que además afectan los cuerpos de agua y los cultivos de alimentos, según las
denuncias dadas a conocer por los ambientalistas. (PEREA, C.M. y TOBÓN TOBÓN,
H. s.f.)
En el Informe sobre «Colombia: Violencia y Democracia» se retoma la definición de
Eduardo Galeano de «ninguneo»: “No hacer caso de alguien, no tomarlo en
consideración y/o Menospreciar a alguien” (Real Academia de la Lengua). El concepto
se adapta en principio al comportamiento de los colonizadores frente a las comunidades
indígenas y a la más hoy frecuente, entre grupos portadores de economías más
modernas frente a los grupos portadores de economías tradicionales o no tan modernas.
Pero no solamente entre individuos, el «ninguneo» se presenta también desde las
multinacionales cultivadoras y exportadores de banano, explotadoras de petróleo y
carbón frente a las comunidades indígenas y afrocolombianas de la región donde se
ubican (AROCHA, J. Op. Cit., pp. 113-115). En la actualidad, esta situación se hace
evidente también las zonas de plantaciones de palma para la producción de
biocombustibles especialmente en el Pacífico colombiano y en otras regiones con el
auge de la explotación aurífera.
Las actividades turísticas también han afectado a las comunidades indígenas y
afrocolombianas, especialmente en el departamento de La Guajira y la Isla de San
Andrés, pues además de ocupar territorios sagrados para las comunidades, han
desprestigiado o estereotipado la cultura idiomática y simbólica cultural de los isleños.
(Ibid., pp. 116-117)
Las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas entran en conflicto entre
171
ellos y a la vez son víctimas del «ninguneo» por parte del Estado, de las empresas
privadas y públicas, nacionales e internacionales, de los organismos del Estado como el
ejército y grupos ilegales armados guerrilleros y paramilitares. Dentro del conflicto
bélico generalizado en el territorio colombiano esta población ha estado en el centro,
pues desde la época de los 50 y de la violencia política, se les atribuye participación
pasiva o activa de los intereses de uno u otro grupo, e incluso la lucha por la
reivindicación de sus derechos fundamentales comúnmente ha sido enmarcada en la
ilegalidad o tildada como brotes subversivos, y a causa de ello, acallada a través de
desapariciones, amenazas, exterminio, eliminación de personas o grupos y
desplazamiento forzado e incluso el reclutamiento forzoso que además de desestabilizar
la demografía y las estructuras sociales, económicas y familiares de las comunidades
indígenas y afrocolombianas, provoca su inserción en nuevos y desconocidos espacios
geográficos urbanos (AROCHA RODRÍGUEZ, J. 1988, pp. 121-129). Es así, como
indirectamente el fenómeno ha aumentado los niveles del criminalidad y violencia
urbana provocando el detrimento de la calidad de vida, pues las poblaciones
desplazadas llegan a aumentar los cinturones de miseria de las ciudades intermedias y
capitales de departamento. Allí se ven enfrentados a un nuevo tipo de «ninguneo»
proveniente de la población urbana, la precariedad de los servicios públicos básicos y la
exclusión de los servicios de salud, educación, vivienda y recreación. Los recién
llegados a las ciudades engruesan la cifras de desempleo y los menores se convierten en
presa fácil de las bandas organizadas de sicariato y criminalidad, que cierra de algún
modo el ciclo entre violencia rural y violencia urbana (Ibid., pp. 129-130).
El último informe de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos del 2008, da cuenta de la cruenta situación a la que se ven enfrentadas las
comunidades indígenas y afrocolombianas. No solamente la discriminación y la
marginación que se hace notoria en la prestación de servicios de atención destinados
para la población desplazada, de la cual ellos representan la inmensa mayoría, también
en la ausencia de investigaciones que den con los responsables de las violaciones de
derechos humanos contra estas poblaciones y la consecuente falta de reparaciones de
tipo material y moral. El informe señala como los proyectos de infraestructura y las
fumigaciones aéreas son las principales causas de desplazamiento de las comunidades
indígenas y afrodescendientes en muchos casos de territorios ancestrales. Las regiones
más afectadas por la incursión de grupos armados ilegales en comunidades indígenas y
172
afrodescendientes son Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Guajira, Nariño, Putumayo y
Valle del Cauca. La etnia nómada nukak makú, del departamento del Guaviare se
encuentran en peligro de extinción, pues un alto porcentaje de ellos ha sido víctima de
desplazamientos y su situación humanitaria es crítica, lo que requiere una atención muy
específica por sus particularidades culturales. La violencia contra las poblaciones
indígenas se evidencia en los allanamientos a casas de indígenas, el asesinato de líderes
indígenas, las agresiones a comunidades indígenas que participan en demostraciones
pacíficas, la explosión de minas antipersona que dejan como víctimas niños de los
resguardos, las amenazas contra la vida de maestros y lideres de las comunidades (ONU
A/HRC/7/39 28 Feb. 2008).
El relator de la ONU para los pueblos Indígenas James Anaya, comparte la
preocupación que en su momento (2004) el entonces Relator Rodolfo Stavenhagen
denunciaba con relación a la situación grave de derechos humanos que atraviesan las
comunidades indígenas en Colombia. Anaya recogió los informes presentados por
diferentes ONG que trabajan con énfasis en dicha población, los informes de la
Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC. y el Sistema de Alertas
Tempranas de la Defensoría del Pueblo, así como la información contenida en el
documento “Elementos sobre la situación de derechos civiles y políticos de los pueblos
indígenas en Colombia”, según el cual en el año 2008, fueron asesinados 99 indígenas y
en los primeros meses del 2009 se han registrado 25 muertes violentas como lo
confirman las cifras de ONIC. Entre el 2002 y el 2009 habrían sido asesinados 1.000
indígenas, 176 indígenas fueron víctimas de desaparición forzada, 187 fueron víctimas
de violencia sexual66 y tortura, y 633 de detenciones arbitrarias y sus comunidades y
organizaciones han recibido 5.000 amenazas. Del mismo modo estima que 84 indígenas
habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, cuya responsabilidad es atribuida a
miembros de la fuerza pública. Las poblaciones que más riesgo presentan son la Nasa,
Wayúu, Kankuamo, Awá y Embera Chamí, asi como las Wiwa y Kogui, en el
departamento de La Guajira.
Los principales autores de las violaciones de los derechos humanos son los grupos
paramilitares o denominados de autodefensa. A pesar de que dichos grupos han entrado
66
El informe de Amnistía Internacional sobre la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto
armado, deja entrever como la mayoría de los casos corresponden a mujeres y niñas pertenecientes a
comunidades indígenas y poblaciones afrocolombianas. (AMNISTÍA INTERNACIONAL 2011)
173
a procesos de desmovilización sus estructuras continuan y siguen aterrorizando a los
pueblos indígenas (recientemente agudizado por la presencia de las Bandas Criminales
(BACRIM)), especialmente como ha sido denunciado, a través de asesinados, amenazas
y reclutamiento forzado. Es también importante reconocer que durante el proceso no se
ha dado adecuadamente reparación a las víctimas especialmente indígenas, lo que
impulsa la impunidad. (FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ, 2009)
La carencia de una voluntad política para poner en práctica los compromisos adquiridos
por parte del Estado colombiano67, en relación a la lucha contra la discriminación se
hace evidente en el acceso y calidad de los servicio públicos de las poblaciones
indígenas y afrocolombianas, especialmente salud, educación y acceso a agua potable.
Sin embargo, el factor más preocupante es la negación de la existencia de
discriminación y la invisibilidad que se denota en la ausencia de datos que den cuenta
de las condiciones de estas poblaciones en contraste con el resto del país. El mestizaje,
es considerado como garantía de la no existencia de discriminación y de una
convivencia aparente en la que todos tienen acceso al disfrute de sus derechos y
libertades. Asimismo, los indicadores demográficos, sociales y económicos
fundamentales, desde las tasas de mortalidad infantil, esperanza de vida, incidencia del
hambre, el analfabetismo y el desplazamiento forzado, se constituyen para las
investigaciones recientes en elementos constitutivos de un mapa de la situación de los
derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas, cuyos datos hasta ahora
empiezan a recabarse, pues hasta hace poco no existía ni el interés estatal ni académico
por determinar con certeza y con estudios serios, el estado general de los derechos de
dichas poblaciones.68
67
El Estado colombiano ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
discriminación Racial (CIEDR) mediante la Ley 22 de 1981.
68
Un informe detallado y que contribuye al mejor entendimiento de la situación de discriminación, en
especial de la población afrocolombiana la ofrece el estudio del Observatorio de Discriminación Racial
(RODRÍGUEZ GARAVITO; C., ALFONSO SIERRA, T.; CAVELIER ADARVE; I. Et al. 2009)
174
3.3. VIOLENCIA MEDIÁTICA
“La muerte viaja más rápido que la información”
(VALLEJO, F. 1994, p.11)
Existen tres sectores relacionados con la prensa : primero, el de los medios de
comunicación, como empresas privadas con intereses políticos y económicos
particulares, segundo, el de los periodistas, como trabajadores asalariados y tercero, el
de las fuentes de información (militares, guerrilla y el gobierno). A los primeros,
especialmente los escritos se les atribuye una consolidada influencia sobre el poder
local y nacional, en la política y la administración, mientras que a los medios
electrónicos como la radio y la televisión tienen comparativamente una capacidad
socializadora por su contacto vivencial con los receptores.
El periodismo escrito en Colombia históricamente ha tomado parte en los conflictos
poniéndose de lado de alguno de los protagonistas, ejemplo de ello es la evidente
parcialización de los diarios colombianos, pues la información sobre acontecimientos
ligados a la violencia fue expuesta a veces sin confrontarla o verificarla entre los
protagonistas del conflicto, los victimarios y las víctimas cambiaban dependiendo de la
tradición partidista y los apelativos contribuían a generar rechazo frente a determinados
grupos, en muchos casos incluso las editoriales de los periódicos mostraban su
tendencia a juzgar los comportamientos de uno u otro bando, pero uno de los efectos
más perdurables a lo largo de la historia colombiana, ha sido la constante reticencia de
los medios a apostarle a los acuerdos de paz entre el gobierno y los grupos armados
ilegales. El lenguaje utilizado contribuyó y contribuye hasta nuestros días a elevar el
tono del conflicto y cimientan las bases de un radicalismo y polarización que no permite
el diálogo o la búsqueda de un proceso de acercamiento entre los actores del conflicto
(AROCHA, J. Op. Cit., pp.136-139)
“(..) la identificación de la izquierda y la oposición con la subversión, con lo
cual no pocas veces se ha caído en el más puro macartismo, al señalar como
acto de la izquierda conspirativa cualquier empresa no inscrita dentro de los
estrechos límites del bipartidismo. Con esto no sólo se reducen las posibilidades
de ampliación de los espacios democráticos, sino que se generaliza la sensación
de que todo acto inspirado por fuera de las agrupaciones políticas tradicionales,
así sea realizado dentro de la más absoluta legalidad, no es cosa diferente del
obedecimiento a mandatos del comunismo internacional. (...) se han utilizado
otros recursos como son la descontextualización de la noticia, la
175
recontextualización acomodada, la titulación en contravía del texto, el
ocultamiento o minimización de algunos hechos y la exageración de otros, la
alteración del orden de los acontecimientos, a más de la utilización de refinadas
técnicas subliminales que traicionan la buena fe de los lectores y que han
erigido no pocas talanqueras a la política de paz.”(Ibid. pp. 139-140).
La represión del Estado y las medidas que enfatizan en el control y la lucha contra la
criminalidad son en muchos casos consecuencia de la presión que la sociedad ejerce,
respondiendo a la “criminalización mediática”69 al miedo y a la necesidad de combatir a
la amenaza que es difundida a través de los medios de comunicación. (BONILLA
VÉLEZ, J.I. y TAMAYO GÓMEZ, C.A. 2007, pp. 47 -48)
Tres entonces son las presiones de las que son víctimas los comunicadores, la
gubernamental, la de los grupos violentos y la de los dueños de los medios. La
mencionada parcialidad es el resultado de las presiones económicas y políticas de que
son víctimas los dueños de los medios, y a su vez los periodistas que trabajan para ellos,
sin olvidar por supuesto las amenazas y atentados contra la vida de que son víctimas los
periodistas por parte de sectores radicales de izquierda y de derecha. Pero también
obedece al afán de prestigio social por parte de periodistas que carecen del
profesionalismo requerido, o por la necesidad de obtener la chiva70. Existe una
“fascinación que producen los «hechos de guerra» en las agendas mediáticas [que]
obedece a que estos acontecimientos están asociados a valores noticia que privilegian el
drama, la tragedia, la novedad, la espectacularidad, el antagonismo y el heorismo.
Narrativas frente a las cuales los «hechos de paz» viven en constante opacamiento
debido a que no están relacionados con los insólito, lo dramático o impactante” (Ibid., p.
28)
Incluso las actividades deportivas y recreativas se ven afectadas por este hecho pues se
incita a la agresión y se pronuncian comentarios incendiarios y apasionados que se
acompañan de expresiones que no corresponden con los términos deportivos, sino que
son asociados con actitudes o hechos violentos. Por ejemplo: “en una transmisión radial
de la vuelta ciclística a España, en la cual los locutores, para indicar que se preparaba
una escapada de colombianos, hablaban de que éstos iban a estallar una “bomba piña en
69
Concepto utilizado en las investigaciones de Esteban Rodríguez “Criminalización mediática y políticas
de seguridad. La gestión de la (in)seguridad ciudadana (2001), María Inés Loyola, María José Villa y
María Teresa Sánchez “El uso de las metáforas en el discurso de la guerra” (2003) y Magdalena Gaete
“La seguridad ciudadana en los noticieros de televisión” (2003) analizados por Bonilla Vélez, J.I. y
Tamayo Gómez, C.A. 2007)
70
Primicia informativa (RAE)
176
el grupo”, o para destacar un triunfo colombiano se recurría a vocablos como
liquidación o arrasamiento”(AROCHA RODRÍGUEZ, J. 1988, pp. 141-143).
Por su parte los medios televisivos antes de cumplir un papel socializador y forjador de
valores y criterios dentro de la sociedad colombiana, presenta repetitivamente
programas que hacen apología al delito, a todos los tipos de violencia, constituyéndose
en una de las principales fuentes para los televidentes, especialmente dentro del grupo
de la niñez y la juventud, de los comportamientos más aberrantes, que en muchas
ocasiones son tomados como muestra para la comisión de delitos e infracciones a la ley.
(AROCHA RODRÍGUEZ, J. Op. Cit., pp. 143-146) (Ver también BONILLA VÉLEZ;
J.I. y TAMAYO GÓMEZ; C.A. Op cit., pp. 40-42)
3.4. VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA
La violencia que se desarrolla dentro de la familia es producto de la socialización de
individuo, de su historia de vida y de las condiciones sociales y materiales que lo
rodean. La conjugación de estos factores determina la manera como se construyen y
afianzan los valores o antivalores. La violencia urbana, la crisis social y la violencia
familiar son considerados por los analistas, los elementos que permitirían explicar la
reproducción cultural de la violencia y la aparición de nuevos fenómenos asociados a
las pandillas y otras formas de criminalidad y violencia en Colombia. (Ibid., pp.150151)
Las mujeres y los niños y niñas son las principales víctimas de la violencia
intrafamiliar, y en Colombia se evidencia en el maltrato físico, como la desnutrición, el
abandono, las golpizas, el trato cruel, y en el maltrato afectivo -insultos, sarcasmos, las
respuestas impredecibles, el comportamiento inconsistente-. Ambos tipos de maltrato
aunque se presentan con más frecuencia en hogares de condiciones económicas
precarias, se dan también en otros grupos socioeconómicos. Ambos producen
consecuencias físicas y psicológicas que dejan profundas huellas o cicatrices en la
personalidad y desarrollo del individuo, sin embargo, el maltrato físico puede ser más
fácilmente identificado por las huellas corporales que deja, por el contrario el maltrato
psicológico, puede pasar desapercibido ante la sociedad.
El abuso sexual es uno de los delitos que con mayor frecuencia está relacionado con el
177
maltrato infantil tanto de niñas como de niños, pero lo más preocupante es que el delito
es cometido dentro del mismo hogar de los menores y el victimario es en la mayoría de
los casos un miembro de la familia, sea padre, padrastro, hermanos, tíos entre otros. Las
enfermedades de transmisión sexual, las relaciones incestuosas, la maternidad temprana
además de los profundos daños psicológicos, se cuentan entre las principales
consecuencias de este tipo de violencia, la que a su vez genera discriminación social y
marginamiento de las víctimas (AROCHA RODRÍGUEZ, J. 1988, p. 152).
Por su parte, la adolescente en muchas ocasiones decide separarse de la violencia
intrafamiliar, y abandona su familia, exponiéndose a otros factores de riesgo, que la
ponen en la vulnerabilidad de convertirse en madre soltera, o ser violentada por su
compañero o el padre de sus hijos, convirtiéndose la violencia intrafamiliar en un ciclo
que se abre y cierra en cada historia de vida, pues ella a su vez se convierte en
victimaria de sus hijos abandonándolos o asumiendo comportamientos negligentes que
conducen a situaciones de desnutrición y muerte. En este proceso la violencia
intrafamiliar adquiere una connotación de normalidad en la vida de las víctimas
evidenciada en las agresiones físicas y la degradación moral y psicológica, donde
además se la violencia se reconoce como el único modo de resolver los conflictos (Ibid.
pp. 154-155).
La violencia y los crímenes de implicación sexual además de no ser denunciados por
parte de las víctimas, son difícilmente relacionados en las estadísticas, en ocasiones
porque no hay el acceso material a los organismos judiciales competentes,
especialmente en las zonas rurales o por la propensión a considerarlo parte de la
mentalidad machista que aún predomina en gran parte de la sociedad (ZULETA, E. Op.
Cit., p117).
Los hijos menores se enfrentan ante la situación de observar y ser testigos de la
violencia ejercida hacia sus madres de una manera pasiva, y en los hijos mayores o
adolescentes entran a intervenir para proteger la integridad de sus madres, lo que
complica las situaciones y puede terminar con la expulsión de los hijo(a)s del hogar, su
fuga para protegerse o en muchos casos las mujeres prefieren abandonar a sus hijos a
perder las relaciones que establece con nuevos compañeros de vida.
En la tercera edad, los agresores corren con las consecuencias de las actuaciones dentro
del hogar y sufren el abandono de sus esposas, compañeras y el de sus hijos como parte
178
del ciclo que se cumple ante las imperdonables faltas como padre y esposo (AROCHA
RODR?IGUEZ, J. Op. Cit., p.156).
3.5. VIOLENCIA Y ESTADO
A pesar de que Colombia no ha atravesado por un proceso de gobierno dictatorial, y de
que las condiciones generales a nivel económico, político, social y cultural hacen parte
del marco democrático, en la práctica las características de violencia en el país provocan
profundas contradicciones. Prueba de ello es que las libertades de prensa, de libertad de
asociación a nivel sindical y libertad de ejercer la oposición política, no son en la
práctica garantía para la protección de los periodistas en el ejercicio de su labor, o de la
posibilidad de participar en actividades sindicales en la lucha por las reivindicaciones
laborales, así como no lo es para quienes conforman grupos de oposición o partidos
opositores al gobierno. Las cifras que arrojan a las estadísticas sobre las desapariciones,
secuestros, extorsiones y asesinatos son prueba fehaciente de esta contradicción
(ZULETA, E. 1991, pp. 113-115). Tan sólo en el período comprendido entre 1991 y
2006 fueron asesinados en Colombia 2.245 sindicalistas, 138 sufrieron desaparición
forzosa y recibieron amenzas más de 3.400, lo que le otorga a Colombia el título del
lugar más peligroso para los sindicalistas. Estas cifras fueron expuestas por Amnistía
Internacional (AI), quien hace especial énfasis en la necesidad de que el Estado proteja
a los sindicalistas como una señal clara de su compromiso frente a los abusos. El
informe contiene casos de abusos contra los derechos humanos de los que han sido
víctimas sindicalistas –y sus familiares– que trabajan en Colombia en los sectores de la
salud, la educación, los servicios públicos, la agricultura, la minería, el petróleo, el gas,
la energía y la alimentación (AMNISTÍA INTERNACIONAL 2007).
A nivel social la contradicción se relaciona con la disposición de partes de la población
para justificar la denominada “limpieza social” entendida como los asesinatos selectivos
a quienes personifican “los males de la sociedad”, específicamente personas
relacionadas con el mundo de las drogas, la homosexualidad, mendigos, recicladores,
incluyendo a niños y niñas de y en la calle, a manos de grupos motorizados, en muchos
casos financiados por personas privadas con alto poder adquisitivo y con la
participación de algunos miembros o ex miembros de las fuerzas armadas y policiales.
Esta participación de las fuerzas armadas y los organismos de seguridad del Estado, ha
sido una constante en la historia de Colombia y se ha manifestado en las desapariciones,
179
las detenciones arbitrarias y el maltrato, que sumado a la impunidad provocan la crisis
de legitimidad de las instituciones que sirven motor para la reproducción de la violencia
(ZULETA, E. Op. Cit., pp. 116). En el 2008 surgió en los medios de comunicación el
escándalo que mal se denominado caso de “falsos positivos” o “legalización” de
cadáveres de civiles que son asesinados selectivamente por miembros de las Fuerzas
Armadas, denominándolos Bajas en combate o abatidos, es decir contándolos como
subversivos, utilizando para ello armamento y uniformes que confirman que la persona
muerta es un guerrillero. Por cada baja, los militares recibirían del gobierno
compensaciones de tiempo y de dinero, y a pesar de ser esta una práctica común y
antigua, el reclutamiento de jóvenes en las zonas marginales de diferentes zonas del país
para trabajar en otras regiones, ha servido de engaño para trasladarse de un lugar a otro
y ser asesinados sin que existan dolientes y se haga imposible el reconocimiento del
cadáver, que más tarde es sepultado como N.N y guerrillero muerto en combate.
Campesinos, jóvenes desempleados entre otros han sido las víctimas escogidas para tal
fin. Si bien el gobierno de Uribe después de muchas críticas asumió la gravedad del
asunto, no se responsabilizo directamente por estas ejecuciones extrajudiciales y las
medidas para evitar futuros hechos no se han evidenciado. Tan solo la destitución de un
grupo de generales, sin que ello implique el juzgamiento por estos delitos, ha
significado una reacción precaria por parte del gobierno. El rechazo civil ha sido
generalizado, mientras que las medidas aún estan por tomarse y la justicia aún no ha
dado resultados en los altos mandos, tan solo algunos soldados han sido juzgados
individualmente.
Por otro lado, políticamente la falta de identidad ideológica y programática de los
ciudadanos con relación a los partidos políticos y las instituciones se derivan de los
procesos electorales y el desarrollo de la violencia en la década de los 50, la falta de
liderazgo de los candidatos y presidentes elegidos, incluso el intento de pacificación del
Frente Nacional, así la abstención y el clientelismo consolidan el surgimiento del
caudillo, como alternativa política que buscaba una reivindicación política frente a los
electores. Las necesidades del pueblo se convirtieron en herramientas para la
consecución de votos que llevaron al poder a los políticos, quienes en realidad, buscan
fundamentalmente fortalecer las ventajas económicas de la oligarquía, pretendiendo no
pertenecer a los partidos tradicionales y haciendo uso de la oratoria como medio para
llegar a la sensibilidad del pueblo (Ibid. pp. 118-120). Por su parte, los miembros de la
180
denominada oligarquía colombiana, constituida por industriales, terratenientes, grandes
agricultores y ganaderos, no unifican sus fuerzas con el fin de impulsar el desarrollo del
país, siendo en conjunto la mayor presión política que reciben los dirigentes,
especialmente a través del manejo de los medios de comunicación (ZULETA, E. 1991,
p.122).
La ausencia del Estado y sus representaciones institucionales, constituyen otra forma de
violencia, pues al no suplir las necesidades básicas sociales, económicas, políticas y
culturales, infringe todos los derechos de los ciudadanos y por tanto su existencia carece
de legitimidad, sobre todo en las regiones más apartadas del país. Asimismo, fenómenos
como la corrupción por parte de los representantes elegidos popularmente cierra la
cadena de falta de credibilidad y de sentido de pertenencia a un sistema gubernamental.
El lucro individual por parte de los gobernantes a costa de la pobreza y la miseria de los
pobladores desencadena un descontento que se ve consolidado con la impunidad que en
muchos casos acompaña los procesos judiciales. La participación democrática se ve
entonces profundamente afectada, pues carece de sentido el hecho de contar con
mecanismos democráticos de participación y al mismo tiempo ser representados por
personas que solamente buscan enriquecerse de las arcas del gobierno, salida de los
impuestos que pagan los ciudadanos.
Inconformidad que con el paso del tiempo se ha convertido en muchas regiones en un
normalidad y que hace parte del círculo vicioso de corrupción y apatía política, motores
a su vez de la busca de soluciones alternativas e inmediatistas que abanderan los grupos
armados ilegales, quienes si saben aprovechar para su beneficio la ausencia del Estado y
la falta de legitimidad de sus instituciones.
3.6. ATENTADOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD Y LA LIBERTAD
PERSONAL
“¿No estamos pagando ahora eso? ¿No es horror sin límites, esa voluntad, de hacer que la gente
huya aterrorizada, que se venga a las ciudades, no atraída por los halagos de la vida moderna ni
desalojada lentamente por la competencia de la agricultura industrial, sino expulsada por el
terror, lo que creó un potencial de violencia tan extraordinario en nuestro país?”
(Ibid., p. 23)
181
El Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP presentó a través de su Marco
Conceptual del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política las
categorías que sirven como referencia para la recuperación de las cifras sobre las
violaciones a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en
Colombia. A partir de esta categorización es posible identificar a las diversas formas en
las que se presentan los atentados contra la vida, la integridad y la libertad que nos
ocupa en este apartado. A continuación se presenta una reseña de las categorías
utilizadas por lo investigadores para ordenar y clasificar las principales violaciones de
derechos humanos (derecho a la vida, a la integridad y a la libertad) en Colombia y que
fueron elaboradas en concordancia con instrumentos internacionales que definden los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitartio aplicable a los conflictos
armados. (CINEP Octubre 2008)
Atentados contra la Vida
Dentro de los atentados con la vida se cuentan hechos como la amenaza y el asesinato
por intolerancia social, el asesinato político, los atentados, las amenazas
individuales y colectivas y las ejecuciones extrajudiciales.
Las manifestaciones de violencia, atentados y/o asesinato por intolerancia social pueden
ser efectuados por personas o grupos no estatales, ni paraestatales o por personas no
identificadas, y que afecta fundamentalmente a personas que son consideradas como
disfuncionales o problemáticas para la sociedad, por ejemplo el caso de los habitantes
de la calle, delincuentes, drogadictos, trabajadores sexuales, homosexuales o mendigos,
causándoles no solamente consecuencias físicas sino también poniéndo en riesgo la
estabilidad psíquica de los individuos.
Las amenazas, atentados, y asesinatos políticos individuales y/o colectivos, intentan
impedir o castigar sus actividades o posiciones ideológicas o su pertenencia a
determinadas organizaciones, participación en actividades sociales o políticas que
deteriora o impide a su vez la lucha por la reinvindicación de los derechos.
Cuando agentes estatales o individuos que cuentan con el apoyo, anuencia, aquisencia o
tolerancia de un agente estatal, de manera intencional, arbitraria y deliberda cometen
homicidio, este se denomina ejecución extrajudicial. La ausencia de garantía para la
protección de las víctimas en muchos casos propicia las ejecuciones extrajudiciales.
Cabe anotar que dentro de esta categoría no se incluyen las muertes violentas cometidas
182
en el desarrollo de movilizaciones o protestas pero cuyo carácter deliberado no es claro.
Se considera deliberado y como abuso de la autoridad si le antecede al crimen las
amenazas, persecuciones o atentados contra personas. Los atentados buscan destruir la
vida o afectar la integridad física de una persona sin incluir los bienes (pues los
atentados contra los bienes se consideran parte de las amenazas a personas o grupos) y
cuya ejecución recae en agentes directos o indirectos del Estado.
Las amenazas individuales y las colectivas perpetradas por agentes directos o indirectos
del Estado, buscan poner en situación de víctima potencial de agresiones contra la vida
o integridad a personas afectando su estabilidad psíquica, y a grupos afectando su
organización o la lucha por reinvindicaciones de derechos (Ibid, pp.11, 17, 18, 23, 25 y
26).
Los Hechos:
Sólo hasta el 2004 el Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos
sobre la situación de los derechos humanos en Colombia incluyó a los homosexuales
dentro de otros grupos vulnerables. A pesar de que la Constitución de 1991 introdujo el
tema a través del artículo 16 el libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones
que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, en la práctica, es
evidente que además de la constante lucha de la población de lesbianas, gay, bisexuales,
transgeneristas e intersexuales (LGBTI) por la reivindicación de sus derechos, por
ejemplo el régimen patrimonial, la cobertura del seguro social, el subsidio de alimentos,
asi como las uniones de parejas del mismo sexo, esta población ve vulnerados sus
derechos de no discriminación y derecho a la vida en la medida que desde los entes
estatales se ha fortalecido los imaginarios homofóbicos, enmarcados por supuesto en las
políticas militaristas que hacen énfasis en la masculinidad y justificando paralelamente
las violaciones de los Derechos Humanos de dicha población por parte de la fuerza
pública. En las ciudades, la situación se evidencia en extorsiones a hombres
homosexuales a través de fotografías que los comprometen, de igual manera es
recurrente el apuñalamiento, cersenamiento de genitales, torturas hasta el asesinato, que
contienen un alto sentido de “aleccionamiento”. En Bogotá las agresiones son
cometidas especialmente por las organizaciones como los “cabeza rapadas”, que
manifiestan un alto grado de agresión homofóbica, el cual se legitima en la ciudad con
discriminación simbólica o lingüística.
183
La ausencia de reconocimiento como ciudadanos de esta población LGTBI afecta
también a quienes pretenden ser reparados simbólica, material o económicamente por
las desaparaciones de familiares a causa de su condición en manos de grupos
paramilitares (ver también Informe sobre derechos humanos. ONG Diversidad Humana
2004). Es así, como otras violaciones de derechos como las amenazas, la apropiación de
bienes, las violaciones sexuales, las expulsiones, destierros, el escarnio público
permanecen en la impunidad por no ser denunciadas debido al temor o por ser
subregistrados en otras categorías de violencia (RINCÓN PERFETTI, G.H. En :
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo 2004, pp.
209-303).
En relación a las ejecuciones extrajudiciales, vale la pena anotar que en el quinquenio
entre los años (2002-2007) se totalizaron 955 casos en Colombia, según los estudios del
Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Coordinación Colombia Europa Estados
Unidos (CCEEU) la cual reune a ONGs de investigación en Derechos Humanos.
Adicional al incremento en un 65,51% de los casos de ejecuciones extrajudiciales, son
preocupantes las cifras de desapariciones forzadas con 235 casos denunciados, las
cuales fueron ejecutadas por miembros del Estado. Este caso de violación de los
derechos humanos, especialmente el derecho a la vida fue denunciado en el 2007 ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el ánimo de hacer eco ante el
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias (ELMUNDO 10 de Octubre 2007). Cifras posteriores entre dicho estudio y el
2008 suponen que en promedio hay una víctima diaria de ejecuciones extrajudiciales en
Colombia, de los cuales 58% eran jóvenes y adultos jóvenes menores de 30 años. Las
cifras y su impacto se acrecentaron cuando desaparecieron 20 jóvenes del sur de
Bogotá, en la localidad de Soacha y fueron después reportados como muertos en
combate en otra zona del país, como el Departamento de Norte de Santander y
Antioquia, donde paralelamente se desarrollan las principales acciones del Plan
Colombia, el caso es mundialmente conocido como “falsos positivos”71. De los 535
casos de personas desaparecidas en estas circunstancias solamente 117 han sido objeto
de seguimientos judiciales y de ellos el 93,7% de los casos la responsabilidad fue
atribuída a miembros del Ejército Nacional (ELMUNDO 31 de octubre de 2008).
71
En alusión al término de “positivo” utilizado por el ejército para referirse a un guerrillero muerto en
combate.
184
“Algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas
como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del
cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las
investigaciones” según lo manifiesta la Alta Comisionada para los Derechos Humanos
en su informe sobre Colombia (ONU, HCHR A/HRC/7/39/ 28 de febrero de 2008, §28).
Contra la Integridad Personal
Dentro de los delitos contra la integridad se destacan según el CINEP, la tortura y las
heridas causadas por intolerancia social, que generan no solamente secuelas físicas o
mentales sino la degradación del individuo, a causa de su condición disfuncional o
problemática para la sociedad, como lo pueden ser los casos de los trabajadores
sexuales, los homosexuales y los habitantes de la calle. Asimismo existen torturas y
heridas que son motivadas por razones políticas, posiciones o actividades.
Adicionalemente, la violación de tipo sexual es considerada también como una
violación al derecho a la integridad personal. Es entendida como la “invasión física de
naturaleza sexual, de forma coercitiva, sobre una persona”, que puede ser ejecuta por
agentes directos o indirectos del Estado y cuya víctima no es necesariamente una mujer,
pues también los hombres son víctimas de este flagelo. En muchos casos como
consecuencia de las violaciones sexuales, las mujeres ven vulnerados sus derechos pues
al quedar en embarazo son obligadas a permanecer confinadas hasta la terminación del
mismo. Dichas violaciones y confinamientos pueden ser ejecutados ya sea por agentes
directos o indirectos del Estado. Una modalidad de este crimen se le denomina “estupro
étnico”, que tiene como objetivo alterar la composición étnica de una población
determinada.
La integridad personal también se ve amenazada por la prostitución forzada, que obliga
a hombres, mujeres y menores de edad a realizar actos de naturaleza sexual bajo
coerción o aprovechando la incapacidad de la víctima de dar su consentimiento genuino.
Los autores pueden ser agentes directos o indirectos del Estado y buscan por lo generar
la obtención de ganancias pecuniarias. Además de la prostitución, son crímenes que
atentan contra la integridad de la persona la esclavitud forzada, la cual puede ser
cometida por agentes directos o indirectos del Estado, y donde se desarrollan formas de
dominio con el fin de obtener ganancias económicas mediante compra, venta, préstamo
185
o trueque, que en su mayoría obligan a la víctima a cometer actos de naturaleza sexual.
(CINEP Octubre de 2008, pp. 12, 13, 17, 19, 24 y 26)
Los hechos:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió en el 2005 a la
Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH, la Comisionada Susana
Villarán, a la República de Colombia, con el objetivo de reconocer el impacto del
conflicto armado sobre las mujeres colombianas (Ver también Amnistía Internacional
2011) y conocer las medidas que el Estado ha adoptado para proteger los derechos de
las mujeres a nivel legislativo, político, institucional y judicial (OEA 2006). En su
recorrido la Relatora del CIDH pudo comprobar como las mujeres se han sido durante
más de 40 años consideradas como “botín de guerra”. A la vulnerabilidad que tienen las
mujeres y niñas dentro del conflicto colombiano se les suma el hecho de pertenecer a
comunidades indígenas o afrocolombianas. Actores legales e ilegales han utilzado a las
mujeres como parte de su estrategia para el control de territorios y comunidades. Una de
esas estrategias la constituye la violencia física, psicológica y sexual que persigue
“lesionar al enemigo” pues se vulnera el núcleo familiar y/o se genera terror en la
comunidad. Las relaciones afectivas con los miembros que participan en el conflicto
como madres, esposas, hijas, compañeras, hermanas son determinantes a la hora de usar
las estrategias de terror contra las mujeres. En muchos casos la violencia ejercida contra
las mujeres busca generar desplazamientos y desarraigo. La violencia sexual en
ocasiones es acompañada de reclutamiento forzado para servicios sexuales dentro de los
grupos guerrilleros o paramilitares. Y finalmente, en muchas zonas del país se
constituyen estas prácticas en formas de mantener el control sobre las comunidades, por
ejemplo la imposición de normas de conducta, la intervención en conflictos familiares y
comunitarios, se emplea la violación sexual como forma de castigo o advertencia por la
manera de vestir o las relaciones con miembros de grupos armados contrarios.
Los testimonios de mujeres indígenas le permitieron a la Relatora conocer como grupos
armados legales e ilegales llegan a las comunidades en patrullas que raptan a las
mujeres indígenas, las utilizan sexualmente en forma colectiva y las abandonan. La
mayoría de estas agresiones no son denunciadas por la vergüenza que los actos implican
186
culturalmente y por el miedo a peores represalias, pues en las zonas donde se presentan
los hechos existen un mayor control de grupos ilegales que una presencia del Estado,
además existe una aceptación social de la violencia contra las mujeres que se basa en
estereotipos marcados culturalmente.
Los informes de la Comisión Humanitaria de Verificación, la Defensoría Delegada para
la Defensa de los Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, las defensoría Seccionales
confirman las denuncias expuestas por Amnistía Internacional (AI Amnistía
Internacional AMR 23/040/2004, p.18-30) que dan cuenta de las atrocidades cometidas
contra las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas, en la medida que
los grupos paramilitares con la complicidad en muchos casos de las fuerzas armadas
colombianas usan las violaciones a mujeres y niñas como estrategia para apoderarse de
territorios económicamente rentables. Se conocen casos en los que además las mujeres
fueron sexualmente humilladas obligadas a desnudarse y bailar frente a sus esposos,
violadas, torturas y sus genitales y senos mutilados. Las mujeres en embarazo no
escapan a estas escenas pues son sometidas a empalamientos. Las mujeres cabeza de
familia son blanco también de las agresiones sexuales pues la ausencia de su esposo se
atribuye a su participación en grupos ilegales. Asimismo las mujeres que pertenecen a
las familias de defensores de los derechos humanos son con frecuencia secuestradas,
violadas y sus genitales cersenados. La utilización obligada de dispositivos intrauterinos
por parte de las mujeres y niñas, así como la obligación de abortar en caso de embarazo
son constatadas por los testimonios recogidos por la Defensoría del Pueblo. La
vulnerabilidad alcanza a los homosexuales, a los presuntos portadores del VIH y las
prostitutas, los casos en este sentido son en menor medida identificados pues no existe
una interés en identificar a los autores y recoger las pruebas para realizar las
investigaciones pertinentes.
Contra la Libertad Personal
La libertad personal se ve restringida entre otros, según el CINEP, por actos
relacionados con la intolerancia social, que llevan a los victimarios a ocultar o trasladar
a sus víctimas contra su voluntad a sitios desconocidos, alejándolos de sus familias y
dejándolos en indefención existencial.
187
En muchos casos la desaparición va a compañada del desplazamiento colectivo por
intolerancia social, que causa una migración forzada de un grupo de personas dentro del
territorio nacional o hacia las zonas de fronteras, teniendo que para ello abandonar sus
propiedades y bienes, asi como sus actividades cotidianas, y poniendo en alto riesgo no
solo su integridad física sino sus libertad, pues la indefención y vulnerablidad que
causan los desplazamientos forzados se enmarcan en amenazas y agresiones a causa de
la intolerancia social.
El Secuestro perpetrado por organizaciones insurgentes o personas civiles con fines
extorsivos de carácter económico que buscan financiar dichas organizaciones y/o sus
actividades bélicas, o también buscan producir un impacto en la opinión pública o
restringir la libertad de acción de la víctima, es considerado por supuesto una violación
clara al derecho a la libertad. El CINEP hace una claridad respecto y la diferencia ente
secuestro, y otras figuras como la del «Escudo» o la de la «Toma de Rehenes», que son
consideradas infracciones graves al DIH. A pesar de ser lo grupos insurgentes los
mayores protagonistas de este tipo de delitos, el secuestro se ha generalizado como
práctica en otros sectores y su presencia se ha incrementado en actos relacionados con
la delicuencia común.
El secuestro, además de las características antes descritas, tiene también móviles
políticos definidos como la persecución política para persuadir o impedir el desempeño
de actividades concernientes a la labor pública y política. Este tipo de Rapto es similar a
la Desaparición Forzada, que se constituye un típico crimen de Estado y por lo tanto una
clara violación a los Derechos Humanos. La diferencia la generan el autor o autores,
pues si bien pueden ser personas ajenas al cuerpo estatal pueden auxiliar al Estado a
través de grupos, sin embargo están movidos por los mismos intereses que los del
secuestro. Esta práctica ha venido en aumento y las víctimas se encuentran dentro de los
miembros de asociaciones sociales, políticas o de reinvindicación de derechos, como
por ejemplo, los sindicalistas y defensores de derechos humanos.
El desplazamiento forzado colectivo, es entendido como la migración forzosa de una
comunidad que ve amenazada sus vidas, su integridad, sus libertades y su seguridad, y
que por esas razones abandona su lugar de original de asentamiento y con él sus
propiedades y bienes. Como causa permanente de los desplazamientos forzados
colectivos pueden contarse la continua violación de los derechos humanos y la
persecución política. Existen otras violaciones del derecho a la libertad como la
188
desaparición forzada involuntaria y la detención arbitraria. La primera “Es la privación
de la libertad a una persona, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del
Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o
la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a
reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con
lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales
pertinentes” (Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas,
1993).
Por su parte las detenciones arbitarias, buscan privar de la libertad a una o a varias
personas por parte de agentes directos o indirectos del Estado, que no acatan los
procedimientos contemplados en la ley penal, por ejemplo la inexistencia de una orden
escrita, la inexistencia del estado de flagrancia, cuando la detención es organizada y
perpetrada por miembros de las Fuerzas Armadas en desarrollo de facultades
concedidas por alguna Ley, y que violan instrumentos internacionales, como la
Convención Americana de Derechos Humanos. Otras características de las detenciones
arbitrarias, la constituye las detenciones tras el vencimiento de los términos legales, o la
detención después de haberse cumplido la pena, la criminalización de conductas como
la protesta social, la reinvindicación de derechos, las protestas políticas consideradas
ilegales y denominadas como “rebelión”, “terrorismo”, “asonada”, “concierto para
delinquir” y que son tomadas como razones justificables para las detenciones.
La deportación, es decir el retorno forzado a la patria de personas protegidas, individuos
o grupos que buscan refugio en territorios extranjeros, es otra violación al derecho a la
libertad. La resposabilidad frente a las deportaciones puede correr por cuenta de agentes
extranjeros (países fronterizos) o por agentes nacionales (dentro del país).
El desplazamiento forzado colectivo y el confinamiento como represalia o castigo son
también considerados crímenes contra la libertad personal. En el último caso, se trata de
la restricción o impedemiento de movilizarse a personas o grupos por parte de agentes
directos o indirectos del Estado a personas o grupos que ven amenazadas sus vidas y por
ello buscan protección contra las agresiones que atentan contra sus derechos
fundamentales. Ejemplo de ello, es el impedir que se lleven a cabo las denuncias de
violaciones, impedir que se den a conocer las mismas a través de grupos u
organizaciones no afectas al Estado como las ONG, la presión para colaborar con las
causas del actor armado estata o paraestatal, o de castigarlas por no hacerlo a través del
189
cercamiento de hambre que impide el abastecimiento de la población (CINEP Op. Cit.,
pp. 15, 18, 19, 24 y 17).
Los Hechos:
Al igual que otros fenómenos asociados con la violencia el secuestro no es en muchos
casos denunciado por el temor a represalias contra la víctima, es por eso que las cifras
de secuestrados en Colombia pueden ser más grandes de las que hasta el momento se
han manejado. País Libre organización no gubernamental que además de atender a las
víctimas de secuestro, extorsión y desaparición forzada, realiza estudios que concluyen
en estadísticas72, las cuales constituyen los datos más utilizados para estudiar estos
fenómenos. La Fundación informa73 que las FARC y el ELN han secuestrado entre
1988 y 2007 más de 30.392 personas, de ellos 1376 aún no se ha esclarecido su autor, y
en el total de cautivos les siguen estadísticamente las FARC, el ELN, la delincuencia
común, y los paramilitares. Según Fondelibertad las Autodefensas Unidas de Colombia
AUC ejecutaron entre 2002 y 2006, 515 secuestros (FUNDACIÓN PAÍS LIBRE,
FONDELIBERTAD 2006). Las zonas del país más atacadas por este flagelo son
Antioquia, Cesar, Valle, Cundinamarca, Santander, Bogotá, Tolima (FUNDACIÓN
PAÍS LIBRE, FONDELIBERTAD 2007). El secuestro es una de las estrategias de los
grupos armados ilegales para ejercer control, terror y presión contra el Estado, además
existe el llamado secuestro extorsivo que tiene fines económicos, sin embargo, cuando
no hay noticias de la persona retenida, ni de su muerte deja de denominarse secuestro
para convertirse en desaparición forzada (MPP- MEDIOS PARA LA PAZ s.f.).
Otro ejemplo de violación contra el derecho a la integridad de las personas; es el
desplazamiento forzado que en Colombia según el Sistema Único de Registro –SUR-,
aunque estadísticas no oficiales a aproximadamente 2 millones de personas, y otras
cifras de ONG reportan más de 3 millones de desplazados. Las causas del
72
FONDELIBERTAD presentó en abril del 2009 las cifras más recientes del número de secuestrados en
Colombia. Para sorpresa de la opinión pública e incluso de la Fundación País Libre, las cifra de 2.800
casos de secuestro se remplazan por 125, debido a una depuración de las cifras. La discusión en torno a la
dismunución radical en las cifras se ha desarrollado a nivel nacional e internacional y para Rubén Darío
Ramírez “Zar antisecuestro” del gobierno colombiano en 1998 “Mantener una cifra alta le dio réditos
políticos al gobierno durante un tiempo, en su lucha contra las guerrillas y los paramilitares, pero
mantenerla hoy le quitaba efectividad a la seguridad democrática´” (SALAZAR, H. 22 de abril de 2009).
73
Presentación de Olga Lucía Gómez Cardona. Dierectora de la Fundación País Libre durante la Semana
por la Paz septiembre de 2007.
190
desplazamiento se encuentran fundamentalmente en los ataques a la población civil
generados por los combates entre los grupos ilegales (guerrilla y paramilitares), y entre
estos y las fuerzas armadas colombianas. A pesar de la contundencia de las cifras en
muchos casos los hechos no han sido adecuadamente investigados por lo que la
impunidad rodea estos casos y evita la reparación moral y económica de las víctimas.
Las mujeres, los niños y niñas y los ancianos, son la población que en mayor medida
forman los grupos de desplazamiento, siendo los grupos indígenas y afrocolombianos
quienes mayor cifras de desplazamiento ofrecen. “Colombia presenta una de las
situaciones más graves del mundo en materia de desplazamiento, la tercera en magnitud
y número de población desplazada, y la primera o segunda por la complejidad, que es
bastante parecida a la de Sri Lanka” afirmó en el 2004 la Kamel Morjane delegado de la
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(EL COLOMBIANO cit. en : JARAMILLO ARBELAEZ, A, M., VILLA MARTÍNEZ,
M. I.; SÁNCHEZ MEDINA, L. A. 2004, p. 23). Según la Agencia de la ONU para los
Refugiados ACNUR/UNHCR, el continente americano es el que menor número de
refugiados en el mundo con un 8 por ciento y en él los colombianos también son el
grupo mayor, con 374.000 personas, de ellos 2.000 y 3.000 desplazados colombianos
solicitan refugio en Venezuela anualmente. Cifras que convierte al país en uno de los
que mayor número de personas desplazadas tiene en el mundo con aproximadamente
tres millones, seguida por Irak con 2,6 millones (ACNUR 2008, pp. 10-19).
Según Amnistía Internacional (AI) en Colombia hay entre tres y cuatro millones de
personas desplazadas y aproximadamente 500.000 han huido a los países fronterizos
(AI AMNISTÍA INTERNACIONAL 2009, AMR 23/015/2009). La organización de
derechos humanos Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES- asegura que más de 380.000 personas se vieron obligadas a huir de sus casas
en 2008, 24 por ciento más en relación con el año anterior. 74El informe del CODHES
añade que otros factores han influenciado el crecimiento del fenómeno del
desplazamiento como las acciones de las denominadas bandas emergentes, los combates
del Ejército contra la guerrilla, las fumigaciones de cultivos ilícitos y las acciones de las
74
En relación a las cifras de desplazamiento el director estratégico de desplazados de Acción Social,
Armando Escobar refuta las cifras ofrecidas por Amnistía Internacional. El aumento de las cifras según el
funcionario, obedecería a que en el 2008 el Consejo de Estado anuló una norma que le impedía a los
desplazados registrarse como tales antes de un año y que la Corte Constitucional determinó, mediante una
providencia, que los hijos de estas personas deben ser registrados como desplazados (ELTIEMPO 17 Jul.
2009).
191
Farc (ELTIEMPO 22 Abr. 2009). Al calificar las comunidades de una región como
“simpatizantes” o “colaboradores de...” por parte de las fuerzas de seguridad del Estado
convierte en vulnerables a las comunidades para ser atacadas y desplazadas por uno u
otro grupo armado. Estas poblaciones se caracterizan sobre todo por contar dentro de
sus pobladores a defensores y defensoras de los derechos humanos, los sindicalistas, los
campesinos y los pueblos indígenas y comunidades Afrodescendientes. Según
estimaciones presentadas por AI existen intereses económicos que motivan a los grupos
ilegales para provocar el desplazamiento de las poblaciones a través del terror, las
amenazas, violaciones, torturas. Dichos intereses se evidencian en el hecho que entre
cuatro y seis millones de hectáreas han sido expropiadas violentamente a través del
desplazamiento especialmente a las comunidades indígenas y afrocolombianas
(ACNUR Op cit., pp. 1-5). El investigador Alejandro Reyes asegura (Ver REYES
POSADA, A. 2009) que en Colombia existen tres grandes motivos para la apropiación
de las tierras de manera violenta, las cuales son expuestas también en el informe de AI.
Las regiones fronterizas sirven como corredores para el tráfico de drogas y laboratorios
de procesamiento; por otro lado las tierras cambian su uso a la ganadería extensiva; y,
finalmente, la alta valoración que adquieren las tierras para ser utilizadas en
megaproyectos económicos y energéticos (ELTIEMPO 16 Jul.2009).
3.6.1 Las Minas Antipersona75 Un caso particular de la violación al Derecho a la
Vida, la Integridad y la Libertad en Colombia.
“Por "mina antipersonal76" se entiende toda mina concebida para que explosione por la
presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que incapacite, hiera o mate a
una o más personas. Las minas diseñadas para detonar por la presencia, la proximidad o
el contacto de un vehículo, y no de una persona, que estén provistas de un dispositivo
antimanipulación, no son consideradas minas antipersonal por estar así equipadas”.
Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y
Transferencia de Minas Anti-personal y sobre su Destrucción, Art. 2, Definiciones
75
El gobierno de Colombia firmó la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento,
Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción o Convención de Ottawa el 4
de diciembre de 1997 y la ratificó el 6 de septiembre de 2000, convirtiéndose en el Estado Parte 103. La
Convención entró en vigor para el país el 1 de marzo de 2001.
76
Las Minas Antipersona se clasifican en: Minas de Onda Explosiva o de choque, Minas de
Fragmentación, las Minas sin Explotar –MSE-, las Armas Trampa y los Artefactos Explosivos
Improvisados –AEI- (Ver : ¿Por qué las Minas? Contexto del tema de las minas por UNICEF).77 Las
Fuerzas Armadas de Colombia cesaron oficialmente el uso de las minas en el año 2001.
192
En el continente americano solamente Colombia sigue utilizando las minas antipersona
como arma de guerra. Tanto los grupos guerrilleros como paramilitares utilizan esta
práctica para el control de los territorios77, y para ello entrenan a sus combatientes,
especialmente niños y niñas en el ensamblaje y colocación de las mismas. La
Vicepresidencia de la República de Colombia ha recibido denuncias en la que las
familias de campesinos acusan a la guerrilla de cobrarles un impuesto si alguno de los
miembros cae víctima de las Minas Antipersona, por considerar que ellos tienen
conocimiento del lugar de ubicación y al detonarlas han hecho una mala utilización de
la munición, explicó Andrés Dávila Ladrón de Guevara director del Programa
Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal –PAICMA(HERNÁNDEZ, E. 16 Sep. 2008).
Las minas antipersona se presentan en diferentes formas, colores y tamaños. Estos
dispositivos pueden estar fabricados de madera, hierro, metal o plástico o con materiales
baratos y fáciles de conseguir como tubos de PVC, botellas de soda, baterías, cables. La
fabricación artesanal con la cual están fabricando las minas antipersona, busca que ni
los detectores de metales, ni los caninos sean efectivos a la hora de encontrar un campo
minado. El Departamento de Planeación Nacional de Colombia en el 2002 calculaba
que en el territorio colombiano habrían sido enterradas por lo menos 100.000 minas
antipersona llamadas coloquialmente “quiebrapatas”, sólo uno de los 32 departamentos
colombianos no tiene sembrados estos artefactos: San Andrés y Providencia (Islas).
Según informa el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, en el
primer trimestre de 2009 las minas antipersona habrían causado la muerte a 18 personas
y causado heridas a 138, de ellos 55 civiles y 83 militares. El gobierno colombiano
afirma que desde 1990 y hasta mediados de abril de 2009 murieron o resultaron heridas
7.451 personas por explosiones de minas antipersona, lo que atenta sin lugar a dudas
contra las disposiciones prescritas en el derecho internacional humanitario.
Las víctimas de las minas no son siempre miembros de las fuerzas armadas, su impacto
alcanza a los mismos miembros de las guerrillas que las siembran, entre ellos menores
que accidentalmente las activan cuando las intentan plantar o cuando su ubicación es
olvidada por la guerrilla. Dentro de las víctimas se encuentra una gran cantidad de
miembros de la población civil, entre ellos niños y niñas que las descubren y manipulan
por curiosidad, pues ellas pueden tener formas llamativas como por ejemplo, de pelota,
77
Las Fuerzas Armadas de Colombia cesaron oficialmente el uso de las minas en el año 2001.
193
rectangular, cuadrada, de cilindro, de cono o cúpula. Suelen ser difíciles de ver, pueden
estar enterradas, escondidas entre el pasto, camufladas entre los árboles, o flotando en el
agua, también pueden estar mimetizadas en tarros, juguetes, cajas.
Las minas son ubicadas en zonas de alto tránsito en las zonas rurales, cerca a las
escuelas, en las riberas de los ríos, y en los caminos dentro de los campos. Su forma y
colores llamativos despiertan la curiosidad de los menores quienes al activarlas
provocan lesiones no solamente sicológicas sino perdidas corporales graves como la
amputación de miembros y con ella la discapacidad física que les impide desarrollar sus
actividades cotidianas con normalidad. Las minas antipersonal por lo general ocasionan
ceguera y/o sordera, y lanzan hacia el interior del cuerpo elementos que producen
infecciones. Si a ello se le suma la carencia de servicios médicos de atención y
rehabilitación adecuados, se conforma un marco que en muchos casos le cuesta la vida a
las víctimas, y en otras genera daños paralelos irreparables o la muerte lenta (UNICEF
s.f.) (UNICEF/HRW 2004, pp. 106-107).
Además de la utilización de las minas como parte de las estrategias de delimitación de
los territorios es también usual que los grupos armados ilegales las utilicen para sembrar
el terror entre las comunidades generando desplazamientos masivos de poblaciones que
huyen de las minas, este caso se presenta especialmente en territorios habitados por
comunidades indígenas y afrocolombianas (IPC 2008) Además del desplazamiento las
minas limitan el desarrollo económico y la reconstrucción. La sospecha o la existencia
de minas antipersonal puede hacer inutilizables extensas áreas del territorio nacional,
inhibiendo el retorno de personas desplazadas. Las consecuencias de las Minas
Antipersona son a largo y corto plazo pues sus efectos trascienden la vida de los
individuos y sus familias, así como de comunidades enteras quitándoles la libertad de
movilizarse, el respeto por la vida y por la integridad de los individuos. “Muchos
campesinos colombianos no pueden cultivar sus propios campos, ni recorrer sus
caminos una vez se ponga el sol”, dice Sebastian Kasack en el último reporte sobre
minas Monitor 2006. A pesar del número tan elevado de víctimas y las consecuencias
funestas para los seres humanos cuarenta Estados se han rehusado a firmar el
compromiso contra las minas, entre ellos sus mayores productores y compradores Irán,
China, Cuba, la India, Rusia y los Estados Unidos (OSPINA VALENCIA, J. 19 Sep.
2007).
194
El proceso para desminar es peligroso, largo y muy costoso en términos económicos, su
ubicación es igualmente difícil pues en ocasiones son desplazadas de su lugar original a
causa de las lluvias y el desbordamiento de los ríos, y por los temblores o terremotos.
Estos factores y el paso del tiempo, hacen que la apariencia de los artefactos varie en
color haciendo su detección casi imposible (VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA 2011, p. 2.12). Según el observatorio de minas, la
eliminación tomaría entre 10 y 20 años y se estima que desenterrarlas costaría entre 22 y
53 millones de dólares. Por sacar cada mina adicional se calcula que habría que
desembolsar entre 300 y 600 dólares más. Mientras que para los grupos ilegales que las
utilizan, principalmente las FARC-EP este método de guerra sigue siendo barato y
efectivo (sembrar una mina tendría un costo de 80 centavos de dólar). El costo para el
Estado colombiano de una persona que muere es de 30 millones de pesos, si la deja
herida, el valor asciende, en promedio, a los 111 millones de pesos (FUERZA AÉREA
COLOMBIANA 24 mar. 2006). Cada día en Colombia tres personas son víctimas de las
minas antipersona y de ellas el 89 por ciento de los sobrevivientes oscilan entre los 11 y
28 años según la Fundación Mi Sangre78 (COLOMBIA, MINISTERIO DE DEFENSA
3 Jul. 2009).
3.7. INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA EN EL SECTOR
EDUCATIVO
“La educación debería ser parte de la solución a un conflicto, no un factor que
contribuya a aumentar la tensión” Brendan O’Malley79
Para hablar de violencia escolar no basta con reconocer los elementos que son
implícitos a la cotidianidad dentro del aula y las relaciones y conflictos que se generan
entre los miembros de la comunidad escolar. La escuela como institución juega un papel
78
La Fundación “Mi Sangre” liderada y creada por el cantaautor colombiano Juan Esteban Aristizábal
<Juanes>, que promueve la educación de la primera infancia vulnerable y la rehabilitación integral de las
víctimas
de
las
minas
antipersonales
y
municiones
sin
explotar
(MUSE).
http://www.fundacionmisangre.org/
79
Encargado por la División de Coordinación de las Prioridades de las Naciones Unidas en el campo de la
Educación - Sector de Educación de la UNESCO. Periodista e investigador autor del estudio de la
UNESCO en el 2007 titulada: “La educación víctima de la violencia armada. Un estudio global sobre la
violencia política y militar ejercida contra el personal de los sistemas educativos, los alumnos, los
docentes, los sindicalistas, los funcionarios gubernamentales y las instituciones educativas”.
195
trascendental en el desarrollo de la sociedad, y cada uno de los sucesos y complejidades
que se dan dentro de la misma se ven irremediablemente reflejadas en ella. Medicina
Legal ha informado que después del hogar, es la escuela el lugar donde más violencia y
agresión contral los niños, niñas y adolescentes se presentan (ELTIEMPO 5 Jun. 2008).
Al comienzo de éste capítulo se hacia un balance sobre las múltiples formas de
violencia que se dan en el espacio territorial colombiano, en un lapso de tiempo que
abarca décadas y cuyos protagonistas han pasado por todas los tipos de población sin
conocer diferencias sociales, económicas, políticas, culturales, de étnia, de sexo o de
edad. Dentro de este contexto, no es entonces exagerado decir que la escuela se ha
constituído en un reproductor de todos los tipos de violencia, pero que también ha
generado otros tipos de violencia que si bien surgen de las existentes se impregnan de
realidad particulares y de sentidos propios dependiendo de sus protagonistas y su
entorno.
Varios elementos son propensos a tenerse en cuenta a la hora de analizar la violencia en
la escuela, entre ellos las relaciones conflictivas entre sus protagonistas: maestros,
escolares, padres, directivas, y la comunidad en la cual se ubica la institución, sin
embargo, es indudable que otros protagonistas como las fuerzas militares, los grupos
alzados en armas, entre ellos guerrilla, paramilitares, milicias urbanas, delincuentes,
pandillas entre otros, juegan un papel protagónico e influyen las actitudes, decisiones y
formas de interacción alrededor de las instituciones educativas.
Un mal generalizado en muchos países del mundo como Afganistán, Iraq, Myanmar,
Nepal y Tailandia ataca también a Colombia, se trata de la violencia en la escuela
traducida en la violencia contra los estudiantes, los docentes y las instituciones
educativas, evidente en hechos como el secuestro de alumnos, la caída de alumnos y
maestros víctimas de bombas o el reclutamiento como niños soldados o combatientes,
así como el asesinato de docentes dentro de las escuelas, estructuras escolares destruídas
por explosiones de bombas o su utilización como atrincheramiento para los combates,
desaparición inexplicada de educadores sindicalistas, son sólo algunos ejemplos de la
manera cruda como la escuela se ha convertido en una víctima de la violencia
sociopolítica, según lo dio a conocer el estudio que sobre el tema realizó la UNESCO en
2007 titulado “La educación víctima de la violencia armada”. Dicho informe reporta
que en Colombia se presentó el caso de 310 asesinatos de docentes entre 2000 y 2006 y
en 2003, el número de niños de 7 a 13 años reclutados como combatientes ascendía a
196
11.000. Estas cifras hablan por sí solas de la situación crítica de la educación dentro del
conflicto colombiano. Asimismo, el informe hace énfasis en la “silenciosa y siniestra
desparación de docentes sindicalista en el país” hecho que pueden constatar las cifras.
Aunque los motivos de la violencia varian de país a país, existen factores comunes
como el que comparte Colombia con otros Estados, pues el maestro es el representante
más vulnerable que en muchos casos es además la representación más cercana del
Estado, en Colombia especialmente en las zonas rurales. Las repercuciones de la
violencia en la escuela son notorias también en los índices de abandono y deserción
escolar por parte de los niños, niñas y jóvenes. (UNESCO 2007, pp. 2-4)
Cabe resaltar además, que la situación es diferente entre las escuelas urbanas y rurales
,y dentro de las primeras existe una diferencia sustancial según si la ubicación es en
zonas como cinturones de miseria, barrios marginales o receptores de poblaciones
desplazadas. Dentro de las escuelas otros fenómenos se caracterizan también por la
violencia escolar ellos son el llamado informalmente “matoneo” o acoso escolar,
intimidación e internacionalmente conocido también como Bullying.
Los maestros por su parte como servidores públicos, pertenecientes a sindicatos
legalemente constituídos, han sido amenazados en su integridad, muchos de ellos han
sido asesinados y otros desplazados de sus zonas de trabajo por diferentes grupos, casos
que por su parte han sido denunciados por organizaciones no gubernamentales y de
derechos humanos a nivel nacional e internacional. El informe de la UNESCO (en
inglés, Education Under Attack) del 2007 hace énfasis que en Colombia fueron
aseisnados 310 maestros entre 2000 y 2006, lo que ratifica al país como el más
peligroso del mundo para los sindicalistas. La Comisión de los Derechos Humanos de
Colombia asegura que al menos 33 sindicalistas docentes fueron asesinados en 2006.
Por su parte el Barómetro de los Derechos Humanos y Sindicales de la Internacional
Educación hace énfasis en la violencia endémica que ataca a los sindicalistas
colombianos, especialmente los docente, quienes constituyen el tercio de trabajadores
organizados y que se convierte por ello en víctimas de los grupos armados aludiendo
razones políticas. El representante del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados
en Colombia Julio Roberto Meier afirma que “Los docentes se ven obligados a
desplazarse a causa del conflicto armado interno, pero la ausencia de un maestro agrava
la situación vulnerable de los niños y perpetúa el ciclo de violencia y subdesarrollo.” (IE
INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN Feb.-Mar. 2008 Nr. 25, p.23).
197
Los escolares por su parte son víctimas no solamente de la violencia de sus compañeros
y compañeras de clase o de escuela, sino también de sus padres y maestros, se ven
además crecientemente amenazados por parte de grupos guerrilleros y paramilitares que
los inducen e invitan a hacer parte de sus filas ofreciéndoles oportunidades económicas
y de poder, o amedrantándolos con ejercer violencia sobre sus familias de no hacerlo.
Asimismo, la violencia social ha acrecentado el número de pandillas juveniles que ya no
solamente se desarrollan en las ciudades principales sino también dentro de las
pequeñas y las zonas rurales, pandillas que participan en actos delincuenciales,
sicariales, expendio de droga y bandalismo contra la ciudadanía y los bienes de la
comunidad.
Son entonces muchos los factores que atentan contra la seguridad en las escuelas y a
pesar de ser éste un fenómeno presente en otros países del mundo, el caso de Colombia
nos ocupa porque la diversidad de factores hace que sus efectos y la forma de
contrarestarlos sean delicados de tratar.
A pesar de los cambios estructurales y prácticos dentro del sistema educativo
colombiano, aún se hacen presente dentro de algunas instituciones educativas las
prácticas violentas contra los estudiantes, ya sea de forma física o psicológica. La falta
de control y el abuso de poder ha significado para muchos menores la exclusión y el
marginamiento progresivo dentro del contexto escolar, como parte del desarrollo
cotidiano de la edad escolar. (AROCHA RODRÍGUEZ, J.1988, p.153) Recurrir a la
violencia es para muchos niños, niñas y jóvenes una manifestación de su inconformidad
frente a las injusticias sociales y un reflejo de la marcada violencia que se da dentro del
conflicto armado, la presencia del fenómeno del narcotráfico y el uso generalizado de la
fuerza como método para resolver conflictos, en general se ve representada en actitudes
intolerantes y violentas dentro de las instituciones escolares (PAZ, Á. 2007, p. 7).
3.8.
CONCLUSIONES
La violencia en Colombia ha acompañado a varias generaciones de familias, sus
características han variado en intensidad y crueldad y ningún investigador o analista se
198
atreve a establecer cuándo ni cómo se terminará. Al repasar los autores en los que se
basa este capítulo puede apreciarse también la desesperanza que ha acompañado los
procesos de paz y los intentos de recuperar la estabilidad. Muchos de los hechos aquí
descritos permanecen aún desconocidos para la mayoría de los colombianos y
colombianas. La inmediatez mediática y la premura de esclarecer los crímenes diarios y
las violaciones de derechos humanos cotidianos no permiten reconocer o recordar los
individuos, los acontecimientos que han marcado la historia colombiana. La impunidad
se apodera de los procesos judiciales y es así como la mayoría de los crímenes desde
Gaitán hasta Luis Carlos Galán han pasado a ser historia muerta con responsables que al
final de los procesos terminaron siendo condenados mientras los autores intelectuales
permanecen intactos. Es menester entonces, recurrir a la memoria y establecer los hitos
históricos que plantean cuestionamientos en conformidad con los derechos humanos y
sus protagonistas.
Los protagonistas de la violencia en Colombia son todos los colombianos, pues si desde
las diferentes concepciones de violencia y la consecuente violación de los derechos,
todos y todas las personas en su individualidad y como parte de las instituciones han
participado directa o indirectamente. Lamentablemente se ha intentado limitar el
análisis de las violaciones de derechos humanos en Colombia a los grupos armados
ilegales, sin embargo, y como se puede evidenciar a lo largo de este capítulo y de las
investigaciones en las que se ha basado, los diversos tipos de violencia desde la
cotidiana hasta el conflicto armado son una muestra de la necesidad de realizar
transformaciones profundas en la mentalidad y en los imaginarios que alrededor del
tema se han consolidado. El reconocimiento de las responsabilidades es el primero facto
en la consolidación de una cultura de paz, para ello es necesario conocer los hechos y
sus consecuencias, hablar sobre ello y que las investigaciones sirvan de base para las
discusiones no solamente académicas y políticas sino como parte de las reflexiones en
la microestructura de la sociedad.
Es responsabilidad individual y compromiso de la sociedad y el Estado contribuir a
reflexionar colectivamente sobre los hechos que han marcado negativamente la historia
colombiana y constribuir a no solamente esclarecer los autores, sino las motivaciones
intrínsicas y las causas de la permisividad de la sociedad ante estos hechos. No es
posible pues desarrollar programas para la educación en derechos humanos en ningún
país, menos aún en Colombia, sin recordar los hechos, analizar las causas y
199
consecuencias y contribuir a la reparación moral del país. Es compromiso de la
educación es proporcionar a todos los ciudadanos la oportunidad de conocer y no
ignorar las reiterativas violaciones a los derechos humanos y de esta manera
recomponer las estructuras éticas, psicológicas y morales restableciendo paralelamente
el tejido social que le permite a los ciudadanos sentirse pertenecientes a una
determinada sociedad con una historia común que nos afecta a todos directa o
indirectamente.
200
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4. TRADICIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA
POLÍTICA COLOMBIANA
4.1. COLOMBIA EN LAS NACIONES UNIDAS (TIRADO MEJÍA, Á. 2005)
Desde el momento en que se suscribió en San Francisco la Carta Constitutiva de las
Naciones Unidas, el 26 de junio de 1945 la delegación colombiana ha venido
participando no solamente individualmente con representantes ante los diferentes
comités y discusiones, también ha participado en el Consejo de Seguridad en cinco
períodos 1947-48; 1953-54; 1957-58; 1969-70; 1989-90 y en el Consejo Económico
y Social (ECOSOC) en seis ocasiones 1946, 1962-64, 1974-79; 1982-90; 1992-94;
1995-96. (Ver TIRADO MEJÍA, Á. 1995)
Dentro de las participaciones individuales destacables pueden contarse la de Belisario
Betancur como presidente de la Comisión de la Verdad, producto de los Acuerdos de
Paz, con el auspicio de las Naciones Unidas, en 1991, la de Héctor Charry Samper
presidente del XLII período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, en
Ginebra, y director adjunto del Centro Internacional de Migraciones (CIM) (Ibid.).
Los procesos de descolonización y la lucha contra el racismo fueron dos objetivos de
la participación de la delegación colombiana frente a las Naciones Unidas antes de la
década de los 50, pues posteriormente llegó a considerar estos asuntos como
domésticos y cuya resolución incumbia principalmente al fuero interno de los
Estados, como fue el ejemplo de las discusiones por la independencia de Indonesia
frente a Holanda, la discriminación en Sudáfrica, y los casos de Argelia y Marruecos.
Esta perspectiva dio un viraje positivo después del gobierno de Rojas Pinilla en 1957,
el cual reconoció la importancia de la lucha por los derechos humanos, la
descolonización y contra el racismo, como ejes de la Organización de las Naciones
Unidas y parte de las responsabilidades adquiridas en el preámbulo de la Carta por
parte de las países (TIRADO MEJÍA, Á. Op Cit.).
210
La transición entre los años 60 y 70 se vió caracterizada por las discusiones de tipo
regional con relación a los temas de seguridad y a las relaciones diplomáticas como
fue el caso de Cuba y Colombia en 1979. Al finalizar los 70 la descolonización dio
como resultado el ingreso de nuevos Estados dentro de las Naciones Unidas y la
fortificación de los países del Movimiento de los No Alineados (NOAL o MPNA). A
comienzos de los 80 los conflictos del continente americano dejaron de ser tratados
en la OEA, y se formaliza el Grupo de Contadora80, que frente a la deslegitimización
de la OEA y la falta de credibilidad de los países miembros, decidieron adoptar el
principio de unidad latinoamericana y no panamericana como lo consagraba la OEA.
El Consejo de Seguridad tuvo que hacerse cargo de los problemas regionales como
los acuerdos de paz en El Salvador y las conversaciones de paz en Guatemala, así
como el proceso Nicaragüense que terminaría con el sandinismo (Ibid.)
El tema del narcotráfico y todo el proceso que ello implica (producción,
transformación, transporte, consumo, lavado de dinero y actividades anexas, como
tráfico de agentes químicos (los llamados precursores) y tráfico de armas) ha sido
desde mediados de los 80 una discusión recurrente en la ONU y especialmente una
preocupación de Colombia. De hecho el país ha participado en los foros
especializados y en la Conferencia de Viena donde se dio paso a la Convención sobre
estuperfacientes (Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estuperfacientes y Sustancias Sicontrópicas 1988). Se destaca la participación de los
presidente Barco y Gaviria, quienes durante sus correspondientes presidencias dieron
cuenta en la plenaria de las Naciones Unidas sobre las consecuencias que el
fenómeno del narcotráfico tiene sobre la sociedad colombiana en lo moral, político,
económico, y social y la responsabilidad de los países consumidores, así como de
aquellos que participan en los mencionados procesos o sacan provecho de ello a
través del lavado de activos (TIRADO MEJÍA, Á. 1995).
Como democracia, Colombia ha participado en las decisiones no solamente a través
de las delegaciones sino que ha firmado, ratificado y se ha comprometido a incluir
dentro de sus políticas internas los Pactos, Convenciones, Protocolos, y Estatutos
80
El Acta de Contadora fue firmada el 24 de marzo de 1975 y surge como producto del trabajo
diplomático de los presidente de Colombia (Alfonso López Michelsen), Costa Rica (Daniel Oduber) y
Venezuela (Carlos Andrés Pérez), que en colaboración con Omar Torrijos constituyeron las bases del
Grupo de Contadora, el cual buscaba servir de facilitador en las negociaciones para devolver a Panamá
los derechos sobre el Canal de Panamá. (TIRADO MEJÍA, Á. 2003)
211
derivados de las reuniones de las Naciones Unidas, como parte de las políticas
internacionales para la protección de los derechos humanos y basándose en la
Declaración Universal.
Como se ve en el siguiente cuadro Colombia a través de la historia de las Naciones
Unidas desde sus inicios ha participado activamente y se ha comprometido al
cumplimiento de casi todas las estipulaciones que han surgido del seno de la misma,
en relación con los derechos de las mujeres, los niños y niñas, los trabajadores, los
indígenas,
afrodescendientes,
discapacitados
e
incluso,
los
derechos
medioambientales.
INSTRUMENTOS UNIVERSALES DE DERECHOS HUMANOS
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales 1966
29/10/1969
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966
29/10/1969
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos 1966
29/10/1969
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de
Muerte 1989
05/08/1997
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o degradantes 1984
08/12/1987
Convenio (N. 169) sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes 1989
04/03/1991
Reconocimiento de Competencia del Comité contra la Tortura
para Considerar Comunicaciones Individuales (Art. 22) --------
*
Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer 1978
19/01/1982
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 1953
05/08/1986
Convenio (No. 100) relativo a la igualdad de remuneración
entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina
por un trabajo de igual valor 1951
13/05/1997
Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 2000
(10/12/1999 Firma)
Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial
1965
02/09/1981
212
Convenio sobre la Prohibición de las peores formas de Trabajo
Infantil y la acción inmediata para su eliminación 2005.
17/05/2005
Convención sobre los Derechos del Niño 1989
28/01/1991 Reserva81
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño Relativo a la Participación en Conflictos Armados 2000
25/05/2005
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la
Utilización de Niños en Pornografía 2000
11/11/2003
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares 1990
24/05/1995
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio 1948
03/06/1953
Convención Sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada 1957
20/02/1957
Convenio (N. 98) relativo a la aplicación de los principios del
derecho de sindicación y de negociación colectiva 1949
26/06/1997
Convenio (N. 29) relativo al trabajo forzoso u obligatorio 1930
04/03/1969
Convenio (N. 105) relativo a la abolición de trabajo forzoso
1957
13/05/1997
Convenio (No. 111) relativo a la discriminación en materia de
empleo y ocupación 1958
04/03/1969
Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la
Explotación de la Prostitución Ajena 1949 *
*
Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado
Transnacional 2002
04/08/2004
Protocolo de la Convención de las Naciones Unidas contra el
Crimen Organizado Transnacional para Prevenir, Suprimir y
Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños
2002
04/08/2004 Reserva
Convención (N. 87) sobre la libertad sindical y la protección del
trabajo en su trigésima primera reunión 1948
15/09/1976
81
En el momento de la forma el Gobierno de Colombia consideraba, que si bien la edad mínima de 15
años para participar en conflictos armados, establecida en el artículo 38 de la Convención, es el resultado
de serias negociaciones que reflejan diversos sistemas jurídicos, políticos y culturales del mundo, hubiera
sido preferible fijar esa edad en los 18 años de conformidad con los principios y normas vigentes en
varias regiones y países, incluida Colombia, por lo que el gobierno de Colombia, a los efectos del artículo
38 de la Convención, considerará que la edad de que se trata son los 18 años. En el momento de la
ratificación el Gobierno de Colombia entiende que la edad a la que se refieren los párrafos 2 y 3 del
artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), es la de 18 años para reclutar en las
fuerzas armadas el personal llamado a prestar el servicio militar. (VERHELLEN, E. 2002, p. 207)
213
Convenio (N. 151) sobre la protección del derecho de
sindicación y los procedimientos para determinar las
condiciones de empleo en la administración publica 1978
21/03/2001
Convenio (N. 122) relativo a la política del empleo 1964
19/08/1988
Convenio (N. 154) sobre el fomento de la negociación colectiva
1981
14/03/2001
Protocolo de la Convención de las Naciones Unidas contra el
Crimen Organizado Transnacional contra el Tráfico de
Migrantes por Tierra, Mar y Aire 2002 *
INSTRUMENTOS DE LAS AMÉRICAS SOBRE DERECHOS HUMANOS
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 1969
31/07/1973
Comunicaciones Interestatales (Art. 45)
Si
Reconocimiento de la Jurisdicción de la Corte (Art.62.1)
21/06/1985
Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) 1988
23/12/1997
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a
la Abolición de la Pena de Muerte 1990*
*
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 1985
02/12/1998
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 1994
05/08/1994
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Contra las Personas con Discapacidad 1999
12/04/03
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) 1994
15/11/1996
CONVENCIONES LATINOAMERICANAS SOBRE ASILO
Convención sobre Asilo (La Habana) 1928
25/08/1936
Convención sobre Asilo Político (Montevideo) 1933
22/06/1936
Convención sobre Asilo Territorial (Caracas) 1954
13/11/1968
Convención sobre Asilo Diplomático (Caracas) 1954
(28/03/1954
Firma)
Convención Interamericana sobre Extradición 1981*
*
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
I Convenio de Ginebra 1949
08/11/1961
214
II Convenio de Ginebra 1949
08/11/1961
III Convenio de Ginebra 1949
08/11/1961
IV Convenio de Ginebra 1949
08/11/1961
I Protocolo Adicional de 1977 Relativo a la Protección de las Víctimas de
los Conflictos Internacionales
01/09/1993
II Protocolo Adicional de 1977 Relativo a la Protección de las Víctimas de
los Conflictos sin Carácter Internacional
14/08/1995
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 1998
05/08/2002
INSTRUMENTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático suscrita en Nueva York, 1992
22/03/1995
DERECHO INTERNACIONAL DE REFUGIADOS
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 1951
10/10/1961
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 1967
04/03/1980
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas 1954
(30/12/1954
Firma)
Convención para Reducir los Casos de Apatridia. 1961*
*
Tabla 1. Estado de Ratificación de los principales instrumentos internacionales. 18 de Octubre de 2006.
(ACNUR biblioteca virtual) (IIDH Biblioteca Virtual)
La firma, adhesión y ratificación de dichos instrumentos internacionales de los
Derechos Humanos de la ONU, no son por supuesto garantía del cumplimiento y
menos dentro del conflicto colombiano, que presenta por sus características
elementos disímiles y de difícil resolución.
4.2.
PAZ
Y
DERECHOS
GUBERNAMENTALES
HUMANOS:
ESTRATEGIAS
En la búsqueda por restablecer el orden, alcanzar la paz y combatir a los grupos
alzados en armas ilegales, el Estado colombiano ha pasado por diferentes períodos
caracterizados por éxitos y fracasos en la consecución de los objetivos. Las políticas
de paz y las estrategias legales y militares para lograrlo, se han combinado con
estrategias diplomáticas que han buscado a través de la historia colombiana,
215
reinvindicarse, buscar colaboración y/o defenderse contra las denuncias de los
observadores internacionales basadas en los principios de la Carta de las Naciones
Unidas. Para comprender este proceso se tendrá en cuenta las etapas establecidas por
Gustavo Gallón Giraldo (2004, pp. 209-226) que dividen las cuatro últimas décadas
de los gobiernos colombianos así: El Anonimato Apacible (mediados de los años
setenta y ochenta), Diplomacia de Astucia (mediados de los ochenta – comienzos de
los noventa), la cooperación Vacilante (mediados de los noventa hasta finales de los
noventa), y la Sustitución de Compromisos (finales de los noventa y comienzos del
siglo XXI).
4.2.1. El Anonimato Apacible (Mediados de los Años Setenta y Ochenta)
Corresponde este período el gobierno de Turbay Ayala que se cartacteriza por las
constantes violaciones de derechos humanos y la participación del Estado en los
mismos. Temas centrales para el gobierno, fueron la búsqueda de la paz y el
restablecimiento del orden en todo el territorio colombiano, para ello se implementó
por parte del gobierno el llamado Estatuto de Seguridad y se adoptaron otras medidas
legislativas que se concentraban en dichos fines. A nivel internacional, los conflictos
latinoamericanos especialmente las dictaduras del sur del continente y los conflictos
armados centroamericanos (El Salvador y Guatemala) eran prioridad para la ONU y
la OEA, lo cual le restó impacto a los problemas de derechos humanos en Colombia.
Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional, la Comisión Andina de
Juristas y American Watch hicieron presencia con sus delegaciones en Colombia y
lograron establecer y constatar durante sus visitas la magnitud y gravedad de las
denuncias sobre violaciones de derechos humanos. Para comprender esos procesos
deben destacarse cinco momentos que marcaron esta época: el Estatuto de Seguridad,
el Primer Foro de Derechos Humanos, la Toma de la Embajada de República
Dominicana, el informe de Amnistía Internacional, el informe y las conclusiones de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (GALLÓN GIRALDO, G. Op.
Cit., p. 210)
216
4.2.1.1. El Estatuto de Seguridad y los Decretos para mantener el orden
Al finalizar la década de los 70 y comienzos de los 80 los gobiernos se vieron
enfrentados a la necesidad de devolver el orden y la institucionalidad al Estado. Las
medidas de excepción se convierten desde este período en la medida predilecta para
mantener o recuperar el orden y luchar contra los diversos enemigos, la insurgencia
armada y los contradictores del gobierno. La Ley 48 de 1968 constituyó en norma
permanente el Estatuto para la Defensa Nacional (Decreto 3398 de 1965 por el cual se
organiza la Defensa Nacional82), y el Decreto 1573 de 1974 (estableció y clasificó la
documentación militar), desarrolló parte del Estatuto se constituyeron en la base para la
elaboración de los planes de seguridad nacional hasta la llegada de la década de los
noventa. (LEAL BUITRAGO, F. 2006, p.514) (TORRES DEL RIO, C. ; RODRÍGUEZ
HERNÁNDEZ, S.M. 2008, p.329) Ya desde la presidencia de Alfonso López
Michelsen (1974-1978) las organizaciones sindicales manifestaban su inconformidad
con las medidas estatales a través huelgas y movilizaciones, debido a la precaria
situación económica y el incumplimiento del programa de apertura de la democracia
propuesto por López en su campaña (LEAL BUITRAGO, F. Op. Cit., p.515), al
finalizar su gobierno se vivió el más grande “Paro Cívico Nacional” (l4 de septiembre
de 1977 ) de la historia colombiana, que arrojó alrededor de 50 muertos (RESTREPO,
L. A. 2006, p.31). El paro disparó las alarmas del gobierno frente al incremento de las
acciones de los grupos guerrilleros y su incursión en la agitación urbana. Paralelamente
se desarrollan los primeros actos notorios de “desaparición” de activistas de izquierda,
en este caso dos activistas del MOIR (Movimiento Obrero Independiente
Revolucionario), a quienes la violencia oficial enfrentaba como una forma de
contrarestar los actos de la guerrilla o de sus simpatizantes. (MELO, J. O. 1990) Para
controlar las arremetidas de la población y de los grupos guerrilleros se dio el Decreto
82
Basado en el Decreto número 1288 de 21 de mayo de 1965 que declaró el Estado de Sitio en el
territorio nacional por la turbación en el orden público, señalaba la necesidad de establecer un
instrumento legal reglamentario de la denfensa nacional, así como la estructuración de los planes de
seguridad interior y exterior de la Nación, para garantizar el bienestar y la protección de los asociados por
parte del Estado. Para ello el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y los colombianos en general han sido
llamados a participar en la defensa nacional contra las acciones subversivas de los grupos extremistas y
que alteran el orden jurídico. (COLOMBIA. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Diario Oficial
No. 31.842, 25 de enero de 1966 DECRETO LEGISLATIVO 3398 DE 1965)
217
2004 de 1977 que imponía penas fuertes durante la vigencia del Estado de Sitio. A
partir de las facultades derivadas de él se realizaron numerosas detenciones de personas
que fueron llevadas a velódromos, coliseos y otras instalaciones deportivas (BITAR
GIRALDO, S. 2007, p.20). A su vez, dichas medidas correspondían a las políticas
establecidas por el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1970-1974) y que encontraron
continuidad en el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), el que tuvo que
enfrentarse a trascendentales acontecimientos que afectaban la seguridad nacional,
como lo fue la toma de la embajada de la República Dominicana durante 61dias en 1980
y el robo 5.000 armas del Cantón Norte al Ejército Nacional en 1981, ambos
protagonizados por miembros de la guerrilla del M-19. Por otro lado, las casos de
extorsión y el secuestro aumentaron, se intesificó la llamada economía “subterránea”
liderada por las actividades de narcotráfico y contrabando (TOCANCIPÁ, L. S. 2004).
A nivel internacional, Turbay fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de
vínculos con los traficantes de marihuana y para recuperar la confiabilidad
internacional, en particular de los Estados Unidos recurre a tres estrategias, la
aprobación del tratado de extradición para narcotraficantes, el apoyo a las políticas
estadounidenses de lucha contra el comunismo en Centroamérica y la posición de
Estados Unidos sobre la invasión británica a las Malvinas, posición que derivó en el
mote de “Caín de América” (RESTREPO, L. A. Op cit, p.32). Las relaciones
diplomáticas con Cuba fueron suspendidas debido a la sospecha de la colaboración de
este país con el adiestramiento militar y la venta de armas a la guerrilla colombiana,
dichas relaciones solamente fueron restablecidas hasta 1993 durante la presidencia de
César Gaviria Trujillo (TIRADO MEJÍA, Á. 1995).
La política represiva de Turbay se basaba en la carencia de un proyecto político
definido en particular en aspectos militares, lo que lo llevó a otorgarle mayores
responsabilidades al Ministerio de Defensa (LEAL BUITRAGO, F. 2006, p.515). La
presión internacional, los problemas de seguridad y el auge del narcotráfico llevaron al
presidente Turbay a considerar algunas medidas estatales, como fue la promulgación del
Estatuto de Seguridad, a través del Decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978 “por el
cual se dictan normas para la protección de la vida, honra y bienes de las personas y se
garantiza la seguridad de los asociados”, con él se le otorga mayor autoridad a las
fuerzas militares para combatir la subversión como un ente independiete del Estado. El
Estatuto de Seguridad se basa en el régimen de excepción conferido por el artículo 121
218
de la Constitución de 1886 con relación al implementación y mantenimiento del Estado
de Sitio, y constituyó el ejercicio más complejo de asimilación de la Doctrina de
Seguridad Nacional suramericana (LEAL BUITRAGO, F. 1994, cit. en LEAL
BUITRAGO, F. 2006, p. 516).
“Artículo 121.- En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, podrá el
Presidente, previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos los
Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o
parte de ella.
Mediante tal declaración quedará el Presidente investido de las facultades que le
confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le da el Derecho de gentes, para
defender los derechos de la Nación o reprimir el alzamiento. Las medidas
extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo que, dentro de dichos
límites, dicte el Presidente, serán obligatorios siempre que lleven la firma de todos
los Ministros.
El Gobierno declarará restablecido el orden público luego que haya cesado la
perturbación o el peligro exterior; y pasará al Congreso una exposición motivada de
sus providencias. Serán responsables cualesquiera autoridades por los abusos que
hubieren cometido en el ejercicio de facultades extraordinarias.”(Constitución de
Colombia 1886)
El Estatuto de Seguridad83 de carácter temporal permitía recopilar los decretos
dictados por diferentes gobiernos dependiendo de las circunstancias políticas y de
seguridad, a través de las cuales se imponen penas prolongadas para la sanción de
aquellos delitos que interfieren con el orden público y ofrece también una extensión
de la jurisdicción militar para enjuiciar a civiles por delitos políticos y comunes a
personas que no pertenecian a las Fuerzas Armadas, como lo fueron consejos
verbales de guerra. Ejemplos de las restricciones impuestas por el Estatuto de
Seguridad fueron el decretar el toque de queda, la prohibición o restricción del
expendio y consumo de bebidas embriagantes y las manifestaciones, desfiles,
reuniones públicas, las restricciones a las transmisiones de radio y televisión de
83
La doctrina de seguridad nacional surge en la concepción francesa de contrainsurgencia para proteger el
imperio colonial francés en contra de los pueblos que buscaba la independencia y que fue en principo
dirigida en contra de los movimientos de liberación nacional de las colonias. Se erigen unas fronteras
ideológicas entre el mundo occidental capitalista y un mundo oriental socialista. Consiste en luchar contra
las acciones subversivas, es por tanto un enemigo interno, que puede personificarse en los activista
comunistas o a quienes manifiestan su inconformidad y que conforman conjuntamente parte de la
subversión comunista internacional. Históricamente la doctrina de seguridad nacional se convirtió en guía
ideológica de los ejércitos de los Estados Unidos y que fue compartida a través de los entrenamientos de
los oficiales de las Fuerzas Armadas y de la policía de los países latioamericanos y legitima la lucha
contra la “subversión comunista”. Las amenazas se ampliaron a nivel continental y para ello se requería la
preparación generalizada de los ejércitos, como lo confirmaba el mayor (R) de la Policía Bernardo
Camacho Leyva en marzo de 1976 en la ceremonia de graduación de la Academia de Policía en
Washington: “El continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia, constituye un mundo, el mundo
del futuro, a cuya cabeza como líder indiscutible se hallan los Estados Unidos del Norte. Todos nuestros
países giran en su órbita y constituyen, también, el equilibrio de su futuro” (DÍAZ CALLEJAS,A.;
ECHEVERRI URUBURU, Á. et.al. 2004, pp. 88-89).
219
declaraciones, comunicados o comentarios relacionados con la situación del orden
público, los paros laborales, huelgas ilegales o aquellas transmisiones que incitaran o
hicieran apología al delito. (Art. 8,13 y 14) (OEA 1981).
A pesar de no ser un fenómeno nuevo los casos de violaciones de derechos humanos
en Colombia aumentaron durante ésta época. El marco legal establecido a través del
Estatuto de Seguridad sirvió de fundamento para el cometimiento de actos arbitrarios
como la tortura y el encarcelamiento y detenciones por pura sospecha, las cuales se
basaban en el artículo 28 de la Constitución de 1886, que facultaba el ordenamiento
de arrestos de tipo preventivo sin orden judicial, y con el objetivo de conservar el
orden público (BITAR GIRALDO, S. Op Cit., p.22).
Artículo 28.- Aun en tiempo de guerra, nadie podrá ser penado ex-post facto, sino
con arreglo a ley, orden o decreto en que previamente se haya prohibido el hecho y
determinándose en pena correspondiente.
Esta disposición no impide que aun en tiempo de paz, pero habiendo graves motivos
para temer perturbación del orden público, sean aprehendidas y retenidas, de orden
del Gobierno y previo dictamen de los Ministros, las personas contra quienes haya
graves indicios de que atentan contra la paz pública.84
Entre 1978 y 1979 fueron detenidos más de 600.000 sospechosos de acuerdo con un
informe del ministro de defensa de Turbay el General Luis Carlos Camacho Leyva
(FERNÁNDEZ ANDRADE, E. M. 2002, p.153). Mientras en el pasado las
violaciones se concentraban en las áreas rurales en los campesinos, quienes carecían
de los medios para denunciar, a partir del Estatuto de Seguridad se convierten en
víctimas los profesionales, sindicalistas y estudiantes en las áreas urbanas, la llamada
izquierda legal. La lucha contra el llamado “brazo desarmado” de la insurgencia llevó
a que muchos intelectuales y defensores de los derechos humanos prefirieran
refugiarse en los grupos armados ilegales. (ASFADDES 2001)
La desaparición forzada y el asesinato se convierten en armas para combatir la
insurgencia. En 1979 aparece le llamada “Triple A” o “Acción Anticomunista
Americana” a la que pertenecen miembros del Batallón de Inteligencia y
Contrainteligencia y más adelante en 1981 aparece el grupo Muerte a Secuestradores
(MAS), compuesta por una red de cooperación entre las Fuerzas Armadas y los
grupos de narcotraficantes. Se presentan entonces los primeros casos de
paramilitarismo apoyado ya no solamente por lo acaudalados ganaderos o cafeteros, y
en general terratenientes sino fortalecidos por el narcotráfico. La labor del MAS se
84
Subrayado fuera del texto original.
220
extendió al exterminio de líderes cívicos y populares y sus colaboradores eran
personas civiles apoyadas por miembros de las Fuerzas Armadas, en lo que se ha
llamado un paramilitarismo inconfesable (Ibid.).
Frente a los índices de violaciones de derechos humanos y las denuncias presentadas,
el gobierno de Turbay se muestra reticente y rechaza las intervenciones
internacionales en los asuntos internos del país. A pesar de la situación antes
planteada el presidente Turbay en la segunda mitad de su período (1980-1982) decide
levantar el Estado de Sitio, derogar el Estatuto de Seguridad y adicionalmente
permitir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de
las Naciones Unidas (OEA) realizar la vigilancia y las inspecciones necesarias dentro
de los procesos a las personas detenidas durante la vigencia del Estatuto de
Seguridad. En este sentido, vale la pena valorar su interés por ofrecer una amnistía
general a los opositores armados del Estado, dando una muestra de su voluntad
liberando a más de 400 presos políticos. (BITAR GIRALDO, S. 2007, pp.30 -31)
La transición en relación al compromiso del gobierno de Turbay con los derechos
humanos puede ser explicada desde tres puntos claves, la toma de la embajada de la
República Dominicana por el M-19 que provocó que la opinión internacional pusiera
sus ojos sobre Colombia, la entrega del primer informe de Amnistía Internacional y la
Comisión de Juristas y la presión internacional en este sentido. (Ibid. p.23)
A pesar de las denuncias de violaciones de derechos humanos en Colombia, el país se
presentaba a nivel internacional como un crítico de los casos de violaciones que se
presentaban en Nicaragua bajo la dictadura de Anastasio Somoza, impulsando una
tendencia liberal que propugnaba la protección de los derechos de los ciudadanos.
(NASI, C. 1989, p.12 en BITAR GIRALDO, S. Op. Cit., p. 21) El gobierno
colombiano, representado ante la ONU por el canciller Diego Uribe Vargas mostraba
a Nicaragua como un secuaz del comunismo y un aliado de Cuba, desligitimando el
gobierno sandinista y paralelamente buscando el apoyo internacional para defender el
territorio de San Andrés y Providencia en litigio con Nicaragua. (EL TIEMPO 11,
Oct., 1980); (EL TIEMPO 13, Oct., 1980 cit. en BITAR GIRALDO, S. Op Cit., p.26)
Paradójicamente ante las exigencias internacionales para la liberación de los presos
políticos durante el gobierno de Turbay, su posición se reducía a la referencia de los
derechos humanos como “pretexto para disimular las violaciones de la ley penal”.
(TURBAY, J. C. 1982, p.123 cit en BITAR GIRALDO, S. Op. Cit., p.22)
221
Como consecuencia de las posiciones radicales en torno a la defensa de los derechos
humanos, la opinión pública y en especial los intelectuales colombianos buscaron
establecer los parámetros bajo los cuales se establecería el diagnóstico y la
importancia de los mismos en el país. La preocupación alcanzó asimismo el foro
internacional y de este modo entran a participar en actores como Amnistía
Internacional y la Comisión Interamericana de derechos humanos, quienes realizaron
informes que marcarían el comienzo de una nueva era en el tema de derechos
humanos en Colombia.
4.2.1.2. Primer Foro de los Derechos Humanos
Contando con el liderazgo de Alfredo Vásquez Carrizosa (1909-2001) y con la
participación de diversos sectores de la sociedad85 representados por artistas,
políticos, periodistas y miembros de movimientos sociales y sindicales conformaron
el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDDH), el que
además de adelantar trabajos en el interior del país en defensa de los Derechos
Humanos, estableció contacto con Organizaciones no gubernamentales a nivel
internacional (ONGI) como fue el caso de Amnistía Internacional (AI). La
cooperación en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos permitió que la
problemática nacional fuera analizada internacionalmente, el interés despertado a su
vez, propició la primera visita de AI al país con el ánimo de conocer la situación de
los Derechos Humanos a fondo. Para ello los delegados visitaron centros carcelarios,
instalaciones civiles, militares, hospitalarias, y se entrevistó con representantes de la
población civil, especialmente presos políticos, defensores de derechos humanos,
campesinos, abogados, médicos, indígenas, líderes sindicales, miembros de partidos
políticos de izquierda y activistas de movimientos sociales en general. Asimismo,
entró en contacto con el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos
Humanos CPDDH y el Comité de Seguridad con los presos políticos. (BITAR
GIRALDO, S. 2007, p.23)
85
Entre sus miembros podían contarse artistas como Alejandro Obregón, Enrique Grau, Luis
Caballero y María de la Paz Jaramillo, periodistas como Daniel Samper Pizano, Luis Carlos Galán,
Socorro Ramírez, Enrique Santos Calderón, Alfonso Reyes Echandía, el presidente de la Fundación
Habeas para los Derechos Humanos en las Américas Gabriel García Márquez. (BITAR GIRALDO, S.
Op. Cit., p:22)
222
La reacción del gobierno de Turbay no se dejó esperar, es así como frente a las
críticas la respuesta fue que las denuncias serían “falsedades inventadas por la
subversión” (CPDDH 1980, p.5 cit. en BITAR GIRALDO, S. Op cit., p.23)
4.2.1.3. La Toma de la Embajada de la República Dominicana : Una ventana
para la denuncia.
A pesar de ser un hecho de orden público que interesaba en primera instancia al
gobierno colombiano, este acontecimiento como lo hemos mencionado, es uno de los
pilares fundamentales que sentaron las bases para la defensa de los derechos
humanos, especialmente la internacionalización de las denuncias.
El movimiento guerrillero M-19 además del acto simbólico de robar la espada y las
espuelas de Simón Bolívar de la “Quinta de Bolívar” en 1974, y el robo estratégico
de las cinco mil Armas del Cantón Norte del Ejército en 1978, hechos que
acrecentaron las persecuciones y los arrestos preventivos a miembros o presuntos
colaboradores del grupo guerrillero, logró capturar la atención internacional, cuando
el 27 de febrero de 1980, 16 de sus miembros ocuparon la embajada de la República
Dominicana en Bogotá y tomaron como rehenes a los asistentes a la conmemoración
del día nacional de dicho país, entre los cuales se encontraban 50 personas entre
embajadores como el de Estados Unidos, Suiza, Austria, México e Israel, en la
denominada por el M-19 “Operación Libertad y Democracia”. La gravedad de los
hechos llamó la atención de la comunidad internacional con relación a los derechos
humanos en Colombia, debido a las exigencias y denuncias que el M-19 aprovechó
para dar a conocer. Además de la liberación de los presos políticos, el pago de 50
millones de dólares y la publicación del manifiesto del M-19 en la prensa nacional e
internacional (BITAR GIRALDO, S., 2007, p. 24), pues dentro de los logros
paralelos del M-19 con la toma, pueden contarse:
1. Desperar el interés de los países extranjeros en servir de garantes para el desmonte
del Estado de Sitio y de las disposiciones del Estatuto de Seguridad dispuesto por
Turbay que permitía la frecuente violación de los derechos humanos, especialmente
de los miembros de la oposición. (FAJARDO, J. ;ROLDÁN, M.A. 1980, p.16 cit. en
BITAR GIRALDO, S. Op cit., p.24)
La reacción del gobierno de Turbay tuvo que someterse a la vigilancia internacional
223
que se llevaba a cabo a través de los medios de comunicación internacional, a pesar
de las medidas como la censura de los medios nacionales de comunicación. La
participación en las negociaciones para la liberación de los rehenes, fue igualmente
controvertida pues mientras que el gobierno nombraba a mandos medios del
Ministerio de Relaciones Exteriores, se mantenía también neutral frente a la
designación de voceros de los captores que pertenecieran a ONG como fue el caso de
Alfredo Vásquez Carrizosa del CPDDH. (BITAR GIRALDO, S. 2007, p. 25) Y por
otro lado, se veía presionado, pues debía garantizar que se mantuviera el apoyo
internacional frente al conflicto territorial con Nicaragua en relación con el
archipiélago de San Andrés. Asimismo, era necesario recuperar la imagen del
presidente envuelta en cuestionamientos por su relación con el narcotráfico (Ibid.)
Para ello no dudo en expresar que: “El Gobierno (...) no ahorrará ningún esfuerzo por
afianzar (la paz), y así poder renunciar a los procedimientos de excepcion”.
(TURBAY, J.C. ; LEMOS 2001, p.510 cit. en BITAR GIRALDO, S. Op Cit., p. 29)
2. Se le da celeridad a los juicios verbales de guerra contra miembros del grupo
guerrillero, pues muchos se encontraban sin ser condenados pero si detenidos
injustificadamente. (Ibid, pp. 26-27)
A largo plazo, se permitió a los organismos internacionales como la Cruz Roja –CRy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA –CIDH-, Amnistía
Internacional –AI-, y nacionales como la Asociación Colombiana de Derechos
Humanos –ACDH-, la Comisión Colombiana de Juristas –CCJ- y el Comité
Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos –CPDDH-, no solamente
servir de intermediarios entre las partes durante la toma, sino también supervisar y
servir de garantes en los procesos judiciales de los presos políticos, la observancia de
los los Consejos de Guerra propios del Estado de Sitio y a realizar las
recomendaciones que consideraran pertinentes para garantizar la defensa de los
derechos humanos en Colombia. (TURBAY, J.C. ; LEMOS 2001, pp. 283, 510, 511
cit. en BITAR GIRALDO, S. 2007, pp. 28-29)
224
4.2.1.4. Primer reporte de Amnistía Internacional sobre la situación de Derechos
Humanos en Colombia (1980)
“Cuando el presidente Turbay invitó a Amnistía Internacional, no lo hizo movido por
un interés real de investigar las numerosas denuncias de transgresiones a los
derechos del hombre, ni por un sincero propósito de enmienda, o para que se
sancionara a los responsables y se restableciera los derechos desconocidos. Lo hizo
pensando en una absolución ante la opinión mundial y creyendo que entidades de la
seriedad de Amnistía Internacional podría ser manejada como la Procuraduría
General de la Nación o el Congreso de la República”. (SALGADO VÁSQUEZ, J.;
VALENCIA VILLA, H. et.al. en : CPDH 2004, p. 76)
El 16 de abril de 1980 Amnistía Internacional entrega su informe final que ratifica las
denuncias hechas por miembros de la sociedad civil y las que se hicieron a través de
la toma de la embajada por los miembros del M-19.
El informe concluía que la situación de derechos humanos en Colombia era
insostenible mientras se diera continuidad a las medidas amparadas bajo el Estado de
Sitio que se habían concebido desde 1949. Dichas medidas fueron severamente
criticadas por AI, entre ellas pueden señalarse la parcialidad recurrente en los juicios
civiles, las restricciones al derecho a la defensa, la tortura y las detenciones
preventivas, todos hechos surgidos como consecuencia de la ampliación de la
jurisdicción militar y en general de la aplicación del Estatuto de Seguridad y de los
decretos 2193, 2194, 2195 (18 de octubre de 1976), 2578 (1º.Diciembre de 1976) y el
0070 (20 de enero de 1978). El informe le recuerda al gobierno que dichos decretos
diseñados dentro del marco de la lucha contra los disturbios sociales y la inseguridad
nacional, no son compatibles con los pactos internacionales firmados por Colombia y
para ello menciona como ejemplos, los artículos 9, 14 y 19 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, y los artículos 5, 7 y 8 de la
Convención Amerciana sobre Derechos Humanos. (Ibid. p.77) Paralelamente la
Comisión de Juristas de Ginebra apoyó las denuncias presentadas por AI e hizo
énfasis en la necesidad de reconsiderar la aplicabilidad del articulo 28 de la
Constitución de 1886 con relación a los arrestos preventivos. Asimismo, el informe
de la Comisión señalaba la preocupación por la situación de los presos políticos y las
prácticas de tortura a los señalados de infringir la ley y a sus familiares y/o conocidos,
así como la utilización de la Isla Gorgona, en el Pacífico colombiano, como centro de
reclusión que cumplía las veces de ejemplarizante. (CIJ 1980, p.106 cit. en BITAR
GIRALDO, S. Op. Cit., p. 28)
225
Dentro de los puntos tratados por el informe de AI cabe resaltar también la petición
de garantizar el habeas corpus en relación a las detenciones de las autoridades
militares, pues AI afirma junto con los Juristas Demócratas, que las condenas
sumariales no ofrecen las garantía procesales, por la carencia de pruebas entre otros
aspectos, que le dan un alto grado de imparcialidad a los tribunales militares que
imparten justicia. (SALGADO V.; VALENCIA V. et. al. En: CPDH 2004, p. 77)
Frente al tema de las torturas el AI exhortó al gobierno colombiano a aplicar la
Declaración Internacional contra la Tortura aprobada por las Naciones Unidas en
1975, el llamamiento al respeto de la ética en el ejercicio de profesiones como
abogados, médicos, educadores, periodistas y sacerdotes quienes durante el gobierno
de Turbay habrían sido víctimas de torturas y maltratos o fueron detenidos como
presos de conciencia. El informe describe que durante su visita pudieron encontrar
treinta y tres centros donde se practiban hasta cincuenta formas de tortura86,
clasificables dentro de los tratos crueles, inhumanos y degradantes definidos por las
Naciones Unidas. (VÁSQUEZ CARRIZOSA 1986 cit. en CPDH Op cit., pp.74-75)
El informe señala la precaria situación de derechos humanos en el campo colombiano
donde los habitantes son víctimas constantes de atropellos de las tropas a las familias
y bienes, castigos degradantes, allanamientos, capturas indiscriminadas, acusaciones
temerarias, torturas, y un riguroso control sobre la vida privada, laboral y económica,
todas ellas acciones que van en contra de los artículos 3 y 9 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, los cuales no son susceptibles de ser
desconocidos incluso dentro de los llamados regímenes de excepción. Del mismo
modo criticó el hostigamiento a sincicalistas y a las actividades propias de este sector,
acciones que violaban las Convenciones 87 y 89 de la Organización Internacional del
Trabajo –OIT-. (SALGADO V.; VALENCIA V. et. al cit en CPDH 2004, p. 79)
A pesar de que el gobierno de Turbay negó las acusaciones sobre las detenciones
86
Entre las formas de tortura descritas por el Informe de AI pueden contarse, el llamado “plantón”,
que obliga a permanecer de pie durante largo períodos de tiempo y privándolos de los alimentos, los
golpes en diferentes partes del cuerpo y con diferentes objetos, el colgamiento de los interrogados de
sus extremidades, la llamada “picana” que implica aplicación de electricidad en el cuerpo mojado de
los interrogados especialmente en los genitales, el ahogamiento denominado también “submarino”
que simula un ahogamiento ya sea por inmersión en agua, la obstrucción de la respiración con objetos
en la nariz o boca. Otros tipos de torturas como la exposición por un período largo de tiempo de los
detenidos a luces fuertes, los abusos o intentos de violación sexual, la privación de alimentos, el sueño
o de la posibilidad de hacer necesidades fisiológicas, la utilización de animales como hormigas y
caballos destinados a torturar (uno llamado Pinocho estaba adiestrado para morder el cabello y las
orejas de los detenidos). (VÁSQUEZ CARRIZOSA, Op cit., pp.41-43 cit en CPDDH 2004, pp.74-75)
226
masivas y las violaciones de los derechos humanos, los actores políticos como fue el
caso de los expresidentes Carlos Lleras Restrepo, Darío Echandía y Alberto Lleras
Camargo, no dudaron en respaldar los señalamientos. (CPDDH 1980, p.24 cit. en
BITAR GIRALDO, S. 2007, p. 28) El gobierno manifestó su descontento aludiendo
que AI violaba la soberanía nacional al criticar la enmienda de 1979 y recomendar las
modificaciones en la administración de justicia, poniendo en tela de juicio la
idoneidad moral y profesional de sus representantes en Colombia, al haber entrado en
contacto con sectores de la oposición y la subversión y deconocer la importancia de
las violaciones de las libertades públicas cometidas por los delincuentes comunes y
los alzados en armas. (SALGADO, V.; VALENCIA, V. et. al. En : CPDH 2004, p.
80)
Una última consecuencia del Informe presentado por AI fue el reconocimiento a la
labor de los grupos de defensores de derechos humanos como la Comisión de Juristas
Demócratas, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos
CPDDH, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quienes ya desde sus
trabajos de observación y acompañamiento habían dado cuenta de los
acontecimientos más graves en relación a los derechos humanos en Colombia.
(BITAR GIRALDO, S. Op cit., p. 28)
4.2.1.5. Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
El levantamiento del Estado de Sitio, el derogamiento del Estatuto de Seguridad y la
reglamentación del artículo 28 de la Constitución de 1886, pueden también
considerarse las peticiones más importantes extraídas del trabajo de acompañamiento
realizado por la CIDH que terminaría en mayo de 198187, como único garante para
que Colombia y sus disposiciones entraran en concordancia con la Convención
Americana de Derechos Humanos en sus artículos 7. (sobre el derecho a la libertad
personal ) y 8 (sobre las garantías judiciales) (OEA 1969)
87
“En comunicación Nº 168 de 1º de abril de 1980, el Gobierno de Colombia invitó a la Comisión
para realizar una observación in loco a Colombia, y dentro de tal contexto, presenciar la etapa pública
de los juicios ventilados en los Consejos de Guerra Verbales y enterarse de las investigaciones que se
llevan a cabo por presuntos abusos de autoridad en relación con los derechos humanos”. (OEA. CDIH
30 de Junio 1981)
227
Para la realización de su informe la Comisión sostuvo audiencias con autoridades
públicas nacionales, departamentales y locales, directores y autoridades de centros de
detención militares, expresidentes de la República (Alberto Lleras Camargo, Misael
Pastrana Borrero, Alfonso López Michelsen), con personalidades religiosas,
entidades de Derechos Humanos (Comisión Permanente para la Defensa de los
Derechos Humanos –CPDDH-, la Asociación Colombiana Pro-Derechos Humanos,
el Comité de Familiares de Detenidos Políticos, el Comité de Solidaridad para con los
Presos Políticos, el Comité de Derechos Humanos de Boyacá, el Consejo Regional
Indígena del Cauca –CRIC-, la Comisión de Derechos Humanos de Medellín,
representantes de las entidades de Derechos Humanos de Santander), con entidades
profesionales, organizaciones gremiales y sindicales, representantes de la empresa
privada, y órganos de prensa entre otras.
Con relación al artículo 28 de la Constitución Política el Informe de la Comisión
denunció que la falta de regulación del mismo había sido causa de las capturas
masivas, los procedimientos irregulares de detención, y en algunos casos,
allanamientos ilegales y prolongación de los períodos de detención para indagar
fijados legalmente, lo que se constituye como abuso de autoridad. En cuanto al
derecho a la seguridad y la integridad personal las violaciones se relacionan con casos
de apremios ilegales y torturas durante los interrogatorios a los detenidos durante las
acciones contra los grupos subversivos. Por su parte no existen muestras reales, según
el informe, de esfuerzos para prevenir y reprimir dichos abusos por parte del
gobierno, a pesar de las investigaciones adelantadas por la Procuraduría General de la
Nación. Las restricciones como el derecho a la defensa y el derecho a la justicia y a
un proceso regular no son garantizados dentro de los procesos adelantados por la
justicia militar. Los excesos y abusos de autoridad se evidenciaron también en las
zonas rurales hacia los sectores campesinos y comunidades indígenas, por ejemplo,
las capturas masivas y el desplazamiento de ciudadanos.
El
informe
de
la
CIDH
(Ver
OEA
CIDH,
1981
OEA/Ser.L/V/II.53
doc. 22, 30 junio 1981 Conclusiones y Recomendaciones88) recomienda en general:
el levantamiento del Estado de Sitio cumpliendo con el artículo 27 de la Convención
88
La CIDH en su portal de Internet presenta el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos
en
la
Republica
de
Colombia
(1981)
bajo
<http://www.cidh.oas.org/countryrep/Colombia81sp/Indice.htm>
228
Americana sobre Derechos Humanos (sobre la suspensión de garantías en caso de
guerra), la aplicación excepcional en caso de gravedad del artículo 121 de la
Constitución Política, la derogación del Estatuto de Seguridad y/o modificación
haciéndolo compatible al Nuevo Código Penal ajustándose a las garantías judiciales y
de protección judicial consagradas en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Exhorta a la toma de medidas que permitan el esclarecimiento de las
violaciones del derecho a la vida y el castigo de los responsables, la reglamentación
del artículo 28 de la Constitución Política sobre la libertad personal con el ánimo de
garantizar a los “aprehendidos” o “retenidos” el derecho de defensa y la definición de
la situación jurídica de acuerdo con los artículos 7 y 8 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Y finalmente, con relación a la seguridad e integridad
personal recomienda que la Procuraduría General de la Nación, sanciones a los
responsables de los apremios ilegales y torturas, y para ello se le dote a ella de los
instrumentos más eficaces para la investigación de los hechos. Los interrogatorios
deben garantizar el derecho a la defensa, entendida como la presencia de un abogado
defensor y la eliminación del ocultamiento de la identidad de la persona que
interroga, así como la prohibición de vendar a los detenidos durante los mismos. Se
hace necesario así mismo, promulgar un nuevo Código penitenciario que se adecue a
las necesidades de los detenidos como la asistencia médica, educativa, espiritual y
deportiva, y evite las condiciones de hacinamiento existentes.
La jurisdicción penal militar debe ser modificada según el informe, para garantizar la
defensa de los detenidos, a través de la expedición del nuevo Código Procesal Penal
Militar. Las operaciones militares en zonas rurales deben proteger a los campesinos e
indígenas brindándoles la posibilidad de denunciar los abusos y garantizándoles su
bienestar a través del fortalecimiento del Plan de Desarrollo Indígena observando las
normas del Convenio 107 de 1957 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
la materia, y agilizando la aprobación de medidas legislativas orientadas a promover
mejores condiciones de vida y desarrollo para las comunidades indígenas,
compatibles con la dignidad humana.
Por su parte, el gobierno se comprometió a través de la expedición del Decreto 3642
de 1981 a reglamentar el artículo 28 de 1986 (sobre detenciones preventivas) y en
junio de 1982 al terminar el gobierno Turbay se levanta el Estado de Sitio y se
restaura de esta manera el orden público con el Decreto 1674, el cual a su vez
229
derogaba el Estatuto de Seguridad. Como consecuencia los casos de la justicia militar
pasaron a la ordinaria, quedando libres muchos detenidos por falta de pruebas, y se
les ofreció amnistía a los grupos guerrilleros a través de la Ley 37 de 1981 (que no
tuvo éxito por su inexequibilidad). (OROZCO 2005, p.216 cit. en BITAR GIRALDO,
S. 2007, p.31) y el posterior Decreto 747 de 1982 sobre la extinción de la acción
penal y de la pena de los delitos públicos de rebelión, sedición y asonada. (OEA 1981
cit. en BITAR GIRALDO, S. Op cit., p.31).
En noviembre de 1981 surge la primera Comisión de Paz89 (Decreto 2761 octubre 8
de 1981), propuesta y dirigida por el ex presidente Lleras Restrepo que finalizaría en
mayo de 1982, y paralelamente se creo la Comisión Nacional de Valores y fueron
promulgadas las reformas del Código Penal y del Código de Procesamiento. Dentro
de las funciones de la Comisión de Paz estaba el fortalecer la paz pública y crear las
condiciones para levantar el Estado de Sitio. La mencionada Comisión de paz tenía
un carácter transitorio y tenía como objetivos además la búsqueda de salidas efectivas
frente a la ineficacia de la amnistía resultante de la Ley 37 de 1981. (FUNDACIÓN
IDEAS PARA LA PAZ)
4.2.1.6. Una nueva oportunidad para los Derechos Humanos: La Política de
“Diálogo Nacional” de Belisario Betancur
Al gobierno de Turbay Ayala le sucedió el candidato del partido conservador
Belisario Betancur (1982-1986). Durante su gobierno los problemas económicos,
sociales y políticos continuaron siendo una preocupación y adicionalmente la paz del
país se convirtió en una bandera para el gobierno nacional, que se tradujeron en los
proceso y diálogos de paz, cese de hostilidades y oportunidades de reincersión a los
grupos guerrilleros, que aunque no tuvieron un final positivo, constituyeron un
avance en las posiciones estatales en relación a su disposición para restablecer el
orden a través de otros mecanismos que no fueran absolutamente de orden militar. A
nivel internacional cabe señalar la importancia que para el hemisferio representaba la
89
Durante los períodos presidenciales de Julio César Turbay (1978-1982) y Belisario Betancur (19821986) existieron dos “Comisiones de paz” para adelantar procesos de acercamiento y negociación con
los grupos armados ilegales. Éstas no hicieron parte del poder Ejecutivo y su diversa composición
nominal, hacía que sus objetivos, funcionamiento y poder decisorio fuesen limitados. A partir de la
presidencia de Virgilio Barco estas iniciativas se institucionalizaron y dieron paso a la creación de las
denominadas “consejerías”. (FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ)
230
solución del conflicto centroamericano a través del denominado “Grupo de
Contadora”90 (junto con Panamá, México y Venezuela) en el que Colombia jugó un
papel decisivo. Betancur conquistó para Colombia el reconocimiento en América
Latina y en los países del entonces denominado “Tercer Mundo”, así como de
Europa. En contraste, las relaciones con Estados Unidos no pasaron por un buen
momento debido a la resistencia de Betancur frente a las políticas contra el
narcotráfico y la extradición. (RESTREPO, L.A. en LEAL BUITRAGO, F, 2006,
p.33)
A diferencia de Turbay, Betancur no contaba con el apoyo de mandos militares,
terratenientes y sectores empresariales. A sus políticas gubernamentales se opusieron
medios de comunicación, banqueros, miembros del clero católico y dirigentes
políticos, lo que contribuyó al fracaso de sus principales banderas de gobierno, en
temas de paz y justicia social (Ibid. pp. 33-34) a través del mejoramiento de la calidad
de vida de los ciudadanos en materia social, ampliando la inversión social en este
sentido, ejemplo de ello serían los programas de alfabetización, la universidad a
distancia, y la oferta de vivienda a los más necesitados.
En cuanto a la búsqueda de la paz, si bien Turbay antes de terminar su mandato
derogó el decreto que le dio vida al estatuto de seguridad, la tarea de Betancur era
consolidar la reinserición de los actores armados ilegales a la sociedad civil. A pesar
de que el negocio del narcotráfico seguía creciendo y con ello su nefasta influencia en
las riendas del país, el gobierno Betancur se concentró en tratar de concertar diálogos
que permitiría el regreso a la normalidad política y social a los miembros de los
grupos armados como fue el caso del Movimiento M-19 –nacionalista revolucionario
formado por militares socialistas de la ANAPO, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia –FARC- de tendencia marxistas ortodoxas, el Ejército
Popular de Liberación –EPL- de carácter maoísta, el Ejército de Liberación Nacional
–ELN- de influencia castrista y el Movimiento de Autodefensa Obrera –ADO- con
influencia trotskista. Betancur promovió una política de “diálogo nacional” con el
apoyo de algunos sectores políticos, evidenciada en el trámite de la ley de amnistía y
90
El grupo de Contadora terminó con el acuerdo de Esquipulas (1987) que establecía el compromiso
de los países de la región a entablar negociaciones entre las partes contrarias dentro del escenario de
los conflictos internacionales especialmente entre las entonces superpotencias Estados Unidos y la
Unión Soviética. Más adelante se consolidó este acuerdo denominado Plan Arias (por Oscar Arias
presidente de Costa Rica) para bajar la tensión y terminar con los conflictos. (PARDO GARCÌAPEÑA, R. en LEAL BUITRAGO, F. et. al. 2006, p.550)
231
la creación de una comisión de paz con cuarenta miembros provenientes de gobiernos
anteriores, sindicalistas, empresarios, parlamentarios, comunicadores y un lider
campesino para llevar a cabo los diálogos con los grupos armados guerrilleros.
(GARCÍA DURÁN, M. 2004, p. 86 cit en. GARCÍA DURÁN, M. 2006, p. 482). Se
acordó una tregua para iniciar las negociaciones en 1984 entre el gobierno y el M-19,
las FARC, el EPL, las ADO y el ELN, aunque todos los acuerdos se rompieron en el
término de un año, excepto el establecido con las FARC (Ibid.).
Las organizaciones guerrilleras participaban de los procesos de paz buscando
adicionalmente un espacio político de participación, pero paralelamente seguía
reclutando personal, ampliando los frentes, se llegó a considerar que en ese período
se incrementó en un 200 por ciento el número de frentes y hombres. (Cf.
ECHANDÍA 1994, pp.4-5 cit. en GARCÍA DURÁN, M. 2006, p. 484) Los
contradictores de las políticas de paz (militares, políticos conservadores y liberales, el
clero católico, los empresarios y los grandes gremios) buscando defender sus
intereses y además retirar el respaldo a las negociaciones entabladas por Betancur, en
muchos casos prefirieron apoyar los nacientes grupos paramilitares. Los mismos
surgen como reacción frente a la redefinición de los equilibrios del poder regional y
los potenciales cambios a favor de la guerrilla, sus aliados y sispatizantes. (ROMERO
2003, p.41 cit. en GARCÍA DURÁN, M, Op cit., p. 484)
Para Betancur la mejor manera de atacar el flagelo era transformando las estructuras
que les habían dado origen, es decir los desequilibrios socioeconómicos que permiten
el surgimiento de ideologías revolucionarias, y controladas las desigualdades era
posible la que él llamo “la restructuración nacional”. Las causas de la violencia para
Betancur eran de tipo estructural y debian ser combatidas desde las oportunidades de
educación, vivienda, salud y en general calidad de vida.
No eran solamente los grupos mencionados los que mantenían en desequilibrio la
seguridad nacional y la paz en Colombia, otros grupos conformados por cárteles de la
droga, las nacientes autodefensas, el badolerismo común y el recurrente fenómeno
paramilitar.
Atendiendo las sugerencias hechas por la Comisión de Paz, el 19 de septiembre de
1982 se crea la Comisión de Paz asesora del gobierno (Decreto 2711 septiembre 19
de 1982) y se toman otras serie de medidas que llevarían a la participación acertada
232
de la Procuraduría y su importancia en el esclarecimiento de las denuncias sobre
violaciones de derechos humanos.
Las relaciones de diplomacia tomaron un giro al entrar Colombia al grupo de los
países no Alineados91 y al considerar un acercamiento a Cuba, demostrando con ello
su posición frente a las políticas de los Estados Unidos y las relaciones de
dependencia de los países Lationamericanos.
Uno de los elementos más reconocidos del gobierno Betancur es la aprobación de la
Ley de Amnistía (ley 35, “Por la cual se decreta una amnistía y se dictan normas
tendientes al restablecimiento y preservación de la paz”), la cual contemplaba diez
artículos que explicitamente reconocía la concesión de amnistía general a los autores,
cómplices o encubridores de hechos constitutivos de delitos políticos con carácter
retroactivo (GUERRERO, A. 2001). A ella se acogieron algunos militantes de las
guerrillas de las FARC y el M-19. Paralelamente el gobierno estableció mesas de
negociaciones a través de la Comisión de Paz aunque con muchas dificultades y a
través del decreto 240 de 1983 nombró a tres personalidades que conformarían la
figura de los Altos Comisionados para la Paz (Ibid.). Mientras los altos mandos de las
guerrillas estaban dispuestos por lo menos al diálogo, otro sector radical del país
todavía permanecía estancado en las políticas represivas como forma de solucionar
los conflictos, fue así como la represión a las manifestaciones sociales de los civiles
continuaron siendo blanco de presecuciones por parte de sectores de las Fuerzas
Armadas y el movimiento Muerte a Secuestradores –MAS- ejecuta sus acciones de
manera contundente. Sumado a este malestar, se presentan asesinatos sistemáticos de
reinsertados, de miembros representativos de los movimientos guerrilleros como fue
91
Los No Alineados fueron creados primordialmente por antiguas colonias de Europa en el Asia y el
África que, por su posición geográfica, se hallaban inevitablemente atrapadas en medio del conflicto
bipolar. Con el Momiviento pretendían, al menos inicialmente, escapar de la incidencia, y mantener la
equidistancia frente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y los Estados Unidos, a la
vez que esperaban sacar ventaja de ambos en un juego de balancín. Colombia, en cambio por
ubicación geográfica y decisión de sus élites dirigentes, se inscribía claramente en la órbita de
influencia norteamericana. De ahí su temprana adscripción y subordinación a los Estados Unidos bajo
la doctrina del respice polum y luego durante la guerra fría, su alineamiento global con la potencia
norteamericana, hechos que lo demuestran son el impulso de Colombia a la OEA, la firma del Tratado
Interamericano de Asistencia Recírpoca (TIAR), la participación como único país latinoamericano en
la “fuerza multilateral de pacificación”, dirigida por el ejército latinoamericano en la guerra de Corea,
el envío en 1956 de un contingente militar a la “fuerza de emergencia” desplegada en el Canal del
Suez, el apoyo a la expulsión de Cuba de la OEA y posterior embargo, el respaldo a los Estados
Unidos en su intervención militar en República Dominicana, y por supuesto la aplicación de las
doctrinas de seguridad nortemaericana en el conflicto interno. (RAMÍREZ, S.; RESTREPO, L.A.
1997, pp. 153-154)
233
el caso de Jaime Bateman Cayón, fallecido en un accidente de aviación, en abril de
1983 y Carlos Toledo Plata, asesinado en agosto de 1984, ambos del M-19. A la
Amnistía le sucedieron numerosos acuerdos de paz que establecian puntos como la
desmovilización, y reinserción a cambio de transformaciones políticas por parte del
gobierno, que fueron acordadas especialmente con las FARC, el EPL y una fracción
del ADO y el M-19, pues el ELN prefierió mantenerse en la clandestinidad a
participar en dichos procesos. Se crea la Comisión Nacional de Verificación como
parte de las exigencias de las FARC respaldadas por el cese al fuego que empezaría a
partir de mayo de 1984. A los acuerdos allí establecidos se les conoce como Acuerdo
de la Uribe. (Marzo 28 de 1984) (GUERRERO, A. Op Cit.)
El narcotráfico entre tanto continuaba creciendo y afianzándose en el país, su
presencia se hizo más notoria al asesinar el 1º de mayo de 1984 al entonces Ministro
de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, por considerarlo una amenaza contra sus proyectos
políticos y por su marcada disposición a firmar el tratado de extradición que llevaría a
los narcotraficantes a purgar sus penas en las cárceles de Estados Unidos, así como
por su lucha por combatir todo tipo de corrupción y actos criminales.
El Estado de Sitio encuentra en este escenario un nuevo impulso, y los delitos de
narcotráfico quedan entonces bajo la jurisdicción penal militar, lo que configuró el
comienzo de una nueva lucha que implicaría operaciones de arrestos, allanamientos,
confiscaciones de bienes, y la destrucción de los laboratorios selváticos para el
procesamiento de la hoja de coca. Decidido a luchar contra el fenómeno, Betancur
aprueba la política de extradición y al verse los grupos de narcotraficantes
acorralados, le proponen al gobierno desmantelarse a cambio de garantías de
impunidad, propuesta que por supuesto fue rechazada y que desencadenó una “guerra
sin cuartel”.
El naciente fenómeno del narcoterrorismo dispersó las buenas intenciones de las
guerrillas en los procesos de paz, y los grupos no tardaron en mostrar su
inconformidad con los asesinatos sistemáticos a sus militantes, lo que llevó a que las
acciones, especialmente del M-19, volvieran a dirigirse a la ruptura de la tregua en
junio de 1985. Al finalizar el mismo año el 6 de noviembre, el M-19 toma el Palacio
de Justicia de Bogotá sede de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado,
haciendo rehenes a los empleados y magistrados que allí laboraban. La intención del
M-19 era demostrar su inconformidad con el incumplimiento de los acuerdos
234
logrados en las negociaciones con el gobierno, a las presiones de sectores políticos,
militares, ganaderos e industriales, que influyeron en el fracaso de los diálogos.
Hasta hoy son controvertidos los hechos que rodearon la toma del Palacio y sobre
todo las decisiones que llevaron a que el Ejército irrumpiera brutalmente en el
edificio desencadenando una batalla que incluyó explosiones, incendios y daños
materiales incalculables, así como la perdida de vidas 190, entre soldados,
guerrilleros y civiles, 12 de ellos magistrados de la Corte Suprema. Los desaparecidos
y las denuncias por torturas y ejecuciones extrajudiciales aún siguen sin ser
esclarecidas por la justicia. Jaime Betancur (hermano del presidente Belisario
Betancur) sobrevivió como rehén, y su presencia en el Palacio fue fuente de
especulaciones sobre el carácter contundente de las ordenes para restablecer el orden
en el Palacio por parte del presidente Belisario Betancur. La toma del Palacio de
Justicia significó no solamente un error de cálculo político del M-19 sino el regreso a
las soluciones de fuerza que los grupos guerrilleros enarbolaban y una razón de peso
para que las Fuerzas Armadas y sectores de la sociedad apoyaran los grupos
paramilitares, lo que se evidenció en el crecimiento acelerado de las masacres de
cuyas víctimas principales fueron los militantes del naciente partido político Unión
Patriótica (UP). (GARCÍA DURÁN, M, 2006, pp. 484-485).
Una semana después la avalancha de Armero (Tolima) por el descongelamiento del
Nevado del Ruíz se convertiría en la mayor tragedia que ha presenciado el país
dejando más de 25.000 personas muertas y miles desplazadas, lo que determinó que
el gobierno Betancur, tuviera que concentrar sus esfuerzos políticos en muchas
direcciones. Los procesos de paz se caen especialmente con el M-19 y el EPL. Las
FARC por su parte propondría la creación de un instrumento de lucha política civil al
que se le dió el nombre de Unión Patriótica (UP), y se comprometieron a continuar
los diálogos en marzo de 1986 para cesar las hostilidades.
Casi al finalizar su gobierno en 1985, Betancur crea (Decreto 2157 de 1985) la
Fuerza Élite Antiguerrillera con soldados profesionales y complementó estas medidas
con la Ley 131 de 1985 que permitía el reclutamiento voluntario para el servicio
militar con el ánimo de fortalecer las unidades antiguerrilleras. (DIARIO OFICIAL
37.094, 6 de agosto de 1985; DIARIO OFICIAL 37.295, 31 de diciembre de 1985 cit.
en LEAL BUITRAGO, F, 2006, p. 517)
235
4.2.2. Diplomacia de la astucia. (Mediados de los ochenta a comienzos de los
noventa)
Corresponden a éste período los gobiernos de Virgilio Barco Vargas y César Gaviria.
Durante el mismo aumentó la presión de las ONG y los órganos de Derecho
Internacional, el Estado recurrió al rechazo de las decisiones o mecanismos
intenacionales que se asumieran en este sentido o a distraer la atención en relación a
la responsabilidad estatal en el cometimiento de violaciones en Derechos Humanos.
4.2.2.1. La táctica del rechazo.
Gallón Giraldo expone tres formas de rechazo (GALLÓN GIRALDO, G, en CDDH
2004, pp. 210 – 212):
a) la negación de la existencia de violaciones,
b) la conformación de alianzas diplomáticas para evitar decisiones en
relación con Colombia, y
c) la realización de maniobras para impedir las consideraciones o el
análisis de la crisis colombiana de derechos humanos por los
competentes órganos intergubernamentales.
a) La negación de la existencia de violaciones: El gobierno pasó a reconocer que si
bien existían casos de violaciones de derechos humanos, se trataba de casos aislados
y el Estado no tenía una participación responsable en estos actos. Paralelamente los
casos denunciados antes los órganos internacionales fueron negados así como la
participación de agentes estatales, y en el caso de haber pruebas se intentó justificar
los actos. En respuesta se adoptaron once resoluciones declaratorias de
responsabilidad del Estado en la Comisión Interamericanda de Derechos Humanos
CIDH92 y siete en el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos
hasta 1995. (Ibid. p.210)
b) la conformación de alianzas diplomáticas: El gobierno para impedir la decisiones
de la comunidad internacional recurrió a las alianzas con países que en muchos casos
tenían también problemas con los derechos humanos, dentro del contexto
latinoamericano y del Caribe y con la misma Comisión de Derechos Humanos de
92
Las denuncias incluyen fundamentalmente casos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, y
masacres.
236
Naciones Unidas CDHNU. Esta actitud iría en detrimento de la credibilidad del país
en el escenario internacional. (GALLÓN GIRALDO, G. Op cit., p. 211)
c) La práctica de maniobras: Esta actitud caracterizada por el rechazo de las
decisiones de los mecanismos internacionales, haciendo difícil la deliberación y la
toma de decisiones sobre la problemática colombiana. La estrategia cubre desde el
nombramiento de funcionarios dependientes del Estado en organismos de control de
derechos humanos, en vez de hacerlo con expertos independientes, o el ocultamiento
de documentos e informes que desdibujan el escenario real durante las visitas
oficiales. Dichas acciones no permitieron a la comunidad internacional conocer la
real situación de los derechos humanos en Colombia y con ello las adopción de
medidas requeridas, y paralelamente le resto legilitimidad a los procesos de
observación y colaboración estatal colombiana. (Ibid, p. 211)
4.2.2.2. La táctica de la distracción.
La negación como estrategia alcanzaría sus límites y el Estado se vio obligado a
reconocer los casos de violaciones de derechos humanos pero alegando que el Estado
no era responsable de los mismos y atribuyéndosela a otros actores del conflicto, y
para ratificarlo, se mostró dispuesto a firmar tratados internacionales o a celebrar
acuerdos de asistencia técnica. (GALLÓN GIRALDO, G. Op cit. p. 211)
a) La firma protocolaria de tratados: la preocupación de los Derechos Humanos en
Colombia quizo verse reflejada en la firma protocolaria de tratados de orden
internacional, a pesar de que su cumplimiento y ejecución no eran reconocidos
legitimamente por la ley colombiana, antes de la Constitución de 1991. (Ibid p. 212)
b) La cooperación aparente: Para acompañar sus esfuerzos por demostrar a la
comunidad internacional su disposición, el gobierno acepto el recibimiento de
cooperación internacional, como por ejemplo los fondos de PNDU entre 1988 y 1992
aunque con restricciones frente a la presencia de un experto independiente. Las
Naciones Unidas entendieron la falta de claridad en las acciones y evidenciaron el
aparente compromiso colombiano, como un llamado a tomar otro tipo de medidas
más contundentes y apropiadas. (GALLÓN GIRALDO, G. Op cit. p. 212)
237
c) La atribución de culpas a terceros: El narcotráfico fue utilizado como escudo para
evitar centrar la responsabilidad de la violación de derechos humanos en Colombia. A
los grupos de narcotraficantes se les atribuyeron gran parte de las denuncias
presentadas, y en muchos casos la lucha contra el narcotráfico sirvió como excusa
para que el Estado asumiera medidas extraordinarias con el ánimo de combatirlo. Sin
embargo, la Comisión de Derechos Humanos reiteró la necesidad de establecer
diferencias entre la responsabilidad de la violación de los derechos humanos por parte
de los particulares y las violaciones por parte del Estado.
En general, la diplomacia de astucia impidió que Colombia recibiera las saciones
frente a las violaciones denunciadas y comprobadas de manera inmediata y posibilitó
que la reparación
de los actos cometidos en el pasado, se quedara en buenas
intenciones. A pesar de que el gobierno logró impedir el nombramiento de un relator
especial para Colombia, la preocupación de las Naciones Unidas derivó en informes
de la Comisión de Derechos Humanos que dan cuenta de la situación:
- Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o arbitrarias 1988
- Relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
1989
- Representante del secretario general para los desplazados internos
en 1994
- Relatores especiales sobre la tortura y ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias 1994
En 1995, la Comisión da a conocer lo que se llamó un “acta de compromiso” del
gobierno colombiano, donde asumia la responsabilidad por mejorar la situación de los
derechos humanos en el país. Y en 1996 se presentó la necesidad de radicar una
oficina permanente en Colombia del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas para asistir técnicamente y supervisar el desarrollo de las
recomendaciones, a través de informes analíticos y detallados presentados por el Alto
Comisionado. (Ibid, p. 212)
Virgilio Barco y el Plan Nacional de Rehabilitaciòn : La Búsqueda de la paz
El gobierno de Virgilio Barco (1986-1990)(HERRERA ÁNGEL, M, 2004) se ve
enfrentado precisamente a los asesinatos sistemáticos contra miembros de la naciente
rama política de las FARC, la Unión Patriótica (UP), así como la sucesión de actos
238
terroristas atribuídos a grupos guerrilleros y narcotraficantes, estos últimos
representados por el grupo de los “extraditables” encabezados por Pablo Escobar.
(RESTREPO, L.A. en LEAL BUITRAGO, F. et.al 2006, p.35).
Para darle continuidad a los procesos de paz inciados en el gobierno predecesor,
Barco impulsa el Plan Nacional de Rehabilitación –PNR- y un plan de lucha contra la
pobreza. A su vez impulsó las reformas de justicia, agraria y urbana, y de las
instituciones, dándo los primeros pasos para las transformaciones políticas que
derivaron en la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución política de 1991,
bajo el gobierno de César Gaviria.
Sin embargo, el narcotráfico seguía siendo un tema central y el gobierno de Barco
continuó con la confrontación directa en la llamada “guerra contra el nacotráfico” y
los primeros intentos de integrar a los países consumidores, y colaboradores con el
narcotráfico (lavado de activos, suministro de químicos y venta de armas), bajo la
idea de la “corresponsabilidad”, lo que le significó el apoyo de los Estados Unidos.
(Ibid pp. 34-35)
La ineficiencia de las Fuerzas Militares para manejar el orden público derivaron en el
fallo de la Corte Suprema de Justicia en 1987 que dio fin al juzgamiento de civiles
por parte de los militares, y en el nombramieno para la Fuerzas Militares de una
abogado civil con el cargo de procurador delegado, el rechazo del Procurador General
de la Nación en 1989 de los impedimentos para que el Ministerio Público investigará
y sancionará a los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo, y la sentencia
de la Corte, que sometia a los militares a ser juzgados como civiles en el
cometimiento de delitos. (LEAL BUITRAGO, F. 2002, p.69 cit. en LEAL
BUITRAGO, F. 2006, p.518)
En relación con las políticas de paz, Barco desarrolló, según los especialistas en el
tema, el único modelo de negociación de estos veinticinco años para lograr acuedos
de paz, caracterizado por una negociación parcial con una agenta limitada, con
superioridad militar y dirección clara por parte del Estado, y con el fin de
institucionalizar el proceso de paz, Barco crea en su gobierno la Consejería de
Reconciliación, Normalización y Rehabilitación93 (GARCÍA DURÁN, M, 2006, p.
486).
93
La CNRN entra a trabajar a partir de 1986, y tiene como función la coordinación de las labores de
239
Así como Betancur, para Barco las causas estructurales de la violencia debían ser
atacadas, por eso, junto con el Plan Nacional de Rehabilitación –PNR-94 y la
descentralización administrativa y política, se concentró en la integración de las zonas
más pobres y marginadas, que paralelamente constituyen las zonas con alta influencia
guerrillera. (Ibid. p.487).
El secuestro del candidato conservador Álvaro Gómez (1988) por parte del M-19, y el
aumento cuantitivo y cualitativo de las incursiones violentas por parte de la guerrilla,
los paramilitares y el narcotráfico, las masacres y el asesinato de periodistas, jueces,
policías y personalidades motivaron a Barco para lanzar la llamada “Iniciativa por la
paz”, donde no fue posible la participación de la sociedad civil, pero que intentó
negociar la reinserción de los alzados en armas a través de la participación política, y
para ello exigió un alto al fuego unilateral por parte de la guerrilla. (GARCÍA
DURÁN, M. Op cit, p. 487) El M-19 se desmoviliza y se integra políticamente a
través de la Alianza Democrática M-19, que se vio tambalear con el asesinato de
Carlos Pizarro Leongómez (26 de abril 1990), líder y dirigente del M-19 y candidato
a la presidencia, cuyo asesinato junto con el de Bernardo Jaramillo Ossa de la UP (22
de marzo de 1990) y el de Luis Carlos Galán del Nuevo Liberalismo (agosto 18 de
1989) representarían la muerte sistemática de lideres sociales, políticos, reinsertados,
y especialmente de miebros de la UP, en lo que se denominó la “guerra sucia”, por
parte de paramilitares auxiliados por el narcotráfico. (LEAL BUITRAGO, F. 2006,
p.518)
El Acuerdo Político que se hundió dejó tras de sí los temas sociales y políticos de
fondo como la planeación participativa, el tema de los ingresos, los salarios, los
aspectos laborales, la vivienda, la salud, la seguridad alimentaria, la producción
campesina y comercialización, sin embargo, los mismos sirvieron de base para la
futura reforma de la Constitución de 1886. (GARCÍA DURÁN, M. 1992, cit. en
GARCÍA DURÁN, M. 2006, p. 488)
reconciliación, normalización y rehabilitación, y a partir de 1991 entra a asesorar al Presidente en
dichas materias, participar en las conversaciones tendientes a la reincorporación a la vida civil de
grupos guerrilleros mediante un proceso de paz. Su aparición permite la institucionalización de la
temática de paz y se ordena que las demás instancias del Estado cooperen con la Consejería.
(FUNDAPAZ s.f.)
94
Es considerada “la única estrategia civil efectiva en el siglo XX, pero perdió su horizonte desde
1991, debido a la burocratización y la clientelización que sufrió, hasta su desaparición en el gobierno
de Ernesto Samper (1994-1998)”. (VELÁSQUEZ 1999, cit. en LEAL BUITRAGO, F. 2006, pp. 517518)
240
La situación crítica de orden público que coincidió con la toma de Casa Verde
(cuartel general de las FARC) en diciembre de 1990 por parte del Ejército (LEAL
BUITRAGO, F. Op cit, p. 520), facilitó la aprobación de una consulta popular
informal, que se constituyó en un plebiscito que terminaría en una reforma
constitucional. Al llegar César Gaviria Trujillo a la presidencia (1990-1994) convoca
la Asamblea constitucional, iniciativa promovida por un grupo de estudiantes
bogotanos. La misma quedó conformada por miembros del partido liberal, la
oposición conservadora, de la izquierda y movimientos sociales y étnicos. Gaviria
apoyó la revocatoria del mandato de los congresistas y la convocatoria a nuevas
elecciones parlamentarias.
El avance principal con la constitución de 1991 en materia de derechos humanos lo
constituye el reconocimiento de los derechos fundamentales y de los derechos
económicos y sociales que caracterizan a un Estado Social de Derecho. El artículo 1º
de la Constitución reconoce a Colombia como un Estado Social de Derecho y ello
significa un reconocimiento de los derechos colectivos o denominados de Tercera
Generación. Para proteger estos derechos la Constitución del 91 consagró tres
mecanismos fundamentales, la acción de tutela para proteger los derechos
fundamentales, la acción de cumplimineto y las acciones colectivas y de grupo que
buscan la protección de los intereses colectivos o de grupos afectados por un daño de
origen común. (SÁNCHEZ, C.A. 2000)
Internacionalmente el gobierno de Gaviria contó con el apoyo de los sectores que
vieron con buenos ojos el sometimiento de los narcotraficantes a la justicia que logró
la entrega de Pablo Escobar y otros miembros del Cartel de Medellín, la captura de
asesinos y la persecución y muerte de Pablo Escobar en 1993 por parte del recién
creado y denominado “Bloque de Búsqueda” que afianzó las estrategias de guerra en
la lucha contra el narcotráfico, pero que alcanzó a afectar también a los grupos
armados guerrilleros. Estas acciones le permitieron mantener buenas relaciones con
los Estados Unidos, y se interesó por dilucidar la diferencia entre el narcotráfico
como problema internacional y el narcoterrorismo como fenómeno interno. En este
sentido siguió los parámetros establecidos por Estados Unidos en relación con la
lucha contra el narcotráfico como la política de sometimiento a la justicia, pero el
apoyo estadounidense se vio amenazado con la huida de Pablo Escobar de la cárcel
de “máxima seguridad” llamada “La Catedral” (1992). (RESTREPO, L.A. en LEAL
241
BUITRAGO, F. et al. 2006, pp.35-36) (LEAL BUITRAGO, F. 2006, en LEAL
BUITRAGO, F. et al. pp. 520-521) Con la muerte de Escobar se hace necesario
plantear un redefinición de la Estrategia del Seguridad Nacional contra la Violencia
de 1991 llamada Seguridad para la Gente y que surge en el seno de la Consejería
Presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional, su significado se manifestó en el
tratamiento punitivo-policivo unificado para todas las formas de violencia, que no
tuvieron a la larga consecuencias positivas en la estrategia de seguridad nacional.
En cuestiones de paz, el gobierno Gaviria negocio con el EPL, el Partido
Revolucionario de los Trabajadores –PRT- y el Movimiento indígena Quintín Lame,
utilizando el modelo de negociación trabajado con el M-19, es decir una tregua
unilateral como condición previa y la concentración en campamentos que serían
definidos y controlados por las Fuerzas Armadas. El consenso con los grupos se
manejo estratégicamente desde la necesidad de realizar reformas, aspecto que
reforzaba el proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente. Al finalizar las
negociaciones y con la nueva Constitución Nacional de 1991, se introdujo una nueva
alternativa para acordar la paz en una combinación con aspectos que facilitarían el
paso de las políticas de apertura económica, para ello se realizaron modificaciones a
la política de paz en tres aspectos, no exigencia del cese al fuego unilateral,
aceptación de una veeduría internacional y la negociación en territorio extranjero con
la Coordinadora Guerrillera95 (en la que participaban las FARC, el ELN y la
disidencia del EPL), en lo que se conoció como Caracas y Tlaxcala (1991-1992). Las
negociaciones acordaron tres elementos: agenda, las formas regional y nacional de
verificación de cese al fuego y la veeduría internacional. Infortunadamente la misma
reforma constitucional del 91 se constituyó en el talón del Aquiles del proceso, pues
hubo discrepancias entre las partes sobre la implementación de reformas
especialmente sociales, los grupos guerrilleros las consideraban insuficientes y el
gobierno como ya cubiertas. (GARCÍA DURÁN, M. 2006, pp. 488 - 489)
Este proceso de internacionalización iniciado en las negociaciones se complementó
con la introducción de la discusión sobre el Derecho Internacional Humanitario,
internamente se complementó con el control de la participación de las Fuerzas
95 „
Constituyeron la Coordinadora Nacional Guerrillera el M-19, ELN, PRT, Quintín Lame, MIR
Patria Libre y el EPL. Dos años después, en 1987, se convertiría en Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar al adherir a ella las FARC”. (ZULUAGA NIETO, J. 1991)
242
Armadas en la violencia política y especialmente en las violaciones de derechos
humanos, y reestructurando la relación de los militares con las instituciones civiles
del Estado. Como muestra de su decisión en este sentido el gobierno decide nombrar
a un civil como Ministro de Defensa, crea la Consejería presidencial para la Defensa
y Seguridad (Decreto 1874 de agosto de 1990) (ELTIEMPO 8, ago., 1990 cit. en
LEAL BUITRAGO, F. 2006, p. 518) Fundamental en este proceso fue la elaboración
de la Estrategia Nacional contra la Violencia (mayo 1991) que permitió reconocer las
formas de violencia y la participación del Estado en las mismas. (GARCÍA DURÁN,
M. en LEAL BUITRAGO, F. 2006, p.489) (LEAL BUITRAGO, F. Op cit, p.519)
La declaratoria de guerra integral contra los grupos guerrilleros, no consiguió el
debilitamiento de los alzados en armas y solo fue posible llevar a cabo negociaciones
con grupos disidentes como la Corriente de Renovación Socialista –CRS-, el Frente
Manuel Garnica y con las Milicias Urbanas de Medellín. (GARCÍA DURÁN, M. en
LEAL BUITRAGO, F. Op cit.,pp. 489- 490)
4.2.3. La cooperación vacilante. (Mediados de los noventa a finales de los
noventa) (GALLÓN GIRALDO, G. en CDDH 2004, pp. 213-214)
Con el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) la política de derechos
humanos se dirigió hacia la cooperación con Naciones Unidas, la OEA y
organizaciones no gubernamentales. El primer paso para limpiar la imagen del Estado
colombiano fue la de distanciarse de los antiguos aliados, quienes no gozaban de
buen nombre debido a las violaciones de derechos humanos en las que se habían visto
vinculados. A pesar de la disposición positiva del gobierno en comparación con los
gobiernos anteriores, no había un comprimiso real.
La cooperación (Ibid. p. 213):
El 9 de septiembre de 1994 el presidente Samper, en ocasión del día de los derechos
humanos, reconoció no solamente la existencia de violaciones de derechos humanos
en Colombia sino la gravedad de los hechos. Como consecuencia se crearon la
Comisión mixta de investigación denunciada ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos para establecer los responsables de las masacres ocurridas en
1988 y 1991 en la población de Trujillo (Valle). Adicionalmente se aprobó la Ley
288 de agosto de 1996 que establece no solamente las decisiones de la Comisión
243
Interamericana sino también las correspondientes sanciones e indemnizaciones a las
víctimas y sus familiares. Ante la ONU, se creo la 1996 la Oficina Permanente en
Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el gobierno se
comprometió a asumir los mandatos que de sus informes se derivaran, asimismo
colaboraría con la apertura de una Oficina permanente del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados e invitaría a la Comisión de Encuesta de
Ginebra. El gobierno dio un paso adelante al aceptar la responsabilidad del Estado en
la masacre de Caloto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(POSADA GARCÍA-PEÑA en LEAL BUITRAGO, F. et. al. 2006, p.558). Sin
embargo, hacia el interior, la situación de violaciones se siguió deteriorando y ello se
vió enmarcado en la declaración del Estado de Conmoción el 16 de agosto de 1995. A
pesar de la ambigüedad en los procesos de cooperación y compromiso internacional
del gobierno colombiano, los aspectos positivos le dieron el auge a la participación de
las ONG nacionales e internacionales.
La vacilación (GALLÓN GIRALDO, G. Op cit. p. 214):
El gobierno de Samper se consolida con base en el llamado narcoclientelismo, que
sumado a la popularidad lo llevan al poder. La infiltración de dineros del narcotráfico
especialmente del Cartel de Cali deslegitimaron al gobierno (proceso 8.000), pues se
constituyeron en la prueba de que el narcotráfico podía permear las instituciones del
Estado, evitar medidas como la extradición y ejercer una política laxa frente a esa
actividad, como consecuencia, Estados Unidos asume una posición crítica frente al
gobierno Samper con una diplomacia coercitiva que concluiría con el aislamiento
internacional de Colombia, quitándole gran parte del apoyo para el desarrollo de las
políticas propuestas durante la campaña a nivel nacional y descalificándolo como
interlocutor en el escenario del movimiento de los países de los No Alineados,
convirtiendo a Colombia en una “narcodemocracia” y usando el proceso de
certificación96 y la exigencia de la extradición como herramientas táctica y jurídica
respectivamente.
96
La certificación es un instrumento legal que tenía el presidente de los Estados Unidos Bill Clinton
para aplicar sanciones económicas, restringir la ayuda o limitar el comercio. Durante el cuatrenio de
Samper, en dos oportunidades (1995 y 1998). En 1995 hubo un primer waiver y Colombia es
certificada por los Estados Unidos condicionalmente “por razones de interés nacional”. En 1996
Colombia es decertificada (primer país democrático en recibir descertificación), fue retirada la visa
del presidente Samper y se ratificó la decertificación en 1997; en 1998 tras la salida de Samper
certificada nuevamente de forma condicional. (LEAL BUITRAGO, F. 2002, p.122s cit. en LEAL
244
A nivel interno la situación de inestabilidad política, económica, social, moral y
militar fueron el caldo de cultivo para el crecimiento y consolidación de los grupos
paramilitares que se coordinaron a nivel nacional y se sustentaron en el consolidado
narcotráfico. (RESTREPO, L.A. en LEAL BUITRAGO, F. et al. 2006, pp. 36-37)
(LEAL BUITRAGO, F. En : LEAL BUITRAGO, F. Op cit., pp. 522-523) La defensa
permanente que tuvo que ejercer Samper frente a las acusaciones, le impidió
desarrollar las políticas de paz y le terminó de devolver indirectamente el poder al
Ejército fortalecido por la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla, que sin embargo
perdió eficacia en los constantes y costosos enfrentamientos que no arrojaron
resultados definitivos. Para compensar la falta de de credibilidad y la mala imagen,
las Fuerzas Armadas concentraron sus esfuerzos en el manejo mediático y en la
absolución de sus errores a través del llamado Lobby (Ibid.). La deslegitimación del
gobierno se dio tanto en las Fuerzas Armadas que se opusieron a la idea de Samper de
despejar el municipio de La Uribe (Meta) para dialogar con las FARC, como en las
mismas FARC que se abstenía de negociar con un “narcogobierno”. El único avance
significativo para la paz lo logró con el Movimiento Izquierda Revolucionaria MIAR-COAR- y el acuerdo humanitario que permitió la liberación de 70 soldados en
poder de las FARC. Como legado de Samper al gobierno de Pastrana le quedaron las
puertas abiertas para una movilización que apoyaba la solución negociada del
conflicto evidenciada en el Mandato Ciudadano por la Paz (27 de octubre de 1997)97.
(GARCÍA DURÁN, M. en LEAL BUITRAGO, F. et al. 2006, p. 490)
Durante el gobierno Samper se entregaron a mediados de 1995 los miembros del
Cartel de Cali (Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela), aumentaron las fumigaciones
y los programas de desarrollo alternativo, sin embargo, los cultivos crecieron
cualitativamente y la preocupación del gobierno se concentró en esta lucha contra el
narcotráfico tratando de dar muestras de legitimidad pero dejando de lado la lucha
contra los grupos subversivos y el paramilitarismo. Como consecuencia se fortalece
el paramilitarismo organizado en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia –
BUITRAGO, F. et al.2006, p. 523) (POSADA GARCÍA-PEÑA, R.. en LEAL BUITRAGO, F. et al.
2006, p.556)
97
Se aprovecharon las elecciones locales para que los ciudadanos exigieran detener las violaciones de
los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La Fundación País Libre y Redepaz
convocaron contaron con otras ONG, sindicatos, organizaciones sociales y de mujeres, UNICEF, y
diferentes poblaciones en conflicto participaron en el llamamiento al movimiento ciudadano que
alcanzó diez millones de votos.
245
AUC- que reunía a grupos de diferentes zonas del país, y que los consolidaba en la
lucha contra la subversión desde el control territorial y de la población. El secuestro,
la extorsión y el narcotráfico paralelamente sirvieron de resorte para el crecimiento y
consolidación de la subversión en especial de las FARC. (RANGEL 1998, ROMERO
2003 cit. en LEAL BUITRAGO, F. 2006, p. 524)
En materia de derechos humanos a pesar de la aprobación del Protocolo II de 1997,
adicional a los Acuerdos de Ginebra de agosto de 1949, sobre humanización del
conflicto armado, mediante la Ley 171 de diciembre de 1994, se dio un paso atrás al
aprobar el juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional por miembros activos a través del Acto Legislativo 02 y en relación con la
seguridad cabe añadir el impulso a las reformas en la administración de justicia (Ley
270 de 1996) y la ley de orden público. (Ley 418 de diciembre de
1997)98(COLOMBIA; GACETA DEL CONGRESO 1994 No. 272,1996 No. 40,1998
No. 111, 1998 No. 3 Cit. en LEAL BUITRAGO, F. 2006, p.524)
4.2.4. La sustitución de compromisos (Finales de los noventa y comienzos del
siglo XXI) (GALLÓN GIRALDO, G. en CDDH 2004, pp. 214-215)
Andrés Pastrana contó con el apoyo de jóvenes y mujeres de clase medias y altas, que
confiaban en que su gobierno fuera una oposición a lo vivido durante el gobierno de
Samper. Pastrana se constituyó en una alternativa en la lucha contra la corrupción, el
clientelismo y una esperanza en materia de paz. Desde su programa de gobierno
Pastrana concentró sus esfuerzos en restaurar la imagen de Colombia en el exterior,
negociar la paz con las guerrillas, adelantar una reforma política y reactivar la
economía y el empleo.
En las relaciones internacionales Pastrana había avanzado antes de ser presidente
pues fue él quien entregó las pruebas de la entrada de dineros del narcotráfico a la
campaña presidencial de Samper, lo que había sido visto con buenos ojos por el
gobierno de los Estados Unidos. Su lealtad le permitió alcanzar acuerdos de
cooperación militar en la lucha contra el narcotráfico que se compilaron en el llamado
98
Fue aplicada hasta el gobierno de Andrés Pastrana durante el desarrollo de la política de paz
(ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ s.f.)
246
“Plan Colombia”99. En su política exterior Pastrana hizo énfasis en la
“internacionalización” del proceso de paz, y junto con el Plan Colombia, fortaleció la
intervención activa de la ONU y de un “grupo de amigos” (Canadá, México, Cuba,
Venezuela, Suecia, Noruega, Francia, España y Alemania). A esta política se le
denominó “Diplomacia para la Paz”. (POSADA GARCÍA-PEÑA en LEAL
BUITRAGO, F. et. al. Op cit, p. 559) El apoyo europeo lo alcanzó a través de las
propuestas de negociación de paz con los diferentes actores del conflicto, basándose
en las iniciativas del gobierno anterior, en especial el Mandato Ciudadano por la Paz.
Internamente Pastrana alcanzaría con estas acciones el apoyo de la clase política y
empresarial. El gobierno Pastrana concentró sus esfuerzos en la lucha por alcanzar la
paz y para ello internacionalizó el conflicto, aprovechando la recuperación de la
imagen del país en el exterior y el apoyo de las fuerzas militares y civiles a nivel
nacional. (RESTREPO, L.A. en LEAL BUITRAGO, F. et al. 2006, pp. 38-39) Para
lograrlo Pastrana accedió a la desmilitarización de cinco municipios en 1998 a
petición de las FARC para comenzar los dialógos, adicionalmente reconoció a este
grupo como una organización política y decreto el llamado “Despeje” (Ley 418 de
1997) de una zona de 42.000 kilómetros cuadrados en lo que haría parte de una
estrategia con decisiones reactivas. (LEAL BUITRAGO, F. en LEAL BUITRAGO,
F. et. al. 2006, p. 524)
El principal obstáculo para alcanzar la paz y lograr el crecimiento económico del país
fue la lucha de poder entre el Ejecutivo que promovía a través de la reforma política
la eliminación de la corrupción en todas sus formas y la convocatoria a nuevas
elecciones parlamentarias, y el Legislativo que a través de maniobras políticas
concertadas logró estropear los planes gubernamentales y de paso deteriorar la
imagen presidencial, en lo que constituyó en el comienzo de la crisis el gobierno
Pastrana a partir del año 2000. En ese mismo año se deterioran las conversaciones
con los grupos guerrilleros de las FARC quienes continuaban con los ataques a
99
El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno menciona en la Ley 508 de 1998 el Plan Colombia
como “Plan para la paz, prosperidad y fortalecimiento del Estado” conocido en 1999 y que sirvió de
base al establecimiento de la “ayuda global integradora de intereses y decisiones de las agencias
estatales norteamericana preocupadas por el deterioro de la situación colombiana” que remplazó a la
cooperación militar preexistente entre Estados Unidos y Colombia. (COLOMBIA.
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL 1999 cit. en LEAL BUITRAGO, F. p.528)
Estados Unidos aportó, en el primer año (1999) US$839 millones, con un fuerte componente militar y
con donaciones en especie. Desde entonces se ha mantenido el nivel de ayuda del orden de US$500
millones al año. (POSADA GARCÍA-PEÑA, R. 2006, p.559)
247
poblaciones, demostrando su intransigencia y aprovecharon la Zona de Despeje para
cometer todo tipo de actos que violaban no solamente los derechos humanos, el
derecho internacional humanitario, sino los acuerdos establecidos entre las partes. El
gobierno mostró su debilidad y su poca capacidad de política al no poder restablecer
los diálogos de forma efectiva y perdió credibilidad ante la opinión pública, que se
mostraba cada vez más escéptica frente a los procesos de paz. Para recuperar la
confianza Pastrana se empeñó establecer diálogos con el Ejército de Liberación
Nacional –ELN- que se vieron otra vez truncados por la oposición violenta de las
AUC al despeje de una zona del sur de Bolívar denominada “zona de convivencia”
como equivalencia a la “zona de despeje” requisito para las negociaciones con las
FARC, pero esta vez exigida por el ELN. Las autodefensas por su parte lograron
alcanzar la incorporación en la lista de organizaciones terroristas extranjeras de
Estados Unidos. (RESTREPO, L.A. en LEAL BUITRAGO, F. et. al. 2006,
p.40)(LEAL BUITRAGO, F. en LEAL BUITRAGO, F. 2006, p.525)
Las negociaciones con las FARC se vieron afectadas por los acontecimientos
ocurridos el 11 de septiembre de 2001 que cambiaron el rumbo de la lucha contra el
terrorismo a nivel mundial100. Las FARC son declaradas como grupo terrorista y este
nuevo estatus le permitió al gobierno de Pastrana, a través de la nueva Ley de defensa
y seguridad (Ley 684 de 2001) aplicar sus instrumentos para combatirlas, sin
embargo no existió una estrategia política que permitiera doblegar a las FARC y
acabar con el matrimonio funcional entre fuerza pública y paramilitares. (Ibid. p. 526)
A nivel nacional se dio un avance con relación al gobierno anterior en materia de
derechos humanos por lo menos en lo referente a reformas legislativas. Entre ellas
cabe destacar la Ley 522 de 1999 sobre el Código Penal Militar que excluía de la
justicia penal militar la investigación de delitos como la tortura, el genocidio, y la
desaparición forzada; se le prohibía asimismo a la justicia penal militar la
investigación y juzgamiento de civiles, y se defininieron los delitos típicamente
militares. (COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS, 2000, pp. 41-43, 45, 109ss
100
El ataque de Al Qaeda contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 introdujo un nuevo
esquema de comportamiento de la única superpotencia: la cruzada mundial antiterrorista, que invalidó
el ámbito de las relaciones internacionales. Las nuevas reglas del juego de la política internacional
incluyen una revisión del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, en
especial aquellos cuyos comportamientos desafían a Estados Unidos y a sus principales aliados, o
ponen en tela de juicio los valores predominantes. (PARDO GARCÍA-PEÑA, R.En : LEAL
BUITRAGO, F. 2006, p.545)
248
cit. en LEAL BUITRAGO, F. 2006, p. 527) Adicionalmente la Ley 589 de 2000
tipificó como delitos el genocidio, la desaparición y el desplazamiento forzado y la
tortura, después de las protestas de las ONG y de la Fiscalía General de la Nación
contra los argumentos de objeción de Pastrana, al atribuirles a estos nuevo delitos una
limitación a las funciones de la Fuerza Pública. Así se estableció el juzgamiento de
dichos delitos por parte de la justicia ordinaria.
A nivel internacional en cuestión de derechos humanos, se aprobaron las
convenciones suscritas en la anterior presidencia sobre la prohibición, empleo,
almacenamiento y producción de minas antipersona, y contra la fabricación y tráfico
ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos. Otro triunfo para los derechos
humanos, fue la prorrogación de la ley 418 de 1997 con la Ley 548 de diciembre de
1999 que prohibe la incorporación militar de menores de 18 años. (COMISIÓN
COLOMBIANA DE JURISTAS CCJ 2000, p. 45s cit. en LEAL BUITRAGO, F. Op
cit. p.526)
Los avances en el tema de los derechos humanos se vieron trastocados por las
facultades extraordinarias del Ejecutivo (Ley 578 de 2000) que permitió crear la
Comisión de Reforma y Modernización de las Fuerzas Militares para la elaboración
del proyecto de ley de defensa y seguridad; como resultado se dió la Ley 684 de
agosto de 2001 que incorporó los avances de la Estrategia Nacional contra la
Violencia, de Gaviria, pero caracterizada esta vez por una tendencia militar muy
fuerte. Se le devolvió al Ministerio de Defensa las funciones de la defensa y la
seguridad y se subordino la autoridad civil ante la militar a nivel nacional, poniendo a
la vez en manos de los militares la política de seguridad, se sustituyeron los
conscriptos reclutados por servicio militar obligatorio por soldados profesionales en
las zonas de conflicto armado a partir de 1999. Se crearon nuevas y reorganizadas
unidades para la lucha contra el narcotráfico que se fundamentaron en la cooperación
militar del Plan Colombia101. (COLOMBIA. MINISTERIO DE DEFENSA 2000,
2002 cit. en LEAL BUITRAGO, F. 2006, p. 529)
101
En el año 2000 fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos una partida de 1.600 millones
de dólares para el Plan Colombia. De un total de 1.319 millones de dólares, 860 (65%) fueron para
Colombia y el resto para los países vecinos, agencia Antidrogras y el Programa de Inteligencia de los
Estados Unidos. En Colombia los dineros fueron distribuídos, 519 millones (60,4%) para asistencia
militar y 123 (14,3%) para la Policía Nacional. 330 millones asignados en el 2000 y 2001 para ayuda
militar y policía. (IEPRI 2001; Embajada de los Estados Unidos de América 2001 cit. en LEAL
BUITRAGO, F, et al. 2006, p. 530)
249
El triunfo aparente en las relaciones internacionales como se consideró el Plan
Colombia sorteó un efecto bumerán al producir fuertes críticas de la Unión Europea,
los países limítrofes, las organizaciones no gubernamentales nacionales e
internacionales, por entre otros aspectos, mezclar la lucha contra el narcotráfico y la
lucha contra la subversión, permitir la intromisión de Estados Unidos en las políticas
internas, y establecer una estrategia de guerra que derivaría entre otros en el éxodo
masivo de campesinos y extensión del conflicto territorialmente. (RESTREPO, L.A.
en LEAL BUITRAGO, F. et al. Op cit p. 41) La Unión Europea planteaba como
alternativa al Plan Colombia un énfasis en el apoyo de la negociación política del
conflicto con una mayor participación de la sociedad civil, el fortalecimiento del
Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos y el Derecho Internacional
Humanitario. (POSADA GARCÍA-PEÑA, R. En LEAL BUITRAGO, F. et al. 2006,
p.560) Las denuncias que más resonancia a nivel internacional tuvieron fueron las de
los campesinos de áreas del sur del país que se vieron afectados con las fumigaciones
áereas y que tuvieron eco, ante lo cual los funcionarios civiles y militares
reaccionaron expresando que quienes las atendieran le hacian el juego al narcotráfico
y la subversión. (ELTIEMPO 22, jul.,2001; SEMANA 27, Ago., 2 sep. 2001 cit. en
LEAL BUITRAGO, F. et al. Op cit. p. 530)
La crisis de orden público, de relaciones internacionales, de la economía crearon el
ambiente de desesperanza que permitiría que la opinión dirigiera su mirada a salidas
radicales y definitivas como las prometidas por el candidato presidencial Álvaro
Uribe y asumiera positivamente la intromisión de los Estados Unidos a través de la
ayuda financiera, técnica, estratégica y organizativa militar en Colombia. (LEAL
BUITRAGO, F. 2006, p.531)
La vacilación antes descrita fue definida durante el gobierno de Andrés Pastrana
Arango (1998-2002) disminuyendo los compromisos. El compromiso con los
derechos humanos se sustituyó por el del compromiso por la paz como determinante
para la superación de la crisis humanitaria. Los compromisos internacionales con la
ONUy la OEA fueron sustituídos por los acuerdos con Estados Unidos, traducidos en
ayuda militar y una observación constante por parte del congreso de ese país y su
Departamento de Estado de la situación de los derechos humanos en Colombia.
Aunque los compromisos previos con la ONU y la OEA persistieron, su
practicabilidad fue limitada. El estamento militar adquirió más poder en la definición
250
de las políticas en derechos humanos y manejó las relaciones internacionales, dando
el país un paso atrás y retrocediendo a la táctica de la negación y el rechazo de la
responsabilidad del Estado en los casos de violaciones de Derechos Humanos.
4.2.4.1. La Táctica del Compromiso Aparente (GALLÓN GIRALDO, G. en
CDDH 2004, pp. 215-216)
La búsqueda de la paz, se convirtió en una excusa y una condición previa para la
estabilización de los derechos humanos en Colombia. A nivel internacional, la
diplomacia se dirigió a convencer a la comunidad internacional de que la importancia
de ésta política y sobre todo la publicidad que contradecía las denuncias sobre
derechos humanos y excluia de responsabilidades en los casos a los miembros de las
fuerzas militares, especialmente en las actuaciones paramilitares. La alta comisionada
entendiendo la nueva política de gobierno adaptó sus observaciones a los objetivos de
la paz, sin embargo, eso dificultó un avance significativo en las observación de las
Naciones Unidas en Colombia. Por el contrario la Comisión Interamericana realizó su
tercera visita a Colombia en 1997 y entregó el respectivo informe en 1998 que se
concentró en la diferencia y la relación entre derechos humanos y paz. Las visitas se
repetirían en el 2001 y su participación se ha mantenido continua en las decisiones y
denuncias individuales.
La propaganda como elemento central de la política de Derechos Humanos
(Ibid., p.216)
En Agosto de 1999 se adopta y divulga la “política gubernamental de derechos
humanos y derecho internacional humanitario”, que pretendía fundamentalmente
contrarestar los ataques, denuncias y llamamientos de la comunidad internacional en
relación a los derechos humanos, una muestra de esa inconsistencia son las constantes
contradicciones entre las disposiciones que la política promulgaba y la práctica
legislativa. La propaganda sobre los avances en materia de derechos humanos fue
ampliamente difundida a través del Ministerio de Defensa, quien se encargó de
publicar entre otras las cifras, que en muchos casos contradecían las denuncias
presentadas por las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, especialmente en lo
relacionado con las víctimas de las masacres perpetradas por los paramilitares.
251
La actitud inercial, caracterizó las reacciones de los gobiernos de Samper y Pastrana,
a pesar de haber ratificado el Estatuto de Roma (agosto de 2002), de su participación
en la Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, y
todas las formas conexas de intolerancia en 2001. Para el gobierno el Estatuto de
Roma, debería ser aplicado fundamentalmente a los guerrilleros y paramilitares pero
evitarse con funcionarios del gobierno, es así como al comenzar el gobierno de Uribe,
se ratificó del Estatuto de la Corte Penal Internacional –CPI- bajo la condición de que
la misma no tuviera competencia para conocer los crímenes de guerra cometidos en
Colombia durante los siguientes siete años. Los gobiernos no asumieron un papel
activo y se limitaron a reunirse con las ONG. Esta ambigüedad del apoyo irrestricto
de la Corte Penal a nivel internacional, pero con limitaciones dentro del terriorio
colombiano, es una muestra contundente de la diplomacia que se utilizó en relación
con los derechos a nivel internacional.
4.2.4.2. La táctica de la militarización del tema de los Derechos Humanos.
(GALLÓN GIRALDO, G. en CDDH Op cit., pp. 217-218)
La militarización de las cuestiones de derechos humanos se devela en la participación
activa del Ministerio de Defensa a través de sus militares activos y en retiro dentro de
las órganos relacionados con los derechos humanos, y adicionalmente la presencia de
Estados Unidos como árbitro extraoficial, a cambio de ayuda materializada en
suministro militar.
El traspaso de competencias al ministerio de defensa para el manejo de la política de
derechos humanos, se evidencia en las publicaciones y en el esfuerzo que el
Ministerio ha desarrollado, a través de conversaciones con delegados de los órganos
internacionales, a nivel universal y regional, como muestra de la necesidad de
defender las acciones de los militares en Colombia, la cual no ha sido, según sus
intereses, suficientemente defendida a nivel internacional.
252
La alianza con Estados Unidos en relación con la guerra y los derechos humanos, se
materializó en el llamado “Plan Colombia”102, que tenía como objetivo combatir las
causas que general las violaciones de derechos humanos a través de la lucha militar,
en un acuerdo bilateral entre el ejército colombiano y estadonunidense. El nuevo rol
de control sobre las actuaciones alrededor de los derechos humanos en Colombia,
pasaría de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana al Departamento de
Estado y el Congreso de los Estados Unidos. La misión de los órganos
internacionales pierde entonces peso en el escenario nacional y sus recomendaciones
son nuevamente ignoradas o puestas en un segundo plano por parte del gobierno
nacional.
4.2.4.3. La Reinstauración de la Táctica del Rechazo. (Ibid. pp. 218-219)
Paulatinamente la aparente cooperación y la aceptación pasiva de los gobierno ante
las denuncias presentadas por las Naciones Unidas y el Comité Interamericano, se
convirtió en una actitud de rechazo que se manifestó en la descalificación de los
informes de la alta Comisionada para los derechos humanos (1998 y 2000), en
principio por no haberlos presentado anticipadamente al gobierno antes de hacerlos
públicos, y definiéndolos como amenaza ante la “diplomacia para la paz” y el
“proceso de Paz”, y argumentando desconocimiento de la realidad colombiana por
parte de los órganos internacionales. Adicionalmente, no se tuvieron en cuenta las
recomendaciones y se mostró un desconocimiento explícito de la validez y
obligatoriedad de las mismas. En otras ocasiones por ejemplo, la visita de la relatora
especial sobre violencia contra la mujer no fue atendida por el presidente en el 2001 y
el representante especial del secretario general de defensores de derechos humanos le
fueron descalificadas sus apreciaciones y labores en el país. Los rechazos provenían
no solamente de la presidencia y vicepresidencia, sino de sus representantes
diplomáticos y encargados del ministerio de Defensa.
Paralelamente se rechazan las responsabilidades estatales con relación a las denuncias
de derechos humanos, argumentando que las violaciones de derechos humanos y las
infracciones al DIH son causadas por la complejidad del conflicto armado, en
102
Después de Israel y Egipto, Colombia es el principal receptor de ayuda de los Estados Unidos.
(POSADA GARCÍA –PEÑA, R. 2006, p. 569)
253
especial guerrilleros, financiados por el narcotráfico, sin nombrar la participación de
los paramilitares. El argumento se amplia aludiendo que tan sólo la ayuda de la
comunidad internacional sería efectiva para combatir el narcotráfico y terminar el
conflicto como garantía del respeto a los derechos humanos. Esta actitud es un reflejo
de lo sucedido a comienzos de los años ochenta cuando el gobierno considero que la
existencia de violaciones a los derechos humanos eran casos aislados, pero que no
harían parte de una política gubernamental.
Los fracasos de los anteriores gobiernos permitieron que Uribe alcanzara la
presidencia para el (2002-2006), su posición se basó en la lucha frontal y sin cuartel
contra las guerrillas, aspecto que era considerado primordial por el ciudadano común,
debido al incumplimiento de los acuerdos por parte de las FARC. La salida militar se
constituyó en la política de paz del gobierno Uribe y se basaba en: la prioridad en la
acción militar como condición para las negociaciones, el prerrequisito de un cese
unilateral del fuego por parte del grupo armado y la negociación entendida como el
desarme, desmovilización y reinserción en la vida civil de los armados (GARCÍA
DURÁN, M, en LEAL BUITRAGO, F. et al. 2006, p. 496) No se reconoció la
existencia de una conflicto armado interno a pesar que las características de la
situación en Colombia corresponden a dicha definición entendida por el DIH como
un conflicto armado no internacional, según lo afirmó en 2005 el jefe de operaciones
para América Latina y el Caribe del Comité Internacional de la Cruz Roja Yves
Giovannoni. (ELTIEMPO 23, May.,2005 cit. en GARCÍA DURÁN, M. en LEAL
BUITRAGO, F. et al. Op cit, p. 497)
Por otro lado el gobierno mantuvo su posición frente a los requisitos para la
negociación, que se resumen en la negativa a desmilitarizar territorios para negociar
acuerdos, la exigencia de la liberación de los secuestrados, la garantía de que los
reinsertados que salgan de la cárcel no vuelvan a delinquir y la facilitación de
terceros. (GARCÍA DURÁN, M. en LEAL BUITRAGO, F. et. al 2006, p. 506)
Uribe comenzó su gobierno poniendo por encima al Ejecutivo sobre el resto de las
ramas del poder y de las mismas Fuerzas Militares, y ello se manifestó a través de los
llamados Consejos Comunales, que eran reuniones con los habitantes de poblaciones
a lo largo y ancho del país, con la presencia del presidente y donde se escuchan los
problemas locales denunciados por los ciudadanos, a los que por lo general se intenta
dar soluciones inmediatas o se hacían promesas de resolverlos por parte del
254
presidente en persona, dichos Consejos son transmitidos por televisión, en lo que se
constituye en una más de las características del gobierno Uribe y es el uso de los
medios de comunicación. (RESTREPO, L.A. en LEAL BUITRAGO, F. et. al. Op
cit., pp. 42-43)
En materia de seguridad Uribe presentó al país su programa llamado “Política de
Defensa y Seguridad Democrática” (Ley 782 de diciembre de 2002 que modificó la
Ley 418 de 1997103), y se constituye en un proyecto político, diplomático
(“batalla”diplomática), y militar (Plan Patriota) en la que narcotráfico y guerrilla son
enfrentadas como un solo enemigo del país: terrorismo, y así se ha presentado a nivel
internacional. La vinculación del conflicto armado colombiano con la cruzada
internacional contra el terrorismo liderada por el presidente estadounidense George
Bush, posibilitó entre otras cosas que los tres principales grupos armados de
Colombia fuesen reconocidos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos
como organizaciones terroristas (FARC y AUC (Autodefensas Unidas de Colombia)
y ELN) y se les comprobó su participación en el negocio del narcotráfico a las FARC
y AUC. La buena comunicación entre el gobierno de Bush y Uribe, a su vez fue
determinante para la utilización de los recursos aportados por EE.UU.a través del
Plan Colombia para combatir además del narcotráfico, también la subversión, ahora
denominada manifestación terrotista. (POSADA GARCÍA –PEÑA, R. en LEAL
BUITRAGO, F. et al. Op cit, p. 562) La Defensa y Seguridad Democrática se
combinó con los Consejos comunales y la lucha militar contra el terrorismo. Los
logros fueron evidenciados a través de la baja y/o captura de mandos medios de la
guerrilla, la recuperación de las vías de comunicación especialmente en las zonas
rurales104, la desarticulación del avance de las FARC hacia Bogotá, aspectos que le
dieron credibilidad y aumentaron el apoyo ciudadano al gobierno. (RESTREPO, L.A.
en LEAL BUITRAGO, F. et al. 2006, pp. 42-43)
Militarmente la lucha mundial contra el terrorismo consecuencia de los hechos del 11
de septiembre de 2001 y la falta de volutad de paz demostrada por las FARC,
103
Suprime el requisito de reconocimiento de carácter político de la organización armada como
condición para poder iniciar el proceso de paz y fue especialmene útil en el proceso de negociación de
la administración Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia. (GARCÍA DURÁN, M, en LEAL
RESTREPO, F, et al 2006, p. 498)
104
El gobierno organizó caravanas de vehículos escoltados por miembros de la Fuerza Pública para
evitar el cometimiento de las denominadas “pescas milagrosas” o retener de los guerrilleros que
servian como estrategia para el cometimiento de secuestros extorsivos.
255
sirvieron de soporte para su combate con el denominado Plan Patriota105 (14.000
soldados que avanzan en el sur del país buscando desmantelar la jefatura de las
FARC), sin embargo, este objetivo no fue alcanzado. (Ibid. p. 43)
Las FARC demostraron su avance urbano a través de los denomindados “carro
bomba” colocados y explotados en el club el Nogal de Bogotá y la “Casa Bomba” en
Neiva (2003), que dejaron cuantiosos daños materiales, pero sobre todo perdidas
humanas que motivaron al gobierno a reforzar su política de seguridad y la lucha
contra el terrorismo. (LEAL BUITRAGO, F. en LEAL BUITRAGO, F. et. al. 2006,
p. 532) La posibilidad de un acuerdo humanitario se vio limitada por la reacción
negativa de los funcionarios gubernamentales frente a las exigencias alrededor del
DIH, ello sumado a la crítica de los Estados Unidos que concluyó con la propuesta
inviable de Uribe frente a las FARC. (MERCADO, B. 19, Feb., 2004; ELTIEMPO
16, Jun.,2004; ELTIEMPO 19, ago.,2004 cit. en LEAL BUITRAGO, F. et al. 2006,
p. 536)
La Seguridad Democrática se desarrollo junto a otras medidas como el impuesto de
seguridad, y Uribe impulsó con dichas políticas el reclutamiento de “soldados
campesinos” que prestaran sus servicios en las zonas de donde provienen, y cuya
política iba acompañada por la conformación de redes de informantes que
colaboraran con los servicios de inteligencia, las recompensas por información, el
estímulo a la decersión de combatientes ilegales, y la creación de las zonas de
rehabilitación en áreas de influencia guerrillera. (LEAL BUITRAGO, F. en LEAL
BUITRAGO, F. Op cit., p. 531) Entre el 2003 y el 2004 Uribe impulsó el “Estatuto
Antiterrorista” que reglamentaba las facultades de policía judicial de los militares,
como allanamientos, interceptaciones telefónicas y detenciones sin orden judicial.
(SEMANA 15 a 22 de diciembre de 2003 cit. en LEAL BUITRAGO, F. en LEAL
BUITRAGO, F. et al. 2006, p. 535) El gobierno buscó reforzar el Seguridad
democrática con el Plan Nacional de Desarrollo que intentó brindar otro tipo de
garantías que buscaban fortalecer la seguridad interna, como el crecimiento
económico sostenible y la generación de empleo, la construcción de equidad social, y
el incremento de la transparencia y eficiencia del Estado. (COLOMBIA.
Departamento Nacional de Planeación 2003)
105
El Plan Patriota sirvió de complemento el Plan Colombia contra las drogas que era apoyado por los
Estados Unidos desde 2001.
256
Al proceso de desarme y desmovilización de los paramilitares (2003-2005),
adelantado en la llamada “zona de ubicación” de 368 kilómetros cuadrados de
extensión en Santa Fe de Ralito (Córdoba). (ELTIEMPO 20, feb.,2004; SEMANA 15
a 22 de marzo de 2004; SEMANA 17 a 24 de mayo de 2004 cit. en LEAL
BUITRAGO, F. en LEAL BUITRAGO, F. et al. 2006, p. 536), se reforzó a través de
la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), la propuesta de libertad condicional para
desmovilizados sindicados, el proyecto de ley de alternatividad penal, el proyecto de
ley antiterrorista que otorgaba facultades a la policía judicial para las Fuerzas
Militares y restricciones a los derechos civiles, medidas que pretendía dar un marco
legal a este proceso, pero que han sido altamente criticadas por ser consideradas una
forma legal que impulsa la impunidad, y que sin embargo han sido consideradas por
otros como la primera ley que en mitad de la guerra interna le pone sanciones a
organizaciones que a pesar de defender el establecimiento no han sido vencidas
militarmente. (RESTREPO, L.A. en LEAL BUITRAGO, F. et al. 2006, p. 43) La Ley
de alternatividad penal se acompañó con el tribunal de verdad, justicia y reparación,
penas mínimas de cinco años y máximas de 10 años, y la computación de los tiempos
en las zonas de concentración como pago de penas alternativas, sin incluir la
extradición. (ELTIEMPO 4, abr., 2004 cit. en LEAL BUITRAGO, F. en LEAL
BUITRAGO, F. et al. 2006 p. 536) Las Naciones Unidas manifestaron a través de la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos su preocupación por el
cumplimiento de la ley de justicia y paz en el sentido de verdad, justicia y reparación.
Tres elementos han perturbado el proceso con los paramilitares, la incertidumbre de
la desmovilización que ha generado especulaciones sobre la veracidad de las mismas,
la intromisión de narcotraficantes en el proceso para protegerse penalmente y salvar
sus bienes, y el poder latente de los paramilitares en el orden económico y político del
país, especialmente en el ambito regional, así como la posesión del 48% de tierras
productivas del país apropiadas violentamente, el control de territorios mediante
desplazamiento masivo de poblaciones, la extorsión de comerciantes, el contrabando,
y políticamente el paramilitarismo y su incursión en las elecciones de políticos que
representan sus intereses en gobernaciones, alcaldías, las asambleas y los concejos, la
penetración en el Congreso y en las instituciones oficiales. (RESTREPO, L.A. Op cit.
p. 43) (SEMANA 24 de noviembre – 1 de diciembre de 2003 cit. en LEAL
BUITRAGO, F. et al. 2006, p. 534) (LEAL BUITRAGO, F. Op cit., p. 539) Las
257
desmovilizaciones de los paramilitares se vieron interrumpidas por la exigencia de
extradición de Diego Murillo Bejarano alias “Don Berna” que sin embargo fueron
reanudadas por Uribe cediendo a las propuestas de los paramilitares y coincidiendo
con la aprobación de la reelección presidencial por parte de la Corte Constitucional.
(Ibid. p. 540) Las negociaciones con las AUC no tocaban temas puntuales de fondo
sino garantías para la desmovilización, pues según los analistas las organizaciones
paramilitares se sentian representadas por la política de seguridad de Uribe, que se
evidenció en las desmovilizaciones masivas antes de los acuerdos finales de paz
como sucedió con el Bloque Cacique Nutibara en Medellín (2003) y el Bloque Elmer
Cárdenas (2006) que incluyó a 30.944 paramilitares y 17.564 armas. (ALTO
COMISIONADO PARA LA PAZ 2004 cit. en GARCÍA DURÁN, M. en LEAL
BUITRAGO, F. et al. 2006, p. 500) y en las declaraciones del jefe paramilitar
Vicente Castaño: “La seguridad democrática funcionó y se nos ha terminado la razón
de existir. Las autodefensas nacieron porque el Estado no podía defendernos pero en
este momento el Estado está en capacidad de defender a los ciudadanos”. (SEMANA
5, jun., 2005 cit. en GARCÍA DURÁN, M. en LEAL BUITRAGO, F. et al. Op cit., p.
500)
Los E.U. han aportado a través del Plan Colombia recursos para la desmovilización
de los paramilitares, sin embargo, han sentado una posición crítica, en especial desde
el Congreso de ese país, frente a las denuncias de violaciones de derechos humanos.
En este sentido se concentran en dos elementos, los precarios niveles de justicia y
reparación que exigen la administración Uribe a los miembros del paramilitarismo a
cambio de la desmovilización y la suspensión de las aprobadas extradiciones de los
principales lideres de los paramilitares (Carlos Castaño106, Salvatore Mancuso y
Diego Murillo “Don Berna”)107.
106
El jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia Carlos Castaño se encontraba
desaparecido, poco después se confirmó su asesinato cometido el 16 de abril del 2004 en el norte de
Urabá, cuyo crimen se ha atribuido a su hermano Vicente, al parecer la intención de Carlos Castaño de
negociar con Estados Unidos y delatar a narcos habrían motivado el crimen. (ELTIEMPO 16, mar.,
2007a)
107
Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), Diego Fernando Murillo ('Don Berna'),
Hernán Giraldo, alias 'Pablo Sevillano' y Ramiro 'Cuco' Vanoy fueron entregados el 13 de mayo de
2008 a las autoridades de E.U. como parte de las peticiones de extradición, por haber incumplido los
compromisos adquiridos con el gobierno Uribe en relación con la Ley de Justicia, Paz y Reparación.
(ELTIEMPO 13, may., 2008)
258
Entre el 2002 y el 2004 la administración Uribe arremetió contra el narcotráfico
buscando debilitarlo con cuatro estrategias: la fumigación aérea de cultivos ilícitos,
las incautaciones de cargamentos, la extradición de colombianos y la extinción de
dominio. Sin embargo, a cada estrategia le corresponde una consecuencia negativa,
las fumigaciones extendieron los cultivos ilícitos hacia otras zonas del país y el
incremento de los mismos en países vecinos como Perú y Bolivia; la extinción de
dominio ha sido víctima de la corrupción, y en general la lucha contra el narcotráfico
ha impulsado la cooperación entre los diferentes grupos armados guerrilla,
paramilitares y narcotráfico. (RESTREPO, L.A. Op. cit., p.44)
Las negociaciones con la subversión, en especial con la guerrilla se concentraron en
el ELN, y así los diálogos se trasladaron al escenario internacional, a Cuba. Las
negociaciones con este grupo fueron rotas en noviembre de 2002 y en 2003 Uribe
invitó al grupo de países amigos (Francia, España, Noruega, Cuba y Suiza) para
trabajar con la Comisión civil y servir como facilitadores en el proceso de
negociación con el ELN que se iniciaría en 2004 con la ayuda de México y se
rompería en 2005. El ELN exige por parte del gobierno las garantías para la
participación de la sociedad civil y en el 2005 se produce un “encuentro formal
exploratorio” en Cuba que se continuaría con el encuentro con Antonio García,
comandante militar del ELN en Medellín. Los intentos de negociación con el ELN se
vieron amenazados por la falta de seguridad ofrecida a los guerrilleros
desmovilizados especialmente frente a la amenaza de los aún existentes grupos
paramilitares. (GARCÍA DURÁN, M. Op. Cit., p.504) Este intento de alcanzar
acuerdos de paz, fue utilizado por el gobierno de Uribe como plataforma para
constatar su capacidad política, atendiendo a la urgencia de convencer al electorado
con el objetivo de lograr su reelección para el período 2006-2010. (RESTREPO, L.A.
en LEAL BUITRAGO, F. et al. Op Cit., p. 45)
A nivel internacional, Uribe consolidó las relaciones con los Estados Unidos
aprovechando la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, el apoyo decidido de
Colombia a la guerra contra Irak, el rechazo del país a la extradición de ciudadanos
estadounidense ante la petición de la Corte Penal Internacional, le permitía al país
recibir ayuda militar por 463 millones de dólares, las relaciones con otros países, y la
tradición diplomática y de derecho internacional que habían alcanzado los gobiernos
pasados se fueron deteriorando. La alianza con Estados Unidos impulsó la tarea de
259
Uribe para alcanzar el Tratado de Libre Comercio –TLC- entre los dos países, que
esperaba ser firmado en 2006 y aprobado finalmente por el Congreso de los Estados
Unidos hasta el 11 de octubre de 2011. (Ibid.) (GÓMEZ MASERI, S. 7, oct., 2003;
ELTIEMPO 8, dic., 2003 cit. en LEAL BUITRAGO, F. 2006 en LEAL BUITRAGO,
F. et al. 2006, p. 534; GÓMEZ MASERI, S. 12, oct.,2011)
América Latina atravesaba por un fase de once períodos electorales en el 2006 y con
la posibilidad alta de consolidar gobiernos de centro-izquierda que verán
posiblemente como sus antecesores, con escepticismo las relaciones con Estados
Unidos y sus tesis sobre la lucha contra el terrorismo en la región, que pretendían
hacer ver el conflicto colombiano como una amenaza terrorista para la región, o como
un “contagio” de la violencia colombiana y que requería para su control el
reconocimiento del estatus de los grupos subvesivos como grupos terroristas (FARC,
ELN y paramilitares). Los países limítrofes han manifestado sus inquietudes y se han
generado tensiones con: Panamá, Perú, Brasil, Ecuador y Venezuela. Por ejemplo,
Ecuador ha criticado las fumigaciones en el sur de Colombia que afectan sus
territorios, y propone una salida negociada al conflicto. (POSADA GARCÍA –PEÑA,
R. en LEAL BUITRAGO, F. et al. 2006, pp. 563, 566)
El gobierno de Uribe concentró sus esfuerzos diplomáticos en buscar el rechazo a las
actuaciones de las FARC ante los gobiernos centroamericanos y el Consejo
Permanente de la OEA, basándose en el cumplimiento de la Convención
Interamericana contra el Terrorismo y la Resolución 1373 de la ONU (surgida con
posterioridad al 11 de septiembre de 2001), especialmente cuando los Estados se
comprometen a prevenir y reprimir la financiación de los actos de terrorismo, la
tipificación de delito y el enjuiciamiento a todo tipo de financiación, la abstención de
proporcionar apoyo, activo o pasivo al terrorismo y a hallar los medios para
intercambiar información operacional en relación a las actividades o movimientos
terroristas mediante convenios y acuerdos basándose en el derecho internacional
(S/RES/1373 (2001)) Uribe gestionó ante el Grupo de Rio108 la propuesta para
solicitar al Secretario General de la ONU para que se manifieste y convocara a las
108
El Grupo de Rio nace de la iniciativa del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo en 1986. La
reunión del Río de Janerio dio paso al llamado Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación
Política. Como objetivos tiene la consolidación democrática, la ampliación de la cooperación política
y económica, la activación de los procesos de integración y el desarrollo del diálogo internacional en
la región. Como miembros se cuentan: Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay
y Venezuela. (ARENAL, C. 1994, p. 216)
260
FARC a dialogar con el gobierno colombiano. Asimismo, logró que la Asamblea de
la OEA acogiera el acuerdo logrado por el Grupo de Rio. (ELTIEMPO 19, mar.
2003; MOMPOTES, A. 25, mayo de 2003; ELTIEMPO 16, ago., 2003 cit. en LEAL
BUITRAGO, F. en LEAL BUITRAGO, F. et al. 2006, p. 533)
La política de seguridad y las negociaciones con los paramilitares no fueron en
principio aceptadas por la Unión Europea, la ONU y la OEA, que sin embargo, con
posterioridad, mostraron su comprensión y entendieron que su participación en los
procesos serviría como garantía para evitar el cometimiento de errores que pusieran
en peligro la estabilidad del país y la protección de los derechos humanos.
(RESTREPO, L.A. Op cit. p. 45) La polarización producto de la posición asumida
por lo miembros del gobierno a las iniciativas de paz y a las ONG se han sumado a
las tensiones del gobierno con la comunidad internacional. En la semana de los
derechos humanos del 2003 Uribe se refería a las ONG como escritores y
politiqueros, que le sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera
de los derechos humanos. (ELTIEMPO 9, sep., 2003 pp.1-5 cit. en GARCÍA -PEÑA,
M. en LEAL BUITRAGO, F. et al. 2006, p. 498)
La Unión Europa a través de la Declaración de Londres (2003) y la Declaración sobre
la Ley de Justicia y Paz (2005) apoyaron al presidente en su estrategia de Seguridad
Democrática y las negociaciones con los paramilitares, pero criticó enfáticamente la
política de derechos humanos y recordó la necesidad de cumplir las recomendaciones
que en ese sentido realizó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de la ONU. Por esa razón durante la primera administración Uribe la UE no
aprobó los fondos destinados a complementar el Plan Colombia de EE.UU.
(POSADA GARCÍA –PEÑA, R. en LEAL BUITRAGO, F. et al. 2006, p. 565)
Uribe perdió ante la ONU el terreno que de alguna manera había alcanzado Pastrana,
es así como el 2005 desmonta la figura del enviado especial del Secretario General
(James Lemoyne), después de discusiones entre ambos sobre la eficiencia del proceso
de paz con los paramilitares y las diferencia de criterios en relación con los derechos
humanos. A pesar de haber prolongado el mandato de la Ofina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos para cuatro años (cuando se preveían prórrogas anuales),
cuestionó los diagnósticos realizados, por según él, no tener en cuenta los avances en
derechos humanos desde la implementación de la Seguridad Democrática. (Ibid p.
564) Las críticas contra la situación de derechos humanos en Colombia por parte de
261
la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Michael Frühling) se
evidenciaron, por ejemplo, en el cuestionamiento del estatuto antiterrorista propuesto
y aprobado por la administración Uribe. Ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos Uribe se refería a las Naciones Unidas como temerosas de los grupos
violentos y que criticaban mucho pero hacian poco. (POSADA GARCÍA-PEÑA Op
cit p. 565)
Uribe intentó acercarse a la OEA, y para ello el organismo envió una asesoría técnica
y de seguimiento al proceso de paz, lo que se constituyó en la máxima participación
internacional durante esta administración en las negociaciones internas, sin embargo,
no se alcanzó un alto perfil debido a la falta de claridad de los procesos y a la
carencia de recursos. (Ibid)
En el ambito de política interna Uribe tuvo entre sus objetivos de gobierno la “lucha
contra la corrupción y la politiquería”, para ello propuso una reforma política que
buscaba reformar el Congreso y acabar con las prácticas corruptas y clientelistas a
través de un referendo, el cual fue rechazado por el Congreso y a cambio de ello los
parlamentatios presentaron un reforma propia que fue apoyada posteriormente por el
gobierno a través de un Acuerdo Político para negociar la agenda legislativa. La
reelección se interpuso en el proceso y así finalmente Uribe concedió favores
políticos a los parlamentarios que lo apoyaran, a través de procesos clientelistas como
la entrega de puestos, notarias, y servicios en el exterior, como se ha venido
demostrando en los últimos años y a nivel local los Consejos Comunitarios le
permitieron crear las alianzas con las élites regionales y locales.
La reelección de Uribe lo obligó a cumplir sus promesas reeleccionistas a nivel
político y se concentró en llevar a cabo una contrarreforma constitucional que
buscaba fortalecer el poder del Ejecutivo, especialmente el presidencial, quitándole
poder a la Corte Constitucional, los recortes a la descentralización y a las facultades
del legislativo. (RESTREPO, L.A. en LEAL BUITRAGO, F. et al. 2006, pp.46-47)
4.2.4.4. La Diplomacia de las Cifras
El gobierno de Uribe en su segundo período (2006-2010) presenta una serie de
características que sobrepasan los períodos citados anteriormente propuestos por
262
Gallón Giraldo 2004, pues además de repetir las características concernientes a la
diplomacia y la actitud gubernamental frente a las observaciones y recomendaciones
de las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, de los
organismos de la ONU y la OEA, ha procedido a enfrentar las mismas con
argumentos centrados en las cifras de desaparecidos, desarraigados, menores
combatientes, secuestrados, asesinatos sistemáticos, entre otras, y mostrando su
desacuerdo frente a las cifras ofrecidas por las organizaciones mencionadas, tanto a
nivel nacional como internacional. Los logros de la administración Uribe intentan ser
constatados a través de estadísticas y cifras que continuamente han sido motivo de
discusión entre el gobierno y los observadores. En el plano internacional, lo peligros
que se preeveían por parte de los especialistas, en relación a las posibles dificultades
con los gobiernos de los países limítrofes han llegado a puntos diplomáticos
peligrosos. La posición del gobierno colombiano ante las políticas estadounidenses,
ha provocado entre otros motivos, desacuerdos profundos con los países vecinos e
incluso rompimiento de relaciones diplomáticas, como el caso de Ecuador.
Al faltar tan solo unos pocos meses para terminar el período presidencial, se
empiezaron a evidenciar otras falencias en el manejo de las políticas de la Seguridad
Democrática, cuyas consecuencias se hacen evidentes en el crecimiento de la
violencia urbana, las llamadas bandas emergentes, la imposibilidad de acordar la paz
con los grupos guerrilleros y la crítica situación socioeconómica evidenciada en el
aumento del número de indigentes en el territorio colombiano.
A continuación, y en la medida que el análisis documental de la prensa lo posibilita,
se presenta una balance de la diplomacia en relación a los derechos humanos y las
actitudes del gobierno frente a las observaciones y recomendaciones de los diferentes
observadores.
4.2.4.4.1. Reclutamiento forzado y Desplazamiento.
El segundo período de Uribe (Uribe II) se ve enfrentado en el 2006 a críticas por su
silencio frente al reclutamiento forzado de menores por parte de las FARC y el ELN
especialmente en el departamento de Arauca. Las denuncias no fueron entonces
atendidas por las autoridades y solamente la Defensoría del Pueblo y la Oficina en
263
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
estuvieron pendientes de la situación de desplazamiento (cerca de 200 familias) y
abandono de las comunidades afectadas (más de 20 asesinatos selectivos entre marzo
y agosto de 2006). (ELTIEMPO 14, ago., 2006)
A la par de las denuncias un nuevo representante de la alta Comisionada para los
Derechos Humanos de la ONU para Colombia (Juan Pablo Corlazzoli), asume el 17
de agosto de 2006 sus funciones remplazado a Michael Frühling, quien críticó
constantemente la política de derechos humanos durante la primera administración de
Uribe. (ELTIEMPO 17, ago.,2006)
La Sentencia T-025 de enero del 2004109 de la Corte Suprema de Justicia, le exigió al
gobierno Uribe presentar los indicadores sobre la atención a la población desplazada
en el país dentro de los programas adelantados por la dependencia gubernamental
Acción Social. La sentencia contó con el apoyo de la Procuraduría, la Contraloría y la
Defensoría del Pueblo, así como de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública
para el Desplazamiento y la Oficina de la ONU para los Refugiados (ACNUR). El
gobierno por su parte se limitó a presentar los documentos sobre los indicadores, pero
lo mismos se mostraron insuficientes para verificar el cumplimiento de la sentencia.
Para compensar la falencia, el gobierno asumió una acitud conciliadora permitiendo
que sus representantes se reunieran y se ofrecieran las explicaciones concernientes.
Todos estos sucesos en el marco de la iniciativa que buscaba establecer el 2007 como
año del derecho de los desplazados110 y que contó con el apoyo de los grupos
defensores de los derechos humanos convocados en la Conferencia Nacional sobre
Cooperación y Derechos Humanos. (ELTIEMPO 3, feb., 2007) En marzo el alto
comisionado para de la ONU para los Refugiados (ACNUR)110 calificó la situación
de los desplazados como de “pioridad nacional”, y aunque resaltó el esfuerzo del
gobierno en inversión y en la aplicabilidad de la Sentencia T - 025 de 2004 de la
Corte Constitucional, criticó la falta de coherencia en las políticas de atención y
cuestionó el sistema de registro de las personas desplazadas (Sistema Único de
La campaña concluyó en la declaracion del 2007 como el año de los desplazados por parte del
Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia, el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Consultoría para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento (CODHES). (ElTIEMPO 28, may., 2007)
109
110
ACNUR. “Conclusiones y Recomendaciones del Balance de Política Pública sobre el
Desplazamiento 2004-2006”.
264
Registro –SUR-) que impide la identificación de los desarrraigados. La guerra de las
cifras comienza, pues mientras las ONG, CODHES y la Pastoral Social anuncian que
en el país hay más de tres millones de desplazados según sus datos desde hace 20
años (desde 1980) el gobierno a través del programa Acción Social, con datos desde
hace 10 años (1997), asegura que la cifra no alcanzaría los dos millones.
(ELTIEMPO 17, mar.,2007) (ELTIEMPO 28, may., 2007) Al constituírse Colombia,
el 23 por ciento del total del número de desplazados atendidos por la ONU, pasa al
ser el país como mayor número de desplazados en el mundo. Mientras ACNUR
afirma que entre el 2005 y el 2006 los desplazados pasaron de dos a tres millones,
para el gobierno en el 2006 solamente se atendieron 215.000. (ELTIEMPO 20, jun.,
2007) Según lo pronosticó la jefa de la delegación del Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) en Colombia, para el 2007 el país tendría 72.000 nuevos
refugiados a causa de las fumigaciones, las operaciones militares y las minas
antipersona. Paralelo a estas denuncias la CICR denunció el aumento de las
violaciones de derechos humanos desde el 2005 a causa de la desmovilización de los
paramilitares y el aparecimiento de grupos emergentes. (GASPARINI, J. 12, sep.,
2007) Estos grupos han sido denunciados por la Defensoría del Pueblo y la
Organización para las Migraciones (OIM), pues además de reclutar a paramilitares ya
desmovilizados, lo hacen también con jóvenes indígenas, campesinos, habitantes de
zonas marginales de las ciudades, a quienes intimidan con amenazas, pero también
convencen ofreciéndoles buenas condiciones económicas. Ante dichas denuncias el
Ministerio del Interior y la Dirección de la Policía Nacional no manifestaron ninguna
reacción. (ELTIEMPO 8, oct., 2007)
Colombia se convirtió entonces, en el segundo país en el mundo seguido de Sudán, que
cuenta con el mayor número de desplazamientos en el mundo, sobrepasando a países en
guerra como Irak, según un informe entregado al Alto Comisionado de la ONU para los
Refugiados y confirmado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento Forzado (CODHES) quienes afirman que en los últimos años, 313 mil
personas serían víctimas del despalazamiento anualmente en Colombia, y sólo en el
primer trimestre del 2008 serían 113 mil personas. Como reacción, el canciller
colombiano Fernando Araújo111 afirmó que las cifras no describían las causas y que
111
Álvaro Uribe nombra a Fernado Araujo como canciller, quien permaneció secuestrado seis años en
poder de las FARC-EP, en remplazo de María Consuelo Araujo cuya familia está siendo investigada por
sus nexos con el paramilitarismo en el llamado proceso de la “Parapolítica”.
265
generaban confusión siendo inexactas, aseveración que apoyó Acción Social, entidad
que se encarga de atender a la población desplazada. (ELTIEMPO 18, jun., 2008a)
Human Rights Watch –HRW- por su parte, reconoció algunos avances en materia de la
defensa de los derechos humanos del gobierno colombiano, sin embargo se basa en los
informes de la OEA, el CIDH y la ONU sobre la desmovilización de paramilitares que
registran la presencia de grupos paramilitares en el terriorio colombiano, los ataques a la
Corte Suprema de Justicia por las investigaciones que adelantan en relación con las
relaciones de la política con el paramilitarismo, el vínculo entre paramilitares y la
Fuerza Pública, las amenazas y asesinados contra sindicalistas, el aumento de las
ejecuciones extrajudiciales, todos ellos hechos que se constituyen en elementos a ser
tenidos en cuenta para la firma del Tratado de Libre Comercio –TLC- con los Estados
Unidos. HRW también rechazó el uso de minas antipersona por parte de los grupos
armados de las FARC y el ELN y los abusos contra la población civil. (ELTIEMPO 31,
ene., 2008)
4.1.4.4.2. Las cifras de la lucha contra el Narcotráfico
La lucha contra el narcotráfico se intensificó y con ella las aspersiones con glifosato,
especialmente en el sur del país, que afectaron a poblaciones limítrofes, causando las
primeras tensiones diplomáticas con el Ecuador por el incumplimiento del acuerdo de
Managua, en el que el presidente Álvaro Uribe se comprometió a informar previamente
a Quito, antes de fumigar con glifosato los cultivos de coca en esa zona, y las denuncias
de ataques a la población ecuatoriana por parte del Ejército Nacional, en la que
perdieron la vida ecuatorianos quienes fueron presentados como guerrilleros
colombianos. (ELTIEMPO 8, feb., 2007) Posteriormente el gobierno Colombiano
desvirtuó la veracidad científica las denuncias del Ecuador ante el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU y solicitó que esta instancia tomara distancia en los temas
bilaterales, después de que el Relator Especial para los Pueblos Indígenas (Rodolfo
Stavenhagen) sustentará en su informe las denuncias sobre las implicaciones negativas
ambientales, económicas, sociales, salubres y culturales, que las fumigaciones tienen en
la población indígena de la frontera. (ELTIEMPO, 14, mar., 2007). Después de la visita
del relator especial sobre “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
266
posible de salud física y mental” al Ecuador y de las reuniones con el grupo mixto
binacional científico, el gobierno de Colombia se mostró apático, por lo que la ONU
ordenó suspender definitivamente las aspersiones antidrogas en la frontera con ese país
y compesar económicamente a los afectados. (EL TIEMPO 13, may., 2007;
ELTIEMPO 19, may., 2007)
4.2.4.4.3. Las cifras del secuestro
Mientras se controvertía la manera de liberar a los secuestrados internamente, la
presencia del gobierno de Francia se hizo más evidente debido a que la ciudadana
colombo francesa Ingrid Betancourt no habría podido ser liberada, según denuncias de
su hija, por el saboteo constante de Uribe para rechazar el diálogo iniciado por la
iglesia, la ONU y los países amigos. Ante lo cual el Consejero de Paz y el mismo
presidente Uribe tuvieron que reaccionar intentando desmentir dichas acusaciones, que
ya se conocían internacionalmente. (ELTIEMPO 24, may., 2007) La muerte de los 11
diputados secuestrados a manos de las FARC, conmovió al país y el gobierno se vió
otra vez en la mira internacional, pues según versiones de las FARC, la zona donde se
produjo la muerte se constituía en una zona de combate, por lo cual se cuestionó las
acciones que buscan la liberación de los secuestrados por la vía militar y el no acceder a
un intercambio humanitario. Entre tanto, las organizaciones como la ONU, la OEA, y
Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como los gobiernos de Francia,
Suiza y España exigieron al ELN y a las FARC liberar inmediatamente a todos los
secuestrados incluyendo a tres estadounidenses, para lo cual senadores de ese país se
ofrecieron como mediadores. Asimismo los países en mención propusieron una
Comisión de Encuesta112 que investiga las graves infracciones al Derecho Internacional
Humanitario (ELTIEMPO 29, jun., 2007) (ELTIEMPO 30, jun., 2007) Ante esta
petición el gobierno Uribe aludió que los países que proponen la Comisión de Encuesta
desonocerían los esfuerzos para liberar a los secuestrados, poniendo al mismo nivel a las
FARC y al gobierno, es decir poniendo a las FARC como un opositor legítimo del
112 “En
1991 fueron elegidas 15 personas para conformar la Comisión Internacional de Encuesta, cuya
función es “investigar las quejas por violaciones graves o infracciones al DIH”. Es un organismo
independiente que entra a operar si hay solicitud y apoyo expreso de las “partes beligerantes” en una
situación de guerra o conflicto (...) No tiene carácter de tribunal o de corte, no emite fallos”. (Monseñor
Fabian Marulanda, secretario de la C. Episcopal ELTIEMPO 2, jul., 2007)
267
gobierno. La estrategia del gobierno fue entonces la de desactivar diplomáticamente este
tipo de propuestas de Comisiones de Encuesta, como sucedió frente a las denuncias por
las violaciones contra los derechos de los sindicalistas. La Comisión de Encuesta es
vista por la ONU como un mecanismo para investigar las violaciones de derechos
humanos, sin embargo para Uribe es una injerencia de los gobiernos extranjeros y
asume la política de paz como una competencia de exclusividad de su gobierno,
adicionalmente rechaza Uribe enfáticamente que Colombia se encuentre en un estado de
guerra, sino bajo una amenaza terrorista. (Monseñor Fabian Marulanda, secretario de la
C. Episcopal ELTIEMPO 2, jul., 2007)
En enero de 2008 fueron liberadas las secuestradas por las FARC Clara Rojas y
Consuelo González, gracias a la facilitación de Venezuela, además aparecieron pruebas
de supervivencia de Ingrid Betancourt que volvieron la mirada internacional a las
posibilidades de acuerdo humanitario. A pesar de las dificultades con Chávez, el
presidente Uribe apreció su colaboración y la comunidad internacional exigió la
liberación de todos los secuestrados incluyendo los civiles que no están dentro del
posible intercambio. (ELTIEMPO 11, ene.,2008) La participación de Chávez como
mediador en los procesos de negociación para la liberación, ocasionaron diferencias de
opiniones que desencadenaron en el debilitamiento de las relaciones diplomáticas entre
Colombia y Venezuela. Las continuas declaraciones de miembros del gobierno de
ambos países se sumaron a las declaraciones de otros gobiernos como el de Ecuador y
Nicaragua, que pusieron un tinte de preocupación en el continente por los continuos
enfrentamientos verbales entre ellos y las implicaciones económicas, políticas y de
estabilidad de la seguridad de las fronteras. El reconocimiento de las FARC como un
grupo beligerante, se convirtió en la diferencia radical en la manera de observar el
conflicto colombiano. (El TIEMPO 12, ene., 2008; ELTIEMPO 11, feb., 2008;
ELTIEMPO 13, feb., 2008)
En respuesta a la reacción de Ecuador por la invasión del territorio ecuatoriano para
acabar con un campamentos guerrilleros de las FARC, que terminó con la vida de “Raúl
Reyes” miembro del Secretariado de las FARC, la diplomacia colombiana acudió a la
resolución 1368 y 1373 de septiembre de 2001 ante el Consejo Permanente de la OEA
para recordar el compromiso de los países frente al terrorismo y los grupos terroristas.
La violación de la soberanía al territorio colombiano causó el rompimiento oficial de las
relaciones diplomáticas entre los dos países. Entre tanto, Estados Unidos respaldó las
268
acciones del Ejército colombiano en el Ecuador legitimándolas bajo argumentos de
defensa contra el terrorismo. (EL TIEMPO 4, mar., 2008) La incautación de los
computadores en el campamento de las FARC en Ecuador, representó para el gobierno
colombiano la oportunidad de demostrar con pruebas, la forma como el gobierno
venezolano y ecuatoriano habrían colaborado con la guerrilla a través de financiación
económica y apoyo logístico. El gobierno colombiano asumió la oportunidad de
reinterpretar las liberaciones unilaterales, por considerarlas como pago de favores
políticos y no como fines humanitarios (ELTIEMPO 9, mar., 2008). Como
consecuencia, el presidente Uribe anunció que demanaría al presidente Chávez ante la
Corte Penal Internacional por “patrocinio y financiación de genocidas” y se
comprometió a participar en la reunión de cancilleres bajo la observación de la OEA.
Paralelamente, el gobierno colombiano aprovechó el apoyo de Estados Unidos a las
maniobras del ejército colombiano en Ecuador, para solicitar la aprobación del TLC,
como una muestra del respaldo a las acciones del gobierno colombiano. (ELTIEMPO 5,
mar., 2008)
A mediados de 2008 el gobierno en colaboración con las fuerzas militares, organizó una
estrategia de inteligencia denominada “operación jaque” que terminó con la liberación
de 11 secuestrados entre los que se encontraban Indrid Betancourt y los tres
estadounidenses. La liberación fue también controvertida pues durante la operación uno
de los participantes utilizó en un chaleco los logos que identifican al Comité
internacional de la Cruz Roja. Para el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo “El DIH
ha sido desarrollado en nuestro Código Penal y el artículo 143 trae la figura de perfidia,
según la cual ‘el que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado (...) utilice
indebidamente signos de protección como la Cruz Roja y la Media Luna Roja u otros
signos de protección (...) incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de 48 a 144 meses’.
Para evitar las consecuencias por infringir el derecho internacional humanitario, el
gobierno Uribe inició una ofensiva diplomática que comenzó con reuniones con los
representantes del CICR en Colombia y en el exterior, ratificando que se trató de una
acción inconsulta de un oficial y que se debe considerar que se trató de una operación
que logró la liberación no violenta de 11 secuestrados (ELTIEMPO 17, jul., 2008). El
representante de la ONU en Colombia La Rue, reiteró que no le hacia bien al DIH la
mala utilización de los símbolos de socorro. Para responder ante las críticas, el gobierno
en voz del vicepresidente Francisco Santos, cuestionó a los medios de comunicación en
269
Colombia por abrirle espacio a las frivolidades, acusándolas de hacerle daño a la
democracia y a los derechos humanos al no informar de las políticas de Estado, y
desprestigiar al gobierno. (ELTIEMPO 11, sep., 2008a)
4.2.4.4.4. La defensa diplomática de las cifras y la cooperación aparente.
Desde el 2006 Uribe insistió que no existía más paramilitares en Colombia, expuso
frente a la ONU como 30.000 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) y otras fracciones, se habrían desmovilizado y se mostró cooperante con la
ONU, aludiendo que antes Colombia se enfrentaba a 60.000 terroristas y para el 2007
serían solamente 11.000. Mostró asimismo su interés para que la ONU interviniera
como mediador junto con congresistas estadounidenses, el presidente venezolano Hugo
Chávez y la congresista colombiana Piedad Córdoba para la liberación de los
secuestrados de las FARC y el logro del acuerdo humanitario. La estrategia de Uribe
buscaba retomar la colaboración internacional y sobre todo contar con la ayuda
estadounidense. Sin embargo, Uribe rechazó tajantemente la posibilidad de un despeje
territorial propuesto por el presidente francés Sarkozy, y de la liberación de alias
“Sonia” y “Simón Trinidad” guerrilleros de las FARC extraditados a Estados Unidos.
(GÓMEZ, S. 28, sep., 2007) (ELTIEMPO 26, sep., 2007) Uribe para defenderse frente a
las posibles denuncias en la cumbre del G-8, decide acceder a las peticiones del
presidente francés Sarkozy dejando en libertad al guerrillero llamado el “Canciller de
las FARC” alias “Rodrigo Granda”113 como muestra de la actitud cooperante de
Colombia para la liberación de los secuestrados” (ELTIEMPO 25, sep., 2007)
(ELTIEMPO 27, sep., 2007) Sin embargo, la participación de Sarkozy, Chávez y Piedad
Córdoba generó cuestionamientos al liderazgo de Uribe en los temas de acuerdo
humanitario, por ello el presidente se preocupó por legitimar su actuación basándose en
el afán de evitar que las FARC se aprovecharan de la cooperación internacional para
ganar protagonismo político. (PEÑA, E. y GÓMEZ MASERI, S. 23, sep., 2007) Como
reacción diplomática Uribe decidió levantar la salvedad que impide a este tribunal
113 Alias “Rodrigo Granda” fue capturado en el 2004 en territorio venezolano, según versiones entregadas
por él mismo, en las que habría sido detenido y secuestrado, llevado a zona limítrofe, y allí capturado
oficialmente por la policía colombiana, caso que desencadenó una crisis diplomática entre Colombia y
Venezuela por la violación de la soberanía por parte de agentes del Estado colombiano en territorio
venezolano. (EL TIEMPO, 22, dic., 2004)
270
juzgar a criminales de guerra colombianos, lo que significaría a las FARC y el ELN ser
juzgados por esta instancia, pero a los paramilitares no los cobijaría pues con ellos ya se
llevó a cabo un proceso de desmovilización, a no ser que estos grupos cometan
crímenes a partir del levantamiento de la reserva. (ELTIEMPO 19, oct. 2007)
La actitud de Uribe de cooperación se evidenció igualmente con la ratificación del
tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares y que busca el evitar el
desarrollo de nuevas armas de este tipo (CTBTO), como una muestra de su voluntad por
apoyar la paz a nivel internacional, lo que contrasta con el rechazo de Colombia sobre la
Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas acogida por 143
países el 13 de septiembre de 2007, la cual Colombia se abstuvo de votar, siendo el
único país latinoamericano en no hacerlo, porque por lo menos tres artículos de ella iban
en contravía de la Constitución Política del país, según el gobierno y que están
relacionados con temas como la consulta previa para desarrollar cualquier proyecto en
territorios indígenas, propiedad de las riquezas del subsuelo e ingreso de militares a las
zonas indígenas. (ELTIEMPO 22, sep., 2007)(ELTIEMPO 30, ene., 2008)
En el plano internacional Colombia atraviesa en la primera etapa de la segunda
administración Uribe por un proceso de presión por parte de los Estados Unidos en
donde se pone en juego la ayuda militar de ese país para Colombia y la firma del
Tratado de Libre Comercio TLC, dos temas fundamentales para el gobierno, pues las
denuncias de los nexos de los paramilitares con altos mandos del ejército, las denuncias
de las violaciones de derechos humanos, el desplazamiento y la protección a los
sindicalistas, se conviertieron en el arma más poderosas de las ONGs y del Congreso
estadonunidense, mientras tanto, el gobierno usa la via diplomática para convencer a
través de las cifras los cuestionamientos mencionados con la presencia del Canciller y
del Vicepresidente. (ELTIEMPO 22, abr.,2007) Asimismo, frente a la posibilidad de
una ley que restringiera la ayuda estadounidense a aquellos países donde existan niños
combatientes, se encendieron las alarmas del gobierno colombiano, pues si bien las
ayudas pueden ir dirigidas a combatir las causas del conflicto, es cuestionable la posible
participación de miembros de la fuerza pública con sectores insurgentes. (ELTIEMPO
22, abr., 2007)
Las cifras del sindicalismo son otro punto crítico, mientras un informe de Amnistía
Internaciona AI, titulado “Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte : la
realidad del sindicalismo en Colombia”, se denuncian más de 2.000 homicios, 3.400
271
amenazas y 138 desapariciones forzadas de sindicalistas entre 1991 y 2006, el gobierno
responde a la defensiva asumiendo como falsas las cifras, a pesar de aceptar que las
muertes de sindicalismo habría aumentado. El gobierno en cabeza del Ministro del
Interior recordó que las estadísticas mencionan la muerte de tres sindicalistas y que
ninguna de ellas tendría que ver directamente con la actividad sindical. Para justificar
los supuestos avances en este sentido, el gobierno mostró la inversión en la protección
de sindicalistas 26.000 millones de pesos, alegando además que dentro del Programa de
Protección habrían 1.800 sindicalistas de los cuales uno habría muerto después de haber
abandonado el programa. Lo que significó para las organizaciones sindicalistas una
manipulación de las cifras por parte del gobierno, pues se habrían hecho pasar a
sindicalistas muertos como insurgentes asesinados por el Ejército. (EL TIEMPO 4,
jul.,2007) Uribe señaló frente a la ONU que en el 2002 fueron asesinados 196
sindicalistas y en el 2006 hubo una reducción de 70% contra ese gremio. Para ese año
2006 habrían 6.714 colombianos con protección individual, y 1.200 serían sidicalistas.
(EL TIEMPO 27, sep., 2007)
Frente a las denuncias internacionales sobre los casos de desapariciones forzadas el
gobierno reaccionó creando el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas,
<Hechos del Callejón>, revista especializada del Área de Desarrollo Humano del
PNUD, la Fiscalía y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos
(Asfaddes, ONG pionera y líder en el tema), dan cuenta de cerca de 7.800 casos
reportados entre 1998 y el 2005; Según Asfaddes, hoy habría 4.823 personas
desaparecidas forzosamente y cuya suerte se desconoce, sin hablar del subregistro, que
podría doblar la cifra. Solo en las fosas comunes de los paramilitares ya denunciadas
habría 2.500 cuerpos. En el 2000 se tipificó el delito de desaparición forzosa y se
aprobó la ley 589, que creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas
Desaparecidas y puesta en marcha del Sistema de Información Red de Desaparecidos y
Cadáveres –SIRDEC- de Medicina Legal, que centralizará los datos. Es la primera
respuesta coherente y coordinada contra este drama, que se denuncia hace años, y es un
ejemplo de colaboración entre las instituciones y las ONG: dos de estas –Asfaddes y la
Comisión Colombiana de Juristas– integran el Plan de Búsqueda, junto a la Fiscalía, la
Procuraduría, la Defensoría, Medicina Legal, Mindefensa, la Vicepresidencia y el
Programa Presidencial de Defensa de la Libertad. (ELTIEMPO 19, feb., 2007)
272
La actitud del gobierno colombiano durante la segunda administración Uribe podría
reconocerse como un contraataque, es decir, salir al paso a las declaraciones y
denuncias de los organismos de la ONU y la OEA, así como de las ONG nacionales e
internacionales, con una actitud propositiva y mostrando colaboración en los temas
relacionados con los derechos humanos. Es así como al comenzar el 2007 se propone
como voluntario para la primera evaluación del Consejo de los Derechos Humanos –
CDH- que pretende valorar de manera transparente y equitativa el respeto a los derechos
humanos por parte de los países miembros. La diplomacia colombiana se concentró en
defender el carácter universal del mecanismo como una posibilidad para establecer
diálogos, eso si, no sin antes sentar su crítica sobre el “desbordamiento” de las
competencias de los relatores en la elaboración de sus respectivos informes, citando
como ejemplo las denuncias del relator de Pueblos Indígenas sobre las aspersiones en la
frontera con el Ecuador y de las denuncias del grupo de la ONU sobre la utilización de
mercenarios. (ELTIEMPO 14, mar., 2007) Otra conmoción fue la causada por el
informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, en
relación con el incremento de las ejecuciones extrajudiciales, como posible
consecuencias de la interpretación de la política de seguridad democrática y las ordenes
impartidas por las exigencias de los altos mandos militares para mostrar resultados, por
ejemplo las bajas de guerrilleros en combate. Las ejecuciones extrajudiciales se
constituyeron en una de las mayores vergüenzas para el gobierno Colombiano pues la
Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos atendiendo la
sentencia C-014 del 2004 de la Corte Constitucional ordena revocar la orden de archivar
investigaciones disciplinarias en casos de violaciones de los derechos humanos por
parte de los militares, reabrió más de 131 casos de civiles que fueron presentados
muertos como dados de baja en combates y presentados como guerrilleros, en lo que el
país conoció como los “falsos positivos”. Por otro lado el mismo informe señala la
preocupante actitud del gobierno, al ignorar la vinculación de la fuerza pública con los
grupos armados ilegales, ante lo cual el gobierno responde con un compromiso
aparente, declarando desde el Ministerio de Defensa (Juan Manuel Santos) su
preocupación por fortalecer la defensa de los derechos humanos, como respuesta se creó
la denominada 'Política integral de Derechos Humanos y DIH' que se trata de una
doctrina operacional y unas reglas de enfrentamiento para los militares que les permite
desarrollar operaciones en medio de la población civil. (ELTIEMPO 21, may., 2008) A
pesar de las denuncias otras organizaciones recriminaron la complacencia del informe
273
con los hechos y la responsabilidad del gobierno, quien el año anterior amenazó con
revocar el mandato de la oficina del alto comisionado en Colombia. El informe dio
cuenta también del surgimiento de nuevos grupos armados a pesar de las
desmovilizaciones de paramilitares y la gravedad de la Ley de Tierras o Ley de
Desarrollo Rural que afectaría a los desplazados convirtiéndolos nuevamente en
víctimas. El proceso de desmovilización fue reconocido como un esfuerzo del gobierno
colombiano, por parte de la ONU, sin embargo, se cuestionaba nuevamente la garantía
de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. (ELTIEMPO 16, mar.,
2007b) (ELTIEMPO 28, may., 2007)
En octubre de 2007 una coalición de organizaciones en DD.HH., conformada por
grupos colombianos, estadounidenses y europeos presentó un informe sobre las
ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Ejército colombiano y su crecimiento en un
66% enre el 2002 y el 2006 comparado con el período de 1997-2000, ante la Comisión
Interamericana de DD.HH., el Departamento de Estado y miembros del Congreso de los
Estados Unidos. El informe ratifica las cifras ofrecidas en junio de 2006 y a partir de ese
año los Estados Unidos empezó a recortar la ayuda a Colombia, por el incumplimiento
de las precondiciones. Ante este cuestionamiento, el gobierno prestó nuevamente su
colaboración respondiendo a cuestonarios de más de 200 preguntas, entrevistándose con
congresistas, y expidiendo la directiva 10-2007 que incita a la tropa a respetar a los
civiles y comprometiendose a que las autoridades militares permitan la investigación
civil de los asesinatos, para lo cual se crearía una comisión especializada. A pesar de
estas medidas no se han dado condenas frente a los 995 casos denunciados por las
ONG. (ELTIEMPO 31, oct., 2007)
Los Estados Unidos presentaron su informe anual sobre derechos humanos en 2008, en
el cual son tomadas en cuenta las estadísticas oficiales del gobierno colombiano en
cuanto a reducción de masacres, secuestros y desapariciones forzadas, y es así como se
reconocen los avances en materia de protección de los derechos humanos,
especialmente la Ley de Justicia y Paz, pero se hace énfasis en la necesidad de tener en
cuenta dos puntos importantes como lo son el resurgimiento de los grupos paramilitares
y el aumento de las ejecuciones extrajudiciales atribuidos a la Fuerza Pública.
(ELTIEMPO 12, mar., 2008)
Al finalizar el 2008 el gobierno colombiano manifestó su voluntad nuevamente para
presentar en diciembre el examen periódico universal en derechos humanos de Naciones
274
Unidas, viéndolo como una oportunidad para establecer el plan de ruta en el trabajo
coordinado con la ACNUDH y la OEA en relación con la política de verdad, justicia y
reparación. Uribe defendió la política de seguridad democrática basándose en las
liberaciones de secuestrados en la elaboración de políticas para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM- estimadas para el 2015 (desnutrición,
escolarización, mortalidad infantil, vacunación, protección del medio ambiente, el uso
de energías alternativas). Asimismo, dio a conocer los avances en materia de seguridad
a periodistas, sindicalistas y maestros, y el fortalcemiento de la justicia, todo ello
presentado en cifras y estadísticas para demostrar cuantitavamente las mejoras en
materia de derechos humanos, respondiendo así a las críticas y denuncias presentadas
por la comunidad internacional ante la ONU. (ELTIEMPO 24, sep., 2008) El Informe
Colombia Objetivos del Milenio de la ONU, sin embargo, demuestra que a pesar de las
cifras Colombia no alcanzará las metas en términos de disminución de la pobreza y la
indigencia. (ELTIEMPO 5, sep., 2008b)
A pesar de los esfuerzos diplomáticos, más de un millar de ONGs (entre ellas la Alianza
de Organizaciones Sociales, la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz y la Plataforma
Colombiana de Derechos Humanos) denunciaton la muerte de por lo menos 13.634
personas a causa de la violencia sociopolítica y hacen énfasis en los nexos de agentes
del Estado con grupos paramilitares, ante el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, que examinará la situación en Colombia. Las denuncias se
concentraron también en la presencia de bandas emergentes de los grupos paramilitares
demovilizados, así como la falta de condenas a los crímenes cometidos por estos. El
informe da cuenta del aumento de ejecuciones extrajudiciales, desparaciones forzadas,
detenciones arbitrarias y desplazamiento. Ante las denuncias Uribe estableció
nuevamente una ofensiva diplomática y se reunió con la alta comisonada Navanethem
Pillay y dio respuesta a las denuncias presentado cifras sobre la disminución del
secuestro y de homicidios. (ELTIEMPO 23, sep., 2008)
El gobierno colombiano en cabeza de Uribe ha realizado durante este período
presidencial giras por los Estados Unidos, algunas persuasivas y otras con carácter de
exigencia, que convocan al gobierno de ese país a reconocer los avances y los esfuerzos
de su gobierno en cuanto a la lucha contra la impunidad y la violencia contra el
sindicalismo y para ellos se comprometió a mejorar las condiciones de ser necesario,
275
como muestra del interés, y así poder firmar los tratados de comercio pendientes.
(GÓMEZ MASERI, S. 5, may.,2007)
Con relación a la lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Colombia tuvo que
enfrentarse a las diferencias entre las cifras ofrecidas por la ONU y por Washington
sobre los territorios cultivados con coca, que según la ONU serían 78.000 Hectáreas y
según EE.UU. 156.000 hectáreas, lo que significaría un crecimiento de 12 mil hectáreas
a pesar de las fumigaciones y erradicaciones llevadas a cabo en 165 mil hectáreas en lo
correspondiente al 2001. Esta discusión se concentró en la gravedad de las cifras para la
realización del TLC. (ELTIEMPO 3, jun.,2007) Asimismo, para mantener la ayuda
recibida por Colombia a través del Plan Colombia, Uribe decidió cambiar la estrategia y
mostró una cooperación aparente haciendo un giro en la lucha antidrogas basada en la
erradicación manual, lo cual concede la razón a las negativas consecuencias de las
fumigaciones, y haciendo caso a las recomendaciones de Washington para invetir en lo
social. (ELTIEMPO 21, jul., 2007) Como consecuencia del descontento del gobierno
colombiano con las cifras ofrecidas por la ONU y los informes de la Oficina de las
Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito –UNODC- que opera el Sistema de
Medición de Cultivos Ilegales –SIMCI- a través de satélites sobre los cultivos de coca y
amapola, Uribe decide terminar con el contrato con la ONU y encargar a una entidad
privada que realice los monitoreos, ya no anuales sino mensuales o bimensuales,
olvidando entre otras cosas, la experiencia adquirida por la ONU en este trabajo (desde
1999), la imposibilidad logística y financiera para realizar monitoreos en períodos
cortos, y el valor agregado que los informes de la ONU otorgan, como las cifras sobre la
deforestación en el territorio colombiano. (ELTIEMPO 23, jun., 2008) (ELTIEMPO 18,
jun., 2008b) Cuatro meses después y ante las evidentes dificultades técnicas y
financieras de cambiar de entidad y sistemas de mediciones, el gobierno Uribe decide
devolver el contrato a las Naciones Unidas, pero con ciertas condiciones como las
mediciones periódicas (trimestrales) y por regiones, la intervención de Gobierno en los
calculos del SIMCI y la capacitación de las autoridades colombianas en la técnica de
medición. (ELTIEMPO 27, sep., 2008).
Otros de los puntos álgidos en las críticas al gobierno Uribe es la tensión existente entre
la rama ejecutiva y la judicial, evidenciada en los constantes enfrentamientos entre la
Corte Suprema y los miembros del gobierno. Incluso la ONU se mostró interesado en
establecer una relatoría especial para el caso. (ELTIEMPO 9, sep., 2008). La reacción
276
de Uribe fue increpar al delegado de las Naciones Unidas (Leandro O. Despouy) a que
se informe y que estudie mejor la reforma a la justicia antes de dar declaraciones a los
medios. (ELTIEMPO 6, sep., 2008). Adicionalemnte, otros miembros del gobierno
como el Procurador Edgargo Maya hicieron énfasis en que los problemas del país deben
resolverse internamente sin la intervención de las organizaciones internacionales.
(ELTIEMPO 5, sep., 2008a)
Sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia. Informe
2009
El Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos en su
informe anual 2009 analiza la situación de los defensores humanos en el mundo entero,
y en relación con Colombia señala que el conflicto armado interno, junto con la
situación de los defensores, los sindicalistas, las poblaciones autóctonas y los
periodistas continuaron siendo los puntos críticos del país a lo largo del 2008. Como
resultado más de 250.000 personas fueron desplazadas en el 2008, que afectaron
fundamentalmente a las poblaciones rurales, y las comunidades indígenas y
afrocolombianas (FIDH; OMCT 2009, p.152) y sus derechos fueron vulnerados en
aspectos relacionados con el control de la tierra, la protección del medio ambiente y la
explotación de los recursos internacionales, especialmente por parte de sociedades
transnacionales agroindustriales o por grupos paramilitares (Ibid. p. 153), lo que
significó una clara violación del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), de 27 de junio de 1989 (relativo a los pueblos indígenas y tribales)
ratificado también por Colombia. Los defensores de las comunidades autóctonas fueron
amenazadas en su integridad y su derecho a la vida, como fue el caso de los
participantes en la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular y del Examen
Periódico Universal sobre Colombia. Otros grupos vulnerables como las mujeres,
cuentan con defensores que han sido víctimas de amenazas, por ejemplo, después de la
publicación de un libro sobre la violencia contra las mujeres en tiempos de guerra.
(FIDH; OMCT Op cit., pp.157-158)
277
Los grupos defensores de derechos fueron especialmente víctimas de difamación y
denigración de las autoridad, así como la hostilidad de las autoridades, respaldadas por
el gobierno, como se deja evidenciar en las declaraciones calumniosas por parte del
presidente Uribe y sus colaboradores, deslegitimando con sus palabras las actividades
desarrolladas por la defensa de los derechos humanos tildándolas de simpatizantes de la
guerrilla (Ibid. pp.154) Asimismo, el gobierno utilizó como mecanismo de control de
los defensores de derechos humanos estrategias como la interceptación telefónica y la
tentativa de destrucción de sus locales, la incautación de material y documentos.
Paramilitares han participado en esos hechos de amenaza y hostigamientos contra las
ONG defensoras de derechos humanos, e incluso se han saqueado sus sedes, robado su
información fundamental para procesos como los casos de desplazamiento forzado y
despojo de tierras. (FIDH; OMCT 22 de septiembre 2009, p.7) Los seguimientos de los
defensores, de sus comunicaciones telefónicas, de correo electrónico y persecuciones,
ha sido llevado a cabo por el Departamento Amnistrativo de Seguridad –DAS- 114, y de
dichas interceptaciones han sido víctimas jueces, políticos, profesores universitarios,
defensores extranjeros y ONG internacionales, por ejemplo, la Federación Internacional
de Derechos Humanos –FIDH-, e incluso miembros de la Corte Suprema de Justicia,
algunos de los cuales cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-. Las interceptaciones incluían aspectos
de la vida privada y familiar. (Ibid. p. 10) Del mismo modo, el sistema judicial permitió
que se sancionaran las actividades de los defensores de los derechos humanos, con
procesos judiciales, arrestos o detenciones en muchos casos con pruebas fabricadas. Las
persecuciones, amenazas, hostigamientos y los intentos de asesinato fueron frecuentes,
y las víctimas fueron los defensores de derechos humanos, como el ejemplo señalado
por el informe, durante la marcha del 6 de marzo para rendir homenaje a las víctimas
del paramilitarismo y de crímenes de Estado encabezada por –MOVICE- Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, quienes denuncian las violaciones de
derechos humanos y la responsabilidad de acción u omisión del Estado. Posteriormente
se relacionó a sus participantes con miembros de las FARC, después de lo cual se
perpetraron asesinatos y amenazas a sus participantes. (FIDH; OMCT Op cit. p. 4)
114
“El gobierno Nacional firmó el Decreto 4057 del 31 de octubre de 2001, por medio del cual se suprime
el Departamento Administrativo de Seguridad y se trasladan algunas de las funciones que venía desempe
ñando el DAS a otras entidades del Estado”. (www.das.gov.co)
278
Colombia sigue siendo el país con el mayor número de sindicalistas asesinados en el
mundo, según la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia -CUT- fueron
asesinados 49 sindicalistas y dirigentes sindicales en el 2008, representado un 25% más
que el 2007. La Escuela Nacional Sindical –ENS- denuncia que las violaciones
continuan en el sentido de obstaculizar y castigar la actividad sindical. (FIDH; OMCT
2009, p.156)
En muchos casos incluso los defensores fueron víctimas de agresiones por parte de las
personas encargadas de su protección. Es así, como varios defensores fueron asesinados
a pesar de las medidas de protección del gobierno o de la CIDH. (FIDH; OMCT Op.
Cit., p.159)
La Organización Mundial contra la Tortura –OMCT- y la Federación Internacional de
Derechos Humanos –FIDH-, redactaron adicionalmente una nota acerca de su
preocupación sobre los defensores de derechos humanos en Colombia, haciéndo énfasis
en los seguimientos de los casos en el 2009, y mostrando su preocupación por los
defensores de derechos humanos, pues estos siguen siendo víctimas de violaciones a los
derechos humanos y al derecho internacional humanitario, con hechos como asesinatos,
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, agresiones sexuales, torturas,
amenazas, desplazamientos forzados, señalamientos, detenciones y judicializaciones
con escaso o nulo fundamento, y otras vulneraciones graves de los derechos humanos,
que se suceden a pesar de las medidas de protección implementadas (como las oficinas
blindadas, transportes, comunicaciones, escoltas). Los defensores también denuncian el
comportamiento hostil que por parte de los militares de alto rango han recibido, y la
deslegitimización por parte del presidente Uribe, hechos que a su vez fueron
denunciados por el Alto Comisionado por los Derechos Humanos sobre Colombia. Es
así, como en muchos casos los defensores han debido recurrir incluso a la seguridad
privada, contratada por las instituciones públicas, quienes en este sentido han dejado de
cumplir su comprimiso de proteger publicamente a los defensores. (Ibid., pp. 3-4) Los
defensores de los derechos humanos de los LGBTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Transgénero e Intersexuales, han sido víctimas también de amenazas a su integridad
física y psicológica. (FIDH; OMCT Op. Cit., pp. 13-14).
En la Nota del Observatorio se le recurda entre otras cosas al gobierno colombiano, las
recomendaciones de la Representante Especial del Secretario General de las Naciones
Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos en el informe de Misión a
279
Colombia (23 a 31 de octubre de 2001) y las de la Relatora Especial de las Naciones
Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos y sobre todo atender las provisiones
de la Declaración sobre los defensores de derechos humanos adoptada por la Asamblea
General de la ONU, el 9 de diciembre de 1998, utilizando para ello los instrumentos
regionales e internacionales relativos a los derechos humanos suscritos por Colombia.
(FIDH; OMCT 2009, pp. 13-16)
4.3. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
Al tratar de comprender la tradición de los derechos humanos en Colombia, es
fundamental tener en cuenta que la misma está sujeta a influencias de tipo político,
económico y social. Al analizar los procesos de reconocimiento de la importancia de los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el país, se hace evidente
que la búsqueda por la paz se constituye a la vez en una meta y en un argumento para
tomar medidas extraordinarias jurídicas, militares y políticas para alcanzarla. Bajo
diferentes denominaciones la búsqueda de la paz se tradujo en decisiones políticas y
militares que paralelamente deterioraron la situación de los derechos humanos e incluso
generaron otros tipos de violencia y consecuencias nefastas especialmente para la
población civil. Indudablemente la influencia internacional especialmente de los
Estados Unidos ha servido como referente para los cambios internos en materia de
legislación y de acción militar. Los diferentes episodios históricos y la actitud que
frente a ellos ha asumido el gobierno de turno, ha contribuído a deslegitimar las
acciones políticas y ha comprometido el interés nacional a las necesidades y
expectativas internacionales. Colombia al ser un aliado importante de los Estados
Unidos dentro del hemisferio, ha comprometido sus actuaciones a la guía
estadounidense y ha enfilado sus tropas en causas que no le son propias.
La internacionalización del conflicto y la globalización, no se evidencia solamente en la
participación pasiva o activa de los actores internacionales, llámense estos
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sino en la discusión que los
temas del conflicto colombiano ha generado a nivel global. Si bien el conflicto armado
es de carácter interno, la participación o corresponsabilidad de los países en el
280
fenómeno del narcotráfico, ha marcado el punto de referencia en la cooperación
internacional y de ello se han servido los diferentes gobiernos colombianos.
La globalización también ha servido para que los medios de comunicación difundan las
denuncias y los informes que sobre derechos humanos entrega el gobierno colombiano
y los observadores de derechos humanos nacionales e internacionales. Infortunadamente
de ello ha sacado provecho también las organizaciones armadas ilegales, al difundir sus
ideas buscando y lo peor de todo alcanzando el apoyo económico e ideológico de
sectores de la comunidad internacional.
Es de vital importancia reconocer en qué medida la búsqueda por la paz, se ha
convertido en una excusa para la violación sistemática y/o soterrada de los derechos
humanos y de las libertades de los individuos y cómo los ciudadanos reaccionan frente a
dichas acciones. La permisividad, e incluso la complicidad en dicho actos es
evidenciada en la justificación de los actos de barbarie como única alternativa para
alcanzar la paz, y este punto se ha convertido en la única motivación electoral en
Colombia, es entonces quien tiene más mano dura, quien garantiza el bienestar del país
a través de la consecuión de la paz. Se ha combinado la búsqueda de la paz con la lucha
contra el enemigo a todo costa, haciendo valer el principio de légitima defensa, el cual
se ha transportado a los niveles cotidianos de violencia urbana y rural. Los
linchamientos y los ajusticiamientos por parte de las víctimas a los victimarios
evidencian que la falta de legitimidad de las fuerzas armadas y de policía, se combina
macabramente con la ineficiencia del sistema judicial y la impunidad reinante, es
difícilmente imaginable un país donde los ciudadanos aspiren a la paz respetando los
derechos humanos, y aspirando a la paz olvidando recurrentemente el respeto de los
derechos y las libertades.
En el inconciente colectivo, se fija entonces la idea de que todo acto violento y que
viole las garantías de los derechos humanos es legítimo, en la medida que busque
alcanzar la paz, y con ella la derrota del enemigo común y de la muerte de otros
ciudadanos que escogieron voluntaria o involuntariamente el camino de la guerra.
De la historia reciente cabe rescatar las preocupaciones gubernamentales que intentaban
buscar las causas de la violencia en las desigualdades sociales, y del interés de la Unión
Europea por hacer énfasis en la ayuda de cooperación para el desarrollo y la
281
disminución de las desigualdades a través de la mejora en las condiciones de vida de los
ciudadanos.
No es por tanto fácil la tarea del educador colombiano, cuando muchos de los elementos
que aquí se desarrollaron son desconocidos por la mayoría de los ciudadanos, quienes
reciben tan solo las interpretaciones mediáticas manipuladas en muchos casos por
interéses políticos y económicos. No es fácil tampoco para el educador/educadora
enseñar una historia que aún no se ha acabado de escribir, de analizar hechos que no han
sido todavía suficientemente sustentados, de contribuir a que los ciudadanos del
presente comprendan la complicidad de los ciudadanos de otras generaciones. Es por
ello necesario que ante todo se conozca la verdad, y se analicen los hechos desde todas
las perspectivas, sin olvidar que la paz no puede convertirse en una excusa para
convocar a una guerra y que parte de la reparación es conocer la verdad comenzando
por la reconstrucción de la memoria histórica.
282
4.4. BIBLIOGRAFÍA
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5.
LINEAMIENTOS INTERNACIONALES,
REGIONALES Y NACIONALES PARA LA
EDUCACIÓN EN LA ESFERA DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y FORMACIÓN PARA
LA CIUDADANÍA.
“Una población convenientemente formada es el capital más valioso que una sociedad pueda
acumular para su desarrollo”.
(UNESCO 1975, p.97 principios y objetivos de UNESCO)
Después de conocer la teoría y conceptualización sobre los derechos humanos y de
comprender la manera como Colombia los ha asumido en su cuerpo legal, atendiendo a
sus particularidades históricas y políticas, procedemos a entrar en el tema central de la
presente investigación, con el fin de reconocer los elementos básicos que conforman la
educación en derechos humanos y los parámetros para la realización de los programas
en torno a la Educación en Derechos Humanos para la democracia, la ciudadanía y la
paz –EDHCP-.
Para comprender las prácticas que sobre el tema de EDH se han desarrollado a nivel
internacional y nacional, se hace necesario conocer los parámetros y lineamientos que
ese ámbito han sido propuestos en el marco de la ONU, la Organización de Estados
Americanos –OEA- y a nivel nacional por el Ministerio de Educación Nacional –MENprincipalmente. Dichas disposiciones han sido el fruto de coyunturas históricas,
políticas, socioeconómicas y culturales, que se ven reflejadas en los temas centrales que
se proponen como eje para la solución a mediano y largo plazo de las principales
violaciones o atentados con la dignidad, la libertad y los derechos de los individuos y de
los pueblos, pero también como estrategias para la prevención como herramienta
292
fundamental en la resolución pacífica de conflictos en la micro y macroestructura de la
sociedad.
Los conceptos ideales propuestos por la Declaración de los Derechos Humanos tendrían
que históricamente dirigirse a buscar medidas para ser llevados a la práctica de una
forma efectiva y otorgándole participación a todos los sectores de la sociedad y a todos
los individuos sin distinción. Para ello, se reflexionó cuál sería entonces el canal más
efectivo para la difusión, comprensión y realización efectiva de los derechos y es así
como los gobiernos, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y
culturales, se concientizan que la educación adquiere una nueva responsabilidad y, para
cubrirla deben incluir dentro de sus principios, objetivos, y prácticas, los métodos, las
metodologías, didácticas, estrategias y actividades, que les permitieran darle un carácter
universal a las disposiciones de la ONU, concibiendo al individuo como protagonista de
su proceso educativo, permitiéndole desarrollar las aptitudes necesarias para ser
constructor de paz y entrar en consonancia con el trabajo internacional en materia de
promoción de los derechos humanos –DH-. Se trata entonces, de una educación
entendida no solamente desde la escuela sino que se desarrolla a lo largo de la vida y en
todas las instancias de convivencia humana.
Aunque las necesidades humanas se han transformado al ritmo de los conflictos
mundiales, los lineamientos y sus elementos fundamentales sirven de base para la
formulación de estrategias que sin duda servirán para las reflexiones y transformaciones
presentes y futuras.
Los lineamientos pretenden incluir en sus actividades a todas las poblaciones,
especialmente aquellas que históricamente han sido excluidas o a quienes les han sido
vulnerados sus derechos; en la medida que los individuos, los pueblos y las naciones
sean concientes de sus responsabilidades será más fácil comprender la cooperación y la
solidaridad como principios para la convivencia pacífica y las relaciones armoniosas
entre los pueblos.
Igualmente es necesario mencionar la importancia que le dan los diferentes lineamientos
a la interdependencia entre los derechos pues la violación de un derecho o una libertad
implica la vulneración de los otros.
A continuación se presentará una cronología de los principales lineamientos
internacionales y nacionales en materia de EDH. Los primeros servirán para
293
contextualizar internacionalmente los compromisos adquiridos por los Estados
miembros y los segundos para comprender la aceptación, comprensión y adaptación de
los mismos a las necesidades especiales de Colombia.
5.1. ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
Tras la segunda guerra mundial la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama
en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos ratificando el compromiso de
promover y proteger los derechos humanos adquirido por las naciones en la Carta de las
Naciones Unidas. La Asamblea General exhortó a los Estados y sus respectivos
gobiernos a que se comprometieran a informar a las instituciones escolares sobre las
medidas asumidas para la defensa de los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1950
la Asamblea General adopta ésta fecha como el día de los Derechos Humanos
(Resolución 423 (V) 4 Dic. 1950), diez años después, en la década de los 60, la ONU
adopta dos Pactos Internacionales de 1966 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos –PIDCP- y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales –PIDESC-) y la Asamblea General solicita a los gobiernos incluir los
derechos humanos en los programas de educación de adultos y niños. Se consideró que
el personal docente de todos los niveles, las universidades, las fundaciones,
instituciones de beneficencia, científicas, de investigación y los medios de información
podían aportar nuevas dimensiones al tema y apoyar los esfuerzos destinados a
promover el disfrute de los derechos humanos.
1968 es proclamado por la Asamblea General el Año Internacional de los Derechos
Humanos, en ese mismo año se celebró la Conferencia Internacional de Derechos
Humanos donde se da la Proclamación de Teherán, recordando a los Estados la
necesidad y obligación de dar a conocer los derechos a todos los pueblos, y haciendo
énfasis en la igualdad y el carácter inalienable de los mismos. (ONU, Centro de
Derechos Humanos, 2008)115
115
La serie folletos informativos sobre los derechos humanos es una publicación del Centro de Derechos
Humanos de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. En ellos se tratan determinadas cuestiones de
derechos humanos que son objeto de examen intensivo o que revisten especial interés. A través de ellos se
busca promover y proteger los derechos humanos e informar sobre los mecanismos internacionales con
294
INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS HUMANOS Y SUJETOS
DE PROTECCIÓN ESPECIAL.
A continuación se presenta una lista cronológica de los diferentes Instrumentos
Internacionales de defensa de los derechos humanos (Convenciones, Declaraciones,
Pactos y Protocolos), en los cuales se incluyen la importancia de la educación y la
formación en derechos humanos para contribuir a garantizar los derechos de todas los
sectores de la población, especialmente de quienes son especialmente vulnerables y su
correspondiente adaptación a la legislación colombiana.
§
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art. 26.2. (ONU, 10
de dic. 1948).
§
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Art. XII.
(Novena Conferencia Internacional Americana. Abr. 1948).
§
Derecho Internacional Humanitario. Art. 47, 48, 127 y 144 (Cuatro
Convenios de Ginebra de 1949) Art. 83 del Protocolo I de 1997. Art. 19
Protocolo II de 1977 (Convenios de Ginebra de 1949: I Enfermos y
Heridos, II Enfermos Heridos y náufragos, III Prisioneros de Guerra, IV
Población civil, y en los Protocolos Adicionales de 1977 a los CG/49: I
Conflictos armados internacionales, II Conflictos armados no
internacionales. COLOMBIA: Ley 5ª. De 1960).
§
Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de
la Enseñanza Art. 5, parágrafo 1, a)b),c). (Confederación General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, 11ª. Reunión. París, 15 de dic. de 1960).
§
La Convención Internacional Contra Todas las Formas de
Discriminación Racial. Art. 7 (ONU. Res. 2106 A (XX) 21 de dic. de
1965. COLOMBIA: Ley 22 de 1981).
§
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial. Art. 7 (ONU, Res. 2106 A (XX) de 21 de dic. de
1965).
§
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Art. 13. (ONU Res. 2200 A (XXI) de dic. de 1966. COLOMBIA: Ley
74 de 1968).
§
Declaración sobre la raza y los prejuicios sociales. Art. 5º. Inciso 2º.
(UNESCO, 20ª. Reunión, Paris, 27 de noviembre de 1978).
§
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer. Art. 5 y 10. (ONU, Nueva York, Res.
34/180 18 de dic. 1979).
§
Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes. Art. 10.1. (ONU 10 diciembre de 1984).
§
Declaración sobre el Derechos de los Pueblos a la Paz.(ONU 1984, Res.
que se cuenta para ayudar a hacerlos efectivos.
295
39/11, Nov. 12 1984.
§
La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Art. 7 (OEA 9 de dic. de 1985. COLOMBIA: Ley 409 de 1997).
§
Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y
culturales. Art. 13.1-2. (Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. San Salvador, 17 de nov. de 1988.
COLOMBIA: Ley 319 de 1996).
§
Convención sobre los Derechos del Niño. Art. 29.1 (ONU. Res. 44/25
de 20 de nov. de 1989. COLOMBIA: Ley 12 de 1991).
§
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT,
sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Art.
31. (Conferencia internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989).
COLOMBIA: Ley 21 de 1991. Convención relativa a la lucha contra la
discriminación en la esfera de la Enseñanza Art. 5, parágrafo 1, a)b)c)
(Confederación General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 11ª. Reunión. París, 15 de
diciembre de 1960).
§
Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la
Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) Directriz 21(ONU, Res.
45/112 14 de dic. de 1990).
§
Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de
Fuego por los Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley. Principio 20
(8º. Congreso de la ONU sobre la Prevención del Delito y Tratamiento
del delincuente, La Habana, Cuba, 27 de ago. al 7 de sep. de 1990).
§
Las Directrices sobre la Función de los Fiscales. Directriz 2.b. (8º.
Congreso de la ONU sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del
delincuente, La Habana, Cuba, 27 de ago. al 7 de sep. de 1990).
§
Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la
Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) Directriz 21(ONU, Res.
45/112 14 de dic. De 1990).
§
Principios de las Naciones Unidas en Favor de las personas de Edad.
Princ. 4 y 16 (ONU, Res. 46/91, 16 de diciembre de 1991).
§
Declaración y Programa de Acción de Viena. Part. I. 33 y 34 Parte II,
Apartado. A Párr. 10., Apartado D. Párr. 78 a 82) (ONU. Declaración y
Programa de Acción de Viena. A/CONF. 157/23, 12 de jul. de 1993).
§
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer. Convención Belém do Pará. Literales e) y g),
Art. 8. (ONU 9 de julio de 1994). COLOMBIA: Ley 248 de 1995.
§
Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los
derechos humanos. Art. 10. (a, b, c, d, e) Objetivos del Decenio. (ONU,
Res. 49/184 del 23 de dic. de 1994. Decenio de las Naciones Unidas
para la educación en la esfera de los derechos humanos).
§
La Declaración sobre el Derecho y el Deber de Promover y Proteger los
Derechos Humanos. Art. 15 (ONU, Res. 53/144 de 9 de dic. de 1998).
§
Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y
las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las
296
libertades fundamentales universalmente reconocidos. En particular Art.
15 (ONU, Res. 53/144 8 de mar. de 1999).
§
La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las formas
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Art. III, 2.c.
(OEA, 8 de jun. de 1999).
§
Declaración del Milenio. Art.19 En relación con el derechos a la
educación como base para la consecución de los demás derechos (ONU,
Res. 55/2 13 de septiemebre de 2000).
§
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural.
(UNESCO 2 De Nov. de 2001 Art. 5) Orientaciones Principales de un
plan de Acción para Aplicar la Declaración Universal de la UNESCO
sobre Diversidad Cultural.
Adicionalmente es necesario reconocer dentro de las Recomendaciones del Comité de
Derechos Humanos y los Informes Internacionales sobre Colombia, elementos que
impliquen la EDH como alternativa para garantizar la protección de los derechos
humanos, especialmente en medio del conflicto armado que atraviesa el país.
§
Comité de Derechos Humanos, Informe A/52/40, Párr.298.
§
Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, sobre el Tercer Informe Periódico Sobre Colombia. 6 de dic.
de 1995. ONU. EC.12/1995/18, Párr. 199. Recomendó al Estado
impartir educación en derechos humanos en todos los niveles de
enseñanza, particularmente en la enseñanza primaria.
§
ONU, Consejo Económico y Social. “Los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el Derecho a la Educación. Informe de la
Relatora Especial, Katarina Tomasevski. Adición: Misión Colombia,
1º.a 10 de oct. de 2003” E/CN.4/2004/45/Ass. 2, 17 de feb. de 2004.
Cronología de los instrumentos internacionales que respaldan la educación en Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, los artículos correspondientes y en algunos casos la Ley que lo
respalda en la normatividad colombiana (ONU, UNESCO, OHCHR 2006, pp.3-4).
5.2.
LINEAMIENTOS INTERNACIONALES EN LA ESFERA DE LA
EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS.
5.2.1. Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y
la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales. (UNESCO 1975)
Uno de los antecedentes sobre la reflexión alrededor del tema de la educación en
derechos humanos surgió durante la Conferencia General de la UNESCO en 1974116, de
116
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura. 18a. Reunión 19 de Noviembre de 1974. Paris.
297
donde se originaron entre otras, las Recomendaciones sobre la Educación para la
Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
“La defensa y la promoción de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, la lucha contra la incitación a la guerra, el colonialismo, el
neocolonialismo, el racismo, el apartheid117 y todas las demás formas de
opresión y de discriminación son para la UNESCO un deber esencial, puesto
que los agravios contra los derechos humanos son una fuente de conflictos y,
por consiguiente, una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y
puesto que es misión de la UNESCO servir el respeto de la dignidad del
hombre”. (Principios y Objetivos de la UNESCO en UNESCO Op cit., p. 97
§4)
Dentro de los documentos surgidos de la Conferencia se plantean varios temas
programáticos, entre ellos los Programas intersectoriales relativos a los derechos
humanos y la paz y a las cuestiones de población118 (UNESCO 1975, pp. 75-77). Los
programas fundamentalmente reconocen la importancia de la contribución de la
UNESCO a la paz119 y sus funciones en relación con la promoción de los DH, el DIH y
las nociones precisas sobre las convenciones humanitarias en los medios especializados.
La principal preocupación que se expresa en estas Recomendaciones es la liquidación
del colonialismo, el neocolonialismo, el imperialismo, el racismo, el apartheid y la
ocupación extranjera, por constituirse en una amenaza permanente contra la paz, la
seguridad y la cultura de las naciones120 y la promoción de la democratización y la
renovación de la misma. Para ello era necesario adaptar la enseñanza a las condiciones
del mundo actual y así poder concientizar a los alumnos de escuelas de las
117
La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del crimen del Apartheid fue aprobada en
el 28a. Período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 3068 (XXVIII),
de 30 de noviembre de 1973.
118
En los Programas Intersectoriales relativos a los derechos humanos y a la paz y a las cuestiones de la
población, se recuerda la tarea fundamental de la UNESCO para contribuir a la paz y la seguridad y en
promover el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y los compromisos adquiridos en la
resolución 10.1 aprobada en la 17ª. Reunión de la Conferencia General.
119
La obligación de los Estados de dar difusión en tiempo de paz y en tiempo de guerra a las
disposiciones de las convenciones se incluye en la Convención de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, para
la protección de las víctimas de los conflictos armados, y la Convención de La Haya para la protección de
los bienes culturales en caso de conflicto armado, de 14 de mayo de 1954, y las resoluciones relativas a la
difusión de las convenciones de Ginebra, aprobadas por las conferencias internacionales de la Cruz Roja
y sobre todo la resolución XII de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en
Teherán en noviembre de 1973, en la que se pedía que se organizarán seminarios para formar
especialistas en derecho internacional humanitario (UNESCO 1975, p.77)
120
En la resolución 2919 (XXVII) aprobada el 15 de noviembre de 1972 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, se declara a partir del 10 de diciembre de 1973, un Decenio de la lucha contra el
racismo y la discriminación racial.
298
contradicciones fundamentales de carácter económico y político, entre países
dominadores y países dominados, entendiendo con ello los diferentes modos de cultura
y de vida de los países extranjeros. (Ibid., p. 99 §26)
El compromiso y responsabilidad del cumplimiento de estos objetivos le corresponde a
los Estados y la ONU pero también a organismos como la UNESCO que reconoce
dentro de sus objetivos centrales su papel de “artesano de porvenir”, contribuyendo al
surgimiento de sistemas de educación orientados tanto al pleno desenvolvimiento del
ser humano como al desarrollo nacional, teniendo en cuenta las necesidades y la
situación de los Estados miembros.
Para materializar las Recomendaciones la ONU, propone el trabajo cooperativo con la
Cruz Roja y con los institutos especializados de investigación. Estas instancias deberían
elaborar los programas que intensifiquen la enseñanza y la investigación relacionada
con el DIH. La enseñanza debería ir primordialmente dirigida a la formación de la
juventud y el conjunto de la población, el cuerpo médico, entre otros grupos
poblacionales, ya sea en las universidades y escuelas superiores, a través de la reunión
de expertos en el tema, la organización de cursos de formación sobre DIH para personal
docente, especialmente a nivel regional que permitiera la amplia difusión de sus
principios. (UNESCO 1975, pp. 96-127)
Con relación a los programas intersectoriales y los derechos humanos y la paz, la
Conferencia añade a sus resoluciones, la importancia de los Estados miembros se
comprometan, adaptando las disposiciones en materia de asistencia económica,
administrativa, material y moral, que posibiliten emprender acciones innovadoras,
eficaces y flexibles de carácter multidisciplinario como marco para la resolución de
conflictos internacionales y la cooperación entre los Estados, siendo para ello prioritario
el mejoramiento de los programas, los métodos y el material de enseñanza, además de
las actividades vinculadas con temas de derechos humanos y paz.
Los temas centrales y prioritarios de los Programas Intersectoriales son de carácter
interdisciplinario y ellos incluyen, además del problema coyuntural del desarme121 en el
121
El Decenio para el Desarme fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
reolución 2602 E (XXIV) del 16 de dieiembre de 1969.
299
marco del Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial (1973 –
1982), el Año internacional de la Mujer (1975)122 (Ibid. p.102 §49) así como:
§
el mantenimiento de la paz;
§
los diferentes tipos de guerras y sus causas y efectos;
§
la inadmisibilidad del uso de la ciencia y la tecnología con fines bélicos
y su utilización con fines de paz y progreso;
§
el índole y los efectos de las relaciones económicas, culturales y
políticas y la importancia del derecho internacional para estas
relaciones, sobre todo para el mantenimiento de la paz;
§
la importancia del derecho internacional;
§
el desarrollo económico y social, y su relación con la justicia social;
§
la lucha contra el analfabetismo;
§
la lucha contra las enfermedades y el hambre;
§
la lucha por una mejor calidad de vida y de salud;
§
y el crecimiento de la población.
A la educación le corresponde en este sentido una dimensión internacional y una
perspectiva global que abarca la comprensión internacional en los planos moral, cívico,
cultural, científico y técnico, en todos sus niveles. Por ejemplo, La Conferencia
recomienda en materia de educación preescolar:
“La primera escuela debería estar concebida y organizada como un medio social
con un valor y una realidad propios y en el que diversas situaciones, incluidos
los juegos, permitan a los niños adquirir conciencia de sus derechos, afirmarse
en la libertad sin dejar de aceptar sus responsabilidades, y afinar y extender
mediante la experiencia directa el sentido de pertenencia a comunidades cada
vez más amplias: familia, escuela, comunidad local, nacional, mundial”
(UNESCO 1975, p.157 VI. Acción en varios sectores de la educación §24)
e invita a las autoridades, al personal docente y a los estudiantes a revisar la educación
postsecundaria y universitaria para alcanzar los objetivos de la Recomendación. Como
antecedente a esta preocupación, la Asamblea reconoce dentro de las Recomendaciones
la falta de correspondencia entre las necesidades y aspiraciones de los jóvenes adultos
que participan en la educación, con los programas y métodos de la educación para la
comprensión internacional. Para solventar esta falencia, se propone hacer conocer el
contenido de las recomendaciones a las autoridades, servicios u organismos encargados
de la educación escolar, superior y extraescolar, así como las organizaciones que
ejercen una acción educativa entre los jóvenes y los adultos, como movimientos de
122
Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 3010 (XXVII) 18 de diciembre de 1972.
300
estudiantes y de jóvenes, asociaciones de padres de alumnos, sindicatos de personal
docente y otros sectores interesados.
Los Programas Intersectoriales deben permitir la difusión de una educación para la
Comprensión, la Cooperación y la Paz, a través la formación cívica y el aprendizaje de
actividades referentes a la resolución de problemas que propicien la cooperación
internacional, el estudio de las diversas culturas, sus influencias recíprocas y sus
perspectivas y modos de vida, y el reconocimiento mutuo de sus diferencias en todas las
etapas educativas y tipos de educación (enseñanza de los idiomas, las civilizaciones y
los patrimonios extranjeros).
“Combinando el aprendizaje, la formación, la información y la acción, la
educación para la comprensión internacional debería fomentar el adecuado
desenvolvimiento intelectual y efectivo del individuo. Debería desarrollar el
sentido de la responsabilidad social y de la solidaridad con los grupos menos
afortunados y debería conducir a la observancia de los principios de igualdad en
la conducta diaria. Debería también contribuir a fomentar cualidades, aptitudes
y capacidades que lleven a los individuos a adquirir una comprensión crítica de
los problemas nacionales e internacionales; a entender y explicar los hechos, las
opiniones y las ideas; a trabajar en grupo; a aceptar y participar en libres
discusiones; a observar las reglas elementales de procedimiento aplicables a
toda discusión; y a basar sus juicios de valor y sus decisiones en un análisis
racional de los hechos y factores pertinentes”. (Ibid, pp.154-155 §5)
Para fortalecer el trabajo educativo del sector formal, la Recomendación propone
recurrir a todos los medios de comunicación, ofrecer nuevas oportunidades, medios para
aprender y actividades que respondan a los intereses, problemas y aspiraciones de los
individuos, la autoeducación, el aprendizaje interactivo y el acercamiento a
instituciones, como museos y bibliotecas públicas, el aprovechamiento de actividades
sociales, culturales, centros y clubes de jóvenes, de la casa de la cultura, de los centros
comunales o sindicatos, los encuentros y festivales de jóvenes, y las manifestaciones
deportivas. Otras estrategias, consisten en la recepción de profesores y de estudiantes
extranjeros, la cooperación profesional entre profesores y equipos de investigadores de
diversos países, la realización de estudios y trabajos experimentales sobre los
obstáculos, tensiones, actitudes y acciones de orden lingüístico, social, afectivo y
cultural que se den dentro de las relaciones de intercambio.
Los educadores participan en los procesos de comprensión internacional como
protagonistas, por tanto, deben recibir la información, asesoría y el perfeccionamiento
pedagógico a través de becas, y el reconocimiento de los procesos de formación, de
graduación académica, de perfeccionamiento y de promoción, así como el intercambio
301
con pares de otros países.
En cuanto a los medios y el material de educación, se recomienda utilizar todos los
medios de producción, difusión e intercambio de material interdisciplinario y equipo de
educación, desde el libro hasta la televisión, así como las nuevas técnicas educacionales,
que promuevan una visión global y que sirvan de marco para la presentación de
aspectos locales y nacionales de diferentes materias integralmente, es decir que
involucren la ciencia y la cultura, las artes plásticas y la música.
Paralelamente, los Estados deben comprometerse a tomar las medidas que eviten en los
materiales la presencia de elementos que propicien la incomprensión, la desconfianza,
reacciones de racismo, desprecio u odio a otros grupos y pueblos. Este compromiso
incluye la responsabilidad para que los individuos adquieran la base de conocimientos
que les permitan evaluar las informaciones y las ideas difundidas por los medios de
comunicación. Como complemento, se exhorta a la creación de centros de
documentación escrita y audiovisual que se ajustusten a las Recomendaciones y a las
diversas etapas de la educación.
La realización de los Programas se llevaría a cabo con la estrecha colaboración de los
Estados Miembro, el sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales
no gubernamentales –ONG- componentes y los movimientos de liberación. Por su
parte, la UNESCO se compromete a continuar con la cooperación del Instituto de
Formación Profesional e Investigación de las Naciones Unidas –UNITAR-123 y de
organismos competentes en temas que interesen a la comunidad internacional y que
favorezcan la comprensión mutua.
En 1976 UNESCO convoca una tribuna de paz con el tema „Las Ciencias Sociales y
humanas frente al problema de la paz“, y se organizan las jornadas anuales de los
jóvenes en Pro de los Derechos Humanos y de la Paz, en cooperación con las
123
UNITAR surge de la Resolución 1827 (XVII) de 18 de diciembre de 1962 y se puso en
funcionamiento gracias a la Resolución de la Asamblea Geberal 1934 (XVIII) de 11 de
diciembre de 1963. Sus objetivos iniciales fueron la realización de programas de capacitación
en diplomacia multilateral y cooperación internacional para diplomáticos acreditados ante las
Naciones Unidas y funcionarios nacionales, así como el desarrollo de programas de
capacitación en desarrollo social y económico, todo ello enmarcado en la innovación de
metodologías y herramientas de formación. Hoy en día los temas se ajustan a las necesidades de
los países y las que conjuntamente constituyan un reto en las relaciones internacionales dándole
prioridad a temas como: medio ambiente, paz, seguridad y diplomacia y gobernabilidad. (Ver
también UNITAR.org.es)
302
comisiones nacionales, los clubes UNESCO y las ONG. (UNESCO Op cit. p. 76 §
temática de paz)
Dentro de los entonces nuevos instrumentos aprobados por la Conferencia UNESCO, en
Paris del 23 de noviembre al 17 de octubre de 1978, se encuentra el Proyecto de
recomendación sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz
internacionales y la educación relativa a los derechos humanos y las libertades
fundamentales. A su alrededor se deben desarrollar los programas especiales de
educación relacionados con la paz, la comprensión internacional y el respeto de los
derechos humanos atendiendo a la resolución 10 aprobada por la Conferencia General
en su 17ª reunión, en esencia la lucha contra la desigualdad y la discriminación y le
daría continuidad a los temas centrales expuestos en las Recomendaciones de 1974.
“(...) y haciendo estudios e investigaciones con el objeto de encontrar
soluciones orgánicas y pedagógicas al problema de llegar a grupos importantes
de la población, que tienen dificultades para participar en los programas de
educación debido a las desigualdades estructurales de la sociedad;
proporcionando ayuda encaminada a promover la educación: de los trabajadores
migrantes, de sus esposas y de sus hijos, de las jóvenes y de las mujeres y de los
refugiados y los pueblos que luchan por su independencia, por la dignidad y los
derechos humanos, contra el apartheid y contra todas las demás formas de
colonialismo, racismo, opresión o dominación extranjera” (UNESCO 1975, p.
21 §1)
La educación es entendia por la Conferencia como la posibilidad de desarrollar
actividades, programas y estructuras que permitan a los diferentes grupos de edad,
educarse a lo largo de su vida, teniendo en cuenta no solamente sus aspiraciones, sino
también las necesidades y exigencias del desarrollo económico, social y cultural de la
sociedad en la que están inmersos. Dicha educación para toda la vida, se combina e
interacciona con las fórmulas escolares y extraescolares encaminadas a la autodidaxia,
sumadas a la aplicación de metodologías especiales para la elaboración y evaluación de
programas (Ibid., p.22 §1.222.1). En ese contexto las ciencias sociales juegan un papel
fundamental en la EDH y por eso se recomienda que fomenten la promoción de los
derechos al público en general y a los alumnos de instituciones educativas, así como de
enseñanza superior, a través de estudios, publicaciones, reuniones y actividades de
formación, y la aplicación de los conocimientos a los problemas contemporáneos,
posibilitándole al individuo identificar las causas, las manifestaciones y los efectos de
las principales violaciones de los derechos humanos. (UNESCO, Op cit., p. 45 §3.23)
303
Para alcanzar estas metas las Recomendaciones exhortan a los Estados a financiar los
programas educativos, planes de estudios y libros de texto que se relacionen con los
principios de las relaciones amistosas entre los pueblos y los Estados que tienen
sistemas sociales y políticos diferentes (UNESCO 1975 p. 26 § 1.26) y fortalecer el
trabajo y las metas trazadas por la Organización, garantizando así el cumplimiento a
nivel nacional.
5.2.2. Marcos internacionales concretos de Acción en materia de EDH
Al celebrarse el trigésimo aniversario de la Declaración Universal (1978), la educación
vuelve a ser mencionada como una prioridad para los Estados, quienes en un trabajo
conjunto con las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales
se encargarían de continuar promoviendo la comprensión y el respeto a los derechos
humanos, enfocando sus esfuerzos al aspecto educativo escolar y extraescolar.
Como parte de la evolución de los derechos humanos y de una evaluación parcial, se
observa en la década de los 80, al cumplirse 40 años de la Declaración de los Derechos
Humanos, que ya los Estados y los individuos contaban con más de 50 instrumentos
internacionales que contribuían a solucionar los graves conflictos de carácter
económico, político, social y cultural que afectaban a los países en ese momento.
Además, se habían fijado las metas dirigidas a proteger los derechos de las poblaciones
vulnerables, para ese momento, especialmente la infancia y los trabajadores migrantes.
Al finalizar esta década, la ONU se reafirma en su papel de organismo de confianza
para solucionar los problemas de carácter político que aquejaban a la humanidad. Es así,
como los Pactos internacionales y Convenciones permitieron servir de parámetros para
el cumplimiento de las normas relativas a los derechos humanos, con la observancia de
la Comisión de Derechos Humanos –CDH- y de otros órganos internacionales y
regionales, quienes desde sus inicios denunciaron e informaron sobre las diversas
formas de violación de los derechos en diferentes contextos y el incumplimiento de los
acuerdos, y sirvieron de medio para representar las denuncias elevadas por personas y
grupos no gubernamentales que velan por la protección de los derechos humanos.
El CDH organizó en los 67 países miembros a nivel nacional actividades cursos
prácticos, seminarios, exposiciones y proyecciones de películas, la publicación de
304
comunicados de prensa, folletos, artículos del fondo y del texto de la Declaración en los
idiomas locales, reuniones de información y entrevistas para las emisoras de radio y
televisión y la prensa escrita, y colaboró en la celebración de más de 70 reuniones
organizadas por gobiernos, ONG e instituciones académicas y profesionales de todo el
mundo con el fin de celebrar el cuadragésimo aniversario de la Declaración.
Paralelamente, las instituciones nacionales y regionales contaron con la asesoría y la
asistencia, a través de programas de becas y pasantías. Por su parte, el Departamento de
Información Pública de las Naciones Unidas –DIP-124 organizó una campaña para
publicitar el 40 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos (1988)
haciendo uso de los diversos medios de comunicación, especialmente la televisión y la
radio, los que sirvieron de plataforma en diferentes idiomas para alcanzar a todos los
ciudadanos del mundo.125El trabajo conjunto del CDH y el DIP permitió ampliar el
espectro de sus publicaciones y del público al cual iba dirigido con el apoyo de las
oficinas
nacionales
de
coordinación.
en
materia
de
derechos
humanos126.
(PROMOTORES DE DERECHOS s.f.)
124
Creado por Resolución 13 (I) de la Asamblea General de Naciones Unidas 1946 en la que se definen
las políticas de comunicación de la Organización y se vela por la correcta divulgación de la información
institucional, atendiendo a la consideración de que “La Organización de las Naciones Unidas no podrá
cumplir con los objetivos para los que fue creada, a menos que los pueblos del mundo estén
perfectamente informados de sus propósitos y labores”. El DIP sirve como portavoz de las Naciones
Unidas y utiliza para ello diferentes herramientas de comunicación como la radio, televisión, prensa,
Internet, videoconferencias y otras nuevas tecnologías de información. Por la misma resolución se
establece la red de Centros de Información de las Naciones Unidas –CINUs- “con el fin de cerciorarse de
que todos los pueblos en todas partes del mundo reciban información lo más exacta posible acerca de las
Naciones Unidas”. (Ver www.hunic.un.org) (www.cinu.org.mx)
125
En el mismo año, se desarrollaron entre otros, la serie de folletos informativos, el Human Rights
Newsletter, el Human Rights Bulletin y nuevas ediciones de publicaciones regulares, trabajo que fue
dirigido por el Centro de Derechos humanos a través de su programa de publicaciones. Del mismo modo
se publicó una carpeta especial sobre el 40o. Aniversario dirigida por el Departamento de Información
Pública a las organizaciones no gubernamentales y a los medios de información, a las que se sumaron
ediciones especiales de la Carta Internacional de Derechos Humanos, del folleto “Preguntas y respuestas
sobre los derechos humanos”, incluyendo dos carteles, uno de los cuales contenía el texto de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
126
En 1987, bajo la presidencia de Virgilio Barco, se abrió la Oficina de Derechos Humanos de la
Presidencia de la República con el nombre de “Consejería para la Defensa, protección y promoción de los
Derechos Humanos” mediante el Decreto Presidencial 2111 del mismo año. La apertura de esta oficina
marcó un hito en el tratamiento público y político del tema de los derechos humanos en Colombia. (Ver
www.derechoshumanos.gov.co)
305
5.2.3. Campaña Mundial de Información sobre los Derechos Humanos127
En Asamblea General de 10 de diciembre de 1988, se decide lanzar la Campaña
Mundial de Información sobre los Derechos Humanos observa la necesidad de:
“(…) que los materiales de información sobre los derechos humanos se
elaboren cuidadosamente en forma clara y accesible, estén adaptados a las
necesidades y circunstancias regionales y nacionales, se dirijan a públicos
concretos y de que se difundan efectivamente en los idiomas nacionales y
vernáculos128 y en cantidad suficiente para que produzcan los efectos deseados,
y la necesidad de que también se empleen eficazmente los medios de
información, en particular la radio y la televisión y las tecnologías
audiovisuales, para llegar a un público más amplio, dando prioridad a los niños,
a los jóvenes y a las personas desfavorecidas, incluidos los de zonas aisladas.
(…) y exhorta a todos los encargados de la enseñanza del derecho y su
aplicación, las disciplinas militares, la medicina, la diplomacia y otras esferas
pertinentes, a que incluyan en sus programas elementos adecuados sobre los
derechos humanos”. (ONU 1988 , Res.43/128 §2,5)
La campaña propendía por la concientización, educación e información dirigida tanto a
las personas como a los gobiernos sobre los derechos y responsabilidades frente a los
derechos humanos. El Centro de Información de las Naciones Unidas129 -CINU- en
Ginebra/Suiza como principal organismo de las Naciones Unidas en la esfera de los
derechos humanos y el DIP creado desde 1946, serían los encargados de coordinar las
actividades pertinentes de la Campaña Mundial dentro del sistema de las Naciones
Unidas y la comunicación con los gobiernos, las instituciones regionales y nacionales y
las personas interesadas en el desarrollo y la realización de esas actividades. El Centro
cuenta con una sección encargada de las relaciones exteriores, publicaciones y
documentos que facilitan el desarrollo de la campaña y el DIP cuenta además con una
División de Gestión de Proyectos y Promoción, como centro encargado de los derechos
humanos y las cuestiones de desarrollo; desde 1968 cuenta con la Sección de las
Organizaciones no Gubernamentales130, a través de la cual el DIP difunde los mensajes
127
Asamblea General de las Naciones Unidas Resolución 43/128 correspondiente a la 75a. sesión plenaria
del 8 de diciembre de 1988.
128
La campaña incluye dentro de sus preocupaciones la divulgación de los documentos en lenguas
tradicionales, dialectos y demás que sean propios de grupos minoritarios.
129
Los primeros Centros de Información –CINU- fueron fundados en 1946 y en la actualidad existen 63,
que se distribuyen a la vez en Centros Regionales encargados de los trabajos estratégicos con los países
vecinos. (Ver más en http://unic.un.org)
130
A través de la Resolución 1297 (XLIV) del 27 de mayo de 1968 sobre las ONG. El Consejo
Económico y Social recomienda al Secretario General que examine las solicitudes de las organizaciones
nacionales no gubernamentles de las regiones del mundo y que deseen asociarse con la Oficina de
Información Pública para darles una representación más equitativa, aprovechando de ese modo su
experiencia en Derechos Humanos, y en cuestiones económicas y sociales, reconociéndolas como
306
de las Naciones Unidas y contribuye a la comprensión de sus actividades y sus
objetivos131.
Para difundir la información y para la ejecución de las actividades de la campaña, la
ONU a través del CDH vinculó a la UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo –PNUD-, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados –ACNUR-, la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, la
Organización Mundial de la Salud –OMS-, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia –UNICEF-, y organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja
con el ánimo de trabajar conjuntamente en la consecución de las metas.
La ONU le otorga más participación a los gobiernos y a las ONG, a los primeros
especialmente en las tareas de difusión de la información y el material de consulta de la
ONU, publicitar la campaña, la cooperación organizando cursos prácticos regionales,
cursos de capacitación y reuniones de expertos y la producción de información y
material de consulta en seis idiomas oficiales de la ONU132. Por su parte, las ONG no
solamente representarían a la población en la denuncia de las violaciones de los
derechos humanos, sino que también servirían como puente de comunicación con las
comunidades para dar a conocer las actividades y los materiales desarrollados a lo largo
de la misma, y en algunos casos cumplen funciones en materia de asesoría, por ejemplo,
el CDH y el DIP son asesorados por las ONG especialmente en cuestiones relativas a
los derechos de las poblaciones vulnerables.
La cooperación se amplió con la participación de organismos intergubernamentales
como la Organización de la Unidad Africana133 -OUA-, la Organización de los Estados
Americanos –OEA- y el Consejo de Europa –CE- los cuales trabajarían en concordancia
con el Centro de Derechos Humanos. Por su parte, el Instituto Internacional de
Derechos Humanos en Estrasburgo (Francia), el Instituto Internacional de Derecho
Humanitario en San Remo (Italia) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos
en San José –IIDH- (Costa Rica), cooperarían entre el trabajo del CDH y las
instituciones académicas y de investigación en el marco de las actividades propias de la
entidades consultivas. (www.un.org/es/comun/docs/?symbol=E/RES/1297(XLIV))(§1 - 7)
131
En la actualidad trabaja de la mano de 1600 ONG proporcionándoles una amplia gama de servicios de
información.
132
Los idiomas oficiales de la ONU son: árabe, chino, mandarín, español, francés, inglés y ruso.
133
Remplazada en el 2002 por la Unidad Africana.
307
Campaña.
Producto del trabajo conjunto se desarrollaron materiales informativos sobre los temas
de las convenciones y declaraciones de la ONU relativas a los Derechos Humanos,
derechos de la infancia, de la mujer, de los sindicatos, derechos económicos y sociales,
y la alimentación, derecho a la vivienda adecuada y a la libertad de opinión y de culto.
Papel fundamental cumplen dentro de la Campaña los medios de comunicación, la
prensa, la radio y la televisión, la comunidad docente e investigadores como promotores
de la cultura de los derechos humanos y asesoría en temas fundamentales de los
derechos humanos a las instituciones de derechos humanos nacionales y regionales y las
personas interesadas.
La Campaña a nivel político y gubernamental se concentra en los parlamentarios, otros
representantes elegidos y los funcionarios públicos quienes debaten y tienen influencia
en las decisiones relativas a los temas de derechos humanos. (ONU; CDH 2008)
Actividades de la Campaña
Son cinco los principales tipos de acción de la Campaña Mundial de Información sobre
los Derechos Humanos:
1)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
Producción y divulgación de información impresa y material de
consulta: publicaciones trimestrales, folletos informativos, manual de
actividades prácticas para maestros134 , carpetas de información,
memorias, catálogos de películas, folletos y fotografías y anuarios entre
otros.
Cursos prácticos, seminarios y cursos de capacitación: asistencia técnica
para el fortalecimiento de las infraestructuras nacionales para la
promoción y protección de los derechos humanos acompañado de
cursos prácticos135, seminarios y cursos de capacitación a nivel
nacional, regional o internacional en cooperación con las instituciones
nacionales y regionales de derechos. Como destinatarios se cuentan
administradores de justicia (jueces, policías, militares y funcionarios
públicos) y sus temáticas abordan:
aspectos relacionados con las prácticas jurídicas y administrativas y con
los derechos humanos;
la creación y el fortalecimiento de las facultades de derecho en las
universidades;
la creación de bibliotecas jurídicas;
la redacción de textos legales en consonancia con los instrumentos
internacionales de derechos humanos;
la publicación de gacetas oficiales de legislación, y ;
134
Esta publicación se conocería más adelante con el nombre de Compás y Compasito.
135
El Centro de Derechos Humanos previó para la celebración 10 cursos prácticos, seminarios y cursos de
capacitación
308
f)
3)
4)
5)
la creación de colecciones de información y materiales de consulta
sobre los derechos humanos.
Becas y pasantías, destinadas desde 1955 a los funcionarios judiciales y
policiales, diplomáticos, y otros agentes encargados de hacer cumplir la
ley. El Programa liderado por el CDH se adaptaría de acuerdo con las
necesidades de los países en desarrollo.
Actividades conmemorativas especiales relacionadas con los derechos
humanos, organizadas por el CDH en cooperación con el DIP, otras
oficinas de la ONU y las ONG136.
Medios de información y actividades de promoción, que tienen como
función informar sobre violaciones de los derechos humanos y los
mecanismos internacionales que promueven y protegen los derechos
humanos y las libertades fundamentales y además sobre la labor de la
ONU.
5.2.4. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993.
“La Conferencia mundial de los Derechos Humanos (...) considerando los
cambios fundamentales que se han producido en el escenario internacional y la
aspiración de todos los pueblos a un orden internacional basado en los
principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular la
promoción y el fomento de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de todos y el respeto del principio de la igualdad de derechos y
de la libre determinación de los pueblos, en condiciones de paz, democracia,
justicia, igualdad, imperio de la ley, pluralismo, desarrollo, niveles de vida más
elevados y solidaridad, profundamente preocupada por las diversas formas de
discriminación y violencia a que siguen expuestas las mujeres en todo el
mundo, reconociendo que las actividades de las Naciones Unidas en la esfera de
los derechos humanos se deben racionalizar y mejorar para reforzar el
mecanismo de las Naciones Unidas en esta esfera y propiciar los objetivos de
respeto universal y observancia de las normas internacionales de derechos
humanos(...)” Aprueba solemnemente la Declaración y el Programa de Acción
de Viena”. (ONU, 12 de julio de 1993, Res. A/CONF.157/23)
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 le otorgó prioridad al tema de
la promoción y protección de los derechos humanos para la comunidad internacional y
reafirmó los compromisos adquiridos por los Estados Partes en relación a la observancia
y el respeto de los derechos humanos, las libertades individuales y los derechos de los
pueblos a la libre determinación, paz, democracia, justicia, igualdad, pluralismo y
desarrollo, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la
Carta de las Naciones Unidas, así como los demás instrumentos internacionales de
derechos humanos (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto
136
La conmemoración, por ejemplo, del Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre), sirven para
promover y proteger los derechos humanos y discutir sobre los temas de interés relacionados con los
derechos humanos.
309
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). El 25 de junio de 1993
se da por aprobada la que se conocería como la Declaración y el Programa de Acción de
Viena.
5.2.5. Declaración y el Programa de Acción de Viena137
Dentro de los temas centrales de la Declaración y el Programa de Viena se encuentra la
importancia del trabajo de fortalecimiento internacional de los Derechos Humanos
como patrimonio innato de todos los seres humanos y se tomó en cuenta la situación de
los derechos humanos en los diferentes escenarios políticos y geográficos, así como la
discriminación sufrida por diferentes poblaciones, especialmente la discriminación,
violencia y vulnerabilidad sufrida por las mujeres, muestra especial preocupación por
los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual, los embarazos
forzados, la participación directa o indirecta en conflictos armados, las prácticas
tradicionales o costumbres que representen perjucio para las mujeres y que estén ligadas
con prejuicios culturales y del extremismo. Menciona también las poblaciones
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas, los ancianos y
los discapacitados, y el caso particular de las comunidades indígenas138. La infancia, es
protagonista también de las preocupaciones fundamentales de la Declaración de Viena,
especialmente quienes son víctimas de abandono, explotación laboral o sexual, los
refugiados y desplazados, los que sufren discapacidades físicas o mentales, aquellos que
tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida –VIH-, las víctimas de catástrofes
naturales y quienes participan directa o indirectamente en los conflictos armados. Hace
además énfasis en la protección de la niñez frente al empleo de armas bélicas
especialmente las minas antipersona e insta a los gobiernos a atender a los menores
especialmente frente a la rehabilitación de los niños que sufren traumas posconflicto139
y en la responsabilidad de los pueblos de asumir sus compromisos solidarios y
cooperantes para lograr garantizar el pleno disfrute de los derechos y las libertades.
137
Asamblea General de las Naciones Unidas A/CONF.157/23 12 de julio de 1993.
138
1993 fue el declarado el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo con el propósito
de brindar a esas poblaciones el respeto al valor y la diversidad de sus culturas e identidades, en el marco
de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 139
La Conferencia pidió al Comité de los Derechos del Niño elevar a 18 años la edad mínima para el
ingreso a las fuerzas armadas.
310
La globalización de los derechos humanos implica el compromiso de asumirlos de
forma justa y equitativa, con igualdad, sin olvidar las particularidades regionales y
nacionales, y los patrimonios históricos, culturales y religiosos de los Estados, y la
universalidad, le otorga a los Estados el compromiso de fortalecer la democracia, el
desarrollo y el respeto a los derechos humanos incondicionalmente. Sin embargo, no
todos los Estados cuentan con un desarrollo en este sentido, por tanto se requiere la
participación cooperante y solidaria entre los países, para conseguir que aquellos con
menos desarrollo en derechos humanos logren consolidar el paso hacia la democracia y
el desarrollo económico.
Atendiendo al peligro que conlleva el hecho de perder la libre determinación de los
pueblos (especialmente los sometidos a dominación colonial, otras formas de
dominación u ocupación extranjera), y con el fin de prevenir y combatir todas las
formas contemporáneas de racismo, xenofobia o manifestaciones análogas de
intolerancia, a través de medidas penales, pero también con la creación de instituciones
nacionales, la Declaración exhorta a los Estados a aplicar el programa de acción relativo
al Tercer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial.
La exclusión social y la pobreza extrema son considerados por la Declaración como
otras amenazas contra la dignidad humana y es por eso que hace un llamado a la
comunidad internacional a tomar medidas que favorezcan el desarrollo y la
participación de los sectores de la población vulnerable económicamente en la búsqueda
de soluciones a sus problemas. Otro ejemplo significativo, lo logra con el
reconocimiento de los vertimientos de sustancias y desechos tóxicos como un atentado
contra el derecho a la vida y a la salud140.
La Conferencia incluyo dentro de sus temas los actos, métodos y prácticas terroristas y
los vínculos con el tráfico de drogas que contribuyen a destruir los derechos humanos,
las libertades fundamentales y la seguridad de los Estados, pues debilitan los gobiernos
y les quita legitimidad, y en este sentido, hizo un llamamiento a la cooperación
internacional para tomar medidas preventivas y combatir el terrorismo. Por lo general,
los conflictos armados generan desplazamientos de personas, lo que hace necesario
reconocer las violaciones de los derechos humanos que ellos causan y tomar las
medidas necesarias para contrarrestarlas.
140
Estas menciones pueden considerarse los antecedentes del interés de la ONU por reconocer y proteger
los derechos medioambientales.
311
A nivel práctico, incita a los órganos y organismos especializados en derechos humanos
a reforzar las actividades de promoción y protección de los mismos. La cooperación
debe ser sostenible y para ello se requieren políticas eficaces de desarrollo como la
equidad en las relaciones económicas y un entorno económico correspondiente,
haciendo referencia especial al tema en el continente africano. Para justificar su
preocupación, recuerda que si bien el desarrollo propicia el disfrute de los derechos
humanos, la falta de mismo no puede ser excusa para limitar los derechos humanos.
Como consecuencia de la preocupante situación de violaciones de derechos humanos en
el mundo, la Declaración exhorta a los Estados a combatir cualquier tipo de tortura, y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como desapariciones
forzadas, que se deriven de las situaciones de conflicto interno o internacional, pues ello
también constituye una degradación de la dignidad humana y les pide fortalecer las
herramientas legislativas para evitar que ellas dejen en la impunidad a los responsables
de las violaciones, pero fundamentalmente los exhorta a reconocer en la educación una
herramienta para fortalecer el respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales, a través de la incorporación del tema dentro de los programas de
educativos nacionales.
“La educación debe fomentar la comprensión, la tolerancia, la paz y las
relaciones de amistad entra las naciones y entre los grupos raciales o religiosos
y apoyar el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas encaminadas al
logro de esos objetivos”. (ONU 1993, A/CONF.157/23 §33).
Para contrarrestar la amenaza que significa la falta de recursos y de adecuación
institucionales para la consecución de este objetivo, la Declaración hace énfasis en la
necesidad de integrar en las políticas educativas nacionales e internacionales la
promoción y el respeto de los derechos humanos sin distinciones de raza, sexo, idioma o
religión. Del mismo modo, la cooperación multilateral debe conducir a aumentar los
recursos financieros y el fortalecimiento de la legislación, la promoción y protección de
los derechos humanos con asesoría a las autoridades competentes en los procesos de
reparación de violaciones de derechos humanos y divulgación de la información
pertinente alrededor de tema de los derechos, así como la EDH sin olvidar las
necesidades particulares de cada Estado.
Las instituciones y las infraestructuras nacionales de los Estados deben incrementar la
participación popular y el fortalecimiento de la sociedad civil pluralista y proteger los
grupos vulnerables, a través de la defensa, la garantía, protección y consolidación de la
312
ley y la democracia, la administración de justicia y la promoción de la libertad de
expresión, la participación electoral, promoviendo la capacitación, la enseñanza y la
EDH.
Esta función se ve fortalecida por las ONG que promocionan los derechos humanos y
las actividades humanitarias a nivel regional, nacional e internacional, especialmente en
lo concerniente a las actividades de enseñanza, capacitación e investigación, promoción
y protección de los derechos humanos, así como las libertades individuales. Dichas
organizaciones deben sin embargo, evitar las injerencias en la legislación nacional y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y atender a los resultados de la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos en las diferentes esferas para evitar
duplicación innecesaria de actividades. Este trabajo de cooperación entre los Estados y
las ONG se ve ampliado y fortalecido con la participación de los medios de
comunicación, quienes a través de su trabajo permiten divulgar de manera objetiva la
información sobre cuestiones humanitarias de manera responsable e imparcial.
Concretamente la Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda el
fortalecimiento del Centro de Derechos Humanos en materia organizacional y
financiera, y le otorga prioridad a la creación del cargo de Alto Comisario para los
Derechos Humanos para intensificar y fortalecer el trabajo coordinado entre la
Asamblea General y los Estados. El Centro de Derechos Humanos tiene la
responsabilidad asimismo de proporcionar la asesoría en prevención y solución de
controversias para ayudar a resolver las situaciones de conflicto que se presente con las
personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas.
La erradicación del analfabetismo es uno de los objetivos dentro del desarrollo de la
EDH, y como ejes fundamentales se considera necesario que los Estados e Instituciones
incluyan los derechos humanos, el derecho humanitario, la democracia y el imperio de
la ley, no solamente en las instituciones de enseñanza académica sino aquellas no
académicas, y en dichos programas deben participar las fuerzas militares, del orden, la
policía y el personal de salud, entre otro grupos especiales.
Para la aplicabilidad de las recomendaciones se hace necesario que los Estados elaboren
programas y estrategias específicos que consideren entre otros el Plan de Acción
Mundial para la educación en Pro de los derechos Humanos y la democracia (Marzo
1993) el cual surge del Congreso internacional sobre la educación en pro de los
313
derechos humanos y la democracia de UNESCO, y demás instrumentos que sirvan de
base para el desarrollo de los mismos.
Como complemento a dicha evaluación, sus planteamientos, propuestas y
recomendaciones la Conferencia consideró la idea de proclamar un decenio de las
Naciones Unidas para la educación en materia de derechos humanos con el fin de
contribuir así a la promoción y orientación de las actividades derivadas de la
implementación de la EDH.
5.2.6. Plan de Acción Mundial para la educación en Pro de los derechos Humanos
y la democracia (1993) y el Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la
esfera de los Derechos Humanos (1994-2004)141
“Según las disposiciones de dichos instrumentos (la Declaración Universal de
Derechos Humanos (art. 26), el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (art. 13), la Convención sobre los Derechos del Niño (art.
28) y, más recientemente, en la Declaración y Programa de Acción de Viena
(secc. D, párrs. 78 a 82), y a los fines del Decenio, la educación en la esfera de
los derechos humanos puede definirse como el conjunto de actividades de
capacitación, difusión e información orientadas a crear una cultura universal en
la esfera de los derechos humanos, actividades que se realizan transmitiendo
conocimientos y moldeando actitudes. (...)Es cada vez más generalizada la
opinión de que la educación en la esfera de los derechos humanos y en pro de
esos derechos es fundamental y puede contribuir a la disminución de las
violaciones de derechos humanos y a la creación de sociedades libres, justas y
pacíficas. Asimismo, se está reconociendo progresivamente que la educación en
la esfera de los derechos humanos es una estrategia eficaz de prevención de
violaciones en esta materia”. (Ibid., Cap. I §A -B)
Atendiendo a las recomendaciones de la Conferencia Mundial y según Resolución
49/184 de 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas dio la
declaratoria para el Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de
los Derechos Humanos que empezaría el 1º. de enero de 1995 y acogió el proyecto del
Plan de Acción para el mismo, contenido en el informe del Secretario General.
(A/49/261-E/1994/110/Add.1, anexo).
Encargado de la coordinación de la ejecución del Plan de Acción sería el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas y contaría con la colaboración del CDH y la
participación de los gobiernos, las organizaciones internacionales, las ONG
internacionales, regionales y nacionales especialmente las que se enfocan al trabajo por
141
Asamblea General de las Naciones Unidas Resolución 49/184, de 23 de diciembre de 1994.
314
la defensa de los derechos de la mujer, el derecho al trabajo, al desarrollo, y al medio
ambiente, organizaciones de base comunitaria, las asociaciones de profesionales, los
particulares y grandes sectores de la sociedad, grupos que defienden la justicia social,
los defensores de los Derechos Humanos, los educadores, las organizaciones religiosas
y los medios de comunicación. El Plan tenía como objetivos:
1)
la evaluación de las necesidades y la formulación de estrategias, en
todos los niveles escolares, en la capacitación profesional y académica
y no académica;
2)
la creación y fortalecimiento de programas para la educación en la
esfera de los derechos humanos, en los planos internacional, nacional y
local;
3)
la preparación de material didáctico que permita la enseñanza de los
derechos humanos;
4)
el fortalecimiento de los medios de difusión y,
5)
la difusión mundial de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en el mayor número posible de idiomas, adecuada a los
diferentes niveles de instrucción y atendiendo a las necesidades de las
personas con discapacidad. (ONU 1996, A/51/506/Add.1)
Los objetivos para la Educación en Derechos Humanos fueron definidos teniendo en
cuenta las actividades de capacitación, difusión e información así:
1)
fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales;
2)
desarrollar plenamente la personalidad humana y el sentido de la
dignidad del ser humano;
3)
promover la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los sexos y la
amistad entre todas las naciones, las poblaciones indígenas y los grupos
raciales, nacionales, étnicos, religiosos y lingüísticos;
4)
facilitar la participación eficaz de todas las personas en una sociedad
libre;
5)
intensificar las actividades de las Naciones Unidas en la esfera del
mantenimiento de la paz (Base Normativa del Plan de Acción de las
Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los Derechos
Humanos, 1995 a 2004: Educación en la esfera de los derechos
humanos – Lecciones para la vida). (Ibid., p.5)
La eficacia de las actividades se basa fundamentalmente en la comprensión de los
derechos humanos, no como normas abstractas sino como parte de la realidad
económica, social, cultural y política con la participación activa de los educandos y
teniendo en cuenta sus vivencias cotidianas y su participación democrática de la cual se
eximen todas las formas de exclusión y prejuicios. El trabajo educativo entonces, puede
315
sintetizarse en la adquisición de conocimientos, la apropiación de aptitudes y la
concreción en actitudes por parte de los educandos.
En la planeación, ejecución y evaluación del proceso es indispensable conocer los
actores que participarían en el cumplimiento de los objetivos de manera concreta a nivel
mundial, regional y nacional, pues ellos son los guías para el cumplimiento de las
Recomendaciones producto de las Conferencias convocadas por la ONU en torno a la
importancia y el papel de la educación en el fortalecimiento de los derechos humanos y
la construcción de sociedades pacíficas. A continuación presentaremos los actores y sus
tareas fundamentales durante el decenio.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
El Alto Comisionado tiene bajo su responsabilidad la coordinación de los programas
pertinentes con educación y formación pública de la ONU (ONU 1993, A/48/141),
implica entre otras funciones la consultoría con los órganos de la ONU encargadas de
vigilar la aplicación de los Tratados y los órganos encargados de los Derechos
Humanos, con los gobiernos, las ONG y las asociaciones de base comunitaria y
profesional, teniendo en cuenta las recomendaciones que ellos formulen y que se
relacionen directamente con la EDH.
Junto con el CDH el Alto Comisionado tiene como función la realización de una
conferencia internacional para la planificación del Decenio con la participación de la
UNESCO y otros órganos y organismos de derechos humanos de la ONU,
representantes de las organizaciones regionales e internacionales, gobiernos donantes,
pedagogos y expertos internacionales. La Conferencia permitirá planificar los
cronogramas, y elaborar planes quinquenales de ejecución nacional que servirá de base
para la evaluación de mitad de período en el año 2000. Como resultado de este proceso
de retroalimentación, el Comisionado prepara un informe anual sobre los progresos en
esa materia y en él incluirá observaciones sobre los materiales educativos, las
instituciones, las estadísticas sobre adaptación de los programas en todos los niveles
educativos formales y no formales teniendo en cuenta las experiencias del sector
informal, para que con base en ellos sean formulados nuevos programas y lograr
integrar en la sociedad los valores relativos a los derechos humanos. Paralelamente, es
responsable de la coordinación de la ayuda financiera y técnica para las organizaciones
que trabajan en los logros del Decenio.
316
El trabajo a nivel nacional y local por su parte, será responsabilidad de cada Estado,
para ello el Plan de Acción recomienda a los mismos, la creación de Centros Nacionales
de Coordinación para la EDH, conformados por comités constituidos por representantes
de los organismos gubernamentales, el sector privado y educadores, como fórmula
alternativa el Ombudsam, comisiones nacionales de derechos humanos o institutos
nacionales de capacitación e investigación relacionadas con la esfera de la EDH,
quienes a través del Centro elaborarán un Plan de Acción Nacional que determine las
necesidades en materia de EDH.
Se establece un Centro de Recursos y Capacitación Nacional para el desarrollo de
actividades de investigación, formación de adiestradores, preparación, recopilación,
traducción y difusión de materiales sobre derechos humanos, organización de
conferencias, seminarios, y cursos y, en general, contribuir al fortalecimiento de estas
actividades.
El papel de la comunidad internacional (Naciones Unidas, organismos internacionales,
gobiernos donantes, y organismos intergubernamentales y no gubernamentales) consiste
fundamentalmente en apoyar los esfuerzos realizados a nivel nacional por los diferentes
Estados para fortalecer el trabajo y la consecución de los objetivos del Decenio de la
Educación en Derechos Humanos.
El Centro de Derechos Humanos (CDH) junto con la UNESCO tiene como
responsabilidad elaborar modelos de programas de estudios sobre derechos humanos,
técnicas pedagógicas, material de enseñanza para las escuelas primarias y secundarias, e
introducir tecnologías avanzadas (redes de telecomunicaciones, bases de datos), prestar
e intensificar la asistencia técnica y asesoría a los Estados para facilitar el intercambio
de experiencias internacionales y nacionales, pedagogos y centros de capacitación con
programas de EDH dirigidos tanto a la población general como al público especializado.
Las organizaciones a nivel regional por su parte tienen la responsabilidad de ampliar las
actividades de educación en la esfera EDH y presentar informes detallados y
actualizados sobre los progresos y los materiales producidos ante el Alto Comisionado
para se incluidos en los informes parciales y final de su Oficina y posteriormente recibir
las recomendaciones pertinentes para el logro de los objetivos.
Los Estados tendrán dentro de sus prioridades, la elaboración de un Plan de Acción
Nacional acorde con los objetivos internacionales y con la colaboración de todos los
317
grupos y participantes nacionales y locales, el cual debía estar concluído en el 1995 y
contener, los objetivos, estrategias y programas concretos de mejoramiento en la esfera
de los Educación en Derechos Humanos en las escuelas de párvulos, primarias,
secundarias, instituciones de enseñanza superior, escuelas profesionales, capacitación de
funcionarios públicos y la enseñanza no académica, y la información para el público en
general. Asimismo, es responsable de la organización y funcionamiento del Centro de
Coordinación Nacional, el Centro Nacional de Capacitación y Recursos en materia de
Derechos Humanos. Estos centros se encargarán de las investigaciones, los recursos
didácticos, la difusión, capacitación, asistencia y
divulgación de las actividades,
materiales y programas dirigidos a todos los miembros de la sociedad, y a todos las
organizaciones gubernamentales y ONG, asociaciones y demás agremiaciones que estén
involucradas con la consecución de los logros establecidos para el Decenio en la EDH.
Los materiales para la EDH, estarían a cargo del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos en trabajo conjunto con el CDH, UNESCO y los demás organismos y grupos
que trabajan alrededor del Decenio, los cuales tienen como función la actualización de
los materiales disponibles (manuales, guías, programas de estudio, elementos
audiovisuales, entre otros), así como la preparación de informes preliminares, de
mediano plazo y finales, y la elaboración de una base de datos electrónica. Para el
desarrollo de los programas se hace necesario que tengan acceso a los materiales los
grupos de base en la localidad y la comunidad, los programas de formación profesional,
las ONG nacionales y otros protagonistas nacionales atendiendo las necesidades del país
en materia de los objetivos de Decenio.
Además de la base normativa, definición, principios rectores, objetivos y grupos
seleccionados del Plan de Acción se deben considerar la participación de expertos
profesionales de áreas relacionadas con los derechos humanos (policías, abogados, entre
otros), la capacitación y creación de las estructuras necesarias que permitan un efecto
multiplicador de la información sobre la EDH con técnicas pedagógicas dirigidas a los
diferentes públicos adaptados a las necesidades y realidades particulares en materia de
cultura, educación, religión y experiencia, utilizando métodos interactivos, creativos, y
que hagan énfasis en estrategias aplicables a la vida cotidiana y menos a los conceptos
teóricos, incluyendo ejercicios que posibiliten la sensibilidad y concientización de los
aspirantes respecto de sus propias actuaciones en relación a la violación de los derechos
humanos (grupos de trabajo, conferencias y análisis, estudios de caso, deliberaciones de
318
grupo, de mesa redonda, reuniones de reflexión e intercambio de ideas nuevas,
simulación y juegos de imitación de funciones, excursiones sobre el terreno, repertorios
de la práctica y la utilización de ayudas auditivas y visuales), y que fomenten la
participación activa y comprometida de los participantes en el programa.
Los medios de difusión cumplen un papel trascendental en el cumplimiento de las
metas, pues ellos tienen acceso a todos los tipos de población, con diferentes tipos de
alfabetización y en zonas alejadas. Es necesario por tanto, que se haga énfasis en la
formación y asistencia a los profesionales de los medios de difusión, para que
incorporen en su trabajo el tema de los derechos humanos. Los participantes en el
Decenio alentarían a los medios para la creación de programas que contribuyan a la
difusión y al diálogo público alrededor de los derechos humanos. El Alto Comisionado
y el CDH junto con el DIP se comprometen a aumentar la producción de programas
educativos de radio y televisión de las Naciones Unidas en materia de derechos
humanos, ampliando la oferta con vídeos, películas y programas de radio sobre temas
relacionados con los derechos humanos. Para este fin el CDH trabajará en cooperación
con las ONG y organismos pertinentes a través de la Campaña Mundial de Información
Pública sobre los Derechos Humanos y organizará o participará en actos públicos de
derechos humanos. Por ejemplo, el cincuentenario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos 1998 y de las Naciones Unidas 1995.
Difusión Mundial de la Declaraciòn Universal de los Derechos Humanos, el Alto
Comisionado para los Derechos Humanos y el CDH, en cooperación con la UNESCO,
el DIP y CINU debe comprometerse a lograr a difusión mundial de la Declaración
Universal de Derechos Humanos a través de la realización de una encuesta mundial
sobre las versiones impresas existentes de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en los distintos idiomas, las versiones gráficas, audiovisuales o de otra índole
para ser distribuidas en los Estados Miembros a partir de 1995. En ese mismo sentido se
encargarían de la preparación de un plan para traducir la declaración en otros idiomas,
una versión en formato impreso en el idioma principal de cada Estado miembro, en el
idioma de las minorías y otros idiomas nacionales y una versión sonora o de otra índole
apropiada a personas con diferentes niveles de alfabetización e idónea para
discapacitados.
Su función consiste adicionalmente en asesorar a los gobiernos, las ONG, las
universidades y a los institutos para que cuenten con la asesoría técnica y financiera
319
internacional para llevar a cabo las traducciones, publicaciones y distribución de las
diferentes versiones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En en ocasión de 50 aniversario de la Declaración en 1998 se convocaría una
conferencia internacional sobre la difusión de la Declaración Universal, para concebir
estrategias que aseguren el acceso a toda la población y la incorporación de la
educación en la esfera de los derechos humanos a todos los niveles y en todos los
Estados Miembros y con motivo de la evaluación de mediano plazo del 2000 y el
informe definitivo del 2004, se hace necesario informar al Alto Comisionado los
avances, necesidades y problemas en relación al logro de los objetivos, para realizar las
correspondientes recomendaciones.
Participación e interacción internacional y nacional durante el Decenio de las Naciones Unidas para
la Educación en la esfera de los Derechos Humanos 1994 - 2004
320
5.2.7. Declaración (1994) y Plan de Acción Integrado sobre la Educación para la Paz, los
Derechos Humanos y la Democracia (1995)142
“El Plan ofrece un punto de vista contemporáneo de los problemas relacionados
con la educación para la paz, los derechos humanos, y la democracia. Fija los
objetivos de esta educación, las estrategias y políticas para la acción y diversas
orientaciones en el plano institucional, nacional e internacional”. (UNESCO
1995)
En reunión de la Conferencia Internacional de Educación143 los Ministros de Educación
asistentes mostraron su preocupación por la violencia, racismo, xenofobia y
nacionalismo agresivo y las violaciones de los derechos humanos, por la intolerancia
religiosa, el recrudecimiento del terrorismo en todas sus formas, la discriminación, la
guerra y la violencia hacia el “otro”, las disparidades cada vez mayores entre ricos y
pobres, que ponen en peligro la consolidación de la paz y la democracia a nivel nacional
e internacional, y se mostraron de acuerdo con la necesidad de impulsar políticas
educativas (tanto en el especto pedagógico como en el de gestión) que permitieran
fomentar el entendimiento, la solidaridad y la tolerancia no solamente entre los
individuos sino entre los grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos, así como entre
las naciones, como base para el respeto a la defensa de los derechos y de la construcción
de una cultura de paz y democracia. La Declaración exhorta a los Estados a la
materialización de estrategias globales y sistemáticas, por ejemplo a que la sociedad
trabaje conjuntamente con los actores del sector educativo y las ONG para alcanzar los
fines propuestos. Considera además necesario, coordinar el sistema educativo formal
con los sectores de la educación no formal, atendiendo así a los objetivos de la
Declaración Mundial sobre Educación para Todos144 (Jomtien). Para lograrlo los
Estados se comprometen a crear las condiciones para hacer de la escuela un lugar
142
Declaración de la 44a. Reunión de la Conferencia Internacional de Educación. Ginebra, Suiza, Octubre
de 1994, ratificada por la Conferencia general de la UNESCO en su 28a. Reunión, París, Francia,
noviembre de 1995.
143
La Declaración suscrita se compromete a aplicar y difundir la Declaración y el Programa de Acción de
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos o Declaración de Viena (1993) y el Plan de Acción
Mundial sobre Educación para los Derechos Humanos y la Democracia aprobado por el Congreso
Internacional sobre la Educación para los Derechos Humanos y la Democracia (Montreal 1993) y la
celebración de Día Internacional de la Tolerancia el 16 de noviembre (Asamblea General de la ONU del
12 de diciembre de 1996 Resolución 51/95).
144
Aprobada en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos. Satisfacción de las Necesidades
Básicas de Aprendizaje Jomtien, Tailandia 5 al 9 de marzo de 1990.
321
tolerante, respetuoso de los derechos humanos, donde se valore la diversidad y la
riqueza de las identidades culturales.
En la práctica, las transformación de la escuela se traduce en el mejoramiento de los
programas de enseñanza, el contenido de los manuales escolares y demás materiales
didácticos, y haciendo uso de las nuevas tecnologías, la enseñanza a distancia y el
conjunto de los medios modernos de comunicación, los cuales deben estar siempre
actualizados, presentar diferentes perspectivas y reflejar el contexto nacional y cultural,
poniéndose al servicio de la educación para la paz, los derechos humanos y la
democracia. La revisión de los materiales, conlleva la eliminación de los tópicos
negativos y las imágenes deformadas del “otro”.
“La finalidad principal de una educación para la paz, los derechos humanos y la
democracia ha de ser el fomento, en todos los individuos, del sentido de los
valores universales y los tipos de comportamiento en que se basa una cultura de
paz. Incluso en contextos socioculturales diferentes es posible identificar
valores que puedan ser reconocidos universalmente” (Ibid., «sobre las
Finalidades de una educación para la paz, los derechos humanos y la
democracia» II §6)
La revisión y el mejoramiento de los métodos didácticos y pedagógicos, las
modalidades de acción y las orientaciones institucionales, deben ser activos, incluyendo
tareas en grupo, discusiones sobre cuestiones morales y enfocarse en una enseñanza
personalizada que permita convertir en prácticas democráticas los aprendizajes y
fortalecer la participación democrática de la comunidad educativa en la gestión escolar.
Los programas de lectura, escritura y la expresión oral y escrita, incluyen habilidades en
el contexto de las lenguas extranjeras145, que considerados como fundamentales para la
educación para la paz, los derechos humanos y la democracia, pues el desarrollo de
ellos le permite al individuo tener acceso a la información, comprenderla y expresar sus
necesidades o participar en las transformaciones sociales, así como la comprensión de
otras culturas que fortalecen la tolerancia frente a la diversidad.
145
Un ejemplo de este proceso es el proyecto Linguapax convocado por la UNESCO en 1987 y que
contribuye a la preservación y promoción de la diversidad lingüística en el mundo, comprendiendo las
lenguas como expresiones culturales e identitarias, que pueden y tienen que ser un factor de paz y de
comprensión intercultural. Con el fin de implicar a los diferentes actores de la sociedad, Linguapax
desarrolla sus actividades en tres ámbitos: las misiones de asesoramiento a los gobiernos estatales o
subestatales, la participación en proyectos de revitalización y normalización dirigidos a las comunidades
lingüísticas minoritarias y la elaboración de materiales didácticos que difunden los valores de la
diversidad lingüística y cultural. (Ver http://www.linguapax.org/es)
322
Del mismo modo se reconoce la necesidad de mejorar las condiciones de los educadores
en la enseñanza formal y no formal, centrando su formación en la ética profesional, la
educación cívica y moral, la diversidad cultural, los códigos nacionales y las normas
internacionales relacionadas con los derechos humanos y libertades fundamentales. La
formación del personal en todos los niveles del sistema educativo debe comprender la
educación para la paz, los derechos humanos y la democracia, a través de la formación
permanente, la observancia de experiencias y la evaluación de resultados. La formación
de maestros debe contar con la ayuda de profesionales de otras áreas como juristas,
sociólogos y psicólogos y de las ONG especializadas en derechos humanos, nacionales
e internacionales.
En términos generales, procurar una educación que se vincule más estrechamente a la
vida social real y que busque transformarla con herramientas como la tolerancia, la
solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la democracia y la paz, mostrando a
través de los comportamientos, el compromiso cívico y las ventajas que implican la
resolución de problemas de manera asociada y la solución de conflictos con métodos no
violentos. Para ello es indispensable la introducción de la educación cívica con una
dimensión internacional en todos los programas de estudio, que contenga conocimientos
sobre la construcción de la paz, las diferentes formas de conflicto, sus causas y efectos;
los fundamentos éticos, religiosos y filosóficos de los derechos humanos, la fuentes
históricas y la evolución de dichos derechos y la manera como se expresan en las
normas nacionales e internacionales; los fundamentos de la democracia y sus modelos
institucionales; el problema del racismo y la historia de la lucha contra el sexismo y
todas la formas de discriminación y exclusión. La cultura, el problema del desarrollo, la
historia de todos los pueblos, y la función de la ONU y los organismos internacionales.
En resumen, expone la necesidad de una educación para la paz, los derechos humanos y
la democracia, aunque no lo limita a asignaturas o conocimientos especializados,
proporciando la concordancia entre el ambiente institucional y la aplicación de normas
democráticas.
La internacionalización de estos procesos comprende el intercambio de experiencias o
innovaciones positivas pedagógicas y de investigaciones, el intercambio de estudiantes,
docentes e investigadores, herramientas e intercambio entre centros de enseñanza,
haciendo especial énfasis en las escuelas experimentales como las Escuelas Asociadas a
la UNESCO, a las cátedras UNESCO, a sus redes de innovación de la educación y a los
323
clubes y asociaciones UNESCO. Las estrategias de acción dentro del sistema educativo
deben tener asimismo en consideración, las condiciones históricas, religiosas y
culturales para su materialización.
La educación por tanto, debe permitirle a los individuos tener una visión sobre el futuro
al que aspira, teniendo en cuenta las necesidades básicas inmediatas y los intereses a
largo plazo. La Declaración prioriza el desarrollo sostenible y equilibrado, para lo cual
es necesario organizar programas para la juventud y con la participación de niños y
jóvenes en las actividades de solidaridad y de protección del medio ambiente.
La Declaración hace especial énfasis y mención de la urgencia de aplicar estrategias
para la educación de las poblaciones vulnerables (niños abandonados, niños de la calle,
niños refugiados y desplazados y niños explotados económica y sexualmente), aquellos
quienes son víctimas de conflictos o violaciones sexuales, especialmente niños, niñas y
mujeres y las personas con problemas de aprendizaje, las pertenecientes a minorías
nacionales,
étnicas,
religiosas
y
lingüísticas,
entre
ellos
los
indígenas
y
afrocolombianos.
Como alternativas prácticas la Declaración insta a tener en cuenta las necesidades
particulares de esas poblaciones en los planes de estudio, los métodos y la organización
de la educación, propone además, la realización de foros, talleres especializados para
docentes, miembros de la familia y profesionales de los medios de comunicación, así
como una formación posterior en cooperación con los gobiernos.
5.2.8.
Plan de Acción. Programa Mundial para la Educación en Derechos
Humanos146.
Basándose en los parámetros establecidos por el Decenio de las Naciones Unidas para la
educación en materia de derechos humanos (1995-2004), es aprobado el 14 de julio del
2005 El Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos (ONU 2005,
Resolución 59/113 B) de la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de
fomentar el desarrollo de estrategias y programas nacionales sostenibles de EDH. El
Programa surge de la necesidad de coordinar las actividades para el futuro en relación
146
La Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2004 proclamó el Programa
Mundial para la educación en derechos humanos. Resolución 59/113 A de la Asamblea General, y se
puso en curso en el 2005.
324
con los objetivos planteados para la ejecución del Decenio de la Educación en derechos
humanos manteniendo un marco mundial y atendiendo a la necesidad de alcanzar el
acceso universal a la enseñanza básica para el 2015 (incluido en la Declaración del
Milenio147) la Asamblea General de la ONU da a conocer el proyecto del Plan de
Acción para la primera etapa (2005 – 2007148) del Programa Mundial para la Educación
en Derechos Humanos.
5.2.8.1. Primera Etapa (2005 -2007)
El Programa, que comenzaría el 1º. de enero de 2005, estaría estructurado en etapas
sucesivas y enfocado a todos los sectores. La primera etapa abarca el período 2005 2007, cuyo Plan de Acción fue elaborado por un grupo de especialistas en educación y
en derechos humanos de todos los continentes, y cuyos elementos básicos se centran en
un enfoque holístico, que abarca «los derechos humanos en el contexto educativo» y «la
realización de los derechos humanos en la educación». El contexto educativo que
incluye los planes de estudio, el material didáctico, los métodos pedagógicos y la
capacitación, y asimismo, la realización de los derechos en la educación, relacionada
con el respeto de los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad escolar.
El Programa Mundial en su primera etapa (2005-2007) se concentró en la educación en
los sistemas de enseñanza primaria y secundaria, respetando los procesos y las medidas
adoptadas por los países, sin perder el enfoque global con relación a las políticas, los
procesos e instrumentos educativos y el entorno de la educación.
El Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos define la educación en
derechos humanos como:
“un conjunto de actividades de educación, capacitación y difusión de
información orientadas a crear una cultura universal de los derechos humanos.
Una educación integral en derechos humanos no sólo proporciona
conocimientos sobre los derechos humanos y los mecanismos para protegerlos,
sino que, además, transmite las aptitudes necesarias para promover, defender y
aplicar los derechos humanos en la vida cotidiana. La educación en derechos
humanos promueve las actitudes y el comportamiento necesarios para que se
147
Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 55/2 del 8 de septiembre del 2000.
148
El 28 de septiembre de 2007, en su Resolución 6/24, el Consejo de Derechos Humanos decidió
prolongar la primera etapa del Programa Mundial otros dos años, hasta diciembre de 2009. (ONU 2008,
A/HRC/9/4 §1)
325
respeten los derechos humanos de todos los miembros de la sociedad”.
(UNESCO 2006, p.1)
Cinco componentes determinan el éxito del enfoque en las escuelas primarias y
secundarias149.
1.
2.
3.
4.
5.
Políticas educativas, incluye declaraciones de compromiso de los
gobiernos como la suscripción de diversos tratados internacionales,
como la Convención sobre los Derechos del Niño, así como las políticas
educativas, incluidas leyes, planes de acción, planes de estudio,
políticas de capacitación y otros elementos.
Aplicación de políticas, y las estrategias de aplicación, por ejemplo
asignación de recursos suficientes y el establecimiento de mecanismos
de coordinación, que vele por la coherencia, la supervisión y la
rendición de cuentas. Teniendo en cuenta la participación de las
personas y grupos interesados a nivel nacional y local.
Entorno de aprendizaje, que permita no solamente el aprendizaje
cognitivo, la educación en derechos humanos, el desarrollo social y
emocional de los miembros del proceso de enseñanza y aprendizaje,
sino que además propicien la comprensión, el respeto y la
responsabilidad mutuos, libertad y participación.
Enseñanza y aprendizaje, deben enfocarse de forma holística, en donde
los conceptos y las prácticas sean integradas en todos los aspectos de la
educación.
Formación y perfeccionamiento profesional del personal docente, no
solamente en el conocimiento de los derechos humanos, su adhesión y
motivación para promoverlo, y asimismo que su dignidad y derechos
sean respetados en el contexto del ejercicio de su profesión.
El Plan de Acción reconoce las diferencias entre los sistemas de enseñanza, las políticas
y las medidas en relación con la educación en derechos humanos, pero que
independientemente de dichas diferencias, deben desarrollarse programas de educación
que incluyan la educación en derechos humanos, teniendo en cuenta los contextos, las
prioridades y las capacidades propias del país. El Plan incluye cuatro etapas (Estrategia
nacional de aplicación) para los procesos nacionales de planeación, aplicación y
evaluación de la educación en derechos humanos en los sistemas de enseñanza.
A cada una de las etapas le corresponden a su vez cuatro preguntas:
Etapa 1: ¿Dónde estamos?, que analice la situación actual de la educación en derechos
humanos en el sistema de enseñanza a nivel nacional, que sirva como base para la
elaboración de la estrategia nacional de enseñanza de los derechos humanos en la etapa
2.
149
Las directrices que indican la manera de llevar a la práctica los cinco componentes se incluyen en el
anexo del Plan de Acción.
326
Etapa 2: ¿A dónde queremos ir y de qué manera?, que establezca las prioridades para
elaborar una estrategia nacional de aplicación que contenga los cinco componentes
básicos y que tengan un carácter sostenible, que incluyan algunas actividades de
aplicación práctica para el 2005-2007.
Etapa 3: Arribo al punto de destino, (Actividades de aplicación y supervisión) a través
de la difusión y aplicación de la estrategia nacional, que mide los avances relativos a los
parámetros previstos, e incluyen leyes, material y métodos didácticos, cursos de
capacitación o políticas de no discriminación dentro de la comunidad escolar.
Etapa 4: ¿Llegamos al punto de destino? ¿Con cuánto éxito? Una evaluación que
permita conocer los logros de la estrategia nacional de aplicación y recomendaciones
para la adopción de medidas posteriores basadas en las experiencias adquiridas.
Las etapas 1 y 2 deben ser aplicadas por los Estados Miembros durante la primera fase
(2005-2007) del Programa Mundial y la etapa 3 debe ser por lo menos iniciada,
El trabajo de la aplicación de la propuesta del Plan de Acción debe ser participativa y
permitir la interacción entre los Ministerios de Educación, y otros grupos:
§
§
§
§
§
§
por parte del gobierno: Órganos legislativos, otros ministerios;
por parte de los maestros: Instituciones de formación de maestros,
asociaciones, sindicatos y organizaciones profesionales;
por parte de la comunidad escolar: Asociaciones de padres y alumnos;
por parte de las organizaciones: Comités nacionales de las
organizaciones
intergubernamentales,
líderes
comunitarios,
organizaciones de jóvenes, grupos minoritarios, ONGs, comunidad
empresarial, instituciones religiosas;
por parte de investigadores: Instituciones nacionales de derechos
humanos, Institutos de investigación en ciencias de la educación y;
los medios de comunicación.
Para coordinar el trabajo entre los participantes se recomienda desarrollar mecanismos
pertinentes tanto a nivel nacional como internacional, así como la designación de una
dependencia que coordine la elaboración y supervisión de la estrategia nacional de
enseñanza de los derechos humanos en el sistema escolar, y que sirva de enlace con las
Naciones Unidas. También se recomienda la creación de un centro de coordinación que
reúna y difunda las iniciativas e información relativa a las prácticas, materiales y
actividades. A nivel internacional, le correspondería un comité interinstitucional de
coordinación de las Naciones Unidas, integrado por representantes de OACNUDH,
UNICEF, PNDU y otros organismos internacionales pertinentes. Este comité tiene
como objetivo movilizar los recursos, apoyar las actividades nacionales, supervisar el
327
cumplimiento de las obligaciones contraidas por los Estados, e informar sobre los
avances en relación con la EDH en el sistema escolar.
Como actividad concluyente, cada país evaluaría las medidas adoptadas y presentaría un
informe ante el Comité Interinstitucional de Coordinación de las Naciones Unidas.
Posteriormente el Comité elaboraría el informe final para ser presentado a la Asamblea
General de 2008150.
5.2.8.2. Plan de acción para la segunda fase (2010-2014) del Programa Mundial
para la Educación en derechos humanos.151
En la segunda fase del Programa Mundial152 se destaca por concentrarse en la educación
superior153 y la capacitación para profesores154 y educadores, funcionarios públicos, la
aplicación de los agentes del orden y personal militar en el tema de los derechos
humanos, aunque dándole continuidad a la aplicación de le EDH propuestos para la
escuela primaria y secundaria.
Para el desarrollo de esta fase se formularon los siguientes objetivos específicos:
a)
promover la inclusión de la educación en derechos humanos en la
educación superior y en los programas de formación de funcionarios, la
aplicación de los agentes del orden y los militares;
b)
apoyar el desarrollo, adopción y aplicación de los sostenible de las
150
Para orientar a los Estados Miembros en la preparación de los informes nacionales de evaluación sobre
la ejecución nacional de la primera fase del Programa Mundial para la educación en derechos humanos, el
Comité interinstitucional de coordinación le entregó a los gobiernos un cuestionario que incluye
información básica, componentes de la EDH en las escuelas, los retos y comentarios generales,
cuestionario que debía ser completado con la participación de las Instituciones Nacionales de Derechos
Humanos y de la sociedad civil.
151
Asamblea General de las Naciones Unidas .UN/HRC/15/28 27 de julio 2010.
152
La ACNUDH en consulta con UNESCO, y de acuerdo con entidades, ONGs, expertos y profesionales
de instituciones nacionales y de la sociedad civil, instrumentos internacionales y otros documentos, se
desarrolló dentro del primer trimestre de 2010 el plan de Acción para la segunda fase, de acuerdo con los
parámetros establecidos durante la primera fase (2005-2009).
153
El informe diferencia los conceptos educadores, los profesores y el personal docente de enseñanza
superior. Con educadores se refiere a las personas que diseñan, desarrollan, aplican y evaluan las
actividades de educación y programas de derechos en la educación formal, informal y no formal. Con
profesores el informe hace referencia a todas aquellas personas en las escuelas que son responsables de la
educación de los alumnos (Recomendación de la UNESCO relativa a la Situación del Personal Docente
(1966), sección I, las definiciones, párr. 1(a) ). Y con personal docente de enseñanza superior, a todas
aquellas personas que en instituciones o programas de enseñanza superior se dedican a enseñar y/o
realizan una beca y/o se comprometan a investigación y/o prestación de servicios educativos a los
estudiantes o la comunidad en general. (UNESCO Recomendación sobre la condición del personal
docente de enseñanza, de 1997, sección I, definiciones, párr. 1 (f)) (ONU 2010, §13-14)
328
estrategias nacionales;
c)
ofrecer directrices sobre componentes clave de la educación en derechos
humanos en la educación superior y en los programas de formación de
funcionarios policiales y funcionarios y los militares;
d)
facilitar la prestación de apoyo a las instituciones de educación superior y
los Estados miembros por organizaciones internacionales, nacionales y
locales las organizaciones regionales;
e)
apoyar la creación de redes y la cooperación entre organizaciones locales,
nacionales, regionales e internacionales y no gubernamentales,
instituciones y organizaciones (ONU 2010, §15)
El informe define la educación superior no solamente como los estudios de formación a
nivel de postsecundaria desarrollados en las universidades u otras instituciones
educativas habilitados por las entidades competentes del Estado para ese fin, y adiciona
a dicha definición las instituciones que realizan formación y certificación de maestros
en todos los niveles, trabajadores sociales y otros profesionales como médicos y
juristas. (Ibid., §16)
En ese sentido, la segunda fase del Programa Mundial comprende la EDH como un
proceso de dos vías, los derechos humanos mediante la educación y en la educación.
Comprender los derechos humanos en la educación superior mediante la educación
incluye los componentes, procesos de aprendizaje, planes de estudio, materiales,
métodos y capacitación, que para ese fin son definidos. Y por su parte, la EDH en la
educación, entendida como la práctica y el respeto a los derechos humanos por parte de
todos los actores que participan en el sistema de la educación superior.(ONU 2010, §22)
Las siguientes áreas son consideradas como fundamentales para contribuir a la
integración de la EDH en la educación superior con la formulación de políticas (Ibid. §
23):
1) políticas y medidas relacionadas con la aplicación, deben garantizar la
coherencia entre el desarrollo, la adopción de las políticas de EDH y la
autonomía institucional, la libertad académica y el intercambio de derechos
y responsabilidades del sistema educativo nacional del país. Para ello es
indispensable la participación de asociaciones de enseñanza personal y otras
partes interesadas. Las políticas deben incluir el desarrollo de políticas y
legislación para garantizar la inclusión de los derechos humanos, basándose
en estudios previos realizados en ese aspecto. Del mismo modo, se hace
necesario incorporar al gobierno universitario y la vida estudiantil las
políticas educativas relativas a los derechos humanos, fortaleciendo los
valores y principios de igualdad, no discriminación, el respeto la dignidad,
equidad y la transparencia en la contratación, evaluación, compensación,
disciplina y promoción del personal docente, evitando la discriminación
sexual y el acoso a partir del embarazo o maternidad, así como el sesgo de
género.
329
Las políticas deben garantizar el acceso a todos, especialmente a grupos
vulnerables (incluidas personas discapacitadas) y atender a los Planes
Nacionales de Educación para Todos –EPT-, las políticas que integran la
Década de Educación para el Desarrollo Sostenible155 (2005 – 2014), las
políticas de educación inclusiva, los planes de acción contra el racismo, la
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, y
reducción de la pobreza.
La política de formación integral de derechos humanos incluye la formación
de formadores, antes del servicio y la capacitación en servicio de la
enseñanza personal, dirigido al personal docente a lo largo de la formación
permanente de docentes, la acreditación y el apoyo a las ONG y otros
sectores que están involucrados con la formación y EDH.
Las políticas nacionales en EDH deben promover la ratificación de los
instrumentos internacionales relativos a la EDH e incluir las
recomendaciones de la comunidad internacional, posibilitando paralelamente
la elaboración de los informes nacionales exigidos por los mecanismos
internacionales de vigilancia (Comité de los Derechos del Niño y el Comité
de derechos Económicos, Sociales y Culturales) y en el caso de
recomendaciones especiales como en el caso del Relator Especial sobre el
Derechos a la Educación) y la revisión periódica universal.
2) Enseñar y aprender los procesos y herramientas, para cumplir el objetivo de
incluir la EDH en la educación superior es necesario darle a ésta un enfoque
holístico en la enseñanza y el aprendizaje, integrando al programa, objetivos
y contenidos, recursos, metodologías, evaluación y valoración, enfocando la
educación más allá del aula y las instituciones de educación superior hacia la
sociedad, mediante el establecimiento de cooperaciones entre los miembros
de la comunidad académica y otras personas.
La calidad de enseñanza y el aprendizaje de los derechos humanos en la
educación superior radica en tres aspectos fundamentales (ONU 2010, §28):
a) el aprendizaje y la enseñanza de programas y cursos en EDH, deben incluir
trasversalidades que no se limiten a las áreas tradicionales como derecho,
ciencias sociales o historia, sino que se amplie a áreas y disciplinas técnicas
y científicas como la arquitectura y la ingeniería, permitiendo de esa manera
relacionar temas y problemáticas diversas, como por ejemplo, los derechos
reproductivos de las mujeres o la relación entre la alimentación, la vivienda
y el medio ambiente. Mediante cursos introductorios y cursos avanzados e
incluso cursos de máster y doctorado, es posible abordar los temas de
derechos humanos y relacionarlos con los temas relevantes a cada programa
de estudios.
b) en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, y para complementar este trabajo
es recomendable revisar los libros de textos y manuales, materiales
educativos y de formación, en cuanto su pertinencia con los contextos
culturales e históricos, su concordancia con los lineamientos internacionales
en EDH y propiciar el intercambio, adapación y la traducción de los
mismos, utilizando aquellos que han sido elaborados por los Organismos de
las Naciones Unidas y los documentos de investigación elaborados en ese
ámbito.
c) las prácticas y metodologías, que se desarrollan en la EDH deben por si
mismas respetar los derechos, la dignidad, la autoestima, fomentar la
155
Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 57/254 20 de Diciembre de 2002.
330
participación interactiva, la exploración de perspectivas y la reflexión crítica,
permitiendo a los alumnos comprender y aplicar conceptos de derechos
humanos en la vida cotidiana, incluyendo la investigación de la comunidad
y/o servicio. Adicionalmente, la EDH debe permitir el desarrollo de
competencias y habilidades, especialmente el desarrollo cognitivo
(conocimientos y habilidades) y el social o afectivo (valores, actitudes,
comportamientos).
Como fórmula para asegurar la calidad deben establecerse los mecanismos
de control a la EDH en la educación superior, que abarquen los lineamientos
que establece el Informe.
d) apoyo y los recursos de la enseñanza y el aprendizaje, que se basan en la
posibilidad de establecer centros de recursos que permitan una EDH de
calidad y de forma sostenible a través de los cursos, programas de formación
e investigación que son fortalecidas a través de becas otorgadas para tal fin,
y al mismo tiempo por el acceso a nuevas tecnologías, que permitan el
intercambio de información, el desarrollo de recursos web, la educación
virtual, los foros virtuales, las conferencias y programas a distancia.
3) La investigación (Ibid., §29), en el área de EDH debe ser impulsada desde la
inversión, a través de becas de investigación, la participación de estudios
internacionales y comparativos, pero también desde el desarrollo de
metodologías innovadoras y eficaces, que permitan el análisis y la
evaluación de las prácticas existentes, el aprendizaje, la evaluación y
difusión de los resultados de investigación. Por su parte, las investigaciones
deben dirigirse a evaluar, recuperar y difundir los ejemplos de las buenas
prácticas y facilitar el intercambio de las información de las investigaciones.
En términos materiales, es necesario contar con centros de recursos y
bibliotecas que apoyen el trabajo investigativo y su difusión.
4) El ambiente de aprendizaje, debe estar enmarcado en la investigación, la
enseñanza, el estudio, discusión, documentación, producción, la creación o
la escritura por parte de los miembros de la comunidad académica, de
manera individual o colectivamente. Las estrategias para generar la
coherencia entre los objetivos, las prácticas y la organización superior con
los principios de los derechos humanos, deben abarcar :
a) La divulgación de los códigos de conducta, evaluación sobre la
violencia de las instituciones, el abuso sexual, el acoso y el castigo
corporal, que incluyen los procedimientos para la resolución de
conflictos, la no discriminación dentro de las políticas de admisiones,
becas, ascensos, promociones especiales, elegibilidad y oportunidades.
b) La promoción, elaboración y aplicación de buenas prácticas
innovadoras en la EDH.
c) La protección y el respeto a los derechos humanos de todos los
miembros de la comunidad educativa en el nivel superior así como del
personal que se relaciona con la misma.
d) Participación activa de los estudiantes en la representación de sus
intereses, otorgándoles autonomía y capacidad de mediación.
e) Promoción de los derechos humanos desde las instituciones de
educación superior dirigidas al público y con la participación de grupos
de jóvenes, civiles y gobiernos locales, a través de festivales,
conferencias, exposiciones.
f) Facilitar proyectos extracurriculares enfocados al fortalecimiento de
331
los derechos humanos en la comunidad, por ejemplo las asesorías
jurídicas gratuitas.(ONU 2010, §30, 31)
5) Educación y desarrollo profesional del personal de enseñanza superior, que
incluya temas, metodologías, actividades y materiales adecuados a las
necesidades culturales de los miembros de la comunidad escolar incluyendo
la participación de otros miembros de la sociedad civil y las ONG, con
contenidos que relacionen interdisciplinariamente y multidisciplinariamente
los aprendizajes teóricos, y que les permitan relacionarlos con las
problemáticas de la vida cotidiana y la educación formal, no formal e
informal. La visión hacia los derechos humanos implica prácticas dentro de
la comunidad educativa, que fortalezcan las relaciones de respeto entre los
miembros, y que de manera individual les de la autoestima y el desarrollo
emocional sobre los hechos que los afectan. En términos teóricos, deben
darse a conocer los instrumentos internacionales de derechos humanos,
reconociendo su universalidad, indivisibilidad, interdependencia y
mecanismos de protección. Los materiales deben ser revisados, evaluados y
adaptados a las necesidades de la comunidad educativa, introduciendo los
materiales y recursos en línea, y la cooperación e intercambio entre los
provedores de la educación superior a través de redes de trabajo. En
conclusión, el proceso debe ser susceptible a un proceso de evaluación para
el mejoramiento de las prácticas. (Ibid., §32-33)
Por otro lado el Informe resalta el papel que deben cumplir los ministerios reponsables
de la administración pública, los agentes del orden y la administración militar (para el
caso Colombia el Ministerio del Interior y/o el Ministerio de Justicia, y de Defensa).
Otros actores colaboradores en el proceso de la segunda fase son los sindicatos de
personal de educación superior, sindicatos y asociaciones de estudiantes, órganos
legislativos, comisiones parlamentarisas y grupos de asesoramiento, instituciones
nacionales de derechos humanos, como defensores del pueblo y comisiones de derechos
humanos, instituciones de educación superior que participan en el Programa UNITWIN
Redes y Cátedras de la UNESCO156, universidades nacionales y redes universitarias,
156
Las Cátedras UNESCO y Redes UNITWIN llevan a cabo actividades de formación, de investigación y
de intercambio de información vinculadas con los programas pertenecientes a las principales áreas de la
UNESCO: educación, ciencias naturales, ciencias humanas y sociales, cultura y comunicación e
información, y se constituyen en asociados de la UNESCO participando activamente en la concepción, la
puesta en marcha y la evaluación de su programa de actividades. Hoy en día existen 668 Cátedras
UNESCO y 66 Redes UNITWIN en 127 países proporcionan medios innovadores para la cooperación
universitaria a nivel internacional, especialmente en los niveles Norte-Sur y Norte-Sur-Sur, y para el
desarrollo de capacidades. Actúan como grupos de reflexión y como puentes entre la investigación y la
decisión política, el mundo académico y la sociedad civil, las comunidades locales y el sector productivo.
En Colombia se cuenta hasta el 30 de agosto del 2010 con 9 Cátedras UNESCO: En Bogotá:
CátedraUNESCO de Educación Superior (1992), Universidad de los Andes, Cátedra UNESCO de
Comunicación (1994), Pontificia Universidad Javeriana, Cátedra UNESCO para la Democracia y los
Derechos Humanos (1994), Luis Carlos Galán Instituto para el Desarrollo de la Democracia, Cátedra
UNESCO de Derechos Humanos, Violencia, Políticas Públicas y Gobierno (2005), Universidad
Externado de Colombia, Cátedra UNESCO de Desarrollo del Niño (2002), la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas; en Medellín: Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano y Educación Ambiental
(1994), Universidad Pontificia Bolivariana en Popayán: Cátedra UNESCO de Fortalecimiento del
Programa de Estudios Teóricos de Ecología (2003), Fundación Universitaria de Popayán; en Santander de
332
Comisiones Nacionales de la UNESCO157, institutos de investigación en educación,
centros institutos de formación nacionales en derechos humanos, centros de recursos o
institutos de eduación superior, colegios para la enseñanza del personal docente para la
educación superior, ONGs, medios de comunicación, instituciones religiosas, líderes
comunitarios y las instituciones comunitarias locales. Los pueblos indígenas y las
minorías y el sector empresarial. (ONU Op cit., §34-36)
El Informe provee hasta su apartado D los lineamientos de acción necesarios para
promover la Educación en Derechos Humanos en la Educación Superior,
posteriormente centra su atención en los lineamientos dirigidos a la formación en
derechos humanos de los actores estatales. La formación que propone el plan de acción
se dirige a profesionales adultos con responsabilidades específicas de protección,
respeto y realización de los derechos humanos como los actores estatales, servidores
públicos, funcionarios de ministerios, políticos, diplomáticos, empleados de gobiernos
locales y municipales, organismos fiscales y económicos, maestros, profesionales de la
salud pública, trabajadores sociales, oficiales de policía, personal penitenciario,
patrullas fronterizas, fuerzas de seguridad y militares. (ONU 2010 §37)
Los temas que a ellos les competen abarcan los principios fundamentales de los
derechos humanos158, los instrumentos, recomendaciones, principios básicos, códigos
Quilichao: Cátedra UNESCO sobre los procesos comunitarios (1998), el Proyecto Nasa de Toribío; en
Manizales: Cátedra UNESCO de Gestión del Patrimonio Cultural (2000), Universidad Nacional de
Colombia. Y adicionalmente, Colombia cuenta con dos Redes UNITWIN, una en Bogotá, RAMLEDA
Red Iberoamericana para la enseñanza de los derechos de autor y derechos conexos (1999) y otra en Cali:
Cátedra UNESCO / Red Regional para la mejora de la calidad y equidad de la educación en América
Latina
y
la
escritura
(1996)
en
la
Universidad
del
Valle.
(Ver
más
en
http://www.unesco.org/es/university-twinning-and-networking/)
157
En Colombia denominada Comisión Colombiana de Cooperación con la UNESCO del Viceministerio
de
Asuntos
Multilaterales,
Ministerio
de
Relaciones
Exterior.
(http://www.unesco.org/nac/geoportal.php?country=CO&language=S)
158
Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los principales tratados internacionales de
derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes o Castigos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
familiares, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo tendrán en
consideración: El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los
Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados, la
Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de
poder, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, los
Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o
sumarias, los principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la Tortura y Otros Tratos
Crueles, Inhumanos o Degradantes, las Reglas mínimas de la ONU sobre medidas no privativas de la
333
de conducta, normas internacionales aplicables al servicio civil o militar que expresan la
preocupación por la protección de los derechos humanos especialmente en lo que
respecta a la justicia para víctimas de delitos y del abuso de poder, la protección de las
personas contra las desapariciones forzadas, la prevención de ejecuciones extralegales,
arbitrarias o sumarias, la investigación y documentación de tortura y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes, las medidas para las personas privadas de la libertad,
incluyendo la justicia de menores. (Ibid., §39 -42)
Como estratetagias para la implementación de los planes de acción para la promoción
de la formación en derechos humanos de los funcionarios públicos, del orden y
militares, el Informe propone las siguientes:
1) Las políticas de formación y otras políticas relacionadas, revisando que las
políticas de formación incluyan los derechos humanos dentro de los cursos
de formación previa, durante el servicio de manera continuada, como criterio
para la calificación profesional y promoción de los funcionarios adecuado a
las necesidades de las poblaciones con las cuales entrarán en contacto como
mujeres, niños, minorías, personas con discapacidad, pueblos indígenas,
entre otros. La formación en sí misma debe concebirse como la
institucionalización de políticas que permitan la práctica de los derechos
humanos en los sistemas nacionales de formación y en los sectores de la
sociedad sobre los cuales tengan un impacto, atendiendo a las
particularidades y necesidades prioritarias de los adresados, lo que se
materializa en la creación de un centro de derechos humanos integrado a la
sociedad civil, colegios de formación, escuelas de gobierno, escuelas
militares. Los esfuerzos deben concentrarse también en la formación de
formadores, quienes desarrollan los materiales para producir un efecto
multiplicador en las organizaciones e instituciones de formación. La
formación de instructores, sus programas de capacitación deben contener
sesiones de metodología de formación y diseño de lecciones y materiales. En
general, todo el proceso de contratación, evaluación, compensación y
disciplina de funcionarios públicos, agentes del orden y los militares debe
estar dirigida a políticas que regulen el comportamiento y las acciones
propias de sus funciones, pero atendiendo al respeto y aplicabilidad de los
derechos humanos. (ONU 2010, §43)
2) procesos e instrumentos de formación, que permitan dar una formación
acorde con las necesidades y prioridades de la auidencia adulta como lo son
los funcionarios civiles, oficiales y militares. Ello incluye además, que las
metodologías y las prácticas resulten de la experiencia:
- analizando sus actividades profesionales, expectativas, situaciones
libertad (Reglas de Tokio), Los instrumentos relativos al tratamiento de los detenidos y presos (Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los reclusos; Principios básicos para los presos ; Conjunto de Principios
para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión), los
instrumentos relativos a la justicia de menores (Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de
la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad); Naciones Unidas Reglas mínimas para la administración de
justicia de menores (Reglas de Beijing); las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los
Menores Privados de Libertad; Directrices de Acción sobre el Niño en el Sistema de Justicia Penal).
(ONU 2010, §39, §41)
334
personales y aspiraciones, su nivel de desarrollo humano,
conocimientos y competencias, con el fin de crear los objetivos
específicos y centrar los contenidos prácticos, relacionados con la vida
cotidiana que les permitan formarse en actitudes, comportamientos y
habilidades, y ser evaluados consecuentemente con los logros
propuestos para esta población específica de funcionarios públicos, del
orden y militares.
- la participación activa en la formación y sensibilización de las ténicas
de los adultos a través de actividades como lluvia de ideas, juegos de
rol, trabajo en grupo, casos prácticos, mesas redondas, trabajos de
campo, viajes, y el uso de audiovisuales.
-El aprendizaje entre iguales, mucho más efectivo que el modelo de
formación maestro alumno, es la alternativa donde los participantes
aprenden de sus iguales y se reconocen en ellos para la comprensión de
las prácticas relacionadas con los derechos humanos, es importante sin
embargo, contar con el apoyo de profesionales de la formación en
derechos humanos. Adicionalmente, es importante que surjan iniciativas
dentro de los grupos de formación para realizar intercambios con otros
funcionarios y poder discutir temas relevantes en derechos humanos que
competan a su trabajo específico.
- El papel de la autoestima, donde se propicie el intercambio de
conocimientos y experiencias que contribuyan a fortalecer el orgullo
profesional de los alumnos adultos, reconociéndose en sus pares.
Por otro lado, es importante que la capacitación desarrolle contenidos acordes con las
actividades propias de cada profesión, sus funciones y responsabilidades institucionales
y culturas de organización, con casos, instrumentos y temas que se relacionen
directamente con sus actividades y que les permitan comprender mejor el rol que
cumplen en función del respeto y difusión de los derechos humanos, y focalizando la
atención también en la población con la cual tienen contacto, como es el caso de
poblaciones vulnerables o personas privadas de la libertad entre otras categorías
poblacionales, así como también los mecanismos de observación del cumplimiento de
los derechos humanos en las diferentes instancias y las investigaciones que de ellas se
deriven. La formación debe incluir por supuesto la formación en todos los instrumentos
internacionales, acuerdos, pactos y demás que enmarcan el comportamientos de los
funcionarios públicos del orden y los militares. Este proceso es en la práctica posible,
gracias a la adecuación de los materiales y los textos utilizados acordes también con lo
dispuesto anteriormente.
3) El aprendizaje y el entorno de trabajo deben ir ligados, en la medida que la
práctica de los derechos humanos está implícita en la cotidianidad, pero para
fortalecer esta unión, el informe propone desarrollar tres estrategias básicas,
primero, la adaptación e incoporación en las políticas y códigos de conducta,
los principios éticos que contengan un compromiso responsable dentro de las
prácticas profesionales de los preceptos de los derechos humanos. Segundo,
el fomento de la formación en derechos humanos y el reconocimiento de los
335
logros alcanzados en el tema a través de eventos, concursos, premios, becas
y premios, como tercera estrategia, se propone la interacción permanente
entre los funcionarios públicos, del orden y militares con los demás
miembros de la ciudad, con el ánimo de establecer planes de acción para
combatir las violaciones de derechos humanos en temas fundamentales.
(Ibid., §45)
Como resposables del cumplimiento de los lineamientos para la formación en derechos
humanos de los funcionarios públicos, del orden y los militares, el Informe menciona al
ministerio encargado de la administración pública, Ministerio del Interior, de Justicia
y/o de Defensas, con el apoyo del Ministerio de Finanzas, los gobiernos locales,
instituciones nacionales y organizaciones como los colegios de formación civil, las
escuelas de gobierno, la policía, las escuelas de formación militar, los sindicatos de
empleados públicos y funcionarios de organismos legales, de defensa y de derechos
humanos, las comisiones parlamentarias de los grupos consultivos, los municipios,
especialmente minorías nacionales y regionales, redes y asociaciones como la Coalición
UNESCO de ciudades contral el racismo, la discriminación y la xenofobia159,
instituciones nacionales de derechos humanos, como defensores de derechos humanos y
las comisiones de los derechos humanos, centros de recursos de formación locales y
nacionales en derechos humanos, y además compromete a los medios de comunicación,
las instituciones religiosas, los líderes comunitarios y las instituciones comunitarias
locales, los pueblos indígenas y el sector empresarial. (ONU 2010, §46-48)
Existen cuatro pasos comunes propuestos para la planificación, ejecución y evaluación
de la educación en derechos humanos en la educación superior y la formación en
derechos humanos para funcionarios públicos, funcionarios policiales y militares, pero
que involucran a los demás actores de la sociedad civil (ONU Op cit., §49-50). Ellos
son:
1) Análisis de la situación actual, (iniciativas emprendidas, dificultades y
obstáculos, políticas, legislación, buenas prácticas, recursos y herramientas)
159
La Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo y la Xenofobia vio la luz el 10 de diciembre de
2004 con motivo de la IV Conferencia Europea de Ciudades por los Derechos Humanos, a la que
asistieron representantes de más de 140 ciudades europeas. En el marco de la conferencia, y en sesión
plenaria, se adoptó el Plan de Acción de 10 puntos para la Coalición Europea de Ciudades contra el
racismo que comprende diez compromisos abarcando distintas esferas de competencia municipal, como
la educación, la vivienda y el empleo, además de las actividades culturales y deportivas. Trece ciudades
europeas – Badalona, Barcelona y Madrid en España; Gap, Lyón y París en Francia, Bolonia, Pescara y
Santa Maria Capua Vetera en Italia; Londres, Nuremberg, Sarajevo y Estocolmo firmaron una
declaración de intenciones para adherirse a la Coalición. La Coalición Latinoamericana y Caribeña de
Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia se inició en Montevideo, Uruguay, el 25
de octubre de 2006, en el marco del I Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales. (UNESCO 2008, p.1)
(UNESCO 2005 p.1)
336
de la EDH en la educación superior y de la capacitación en derechos
humanos para los funcionarios, agentes del orden y los militares. En
particular analizar los contextos históricos y culturales, los actores
(instituciones gubernamentales, instituciones nacionales de derechos
humanos, institutos de investigación, ONGs y otros actores de la sociedad
civil), los programas complementarios (programas de la universidad con
respecto a la educación para la paz, la educación global, educación
intercultural, educación para la comprensión internacional, la ciudadanía
democrática y la educación en valores, programas de ética para los
profesionales, entre otros). Este proceso se hace necesario como evaluación
de las oportunidades, ventajas, desventajas y limitaciones de las acciones y
su aplicación, que contribuye a mejorar y fortalecer el trabajo de formación
y EDH.
2) Establecer prioridades y formular una estrategia nacional de ejecución,
definiendo objetivos y prioridades y prever las actividades de aplicación
(tareas, responsabilidades, plazos e hitos) (al menos para el período 20102014), fomentando las alianzas y sinergias entre diferentes actores e
impactando en la legislación, los códigos de conducta, el material didáctico,
los programas de capacitación y las políticas de discriminación entre otras.
3) Aplicación y monitoreo, poniendo en práctica las actividades previstas y las
estrategias para la implementación nacional, y monitoreando la aplicación
teniendo en cuenta los hitos establecidos, que permita la preparación de un
informe de la situación con relación a la estrategia nacional de ejecución.
4) evaluación y autoevaluación, como medio para mejorar y fortalecer las
actividades, dando a conocer los logros y los resultados obtenidos y realizar
los correspondientes informes nacionales y recomendaciones para el futuro.
El centro de coordinación tendrá la responsabilidad de coordinar la elaboración,
ejecución y seguimiento de las estrategia nacional junto con el gobierno y contribuirá
junto con otros organismos, autoridades y ministerios nacionales a la elaboración de los
informes de la ONU. El departamento de coordinación servirá también de enlace con
ACNUDH para el informe final de evaluación sobre la segunda fase. (ONU 2010, §5152)
Para fortalecer el trabajo en materia de EDH y apoyar la estrategia nacional de
ejecución evitando duplicaciones y asegurando la coherencia en la aplicación del Plan
de Acción, se hace necesaria la cooperación internacional, del sistema de la ONU y sus
organismos especializados, así como de la Universidad de las Naciones Unidas con
madato de la Paz -UPAZ-, las instituciones de formación profesional afiliadas a la
ONU, organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales, redes
internacionales y regionales de instituciones de educación superior, los centros de
documentación y recursos internacionales y regionales de derechos humanos, las
instituciones financieras internacionales y regionales160, organismos bilaterales de
160
Banco Mundial y bancos regionales de desarrollo entre otros.
337
financiación y de desarrollo.(Ibid., §53-54)
La coordinación internacional estará a cargo de ACNUDH y UNESCO, quienes
cooperarán con las entidades antes mencionadas y promoveran la sensibilización sobre
el tema, presentando ACNUDH un informe global ante el Consejo de Derechos
Humanos, que se basará en los procesos de evaluación nacionales, presentados por los
Estados a principios de 2015. (ONU Op cit., §56 – 57)
5.2.9. Directrices para la elaboración de planes nacionales de Acción para la
educación en la esfera de los derechos humanos (1997)161
Con el fin de contribuir al diseño y elaboración de los Planes Nacionales de Acción en
la esfera de los derechos humanos, la OACDH en el marco del Decenio de los Derechos
Humanos (1995-2004) presentó las directrices para la elaboración de los planes
nacionales y de esa manera dar cumplimiento a las resoluciones de la Asamblea General
y la Comisión de Derechos Humanos. Las directrices son sugerencias concretas para
formular y llevar a la práctica un Plan Nacional de acción amplio, eficaz y sostenible.
Los Estados Miembros se comprometieron a crear un comité nacional para la educación
en derechos humanos con el ánimo de redactar un Plan Nacional de Acción (ONU 1997,
A). El Comité sería conformado por organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, particulares que observen el respeto a los derechos humanos, la
elaboración y ejecución de las estrategias y los planes de acción nacionales para la
educación en derechos humanos162. La elaboración, ejecución y evaluación del Plan
161
Cuestiones relativas a los derechos humanos: incluidos distintos criterios para mejorar el goce efectivo
de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Decenio de las Naciones Unidas para la
Educación en la esfera de los derechos humanos (1995-2004) y actividades de información pública en la
esfera de los derechos humanos. Informe del secretario general. A/52/469/add.1. 20 de noviembre de
1997.
162
Otros representates de órganos nacionales y locales son, la Comisión Nacional de la UNESCO y otros
organismos nacionales análogos (en Europa, por ejemplo, los centros de información y documentación
del Consejo de Europa), Instituciones nacionales independientes (comisiones de derechos humanos u
ombudsman), centros nacionales de especialización y capacitación en materia de derechos humanos, los
grupos y organizaciones nacionales o locales que t